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Todos los días nos escandalizamos por los niveles de violencia y muertes vinculadas a la lucha contra el crimen organizado. Pero igualmente escandalosa resulta la violencia doméstica contra mujeres, que en México está a la orden del día y que tiene poco o nada que ver con la participación de mujeres en actividades ilícitas. Por ejemplo, UNIFEM revela que en Chihuahua el 66% de los feminicidios son cometidos por esposos, novios u otros familiares.
¿Por qué nos debe preocupar como sociedad lo que en lo individual viven las mujeres? Por principio de cuentas, la violencia en una sociedad es inaceptable. Pero en la realidad la violencia doméstica contra mujeres es más común de lo que imaginamos o de lo que estamos dispuestos a reconocer como sociedad. La violencia doméstica sucede en todos los estratos sociales, sin importar raza, religión o edad, y es más frecuente en zonas urbanas que en rurales. Sus efectos son devastadores; destruye personas, familias y comunidades; acaba con opciones de vida personal y profesional; inhibe el crecimiento económico y el desarrollo así como el bienestar de las familias; cancela oportunidades laborales, de consumo, de producción, de creación.
La violencia doméstica es una realidad pero de ella se habla poco; los medios la cubren como incidentes aislados. Como sociedad la rechazamos pero al mismo tiempo la consideramos como un tema personal -en eso no hay que meterse-. En México se han implementado políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres. En febrero de 2007 el Presidente Calderón promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pero su impacto aún es incipiente. Las sanciones por actos de violencia doméstica contra las mujeres nos reflejan la poca importancia que le hemos dado a este tema: las penas van de 6 meses a 6 años de prisión por este tipo de actos. Y conociendo la forma en la que opera el sistema judicial mexicano es de esperar que las víctimas nunca vean a sus agresores castigados por tan deleznables actos. O sea, la violencia doméstica contra las mujeres se mantiene igualmente impune que el resto de los delitos en México.
La aprobación que la Asamblea Legislativa del DF realizó a las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del DF el 24 de febrero pasado es una medida en la dirección correcta. Estas reformas obligan a los Agentes del Ministerio Público y a los Jueces a otorgar medidas efectivas de protección a las mujeres que han sido víctima de algún tipo de violencia. Asimismo reconocen dentro del delito de violencia familiar diversas clasificaciones, reconocidas internacionalmente, como la física, psico-emocional, patrimonial, sexual, económica, o contra los derechos reproductivos. Con estas reformas se incrementan las sanciones; la pena mínima ahora será de un año de prisión con la posibilidad de llegar hasta 6 años.
Las reformas se orientan a atacar una de las razones por las que la violencia doméstica no cesa: la falta de consecuencias y la impunidad prevaleciente. Su principal contribución está en que los delitos cometidos en contra de las mujeres se busca sean efectivamente castigados. Las reformas obligan al Ministerio Público a detener hasta por un máximo de 48 horas a los golpeadores sin posibilidad de obtener libertad condicional.
La ALDF le ha otorgado a las mujeres víctimas de violencia doméstica el derecho a la desocupación inmediata del domicilio conyugal al golpeador; la prohibición de que el agresor se acerque a su víctima; la entrega inmediata de los objetos de uso personal y documentos de identificación de la mujer y la prohibición al agresor de comunicarse, por cualquier medio, con su víctima o testigos de ella. La violación a estas medidas se considerará delito de desobediencia judicial que se sanciona con uno a cinco años de prisión.
Estas reformas no sólo tienen el potencial de contribuir a mitigar este tipo de violencia. Un efecto positivo colateral está en los aspectos económicos positivos para las mujeres, sus familias y sus comunidades. En efecto, aunque podría no parecer evidente, la violencia de género tiene efectos muy perniciosos sobre el mercado y las oportunidades de crecimiento, reduce la productividad en el empleo de la víctima e incrementa su ausentismo lo que se traduce en menores ingresos. A nivel macroeconómico ésta implica desviación de recursos hacia gastos que, en otras circunstancias, no tendrían por qué hacerse; menor ahorro y menores niveles de inversión. Se calcula, por ejemplo, que la violencia doméstica en EE.UU. cuesta alrededor de 5,800 millones de dólares anualmente por concepto de ausencias de trabajo y costos médicos, entre otros. En Canadá se estima un costo de 1,160 millones de dólares canadienses.
Las mujeres constituyen un componente fundamental de la economía por lo que la violencia en contra de ellas tiene un impacto económico directo. En México más de la mitad de la población (53%) está representada por mujeres; 4 de cada 10 participan en la actividad económica; 65% de las que trabaja recibe una remuneración y como consumidoras deciden hasta 80% de las compras domésticas. Además de que las mujeres mexicanas enfrentan condiciones adversas para desarrollar su potencial económico, a ello hay que agregarle que, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, las mujeres casadas o unidas que participan en el mercado de trabajo enfrentan mayores incidentes de violencia (44%) que las mujeres que se dedican al hogar (38%). La violencia doméstica también afecta los niveles de autoestima lo que inhibe sus posibilidades de participar en la economía, de desarrollarse en el mercado laboral o de establecer su propia empresa; estas reformas podrían también tener un impacto positivo sobre la economía. En suma, la violencia doméstica es un inhibidor del crecimiento.
Como sociedad, tenemos una deuda pendiente con las mujeres en una diversidad de áreas, y la violencia doméstica ocupa un lugar prioritario en la agenda de equidad de género. El Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo reconoce que “la igualdad de género es indispensable para alcanzar el desarrollo económico, social y humano de cualquier país.” En este sentido, las políticas orientadas a atacar y eliminar la violencia doméstica son una forma de apoyar el desarrollo con equidad de género en México.
Aunque aplaudimos la aprobación de las reformas que hizo la ALDF en este tema, sabemos que sólo son un paso para combatir de manera más efectiva la violencia doméstica en contra de las mujeres. Nos corresponde como sociedad presionar para que el Poder Judicial haga cumplir las leyes y denunciarlas cuando no suceda. Igualmente nos corresponde velar porque las mujeres desarrollen su potencial en el mercado. Está en nuestras manos el reconocer este problema que va mucho más allá de la vida personal de cada mujer; su impacto negativo sobre la sociedad; sobre sus posibilidades de crecimiento y desarrollo; sobre su potencial creativo hacen de este tema un asunto de todos y todas.
*Directora de la consultoría LMMConsulting, Profesora del CIDE y Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI)
¿Qué se aprobó?
El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad las reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales del Distrito Federal, por lo que cualquier persona que golpee a una mujer será detenido hasta por 48 horas y el Ministerio Público no le otorgará la libertad provisional ni derecho a pagar una multa.
Con el objetivo de garantizar seguridad a las mujeres víctimas de violencia familiar, los legisladores armonizaron dichos ordenamientos con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propuesto por las legisladoras Alejandra Barrales y Beatriz Rojas.
Durante el periodo extraordinario de sesiones, los legisladores con 39 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones avalaron estas reformas legales y determinaron reconocer dentro del delito de violencia familiar en el Código Penal las diversas clasificaciones reconocidas internacionalmente como la violencia física, psicoemocional, patrimonial, sexual, económica y contra los derechos reproductivos.
Por esta razón, aumentaron la pena del delito de violencia familiar, que antes era de seis meses a seis años, ahora será de uno a seis años de prisión. El Ministerio Público estará obligado a detener hasta por un máximo de 48 horas a los golpeadores, a quienes se les negará el beneficio de la libertad condicional.
Al presentar el dictamen, la legisladora Beatriz Rojas, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, aplaudió el esfuerzo para armonizar las leyes y combatir las diversas formas de violencia y eliminar la discriminación.
Se tomaron medidas para abolir leyes o modificar prácticas jurídicas que respaldan y toleran la violencia.
Con estas modificaciones las víctimas podrán tener acceso a la reparación del daño, el derecho de protección que va desde la desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor, prohibición para acercarse a la víctima, entrega inmediata de documentos y objetos personales, prohibición a los responsables de comunicarse con la víctima o con los testigos.
La legisladora Alejandra Barrales, promoverte de esta iniciativa contra los golpeadores, destacó que el año pasado se presentaron 4 mil 516 denuncias de mujeres que fueron agredidas, de las cuales sólo dos prosperaron en el ámbito penal. (Información tomada de la página de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal http://www.aldf.gob.mx)
