Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 27 segundos
Ante la crisis que atraviesa el campo mexicano, con el mercado acaparado por empresas extranjeras y escasos incentivos crediticios, organizaciones campesinas llevan a la Sagarpa una propuesta de fortalecimiento al sector primario. En entrevista con Fortuna, Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de El Barzón, habla de la ausencia de política agropecuaria que impera en el país.
El desmantelamiento del campo mexicano favorece a trasnacionales que han acaparado la venta de insumos, producción y comercialización de alimentos. Entre ellas se encuentran: Monsanto, Dupont, Agromex, Pionner, Syngenta y Limagrain, que ostentan la producción de semillas y fertilizantes. Minsa, Maseca, Cargill, Bimbo, Bachoco, Pilgrim’s Pride, Tyson y Lala, entre las acaparadoras de productos primarios.
Así lo revela el texto Acuerdos nacionales para el desarrollo del campo mexicano, elaborado por El Barzón (Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios), firmado por Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón; Angely Vanessa Amezcua Chávez, coordinadora de Proyecto Agua y Energía de la organización, y Manuel Alvarado Pérez, representante en Zacatecas.
Ramírez Cuéllar dice que hay una ausencia total de política agropecuaria y alimentaria. El gobierno carece de una estrategia. “Somos 4 millones de unidades productivas y 119 millones de consumidores, el grave problema es que este mercado tiene control absoluto en insumos, acopio, comercialización y ventas al menudeo, son un cártel agropecuario”.
En entrevista con Fortuna, el líder de la organización agropecuaria comenta que el país está “huérfano” de un programa de desarrollo en materia de producción de alimentos y de mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Advierte que dentro de 15 años, si las cosas no cambian, tendremos una dependencia alimentaria de más del 70 por ciento.
“Urge resolver esta situación porque los niveles de pobreza y marginación han venido creciendo de manera sistemática, al tiempo que los niveles de violencia e inseguridad en prácticamente todas las zonas rurales y agrícolas del país”, indica.
Desprecio al campo
El documento –que actualmente se analiza en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– indica que es necesario que se lleve a cabo una política agroalimentaria y asumir la autosuficiencia en la producción de alimentos. “De esta forma, el Estado mexicano adquiere la rectoría y plasma el compromiso de corresponsabilidad para establecer y cumplir metas de producción y la ejecución de un programa de inversiones en bienes públicos de carácter productivo”.
El análisis menciona que el principal esfuerzo deberá dirigirse al aumento de la producción de maíz blanco, maíz amarillo, frijol, arroz, trigo, soya, carne de bovino, pollo, leche y sus derivados, y manzana, en el área de frutas.
La propuesta indica que el incremento extraordinario y las nuevas metas de producción se dará en aquellos productos que encierran las siguientes características: los que son detonantes de mayores empleos, los que representan un déficit mayor en la balanza comercial agroalimentaria, los más sensibles a los efectos del cambio climático y a la volatilidad internacional de precios, los que muestran una creciente demanda en los consumidores, los que son fuente de subsistencia de millones de familias y contribuyen con cerca del 70 por ciento de energía alimentaria, y además pueden promover y consolidar mercados regionales.
El líder agropecuario y exlegislador considera que este abandono es consecuencia de un desprecio absoluto a la agricultura nacional que se quiso sustituir por un crecimiento en las agroimportaciones. “Se pensó que siempre iban a ser baratas, que salía mucho más fácil y barato importar que producir aquí; además que el Estado desmanteló toda la infraestructura campesina: el sistema de bodegas, el de financiamiento, la investigación y producción de semillas y fertilizantes. El Estado se retiró porque hubo una clase dirigente ignorante, irresponsable y capturada por las trasnacionales”.
José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, comenta que el panorama para el campo mexicano es desfavorable para sus habitantes, pues en la administración federal se sigue operando una política que favorece a los grandes monopolios agroalimentarios. A ellos, dice, van destinados los créditos, subsidios, los apoyos a la comercialización y un mecanismo de precios que los favorece.
Advierte que el campo está a punto de tronar porque lo que pagan a los agricultores está debajo de los costos de producción. Esta es la continuidad de un modelo instalado hace más de 30 años con el neoliberalismo.
