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Jean-Claude Paye* / Red Voltaire
En los países miembros de la antigua Unión Europea, la Europa de los 15, la cuestión de la soberanía externa está resuelta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Generalmente ocupados por el ejército estadunidense y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), estos países transfirieron al Ejecutivo estadunidense sus prerrogativas soberanas (las de hacer la guerra y garantizar su propia defensa). La fase actual de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos está marcada por una especificidad: consiste en el abandono de la soberanía interna de los países miembros de la Europa de los 27. Gracias a una hegemonía del derecho estadunidense en territorio europeo, el Ejecutivo de Estados Unidos ejerce un poder directo sobre los pueblos europeos. A través de numerosos acuerdos, las instituciones de la Unión Europea legitiman esa soberanía. La instauración de una soberanía interna del Ejecutivo estadunidense sobre los países del viejo continente conduce a la formación de una nueva forma de Estado, al establecimiento de una estructura imperial bajo la égida de Estados Unidos. Se trata de una forma de organización estable que difiere grandemente de la situación anterior. En la época en que ese país disponía solamente de la soberanía externa de los países europeos existía aún la posibilidad de un retroceso parcial o más profundo de esa situación sin la intervención de una revolución social, como lo demostró la salida de Francia del comando militar de la OTAN, por decisión de Charles de Gaulle. Un acto de independencia como éste dejará de ser posible si Estados Unidos ejerce un control directo sobre los habitantes del viejo continente.
Un gran mercado transatlántico para 2015
Una resolución del Parlamento Europeo que se adoptó en mayo de 2008 legitima el proyecto de creación de un gran mercado transatlántico para el año 2015 (Parlamento Europeo, “Résolution du parlement européen sur les relations transatlantiques”, B6-0280/2008, 28 de mayo de 2008). Dicha resolución prevé la eliminación de las barreras comerciales, de tipo aduanal, técnico o reglamentario, así como la liberalización de los mercados públicos, de la propiedad intelectual y de las inversiones. El acuerdo prevé una armonización progresiva de las reglamentaciones y, sobre todo, el reconocimiento mutuo de las reglas en vigor a ambos lados del Atlántico. En realidad, el derecho que se aplicará será el derecho estadunidense. De forma paralela a las negociaciones sobre la existencia del gran mercado, se han ido desarrollando discretas discusiones con vista a la creación de un espacio común de control de los pueblos. Un informe secreto, elaborado por expertos de seis Estados miembros, ha establecido un proyecto de creación de un área de cooperación transatlántica en materia de “libertad de seguridad y de justicia”, de aquí a 2014 (“Report of the informel, hight level advisory group on the future european affairs policy future group, freedom, security, privacy. European home affairs in a open world”, junio de 2008, p. 10, párrafo 50). Se trata de reorganizar los asuntos internos y la justicia de los Estados miembros “en correspondencia con las relaciones exteriores de la Unión Europea”, esencialmente en función de las relaciones con Estados Unidos. Más que la entrega de datos personales y la colaboración con los servicios de policía, procedimientos ya ampliamente aplicados, el objetivo de la creación del mencionado espacio consiste en la posibilidad de que, con el tiempo, los ciudadanos de la Unión Europea puedan ser entregados a las autoridades estadunidenses. Hay que recordar que la orden de arresto europea, resultado de la creación de un “espacio de libertad, de seguridad y de justicia” entre los Estados miembros, suprime todas las garantías que ofrecía el procedimiento de extradición. La orden de arresto se basa en el principio del reconocimiento mutuo. Considera como automáticamente conformes a los principios de un estado de derecho todas las disposiciones jurídicas del Estado solicitante. La instauración de ese tipo de cooperación transatlántica conllevaría al reconocimiento del derecho estadunidense por parte de los 27 miembros de la Unión Europea y a la aceptación automática del conjunto de pedidos de extradición estadunidenses presentados a éstos, luego de simples comprobaciones de procedimiento. Pero en Estados Unidos, la Military commissions act of 2006 permite la persecución o el encarcelamiento por tiempo indefinido de toda persona designada como enemigo del Poder Ejecutivo. Esa ley incluye a todos los ciudadanos de cualquier país con el cual Estados Unidos no esté en guerra. Uno puede ser perseguido como “enemigo combatiente ilegal” no porque existan elementos probatorios sino simplemente porque el Poder Ejecutivo lo ha designado como tal. Ningún gobierno extranjero ha refutado esa ley, de alcance internacional.
Gran mercado y control de los pueblos
El paralelismo entre la liberalización del comercio entre ambos continentes y el control estadunidense sobre los pueblos europeos ha existido durante los 13 años de duración del proceso de negociación. En efecto, el 3 de diciembre de 1995 tuvo lugar, durante la Cumbre Estados Unidos-Unión Europea, de Madrid, la firma de la Nueva agenda transatlántica, con vista a la promoción de un gran mercado transatlántico y de un plan de acción común en materia de cooperación policial y judicial. Si bien las negociaciones sobre la cooperación se desarrollaron de forma continua, las discusiones tendientes a la creación de un gran mercado llegaron a un punto en el que se detuvieron. Fueron abandonadas en 1998 y habría que esperar hasta 2005 para que el proyecto se activara de nuevo, mediante una declaración económica adoptada durante la Cumbre Estados Unidos-Unión Europea, en junio de 2005. Los avances registrados con vista a la creación de un mercado transatlántico se deben a la acción de un instituto euro-estadunidense: el Transatlantic Policy Network. Fundada en 1992, esta institución, en la que se reúnen parlamentarios europeos, miembros del Congreso de Estados Unidos y representantes de empresas privadas, llama a la creación de un bloque euro-estadunidense en el plano político, económico y militar. El Transatlantic Policy Network cuenta con el apoyo de numerosos think tanks, como el Aspen Institute, el European-American Business Council, el Council on Foreign Relations, el German Marshall Fund y la Brookings Institution. El apoyo financiero lo garantizan multinacionales estadunidenses y europeas, como Boeing, Ford, Michelin, IBM, Microsoft, Daimler Chrysler, Pechiney, Siemens, BASF, la Deutsche Bank, Bertelsmann… Un elemento importante de este “espacio de libertad, de seguridad y de justicia”, la entrega generalizada de datos personales, ya se está logrando. Un informe interno redactado de forma conjunta por los negociadores del Ministerio de Justicia y del Departamento de Seguridad de la Patria, por el lado estadunidense, y por el Coreper, un grupo de representantes permanentes de la Unión Europea, anuncia un acuerdo en ese sentido para 2009 (Council of the European Union, “Note from presidency to Coreper, final report by EU-US hight level contact group on information sharing and privacy and personal protection”, 9831/08, Bruselas, 28 de mayo de 2008). El objetivo es favorecer la entrega de datos, no sólo los de carácter administrativo y judicial sino también relativos a la “defensa del territorio”. Los negociadores ya se han puesto de acuerdo en cuanto a 12 puntos esenciales. Se trata, en realidad, de la entrega permanente a las autoridades estadunidenses de una serie de informaciones de índole privada, como el número de la tarjeta de crédito, los detalles concernientes a las cuentas bancarias y las inversiones realizadas; los itinerarios de viajes o las conexiones a internet, así como de información individual, como la “raza”, las opiniones políticas, las costumbres personales, la religión… Los estadunidenses justifican sus exigencias como una cuestión económica. Según ellos, este acuerdo es “un gran negocio, porque disminuirá la totalidad de los costos (que implica) para el gobierno de Estados Unidos la obtención de las informaciones de la Unión Europea”. El objetivo no es posibilitar la transmisión de esos datos a las autoridades de Estados Unidos, práctica ya ampliamente aplicada, sino legalizar su entrega al sector privado. Se trata de suprimir todo obstáculo legal que se oponga a la difusión de las informaciones anteriormente mencionadas y de garantizar (para ese proceso) los costos más bajos posibles. Ante todo, hay que garantizar la rentabilidad del mercado.
Supremacía del derecho estadunidense
En lo tocante a la necesidad de establecer un control independiente, los negociadores europeos abandonaron su propia legalidad y aceptaron los criterios estadunidenses. Admiten que el Poder Ejecutivo se vigile a sí mismo, considerando así que el sistema de control interno del gobierno de Estados Unidos ofrece suficientes garantías. Aceptaron que los datos ligados a la “raza”, la religión, las opiniones políticas, la salud y la vida sexual sean utilizados por un gobierno, a condición de que “las leyes domésticas ofrezcan protección adecuada”. Cada gobierno decidiría por sí mismo si respeta o no esa obligación. El proceso que conduce a la instalación de un gran mercado transatlántico es el proceso inverso al de la construcción de la Unión Europea. El mercado común europeo es, en primer lugar, una estructura basada en la liberalización del intercambio de mercancías. El gran mercado transatlántico se basa en la supremacía del derecho estadunidense. Se trata, ante todo, de una construcción política, y se menciona incluso la creación de una asamblea transatlántica. El ejercicio de la soberanía de las autoridades estadunidenses sobre los pueblos europeos y la legitimación de ese poder, por parte de la Unión Europea, son condiciones para la instauración de nuevas relaciones de propiedad y de intercambio: transformar en mercancía los datos personales y liberar ese gran mercado de cualquier límite.
*Sociólogo. Últimas obras publicadas: La fin de l’état de droit (El fin del estado de derecho), La Dispute, 2004; Global war on liberty, Telos Press, 2007.
