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Bryant Harris/IPS
El gobierno de Estados Unidos viola políticas federales de licitación cuando otorga tierras públicas a ciertas empresas de la minería del carbón, según una nueva auditoría.
Esta irregularidad podría costar millones de dólares a los contribuyentes, además de dar impunidad a las empresas para degradar la integridad ambiental de la cuenca del río Powder, en los noroccidentales estados de Wyoming y Montana, y para liberar gases de efecto invernadero a gran escala.
Las disposiciones federales estipulan que la federal Oficina de Ordenación de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) debe licitar las tierras mediante un proceso competitivo y transparente.
Pero un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), divulgado el martes 4, concluyó que este proceso no se está respetando.
En 90 por ciento de las 107 licitaciones de tierras estudiadas por la GAO hubo una sola empresa ofertante.
La GAO “ofrece un convincente argumento de que el programa carece de integridad”, dijo a IPS el director del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, Tom Sanzillo.
“Como nunca hubo supervisión independiente durante estos 30 años de licitaciones federales, ninguna de ellas fue revisada”, añadió.
Sanzillo identificó dos compañías, Arch Coal y Peabody Energy, como las principales beneficiarias de las licitaciones de la BLM. Críticos señalan que la falta de un proceso competitivo devalúa las licitaciones, disminuyendo así los ingresos del gobierno, que termina arrendando tierras públicas a precios más bajos.
Un informe de junio de 2013 del inspector general del Departamento del Interior (agencia rectora de la BLM) advirtió que Estados Unidos había perdido 60 millones de dólares debido la subvaloración de las licitaciones.
Pero Sanzillo cree que la cifra es mucho mayor. En un análisis en respuesta a ese estudio, el experto observó que el inspector general no había tomado en cuenta las fallas metodológicas de la BLM a la hora de establecer el valor del carbón público.
El inspector general “identifica al menos tres debilidades en el programa de la BLM”, escribió. “No hay una verificación independiente de la información geológica y de ingeniería, no hay estimaciones de los ingresos por las exportaciones proyectadas y no se usan datos de ventas comparativas a la hora de fijar los precios de la licitación.
Además, los informes de la GAO y del inspector general señalan que la BLM no contempló los ingresos generados por Arch y Peabody con la exportación de carbón a la hora de fijar el precio de los yacimientos, desvalorizándolos.
La BLM no respondió a tiempo las preguntas de IPS para este artículo.
“Están regalando acceso federal a un precio que está muy por debajo del que debería ser”, sostuvo Sanzillo. “Por lo tanto, el gobierno federal, y particularmente los estados de Wyoming y Montana, están siendo estafados.
La GAO había hecho una revisión similar de las licitaciones en la cuenca del río Powder en 1983. Entonces, la agencia descubrió que el gobierno perdía 100 millones de dólares como resultado de la subvaloración de las concesiones. Pero sus recomendaciones nunca se implementaron.
El último informe de la GAO recomienda que la BLM use más de un método para determinar el verdadero valor del carbón, teniendo en cuenta las ganancias generadas por la exportación. También sugiere que la agencia desarrolle un mecanismo de supervisión y publique la información sobre sus licitaciones en su sitio web.
El Departamento del Interior avaló estas recomendaciones, pero Sanzillo señala que la BLM es renuente a mostrar más transparencia.
Degradación ambiental
Aparte del costo económico, la minería del carbón tiene un serio impacto ambiental en la cuenca del río Powder, lo que despierta gran preocupación entre residentes y organizaciones ambientalistas nacionales.
La cuenca se convirtió en “uno de los más significativos generadores de emisiones de carbono en Estados Unidos”, advirtió Kelly Mitchell, activista en temas de clima y energía de la organización Greenpeace.
“Trece por ciento de las emisiones de carbono estadounidenses proceden de la cuenca del río Powder”, dijo a IPS.
Se teme que las emisiones totales de la región continúen creciendo si la BLM sigue otorgando concesiones a más compañías mineras.
“Hay unos 5.000 millones de toneladas de carbón federal por allí para someter a licitación”, dijo Mitchell. “Si se otorga ese carbón, liberará más de 8.300 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, esto es, las emisiones anuales de más de 1.700 millones de automóviles”.
El Consejo de Recursos de la Cuenca del Río Powder, organización ambiental de Wyoming, le solicitó a la BLM que suspendiera las operaciones de minería hasta que rectificara sus fallas en el proceso de licitaciones.
La organización expresó preocupación tanto por las implicaciones económicas como por el daño ambiental.
“Creemos que se debe suspender la licitación del carbón hasta que se aborden algunos de los impactos ambientales”, dijo Shannon Anderson, del Consejo.
“Hay impactos generados por la disminución de la calidad del aire, la pérdida de agua y el gran uso de nuestros acuíferos, que son fuentes primarias de agua potable. Hemos visto drásticas pérdidas de superficie disponible para fines recreativos, como caza, senderismo o pastoreo” de ganado, señaló.
Wyoming responde por 40 por ciento de todo el carbón producido en Estados Unidos, y el gobierno federal es el propietario de 85 por ciento del mineral que existe en ese estado.
Esto convierte a Wyoming en uno de los estados más atractivos para la industria de la energía a la hora de procurar licitaciones.
Pero la oposición a la concesión de tierras públicas para la industria ha crecido en los últimos años. El gobierno de George W. Bush (2001-2009) otorgó 41.600 hectáreas en el occidental estado de Utah para la explotación de carbón y gas, lo que desencadenó una gran resistencia pública.
Según la GAO, 74 por ciento de las concesiones de tierras públicas hechas a compañías de energía entre 2007 y 2009 fueron cuestionadas por el público de los estados de Wyoming, Utah, Colorado y Nuevo México.
A comienzos de 2009, el gobierno de Barack Obama instruyó a la BLM que no hiciera “preferencia por el desarrollo del petróleo y del gas por sobre otros usos” a la hora de otorgar tierras.
También comenzó a sugerirle a la industria de la energía cuáles tierras eran más adecuadas para la minería, la perforación o la fractura hidráulica (“fracking”, en inglés) con el mínimo impacto ambiental.
