En la congeladora ley para regular lobbying pero aumenta número de expertos en cabildeo

CONTRALÍNEA-Especial para Revista Fortuna.

Influir, la palabra preferida de los cabilderos de trasnacionales, asociaciones, cámaras y personas físicas que deambulan en los pasillos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Los legisladores charlan con ellos, escuchan sus propuestas, sus ofrecimientos; son “convencidos”. Pero de todo lo que se habla entre ellos, nada se sabe.

Se trata de 252 cabilderos registrados ante la Mesa Directiva de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados. Entre ellos, firmas que encabezan listas de Forbes, como la tabacalera Philip Morris, los auditores de PricewaterhouseCoopers, Bayer, Monsanto, Cargill –representadas a través de la Asociación Mexicana de Semilleros–, Grupo Modelo, Jugos del Valle.

El registro contiene 32 asociaciones, 25 cámaras, ocho consejos, seis fundaciones, cinco consultorías, cuatro confederaciones, tres institutos, dos federaciones, dos centrales y 165 despachos, empresas y personas físicas, entre otras.

“Probablemente el cabildeo político sea un inevitable acompañante del arte de gobernar. El cabildeo, conocido en los países anglosajones como lobbying, tiene su origen en la negociación que, a través de personas especializadas, realizan determinados acuerdos con grupos sociales con intereses específicos, para poder influir en la aprobación, rechazo o reforma de alguna ley”, expone José de Jesús Gómez Valle, maestro en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Gómez Valle, también profesor e investigador adscrito al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, explica que etimológica y originalmente lobby significa pasillo o antesala, en referencia al parlamento británico donde los representantes de intereses privados iban al encuentro de los parlamentarios para exponerles sus inquietudes y demandas.

La senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Iris Vianey Mendoza Mendoza dice que la del cabildeo es una de las prácticas cotidianas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores que “produce mucha sospecha y desconfianza porque no hay nada que lo regule. Convivimos con ellos, los escuchamos, pero no hay transparencia”.

Agrega: “Necesitamos una ley que regule el cabildeo para evitar el tráfico de influencias, amiguismo político, manejo patrimonialista de información privilegiada. Además, institucionalizar el ejercicio del cabildeo como un instrumento al servicio de la sociedad civil, que enriquezca la democracia, y no como un agente de chismorreo”, arguye la perredista.

Los antecedentes para los cabilderos datan de 2002 a 2008, periodo en el que se presentaron 22 iniciativas y proyectos legislativos en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado de la República, relacionados con este tema, que no prosperaron.

También hubo propuestas para establecer un código de ética y mecanismos de rendición de cuentas. Finalmente, el 24 de diciembre de 2010 se modificó el artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados: “Todo individuo que pretenda realizar cabildeo por más de una vez en la Cámara, deberá inscribirse al inicio de cada legislatura en un registro público que elaborará la Mesa Directiva, el cual se difundirá semestralmente en la Gaceta y en la página electrónica con los datos proporcionados por quienes se registren”.

Una nueva modificación ocurrió el pasado 20 de junio, cuando la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó por unanimidad reformas a los artículos 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En particular, la reforma al artículo 265 limita a los diputados y al personal de apoyo del recinto legislativo a aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de un cabildero, “con el propósito de influir ilícitamente en las decisiones de dicho órgano legislativo”.

La modificación al artículo 264 también prohíbe a los servidores públicos de la Cámara de Diputados, así como a sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, realizar actividades de cabildeo.

Al adicionar los numerales 3 y 4 al artículo 264, los legisladores establecen que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo será de 20 por cada comisión, y dos por cada persona moral inscrita. “En caso de que exista un número mayor de solicitudes por parte de alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente”.

El dictamen de la Comisión, que preside el diputado panista Marcos Aguilar Vega, refiere que es necesario avanzar en la regulación del cabildeo, “pues si bien en esta Cámara existe una norma más especifica que en el Senado de la República, es una realidad que en la aplicación pueden presentarse nuevos supuestos dignos de atender por la vía jurídica”.

La diputada Merilyn Gómez Pozos, integrante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y encargada de llevar el registro de los cabilderos en esta Legislatura, dice a Contralínea que actualmente “no hay un código de ética al que se les obligue a responder; se deja a la tarea de quien se encuentra en turno en el registro. Sale un acuerdo de Mesa Directiva pero queda todo muy por encima y es muy necesario que exista”.

—¿El cabildeo también responde a la gestión de causas legítimas relacionadas con causas sociales?

—Desgraciadamente la actividad del cabildeo no está para el bien común o la sociedad; no los podemos excluir porque la mayoría de los despachos buscan el interés de los que representan.

“No es requisito ni exigencia de presentar un informe de las pláticas o acuerdos a los que llegan con los legisladores, aunque sea necesario en un marco democrático”, dice la diputada por el Movimiento Ciudadano.