Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 7 segundos
La ASF indica que los tribunales agrarios del país sostienen una estructura burocrática que no está aprobada por el reglamento que rige dichas instituciones y que significan más de 2 millones de pesos mensuales en el gasto de la hacienda pública. El magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, se defiende y acusa a Hacienda de no dotar de recursos suficientes a estas instituciones (49 Tuas y un TSA), que reciben en promedio un total de 600 millones de pesos anuales.
Símbolo de la Revolución Mexicana, el reparto agrario permanece inconcluso en los archivos de los tribunales agrarios. Con una infraestructura no reglamentada, los encargados de dictar sentencia a favor de los poseedores de la tierra incumplen con el objetivo de impartir justicia de manera pronta y expedita, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Evaluación de las actividades institucionales de los tribunales agrarios, ordenada por la ASF el 20 de agosto de 2007, señala que el Tribunal Superior Agrario (TSA) –encabezado por Ricardo García Villalobos– y los 49 tribunales unitarios agrarios (Tuas) del país sostienen una estructura burocrática de, por lo menos, 20 unidades administrativas que no se encuentran contempladas en su Manual de organización, indica la Auditoría.
En entrevista con Fortuna, el magistrado presidente del TSA, Ricardo García Villalobos, es contundente: “Si la justicia agraria no funcionara, ya nos hubieran barrido del panorama”. Rechaza las observaciones de la ASF y culpa a las autoridades hacendarias de no dotar a los tribunales agrarios con suficientes recursos para cumplir con el mandato asignado en 1992, de brindar certeza jurídica a los campesinos.
Entre la estructura del órgano judicial agrario, el máximo órgano de fiscalización del país destaca la creación de áreas para ser ocupadas por los secretarios particulares del magistrado presidente, de los magistrados numerarios, del magistrado supernumerario, del secretario general de Acuerdos, del director general de Asuntos Jurídicos; la Coordinación de Asesores; la Coordinación de Enlace Interinstitucional; secretaria privada; dos subdirecciones; 37 departamentos, y 53 unidades administrativas.
Hasta el cierre de la auditoría, ninguna estaba registrada en el Manual de organización, en incumplimiento con el artículo 32 del Reglamento interior de los tribunales agrarios, que señala como obligación de la Oficialía Mayor “formular los anteproyectos de manuales de organización, procedimientos y operación de los tribunales agrarios y someterlos a la consideración del presidente”.
De acuerdo con el registro de funcionarios públicos, en el directorio del TSA, y las claves correspondientes a su remuneración mensual –contenidas en el Portal de Transparencia de la entidad–, los salarios de esta estructura tienen un costo para el erario de 2 millones 267 mil 70 pesos por mes.
El magistrado presidente del TSA, indica la ASF, tiene bajo su mando seis secretarios particulares, cinco de ellos bajo la clave NC2, que significan un cargo al erario de 39 mil 902 pesos cada uno, es decir, 199 mil 510 pesos al mes. Uno más, con la clasificación MA1, quien recibe 47 mil 973 mensuales. Además, una secretaria privada (con la clave NAI), que percibe 25 mil 254 pesos mensuales.
En el mismo directorio se enlistan dos secretarios particulares bajo el mando de los secretarios generales de Acuerdos y de Asuntos Jurídicos. Con la clave NC2, ambos significan a la hacienda pública un desembolso de 79 mil 804 pesos cada mes.
El coordinador de asesores tampoco está contemplado en el Manual de organización que revisó la Auditoría, y bajo la clave LA1 recibe 85 mil 888 pesos mensuales. Asimismo, el coordinador de Enlace Institucional (clave NC2) obtiene 39 mil 902 pesos durante el mismo periodo.
El informe no especifica los nombres de las subdirecciones creadas al margen del Reglamento interior de los tribunales agrarios; no obstante, cada encargado del área gana 32 mil 820 pesos, bajo el rubro NA3, como se observa en el listado oficial. Mensualmente, ambas oficinas representan un gasto de 65 mil 640 pesos.
De los 37 departamentos creados al margen del reglamento, tan sólo por cada jefe de unidad se erogan 22 mil 156 pesos, lo que asciende a un total de 819 mil 661 pesos mensuales. Mientras, a las 53 unidades administrativas son asignados 903 mil 438 pesos, apenas para el pago de los titulares de éstas, que se encuentran bajo la clave OA1.
La defensa
García Villalobos niega que tenga a su disposición media docena de secretarios particulares. Asegura que la estructura burocrática de las instituciones está en orden y conforme al reglamento.
Por el contrario, enfatiza, la desatención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –encabezada por Agustín Carstens Carstens– ha traído como consecuencia que el personal de las áreas jurídica y administrativa esté contratado bajo cargos diferentes a los que desempeña. La Secretaría no ha autorizado los puestos necesarios para su funcionamiento.
“La ASF se ha confundido. Yo le pedí al auditor (Arturo González de Aragón) que me mandara abogados y no contadores. No es lo mismo auditar una estructura administrativa que un tribunal; hay plazas que no corresponden a la función que desempeñan porque Hacienda no autoriza”, dice el exasesor jurídico de la Confederación Nacional Campesina.
“Hemos peleado durante años que cada quien ocupe su función específica. Se tienen puestos asimilados, pero con un sueldo y prestaciones menores. Tengo directores generales que aún no se acercan al cargo que deberían ocupar. Los encargados de Recursos Humanos y Financieros se ocupan como directores adjuntos. El manual está en forma. No es una cuestión del presidente”, explica el también exsubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
García Villalobos contradice los resultados de la evaluación, e indica que desde la creación de los tribunales agrarios, en 1992, todos tienen la misma plantilla. “A veces tenemos que buscar el apoyo de otro tribunal porque se eleva el número de casos por atender. Para hacer funcionar de forma adecuada (a los tribunales agrarios) se necesitan unos 5 millones de pesos por cada uno, pero Hacienda no lo ha aceptado”.
Hay un desdén porque “pensaron que la justicia agraria iba a ser transitoria y cada vez es más problemática. Ha faltado comprensión en lo económico. Para ser rápidos y expeditos, necesitamos que las audiencias sean permanentes, a muy cortos plazos, pero con tan poco personal no se puede”.
Cuando un tribunal rebasa los 1 mil expedientes, expone, quiere decir que ya no va a ser eficiente. “Actualmente tenemos más de 10 Tuas con una cifra superior. En consecuencia, comienza la ineficacia involuntaria”, expone García Villalobos.
Tribunales ineficaces
Según reporta la evaluación de la Auditoría Superior, los tribunales agrarios resolvieron 33 mil 643 conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra en 2006. La Auditoría estima que el costo de cada uno de los asuntos fue de 11 mil 800 pesos, promedio.
No obstante, detectó que en los tribunales unitarios de Saltillo, Coahuila; Oaxaca, Oaxaca, y Guadalajara, Jalisco, entre otros, se utilizaron ineficazmente los recursos públicos. La evaluación indica que se resolvieron casos con 900 pesos, en tanto que otros costaron más de 40 mil pesos, lo que incrementa 450 veces el costo de las operaciones.
En Guadalajara, Cuernavaca, Distrito Federal, Oaxaca, Colima, Mexicali y Saltillo se resolvieron de 200 a 400 asuntos, con un ejercicio presupuestal de 7 millones 546 mil 900 a 10 millones 922 mil 900 pesos. Ello significó una ineficacia en la ejecución del gasto, pues el costo promedio por resolución es de 28 mil pesos, lo que rebasa por 16 mil 200 pesos a la media de los casos solventados.
Los Tuas de Mérida, Ciudad Obregón, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Pachuca, Querétaro y Guanajuato resolvieron de 1 mil a 1 mil 500 asuntos, con un ejercicio de 7 millones 23 mil 100 a 10 millones 860 mil 600 pesos , “lo que indica una mayor eficiencia en el uso de sus recursos”, pues el costo por cada uno es de 6 mil 800 pesos, cifra inferior en 5 mil pesos al promedio de resoluciones emitidas.
La evaluación destaca que en el Tribunal Agrario de Querétaro se resolvieron 1 mil 546 conflictos, con un gasto de 10 millones 860 mil 600 pesos, que genera un costo promedio de 7 mil pesos. El pago más bajo se dio en la subsede de Atotonilco el Alto, Jalisco, con 900 pesos. Mientras, el más elevado fue de 42 mil 700 pesos en el Tua de Saltillo.
Ineficacia procesal
Con un presupuesto de 584 millones 214 mil 900 pesos, la ASF también encontró deficiencias en las operaciones de los Tuas, relacionadas con expedientes que no tienen fecha de inicio, autorización ni firmas de los funcionarios facultados para el ejercicio de la justicia agraria.
La Auditoría registró 177 casos que se llevan mediante ocho procedimientos, operados por la Secretaría General de Acuerdos, las direcciones generales de Asuntos Jurídicos, Recursos Financieros, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Contraloría Interna, Dirección de Informática y el Centro de Estudios de Justicia Agraria Doctor Sergio García Ramírez.
Esta situación incumple la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que otorga atribuciones al TSA para aprobar las disposiciones necesarias para su buen funcionamiento, y al oficial mayor para su elaboración.
De la eficacia del Tribunal Superior Agrario, el informe indica que las cifras cayeron en un 40 por ciento respecto a 2005. Los indicadores del TSA dicen que un año antes de aplicada la auditoría se solucionaron 1 mil 585 casos, de los 1 mil 580 que se habían propuesto como meta.
Al siguiente ejercicio fiscal el objetivo fue de 1 mil 775 asuntos, de los que se solucionaron 1 mil 38, es decir, el 58.5 por ciento de lo indicado. La ASF recomendó adoptar medidas y estrategias para cumplir con las metas propuestas, así como ordenar de acuerdo con su reglamento el Manual de organización.
Fuente: Revista Fortuna | No. 73 | 15 de febrero de 2009 | México
