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Actualmente están más que claras las razones por las cuales Felipe Calderón Hinojosa y su equipo, los grandes empresarios y los legisladores panistas, priistas y demás mercenarios se habían opuesto rabiosamente a que la sociedad se enterara de las verdaderas intenciones que subyacen alrededor de su pretensión de reprivatizar la industria petrolera, y que ella sea quien decida si acepta o rechaza ese atentado en contra de la nación, tal y como sucedería en un Estado democrático como, dice la derecha, es México, retórica que no ha logrado ocultar la permanencia del despotismo presidencialista heredado por los priistas a la extrema derecha confesional.
El foro sobre el petróleo que, a regañadientes, se vio obligado a organizar el Congreso, con la oposición de Calderón, ha tenido la virtud de desnudar el plan de los neoliberales. La estrategia de desinformación montada oficialmente en torno a dicha industria y de Petróleos Mexicanos (Pemex), basada en la mentira, el ocultamiento y la manipulación de los datos reales de la situación del sector y la empresa; la agresión verbal, la descalificación y el linchamiento “republicano” de los opositores a la propuesta calderonista; el terrorismo verbal utilizado en contra la población para atemorizarla con el agotamiento de las reservas del crudo, lograr su apoyo y así justificar la aprobación de la contrarreforma petrolera. En esa tarea, por cierto, el gobierno ha sido abiertamente apoyado por columnistas, gacetilleros y los dueños de la mayoría de los medios de “comunicación”.
Quienes han sido enviados a defender la iniciativa de Felipe Calderón –sus empleados “técnicos”, como Georgina Kessel, Jesús Reyes o Carlos Morales; sus porros, como Germán Martínez; los intelectuales orgánicos al mejor postor, como Héctor Aguilar Camín; los peones de las empresas trasnacionales, como Adrián Lajous o Francisco Barnés, y los think-tanks de la derecha del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Escuela Libre de Derecho o del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Carlos Elizondo, Héctor Fix-Fierro, Luis Rubio, Mario Becerra Pocoroba, Pablo Mulás, Arturo Fernández, Javier Beristáin o Miguel Carbonell–, inescrupulosamente, no sólo se han visto obligados a dar “saltos de carnero” para tratar de justificar “científicamente” inexcusable: las supuestas ventajas de la reprivatización petrolera. Pero lo más relevante de sus exposiciones no fue la carencia de argumentos ni su incapacidad para convencer a la población, sino lo que dijeron sin el menor rubor, en consonancia con el pensar y el actuar de Calderón: que “el derecho para ellos son sólo palabras y la ley es totalmente manipulable (se le puede usar como se quiera y para cualquier fin). El fin del derecho para ellos es ponerlo al servicio de los intereses privados, manipularlo, manejarlo como se hace con cualquier herramienta”, como les diría el analista Arnaldo Córdova. Para Calderón, sus “técnicos”, rudos, juristas y politólogos –aprendices de Pinochet y demás–, la Constitución tiene el valor del papel higiénico. En lugar de respetarla y ceñirse a ella, con la maquinaria del poder, en contra la sociedad, la mancillarán cada vez que quieran, con la complicidad de los priistas.
Los que han argumentado en contra, como el propio Córdova, Luis Javier Garrido, Cuauhtémoc Cárdenas, Jaime Cárdenas y muchos otros, con nítidos fundamentos, exhibieron los fines centrales y las mentiras descaradas de Felipe Calderón y los presidentes que lo antecedieron, desde Miguel de la Madrid: primero, cómo deliberadamente han desmantelado, saqueado y estrangulado tecnológica y financieramente a Pemex, hasta dejarlo fuertemente endeudado y en bancarrota –con la corrupción, el contratismo ilegal empresarial, los funcionarios públicos y sus amigos y familiares o el despojo fiscal–, además de encubrir y proteger a los responsables –De la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Francisco Gil, José Ángel Gurría, Agustín Carstens, Raúl Muñoz, Francisco Labastida, Luis Ramírez, Juan Camilo Mouriño, Kessel, Carlos Romero, etcétera–; cómo se han desperdiciado escandalosamente los excedentes petroleros; cómo se ha abandonado el impulso a una política energética –desarrollo de fuentes alternas, racionalización de la producción, el consumo, las exportaciones y la conservación de los hidrocarburos–; cómo nos han subordinado a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, y cómo la propuesta calderonista no es una reforma energética ni petrolera. Es una contrarreforma cuyo objetivo final es convertir a Pemex en una simple administradora de contratos, reprivatizar la industria, entregarla anticonstitucionalmente al capital privado –que convierte en delincuentes a Calderón y su equipo–, para cumplir con sus compromisos con Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las trasnacionales y los empresarios que lo impusieron en la Presidencia.
La iniciativa calderonista no es original. El panista sólo hizo suyo el llamado Proyecto Suma, elaborado por la empresa Neoris, una subsidiaria de Cemex, que a su vez se basa en la ley Sarbanes-Oxley, aprobada por el Congreso estadunidense en 2002 (Fortuna 63).
Arnaldo Córdova señaló que uno de los problemas medulares de Pemex es fiscal. Tiene razón. Un cambio tributario distinto para Pemex, como parte del diseño de una reforma fiscal integral y progresiva, que grave más a las empresas, sobre todo a las grandes, y a las personas físicas de altos ingresos, las importaciones y exportaciones y la usura financiera, que castigue severamente la evasión y la elusión en el pago de impuestos, junto con los responsables de Hacienda, acompañado con una estrategia energética que contribuya a resolver los problemas de Pemex, sin necesidad de reprivatizar inconstitucionalmente la industria. Pero como bien sabe Córdova y otros analistas, las razones de la iniciativa no son económicas ni financieras o de seguridad nacional: son de voluntad política, que corresponden a los compromisos de las elites que nada tienen que ver el interés nacional.
La expoliación fiscal de Pemex ha sido una constante, desde el inicio de la experiencia petroexportadora. La producción y exportación irracional de los hidrocarburos y el saqueo brutal de Pemex –la caja chica e inescrutable y menos sancionable del Estado– están íntimamente asociados a los problemas fiscales estructurales del Estado, la contrarreforma fiscal y la instauración del proyecto neoliberal de nación iniciado por De la Madrid. José López Portillo elevó la extracción y las ventas externas. Los recursos recibidos permitieron abandonar prematuramente la camisa de fuerza impuesta por el FMI, desarrollar la industria petrolera y lograr un crecimiento de 8 por ciento, en promedio anual, en su sexenio. Al final heredó el peor colapso y la insolvencia de pagos de 1982. En promedio, le quitó el 99 por ciento de los rendimientos a Pemex por concepto de impuestos. De la Madrid le arrancó fiscalmente el 98.4 por ciento e inició la destrucción de Pemex y la industria petrolera por dos vías: el desmantelamiento de la industria petroquímica básica y el castigo a la inversión de la empresa, al aplicar los programas de estabilización y las reformas estructurales neoliberales impuestas por el FMI y el Banco Mundial. Salinas lo despojó del 92.3 por ciento de sus rendimientos, mantuvo el castigo presupuestal a Pemex, que fue incapaz de satisfacer la demanda local de hidrocarburos y sus derivados, aceleró su destrucción al descuartizarlo en cinco unidades y subordinar la industria dentro de la zona geopolítica de Estados Unidos, con el tratado de libre comercio, aún cuando no se atrevió a abrir el sector a la inversión privada nacional y extranjera. (Véase gráfica y cuadro anexos). Salinas agravó la petrodependencia exportadora ante Estados Unidos. En 1987 se le vendió el 47.5 por ciento de las ventas externas totales del crudo. En 1995 subió a 83.4 por ciento. En 2006 se ubicó en 80.4 por ciento.
La época más infame de Pemex es vivida con Zedillo, Fox y Calderón. A raíz del colapso de diciembre de 1994, Zedillo hipotecó temporalmente la factura petrolera con Estados Unidos y con el rescate financiero de 1995 se comprometió con el FMI y el país vecino a abrir la participación privada en el sector energético. A partir de 1998 Pemex es descapitalizado. Después del pago de impuestos, el estado de resultados de Pemex se vuelve negativo. En 1998-2000 su contribución supera el ciento por ciento de sus rendimientos (108.9 por ciento, en promedio). Obtiene rendimientos acumulados por 697.3 mil millones de pesos reales (MMPR) en 2002 y, sin embargo, después del pago de impuestos, arroja un déficit acumulado por 61.6 MMPR. Con esa situación, simple y llanamente Pemex será absolutamente incapaz de cumplir con sus programas de exploración, producción y desarrollo de su infraestructura. Zedillo aprovecha esa circunstancia deliberada para permitir, con la complicidad priista y panista del Congreso, la anticonstitucional inversión privada, a través de los contratos de servicio múltiple.
Con los neoliberales Fox y Calderón la etapa negra de Pemex se intensifica. Pese a las evidencias de la declinación de las reservas, Fox aumenta la producción y las exportaciones hasta 2004, cuando una y otra, inevitablemente, empiezan a declinar. Peor aún, aprovecha la tendencia ascendente de los precios del crudo iniciada en 2002 para reforzar la exacción de Pemex. En promedio sexenal, el pago de impuestos equivale a 108.2 por ciento de los rendimientos. La empresa obtiene 2 billones 192 mil pesos reales acumulados y, no obstante, arroja una pérdida por 152 mil millones en 2001-2005 y amplía la participación privada a través de los Pidiregas, que sustituyen a la inversión pública. El espíritu empresarial de Fox le lleva a ampliar los Pidiregas, castigando aún más el presupuesto de las inversiones propias de Pemex, además de que encubre la corrupción. Ahora, Calderón le cuida las espaldas.
Este último ha mantenido la misma estrategia de sus predecesores. En 2007 Pemex ganó 525.7 mil millones y le quitaron 538.6 mil millones de pesos por lo que arrojó un rendimiento neto desfavorable por 12.8 mil millones. Igualmente mantiene la restricción en las inversiones con recursos públicos y privilegia la anticonstitucional participación privada.
La asfixia fiscal y presupuestal de Pemex por los neoliberales explica su incapacidad para financiar sus programas de desarrollo. Ello revela su imposibilidad para ampliar su infraestructura, lo que le ha obligado a contratar una ascendente deuda interna y externa que agrava su ruina. Por si no fuera suficiente, se ha hipotecado su futuro ya que tendrá que pagar los Pidiregas hasta 2031 la obra hecha por el sector privado en su nombre. De hecho, casi todo su presupuesto se destina a esos pasivos. Todos esos puntos los veremos en la siguiente entrega.
Cualquiera sabe que una empresa con esas lápidas sobre sus hombros es inviable, pese a los altos ingresos que obtiene por sus ventas internas y externas. Si no fuera estatal, habría quebrado hace años.
La ruina de Pemex ha sido deliberada. Ésa ha sido la estrategia neoliberal para justificar su destrucción definitiva y regresar el reloj de la historia a la situación existente antes del 18 de marzo de 1938: entregar otra vez a la industria petrolera a la rapiña de las empresas nacionales y trasnacionales. Aunque con ellos castren a México del único y posiblemente el último instrumento con que cuenta para poder aspirar a salir del subdesarrollo, aunque eso sea una fantasía. Pero hasta ese sueño quieren destruir los neoliberales.
