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En la PGR, averiguación previa por los supuestos delitos de lavado de dinero y fraude cometidos contra extrabajadores de Ruta 100. En los documentos con los que se busca probar la comisión de delitos por un monto superior a los 450 MDP, se involucra a los antiguos líderes sindicales, Ricardo Barco y Gabino Camacho, y al Banco Ixe, en cuyo Consejo de Administración participan familiares del secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
Luego de más de 10 años, extrabajadores de Ruta 100 (R100) descubren que las empresas creadas con su dinero no les pertenecen. En los supuestos delitos de “fraude” y “lavado de dinero” –de los que han enterado a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las secretarías de Hacienda (SHCP) y de la Función Pública– estarían involucrados sus antiguos líderes sindicales y el Banco Ixe, propiedad de Grupo Ixe, cuyo presidente es Enrique Castillo Sánchez Mejorada.
La averiguación previa FDF/T/T3/606/08-08 fue enviada a la PGR por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el pasado 22 de diciembre, mediante el oficio 400/300/997/2008-12, luego de que la oficina capitalina no encontrara elementos constitutivos de delitos del fuero común, sino, probablemente, del federal.
Y es que los trabajadores denuncian que después de haber aportado casi 150 millones de pesos para la creación del fideicomiso F/100-7, en Banco Ixe, no se les extendió ningún documento que los amparara como fideicomitentes-fideicomisarios ni, mucho menos, socios de las empresas creadas con su dinero.
Además, señalan que los recursos en el citado fideicomiso se incrementaron de manera inexplicable a alrededor de 450 millones de pesos en una transacción con el Bank One Corporation. Consideran que no sólo son víctimas de “fraude”, sino que sus cuentas sirven para “lavar dinero”.
Las denuncias, amparadas en documentos que recopilaron del Banco Ixe, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Registro Público de la Propiedad, no han sido atendidas aún por ninguna dependencia federal. Señalan que, aunque han denunciado los hechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la PGR y la Presidencia de la República, las autoridades han sido omisas. Consideran que con su indiferencia, los servidores públicos buscan proteger a un banco en el que participan familiares de quien se debería encargar de investigar y combatir el lavado de dinero: Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda.
“Todo parece indicar que se intenta proteger a Banco Ixe, porque ahí laboran y son accionistas los familiares de Agustín Carstens”, dice José Guadalupe Carmona, asesor jurídico del Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100.
Entre los consejeros propietarios del Consejo de Administración de Grupo Ixe, que preside Sánchez Mejorada, se encuentran los familiares del secretario: Henry Davis Carstens y Henry Davis Signoret. Y como suplentes aparecen también: Alec Davis Carstens y Paul Davis Carstens. Asimismo, Federico Maximiliano Carstens Carstens es director de Financiamiento Corporativo, y Magdalena Carstens Carstens funge como directora de Planeación Estratégica.
La historia
Cada trabajador aportó, al menos, 30 por ciento del total de su liquidación. Bajo la supervisión de sus líderes sindicales Ricardo Barco y Gabino Camacho, cada chofer, mecánico y afanador entregó más de 18 mil pesos para –les dijeron– constituir empresas de las que serían dueños. Corría mayo de 1996. El monto que reunieron los 7 mil asalariados superó los 147 millones de pesos. No tuvieron la opción de negarse: al momento de la liquidación, se le retenía al trabajador, automáticamente, el 30 por ciento o más de la cantidad que le acababan de entregar.
—En el lugar en el que nos liquidaron estaban los señores del banco. Y en ese momento entregábamos, como mínimo, el 30 por ciento. Hubo quienes entregaron el
ciento por ciento de su liquidación –dice Efrén Romero Reyes, quien por más de 20 años recorriera la ruta del periférico Cuemanco-Cuatro Caminos al frente de un autobús de pasajeros de la paraestatal R100, primero, y de la privada GMT, después.
—Nos amenazaron los líderes con que quien no entregara el 30 por ciento estaría fuera… Ahora sabemos que en realidad ya nos habían dejado fuera –completa José Raúl de los Santos, mecánico especializado en motores pesados, quien durante 15 años trabajó en el área de mantenimiento arreglando las fallas mecánicas de los autobuses.
Casi 13 años más tarde, alrededor de 500 de estos trabajadores se encuentran en la calle. Fueron echados de las empresas de las que supuestamente eran “socios”. Se disgregaron en varios grupos. Uno de ellos, el Grupo Periférico de Extrabajadores de Ruta 100 (que integra a 183 obreros), comenzó entonces una solicitud de rendición de cuentas que lo ha llevado a integrar un archivo de más de 2 mil hojas.
Las empresas que se crearon con el dinero de los trabajadores son: Servicios Analíticos Empresariales (que ahora se llama Corporativo de Transporte); Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo; Autotransportes Urbanos de Siglo Nuevo; Sistema de Transporte en Taxis; Grupo Metropolitano de Transporte; Talleres Industriales en Diesel, y Transportes Urbanos Nuevo Milenio. Todas son sociedades anónimas de capital variable.
El poseedor del 99 por ciento de las acciones del fideicomiso es Ixe banco. Las irregularidades comenzaron desde la creación del fideicomiso en 1996. Los 7 mil 13 trabajadores de la R100 aportaron en ese año, de manera conjunta, 147 millones 564 mil 71 pesos, de acuerdo con la Relación de socios actuales del fideicomiso F/100-7 de la Administradora de Fondos Populares. En la lista, de la cual Fortuna posee copia, se aprecia que incluso algunos trabajadores aportaron de manera individual más de 100 mil pesos.
Sin embargo, el Contrato de Fidecomiso de Administración e Inversión F/100-7 –celebrado ante el notario público 151, Cecilio González Márquez, del cual se tiene copia– señala a los supuestos trabajadores Leonel Villafuerte Zavala, Gerardo Vázquez Mendoza y Miguel Reyes Riojas como fideicomitentes iniciales, quienes habrían aportado, sólo ellos, 172 millones 934 mil 552 pesos. Las personas citadas no aparecen en la relación de trabajadores de R100. Toda vez que esos recursos no son parte de las liquidaciones de los trabajadores, se desconoce su procedencia.
Así, el fideicomiso inició con un monto de 320 millones 498 mil 623 pesos, de los cuales, se desconoce el origen de casi 173 millones. Aún vendrían nuevas operaciones que para los trabajadores resultan inexplicables. Con ese dinero supuestamente se habrían creado cinco de las siete empresas que existen actualmente, y también se habrían transferido 46 millones dólares a una cuenta de Bank One para, supuestamente, invertir en instrumentos financieros del gobierno estadunidense.
El asesor jurídico del Grupo Periférico, José Guadalupe Carmona, se pregunta: “¿Si la cantidad aportada por los fideicomitentes- fideicomisarios fue de 147 millones de pesos, cómo es posible que con la cantidad total que se transfirió a ese banco casi triplicara esa cantidad de dinero?”
En efecto, en el último trimestre de 1996, el tipo de cambio del dólar –publicado por el Servicio de Administración Tributaria en la dirección electrónica www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio/42_18 55.html– ascendía a 7.8 pesos mexicanos por 1 dólar. Así, la transferencia al banco estadunidense habría implicado por sí sola 358 millones 800 mil pesos.
“¿De dónde salió el dinero? ¿Cómo es posible que con 147 millones de pesos alcanzara para transferir esos 46 millones de dólares y además adquirir los vehículos Tsuru para Transportes en Taxis y otorgar un crédito a DINA para la construcción de camiones? ¿Y, además, cómo alcanzó el dinero para crear las siete empresas?”, pregunta José Guadalupe Carmona.
El abogado de profesión y asesor de los trabajadores del Grupo Periférico advierte que, de existir lavado de dinero, las cuentas tendrían que congelarse, “lo que sería un peligro” para los extrabajadores de R100 “porque podrían ver perjudicados sus intereses”.
Los representantes del Grupo Periférico, Emilio Romero y Raúl Santos, consideran que han sido víctimas de la comisión de dos delitos. El primero, fraude por más de 147 millones de pesos, los mismos que entregaron al momento de su liquidación de la paraestatal en 1996. El segundo, operaciones con recursos de procedencia ilícita por alrededor de 300 millones de pesos. Además, demandan la participación de las utilidades que han generado las siete empresas.
Se solicitó entrevista con el Grupo Financiero Ixe, a través de la oficina de la licenciada Lilia Maldonado Patron sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta. Asimismo, se solicitó la posición de la SHCP, acerca de las denuncias presentadas. El licenciado Isaac Macip Martínez, subdirector de Agenda con Medios, señaló que “como los temas que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera (de la propia SHCP) son muy delicados, la oficina evita pronunciarse al respecto”.
