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El Inegi desembolsa más de 68 millones de pesos en equipos Palm y en el pago a trabajadores eventuales, contratados injustificadamente, para levantar el Censo Agropecuario 2007. El monto podría significar un daño al erario, indica la Auditoría Superior de la Federación. La empresa beneficiada es Telecomunicaciones Modernas, a la que el órgano fiscalizador recomienda auditar fiscalmente.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) gasta injustificadamente más de 68 millones de pesos en la aplicación del VIII Censo Agropecuario. Durante la administración de Gilberto Calvillo Vives se compraron más de 31 mil equipos Palm y se pagaron salarios a más de 1 mil 700 personas, mismos que no fueron justificados y contravinieron la política de “austeridad” de la administración pública, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La “falta de presupuesto” fue el argumento de Calvillo Vives para no actualizar las estadísticas del sector más pobre del país en 2006.
Ese mismo año, legisladores y líderes de organizaciones campesinas se inconformaron públicamente, pues desde 2001 se esperaba la aplicación de este conteo. Con las cifras actualizadas se permitiría reorientar la política de Estado en torno a los programas del gobierno federal que atienden al campo mexicano.
El Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 indica que el Inegi erogó de manera injustificada 68 millones 829 mil 100 pesos: 49 millones 293 mil 900 pesos corresponden a la compra de 31 mil 753 equipos Palm y 19 millones 535 mil pesos al pago de sueldos para 1 mil 734 trabajadores eventuales, de los que no se encontró evidencia de la función desarrollada.
Del informe desarrollado por la ASF se destaca la empresa del bajío Telecomunicaciones Modernas –con domicilio fiscal en Aguascalientes–, que obtuvo 109 millones 845 mil 800 pesos, derivados del contrato de compraventa de equipos de cómputo móvil PDA, marca Palm, con folio INEGICA- 03/2007. Esta misma compañía podría haber reportado un ejercicio menor al adjudicado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que la ASF recomendó sea auditada.
Las invitaciones del Inegi
De los más de 100 millones de pesos asignados a Telecomunicaciones Modernas, 25 millones 780 mil 300 pesos (una cuarta parte) correspondieron a la adquisición de 14 mil 678 equipos Palm con características que no eran indispensables para levantar el VIII Censo Agropecuario, indica la ASF.
Compranet –sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, que depende de la Secretaría de la Función Pública– informa que Telecomunicaciones Modernas ha obtenido 137 millones 143 mil 271 pesos, mediante 18 invitaciones directas del Inegi, y nueve contratos más a través del proceso de adjudicación directa. De estos últimos, participó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Aguascalientes.
Los datos de Compranet indican que en años previos al contrato de más de 100 millones de pesos, la compañía facturó cifras menores a los 10 millones de pesos. En 2002, por el mismo proceso de invitación, obtuvo 333 mil 620 pesos; otros 2 millones 281 mil 652 pesos en 2004 y 5 millones 454 mil 760 pesos más en 2006.
No fue sino hasta 2007 que la empresa que dirige Enrique Mancilla Leal elevó sus ganancias a 118 millones 207 mil 24 pesos como proveedor del Inegi.
El mismo sistema electrónico registra tres nuevos contratos, por un total de 8 millones 870 mil 290 pesos, firmados en 2008.
Telecomunicaciones Modernas también ganó 1 millón 995 mil 882 pesos en cuatro años fiscales distintos (2002, 2004, 2006 y 2008). Mediante el proceso de adjudicación directa obtuvo 341 mil 674 pesos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Aguascalientes, y 7 mil 82 pesos del ISSSTE. El resto, 1 millón 647 mil 476 pesos, fue entregado por la administración de Gilberto Calvillo Vives.
Ante diversas inconsistencias detectadas en la operación de esta empresa, la ASF recomendó que el SAT instruya a quien corresponda para que audite a la compañía, “a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se considera que no es razonable la utilidad fiscal reportada para efectos del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal de 2007…” Se solicitó la versión de los representantes de la empresa Telecomunicaciones Modernas a través de su gerente general Beatriz Romero, sin que se haya obtenido respuesta al cierre de esta edición.
Innovación rompe austeridad
Según el informe de la ASF, la Direc ción General de Innovación y Tecnologías de la Información (DGITI) del Inegi fue la encargada de determinar la compra –por más de 25 millones de pesos– de 14 mil 878 equipos de características propias de los llamados Smartphone o teléfonos inteligentes.
Entre las características que requería el área de innovación del instituto se encuentran las de: teclado interconstruido, batería adicional, y procesador Intel 312, entre otras. La DGITI no pudo comprobar a la ASF que las características del equipo fueran indispensables para el levantamiento del Censo Agropecuario.
Ante ello, el máximo órgano de fiscalización señaló que las adquisiciones del Inegi contravienen los Lineamientos Específicos para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, que señalan: “Las dependencias y entidades deberán abstenerse de comprar TIC (tecnologías de la información y la comunicación).
“No obstante lo anterior, se podrá realizar la adquisición de TIC en los siguientes casos en que: por la naturaleza de los requerimientos se justifique que es inoperante o más oneroso realizar contrataciones consolidadas de servicios de cómputo; se trate de seguridad pública o nacional; el suministro de bienes se realice fuera del país; sean proyectos de interés nacional de corto plazo sin comprometer recursos de ejercicios fiscales subsecuentes, o resulte necesaria la adquisición de refacciones, adecuaciones o actualizaciones para el equipo ya existente, entre otros”.
Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional, dice que el Censo Agropecuario nos da “información fresca de la situación del cam po, que nos servirá como herramienta de planificación importante. El gobierno federal se había negado a realizarlo, aunque se programaron recursos cuantiosos en la administración de Vicente Fox”.
El diputado priista justifica el gasto en tecnología porque dice que la forma de captar información actualmente varía de cómo se hacía hace 10 años. Se tiene que utilizar la tecnología moderna para hacer más eficaz el proceso de información. Son equipos necesarios.
Significan herramientas que aceleran el proceso de conteo”.
Palm en demasía
Otros 1 mil 857 equipos Palm –del mismo contrato con Telecomunicaciones Modernas, INEGI-CA-03/2007–, significaron un gasto de 13 millones 7 mil 200 pesos. Los productos fueron comprados en “demasía”, según registra la ASF.
El informe indica que la Dirección General de Estadísticas Económicas del Inegi se encargó de solicitar la compra de 16 mil 535 equipos, de los que 14 mil 678 fueron asignados a entrevistadores, y 1 mil 857 a personas “distintas” a los entrevistadores.
Los equipos, justificó el Inegi, fueron asignados para “reserva” en caso de posibles contingencias.
Con el pretexto de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Inegi realizaban estadísticas al mismo tiempo –el Padrón de Productores de Caña de Azúcar y el Censo Agropecuario 2007, respectivamente–, el convenio con Telecomunicaciones Modernas fue modificado. A los 100 millones 709 mil 724 pesos que estaban comprometidos en un principio le fueron aumentados otros 9 millones 136 mil 50 pesos.
Tras dicha modificación, el 10 de septiembre de 2007 fueron adquiridas 1 mil 500 computadoras de mano PDA (personal digital assistant).
La ASF registró que el “equipo era requerido para atender el incremento de la carga de trabajo y la reducción de productividad diaria por entrevistador en 15 entidades donde se atendería simultáneamente el Censo Agropecuario 2007 y el Padrón de Productores de Caña de Azúcar”.
No obstante, el Inegi “no pudo acreditar que el censo cañero se aplicara a través de equipos PDA como originalmente se tenía planeado”, indica la ASF. Esta acción también se opone a las medidas de austeridad.
Empleados fantasma
De las observaciones realizadas por el máximo órgano de fiscalización se desprende la contratación de 1 mil 708 entrevistadores, por un importe de 18 millones 961 mil 500 pesos. La ASF “no encontró evidencia del trabajo que desarrollaron (entrevistas aplicadas electrónicamente), lo que constituye la falta de documentación justificativa del gasto”.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica en su artículo primero: “Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”. El Inegi, indica el informe, contravino dicha ley, por lo que se presume un daño al erario mayor a los 18 millones de pesos.
De los recursos asignados al Censo Agropecuario se contrataron a otras 26 personas como auditores, quienes apoyarían al Órgano Interno de Control en el Inegi. Los recursos destinados a sus retribuciones ascendieron a 573 mil 500 pesos.
No obstante, la ASF dictaminó que “dentro de las funciones y atribuciones del referido órgano no se tenía comprendida la citada actividad, ya que al estar jerárquicamente subordinado a la Secretaría de la Función Pública, no estaba dentro del ámbito de su competencia el participar en las actividades sustantivas del Inegi, así mismo no proporcionó evidencia de los trabajos desarrollados ni de los resultados obtenidos de las actividades en comento”.
Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, dice que “hay una característica de descuido y opacidad en el manejo de los recursos públicos”.
El Censo Agropecuario es muy importante, explica, “porque desde 1991 no se tenían las estadísticas exactas de este sector. El campo ha sido prescindible para los gobiernos neoliberales desde 1982 a la fecha, y sólo por la presión de las organizaciones y los diputados fue que se presupuestaron recursos para llevarlo a cabo. Al gobierno no le interesaba aplicarlo, se le impuso desde la Cámara de Diputados”.
Se solicitó conocer la versión del Inegi –ahora dirigido por Eduardo Sojo– respecto de las observaciones hechas por la ASF a través de la directora de Comunicación Social, Martha Cabrera. La funcionaria comentó que el asunto está en revisión y se elaboraría una respuesta, pero al cierre de esta edición la ficha informativa no fue proporcionada.
