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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga a la empresa española Iberdrola por el supuesto delito de fraude en contra de empresas mexicanas, a las cuales la trasnacional subcontrató para ejecutar contratos de obra pública de la Comisión Federal de Electricidad
En 1998, cuando entró al mercado mexicano, la empresa española Iberdrola enfrentaba en su país demandas por supuesto cohecho, tráfico de influencias y sobornos a funcionarios públicos para obtener permisos de operación. Tanto en España como en Guatemala, Bolivia y Brasil acumulaba denuncias por cobros abusivos en las tarifas a sus consumidores. En México, las dos últimas administraciones en el gobierno federal permitieron a la trasnacional generar y vender energía eléctrica, actividades que por mandato constitucional están reservadas al Estado, y le han otorgado contratos de obra pública por más de 6 mil millones de dólares, algunos de los cuales están hoy bajo investigación judicial.
Entre enero y julio pasado, las empresas Maíz Transforma, Electrificaciones Parral, Ar Servicios y Suministros, Desarrollo y Proyectos de la Huasteca, Underterra, Late Construcciones, e Ibex Constructor y Comercializadora presentaron, por separado, denuncias penales ante tribunales del Distrito Federal en contra de Iberdrola y su subsidiaria Iberdrola Ingeniería y Consultoría de México, SA de CV (Iberinco), por el supuesto delito de fraude en unos 15 contratos de obra pública que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó a Iberdrola para construir terminales eléctricas, subestaciones y líneas de transmisión, trabajos que en realidad fueron realizados por dichas compañías y que, según las denuncias, la española se ha negado a liquidar.
Las subcontratistas de Iberdrola señalan en sus demandas como involucrados, en el supuesto fraude, a Jesús Manuel Aragones Sagredo, director general en México del grupo Iberdrola, y a Emilio Navarro Cantarero, director administrativo. Se les acusa de negarse a liquidar adeudos por más de 100 millones de pesos en obra pública, que entre 2005 y 2007 hicieron para la CFE en diversas partes del país.
Paralelamente, los subcontratistas denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el incumplimiento de contratos, responsabilidades administrativas, encubrimiento y omisión. Las cláusulas de los contratos signados entre la CFE e Iberdrola especifican que su finiquito depende de que Iberdrola compruebe la liquidación de todas las deudas en las cuales incurrió para realizar la obra. Sin embargo, argumentan las denuncias, los funcionarios de la CFE han aceptado y liquidado los contratos sin que la trasnacional cumpla con las cláusulas contractuales.
El pasado 13 de agosto la SFP inició la investigación. Por tratarse de un asunto que involucra a una de las dependencias de “primer nivel” (como en la SFP se clasifica a la CFE), la indagatoria fue atraída por la subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad, Elizabeth Yáñez Robles, la segunda al mando en Función Pública.
Reunidos en la ciudad de México, los directivos de las empresas supuestamente defraudadas explicaron a Fortuna que, enterados de que empresarios de todo el país enfrentan esta misma situación, acordaron crear un “frente nacional contra Iberdrola”, que en los próximos meses denunciará por diversas vías “las irregularidades”. Incluso, dicen, llevarán el caso ante autoridades españolas, para enterar a aquel país “de la fraudulenta manera en que Iberdrola hace negocios en México”.
Juan Carlos Rodríguez, representante legal de algunos de los afectados, asegura que en las próximas semanas otras subcontratistas denunciarán judicialmente a la trasnacional en tribunales de distintas entidades del país, “porque Iberdrola tiene contratos de la CFE en todo México y a la mayoría de sus subcontratistas los ha defraudado”.
Operación
La sede de Iberdrola se localiza en la avenida Tomás Redondo, número 1, en el centro de Madrid, España. Su director general es José Ignacio Sánchez Galán. El Consejo de Administración está integrado por Sánchez Galán, quien funge como presidente; Juan Luis Arregui Ciarsolo y Víctor de Urrutia Vallejo, vicepresidentes; y los vocales, que además son accionistas: José Orbegozo Arroyo, Lucas María de Oriol López-Montenegro, Ricardo Álvarez Isasi, José Ignacio Berroeta Echevarría, Julio de Miguel Aynat, Sebastián Battaner Arias, Xabier de Irala Estévez, Iñigo Víctor de Oriol Ibarra, Inés Macho Stadler, Braulio Medel Cámara, José Luis Olivas Martínez y Samantha Barber.
Opera en 15 países: España, Alemania, Bélgica, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suiza, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México y Qatar.
Maneja las siguientes razones sociales: Iberdrola Energía, SA; Iberdrola Ingeniería y Consultoría, SA (Iberinco). En México tiene además las filiales Iberdrola Energía Altamira de Servicios, SA de CV; Iberdrola Energía de Monterrey, y Enermon, SA de CV, una outsourcing con la cual opera la plantilla laboral.
El consorcio tiene oficinas en Bosques de Duraznos 65-402, en la colonia Bosques de las Lomas; en el piso 19 del edificio ubicado en el número 29 del Bulevar Manuel Ávila Camacho, colonia Lomas de Chapultepec; en el piso 11 del edificio ubicado en el número 193 de la avenida Melchor Ocampo, colonia Verónica Anzures. Todas son administrativas, sin maquinaria ni plantilla fija de especialistas.
De acuerdo con información corporativa del grupo Iberdrola, su subsidiaria le representó en 2007 ganancias netas de 54.7 millones de euros, 64.3 por ciento más que en 2006. Ese año sus adjudicaciones ascendieron a 2 mil 669 millones de euros.
Un empleado de la trasnacional, asignado para supervisar los contratos de obra pública, explica la forma de operar de Iberinco: la compañía no cuenta con maquinaria, recursos materiales ni humanos, así que, por cada contrato que la CFE le otorga, subcontrata a pequeñas y medianas empresas. Para Iberdrola, el negocio se da porque, según los representantes de las compañías que promovieron el litigio, son los subcontratistas quienes invierten en la ejecución de los proyectos.
Según las demandas, Iberinco cotiza a la CFE precios menores para que se le asignen los contratos, pero luego, durante la ejecución, solicita incrementos a los costos y validación de obras adicionales que, por su cuenta, ordenó a los subcontratistas. Aunque la paraestatal aprueba y liquida estas obras –muchas veces de forma irregular, según ha detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues se trata de contratos a precio alzado, fijo e invariable, es decir, que no permiten modificación ni en obra ni monto–, la española no paga a sus subcontratistas las obras adicionales: origen de la pugna.
Un ejemplo es el contrato de obra pública a precio alzado PIF-001/2006, que la CFE otorgó a Iberinco el 18 de enero de 2006 para la ejecución de la obra civil de la Subestación Eléctrica Arroyo Coyote, ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la Subestación Eléctrica Carbón II, ubicada en Nava, Coahuila. Mediante el contrato 4540001824, la española subcontrató a Electrificaciones Parral, SA (EPSA). A medida que avanzaba la obra, Iberdrola ordenó trabajos no considerados en el proyecto original; y aunque éstos fueron remunerados por la CFE, la trasnacional no los liquidó a EPSA.
En su demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los representantes de EPSA señalan que los directivos de Iberinco, Jesús Aragones y Emilio Navarro, les confiaron “que no tenían autorización para recibir costos extraordinarios”, pero que arreglarían con la CFE para que se les autorizara.
“En este modus operandi de Iberdrola perdemos todos, la CFE, porque siempre paga montos adicionales, y nosotros los subcontratistas, porque somos quienes absorbemos los costos de la obra adicional”, explica Alejandro Ascanio, propietario de Ibex, empresa con sede en San Luis Potosí que ha trabajado para Iberdrola en proyectos como la línea subterránea planta Chihuahua-Robinson, y las subestaciones Arroyo el Coyote y Carbón, entre otras.
Entrevistados por Fortuna, los empresarios supuestamente defraudados explican que cuando Iberdrola les asigna un trabajo no les da anticipo, pese a que la CFE paga a Iberdrola hasta un 30 por ciento por adelantado en cada contrato. Señalan también que frecuentemente les aplica supuestas penalizaciones que la CFE impone por atrasos. Al respecto, en sus revisiones a los contratos a Iberdrola, la ASF ha detectado que aunque la trasnacional ha tenido atrasos que ameritan el cobro de penalizaciones, los funcionarios de la paraestatal no han cobrado el monto de los incumplimientos.
Actualmente las empresas Eiesa y Comsa, de Jalisco; Covabaro, de Baja California, Tecton, de Nuevo León; y Camer, de Durango, preparan demandas por el supuesto fraude de las subcontrataciones en trabajos de las obras Red de Transmisión Asociada a La Laguna II, Línea de Transmisión Durango I, Red de Transmisión Asociada Altamira V, Red de Transmisión Asociada a la central eléctrica La Venta II, entre otras.
El negocio de Iberdrola
La bonanza del consorcio español detonó en el periodo en que el hoy presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, junto con sus colaboradores más cercanos ocupaban las áreas clave en la Secretaría de Energía: Calderón Hinojosa, secretario; César Nava Vázquez, director jurídico; Juan Camilo Mouriño Terrazo, subsecretario. Así como Dionisio Pérez-Jácome Friscione, titular de la Comisión Reguladora de Energía. Iberdrola recibió permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, todas ellas, actividades que, según el artículo 27 constitucional, son exclusivas del Estado.
A pesar de que la ASF determinó que los permisos son ilegales, los funcionarios federales le autorizaron nuevos y, además, mayores privilegios.
En 2003, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, uno de los hombres más cercanos al presidente Calderón y actual subsecretario de Egresos, permitió de forma ilegal –según determinó la ASF– que Iberdrola porteara electricidad que excedía más del doble de la cantidad que se le autorizó en 2002, para el “autoconsumo” de su socia Nylon de México. La ASF pidió a los órganos internos de control abrir una indagatoria contra los funcionarios de la CRE y la CFE responsables.
En el dictamen, en el cual resolvió que los permisos a consorcios privados para generar y vender electricidad en México son ilegales, la ASF detalló que Iberdrola fue la principal beneficiada. Para esas fechas, la CRE había otorgado 17 permisos de producción independiente que sumaban 7.092 megavatios (MW), lo cual representa el 19 por ciento del parque de generación de la CFE. Entonces habían entrado en operación ocho centrales que producían 3.495 MW. El resto estaba en construcción.
Todos los permisionarios eran filiales de empresas extranjeras. El capital español controlaba 43 por ciento de la producción independiente en México: Iberdrola y Unión Fenosa tenían permisos por 2 mil 242 y 1 mil 712 MW, respectivamente. Las firmas estadunidenses tenían 19 por ciento; las japonesas, 12 por ciento; y las canadienses, 6 por ciento.
La tendencia de expandir el servicio público con base en la producción de energía por los productores independientes, de acuerdo con el diagnóstico de la ASF, llevará a la extinción del parque de centrales de la CFE y LFC. La proyección es catastrófica: “Con el correr de los años ya no habrá generación pública para servicio público, éste reposará fundamentalmente en la electricidad que los organismos públicos compren a los particulares. Ese derrotero atenta contra el servicio público porque propicia la extinción de una actividad que es parte integral del mismo: la generación para servicio público”.
El Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POSIE) 2002-2011 plantea que en los próximos tres años la iniciativa privada cubrirá el 69 por ciento de la producción, generación, transmisión y distribución de energía, además de los proyectos de infraestructura en el sector. Pese a que resulta más costoso sostener los proyectos realizados bajo la figura de productor independiente, que si la propia CFE los financia en el exterior, según estimaciones de la ASF.
El organismo de fiscalización señalaba que la CFE podía conseguir créditos internacionales a tasas que no deben superar 7 por ciento anual, por lo que, “sería factible que esta paraestatal pudiera financiar las plantas generadoras de ciclo combinado para amortizarse en periodos de 12 años. Con este esquema, a la CFE le costaría el mismo precio unitario de 0.93 centavos de dólar por KWH (kilowatt por hora) generado, que actualmente está pagando a los productores independientes, pero se reduciría el periodo de amortización a la mitad y las plantas generadoras serían propiedad de la nación”.
En estas condiciones, Iberdrola se convirtió en el principal productor privado de energía eléctrica en México. A nivel corporativo, según sus cifras oficiales, gracias a sus negocios en este país, las ganancias netas entre 2003 y 2007 se incrementaron hasta un 78 por ciento en promedio anual.
Ello porque Iberdrola utiliza la infraestructura de la CFE para la producción de energía eléctrica que vende a la CFE y a empresas privadas, lo cual ha sido contraproducente tanto para el Estado como para los consumidores mexicanos, porque ahora la paraestatal ajusta las tarifas a los precios que las privadas le venden la electricidad. La ASF comprobó que, en detrimento del patrimonio nacional, la CFE mantenía subutilizadas muchas de sus plantas y compraba excedentes a las productoras independientes.
Entre 2003 y 2004, Iberdrola recibió también autorizaciones para almacenamiento y venta de gas natural, y onerosos contratos de obra pública en la CFE. Hoy día es una de sus principales contratistas.
Beneficios transexenales
En junio de 2006, la CRE autorizó a Iberdrola vender energía a 194 corporativos –entre ellos Bimbo, Barcel, British American Tobacco México, Cemex, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Tiendas Soriana, Maseca– mediante la modificación al Permiso para Generar Energía Eléctrica bajo la Modalidad de Autoabastecimiento E/205/AUT/2002, expedido a nombre de Iberdrola Energía de Monterrey.
Según el permiso original, esta empresa abastecería a sus socias Hylsa, SA de CV, y Nylon de México, SA. Con las modificaciones se le permitió incluir “como socios” a 92 corporativos, a los cuales suministrará energía eléctrica bajo la modalidad de “autoabastecimiento”, y otros 102 corporativos que recibirán la electricidad de Iberdrola bajo la modalidad de “abastecimiento”.
La administración de Felipe Calderón recibió a Iberdrola con la adjudicación de un contrato por 605 millones de dólares para modernizar la Central Nuclear Mexicana Laguna Verde (en propuesta conjunta con Alstom, compañía que en 2002 vendió a la CFE turbinas de gas que presentaron problemas tecnológicos, según detectó la ASF). Según información corporativa del consorcio, éste es el contrato más grande que ha obtenido desde que inició operaciones en México.
Según las especificaciones técnicas del contrato, en un plazo de ejecución de 42 meses, Iberinco se encargará del diseño, ingeniería, suministro de equipos y materiales, instalación, montaje y pruebas para llevar a cabo el aumento de potencia del 20 por ciento de la nucleoeléctrica.
Actualmente, la central de Laguna Verde –la única central nuclear productora de electricidad en México– tiene una capacidad total de generación de 1.373 MW, que representan el 2.85 por ciento de la capacidad efectiva de generación de la CFE. Una vez finalizado el proyecto, la central deberá proporcionar 1.634 MW.
En su información financiera, el corporativo asegura que el gobierno mexicano le asignó este proyecto gracias a su “experiencia y capacidad técnica adquiridas durante los últimos años en proyectos nucleares, tanto en España como en el extranjero (Brasil, Eslovaquia, Ucrania, Rusia, Francia, Italia y Alemania)”, y por su infraestructura. No obstante, el proyecto es ejecutado por subcontratistas.
Los directivos de Iberdrola denunciados por supuesto fraude, Jesús Manuel Aragones Sagredo y Emilio Navarro Cantarero, se negaron a dar su versión de las acusaciones en su contra. Fortuna solicitó también entrevistas con los directivos de la CFE y la CRE, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Monto de las demandas por empresa
• Maíz Edificaciones, SA de CV (del Grupo Maíz), acusa a Iberdrola de fraude por 70 millones de pesos
• AR Servicios y Suministros del Sur SA de CV, 13 millones de pesos
• Electrificaciones Parral, 11 millones de pesos
• Desarrollo y Proyectos de las Huastecas, 7 millones de pesos
• Underterra, 6 millones de pesos
• Late Construcciones, 3 millones de pesos
• Ibex Constructor y Comercializadora, 1 millón 800 mil pesos
