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ego de 11 años de saneamiento, los ingenios azucareros del país están a punto de regresar en su totalidad a manos de la iniciativa privada. Las expropiaciones que se realizaron en la administración de Vicente Fox Quesada han rendido frutos, con un costo al erario de más de 18 mil millones de pesos, revela la Auditoría Superior de la Federación. De éstas sólo quedan nueve como propiedad del Estado.
La expropiación de 27 ingenios azucareros ha costado al erario 18 mil 81 millones 961 mil 900 de pesos, y 11 años después de haberse realizado la operación, el gobierno federal pretende regresar al sector privado la totalidad de procesadoras que aún pertenecen en la infraestructura Estatal.
Saneados, a través de un fideicomiso público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) realiza los trámites correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública para desincorporarlos del gobierno federal.
Así lo demuestra el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, en el que se llevó a cabo una auditoría especial al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA).
El documento con folio 10?3?08I6U?06?0979 indica para cumplir con el Decreto Expropiatorio: “La Sagarpa –al 31 de diciembre de 2010– utilizó recursos con un costo fiscal de la expropiación por 18 mil 081millones 961 mil 900 pesos”.
Luego de emitido el decreto, el 4 de diciembre de 2002, el diputado perredista Arturo Hervis Reyes, solicitaba “la comparecencia del Secretario de Agricultura y Ganadería, Javier Usabiaga Arroyo, para que explique por qué motivos no se fundamentó el decreto expropiatorio del 3 de septiembre del 2001”.
Después de 11 años, el ex secretario de agricultura dice a Fortuna que ya es hora de que los ingenios regresen a la iniciativa privada: “Sólo a través de la privatización y de mejorar la situación contractual podrá salir adelante el sector”.
El rescate
El 3 de septiembre de 2001, Vicente Fox Quesada ordenó fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropiaron por causa de “utilidad pública, a favor de la Nación, las acciones, los cupones y/o los títulos representativos del capital o partes sociales de 27 ingenios, con objeto de mantener en operación los ingenios expropiados, preservando los empleos y la actividad en las plantas industriales”.
De los 27 ingenios, a 14 se les otorgó el amparo y la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó su devolución. Por ello, en 2004 se devolvieron cuatro ingenios, y en el ejercicio fiscal de 2006 fueron devueltos nueve. Del ingenio restante, se vendió la parte accionaria del gobierno federal a los ex propietarios y la unidad industrial se entregó en junio de 2011.
Fueron 13 los que pasaron a propiedad del gobierno federal; uno fue vendido en 2005, dos en 2009, y uno en marzo de 2010. El saldo es de nueve ingenios del Grupo CAZE, que no se ha determinado su situación “debido al estado sub judice en que se encuentran”.
La auditoría fiscalizó en 2010 una muestra de 542 millones 628 mil 900 pesos con el objetivo de revisar que los recursos públicos fueran aplicados debidamente en la administración de los ingenios propiedad del gobierno federal.
El dictamen, favorable, indica que “el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero cumplió con la aplicación de los recursos públicos para administrar los ingenios propiedad del gobierno federal; con el ejercicio, registro y control de los ingresos por la comercialización de azúcar y subproductos, así como con la integración y actualización del costo fiscal del acto expropiatorio y con la causa de utilidad pública mandatada en el decreto expropiatorio”.
Mario Di Costanzo, economista y legislador por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, comenta que “desde su expropiación fue un mal negocio para el gobierno, expropiaron limpiaron las deudas y ahora regresan los ingenios.
“El decreto mismo tuvo sus fallas jurídicas, pero además durante el tiempo que el gobierno los administró se dedicaron a hacer operaciones muy cuestionables, a través de puros fideicomisos, ahora se reprivatizan las utilidades y se socializan las pérdidas porque al final todo esto se acumula a la deuda pública. No cabe la menor duda de que la expropiación fue una ayuda para los empresarios”, agrega.
El fideicomiso
De los nueve ingenios pendientes por reprivatizar, propiedad del Grupo CAZE, la Sagarpa, que encabeza Francisco Mayorga Castañeda, informó “que las unidades industriales serán desincorporadas y puestas a la venta de inversionistas privados”.
Además, la secretaría encargada de instrumentar políticas públicas a favor del sector agropecuario realiza las acciones jurídicas necesarias para reintegrar al sector privado los ingenios azucareros en propiedad del gobierno federal.
En octubre de 2008, la Sagarpa solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el proceso de desincorporación de los nueve ingenios de grupo CAZE “sin que a la fecha la SFP hubiere emitido el acuerdo solicitado, debido al estado sub judice en que se encuentran dichos ingenios”, señala la Auditoría Superior de la Federación.
El informe del máximo órgano de fiscalización del país informa en la auditoría 10?3?08I6U?06?0979 que “el pago de la indemnización de las nueve sociedades anónimas expropiadas al Grupo CAZE fue garantizado mediante la exhibición de los billetes de depósito correspondientes. Existe la disposición del [Poder] Ejecutivo Federal para aplicar su capacidad y mayor esfuerzo a fin de reintegrar los ingenios expropiados al sector privado, en el menor tiempo posible”.
El ex secretario de agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, quien fuera el encargado de la dependencia cuando se emitió el decreto de expropiación, asegura que “no hay recursos de los mexicanos perdidos, hay que hacer un balance y reconocer los beneficios al sector, que necesita incrementar sus medidas de eficacia”.
Di Costanzo difiere de la opinión del también diputado panista y comenta que “su devolución es una pérdida más para el país; se hizo para quedar bien con los empresarios cañeros. Es urgente que se vuelvan a auditar a través de dos mecanismos: en qué condiciones se dio el decreto de expropiación, los administró y se devuelven. El Estado pierde un activo por el que ya se había pagado así como la posibilidad de desarrollar una industria que genera fuentes de empleo para muchos trabajadores”.
