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El crimen, la corrupción y los rezagos en materia jurídica son los factores que impiden hacer negocios en México, afirma el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
La corrupción en el país representa 10% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), y las empresas “se ven en la necesidad de destinarle un porcentaje similar de sus ingresos para poder operar”, indica el dirigente empresarial.
Menciona que en la década de los 80 se consideraba una prioridad la “renovación moral de la sociedad” y hace 11 años se anunció un Programa Nacional contra la Corrupción porque costaba al país una décima parte del PIB, sin embargo no se ha avanzado en la materia. Para erradicar esta problemática, el sector privado propone la creación de un zar anticorrupción ciudadano.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia Internacional en diciembre de 2011, México se ubica en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala donde 0 es la mayor percepción de corrupción y 10 la menor percepción de corrupción. En comparación con otros países del continente americano, está en el lugar 20 de 32 evaluados.
Gutiérrez Candiani califica al sistema penal como una amplia red de ineficacias y corrupción, que tiene un alto margen de inoperatividad y deficiencias procesales que suele constituir violaciones de debido proceso.
De poco sirve aumentar las penas, si sólo siete de cada mil delitos acaban en una sentencia, que representa una impunidad de 98%. Por ello, sólo una tercera parte de los delitos se denuncia, señala en su mensaje semanal La Voz del CCE.
Según el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, después del mercado laboral, es en las instituciones donde México tiene el peor desempeño. Ocupa el lugar 134 de 142 países en costos por el crimen y el 133 en fiabilidad de los servicios policiacos.
Y el país reprueba en derechos de propiedad, protección de patentes, desvío de fondos públicos, favoritismo de autoridades, pagos irregulares y sobornos o en independencia judicial, puntualiza el dirigente empresarial.
Destaca que el Estado de derecho debe representar un desafío para quienes aspiran a gobernar: cómo hacer frente a la corrupción, la cultura de la ilegalidad y las debilidades institucionales que fomentan la impunidad y la incertidumbre jurídica.
Gutiérrez Candiani apunta que la incertidumbre jurídica frena e impide el desarrollo de muchas actividades y eleva la informalidad, en la que están más de 13.5 millones de mexicanos, entre la población ocupada.
Para avanzar en estos temas, el sector empresarial propone la autonomía y profesionalización de los ministerios públicos, federal y estatales; unificar los códigos penales y de procedimientos penales; protección a la víctima del delito en la presentación de la denuncia ante el juez; y acelerar la transición a juicios orales y jurados.
La homologación de la legislación de los institutos de transparencia estatales; incorporación de tribunales como los laborales, agrarios y fiscales al ámbito del Poder Judicial; y la integración de todos los registros públicos de la propiedad y del comercio con plataforma electrónica; así como fortalecer la Ley de Amparo.
