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En la industria maquiladora, el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso romper paradigmas. A propósito de la reforma fiscal tributaria y de la necesidad de incrementar la recaudación fiscal, este año inició una profunda revisión de la situación del sector maquilador, sinónimo de generación de empleo y de inversiones extranjeras.
Sin embargo, desde hace un par de años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que encabeza José Ángel Gurría, advirtió que en la industria maquiladora se estaban generando preocupantes fenómenos. El gobierno mexicano, dijo la OCDE en reportes que analizaron los términos de la operación de este sector, debía corregir los términos bajo los cuales se permitía la operación de compañías extranjeras en esta industria.
Para atraer capitales de la industria maquiladora, desde la década de los sesentas, los gobiernos en turno autorizaron condiciones fiscales preferentes: Se les permitió, por ejemplo, pagar tasas preferenciales y sólo temporalmente. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se paga pero sólo en las importaciones temporales necesarias para la integración de componentes. Al exportar el producto final, procede la devolución de impuestos. Tampoco pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque forma parte de los acuerdos en materia tributaria para evitar la doble tributación. Todas estas concesiones para convencer desde los años sesenta de invertir en un país que se encuentra a unos pasos del principal mercado del mundo. Además, el mercado interno mexicano también se convirtió en un nuevo incentivo para las compañías extranjeras que operan en el territorio nacional bajo el régimen especialmente diseñado para el sector maquilador. Ahora, pueden vender sus productos en el mercado mexicano. Así lo permitió el gobierno de Felipe Calderón desde el 2011.
Incubadoras
¿Abuso o incentivo?
El otro esquema que también generó importantes inversiones durante las últimas décadas es el modelo de maquiladoras en incubadoras. También conocidas como Shelter. Bajo este esquema – propuesto y diseñado por inversionistas estadounidenses hace varias décadas – el gobierno mexicano tuvo la intención de permitir la operación “temporal” de compañías extranjeras que ensamblaran productos con su propia tecnología y mercados en estados como Sonora y Baja California. En empresas que les ofrecen el hospedaje regulatorio, los inversionistas extranjeros sólo pagan un cuota fija que incluye servicios, permisos, costo laboral.
Funcionó. Claro que sí. Y al amparo de este generoso modelo de atracción de inversiones, empresas mexicanas y estadounidense se convirtieron en consolidadoras de servicios de outsourcing. Es una industria en auge porque facilitan la llegada de compañías maquiladoras desde sectores tradicionales como el ensamblaje de televisiones y computadoras personales hasta la integración de partes para la industria aeroespacial.
El problema, según reveló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que ha estado abusando de la supuesta temporalidad que debería caracterizar a las maquiladoras en albergue. Además, reconoce la propia SHCP, no se cuenta con información confiable sobre el monto de las ventas que realizan las compañías maquiladoras en albergue. Lo que sí se sabe con certeza es que están pagando mucho menos impuestos de los que se debería. En la mira, la SHCP tiene a unas 40 ensambladoras de capital extranjero con operaciones tipo Shelter que sólo habrían reportado impuestos en cada caso por 2 millones de pesos. La paradoja es que se trata de empresas que no pueden considerarse pequeñas porque, según la exposición de motivos de la SHCP para buscar modificaciones al régimen tributario de este sector, cuentan con al menos 1,300 empleados.
Así, es claro que en sus países sí están pagando impuestos que respondan al tamaño real de sus operaciones.
Los retos en el Senado
Respecto al pago de impuestos, El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), que preside Luis Aguirre Lans, logró junto con otras organizaciones locales que representan a este sector que se diera un plazo de gracia de al menos un año para comenzar con la certificación de maquiladoras que sí cumplen plenamente con los requisitos para beneficiarse del régimen especial del que han gozado en los últimos años. Además, se dará el mismo plazo para el pago de impuestos. Será el Senado de la República el que decida la situación de las maquiladoras bajo incubadoras. Desde la SHCP se propone que se respete, por ejemplo, que sea un plazo máximo de tres años el que se permita para que las compañías de outsourcing permitan la permanencia de maquiladoras operan bajo estas condiciones preferenciales. El siguiente paso debe ser una inversión directa en el territorio mexicano. El cabildeo, sin embargo, será intenso.
