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A través de Gerardo Ruiz Mateos, actual secretario de Economía, entre 2007 y 2008 el presidente Felipe Calderón operó en Pemex Gas y Petroquímica Básica las licitaciones y contratos mediante los cuales, a partir de 2010, empresarios privados se encargarán de la producción, almacenamiento, distribución y comercialización del gas, además de que explotarán comercialmente el Sistema Nacional de Gasoductos, zona toral del manejo del energético, revela a Fortuna una fuente de alto nivel de Pemex.
Como parte del denominado Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, el pasado 7 de enero Felipe Calderón anunció la reducción de un 10 por ciento al precio del gas licuado de petróleo (GLP) para “fortalecer la economía de las familias mexicanas”. En la espiral de aumentos, la tarifa promedio del energético fue de 10 pesos por kilogramo, lo que significa que la medida presidencial con la que, aseguró, “se mejorarán las condiciones de vida de todos los mexicanos”, generará un ahorro de 1 peso por cada kilo de gas que consuma una familia, lo que equivaldría a 100 gramos de tortillas.
La providencia resulta una nimiedad frente a los grandes negocios que Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) entregará a la iniciativa privada: la producción de gas, la operación de las terminales de regasificación, el almacenamiento en terminales, el servicio de transporte y distribución por ducto y la comercialización del energético.
Enero inició con una feria de licitaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex). Tal como lo documentó Fortuna (15 de abril de 2008), la naturaleza de la reforma energética de Felipe Calderón, aprobada por el Congreso de la Unión en octubre pasado, estaba encaminada a convertir a la paraestatal en una administradora de contratos. Aunado a ello, por órdenes del presidente, PGPB dejará en manos de terceros prácticamente todas sus operaciones. Así, la subsidiaria, ubicada entre las cinco principales generadoras de ingresos al país, se convertirá en un nicho de negocios para empresarios nacionales y extranjeros.
Lo anterior está detallado en el “portafolio” de negocios de la subsidiaria, elaborado por su director Roberto Ramírez Soberón, cuya copia obra en poder de Fortuna. El documento revela que, a partir de 2010, PGPB se limitará a emitir concesiones y contratos de servicios y de obra pública. Las empresas privadas operarán también el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG).
Aunque Pemex es un organismo descentralizado, no fue el Consejo de Administración ni los directivos quienes definieron la planeación de PGPB para los próximos 20 años, sino el mismo Felipe Calderón, quien por medio de Gerardo Ruiz Mateos, actual secretario de Economía, habría impuesto a Roberto Ramírez Soberón los proyectos de infraestructura y contratos que la subsidiaria emitirá para dejar a los empresarios áreas de negocio exclusivas de Pemex; algunos de éstos, como los gasoductos, ni siquiera fueron especificados en la reforma energética. La velada privatización de PGPB se da en un momento en que la tendencia mundial apunta a la sustitución del gas por el petróleo. Especialistas –como Álvaro Ríos Roca, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía– han definido que así como el petróleo fue el combustible del siglo XX, en el XXI lo será el gas natural.
El cabildero
Exdirector de la empresa fabricante de autopartes Automotive Moulding de México, hoy Linde Pullman México, establecida en Querétaro, Gerardo Ruiz Mateos se adhirió como militante del Partido Acción Nacional (PAN) en 1995.
Su amistad con Felipe Calderón lo llevó al primer círculo presidencial, en áreas clave de Los Pinos. Según Lino Korrodi, en su libro Me la jugué, desde que Calderón presidió el PAN, Ruiz Mateos era su “hombre de confianza”. Quizá por ello, el 4 de diciembre de 2006 lo nombró coordinador de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Oficina de la Presidencia de la República.
El 6 de agosto de 2008, Calderón lo designó secretario de Economía, en sustitución de Eduardo Sojo, oficializado con un discurso pródigo de halagos, pronunciado en la Residencia Oficial de Los Pinos. Entonces, el presidente dijo: “Lo que me motiva a designar a Gerardo Ruiz, además de ser uno de mis colaboradores más importantes y cercanos, es el hecho de que ha sido un empresario que ha vivido y sufrido en carne propia la condición de las empresas en México y ha estado al otro lado del mostrador. Sabe lo que hay que hacer: desregular la economía y liberar las fuerzas productivas del país para detonar el crecimiento”.
Antes de su ascenso, entre enero de 2007 y agosto de 2008, Ruiz Mateos frecuentó las oficinas corporativas de Pemex para ordenar a los directivos de las subsidiarias los proyectos que debían “requerir” para las siguientes dos décadas, cuyos contratos ya tenían destinatario. No había objeción; eran órdenes del presidente. Las licitaciones se harían públicas a partir de 2009, reveló a Fortuna una fuente de alto nivel de la paraestatal.
Entonces, Ruiz Mateos despachaba en la Oficina de la Presidencia de la República, hasta enero de 2008 tuvo como jefe inmediato a Juan Camilo Mouriño Terrazo y cuando éste partió al Palacio de Covián, ocupó su cargo. Los modelos de negocio que, asegura el informante, Ruiz Mateos gestionaba, a nombre del presidente, en PGPB no tenían que ver precisamente con las necesidades de la subsidiaria, “pero sí con los intereses de los grupos empresariales cuyos vínculos estrechó desde que fue secretario de Energía”. El asunto no es menor. Según su posición financiera, PGPB es la séptima empresa más importante de México en cuanto a la generación de ingresos (después de Pemex corporativo, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Cemex, CFE, y Wal-Mart México) y la empresa más grande de América Latina. Genera ingresos anuales por 20 mil 520 millones de dólares en promedio, el 59 por ciento por venta de gas natural, el 25 por ciento por gas licuado de petróleo, y el 16 por ciento por petroquímicos básicos, azufre y otros.
El funcionario de Pemex, testigo del cabildeo del hoy secretario de Economía, asegura que en un primer momento Roberto Ramírez Soberón se opuso a la ordenanza presidencial, “porque simplemente no había manera de que eso se aprobara, porque era demasiado evidente que favorecía a ciertos grupos empresariales”. Sin embargo, al cabo de los meses, tras una larga y constante perorata de Ruiz Mateos, “y a cambio de que no lo despidieran –dice–, el ingeniero Ramírez Soberón cedió a la –supuesta– imposición del presidente”.
El informante
No son pocos los directivos de Pemex inconformes con el manejo que Felipe Calderón ha dado a la paraestatal. Desde su puesto, nivel 46, éste funcionario conoce el teje y maneje de la empresa.
La reunión del funcionario (quien cuenta con 29 años de servicio y sólo se encuentra dos escalafones abajo del director general) con reporteros de Contralínea y Fortuna ocurrió en octubre de 2008 y tuvo por objeto revelar los negocios que desde Los Pinos se ordenarían en Pemex.
La Cadillac Escalade gris con vidrios polarizados se detuvo frente a la puerta principal del Hotel Marquís Reforma.
De la lujosa camioneta descendió el funcionario. Giró para quedar de frente al interior del vehículo, del respaldo del copiloto extrajo su saco, se lo colocó, ajustó la corbata, las mancuernillas y echó una última mirada a la imagen delineada por el reflejo del cristal. Pasaban de las nueve de la mañana; 10 minutos después de la hora acordada, ingresó al restaurante.
—El ingeniero (Roberto Ramírez Soberón) ni siquiera sabe si pueda jubilarse.
Le falta un año, pero ya pusieron precio a su cabeza –soltó mientras tomaba pequeños tragos de su café capuchino.
—¿Qué le piden? –se le inquirió.
—Quieren los ductos. El presidente necesita que saque el asunto de los ductos, que los privados se encarguen de ellos, que operen sus propias redes privadas y que Pemex les pague por contrato.
—¿Se lo dijo el presidente directamente?
—Los presionó todo el año pasado. Siempre que llega un presidente quiere hacer sus negocios –decía alternando datos sobre las finanzas del área a su cargo.
—Toda esa bola de chamacos babosos que están en Los Pinos, están endiosados –susurró–. Le dijeron que si no se licitan rápido le van a pedir su renuncia.
—¿Quién se lo dijo?
—Gerardo Ruiz Mateos, el que llegó a la Secretaría de Economía a sustituir a Sojo.
—¿Le dijo que eran órdenes del presidente?
—(Ruiz Mateos) Lo fue a ver desde que estaba en la Oficina de la Presidencia, como mensajero de Los Pinos. Se le puso al tú por tú, le gritó y el ingeniero no se dejó –explicó el informante.
—¿Por qué le interesa tanto al presidente?
—Porque son para los empresarios que lo ayudaron en la campaña. Ya están repartidas las zonas de ductos para cada uno de sus amigos. Es uno de los negocios de su sexenio, el otro son las terminales privadas, porque los gaseros se quejaron de que sólo a Jesús Zaragoza le rentara su planta de Manzanillo. El acuerdo fue que a varios de ellos se les rentarán sus instalaciones.
Aseguraba que varios directivos estaban “agobiados” porque “tenemos que pagar las facturas a las que Calderón se comprometió”.
—¿Qué facturas tiene que pagar Ramírez Soberón?
—Las de Soni (Gas, propiedad de Salvador Oñate), de Tomza, de Zeta… Es que todos los gaseros están coludidos y a todos los apoya, los recibe en Los Pinos ¡Ellos le ordenan qué hacer! Y en el caso del gas natural es lo mismo, sólo que aquí se trata de consorcios extranjeros: Repsol, Gas Natural, ¡ya se repartieron todo!
Aún no se aprobaba la reforma energética. En Pemex ya se detallaban los contratos. El funcionario relató la exigencia de los gaseros a Calderón “¿Y ahora nosotros tenemos que arreglárnosla para que él quede bien”, se quejaba. El sol que anunciaba el medio día se colaba por los cristales de las amplias ventanas que circundan Los Canarios, como se filtran por el claro de las jaulas, principal atractivo del restaurante que se promueve como la alegoría de una enorme jaula que alberga las aves. El funcionario explicó que debía regresar a su oficina, en la torre ejecutiva, para revisar los contratos que, aseguró, “contra su voluntad”, Ramírez Soberón adjudicaría a partir de enero para salvar su puesto.
Los contratos
Los proyectos y el esquema de contratos que operará PGPB entre 2009 y 2030 fueron plasmados en un documento que se presentó ante el Consejo de Administración el 7 de octubre de 2008, en el Día de la Energía.
El documento –cuya copia obra en poder de Fortuna– confirma que Pemex y sus trabajadores dejarán la cadena industrial para que los privados se encarguen del procesamiento del energético, endulzamiento de gas y condensados, así como de la recuperación de azufre en los 10 centros procesadores: Pajaritos, Morelos, La Venta, Ciudad Pemex, Cactus, Nuevo Pemex, Cangrejera, Burgos, Poza Rica y Matapionche.
La subsidiaria tiene actualmente una cartera de 895 clientes en la venta de gas natural: el 43 por ciento es Pemex, el 31 por ciento el sector eléctrico, el 20 por ciento el industrial. En el GLP, el 86 por ciento es del sector residencial, comercial e industrial; el 14 por ciento, automotriz. Respecto a la producción de petroquímicos básicos, azufre y otros, la cartera incluye a 91 clientes industriales y de exportación.
SNG, codiciado
El Sistema Nacional de Gasoductos es conocido como la columna vertebral del aparato de distribución de PGPB. Cuando se desempeñó como secretario de Energía (en la administración de Vicente Fox), Calderón había consentido que los empresarios gaseros instalaran redes privadas o en modelos de asociación con PGPB. Al SNG se conectaron ocho sistemas de gasoductos privados: Mayakán, Mier-Monterrey, Chihuahua, Tamaulipas, Palmillas-Toluca, Del Río, Del Bajío, y Naranjos- Tamazunchale. Su extensión –3 mil 561 kilómetros– equivale al 39 por ciento de la longitud actual del SNG.
El nuevo esquema plantea la desincorporación de activos de distribución de Pemex Gas para que sean los privados quienes operen todo el SNG: 8 mil 980 kilómetros de la red de ductos de gas natural y 1 mil 847 de gas licuado de petróleo, además de las 28 terminales de distribución.
“Era mayo de 2008. Ruiz Mateos llegó a gritarle al ingeniero (Ramírez Soberón) que se les acababa el tiempo, que urgían los contratos de los ductos, que el presidente estaba muy interesado”, detalló la fuente de alto nivel de Pemex. “El interés del presidente es que cada empresa maneje sus propios gasoductos de manera libre, sin tener que entrar al sistema de asociación con Pemex Gas, porque ésa fue la prebenda que le pidieron los gaseros que desde que estuvo en Energía lo apoyaron en su carrera política”.
Comentó que a partir de 2011, “Pemex pagará a las privadas por el energético que transporte por sus ductos” (como ya lo habían documentado las revistas Contralínea y Fortuna). El asunto tiene otras implicaciones: durante los últimos cinco años la paraestatal invirtió millones de pesos en el mantenimiento del SNG, pagó a la trasnacional DuPont por instalar sus programas de seguridad (Contralínea 96), e invirtió en la instalación y mantenimiento del sistema SCADA.
El portafolio de negocios de PGPB, fechado en octubre de 2008, especifica que en los próximos meses se construirán gasoductos “para desarrollar nuevos mercados”. Se habla de 10 proyectos de infraestructura para el mercado de gas natural que transportarán 7 mil 400 millones de pies cúbicos diarios. La inversión estimada es de 1 mil 975 millones de dólares, comenzarán a operar entre 2010 y 2011. Todos serán privados.
Respecto del GLP, actualmente las terminales de almacenamiento y el SNG propiedad de Pemex Gas tienen capacidad de operar 242 millones de barriles diarios, cantidad que, según información de la subsidiaria, cubre el ciento por ciento de la demanda de almacenamiento y transporte del energético; no obstante, se emitirán concesiones y contratos para que las empresas privadas entren también a esta área.
Se tienen programados siete proyectos de infraestructura que incluyen: terminales de recibo, de almacenamiento y de distribución; ductos e infraestructura para el transporte por cabotaje. Todos serán privados. La inversión se estima en 610 mil millones de dólares. Según PGPB, cuatro de estos proyectos son considerados prioritarios: el transporte de GLP por la región Golfo-Altiplano, en el cual PGPB contratará a la propietaria el servicio de almacenamiento y transporte. La terminal de almacenamiento Tuxpan II, con cuyos propietarios contratará el servicio de almacenamiento.
El tercero es la nueva Terminal de Distribución de GLP en la Paz, Jalisco, con la cual contratará también el servicio de almacenamiento. El cuarto es el ducto Manzanillo-La Paz, construido por una empresa privada a la cual PGPB le pagará por el servicio de transporte del energético.
El esquema dejará mayores ganancias a las compañías de distribución de gas que controlan el mercado mexicano: Grupo Zeta Gas, Soni Gas, Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas y Gas Nieto, ya que éstas son las propietarias de dichos proyectos.
Actualmente, por la sola venta del energético, como intermediarios entre Pemex y el consumidor final, dichas empresas obtienen ganancias estimadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 6 mil 500 millones de dólares anuales, en un mercado en el que, según ha documentado la Comisión Federal de Competencia, “no hay condiciones de competencia”.
A ese lucrativo negocio se sumarán ahora los montos que PGPB les pagará por el almacenamiento y el uso de sus sistemas de distribución. Una de las empresas que opera ya con este esquema es el consorcio Zeta Gas, dirigido por el empresario Jesús Alonso Zaragoza López, que renta a PGPB su terminal de almacenamiento de Manzanillo.
Sin beneficios sociales
Actualmente, México es uno de los mayores productores de gas en el mundo. De acuerdo con la clasificación del BP Statistical Review of World Energy, Pemex ocupa el lugar número 19 en la producción del energético; sin embargo, los consumidores pagan la tarifa más alta a nivel internacional. Ésta se determina por la suma del precio de venta de primera mano (de PGPB a los distribuidores), que lo define Pemex con base en los precios internacionales, específicamente los de Estados Unidos, cuyo costo es el más caro del mundo. A este precio se suman los costos de distribución desde las instalaciones de Pemex a las plantas de los distribuidores de gas, más el margen de comercialización y el Impuesto al Valor Agregado.
“A ello se suma el costo que los consumidores pagan por el monopolio en la distribución de gas”, explica la diputada Valentina Batres, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, “porque el hecho de que sólo un grupo de gaseros controle el mercado encarece el energético”.
Actualmente, el precio de referencia de Texas, considerado el más alto del mundo, es de 4.50 pesos en promedio, así que más del doble de lo que se paga en México es el costo de que sean terceros y no PGPB quien distribuya el energético directamente. Pese a ello, el pasado 12 de enero, en respuesta al Acuerdo anunciado por Calderón, los gaseros que integran la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas exigieron su parte: en inserciones de prensa en distintos diarios de circulación nacional reclamaron un aumento al margen comercial de por lo menos 20 por ciento. Al respecto, la legisladora Valentina Batres denuncia que “Felipe Calderón consiente estos monopolios porque no tiene visión de Estado ni visión de país. Calderón no está pensando en cómo desarrollar económicamente al país, pero sí en cumplirle a los empresarios, de allí su política entreguista”.
Desde inicios de 2008, ante el incremento en los precios de los energéticos, los industriales demandaban subsidios gubernamentales al gas; “primero se protegerán las finanzas de los más pobres”, respondía el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera Flores. Aseguraba que el gobierno federal ayudaría a los hogares más pobres con una compensación económica para mitigar la volatilidad en los precios de los alimentos y combustibles.
“En lo que podemos dar certeza es que aún en este escenario complejo de alzas tan importantes en el costo de los insumos energéticos, estamos haciendo prevalecer la política de ayudar a los mexicanos que más lo necesitan”, decía el encargado de coordinar las redes de la campaña presidencial de Felipe Calderón. Por esas mismas fechas, el presidente aseguraba que mantendría el subsidio a los combustibles “para amortiguar el efecto de la inflación en los consumidores más pobres”. Cinco meses después, se conocería a los primeros beneficiados de la recientemente aprobada reforma energética.
El 31 de octubre, en el marco del 40 Foro Nacional de la Industria Química, evento en el que participó el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, el presidente Felipe Calderón y la secretaria de Energía, Georgina Kessel, anunciaron las tarifas preferenciales en el precio de gas a los industriales, “como un logro de la reforma”. Un documento de PGPB revela que desde agosto de 2008 se había ordenado la tarifa preferencial a los industriales. Hasta enero dispuso la reducción al energético que, según la Profeco, consume el 78 por ciento de la población.
Al respecto, Valentina Batres asegura que la reducción en las tarifas de GLP “son sólo paliativos que no tendrán ningún efecto real en la economía de la población, porque esto que ya estamos viviendo es apenas el principio de los costos que deberemos asumir por la privatización disimulada de la principal empresa del Estado”, concluye la también secretaria de la Comisión de Gobernación en el Congreso de la Unión. Se solicitó una entrevista con el secretario de Economía, Gerardo Ruiz, para hablar sobre la supuesta presión que ejerció al director de PGPB por ordenanza del presidente Felipe Calderón. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Dependencia energética
A partir de este año, PGPB licitará la construcción de una planta de endulzamiento de gas y la construcción de siete plantas de recuperación de líquidos. Se contratarán también cuatro plantas de fraccionamiento de gas que operarán en Poza Rica y en la región sur de Burgos, además de una planta de producción de azufre. El pasado 5 de enero se anunció la licitación para la construcción de una planta criogénica en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica, con capacidad para procesar 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural; con ella se plantea “aumentar la oferta de gas en el país”.
La justificación calderonista de que la reforma energética haría autosuficiente a Pemex en recursos y producción se diluye en las proyecciones oficiales de la paraestatal. En el caso de PGPB, aunque los privados se encargarán prácticamente de toda la operación a cambio de millonarios pagos, ni se producirá más gas ni significará para los consumidores finales beneficio alguno.
El documento de PGPB estima un déficit en la producción de gas, aún con todos los nuevos proyectos: en los próximos 10 años, la importación crecerá un 26.8 por ciento. El estimado es que las importaciones de gas, que en 2008 fueron de 360 mil millones de pies cúbicos por día, en 2017 se incrementarán a 663 mil millones de pies cúbicos por día. En el caso del GLP, la perspectiva es que hacia 2017 se estarán importando 37.4 miles de barriles por día. (ALP)
Rechazo del Legislativo
Las instalaciones petroleras y el manejo mismo de los energéticos son considerados por el Estado mexicano como un asunto de seguridad nacional, por ello, la diputada Claudia Lilia Cruz advierte del “riesgo” que significa el que las empresas privadas se encarguen de operar las terminales de almacenamiento y gasoductos en PGPB.
Coincide con Valentina Batres en que ello es parte de la privatización que una fracción del Poder Legislativo intentó evitar con su rechazo a la reforma energética.
“Los diputados y senadores que participamos en la movilización en contra de la privatización denunciamos que ya en la práctica había muchos avances en algunos de los artículos que estábamos legislando, y que la reforma estaba llena de trampas e ilegalidades, porque dejaba abierta la puerta para que las empresas privadas obtuvieran los grandes contratos en sectores prohibidos por la Constitución. Aún en el proyecto que se aprobó, se rechazó terminantemente que los ductos fueran operados por privados, porque estas áreas son de seguridad nacional. Ahora, al ver que Pemex Gas prepara ya proyectos y contratos para los empresarios, nos corrobora que teníamos razón: el principal motivo de la reforma era la privatización”.
Por su parte, Valentina Batres destaca el impacto que tendrán en el presupuesto los contratos y licitaciones que Pemex Gas comenzó a emitir en los primeros días de enero: “Vemos el tipo de licitaciones que están haciendo y nos damos cuenta que no les interesa fortalecer a la empresa paraestatal, porque no actúan como funcionarios públicos, sino como empresarios privados; además, como no son empresarios exitosos por sí, sino que sus ganancias están basadas en el dinero del erario público, inventan las necesidades de obra y de servicios en Pemex para financiar los negocios de sus hijos, amigos y gente que los apoya políticamente”. La legisladora por el Partido de la Revolución Democrática condena que “en plena crisis económica, y a costa del erario, Felipe Calderón está cumpliendo sus compromisos”.
Reflexiona que, “en general, la reforma energética apuesta al debilitamiento de la paraestatal, toda vez que en lugar de generar condiciones para fortalecer a la empresa, la dejan como mera contratista de servicios ante particulares”.
“Los efectos negativos del contratismo”, dice la legisladora, repercutirán gravemente en las finanzas públicas, “porque en el gobierno de Fox con los excedentes petroleros se pudo sortear los malos manejos, los sobrepagos millonarios, los fraudes en las contrataciones, pero hoy enfrentamos una etapa de recesión, el precio del petróleo va a la baja y no habrá excedentes este año; así que cada contrato irregular impactará como nunca”.
Aunado a que, dice por su parte Claudia Cruz, “en la reforma energética no hay nadie que regule acciones de las empresas privadas: si yo te estoy dando a través de esta legislación la concesión para que tú puedas almacenar, operar, controlar el gas o el petróleo, solamente Pemex va a estar entregando contratos, pero no va a regular a las contratistas ni va a decir si lo están haciendo bien o no.
“El problema también es que si tú das una concesión para hacer un asunto determinado, la administración pública simple y llanamente se va a deslindar, e incluso ahora Pemex ni siquiera va a poder demandar a las empresas que incumplan un contrato, porque todo se diseñó a favor de las contratistas, nunca se pensó en fortalecer a la empresa”. (ALP)
