Pide FMI mitigar costos financieros por riesgo de longevidad

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Analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran necesario que el sector público y el privado reconozcan y mitiguen el riesgo de longevidad, es decir, de que la gente viva más de lo esperado, debido a la magnitud de su impacto financiero y a sus efectos en los balances fiscales y en las empresas.

 

En el Capítulo 4 títulado “El impacto financiero del riesgo de longevidad”, del Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial (GFSR) abril de 2012, los especialistas sugieren poner en marcha ahora medidas que “tardarán años en dar fruto”, pero estiman que será más difícil abordar esta cuestión si se posterga la acción correctiva.

 

“Prestar atención al envejecimiento de la población y al riesgo de longevidad adicional forma parte del conjunto de reformas necesarias para restaurar la confianza en la viabilidad de los balances del sector público y del sector privado”, indican.

 

El documento —elaborado por  S. Erik Oppers (jefe del equipo), Ken Chikada, Frank Eich, Patrick Imam, John Kiff, Michael Kisser, Mauricio Soto y Tao Sun— destaca que vivir hoy más años es positivo, ya que ha mejorado el bienestar individual,  pero la prolongación de la esperanza de vida causa costos financieros.

 

Explican que la longevidad afecta a los gobiernos por los planes de jubilación del personal y los sistemas de seguridad social de personas de edad avanzada;  a las empresas, por los planes de prestaciones jubilatorias definidas;  a las compañías de seguros que venden rentas vitalicias; y a los particulares que carecen de prestaciones jubilatorias garantizadas.

 

Para los analistas, son muy grandes las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado, el llamado riesgo de longevidad.

 

“Si el promedio de vida aumentara para el año 2050 tres años más de lo previsto hoy, los costos del envejecimiento —que ya son enormes— aumentarían 50%”, apuntan.

 

Como ejemplo, explican el caso de los planes privados de pensiones de Estados Unidos, que con el aumento de la longevidad podría elevar los pasivos jubilatorios alrededor de 9%, por lo que las empresas que organizan los planes de pensiones tendrían que multiplicar varias veces sus contribuciones anuales normales.

 

Con el propósito de “neutralizar los efectos financieros del riesgo de longevidad”, los funcionarios del FMI proponen combinar aumentos de la edad de jubilación obligatoria o voluntaria y de las contribuciones a los planes de jubilación con recortes en las prestaciones futuras.

 

Aumentar la edad de jubilación podría ser una obligación impuesta por el gobierno, pero también se podría ofrecer incentivos a los particulares para postergar la jubilación, esto permitiría prolongar el período de acumulación de recursos jubilatorios y acortar el período de uso de esos recursos.

 

Los expertos piden a los gobiernos reconocer que están expuestos al riesgo de longevidad y adoptar medidas para compartir el riesgo con los organizadores de los planes de pensiones del sector privado y los particulares. Además deben promover el crecimiento de mercados para la transferencia del riesgo de longevidad y divulgar mayor información sobre la longevidad y la preparación financiera para la jubilación.

 

Pero también proponen “recurrir a los mercados de capital para transferir el riesgo de longevidad de los planes de pensiones a quienes tienen más capacidad para gestionarlo”.

 

Señalan que, a medida que las poblaciones envejezcan en las próximas décadas, consumirán un porcentaje mayor de recursos y ejercerán presión sobre los balances públicos y privados.

 

Aunque reconocen que los gobiernos y el sector privado se han estado preparando para las consecuencias financieras del envejecimiento, puntualizan que sus proyecciones demográficas han subestimado cuántos años vive la gente, por lo que tendrán que pagar más de lo esperado en pensiones y prestaciones de la seguridad social.

 

Por su parte, dicen, los particulares se exponen al riesgo financiero de agotar los recursos jubilatorios, lo que provocaría “efectos negativos profundos en los balances, ya debilitados, de los sectores público y privado, exacerbando su vulnerabilidad a otros shocks y afectando posiblemente su estabilidad financiera”.