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El sistema financiero convencional mexicano excluye a las personas cuyo salario oscila entre los 200 y los 1 mil 200 dólares –80 por ciento de la población– de los beneficios del crédito. Aunque el principal marcador social relacionado con esta desigualdad de trato es la clase social, influyen también factores como el sexo, la pertenencia étnica, la edad, la nacionalidad, la discapacidad, la región, y en ocasiones, el color de piel y la apariencia física.
Datos del Reporte sobre discriminación en México 2012. Crédito, revelan que el 80 por ciento de la población mexicana, es decir, más de 89 millones de personas, es excluido de los beneficios del crédito del sistema financiero convencional.
Debido a que la primera condición para obtener un crédito consiste en probar los ingresos y, la segunda, en la probidad aceptable de que estos pueden sostenerse en el tiempo. El principal marcador social relacionado con esta desigualdad de trato es la clase social, apunta el estudio a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
No obstante, los resultados de la Encuesta Cultura Financiera en México –elaborada por Banamex y la Universidad Nacional Autónoma de México– confirman que todas las personas en algún momento de su vida contraen créditos sin importar el nivel de ingresos o el estrato social al que pertenecen.
Estamos ante un sistema financiero “diseñado para las grandes corporaciones financieras” y “marcado por juicios subjetivos y poco razonables, desadaptados de la realidad social”, afirma el documento coordinado por Ricardo Raphael de la Madrid, profesor adscrito al Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El sector más afectado como consecuencia de esta exclusión es aquél cuyo salario mensual no rebasa los 200 dólares (el 25 por ciento de la población), seguido de quienes obtienen entradas de entre 201 y 1 mil 200 dólares cada mes (alrededor del 55 por ciento de la población).
La desigualdad de que son objeto, orilla al 80 por ciento los habitantes del país a recurrir a las redes familiares y de amigos o a las instituciones dedicadas al crédito popular como las casas de empeño, en el mejor de los casos; en el peor, los arroja a manos de prestamistas y usureros.
Los privilegiados son, en cambio, minoría. Aquí se encuentra el 2 por ciento de la población que logra entradas mensuales por arriba de los 13 mil dólares; y el 18 por ciento, cuya percepción ronda entre 1 mil 201 y 13 mil dólares.
Además de esta barrera, las capas más pobres de la población enfrentan candados relacionados con la informalidad en que se encuentran (de acuerdo con León Bendesky, analista económico, el 60 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en esta situación) y la irregularidad de las propiedades que podrían ofrecer como colaterales.
Factores externos también intervienen de manera negativa. Destacan: una “insuficiente cultura financiera”, un “sistema asimétrico e incompleto de información crediticia” y “la lentitud con que los tribunales mexicanos operan para resolver controversias mercantiles entre la ciudadanía”.
Aunque el acceso al crédito no es un derecho, la exclusión de la persona del sistema financiero en una economía de mercado puede lastimar el ejercicio de derechos humanos relacionados con la calidad de vida, como el empleo, la alimentación, la salud y la vivienda, apunta el Reporte sobre discriminación en México 2012. Crédito.
Mujeres, jóvenes, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad son excluidos del crédito convencional
La desigualdad en materia de crédito está determinada también por factores como el sexo, la pertenencia étnica, la edad, la nacionalidad, la discapacidad, la región, y en ocasiones, el color de piel y la apariencia física.
