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Miguel Lozano/Prensa Latina
Madrid.- La imputación a inicios de enero a la hija menor del rey Juan Carlos de España en un caso de presunto lavado de dinero y delito fiscal dio un duro golpe a la credibilidad de la monarquía en este país europeo.
El juez de instrucción José Castro, de Palma de Mallorca, presentó un documento de 227 páginas y llamó a declarar el próximo 8 de marzo a la infanta Cristina, quien es copropietaria de la empresa Aizoon junto a su esposo Iñaki Urdangarin.
El yerno del monarca español es acusado junto a un socio por manejos irregulares con autoridades de Islas Baleares y la Comunidad de Valencia mediante su fundación sin ánimo de lucro Nóos.
Según las evidencias, Urdangarin y sus socios pudieron haber desviado seis millones de euros, parte de los cuales fueron a la empresa que posee al 50 por ciento con la infanta Cristina.
En opinión del juez, “difícilmente” Urdangarin pudo haber defraudado a Hacienda sin el conocimiento de su esposa, “por mucho que de cara a terceros”, ella mantuviera “una actitud propia de quien mira para otro lado”, según dijo.
Para el juez, la infanta debió estar alertada del proceder de su esposo tras una denuncia parlamentaria hecha en 2006 sobre la posibilidad que el Instituto Nóos se estuviese beneficiando de contrataciones públicas.
Uno de los temas a dilucidar con la presentación de la infanta es por qué se cargaron a la empresa Aizoon gastos personales como viajes al extranjero, regalos, decoración y suministros de un palacete, así como costos de Seguridad Social y salarios de los empleados del servicio.
En el auto de imputación, el juez Castro expresa también dudas sobre un préstamo de un millón 200 mil euros que el rey concedió en 2004 a su hija menor para la compra del palacete de Pedralbes, que pudiera ser una donación encubierta.
Esta situación, unida al escándalo cuando se conoció que el rey realizaba cacerías de animales en África que no eran de conocimiento público, avivó la polémica sobre la viabilidad de la monarquía en el futuro de España.
Poco después de la imputación, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, pidió un referendo para que los españoles decidan si quieren seguir viviendo en un Estado monárquico o en una república.
El líder de la tercera fuerza política del país estimó que existe un alto grado deterioro de la institución monárquica, como muestra la imputación a la hija menor del Rey.
Este proceso ha significado un fuerte golpe para la confianza en la Corona española, vista tradicionalmente por un sector de la población como una institución capaz de garantizar la estabilidad del país.
Un sondeo dado a conocer el 6 de enero indica que 62 por ciento de los españoles favorece la abdicación del rey Juan Carlos, mientras el apoyo al sistema monárquico se sitúa en 49,9 por ciento, en tanto el 56,2 por ciento tiene una visión regular, mala o muy mala del reinado.
Algo que parece claro es que de la continuidad del proceso dependerá en gran medida como se siga desenvolviendo la credibilidad de la corona y la forma como la población española sigue viendo esa institución.
Ya anteriormente la infanta Cristina fue imputada, pero ante la apelación de sus abogados este procedimiento fue desechado.
Ahora el juez Castro argumenta que solo pretende brindar a la infanta “la oportunidad de facilitar explicaciones” sobre los indicios de delito que se aprecian en la instrucción.
“Todo el mundo debe recibir el mismo trato judicial, independientemente de la repercusión social de su persona”, apuntó.
Entre las actitudes a las que responde de esta forma Castro está la del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien no ve elementos para implicar a la infanta, lo que es considerado un intento de librar a la corona del proceso.
Para Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, se trata de un “martirio” para la institución monárquica, por lo que pidió terminar con el procedimiento.
Sus palabras fueron interpretadas en medios opositores como un intento de influir en el juez, otro elemento que echó más leña al fuego en el debate sobre el futuro que corresponde a la Corona en el país.
A diferencia de abril de 2013, cuando la Audiencia de Palma de Mallorca bloqueó una imputación similar a la infanta Cristina, ahora el juez cuenta con un abultado informe que incluye reportes de la Agencia Tributaria y de la Policía de Delincuencia Económica.
La Zarzuela (sede del Rey) se limitó a señalar que “respetamos todas las decisiones judiciales”, lo cual parece un cambio de actitud frente a posiciones anteriores e incluso con la apreciación de Spottorno.
En noviembre pasado el juez embargó el palacete de Pedrables, una mansión de mil metros cuadrados, parte de cuyos cuidados fueron pagados por la empresa Aizoon, propiedad de la infanta y su esposo, que había sido puesta en venta por 10 millones de euros.
Precisamente Aizoon tenía su sede en el palacete que fue reformado y rehabilitado con dinero cuya procedencia deberá ser aclarada en las declaraciones de la hija menor del rey Juan Carlos.
Según el entramado descrito en el auto de imputación, esa empresa era utilizada para ingresar recursos procedentes de los contratos del instituto Nóos.
La Agencia Tributaria estima que, de 2004 a 2008, de los casi 10 millones de euros ingresados por Nóos, institución sin ánimos de lucro, 6,4 millones de euros fueron a los fondos de empresas privadas de Urdangarin o sus asociados.
De momento, la sociedad española espera el desenlace a partir de si la defensa logra bloquear la imputación como la primera vez, pero difícilmente, aunque ese sea el resultado, logre revertir la pérdida de credibilidad en la familia real, según un criterio generalizado.
España, más allá de un caso de lavado de dinero y violación fiscal, parece haber entrado en un proceso complejo en el que la parte con más que perder es la institución monárquica española, sobre todo cuando la población está sometida a nuevos y más severos recortes.
