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Con 20 campañas publicitarias, a través de las tarjetas telefónicas Ladatel, el gobierno de Felipe Calderón pretende afianzar cuestionados programas institucionales. El costo para el erario, en lo que va de su administración, es de 30 millones de pesos.
La administración de Felipe Calderón Hinojosa gasta más de 30 millones de pesos en afianzar sus programas de gobierno a través de publicidad impresa y distribuida en las tarjetas telefónicas Ladatel. El producto es uno más de Teléfonos de México (Telmex), propiedad del segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú.
A través de la empresa Régie T de México, única autorizada por Telmex para la comercialización publicitaria de las tarjetas Ladatel y Multifon, la propaganda gubernamental se ha dirigido mediante 20 campañas de diversas dependencias
de gobierno. Ha tenido un costo para el erario de 30 millones 941 mil 856 pesos, según indica información del Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal.
Entre las secretarías que han utilizado el mercado acaparado por Telmex, se encuentran: Gobernación (Segob); Hacienda y Crédito Público (SHCP); Educación Pública (SEP); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y Seguridad Pública (SSP). Cada una de ellas celebró contratos bajo el procedimiento de adjudicación directa, en sus dos primeros años de administración, y fueron ordenados por las respectivas direcciones de Comunicación Social.
Además, en la lista de clientes de Régie T de México figuran programas en los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado diversas irregularidades, como el Seguro Popular, Boletazo y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).
De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, la dependencia que más ha invertido en publicidad mediante tarjetas telefónicas es la SHCP. Encabezada por Agustín Carstens Carstens, ésta erogó 8 millones 487 mil 906 pesos en el pago de servicios de “medios complementarios” para la difusión de acciones institucionales durante el periodo de 2006 a 2008.
Le sigue el Fonacot, institución regida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que a mediados de 2008 fuera sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la suspensión del programa de bursatilización de la cartera, por irregularidades en su cobranza y flujos inciertos de capital. Este instituto asignó 4 millones 940 mil pesos a su campaña publicitaria.
La Segob, entonces encabezada por Juan Camilo Mouriño, erogó 2 millones 257 mil 950 pesos en la promoción institucional. Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) gastó otros 937 mil 500 pesos, mientras que la SSP, encargada del combate a la delincuencia, destinó 1 millón 624 mil 375 pesos para el mismo fin.
Otras que han utilizado la publicidad telefónica han sido: Luz y Fuerza del Centro (LFC), con una inversión de 1 millón 520 mil pesos; SEP, 1 millón 500 mil pesos; Petróleos Mexicanos (Pemex), 1 millón 217 mil 300 pesos; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 1 millón 170 mil pesos; Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, 1 millón 35 mil pesos; Sagarpa, 978 mil 650 pesos, y Comisión Nacional del Agua, 2 millones 335 mil 500 pesos.
Rechazo social
La SHCP, entidad que más recursos ha asignado en lo que va de la administración calderonista, enfocó sus campañas publicitarias a promover las “reformas al sistema de pensiones del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado)”. Esos cambios estructurales, que modificaron diversos puntos en el proceso de jubilación de los burócratas, han sido rechazados por la clase trabajadora.
En todo el país, los empleados del gobierno federal recurrieron a las autoridades judiciales para evitar su aplicación. Por lo menos, según datos de la prensa nacional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación han llegado más de 1 millón de solicitudes de amparo.
Las “reformas” a la Ley del ISSSTE fueron promovidas en el gobierno de Vicente Fox, y concluidas apenas iniciaba el mandato Calderón Hinojosa. El voto a favor de los legisladores en las cámaras de Senadores y Diputados (de la también llamada “Ley Gordillo”) y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación han ocasionado diversas jornadas de manifestaciones en rechazo. Ejemplo de ello fue el plantón –organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)– que permaneció apostado por más de 14 meses a las afueras de las oficinas centrales del ISSSTE, donde despacha su titular, Miguel Ángel Yunes Linares.
Otro de los mensajes emitidos por el gobierno federal, a través de las tarjetas telefónicas Ladatel, es el de la llamada “Alianza Educativa”. Esta acción es, hasta la fecha, promovida por la titular de la SEP Josefina Vázquez Mota, la líder magisterial vitalicia Elba Esther Gordillo Morales y el mismo Felipe Calderón.
Ilustrada con los logotipos de la dependencia, del gobierno federal y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la tarjeta telefónica se lee: “Con la Alianza por la Calidad de la Educación lograremos la profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas”.
El mismo programa educativo ha sido rechazado por un amplio sector del magisterio en todo el país. Ha provocado que la CNTE y alumnos normalistas se movilicen en diversos estados de la república. Las manifestaciones en contra paralizaron el inicio del ciclo escolar 2008-2009 en Morelos y Guerrero, así como la represión a normalistas rurales en Michoacán (revista Contralínea, periodismo de investigación, 15 de diciembre de 2008).
De acuerdo con información entregada a Fortuna, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la SEP ha gastado 3 millones 225 mil 292 pesos en publicidad para promover la Alianza por la Calidad de la Educación en medios “complementarios” de comunicación.
La respuesta a la solicitud 000110040818 indica que los anuncios colocados en el Sistema de Transporte Colectivo Metro costaron 1 millón 181 mil 368 pesos, y en el Tren Suburbano Metropolitano, 893 mil 923 pesos. Mientras, para el pago publicitario de tarjetas Ladatel se asignó 1 millón 500 mil pesos.
Irregularidades en programas
El gobierno federal también ha promovido acciones de gobierno que supuestamente benefician a la población mediante este mecanismo publicitario. No obstante, resultados de la ASF dejan en entredicho la eficacia de los mismos. Tal es el caso del Seguro Popular, promovido por Régie T de México a través de las tarjetas Ladatel.
Según información publicada en la “Sección Especial Publicitaria” de la revista Expansión, Carolina Gómez –entonces encargada de la dirección de Comunicación y Participación Social de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular)– aseguró que: “Después de lograr la meta de incorporar a todos los estados al Seguro Popular, teníamos que hacer una campaña nacional a un costo accesible.
“Vimos una tarjeta telefónica muy atractiva de otra dependencia y se nos ocurrió que así podíamos impulsar nuestro número (telefónico) 01-800. Mientras estábamos en el proceso de compra, se afilió a la familia 2.5 millones, por lo que pospusimos la producción un par de días e incorporamos la buena noticia en la información que aparecería en las tarjetas”, dijo a esa revista.
No obstante, el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, el más reciente que ha presentado la ASF, “no se tuvo evidencia de la distribución y entrega, tanto a las entidades federativas como a los beneficiarios, de las credenciales y módulos de enrolamiento, así como del funcionamiento y operación de los procesos de credencialización y operación de los módulos antes mencionados…”
Además, la ASF descubrió irregularidades por más de 320 millones de pesos en el proceso de credencialización. Esta acción provocó la inhabilitación del entonces titular del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, el 31 de mayo de 2006, por encontrarlo responsable de “abuso de autoridad” (Fortuna 71, 15 de diciembre de 2008).
Boletazo es otro de los cuestionados programas que recurrió a la promoción mediante las tarjetas telefónicas. De acuerdo con información obtenida por la revista Fortuna, la publicidad de Boletazo costó 2 millones 937 mil 675 pesos. El esquema de estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos en empresas que no cuenten con estos dispositivos (Boletazo) eximió a la banca privada de pagos impositivos por 3 mil 100 millones de pesos, más 1 mil 175 millones por incentivos adicionales.
“El millonario monto afectó los impuestos al Activo, Sobre la Renta y al Valor Agregado, así como las retenciones respectivas efectuadas a terceros, que los bancos Afirme, American Express, Azteca, Banamex, BBVA Bancomer, Banorte, Bansi, Banregio, del Bajío, Inbursa, HSBC, Mifel, Ixe, Santander y Scotiabank dejaron de enterar a las arcas públicas”.
Niegan contrato a Régie T
El 10 de marzo de 2006, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) rechazó la oferta técnica y económica de Régie T para que se encargara de la propaganda institucional a través de tarjetas Ladatel. El concurso fue de “invitación restringida” bajo el número IEDF-INV-08/06.
Entre las empresas que estuvieron invitadas al concurso se encuentran: Telate, Esetel y Régie T de México. Las autoridades del IEDF verificaron que cada una de las empresas interesadas en obtener el contrato presentaran el total de su documentación administrativa, legal y financiera.
Telate y Esetel cumplieron con las bases estipuladas en la convocatoria IEDF-INV-08/06. La propuesta de Régie T de México fue desechada “al no presentar copia de sus estados financieros correspondientes a 2005, elaborados y firmados por el contador y representante legal del concursante…”
Según la información publicada en su página de internet, Régie T de México es un “medio poderoso” publicitario.
Tiene un registro de 22 millones de tarjetas vendidas mensualmente y cuenta con una “amplia y sofisticada infraestructura en telefonía pública”.
