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Quienes en la década de los 80 participaron en los proyectos industriales y de capitales más exitosos en el país aseguran que frente a la decisión del gobierno federal de impulsar cambios constitucionales para el sector de la energía, sería necesario un plan estratégico que promoviera la integración de proveedores mexicanos que compitan con las empresas de Estados Unidos que están esperando la bandera de salida para hacerse de un mercado millonario.
El negocio de la industria petrolera no se encuentra sólo en la exportación de barriles de petróleo crudo, productos petroquímicos o gas. El gran impacto en la economía se presenta gracias a la derrama de inversiones para proveer de insumos y servicios a este sector. Por ello, la integración de proveedores nacionales resulta estratégica. Con su participación en la economía, la generación local de empleos podría estar garantizada en proyectos de largo plazo.
Hasta ahora, sólo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ya presentó una solicitud en este sentido a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y, por supuesto, a la Secretaría de Economía. De lograrse la aprobación de los cambios constitucionales, el siguiente paso tendría que dirigirse a una reglamentación que blinde a proveedores mexicanos frente a la feroz competencia de una industria proveedora de insumos para el sector petrolero que nos aventajaría con varias décadas y que invierte millonarios recursos en estrategias de cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para presionar por marcos legales que los favorezcan.
Corregir el rumbo
Y la reforma de Enrique Peña Nieto, además de lograr que la economía remonte el crecimiento, tendría –en opinión de analistas como Severo López Mestre, catedrático del ITAM– resolver el trabuco administrativo que generó la reforma a Pemex impulsada por el gobierno de Felipe Calderón.
Con esos cambios, que contemplaban diferentes esquemas para contratar servicios privados, la gestión de Pemex se volvió más complicada, los costos de transacción aumentaron y todos los controles que se inventaron de transparencia y de accountability –de revisión contable y financiera– realmente se traslaparon.
Por ello, la reforma al sector de la energía integral y en conexión con el proyecto industrial que se necesita para la economía mexicana, pero sin que se considere como un cambio en medio de la necesidad inmediata o el apremio sino con una visión estructural y de largo plazo.
La clave, por lo tanto, se encuentra en la redacción y proyección de la ley secundaria porque, agrega López Mestre, si nos atenemos a las reformas constitucionales actuales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD); la redacción constitucional te permite todo.
Aun cuando en la reforma del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la redacción prohíbe concesiones y permite contratos y la del PAN permite concesiones y contratos, finalmente el detalle está en la legislación secundaria.
De esta forma, se ha generado una coincidencia entre las tres fuerzas políticas y que resulta muy desafortunada: parece ser, que tanto el PAN como el PRI como la izquierda coinciden en que no van a tocar a Pemex. Eso es la coincidencia más preocupante y más perversa que puede existir porque finalmente se vuelve a perder de foco el problema real de la industria petrolera que es el diseño de Pemex, un diseño que ya no responde a la realidad petrolera actual.
(El texto completo aparece publicado en Fortuna 125)
