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Paulina Martínez*
Hace pocos días una persona cercana me comentó que había comprado un artículo ecológico y que yo tenía razón: se sentía muy bien adquirir este tipo de productos.
No pude evitar la costumbre que he ido forjándome de revisar la información de los empaques y al verificar la de ese producto pude notar que además de las letras verdes destacando la palabra “eco” y un logotipo en forma de hoja de árbol; en realidad no ofrecía en sus funciones o materiales algún elemento que justificara que se autodenominara ecológico como lo insinuaba su imagen. Aun buscando más información sobre este producto en internet, no encontré nada.
En ese momento me puse a reflexionar cuántos productos y servicios se han visto beneficiados de esta manera, que tratan de crearse una imagen de amigables con el medio ambiente sin serlo. Queda muy claro que ya muchos proveedores han notado el potencial de este nuevo mercado, y que a su vez, los consumidores ya hicieron su parte en dejar de manifiesto su necesidad de consumo responsable.
Lo que queda pendiente, es la reflexión profunda de estos proveedores. A mi parecer, se han quedado en los límites al adoptar la idea superficial de que los grandes beneficios del nuevo mercado eco-amigable es el potencial de venta, y como valor añadido, una pequeña estrella en la frente por proteger el medio ambiente.
Con o sin tendencias verdes, el sector empresarial podría dar un paso más allá para apreciar la vulnerabilidad futura de recursos para la sobrevivencia humana: su fuente de ingreso; y de la materia prima: su fuente de trabajo.
Pero quien intente no quedarse solamente en este nivel, podría recurrir incluso a la historia financiera de nuestro país, por ejemplo el año 1992, cuando se intenta conectar las conductas de los empresarios y consumidores con las tecnologías amigables con el medio ambiente.
Estas iniciativas, enmarcadas en una realidad de tendencia internacional, buscaban la incorporación del desarrollo sustentable y la preservación ecológica en los planes nacionales, dando origen a los ahora muy olvidados instrumentos fiscales en materia de medio ambiente.
Las motivaciones por prohibición se nutrieron entonces con instrumentos económicos como impuestos, derechos e incentivos; que crearon un sistema mixto que pudiera ser atractivo a los astutos empresarios que busquen un impulso que ofrezca otro valor añadido a sus esfuerzos de responsabilidad ambiental.
Después de todo, desde 1999 queda asentado en nuestra Carta Magna el derecho de gozar de los beneficios de la preservación, como se cita en el Artículo 4°: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (…) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.
Este tipo de incentivos motivan a las industrias a asumir su responsabilidad ambiental y fomentar su inclusión en iniciativas que fomenten la investigación y aplicación de recursos, instrumentos e incluso prácticas con menor impacto ambiental.
Estos instrumentos económicos con los que cuenta el gobierno para hacer frente a los problemas del medio ambiente resultan deseables y lógicos de entender e incluso de aceptar si consideramos que podría resultar una catástrofe social y económica el poner freno a la actividad industrial.
Es decir, que no debe olvidarse que el desarrollo sustentable entrelaza inevitablemente los componentes social, ambiental y económico; así que el descuido de su sector financiero podría romper el equilibrio y armonía que se esperara crear en el planeta.
Un incentivo fiscal y todo el respaldo o apoyo gubernamental que pueda acarrear consigo una buena práctica ambiental, no sólo supone un punto cumplido en la lista de actividades de responsabilidad empresarial, y mucho menos se debe entender como una oportunidad de viciar las intenciones de impulso para convertirlas en una oportunidad financiera que genere un ingreso extra a la industria.
Los beneficios fiscales, sociales y ambientales son eso, una consecuencia positiva de acciones positivas que desencadenen una reacción en cadena. Un empleado se siente reconocido e incluso es más productivo cuando se le otorga una gratificación por sus esfuerzos, los cuales dejaron una evidencia tangible de resultados, que seguramente permitió a sus superiores identificarlo como merecedor de dicho premio. No lejos de esta dinámica puede enmarcarse este tipo de estímulos.
Entonces, todo sector empresarial que busque un premio por buena conducta ambiental, debe esforzarse por hacerse un legítimo merecedor de los beneficios disponibles, con base en resultados evidentes.
Es indudable que este tipo de propuestas gubernamentales no significan una solución para la regulación empresarial, y tampoco suponen un cambio de conducta que encamine a todo el sector a buscar la sustentabilidad en su desarrollo; pero deseo que pueda ser un elemento de impulso para llegar a nuevos niveles de reconocimiento como lo puede ser una certificación ambiental internacional, por ejemplo.
Sin duda es un pequeño detonante que como herramienta financiera en nuestro país ha sido poco aprovechada e incluso puede ser difusa comparándola con las propuestas de otros países a la vanguardia en temas de finanzas verdes; o puede ser un gran paso de apertura; todo depende en gran medida del nivel de esfuerzos y beneficios que una empresa desee obtener.
Espero así que en un futuro no muy lejano, cuando alguien me comente con orgullo que su elección por un producto fue determinada por su eco-etiqueta, esto implique que detrás de él hay todo un impulso financiero, social y ambiental que se permee en cada uno de esos sectores para el beneficio de todos.
*Comunicación de Pronatura México, A.C.
