Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 37 segundos
Joaquín Vargas, presidente de MVS, reprochó al gobierno federal por engaño y traición para rescatar la banda de 2.5 GHz. de la cual había sido concesionario, hasta el pasado día 8, y anunció que un largo proceso en tribunales que “previsiblemente tendrá que atravesar todas las instancias de justicia”.
En conferencia de prensa el empresario denunció que el retiro de la concesión ocurre en un momento en que MVS venía sosteniendo negociaciones en dos pistas, la primera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otra en Los Pinos, que a cambio de que no impugnaran ni jurídica ni mediáticamente la “concentración de Televisa en Iusacell”, se abría una ventana de oportunidad para destrabar el proyecto en la banda de 2.5 Ghz.
Sin embargo, agregó Vargas, “la decisión ya estaba tomada y fuimos engañados”. Porque, aseguró, que su proyecto denominado Banda ancha móvil para todos, garantizaba ofrecer al público servicios al doble de velocidad y a la mitad de precio de lo que se ofrecen en el mercado, con Dish como puntal para el triple y cuádruple play, que ha incomodado a Televisa.
Calificó el rescate anunciado por el secretario Dionisio Pérez-Jácome como un acto arbitrario que afecta los legítimos derechos de los concesionarios, sino también ausencia de una política pública en torno a las telecomunicaciones.
Durante su exposición Joaquín Vargas rechazó y presentó una larga argumentación en contra de la “supuesta sub-utilización” de la banda reclamada, ya que desde 2004 se ofrecían servicios de banda ancha inalámbrica, además de construir una red entre las ciudades de México, Guadalajara, Mexicali, Monterrey y Toluca; que fue aprovechada por al menos seis operadores “ sin tener que utilizar los servicios del competidor dominante”.
En 2011, pese al no refrendo de las primeras concesiones en 2008, agregó Vargas, presentamos Banda ancha móvil para todos, con una inversión inicial de 1,000 millones de dólares y que arrancaría con una cobertura de más de 55 millones de personas.
Vargas se refirió también la “supuesta” negativa a pagar la contraprestación, ya que según expuso existió una diferencia abismal entre los 10.5 centavos de dólar por MHz-Pob. nacional requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los 0.04 centavos de dólar que proponía MVS.
Además expuso que en las negociaciones interrumpidas por la disposición gubernamental, MVS había propuesto la devolución de 50 Mhz, de la banda de manera gratuita.
Fue insistente en que la metodología de calculo para estimar el monto de la contraprestación era la misma tanto por parte de la SHCP y de MVS, sin embargo, señaló Vargas Guajardo que lo solicitado por las autoridades es equivalente al precio de bandas destinadas al servicio de telefonía móvil, además de que no consideran la alta dominancia que hay en el mercado mexicano.
Señaló a Televisa como el gran beneficiario del rescate de la banda 2.5, que desde 2008, tras el lanzamiento de Dish y su política de precios bajos ha promovido el retiro de las concesiones, como ocurrió el pasado 8 de agosto.
Ahora Televisa y Iusacell son los únicos que podrán ofrecer los servicios de voz, video y datos tanto fijos como móviles en todo el país, reprochó Vargas.
En su argumentación, texto leído de 13 páginas, Vargas presenta en algunas partes un clima de persecutorio en contra de MVS, por ejemplo cuando expone que existe “antipatía manifiesta de algunos personajes de este gobierno en contra de la administración” de la empresa que dirige.
Así mismo relata cómo se fueron construyendo las amenazas a raíz del caso de la principal conductora de noticias de MVS, Carmen Aristegui, por el asunto que llevo a estar fuera del aire algunos días. La más clara estuvo a cargo del entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.
Al acto que llamó arbitrario, lo comparó con las expropiaciones de YPF en Argentina, respecto de las que Felipe Calderón dijo que “nadie invierte en un país que expropia las inversiones”, recordó Vargas, para finalmente reclamar que cómo justifica el gobierno federal s promesa de competencia, cobertura y convergencia “cuando solo una empresa ha sido beneficiada.
La Presidencia de la República respondió a los señalamientos de Vargas a los que calificó como calumnias, difamaciones y engaños, con el simple objetivo de alcanzar sus metas económicas.
Además reiteró que la Coordinación de Comunicación Social no tuvo participación en la salida de Carmen Aristegui de MVS, que esa oficina se conduce con una política completamente diferenciada de la política en materia de telecomunicaciones y negó que su titular, Alejandra Sota, haya tenido contacto después de febrero de 2011 con Vargas, como lo señaló el empresario.
(Fotos: FidPrensa)
