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La ASF solicita al SAT auditar las 18 aerolíneas que operaron durante 2007; ello al observar supuestas irregularidades fiscales en la recaudación por los servicios que les prestó la SCT. A juicio de la ASF, la corresponsabilidad alcanzaría al mismo SAT, por lo que también pidió al OIC investigar a los funcionarios responsables.
Entre 2007 y 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) suspendió las concesiones a las compañías Aerocalifornia, Jett Paquetería, Avolar Aerolíneas, Líneas Aéreas Azteca, Aerolínea Nova Air y Aerolíneas Mesoamericanas (que operaba con el nombre comercial Alma), por deficiencias en sus sistemas de seguridad y adeudos fiscales. La mayoría dejó de pagar su “uso del espacio aéreo” prácticamente desde los primeros meses en que entró al mercado, es decir, en 2005, lo que por ley impedía la operación. Sin embargo, la suspensión se aplicó hasta que casi todas se vieron envueltas en accidentes.
Pero no sólo esas firmas operaron con supuestas irregularidades fiscales, sino las 18 concesionarias autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante 2007: Aerolitoral, Aerovías de México, Compañía Mexicana de Aviación, Consorcio Aviaxa, Jett Paquetería, Grupo Aéreo Monterrey, Transportes Aeromar, Líneas Aéreas Azteca, Estafeta Carga Aérea, Aero Transporte de Carga Unión, Avolar Aerolíneas, Vuela Compañía de Aviación, ABC Aerolíneas, Aerolíneas Mesoamericanas, Aerovías Caribe, Aerotransportes Más de Carga, Aeroenlaces Nacionales, Aerocalifornia.
Esto lo revela la auditoría especial que en diciembre pasado realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hecha pública en marzo pasado, en la cual determinó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá auditar a todas éstas.
El rezago fiscal no sólo sería responsabilidad de las compañías, sino de los funcionarios del SAT que no atendieron las peticiones de la SCT, la cual, a través de su unidad jurídica, les solicitó intervenir a fin de que las empresas regularizaran su situación o, bien, que la SCT les suspendiera parcialmente o cancelara las concesiones. Por ello, la ASF determinó que funcionarios del SAT habrían incurrido en supuestas irregularidades en su desempeño y pidió la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) para abrir las investigaciones y, en su caso, fincar responsabilidades.
Los adeudos
Las aerolíneas que prestan el servicio de transporte público regular deben, mensualmente, pagar sus derechos por el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), área adscrita a la SCT. El pago se cuantifica por cada kilómetro volado, según la envergadura de la aeronave o como cuota única mensual por cada nave según su tamaño; para recepcionarlo la Administración General de Recauda ción, la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información y Seneam, dependientes del SAT, de la Secretaría de la Función Pública y de la SCT, respectivamente, instalaron el proyecto “E5cinco”, que consiste en el procesamiento por medio de internet de los pagos electrónicos de derechos, de productos y aprovechamientos.
La primera irregularidad detectada por la ASF fue que el Seneam eximió a Jett Paquetería del pago de sus derechos por uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, aunque dicha compañía prestó servicio durante ese año fiscal.
De las 17 aerolíneas “que Seneam consideró que debían hacer el pago”, sólo cinco pagaron a tiempo y ocho excedieron el plazo en más de una ocasión.
Las morosas fueron Aerovías de México, Concesionaria Vuela (Volaris), Grupo Aéreo Monterrey (Magnicharters), Aero Transporte de Carga Unión, ABC Aerolíneas (operadora de Interjet), Aerolíneas Mesoamericanas, Aerotransportes Más de Carga y Aeroenlaces Nacionales. Aunque a todas se les impusieron multas, sólo la mitad de ellas cubrió los adeudos, el resto no pagó ni los derechos ni los recargos. El desglose es el siguiente: Consorcio Aviaxa pagó los derechos de enero a mayo de 2007 por 69 millones de pesos, de los cuales 68 millones 468 mil pesos eran por derechos y 77 mil pesos por recargos. De junio a diciembre la aerolínea no hizo pago alguno; no obstante, continuó utilizando el espacio aéreo. En ese periodo acumuló un adeudo de 89 millones 183 mil pesos.
Otra de las deudoras fue Avolar, que entre enero y diciembre de ese año acumuló 72 millones 312 mil pesos, y Aerocalifornia, 79 millones 835 mil pesos. Mientras, Líneas Aéreas Azteca tuvo un adeudo de 11 millones de pesos, correspondientes a los periodos de enero a marzo de 2007, ya que entre abril y diciembre no hizo operación alguna debido a la suspensión temporal de sus servicios por cuestiones de seguridad.
Las omisiones del SAT
Durante 2007, por medio de 34 oficios el Seneam comunicó al SAT que Consorcio Aviaxa, Avolar Aerolíneas, Aerocalifornia y Líneas Aéreas Azteca se negaban a pagar el derecho de uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo. Desde los primeros atrasos, según la Ley Federal de Derechos, la SCT, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, debió haberles suspendido el uso del espacio aéreo.
Ante la ASF, la SCT acreditó que el SAT no le remitió la información relativa al requerimiento de pago de los derechos, según la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007. Por ello, la ASF determinó que al no informar a la SCT del requerimiento de dicho impuesto, el SAT incumplió con las reglas de la Miscelánea Fiscal.
En cambio, desde septiembre de 2007, en oficios emitidos mes con mes hasta marzo de 2008, comunicó al SAT los adeudos de Aviaxa; desde abril de 2007 y en oficios remitidos hasta febrero de 2008, los de Avolar; en oficios emitidos desde abril de 2007 y hasta marzo de 2008, los de Aerocalifornia; y desde el mes de abril hasta el mes de junio, los adeudos de Líneas Aéreas Azteca.
En agosto de 2008, el jefe de la Unidad de Política de Ingresos de Hacienda, Juan Manuel Pérez Porrúa, informó que hasta ese mes, 570 millones de pesos habían ingresado a las arcas públicas de los adeudos de las líneas aéreas.
Pero en diciembre de ese año, cuando la ASF auditó la cuenta pública 2007, no se encontró prueba documental de varios de los pagos que supuestamente Aviaxa, Avolar y Aerocalifornia habían realizado; incluso se detectó que varias de las aerolíneas tampoco habían pagado durante 2008. Por ello, determinó que el SAT debe aclarar el destino de 253 millones de pesos de los supuestos pagos y que el brazo de Hacienda deberá auditar a las cuatro aerolíneas.
Al determinar supuestas irregularidades de funcionarios del SAT, el OIC pidió investigar y, en su caso, fincar responsabilidades administrativas sancionatorias a los funcionarios del SAT “que no informaron a la SCT el requerimiento del pago del derecho por parte de cuatro aerolíneas”, ya que las concesiones debían ser suspendidas y en su caso rescindidas desde que dejaron de pagar su uso del espacio aéreo.
En el caso de las compañías que pagaron el impuesto, la ASF detectó un faltante de 6 millones 121 mil pesos, por ello solicitó al SAT auditar a Mexicana de Aviación, Transportes Aeromar, Aerolíneas Mesoamericanas, Aerovías del Caribe, Aerotransportes Carga Unión y Estafeta Carga Aérea.
Dicho monto es adicional al adeudo por 4 millones de pesos que arrastraba Estafeta, la cual no pagó el citado impuesto en tanto se resolvían dos juicios de amparo (1021/2006-II y 1207/2006/VII), que se resolvieron el 8 de agosto de 2007 y el 26 de febrero de 2008, respectivamente, en contra de la compañía de mensajería y paquetería.
Auditoría a Jett Paquetería
El 5 de julio de 2007, el avión Jet Sabreliner 1 matrícula XATFL, de la empresa Jett Paquetería, SA de CV, se salió de la pista al intentar despegar del Aeropuerto Internacional de Culiacán, en Sinaloa.
Se impactó en un cercado perimetral, se subió a la carretera Culiacán-Navolato, chocó con tres vehículos, entre ellos una Hummer militar, y se estrelló en un taller mecánico a 50 metros del aeropuerto. El saldo fue de 10 personas muertas. Según documentó el periódico El Debate, de Culiacán, la empresa estaba involucrada en 11 accidentes en seis estados.
El 6 de julio, la Dirección General de Aeronáutica Civil declaró la suspensión temporal de la línea aérea, al amparo de la concesión TAN-OR-JPQ, para prestar servicio de transporte público regular de carga y correo.
En su auditoría, la ASF detectó que de forma irregular el Seneam no le requirió de su obligación de pago de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano a pesar de ser una línea aérea que prestó el servicio de transporte público en el ejercicio fiscal 2007, por lo que pidió al SAT auditar a la compañía que tiene su sede en Laredo, Texas, y oficinas en San Luis Potosí, México.
Opacidad en suministro de combustible
Según la normatividad, ASA debe facturar el suministro de combustible y el cliente debe pagar en los siguientes ocho días a partir de que se factura y a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se le suministró el combustible.
En el caso de las aerolíneas que no tienen contrato firmado con ASA, éstas deben pagar en efectivo cada vez que le suministre el combustible.
A su vez ASA debe enterar el pago a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
En 2007 ASA reportó ante la Tesofe recaudaciones por 15 mil millones de pesos, sin embargo, no precisó cuáles aerolíneas pagaron y cuáles no. Ante la ASF, ASA justificó que no está obligada a llevar un control de pagos por cliente. Empero, el órgano de fiscalización consideró que los funcionarios de ASA incurrieron en supuestas irregularidades a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y pidió al OIC abrir investigaciones al respecto.
La ASF destaca que Líneas Aéreas Azteca tenía facturas sin cubrir por suministro de turbosina desde hacia un año y ASA le siguió suministrando combustible.
En abril de 2007, el organismo demandó a la aerolínea por el adeudo del combustible. En junio el juez cuarto de distrito en materia civil resolvió procedente la demanda y condenó a la aerolínea a pagar el adeudo. Sin embargo, para diciembre de 2008, cuando se auditaron los ingresos, consigna la ASF, no se encontró prueba documental que acreditara que dichos pagos se realizaron.
Al respecto, la ASF determinó que “ASA debe aclarar y proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria” de 6 millones 430 mil pesos por concepto del pago de facturas por suministro de combustible a Líneas Aéreas Azteca.
Incumplimientos ante el IMSS
Para verificar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ASF revisó los registros patronales de las 18 aerolíneas que operaron durante el ejercicio fiscal 2007. Verificó que 17 de ellas registraron a sus trabajadores ante el IMSS, pero Avolar Aerolíneas no registró a ninguno. Por ello, el 5 de diciembre de 2008, la Coordinación de Fiscalización del IMSS solicitó a la Subdelegación Poniente, dependiente de la Delegación San Luis Potosí, una visita domiciliaria a las oficinas de la aerolínea para determinar los movimientos afiliatorios y los créditos fiscales, ya que, se comprobó, ese año la compañía operó con personal subordinado.
De las 17 aerolíneas que registraron a sus trabajadores ante el IMSS, ni Estafeta Carga Aérea ni Jett Paquetería pagaron sus cuotas correspondientes.
Como resultado, el pasado 5 de diciembre la Coordinación de Fiscalización del IMSS pidió a las delegaciones del instituto, donde se ubican las oficinas centrales de cada una de la compañías, realizar visitas domiciliarias para revisar sus movimientos aleatorios y créditos fiscales.
De las 15 aerolíneas que cubrieron sus cuotas patronales, 12 lo hicieron de forma atrasada, en detrimento del artículo 39 de la Ley del Seguro Social. Dichas firmas fueron: Aerocalifornia, Aeroenlaces Nacionales, Aerolíneas Mesoamericanas, Aerolitoral, Aerovías del Caribe, Aerovías de México, Compañía Mexicana de Aviación, Consorcio Aviaxa, Grupo Aereomonterrey, Líneas Aéreas Azteca, Transportes Aeromar, y Vuela Compañía de Aviación.
En diciembre pasado, la Coordinación de Servicios Administrativos y de Mejora Continua de Procesos Recaudatorios notificó a la ASF que Compañía Mexicana de Aviación, Líneas Aéreas Azteca, y Aeroenlaces Nacional tenían adeudos por 1 millón 500 mil pesos. De éstos, 1 millón 476 mil pesos corresponden a Líneas Aéreas Azteca.
Mexicana, privilegiada
Para garantizarse el suministro, abastecimiento y succión de combustible, a cargo de ASA, las aerolíneas están obligadas a dejar fianzas que garanticen el cumplimiento de los contratos que a este respecto suscriben con ASA por periodos anuales.
La ASF detectó que funcionarios de ASA autorizaron a la Compañía Mexicana de Aviación una fianza 30 por ciento menor a la que correspondía, según el suministro para 2007. Mexicana pagó 870 millones cuando la fianza era de 130 millones de pesos.
El órgano de fiscalización dictaminó que la línea aérea infringió la garantía de su contrato, y señaló que ASA debió rescindir el contrato a Mexicana. Por ello, solicitó al OIC abrir en Aeropuerto y Servicios Auxiliares una investigación para determinar la responsabilidad y, en su caso, fincar las responsabilidades a los funcionarios que no rescindieron el contrato de suministro de combustible pese a su incumplimiento.
Dentro de los proveedores del gobierno federal, en el sector de las aerolíneas, Mexicana ha sido la más beneficiada del sexenio de Felipe Calderón, con 22 contratos cuyo monto asciende a 188 millones de pesos. Entre 2007 y 2009, 15 de estos contratos, que suman 53 millones de pesos, se le adjudicaron sin licitación pública.
Pese a sus ganancias, la aerolínea no ha cubierto sus obligaciones patronales.
En octubre de 2007 la Subdelegación del IMSS en Puerto Vallarta, Jalisco, embargó a Mexicana de Aviación por el crédito 078000276, correspondiente al periodo 03-2007, con importe de 1 mil pesos, consistentes en equipo de cómputo.
La aerolínea presentó una demanda de nulidad ante la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, radicada con el número 2612/07-07-01-4. Se suspendió el procedimiento administrativo de ejecución con garantía de embargo.
En noviembre, la Subdelegación Juárez, en Guadalajara, emitió otro mandamiento de embargo a Mexicana de Aviación, por adeudos de 2006 y 2007 que ascendían a 20 mil pesos.
No era la primera vez que la aerolínea presentaba atrasos. En julio de 2007 –según documenta la ASF– la misma Subdelegación del IMSS en Guadalajara emitió otro embargo sobre un vehículo marca Ford, tipo camión, y 10 equipos de cómputo, por adeudos en las cuotas que desde febrero de 2004 registraba la compañía.
Fortuna solicitó entrevistas con los voceros de las aerolíneas, al igual que con los representantes del SAT, ASA y la SCT, para hablar sobre las observaciones hechas por la ASF. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Hace 39 años nació en Estados Unidos la primera aerolínea de bajo costo (ABC) del mundo. De acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, éstas se multiplicaron entre 2001 y 2005, en que surgieron más de 150 líneas aéreas, 100 de ellas en Europa y Asia; el resto en Estados Unidos, Canadá y América Latina.
En México, en julio de 2005, la SCT otorgó las primeras concesiones para este tipo de aerolíneas, con rutas de vuelo nacionales. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) refiere que la entrada de las ABC se cubrió un mercado de consumidores que antaño hacían recorridos por dichas rutas vía terrestre. El auge duró poco. Dos años después vinieron los primeros colapsos de compañías como Líneas Aéreas Azteca, Aladia, Aerocalifornia, Avolar, Alma y Magnicharters, algunas por sanciones de la SCT, otras por decisión propia suspendieron de manera parcial o total sus operaciones.
De 2007 a la fecha, las quejas presentadas ante la Profeco en contra de líneas aéreas han representado, en promedio, el 5 por ciento del total que anualmente recibe la procuraduría. De éstas, las ABC motivan el grueso de las querellas.
En entrevista Martha Carrillo, directora de Conciliación y Programas de la Profeco, explica que en 2007 detonaron las quejas contra el sector aerolíneas.
Con más de 5 mil quejas representaron el 4.2 por ciento. En 2008, con 6 mil quejas, representó el 5 por ciento. Las principales demandadas fueron Aerocalifornia, Alma, Avolar y Magnicharters. Los motivos: deficiencias en la entrega del producto o servicios, cambios, devoluciones o modificación.
Respecto de 2009, hasta el 28 de febrero, la Profeco había acumulado ya 1 mil 3 quejas. Martha Carrillo explica que la mayoría se deriva de incumplimientos en el servicio durante 2008.
De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, en caso de incumplimiento en el servicio, el usuario tiene un año a partir de que se debió otorgar el servicio para interponer una queja ante la Profeco. Así que, actualmente, explica Carrillo, “estamos recibiendo quejas por Aerocalifornia que salió en julio de 2008, por Magnicharters, en junio de ese año, al igual que Avolar; por Alma que salió en noviembre de 2008 y Aladia, en octubre”.
Conciliaciones, medida Insuficiente
Martha señala que en 2008, año que ha registrado mayor número de quejas contra las aerolíneas, el 39 por ciento se resolvió vía conciliación.
“Prácticamente la labor de la procuraduría, en esos casos, es meramente de información y de apoyo a los consumidores sobre alternativas que ellos podrían tener para poder volar. Esperamos que no exista ninguna eventualidad, como el cese que hubo en 2007 y 2008. Si ocurre, la opción de los consumidores es que acudan con nosotros. Estaremos muy atentos por si hay una afectación a los consumidores y brindarles atención. Es importante que sepan que a los usuarios de aerolíneas los protege la Ley de Aviación Civil, la cual establece la indemnización como consumidores”.
En general, los quejosos ante Profeco reportan maltrato, cambios de vuelos, incumplimientos en las devoluciones o bonificaciones, cobros indebidos, deficiencia en los servicios, y, en el caso de las aerolíneas de transporte, extravíos o deterioro en los envíos. (ALP)
