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A la volatilidad en el precio del petróleo, Pemex sumará una variable más a su operación: el costo de encontrar y producir hidrocarburo. La apuesta con un nuevo tipo de contratos con la iniciativa privada es que sea menor al que ofrecen las licitaciones de servicios. El esquema, sin embargo, presenta muchos riesgos que la paraestatal deberá superar en el corto plazo porque el tiempo para recuperar las reservas probadas simplemente se agota.
Un documento de 200 páginas contiene las expectativas de éxito pero también los temores de los funcionarios de Pemex-Exploración y Producción (PEP) respecto a los riesgos en la operación de los contratos incentivados, la nueva fórmula de negocios con la cual la paraestatal mexicana busca remontar la crisis de reservas que se agudizó durante el gobierno de Felipe Calderón.
“Estos nuevos contratos representan una serie de cambios muy significativos y, por primera vez, toman características específicas de las tendencias que sigue la industria petrolera a nivel mundial”, dice en entrevista con Fortuna que se publica en su edición de marzo-abril, Luis Sergio Guaso Montoya, subdirector en PEP y uno de los principales responsables en los nuevos modelos de ejecución de la paraestatal.
El contenido de los contratos basados en incentivos para tres grandes regiones de campos maduros en la región sureste del país que Pemex comenzará a licitar a partir de mayo próximo, contienen cláusulas de salida en caso de incumplimiento, procesos de arbitraje de presentarse un diferendo de opiniones sobre la productividad en los pozos, blindajes para respetar los preceptos constitucionales que salvaguardan la propiedad del Estado sobre los recursos petroleros. La aclaración no sobra porque hace algunos años una petrolera extranjera que mantenía contratos de obra pública con Pemex se atrevió a reportar como propias ante la Comisión de Valores de Estados Unidos las reservas que exploraba y producía para la paraestatal mexicana.
Además, está la obligación de respetar el contenido nacional en la ejecución de contratos incluyendo la contratación de ingenieros mexicanos así como la transferencia de tecnología forma parte de lo que PEP define como un “acuerdo de voluntades para la realización de operaciones conjuntas”. Nada más, sin asociaciones en participación, aclara la paraestatal. Sin embargo, en caso de una controversia se recurrirá a un arbitraje internacional y se considerará cancelará el contrato si las empresas extranjeras invocan leyes vigentes en su país.
“La participación de PEMEX se definirá desde las reglas de licitación y será minoritaria, para lo cual no se requiere que se establezcan más derechos para su protección que los que están establecidos en el propio convenio de operación conjunta”, dice un documento de la paraestatal enviado por el Abogado General al consejero profesional, Rogelio Gasca Neri.
Durante un lapso de 25 años, con la posibilidad de un refrendo durante un periodo idéntico, Pemex se comprometerá a sostener el contrato con empresas que obtendrán petróleo de sus pozos maduros, muchos de ellos con reservas probadas pero abandonados por problemas de inversión. Ellas financiarán la operación, correrán con el riesgo de encontrar petróleo o no. A cambio, Pemex compartirá con ellas la plusvalía de la venta en los mercados internacionales del hidrocarburo.
El reportaje completo así como la entrevista con el Subdirector de PEP, Sergio Guaso se publican en nuestra edición que ya circula en locales cerrados como Sanborn´s. No se la pierda.
