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Mientras en el exterior el gobierno de Calderón publicita la ratificación mexicana de acuerdos internacionales del ámbito marítimo, en la práctica incumple las normas mínimas de bienestar de la gente de mar a las que está obligado por el Convenio Internacional 163 y la Recomendación 173 de la Organización Internacional del Trabajo.
Fotos: Rubén Darío Betancourt
Puerto de Veracruz, Veracruz. “Existen tres tipos de hombres: los vivos, los muertos y los marineros”, porque nunca se sabe si están vivos o muertos, escribió Víctor Hugo. El autor de Los Miserables hacía referencia a los tiempos en que una vez embarcada, la tripulación perdía todo contacto con tierra firme y sus pobladores. Ciento cincuenta años después, para los marineros en algunas zonas del mundo las condiciones no han cambiado. Alejados de su familia por periodos mínimos de seis meses (promedio de las contrataciones), en su mayoría, aún trabajan sin sistemas de comunicación personal, salvo las ocasiones en que entran a puerto, descienden del barco y consiguen algún auricular para telefonear a sus países de origen.
Trabajadores errantes que hacen posible el 90 por ciento del comercio mundial, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son víctimas de la explotación laboral y la negligencia de los Estados que omiten supervisar que las embarcaciones que portan su pabellón cumplan con las leyes laborales locales y los acuerdos internacionales.
Para menguar las malas condiciones de trabajo de la “gente de mar”, el 8 de octubre de 1987, la OIT, agencia tripartita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza, estableció el Convenio Internacional 163 y la Recomendación Suplementaria 173 sobre el Bienestar de la Gente de Mar, en el Mar y en el Puerto, que en términos generales compromete a los países signatarios a facilitar a todos los marineros, independientemente de su nacionalidad, raza, color, género, religión, filiación política, y de forma indistinta de la empresa o del país en el que esté matriculado el buque a bordo del cual estén empleados, los medios y servicios apropiados para su estancia en todos los puertos.
Lo anterior implica establecer condiciones laborales comunes para todos los marineros, supervisadas por el Estado como rector. Es decir, que una vez que el marinero entra en aguas territoriales tenga la certeza de que el Estado lo protegerá de cualquier violación a sus derechos laborales. Según el convenio, los países miembros deben contar con hoteles o albergues; transporte; servicios médicos, educativos, consulares y de asesoría legal; sistemas de comunicación telefónica e internet, y hasta centros recreativos para los marineros. Todo ello, en instalaciones aledañas a los puertos, conocidas como Seaman’s Center, traducidas en México como “casas del marino”.
La regla internacional ordena destinar a estos centros una parte de las cuotas que las administraciones portuarias cobran a todo buque por su ingreso a puerto. Acorde con la Recomendación 173, el país miembro debe contar con una junta de bienestar en el ámbito del puerto o en el plano regional o nacional, según proceda, encargada de canalizar esos recursos a los Seaman’s Center.
Para coadyuvar a que se cumplan los acuerdos internacionales, el Comité Internacional de Bienestar para la Gente de Mar (ICSW, por sus siglas en inglés) creó el Fideicomiso para Gente de Mar. Éste es administrado por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), cuyos miembros –4.5 millones de transportistas marítimos, portuarios, fluviales, ferrocarrileros, terrestres de mercancías y pasajeros, de la aviación comercial y asociaciones pesqueras– son sus contribuyentes.
El convenio 163 fue adoptado por el Estado mexicano, tras su aprobación en el Senado de la República el 12 de julio de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. Luego de su signatura, México fue calificado por los organismos internacionales como un país líder en la región en la protección de los marinos. Sin embargo, el gobierno nunca destinó los recursos ni la infraestructura que marca el convenio.
Marinos desprotegidos
Durante 14 años, Carlos Gutiérrez Gallardo ha surcado las aguas de cuatro océanos y una decena de mares a bordo de cargueros, graneleros y petroleros en los que trabaja como timonel. En los 5 mil 110 días –una tercera parte de su vida– dedicados a su oficio, los pocos descansos de que disfruta son en los periodos en que el barco atraca en puerto a espera de su descarga, trámites legales, suministro de combustible o por alguna reparación. Entonces Carlos, como el resto de la tripulación, aprovecha esas horas para trasladarse al Seaman’s Center local para comunicarse con su familia –que radica en Veracruz–, hacerse una revisión médica, practicar deporte o simplemente descansar.
Más que una actividad recreativa, los marinos consideran su estancia en estos centros como una necesidad física y sicológica que les ayuda a liberar el estrés y el tedio que provoca la monotonía de no tener frente a sus ojos sino agua, y ningún contacto verbal, salvo entre la misma tripulación, cuyos miembros son cada vez más reducidos (promedio de 10 personas). Son testigos de las depresiones agudas que han conducido a no pocos de sus compañeros al suicidio, por no soportar las largas y extenuantes jornadas y, sobre todo, el aislamiento.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 65 por ciento de los trabajadores del mar presentan desórdenes mentales provocados por la dinámica laboral. Las crisis de estrés es la más frecuente, por lo que la OMS recomienda que para menguar los efectos, los marineros busquen actividades de entretenimiento.
Los Seaman’s Center que con mayor frecuencia utiliza este marinero mexicano son los de Miami, Nueva York, Liverpool, Ámsterdam, Shangai, Islas Bermudas, Dubai, Kuwait, Basora, Ad-Dammam y Al Jubayl. Cuando Carlos regresó a trabajar a su país –en un petrolero en Ciudad del Carmen, Campeche– se encontró que no existe tal servicio.
De paso por Veracruz, en la zona carguera del puerto, Carlos habla de la importancia que las casas del marino tienen para su gremio: “La vida del marino no es fácil; lo más duro son los periodos tan extensos de navegación; así que lo primero que hacemos al llegar a un puerto es buscar la casa del marino para telefonear a nuestra familia. Tienen servicio de transporte local, te orientan cómo moverte en la ciudad. Es tan importante porque cuando llegas a un país y no conoces la lengua ni la ciudad, eres blanco de asaltos o abusos de las autoridades locales.
“Eso ocurre con los miles extranjeros que llegan a la Sonda de Campeche, bajan a Ciudad del Carmen con su sueldo de un mes y como no hablan español ni conocen la ciudad, es común que les roben. La población flotante volvió a la zona muy peligrosa y no hay quien oriente a los marinos.”
Carlos intenta sensibilizar a las autoridades mexicanas: “Es importante que el gobierno de Felipe Calderón atienda al sector, que construya casas adecuadas a nuestras necesidades porque de esto, que parece tan simple, depende que regresemos relajados a seguir las travesías. No estamos pidiendo caridad, son muchas las ganancias en este sector. El marino produce mucho dinero a los empresarios, pero además generamos divisas, fortalecemos la economía de los países y no obtenemos ningún beneficio”, dice el timonel.
Malos manejos
En 2001, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, el Fideicomiso para Gente de Mar otorgó 247 mil libras esterlinas para que dos inmuebles en este puerto se adaptaran a los requerimientos mínimos de los Seaman’s Center. Los recursos fueron administrados por Raymundo Mata Contreras, director general adjunto de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante (DGPMM), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En 2005, el funcionario fue denunciado penalmente por diversas organizaciones de marinos de Veracruz por fraude en el manejo de los recursos del ICSW (Fortuna 50). El juez primero de Distrito, Roberto Dorantes, lo encontró culpable de “administración fraudulenta”. Se comprobó que Mata Contreras desvió el dinero a sus cuentas personales mediante diversos cheques. Tras permanecer seis días en una cárcel estatal, consiguió un amparo, luego de que a su favor intervino su jefe con quien guarda una relación de compadrazgo, César Patricio Reyes Roel, titular de la DGPMM.
Pese a la gravedad del ilícito, con Luis Téllez al frente de la SCT, Mata Contreras fue ascendido a director de Ecuación Náutica, del Fideicomiso de Ecuación Náutica, cargo que ocupa actualmente.
Tras el quebranto, cuando arrancara el gobierno de Felipe Calderón las organizaciones adheridas al Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMMAC), pidieron a la SCT se les otorgara en comodato uno de los inmuebles para activar el Seaman’s Center. Por el contrario, la política fue prácticamente desmantelar los centros. Incluso, dos camionetas, adquiridas con recursos del fideicomiso para trasladar a los marinos que arribaran al puerto, están hoy bajo uso personal del capitán de puerto, Antonio Burgueño Guardado, en contravención a los tratados internacionales.
La política del gobierno federal no sólo afecta a los marinos que arriban a México por la zona del Golfo. En el Pacífico, las organizaciones locales han recibido notificaciones de que se demolerá la Casa del Marino de Mazatlán, bajo resguardo también de la SCT, inmueble histórico que data de 1892. En su lugar, según versiones de empresarios locales, una cadena española levantará un hotel spa.
El presidente del Colegio de Marinos de Sinaloa, Iván Hubbard Rentería, explica que las asociaciones náuticas solicitaron a Calderón Hinojosa que se rehabilite el inmueble y opere como Seaman’s Center, en cumplimiento a los convenios internacionales. “Creemos que el abandono en que se dejó la casa es intencional, y aunque el gobierno ha hecho caso omiso a nuestro reclamo, seguiremos insistiendo en que se rehabilite, porque para nosotros los marinos es fundamental que en México existan estos centros, como los hay en todo el mundo”, señala.
Desprestigio internacional
En junio pasado, representantes del ICSW y la ITF –ambas con sede en Londres y presencia en 123 países del mundo– se reunieron en este puerto para evaluar los avances que en los últimos cuatro años han tenido los países signatarios del convenio 163 y en especial el Estado mexicano, cuyos funcionarios –de la SCT– fueron designados por los organismos internacionales para impulsar los programas de bienestar de la gente de mar en todo el continente.
En 2004 se invistió al director general de Marina Mercante, José Tomás Lozano y Pardinas, presidente del Comité de Bienestar para la Gente de Mar de la Región Norteamericana y Centro América Latina. Su obligación era desarrollar los Seaman’s Center. Por el contrario, en ese periodo, la SCT prácticamente desmanteló las casas de marino.
En la DGPMM, el exdiputado por el Partido Acción Nacional Lozano y Pardinas benefició con adjudicaciones directas a su amigo senador Enrique Madero Muñoz, propietario de la empresa Electronic Publishing especializada en software (Fortuna 45).
En los cuatro años que Lozano presidió el comité, concluyeron los integrantes del ICSW y la ITF, el resultado fue nulo. En contraste, en el mismo lapso, Brasil, nación que firmó el convenio 163 al mismo tiempo que México, abrió cuatro Seaman’s Center. Otro caso fue el de Venezuela, que no firmó el convenio por considerar que los estándares eran más bajos de lo que se requiere y, por cuenta propia, el Estado mejoró considerablemente las condiciones de los marineros nacionales y extranjeros.
En las reuniones de trabajo en las cuales estuvieron presentes los reporteros de las revistas Fortuna y Contralínea. Periodismo de Investigación como únicos medios de comunicación invitados, los organismos internacionales declararon el incumplimiento de México a los acuerdos internacionales y el fracaso de los funcionarios de la SCT. La ICSW y la ITF descubrieron que, lejos de ser un país líder en la protección de la gente de mar, es uno de los que tienen las peores condiciones.
Peter Bautista Payoyo, abogado de profesión, y presidente del ICSW, dice que tras visitar distintos puertos de México comprobó “la negligencia e irresponsabilidad del gobierno mexicano”. Explica que cuando ratificó el acuerdo, “se promovió como un líder en el ámbito marítimo”, sin embargo todo se redujo a papel. “De nada sirve firmar un convenio si no tiene ninguna acción directa, así que de nada sirve que México sea signatario si no hace nada por los marineros”.
“Es lamentable decirlo, pero los funcionarios mexicanos siempre firman los acuerdos y no los cumplen, hay mucha displicencia, así que somos el mal ejemplo. Lo primero que hacen lo marineros al llegar a cualquiera de los 16 puertos es preguntar por los Seaman’s Center, pero no hay ninguno”, interviene Enrique Lozano, inspector en México de la ITF.
Al desatender los acuerdos marítimos, evalúa Bautista Payoyo, el gobierno de Felipe Calderón queda fuera de la agenda internacional: actualmente, el 90 por ciento del comercio mundial se realiza por la vía marítima, y el tráfico portuario es un importante generador de divisas.
Ysmael García, coordinador de la ICSW en México, América Latina y el Caribe, señala que aunque en la regulación mexicana los convenios internacionales son leyes supremas, “en los marítimos el gobierno sólo ha simulado: los funcionarios van a Ginebra, levantan la mano, a todo dicen que sí, y cuando regresan no hacen nada. No entienden la seriedad de su firma, únicamente están en la perorata y el glamour”. García consensuó con autoridades de países con menor índice de desarrollo, entre ellos El Salvador, Honduras y Costa Rica, para que se abrieran casas de marino; en México sus reuniones con los funcionarios de la SCT fueron infructuosas.
Antonio Rodríguez Fritz, secretario de la ITF para la región interamericana, asegura que durante años la federación ha realizado en México el trabajo que por ley le corresponde al gobierno, pero, agrega, “se requiere de la colaboración tripartita: del gobierno, los armadores y los empresarios del sector. Se debe apoyar a los trabajadores, porque ellos hacen realidad el comercio internacional, son una parte fundamental del comercio exterior. Además, lo que queremos no es un servicio secundario o de mala calidad, sino conforme al convenio de la OIT”.
—¿A nivel regional en qué lugar quedaría México? –se le pregunta a este mexicano, quien coordina a la Federación Internacional desde Brasil y que está en proceso de convertirse en integrante del comité directivo en Inglaterra.
—En los últimos tres meses, Colombia ha abierto tres casas de marino, con eso igualó a México en 70 años; eso da un ejemplo de lo que pudimos haber hecho aquí. Creo que hay poco interés del gobierno, no necesariamente por desconocimiento; finalmente, el país depende en gran parte de la actividad marítima; un 70 por ciento del comercio es por esta vía, así que, queramos o no, dependemos de esta industria. Desgraciadamente, la mala política hizo que México se convirtiera de un país con una flota nacional e infraestructura propia en un país dependiente. A estas alturas todo está en manos de extranjeros.
Más fondos
Pese al mal manejo del donativo y el desinterés del gobierno, nuevamente el ICSW autorizó recursos para que se rehabilite una de las casas de marino de Veracruz. Se destinaron 45 mil dólares para arrancar el proyecto. “Esperamos que éste sea el inicio de un nuevo capítulo para la gente de mar en México. Vimos la necesidad de que se instale un centro en Ciudad del Carmen donde hay tantos trabajadores, e iniciaremos con el plan”, explica Tom Holmer, presidente del fideicomiso.
Pero las organizaciones internacionales dieron su espaldarazo a que sea el FUMMAC y no la SCT el que administre el inmueble. A esa conclusión llegaron luego de visitar la casa del marino que está bajo resguardo del capitán de puerto, Antonio Burgueño, funcionario que se negó a dar una entrevista a este medio.
Las condiciones del local son deplorables: las camas desvencijadas, las cobijas raídas, con baños colectivos cubiertos de sarro. La gruesa alfombra que cubre los pisos desde el umbral pasando por los pasillos y las escaleras intensifica la humedad y el hedor. La abundante lluvia –propia de la temporada– provoca incesantes hordas de insectos que se cuelan por las ventanas. “Hay agua caliente”, dice el encargado, como si mostrara un hotel cinco estrellas.
Hay dos huéspedes: un trabajador de Naval Mexicana que paga 250 pesos por noche, y el empleado de una agencia naviera, que paga 4 mil 600 por mes. Los más frecuentes, enuncia el guía, son trabajadores de Dragamex y Pemex.
“Pensar en la gente de mar como alguien que necesita caridad es algo que no debemos de hacer –dice Tom Holmer–, son profesionistas, están calificados, sin embargo, trabajan en condiciones muy arduas, lejos de sus familias, y necesitan de servicios accesibles. En el fideicomiso estamos determinados a hacer lo que sea posible para romper este aislamiento en el que viven estos trabajadores. Las casas de marino deben tener buenos servicios”.
Peter Payoyo enfatiza: “No son limosnas lo que busca la gente de mar. Globalmente hay 1.3 millones de trabajadores en este sector, y su bienestar es importante para nosotros, así que el gobierno y los armadores deben poner más atención, porque ello no es distinto al proceso de obtener buenas ganancias”.
Aunque el fideicomiso autorizó los recursos, el FUMMAC no podrá echar mano de ellos en tanto la SCT no les autorice el comodato. Tom Holmer explica que buscan tener certeza de que la donación servirá a los marineros y no a los funcionarios que, como ocurrió en 2001 se quedaron con el apoyo. “Desgraciadamente –puntualiza Víctor Martínez, presidente del FUMMAC– desde que empezó el gobierno de Calderón hicimos la gestión, a dos años la SCT es omisa”.
La estrategia a seguir, plantearon los representantes del ICSW y la ITF, será presionar a nivel internacional al gobierno mexicano, desde la sede de la OIT y en los 123 países que tienen presencia las organizaciones, apelando a su incumplimiento al convenio, para que el FUMMAC con el apoyo del ICSW y la ITF cubra ese vacío.
Rubor legislativo
El congresista Marco Antonio Peyrot, secretario de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, dice que es vergonzoso que los representantes de la ICSW y la ITF descubrieran que aunque distinguieron a un funcionario de la SCT para impulsar la adopción de las normas internacionales en el continente, ni siquiera en México hubo resultados.
“Las cuentas que rendimos como Estado a estas organizaciones internacionales que buscan el bienestar de la gente de mar en todo el mundo no son las adecuadas. No es el que nos gustaría proporcionar, porque, finalmente, en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, en donde cada vez es más es importante que el ICSW tenga aliados, en México no hemos estado a la altura”.
Falta de voluntad política enmascarada con la ausencia de presupuesto, explica Peyrot, integrante del PAN, son los argumentos en que el gobierno federal justifica su negativa a cumplir con el Convenio 163, así que “también hace falta convencer a las autoridades de que cumplan con los acuerdos que firman”.
El legislador Cuauhtémoc Velasco Oliva, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, señala que el incumplimiento al convenio internacional ha derivado en la violación a los derechos humanos de los marineros que ingresan a aguas mexicanas: “Mientras que en el resto del mundo vemos cómo se fortalecen las casas del marino, en México simplemente no hay nada. Ni siquiera se garantiza algo tan básico como un salario seguro, menos lo que marca la OIT, por el contrario, la tendencia es que el descobijo del Estado se agudice”.
Marino de guerra de profesión e integrante del partido en el poder, Marco Antonio Peyrot comparte la proyección pesimista: “Las autoridades mexicanas no tienen la voluntad política para atender al sector nacional que trabaja en los mares; con esta tendencia, es muy difícil que se aplique un convenio internacional”. (ALP)
