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La piratería y el contrabando causan pérdidas por más de 950 mil millones de pesos a la economía formal y al fisco, según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Ese monto “es dinero que en gran parte va a parar a las arcas del crimen organizado, que ha puesto en crisis la seguridad pública en México”, afirma Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE en su mensaje semanal.
Si los artículos ilegales que se desplazan en el país se vendieran, en promedio, al 20 por ciento de su precio en el comercio establecido, las ventas de quienes se dedican a esta actividad delictiva pueden sobrepasar los 15 mil millones de dólares, cifra superior a la derrama anual de divisas por concepto de turismo, indica.
“Aunque técnicamente no es contrabando, la importación masiva de automóviles usados es un fenómeno devastador para el mercado interno automotriz”, apunta Gutiérrez Candiani, quien afirma que el año pasado, los llamados “autos chocolate” que se introdujeron al país representaron más del 46 por ciento del total de ventas de vehículos nuevos, y la tendencia ha ido al alza.
Para el dirigente del CCE, la piratería se ha convertido en un desafío no sólo económico, sino de seguridad pública y gobernabilidad, por sus dimensiones y prevalencia, las arraigadas distorsiones que la reproducen, sus vínculos con la delincuencia y la tendencia preocupante de volverse un fenómeno considerado como “normal” e inclusive “legítimo”, cada vez más aceptado socialmente.
Se estima que nueve de cada 10 mexicanos ha adquirido productos pirata en alguna ocasión y que cerca de dos terceras partes de la mercancía que se vende en la vía pública es de procedencia ilegal. De acuerdo con encuestas, la población con una percepción negativa respecto a la piratería es inferior al 60 por ciento del total, y el principal motivo no es su carácter ilegal, sino factores como la falta de calidad.
Gutiérrez Candiani destaca a pesar de que está tipificada como delito grave y relacionado con la legislación contra la delincuencia organizada, la piratería tiende a convertirse en una actividad común, tratada con alto grado de permisividad por las autoridades.
“Es un comercio que se realiza a la luz del día, sin disimulo por parte de los vendedores y los compradores, inclusive a unos pasos de oficinas o instalaciones de gobierno, del fisco, de policías o instituciones de procuración de justicia, con especial intensidad en grandes ciudades, como el área metropolitana del Valle de México”, señala.
A pesar de que se han incrementado los decomisos y México ha firmado diversos tratados y convenios internacionales para proteger la propiedad intelectual, “la sensación que priva es de simulación, cuando no de rendición a los hechos por parte de autoridades y ciudadanos”, asevera.
Las principales industrias afectadas son vinos y licores, juguetes, perfumes, medicinas, televisión por cable, cigarros, cine y video. Nueve de cada 10 películas que se compran en México son piratas. Al menos la mitad de la mercancía que se desplaza de fonogramas, calzado y vestido, donde han desaparecido unos 200 mil empleos en gran medida por esta causa, es de procedencia ilegal.
Las pérdidas estimadas para productos de software aumentaron casi 600 por ciento en 10 años, para llegar a alrededor de mil 250 millones de dólares. 59 por ciento de los programas instalados en computadoras mexicanas carece de licencia.
El organismo empresarial urge a las autoridades a combatir “con firmeza, sin permisividad”, la piratería y el contrabando. Y reconoce como un avance el haber retomado la Comisión Intersecretarial de Combate a Piratería y Contrabando, en la que están representados tanto gobierno federal como la iniciativa privada para actuar contra estos problemas.
