Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 30 segundos
El refinanciamiento de la abultada deuda de Coahuila, que llegó a calcularse en 35 mil millones de pesos y que representa un grave problema a las finanzas del estado y una aguda crisis para la atención de servicios para la población, ha puesto en jaque también a varios bancos del sistema crediticio nacional. Aunque no se trata de problemas con sus carteras vencidas (porque los bancos crearon mecanismos financieros para protegerse y evitarlas), si con la administración interna que atiende el desfalco ante el complejo expediente.
De acuerdo con información publicada hoy en la columna Oficio de Papel, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha estado al tanto de la constitución de los fideicomisos mediante los cuales, desde hace dos años, se comprometieron las partidas presupuestales y los ingresos locales vía actividades recaudatorias (cuotas de peaje, por ejemplo), para que durante toda la próxima década se paguen sólo deudas bancarias contratadas por el gobierno que manejó el priista Humberto Moreira, quien goza en España con parte del dinero sustraído sin que autoridad alguna lo persiga y bajo el manto protector del gobierno federal que ahora controla su partido.
Fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo del priista Luis Videgaray, la que también dio el visto bueno al refinanciamiento de los pasivos de Coahuila que se perfilaban como una verdadera bomba de tiempo, justo ahora que su partido recuperaba la Presidencia de la República.
Es el contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago número F/1163 entre el estado de Coahuila de Zaragoza como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y Banco Invex, S.A. como fiduciario, en donde más de una decena de acreedores bancarios renovaron sus condiciones de pago para evitar que estos créditos se transformaran en cartera incobrable y afectara su capital.
El notario público 246, Guillermo Oliver Bucio, del Distrito Federal, dio fe de la constitución de este fideicomiso con el que se buscó tranquilizar la tempestad que puso en evidencia la evaluación de agencias calificadoras de riesgo crediticio que ahora permanecen atentas a las repercusiones que tendrían los bancos en sus balances a partir del caso Coahuila.
Entre junio de 2008 y enero de 2013, Coahuila contrató 68 créditos, de los cuales Interacciones, propiedad del también priista Carlos Hank Rhon, documentó al menos 16 de ellos, y en donde Banco Multiva todavía registra un crédito por 4 mil 942 millones de pesos, lo cual representa el 21 por ciento de su cartera de clientes, según cifras de la institución crediticia al 30 de septiembre de 2012.
La CNBV, todavía bajo el gobierno del panista Felipe Calderón, comenzó a realizar visitas de inspección y auditorías para garantizar que los bancos involucrados en el paquete de financiamientos a Coahuila cumplieran con las disposiciones financieras que permitieran salvaguardar la seguridad de los depositantes porque, al final de la cadena de autorizaciones de crédito y refinanciamiento, se encuentra el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y, por supuesto, las partidas que le corresponden a Coahuila del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEP) y que, en su mayoría, servirán para pagar a instituciones de crédito que permanecen bajo los reflectores.
Uno de estos bancos es el que preside el empresario de origen español, Olegario Vázquez Raña – también vinculado con el PRI – y que extendió financiamientos al gobierno del estado de Coahuila por casi 6 mil millones de pesos. El primero de estos financiamientos se otorgó el 8 de julio de 2011 por 483 millones de pesos, y el segundo crédito fue por 494 millones de pesos. Pero el financiamiento más importante se generó en septiembre de 2011, cuando Banco Multiva, precisamente en el marco del refinanciamiento de créditos del gobierno de ese estado, firmó un crédito por 4 mil 939 millones de pesos a un plazo de 20 años, con un periodo de 24 meses para el pago del capital.
La primera amortización se tenía prevista para el primero de noviembre de 2013, según consta en los expedientes crediticios. Por esa operación financiera, el Banco Multiva cobró una comisión por reestructuración de 280 millones de pesos. Para el banco que preside Olegario Vázquez Raña, las operaciones crediticias con Coahuila – a pesar de la profunda reingeniería financiera (autorizada por le Ley de Deuda Pública del estado de Coahuila) que debió aplicarse para evitar la bancarrota de las finanzas de ese estado – no enfrentaba problema alguno.
Banco Multiva, sin embargo, fue auditado por la CNBV y el proceso no se ha cerrado, y se indaga algunas operaciones sospechosas y relevantes que han aparecido allí, al ismo puro estilo del blanqueo de capitales. El problema fue que los funcionarios de esa autoridad regulatoria habrían encontrado – aún sin concluir la inspección – que esa institución financiera no había castigado de manera adecuada esos financiamientos, lo que tendría que haber afectado su nivel de capitalización y, por supuesto, su capacidad de otorgar créditos en un mercado que se abre a una nueva competencia a raíz de la reforma financiera.
La impugnación por parte de Banco Multiva a las resoluciones que adoptó la CNBV forman parte de un caso en tribunales que ya llegó a la etapa del juicio de amparo, en donde los abogados del banco que forma parte del emporio de los Vázquez Raña aseguran que Multiva no sólo no recibió un trato justo por parte de la CNBV – al no escuchar en tiempo y forma sus alegatos –, sino que cuenta con las evidencias para demostrar que los financiamientos se administraron de manera adecuada, por lo que no ameritaba un castigo al capital como los estableció esa comisión.
Una de las evidencias que se exhiben en el juicio de amparo es la transferencia – vía Sistema de Pagos Electrónico Interbancario (SPEI) – que Banco Multiva recibió del Banco Interacciones por órdenes del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila (SATE). La transferencia fue por casi 200 millones de pesos y fue dirigida al prepago del primer financiamiento firmado entre Banco Multiva y el gobierno de Coahuila.
Por ello, como prueba de descargo en el juicio de amparo, Multiva también exhibe movimientos bancarios realizados entre el 1 y el 30 de septiembre, lo que demostraría que el banco de Vázquez Raña contaba con evidencias – que no fueron observadas por la CNBV – de que los financiamientos contratados con el gobierno de Coahuila, si bien eran cuantiosos y con un gran peso en su cartera de créditos, se estaban atendiendo de manera adecuada, incluyendo el monto de la comisión por 280 millones de pesos.
Entre los bancos que participaron en estos movimientos se encuentran Afirme, Banregio y Scotiabak, lo que sirvió para el refinanciamiento del crédito con el monto más alto por más de 4 mil 939 millones de pesos. En total, los nuevos acreedores del gobierno del estado de Coahuila que se sumaron a Banco Multiva, según los registros del banco, le autorizaron créditos en sólo un mes por 2 mil 340.87 millones de pesos. Lo atípico de estas operaciones fue que, al mismo tiempo, Multiva recibió órdenes del SATEC de Coahuila de transferir a Banco Interacciones otros 200 millones de pesos a través de la llamada Cuenta Eje, que en ese momento reflejaba una saldo de 2 mil 203.76 millones de pesos.
El conflicto, a juicio de la CNBV, es que Multivalores considera renovaciones de crédito algunas operaciones que la autoridad simplemente califica como vencidas porque registraban saldos insolutos, lo que sí afecta su nivel de capitalización. Multiva, sin embargo, considera que el monto que aún conserva como créditos a cargo de Coahuila pueden ser refinanciados sin problema, por lo que no se amerita castigo alguno como exigió la CNBV. Así lo confirmaría documentación de la Tesorería del gobierno del estado de Coahuila.
Sin embargo, fue desde marzo de 2011, mediante oficio número 141-4/32899/2011, cuando se ordenó una visita de inspección a Multiva por parte de la CNBV, la cual no se había concluido. Así, el 10 de octubre de 2011 se emitió el oficio número 141-4/32899/2011/29, suscrito por la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros “D”, de la CNBV, por medio del cual se requería documentación sobre los financiamientos al estado de Coahuila.
Banco Multiva consideró, según el expediente de la CNBV, que los requerimientos de la Comisión se cumplieron en tiempo y forma. Pero las autoridades pidieron a Banco Multiva que, en un plazo máximo de tres días, subsanara la omisiones regulatorias en las que había incurrido. Así comenzó la guerra en tribunales para ganar tiempo y evitar que el nivel de capitalización del banco se viera afectado, lo cual metería a esta institución financiera un agudo problema.
Banco Multiva pidió derecho de audiencia, pero la CNBV insistió en que la institución ajustara su capital contable resultado de la constitución de reservas adicionales por al menos 269 millones de pesos, con lo que se reduciría – a juicio de las autoridades – el riesgo de crédito en las operaciones de depósitos y crédito de la institución fundada por Vázquez Raña.
Así, el índice de capitalización de Banco Multivalores pasaría de 11.38 por ciento a 9.70 por ciento. Sin embargo, de acuerdo con su más reciente prospecto de colocación de valores en el mercado mexicano de capitales, Multivalores aseguró a los inversionistas que sigue clasificado como un banco tipo “I”, con un nivel de capitalización de 15.29 por ciento, según datos al 30 de junio de 2012. Aquí se encuentra el centro del conflicto entre Multivalores y la CNBV.
La resolución de la CNBV establece claramente que Banco Multiva debía crear reservas adicionales. Con un juicio de suspensión de por medio, Multiva sigue informando a sus inversionistas que su índice de capitalización es de 15.29 por ciento, mientras que en los tribunales la CNBV insiste en que se castigue la complacencia con la que se autorizaron créditos al gobierno de Humberto Moreira, mientras que éste goza de un retiro político en Europa y con una cartera repleta de euros de dinero principalmente público.
