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Ante la supuesta carencia de tecnología de punta, equipo adecuado, instalaciones y personal para la atención de sus derechohabientes, el IMSS eroga cada año millones de pesos para cubrir servicios subrogados a particulares. Tan sólo en 2006, la dependencia pagó más de 9.6 mil millones de pesos, documenta la ASF; sin embargo, en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Instituto sólo se acreditan contratos por 149 millones de pesos.
En la revisión de la cuenta pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) erogó 9 mil 629 millones 694 mil pesos por concepto de subrogación de los servicios médicos integrales. De acuerdo con el órgano de fiscalización, se observaron trabajos con evidencia inadecuada y operaciones que por su naturaleza no se pueden considerar servicios.
El ente fiscalizador determinó revisar la partida de los servicios médicos subrogados por constituir un área de riesgo por el volumen del gasto, dispersión de las operaciones y deficiencias determinadas, además del impacto que dicho sistema tiene en la población derechohabiente.
La Auditoría tenía el antecedente de que en la cuenta pública de 2000 detectó subcontrataciones de servicios por parte de los prestadores contratados por el IMSS, sin dar por enterado a este último; así como hospitales que incumplieron con las condiciones técnicas y de calidad estipuladas en los contratos signados entre la dependencia y los prestadores del servicio.
Peregrino García, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, considera que cuando el IMSS contrata servicios en el mercado, éstos se encarecen: resultan onerosos para las de por sí “pobres” arcas del Instituto.
A decir del legislador, la dependencia podría invertir lo que gasta en subrogaciones de servicios en la compra de equipo necesario y la capacitación de su personal, para que ellos sean quienes realicen el servicio y se abaraten los costos.
“Se está comprando a precio de mercado, que hace que los servicios sean más caros, por lo que sugiero mayor inversión para atención de los derechohabientes. El IMSS se tiene que hacer de toda la infraestructura necesaria, más hospitales, equipo, personal, etcétera”, dice el diputado.
De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del Instituto, en 2006 éste sólo subrogó servicios médicos por 149 millones 963 mil 334 pesos, que corresponden a 923 contratos signados en 27 delegaciones estatales.
Las delegaciones donde se erogaron más recursos en este rubro fueron: Guanajuato, con una inversión de 36 millones 84 mil 563 pesos; Distrito Federal Sur, 17 millones 102 mil 276 pesos; Quintana Roo, 12 millones 875 mil 609 pesos; Chihuahua, 10 millones 301 mil 444 pesos, y Estado de México Oriente, 6 millones 605 mil 105 pesos.
Por los montos, los contratos más significativos fueron firmados con: Sanatorio y Servicios Médicos Obregón, por 14 millones 999 mil pesos, de la delegación Distrito Federal Sur; Gustavo Adolfo Álvarez Rodríguez, por 7 millones 654 mil pesos, de Quintana Roo; Corporativo de Beneficios y Medicina Plena, por 4 millones 499 mil pesos, de Guanajuato; Baxter, por 4 millones 363 mil pesos, de Chihuahua; Laboratorio Química Humana, por 3 millones 780 mil pesos, del Estado de México Oriente, y Vitelmex Internacional, por 3 millones 737 mil pesos, del Distrito Federal Norte.
En su comparecencia ante diputados de la Comisión de Seguridad Social, el 30 de octubre pasado, Juan Francisco Molinar Horcasitas, director general del IMSS, dijo que se subrogan sólo aquellos servicios médicos que el Instituto no tiene la capacidad de atender y se da sólo de manera complementaria.
Agregó que en 2007 se subrogaron cerca de 240 millones de pesos en servicios, principalmente de hospitalización, auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, porque no se cuenta en muchos casos con el equipo o la capacidad para responder de manera rápida a nuestros derechohabientes.
En 2005, Fernando Flores, entonces director general del Instituto, propuso al Congreso de la Unión subrogar los servicios de todo el segundo nivel de atención, y un sistema de “Copago” en el tercer nivel, argumentando que no había recursos para atender estos niveles.
Desde el 21 de octubre pasado, Contralínea solicitó entrevista en el IMSS, a través de la jefa de Sala de Prensa, Consuelo Aguilar, para que se aclararan los montos registrados entre la ASF y el Portal de Obligaciones de Transparencia, y las observaciones hechas por la primera. El 24 de noviembre, Claudia Medina informó que no había respuesta a la petición porque los funcionarios estaban muy ocupados.
Subrogaciones en 2008
De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, del 1 de enero al 11 de noviembre de 2008, el IMSS subrogó servicios por un monto de 134 millones 54 mil pesos. La empresa más beneficiada es Fresenius Medical Care de México, quien tiene un contrato por 33 millones 90 mil pesos.
Según la página electrónica de Fresenius, ésta ofrece “un futuro con la mejor calidad de vida a los pacientes con insuficiencia renal crónica, gracias a innovadores tratamientos y tecnología en diálisis”. De 2002 a la fecha, la compañía de capital extranjero recibió contratos con el IMSS por un monto superior a los 1 mil 658 millones 475 mil pesos.
Le siguen: Médica Ideas, que obtuvo un contrato por 21 millones 206 mil pesos en Guanajuato; el Centro Integral de Nefrología Norte, 13 millones 129 mil pesos, y el Centro de Asistencia Renal, por 8 millones 29 mil pesos, en el Estado de México; Instrumentos y Equipo Falcón, por 8 millones 829 mil pesos en Nuevo León.
En 2008, Impromed tiene un contrato por 3 millones 185 mil pesos, en la delegación de Zacatecas. Según el portal de Compranet, dicha empresa obtuvo contratos con el IMSS por 2 mil 3 millones 717 mil pesos, de 2002 a 2008. Tan sólo en este último año se signó una transacción por 1 mil 16 millones 357 mil pesos.
De acuerdo con el portal electrónico de Impromed, ésta comienza actividades en 1992 en Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes, y principalmente ofrece servicios de comercialización, distribución y venta de insumos para la salud, reactivos de laboratorio, material de diagnóstico, accesorios para radiología, así como material de curación.
Muerte en un nosocomio particular
En los resultados de la cuenta pública 2006, la ASF indica que respecto a las 349 cirugías contratadas, de un total de 60 facturas pagadas por la delegación Norte, con importe de 6 millones 122 mil pesos, en 15 de ellas, por 97 mil pesos, no se localizó evidencia que justifique la realización de procedimientos adicionales a la cirugía solicitada por el IMSS ni que dichos procedimientos fueron efectuados al paciente.
Además, no se obtuvo evidencia que justifique un pago por 155 mil pesos correspondiente a la estancia de un paciente en la unidad de terapia intensiva, servicio que no estaba contemplado en el contrato. Cabe mencionar que la solicitud de subrogación de servicios no cuenta con ninguna referencia del diagnóstico del paciente que originara el envío a un hospital privado.
El Comité determinó responsabilidad del hospital subrogado por el mal manejo del paciente, básicamente por haber realizado un procedimiento distinto al solicitado por el IMSS, y que el costo de las complicaciones debió de ser cubierto por el nosocomio particular.
El Instituto no proporcionó evidencia de las acciones realizadas para dar atención a las deficiencias determinadas por el Comité de Calidad, respecto del servicio proporcionado en la unidad de terapia intensiva del hospital subrogado ni de las acciones adoptadas a favor de los familiares del paciente por el hecho ocurrido.
Inconsistencias
La ASF observó que la delegación Norte en el Distrito Federal subrogó el servicio de hemodiálisis en 2005 y recibió la asistencia en la misma fecha; sin embargo, el pago, por 5 millones 510 mil pesos, se efectuó en diciembre de 2006, ya que el gasto se reconoció en la contabilidad del presupuesto de aquel año, lo que origina que las cifras de este último no sean confiables.
De acuerdo con la Auditoría, el desfase presupuestal se originó porque en 2005 la delegación careció de presupuesto para enfrentar el compromiso, derivado de la desconcentración financiera y funcional de que fue objeto la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, que atendía a los pacientes referidos por las unidades médicas de la delegación.
El Hospital de La Raza tuvo que prestar el servicio de hemodiálisis a una población de pacientes en estado de insuficiencia renal crónica en fase terminal, sin contar con el equipo, la infraestructura y los recursos humanos calificados, razones por las cuales se subrogó el servicio.
En el análisis de 10 contratos, por un monto de 47 millones 632 mil pesos de la delegación Morelos, se determinó que en el contrato abierto D65045, celebrado con la Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, correspondiente al servicio de ultrasonido para el cálculo del lente intraocular e incluido el lente, del importe contratado por 703 mil pesos, en el ejercicio fiscal de 2006, sólo se ejerció 6 mil 900 pesos, es decir, 0.9 por ciento del total.
El 25 de octubre de 2006, la Jefatura de Servicios Administrativos de la delegación cerró el contrato al mínimo pactado, por 281 mil 500 pesos, al no ejercerse al cierre de 2006 se difirió para el ejercicio fiscal de 2007; sin embargo, la dependencia no justificó los motivos por los cuales se presupuestaron servicios que no se utilizaron.
En la revisión al Hospital General de Zona número 1, adscrito a la delegación Hidalgo, se determinó que la subrogación del servicio de estudios de mamografía tiene su origen en los problemas de funcionamiento del mastógrafo marca Fischer, instalado en el nosocomio desde abril de 2004 y adquirido mediante adjudicación directa. Por el costo de los aparatos (98 millones 536 mil pesos), la operación debió estar sujeta a licitación pública.
De los 29 meses transcurridos, desde su instalación y hasta la fecha de la revisión, el mastógrafo sólo funcionó ocho meses de forma interrumpida. La delegación de Hidalgo dio a conocer la problemática a la división de Apoyo Logístico y Distribución, mediante escrito 13-01-83-73-1110/265/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, para que fuesen reparadas las anomalías que presentaba el equipo.
La citada división, mediante el oficio 0990011510001482/1329 de fecha 20 de abril de 2005, solicitó al proveedor, Instrumentation Techonologies de México, la sustitución inmediata de los equipos adquiridos, de conformidad con el clausulado del contrato 2003-B80164-0011; sin embargo, la petición no fue atendida.
La compra de dicho mastógrafo involucró la adquisición de 16 aparatos más, con valor unitario de 562 mil dólares (que a un tipo de cambio de 10.95 pesos por dólar, equivale a 6 millones 158 mil pesos por cada uno), que se instalaron en las delegaciones de Yucatán, Puebla, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca.
La División solicitó a la Coordinación Normativa Contenciosa y a la División de Asuntos Especiales, ambos de oficinas centrales, así como a la Jefatura de Servicios Jurídicos de la delegación Sur, tramitar la aplicación de la fianza por incumplimiento en la garantía del equipo de parte del proveedor, equivalente a 899 mil 817 dólares (9 millones 853 mil 6 pesos a un tipo de cambio de 10.95 pesos por dólar), que representa el 10 por ciento del valor de la compra.
Sin embargo, la ASF considera que dicha reclamación resultaría improcedente en virtud del escrito presentado por el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la delegación Sur del Distrito Federal, en el cual la compañía Afianzadora SOFIMEX señala que, al haberse reparado el mastógrafo, después de que el proveedor acudió a repararlo, queda sin materia la reclamación interpuesta.
En relación con la prestación de servicios de diagnósticos de laboratorio, la Auditoría comprobó que por la falta de contrato el Hospital General de Zona número 71 de Chalco, de la delegación Estado de México Oriente, no generó el pago de facturas por 361 mil pesos ni exhibió evidencia del registro del pasivo en su contabilidad, en el ejercicio en revisión, a pesar de que el servicio ya fue recibido y registrado como gasto del ejercicio fiscal de 2006.
Sin mecanismos de control
En la cuenta pública 2005, la ASF detectó irregularidades en recetas que justificaron salidas de medicamentos con dosis diferentes a las prescritas; expedientes clínicos que no presentan la dosis prescrita o el nombre del médico que mandó la medicina; recetas en donde su salida no está relacionada con un diagnóstico dentro del expediente clínico, lo que repercute en el abasto oportuno y suficiente a la derechohabiencia y su significativo impacto financiero.
En la revisión a la cuenta pública 2006, la Auditoría observó que el Instituto carece de las pruebas de cumplimiento de control interno, entre otras causas, por la falta de llenado en las recetas de datos que forman parte de los requisitos a cumplir, como la cantidad suministrada, clave y fecha; y por el inadecuado manejo y control de recetarios.
La Auditoría detectó que en las bases de datos de los hospitales de Especialidades y de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y la Unidad de Medicina Familiar sólo registran el número de receta, fecha, clave, cantidad suministrada y matrícula del médico que prescribió, sin incluir el número de afiliación del derechohabiente que permita identificar a quién le fueron suministrados los medicamentos y llegar al diagnóstico que justifique el suministro.
De las 2 mil 471 recetas que la ASF analizó, 970 presentan irregularidades: notas sin firma y nombre del médico que prescribió el medicamento; otras sin clave ni cantidad suministrada; algunas firmas del médico que prescribe no coinciden con las reflejadas en la libreta de control de recetarios; sin fechas o con doble fecha; así como emisión de dos recetas consecutivas al mismo derechohabiente de la misma clave de medicamento.
Además, recetas de un mismo médico que presentan diferente firma; notas que no cuentan con el domicilio particular ni número telefónico del derechohabiente al reverso, y sin cédula profesional del médico que la emite.
El Hospital General de Zona 1 A Venados no registró blocs que ampararon 200 recetas, que, conforme al consecutivo, sí existen. En la Unidad Médica Familiar número 15 se desconoce el destino que se le dio a 202 recetarios que aparecen en su libreta; el nombre y la matrícula del médico que recibió el recetario no corresponden con los datos que aparecen en algunas de las recetas que conforman el bloc recibido. El intervalo entre la fecha de recepción y devolución del recetario no corresponde con la fecha de emisión de algunas recetas del médico que recibió el bloc, ya que fueron posteriores a la devolución del bloc.
Además, la ASF observó que un mismo médico recibió, en el mismo día, de dos hasta cuatro blocs. Se entregaron blocs de recetas expedidas por médicos que no se encontraban en el catálogo de médicos autorizados para emitir recetas. Se entregaron varios blocs de recetarios a un mismo médico y las recetas que amparan tales blocs expedidas y firmadas por otro médico. Dentro del control de recetarios no se cuenta con la firma ni fecha de devolución del bloc utilizado.
La Auditoría seleccionó una muestra de 202 expedientes clínicos para verificar que los consumos de medicamentos reportados se justificaran. Al Hospital General de Zona 1 A Venados se solicitaron 45 expedientes, de los cuales no entregó 16.
En 21 casos se detectaron irregularidades. No se localizaron dentro de los expedientes clínicos (electrónicos y manuales) las notas médicas relacionadas con los medicamentos prescritos en las recetas revisadas; el suministro de la clave 5432 (Filgastrim) se dio mediante receta individual mientras que el paciente, de acuerdo con lo que muestra el expediente clínico, se encontraba hospitalizado, por lo que el suministro debió formar parte de las dotaciones autorizadas al servicio.
Además, el médico que diagnosticó el medicamento prescrito en la receta no es el mismo que la firmó; la nota médica de la fecha que corresponde con la receta no especifica nombre y firma del médico que atendió al paciente ni el medicamento prescrito. El medicamento prescrito no corresponde con el de la receta. En seis casos, la cantidad de medicamentos prescritos excede la prescripción razonada.
Compras emergentes
En relación con las compras efectuadas por el Hospital General de Zona 1 A Venados, se determinó que en tres casos no se justificó la compra por 51 mil pesos, al no contarse con la negativa de suministro del almacén delegacional.
Por lo que respecta a las compras emergentes o por paciente especifico que realizó la UMF número 15, por 106 mil pesos, se determinó que en dos de los casos, por un monto de 42 mil pesos, la unidad, antes de realizar la compra, contaba con suficientes existencias para abastecer sus necesidades, las cuales pasaron a formar parte de las existencias finales del ejercicio de 2006.
Además, se detectaron irregularidades en las recetas manuales que justificaban la compra: carecían de fecha, cantidad y nombre del médico, alteraciones en fechas (doble fechas, sobrescritas), fechas posteriores o anteriores a la compra hasta por dos meses, falta de prescripción del medicamento otorgado, surtimiento doble a pacientes y justificación del gasto erogado con atraso de cuatro meses.
Se auditó una muestra de 1 millón 145 mil pesos, por concepto de compras emergentes. La documentación que soporta la justificación y entrega del medicamento al derechohabiente o utilización en el servicio, solicitada a la UMAE Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, al término de la auditoría (diciembre de 2007) no fue proporcionada. Por ello, la ASF presume un probable daño al patrimonio del IMSS por un monto de 1 millón 107 mil 906 pesos.
Como resultado del análisis de los documentos correspondientes al inventario físico de bienes terapéuticos de 2006, proporcionados por el Hospital General Regional número 1 doctor Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, se determinaron diferencias de más, por 5 mil 214 piezas con importe de 796 mil pesos, y diferencias de menos, por 10 mil 860 piezas con un importe de 438 mil pesos, que se hicieron constar en el acta administrativa de fecha 27 de noviembre de 2006.
Cita para 2011
“Fui con el médico familiar –dice Miguel–; me sentía mal, traía la presión arterial ‘muy alta’ (220 por 185). Me mandaron a hacer electrocardiogramas y radiografías; la atención fue muy buena”.
Miguel es desempleado, tiene 61 años y desde hace algunas décadas le diagnosticaron hipertensión. Gracias a su hija menor tiene seguridad social, la cual nunca utilizó.
Explica que una semana después de su primera cita lo mandaron con el cardiólogo, al Hospital Regional 110. Ya en el nosocomio, el médico le comentó que necesitaba realizarse un ecocardiograma Dopler a color, y que ahí las citas tardan más de un año.
La cardióloga le sugirió que se realizara el estudio en un laboratorio privado, que regresara al siguiente día para que le diera la orden que tendría que entregar al médico particular. Sin empleo y con una familia que mantener, con esfuerzo Miguel acudió al laboratorio privado para hacerse el ecocardiograma. Ahí le informaron que el estudio tenía un costo de 1 mil 840 pesos más el Impuesto al Valor Agregado.
Una semana después, regresó con la doctora para decirle que el estudio quedaba fuera de su presupuesto, que le extendiera el pase interno. “La cardióloga me dijo que esperara a la siguiente cita –un mes y medio después– para darme la orden y me hiciera el examen de laboratorio”. Miguel prefiere omitir el nombre de la médico, pues tiene un proceso administrativo abierto en su contra.
El 24 de septiembre pasado, el señor, quien seguía con malestar físico, recibió el pase de laboratorio y empezó a gestionar los trámites para que le hicieran en el IMSS el estudio, validación de derechos e ir a la dirección para la autorización. Ya en la dirección del Hospital General 110 le programaron la cita para 2011.
“En ese momento no me cayó el veinte. Después me di cuenta que no era justo un plazo tan largo, no se trataba de un malestar sencillo, es un problema cardiológico y el médico tratante necesita los exámenes para dar un diagnóstico certero, dar medicamento acorde con el padecimiento, un tratamiento o si era necesaria una cirugía”, dice.
El 3 de octubre, Miguel presentó un queja administrativa e informó su caso ante los medios locales de Jalisco, de donde es originario. Cinco días después, funcionarios de la delegación le hablaron para que se presentara el 9 de octubre a las nueve de la mañana para una cita; el delegado instruyó para que le realizaran los exámenes necesarios; ese mismo día le estaban haciendo el ecocardiograma.
En el lapso que esperó su segunda cita con la cardióloga, Miguel realizó una solicitud de información donde pedía el número de aparatos Dopler a color con los que contaba la delegación de Jalisco. Le respondieron que había dos y ninguno de éstos estaba descompuesto; que en 2006 se realizaron 7 mil 959 estudios; 2007, 9 mil 533; en el primer semestre de 2008, 1 mil 431, es decir, 15 por ciento respecto al año anterior.
“Cualquiera que entiende de estadísticas poblacionales sabe que éstas van a la alza. Como un pronóstico, al finalizar 2008 se estaría hablando de más de 11 mil estudios; sin embargo, la información entregada dice que en el primer semestre de 2008 llevan 1 mil 431. Eso deja ver que los enfermos que requieren ese tipo de estudios están sanando milagrosamente o el IMSS está mandando a hacer los estudios a laboratorios privados, asumiendo el derechohabiente el costo”, dice Miguel. (YT)
