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En medio de la vorágine de aumentos a los precios de los combustibles que su gobierno ha impuesto en las últimas semanas en detrimento de la mayoría de la población, la administración de Felipe Calderón, a través de la Comisión Reguladora de Energía, emitió una resolución para que los industriales del gas licuado de petróleo operen las terminales y sistemas de transporte y distribución por ducto de Petróleos Mexicanos, medida que, advierten los especialistas, acelera la privatización de los energéticos
El pasado 26 de octubre, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió la Resolución 250/2009, publicada dos semanas después en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que “regula” la “prestación del servicio de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en condiciones no discriminatorias, mediante el acceso abierto a los sistemas respectivos que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución de dicho producto”.
Con ésta, el organismo que encabeza Francisco Javier Salazar Díez de Sollano “autoriza” a las compañías privadas el usufructo de las terminales de almacenamiento y ductos de GLP, que en su mayoría son propiedad de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB). Se trata de un esquema que vino cuajando desde el sexenio pasado, impulsado por el actual presidente, Felipe Calderón, a su paso como secretario de Energía (2003-2004), cuando en la Secretaría de Energía (Sener) se concibió que los consorcios gaseros usufructuarían no sólo las redes de ductos en las que ellos invertirían (autorizadas mediante las modificaciones al Reglamento de Gas Licuado de Petróleo en 1999), sino los de Petróleos Mexicanos (Pemex), aun cuando éstos son consideradas áreas de seguridad nacional. Hoy el esquema parece consolidarse mediante la resolución de la CRE.
Área medular para el manejo de los energéticos –que según el artículo 27 de la Constitución es potestad del Estado–, son las terminales, ductos, oleoductos y gasoductos, sistemas de transporte y distribución en los cuales, durante más de 50 años, Pemex ha invertido millones de pesos en su infraestructura, mantenimiento y la capacitación del personal operativo. Por ello, para los empresarios del gas, el uso de dicha infraestructura es un beneficio sobradamente lucrativo, el cual, pese a ser anticonstitucional, fue autorizado por la CRE sin que hasta ahora haya pronunciamiento alguno por parte de los directivos de la paraestatal, pese a las implicaciones del asunto.
La disposición gubernamental, que los integrantes del Comité Nacional de Estudios de la Energía califican como privatizadora y violatoria de la Constitución, vino acompañada de una reestructuración en PGPB que arrancó el pasado 4 de enero, que incluye los despidos en casi todos los centros de trabajo y la destitución del director general, Roberto Ramírez Soberón. El 4 de enero, Calderón oficializó la destitución del funcionario a quien en 2007, recién llegado a la Presidencia, le encomendó preparar la entrega de los ductos a los privados (Fortuna, 84). En su lugar, colocó a Jordy Herrera Flores, su hombre de confianza desde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y quien fuera, precisamente, uno de sus asesores y enlace en la Sener con los empresarios del gas, reveló uno de estos empresarios en entrevista.
Los sistemas de almacenamiento de GLP, mediante planta de depósito y planta de suministro, y de distribución por ducto, son la columna vertebral para la comercialización del energético. El “acceso abierto” a dichos sistemas, asegura la CRE, “contribuirá al logro de un suministro más competitivo para los usuarios del gas licuado de petróleo”. El asunto, sin duda, es de primer orden para el país, pues se trata del principal combustible que se utiliza en los hogares.
De acuerdo con cifras de la Sener, cuatro de cada cinco familias en México usa GLP para la cocción de sus alimentos, además del uso en las áreas de servicios, industrial y el transporte; lo que coloca al país como uno de los principales consumidores a nivel mundial, además de ser productor.
Pero, al parecer, la medida calderonista está muy lejos de beneficiar a los consumidores: poco después de que la CRE “abrió” la infraestructura de almacenamiento y distribución de GLP, el precio del combustible fue uno de los primeros que registró incrementos entrado el año, y continuará subiendo, según estimaciones del Banco de México.
La infraestructura
En respuesta a la publicación de la resolución 250/2009, el representante de la Cámara Regional del Gas, que integra a distribuidores de GLP de diversos estados, Cuauhtémoc Cárdenas Blancarte, denunció que la disposición de la CRE, además de anticonstitucional, está encaminada a “entregar el patrimonio de Pemex a la iniciativa privada nacional y extranjera”.
Luego, el presidente regulador, Francisco Javier Salazar, declaró al periódico La Jornada que la Resolución tiene como objetivo “proteger” a Pemex “de cobros abusivos por parte de los propietarios de esas instalaciones”. El propósito, aseguró Salazar, “es garantizar a Pemex que cuando use las terminales, los empresarios no abusen de su condición de monopolio”.
En realidad, la mayor parte de la infraestructura a la que alude la CRE –terminales y ductos– aún es propiedad del Estado. La paraestatal posee 30 de las 31 terminales de suministro (terrestres y marítimas) que operan en el país. En ellas se almacena todo el combustible que se produce en México y el que importa el Estado a través de PMI Comercio Internacional, para su venta de primera mano. Esas terminales están conectadas al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), que también es propiedad de Pemex, el cual tiene una capacidad de transporte de 230 millones de barriles diarios, que, según expresa en un informe interno el hoy exdirector de la subsidiaria, Roberto Ramírez Soberón, “es suficiente” para satisfacer la demanda de GLP en la zonas de influencia por ducto.
Las 30 terminales de suministro actúan como puntos de destino y enlace entre la plataforma productiva de Pemex y la infraestructura de los distribuidores. Desde estas vía ducto y autotanque, el GLP se envía a 946 plantas de distribución propiedad de particulares, donde el combustible se almacena para ser posteriormente despachado en estaciones de servicio para carburación de vehículos, y mediante autotanques (pipas) y recipientes portátiles para todos los demás sectores.
Según cifras oficiales de PGPB, actualmente 12 mil kilómetros, que corresponden al 61 por ciento de la longitud total del SNG, son propiedad de Pemex, distribuidos en 19 entidades federativas; el otro 39 por ciento (3 mil 561 kilómetros) es privado.
La inversión que Pemex ha hecho en el SNG incluye el dotarlo de un sistema Sistema de Control Supervisorio y Adquisición de Datos de 57 estaciones de comunicación vía satélite y 80 estaciones de microondas, el cual permite monitorear en tiempo real cualquier cambio en los parámetros de operación tales como la presión, temperatura, volumen y la calidad del producto; manejar a control remoto 577 válvulas, 15 estaciones de compresión y bombeo de gas, así como la detección de fugas en tiempo real.
La mayor parte de la capacidad del SNG está reservada a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ésta última para el manejo del gas natural. Hasta ahora, la comercialización por parte de terceros sólo se da en puntos aislados del SNG, lo que dará un diametral giro con la resolución de la CRE, que entrará en vigor en febrero próximo.
Según cálculos de la Sener, transportar el GLP vía ducto resulta mucho más barato que cualquier otro medio de transporte, pues el ducto “usualmente opera las 24 horas todos los días, mueve un mayor volumen de combustible y es más seguro”.
Sin invertir un solo peso, los empresarios se beneficiarán de la infraestructura que hace de PGPB la séptima empresa más lucrativa de México. Además, la “apertura” se da en un periodo en que la petrolera destina una considerable partida presupuestal, precisamente, a la ampliación de su sistema de transporte y distribución de GLP. La Prospectiva del mercado de gas licuado de petróleo 2005-2014, elaborada por la Sener, dice que son 4 mil 177 millones de pesos los que la Sener habrá invertido en este rubro en los próximos cuatro años.
El nuevo esquema
En la resolución publicada en el DOF el pasado 17 de noviembre, la CRE se asume como el ente que decidirá qué empresas tendrán acceso a la infraestructura de PGPB, mediante contratos que otorgará a su libre albedrío bajo los siguientes términos:
“I. La utilización de los servicios de almacenamiento estará limitada a la capacidad disponible de la planta de almacenamiento de que se trate.
“II. La capacidad disponible se entenderá como aquélla que pueda ser utilizada bajo condiciones normales de operación, que sean a su vez seguras y continuas.
“III. Los permisionarios o solicitantes de permiso presentarán a la Comisión y a la Comisión Federal de Competencia su propuesta de asignación de capacidad para la planta de que se trate. La propuesta especificará el porcentaje de capacidad que se pretenda reservar a través de contratos con usuarios, así como el plazo para ello, y aquella capacidad que se ofrecerá bajo un esquema volumétrico sin reserva de capacidad. En su caso, la Comisión aprobará la propuesta de partición de la planta para efectos de servicio, entre capacidad y volumétrico, considerando la opinión que al efecto emita la Comisión Federal de Competencia en virtud de las condiciones de competencia efectiva y libre concurrencia en el mercado relevante”.
La utilización de los servicios de almacenamiento, dice la CRE, será mediante la celebración del contrato respectivo expedido por el regulador. Por su parte, los titulares de los permisos de almacenamiento “estarán obligados a permitir la interconexión de otros permisionarios a su sistema”. Dichas interconexiones se acordarán mediante un “contrato de interconexión”, además de que los titulares de los permisos de almacenamiento podrán convenir con sus usuarios la ampliación o extensión de sus sistemas. Los contratos que se estipulen en la modalidad de almacenamiento, estipula el regulador, no podrán ser objeto de suspensión.
De acuerdo con los plazos establecidos en la Resolución, actualmente la CRE está en fase de recibir de los titulares de los permisos de almacenamiento y los solicitantes de dichos permisos sus propuestas de las tarifas de transporte y distribución de GLP por medio de ducto.
Los titulares de los permisos de almacenamiento de GLP, mediante planta de depósito y mediante planta de suministro, tienen de plazo hasta febrero próximo para que “presenten a la Comisión Reguladora de Energía, para su aprobación, una propuesta de Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios”.
Alfonso Hickman, asesor del Senado de la República en temas energéticos e integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, explica a Fortuna que “con la resolución inconstitucional de la CRE, que indudablemente es privatizadora, se avanza en la creación de un mercado abierto supuestamente “regulado” con las partes que se le quitan a Pemex en materia de transporte, almacenamiento y distribución de gas, así como la sustracción de etapas de ese proceso en combustóleo, petroquímicos básicos y biocombustibles nacionales o importados, por la vía del artificio de “venta de primera mano”.
Pero las implicaciones del nuevo esquema no sólo serían de carácter legal, sino una cuestión de seguridad. Un subdirector de PGPB que pide el anonimato por temor a represalias explica que todas las instalaciones de GLP son consideradas como estratégicas para la industria y en ellas “se extrema el asunto de la seguridad física”, por lo que “Pemex Gas tiene especialistas en el manejo del gas licuado, ya que su manejo es mucho más peligroso que el gas natural; pero al permitir el acceso de personal ajeno a las instalaciones petroleras activas, y si las áreas no están delimitadas, se pone en grave riesgo de que ocurra algún siniestro”.
El funcionario detalla que la Resolución de la CRE hará que “gradualmente el personal de Pemex Gas deje de tener acceso a las estaciones de servicio, es decir, para ‘satisfacer las necesidades del cliente’, como dispone la Comisión Reguladora. El particular podrá operar y mantener toda la instalación para satisfacer sus propias necesidades con los riesgos y consecuencias que, claro, deberá asumir Pemex Gas, lo que significa que si provoca algún siniestro por alguna mala operación, Pemex debe intervenir para su reparación, contención, etcétera, como ha ocurrido con el gas natural, que también por disposición oficial de la Comisión Reguladora, se opera bajo ese esquema”.
Alfonso Hickman, especialista en ductos por parte del Comité Nacional de Estudios de la Energía, dice que la disposición de la CRE podría sufrir un revés si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamina como inconstitucional el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, controversia promovida por la Cámara de Diputados el año pasado y que aún está en revisión.
Paralelo a la cesión de sus terminales y ductos para la “interconexión” con las compañías privadas, dentro de sus proyectos prioritarios, PGPB contratará el servicio de almacenamiento y transporte en la región Golfo-Altiplano, el servicio de almacenamiento en la terminal Tuxpan II, y en la Nueva Terminal de Distribución de GLP en La Paz, Jalisco; así como el servicio de transporte por ducto del Ducto Manzanillo-La Paz, Jalisco; todos ellos, proyectos privados que aun antes de construirse, ya tenían a la paraestatal como cliente principal.
Fortuna solicitó entrevistas con el titular de PGPB, Jordy Herrera, y con el presidente de la CRE, Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, para que expliquen las implicaciones que la “apertura” de la infraestructura de PGPB tiene para las finanzas públicas y las funciones que tendrá PGPB con las nuevas disposiciones. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
