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Mientras 2 mil millones de personas sufren la crisis alimentaria, las multinacionales agrícolas obtienen ganancias superiores a 40 mil millones de dólares anuales. El delegado de las cinco agroindustrias que operan en México afirma que el “auge” apenas comienza.
La dependencia tecnológica en la agricultura obliga a los campesinos de México a adquirir semillas genéticamente modificadas a un precio mayor que el de las tradicionales; esa práctica privatiza el derecho a la vida, estiman especialistas. En contraste, las multinacionales agrícolas asentadas en el país argumentan que éste es el negocio del futuro que, además, contribuye a promover la tecnología.
El servicio PRNewswire informó que, el 31 de marzo pasado, la empresa líder en tecnología genética Monsanto acordó la compra del grupo holandés De Ruiter Seeds Group BV, por 546 millones de euros (alrededor de 840 millones de dólares).
Apenas 29 días después, Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial, anunció que los elevados precios de los alimentos “son cuestión de supervivencia para 2 mil millones de personas”, y pidió recaudar 755 millones de dólares para que el Programa Mundial de Alimentos atienda la crisis alimentaria que “será crucial” en las próximas semanas.
Con esa lógica “condenamos a la población a grandes hambrunas y a la posibilidad de una esclavitud; es lo que Marx denominó subsumisión formal del trabajo al capital”, dice la doctora Rosa María Romero Cuevas, coordinadora de la maestría en educación ambiental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
En los laboratorios de esas agroindustrias globales se crean los organismos genéticamente modificados (OGM) por medio de la citogenética, biología molecular y biotecnología. En estos lugares, por ejemplo, se corta el ADN del escorpión que genera su veneno y se adhiere al maíz; lo mismo ocurre con el tomate, al que se le fija la parte de ADN del salmón para que resista al agua fría y se evite su rápida descomposición, explica el doctor en economía ecológica y gestión ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona, Gian Carlo Delgado.
El también especialista en asuntos de competencia intercapitalista y sus contradicciones, considera que en estos casos “ya hay una violación de barreras entre reinos y no conocemos cuál será el futuro para los seres humanos y su hábitat. También debe observarse que los trabajos genéticos se hacen en laboratorios privados, la mayoría de ellos subsidiados”.
Estas investigaciones se originaron en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que trabajó con laboratorios públicos y privados. Así ocurrió con el Delta and Pine (que más tarde pasó a Monsanto): además de recibir subsidios del Estado, obtuvo estudios hechos por el sector público del germoplasma vinculado a las semillas modificadas.
“Como es un gran negocio, volvieron a darles subsidios y así se involucró al sector industrial privado, que se benefició porque las semillas modificadas rompían la tendencia de mantenerse fértiles cada ciclo, y más tarde esa facultad se limitó a tres ciclos como máximo”; hoy, la semilla modificada ya no es fértil y el consumidor depende de las que compra al sector privado, abunda el investigador.
En México, los grandes monopolios agropecuarios y agroindustriales extranjeros (Monsanto, Bayer, Syngenta, Nestlé, Unilever, Cargill, Novartis, Zeneca, Agroevo y DuPont, entre otras) invierten en el ramo biotecnológico y recuperan su inversión con las ventas.
El informe de Europress del 2 de abril pasado señala que Monsanto duplicó sus ganancias, al obtener un beneficio neto de 1 mil 129 millones de dólares (casi 724 millones de euros) en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal.
Rosa María Romero dice que ya “surgió una nueva forma de dominio de unas cuantas firmas sobre la humanidad, y eso amenaza más a la subsistencia de la mayoría, pues muchísimas personas dependen de la autosuficiencia alimentaria”.
El gran problema de la investigación en modificación genética de las plantas y animales, indica, es que “se legaliza la apropiación privada de la vida; ocurre con los organismos genéticamente modificados y con los no modificados a través de las multinacionales”.
Añade que los corporativos se apropian de la información genética y del conocimiento tradicional que poseen las comunidades sobre la flora silvestre, “las manipulan genéticamente y registran las patentes como propiedad intelectual privada. Estamos ante la apropiación privada de la biodiversidad, y cuando crean un organismo transgénico nos preguntamos: ¿la naturaleza puede pertenecer a alguien? La naturaleza es un patrimonio de la humanidad; no puede convertirse en mercancía”.
Otro riesgo de los organismos genéticamente modificados es que al extenderse como monocultivos acaban con la biodiversidad local. “Ahí radica la bioesclavitud, que sería una forma disfrazada del libre comercio”, explica.
El informe GEO 2007, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte que el riesgo “en la extracción de recursos naturales que se exportan a diferentes sitios para su procesamiento, más tarde vuelven a ser exportadas hacia sus lugares de origen, pero a un costo mayor para los pueblos originarios”.
México, cautivo
Gian Carlo Delgado cuenta que en la década de 1970, cuando el exsecretario de Defensa estadunidense Robert McNamara presidió el Banco Mundial (1968-1981) y promovió la llamada “revolución verde”, México admitió las semillas mejoradas. Entonces se afirmó que éstas aumentarían las cosechas de granos y erradicarían el hambre mundial.
En la “segunda revolución verde” (iniciada en la década de 1990), las trasnacionales –Monsanto, Novartis, AgrEvo, DuPont, Cargill– introdujeron el diseño genético de semillas estériles.
En América Latina el comercio extensivo de los OGM fue exitoso. Su consumo creció al grado de que la agencia aeroespacial estadunidense, alertó la tala en la zona amazónica, destinada a ese tipo de cultivo.
Negocio multimillonario
El estudio Resumen ejecutivo 37: situación global de los cultivos transgénicos/GM comercializados 2007, del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones agro biotecnológicas, indica que para ese año el valor global por la venta de transgénicos superó los 6 mil 900 millones de dólares, que representa 16 por ciento de los 42 mil 200 millones de dólares que ganó el mercado global de semillas en 2006.
El documento, elaborado por Clive James, detalla que, de esa cifra, 3.2 mil millones de dólares –47 por ciento del mercado global de cultivos transgénicos– son por maíz; 2.6 mil millones, 37 por ciento, por soya; 900 mil dólares, 3 por ciento, por algodón, y 200 mil dólares por canola o colza, planta oleaginosa.
Por división geográfica, esos 6.9 mil millones de dólares se distribuyeron así: 5.2 mil (76 por ciento) en países industrializados y 1.6 mil (24 por ciento) en países en desarrollo.
Agrega que 23 países sembraron cultivos transgénicos: 12 en desarrollo y 11 industrializados: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, India, China, Paraguay, Sudáfrica, Uruguay, Filipinas, Australia, España, México, Colombia, Chile, Francia, Honduras, República Checa, Portugal, Alemania, Eslovaquia, Rumania y Polonia.
De acuerdo con el estudio, en 11 años –de 1996, cuando comenzaron a comercializarse los transgénicos, a 2007– el valor global acumulado es de alrededor de 42 mil millones 400 mil dólares. Para 2008, “se proyecta un valor global de 7 mil 500 millones”.
Más aún, la multinacional estadunidense Monsanto elevó sus pronósticos para 2008, luego de triplicar en el primer trimestre fiscal su ganancia respecto del mismo trimestre del año anterior (256 millones de dólares). Su facturación aumentó 36 por ciento: 2 mil 100 millones de dólares.
El doctor Juan Navarro Pineda, de la Universidad Autónoma de Chapingo, explica que parte del superávit de las multinacionales agrícolas se debe a que financian las investigaciones y las hacen aparecer como propias. Para el académico, esas empresas se apropian de los conocimientos tradicionales en herbolaria de las comunidades y al patentarlas como marca, financian su inversión.
La voz de AgroBio
—Ésta es una industria nueva, con apenas 12 años. Pero en el futuro crecerá más –dice Fabrice Salamanca, director de la empresa AgroBio, que representa en México a las multinacionales agrícolas Bayer CropScience, Dow AgroSciences, Pioneer, Syngenta y Monsanto.
Lamenta que, ante la actual escasez de alimentos a nivel mundial y el incremento de precios, surjan problemas como el de Argentina: “Les quieren subir los impuestos a los agroproductores, porque venden como locos, pues se duplicó el consumo de alimentos y la producción no aumenta”.
El doctor en filosofía jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid dice: “¿Cómo se va a resolver esto, de que hay que darle de comer al mundo? Vamos a ver mucha más biotecnología agrícola en el futuro”.
Agrega que eso no quiere decir que va a desaparecer la forma tradicional de cultivo, porque siempre va a existir un mercado orgánico. Respecto a la Ley de Bioseguridad recientemente publicada en México, Salamanca considera que se trata “de una ley de avanzada, comparada con la que existe en Brasil, Argentina y Estados Unidos. Es una ley que se hace cargo del tema de bioseguridad, de monitorear lo que pasa y en el Reglamento se refleja”.
El representante de las firmas de semillas transgénicas y genéticamente modificadas confía en que la autoridad mexicana respetará los plazos que establece la ley. “Lo que no se valdría es que sea tan prohibitiva y que en lugar de seis meses sean 12, es muy precautoria: busca la bioseguridad pero no hay que perder la competitividad”.
Fabrice Salamanca reitera que la agenda de estos cultivos debe proponerla el gobierno mexicano. Aunque en América Latina se consume masivamente el frijol, no existe este cultivo transgénico, señala.
Considera que para cambiar el futuro agrícola de México, las instituciones educativas del país, junto con las autoridades, deben crear sus propias patentes y plantear el desarrollo de frijol transgénico “con Bayer, por ejemplo”.
—¿Ustedes cabildean en el Congreso y en el Ejecutivo?
—Es natural. Esa negociación y cabildeo se abrió para todo el mundo. Y el Congreso está abierto para cualquier tema porque negocia con las puertas y las ventanas abiertas. Las empresas quieren hacer negocio con la biotecnología aquí. ¡Claro que queríamos que saliera una ley!, como a la industria automotriz le importa la miscelánea fiscal.
—¿Los miembros de AgroBio ya tienen repartido su mercado en México?
—Están las empresas que compiten en el maíz, en soya y en algodón. En ciertos casos algunos están asociados, como los que tienen la patente del algodón resistente a una plaga y otros con el algodón resistente a otra plaga y acuerdan los préstamos de sus semillas para hacer una reforzada.
“Sin embargo, como en México no ha habido un uso extensivo comercial de este tipo de semillas (porque no se había publicado el Reglamento de la Ley de Bioseguridad), no había avance. Lo interesante va a ser que en la medida en que salgan productos para su comercialización habrá mayor competencia y eso va a bajar los precios para quienes directamente utilizan esta tecnología y para los que no la usan.
“Las empresas que producen abonos y pesticidas van a perder mercado y bajarán sus precios, y eso va a fomentar la competencia y la competitividad del mercado. Se abre un periodo interesante: ver competir a las semillas transgénicas con las demás”, concluye el director de AgroBio. (NE)
Los cabilderos
Las multinacionales de OGM practican una eficaz política de relaciones públicas a través de firmas como Burson-Marsteller (BM), experta en estrategias de comunicación social. BM contrarrestó los efectos negativos del mal de las vacas locas en Europa, defendió a la Exxon Valdez tras el derrame de petróleo en Alaska y a Union Carbide por el escape de gas letal que mató a 8 mil personas en Bhopal, India.
El sitio electrónico de BM, anuncia que su oficina en México se estableció desde 1985 y constituye la división más grande de la firma en América Latina.
“BM se especializa en administración de la percepción, mercadeo y negocios para negocios, pero también posee significativa experiencia en los campos de tecnología, telecomunicaciones, cuidado de la salud, asuntos públicos y administración de crisis”, dice en su página electrónica.
“Los profesionales de BM en México tienen extensa experiencia en áreas como mercadeo, gobierno y comunicaciones”, agrega. (NE)
Retrato de un gran negocio
La empresa de biotecnología agrícola Monsanto Company emplea a más de 15 mil personas en el mundo y sus utilidades anuales rebasan los 6 mil 400 millones de dólares. Su sede está en el 800 de North Lindbergh Boulevard en Saint Louis, Missouri. Tiene 380 oficinas en el mundo y controla el 90 por ciento del mercado de semillas genéticamente transformadas. Para el ejercicio 2007/2008, que termina el 31 de agosto, el líder global especializado en agricultura, biotecnología y semillas transgénicas percibirá beneficios por acción entre 2.50 y 2.60 dólares, una cifra superior a los 2.40 dólares que estimó inicialmente. (NE)
Privatización de semillas desplaza a campesinos
La Habana, Cuba. La producción de biocombustibles con alimentos amenaza con aumentar el hambre en el planeta, mientras que la apropiación de la semilla por empresas multinacionales constituye una grave amenaza para los pueblos subdesarrollados.
De hecho, el control de las trasnacionales sobre las naciones en vías de desarrollo se expande y consolida por medio de la propiedad de la simiente.
Todo crecimiento en el sector agrícola repercute favorablemente en la economía de un país y el acceso a la semilla es la garantía de la independencia, la alimentación y el sostén de ese desarrollo.
Campesinos y movimientos sociales libran, actualmente, una batalla contra el poder de las firmas trasnacionales, cuyos intereses están dirigidos a obtener el dominio del mercado agrario.
A ese fin sirven los acuerdos internacionales amparados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio (TLC), que denuncian las organizaciones sociales de todos los continentes.
Acuerdos bilaterales, regionales o continentales son los mecanismos utilizados para legalizar el dominio de la propiedad privada por encima del derecho de los Estados nacionales.
Híbridos
La guerra por la semilla comenzó en la década de 1990 en el mundo industrializado con el surgimiento de híbridos para un cultivo tan difundido y necesario para muchos pueblos como es el maíz.
Con la creación de nuevas variedades en esa gramínea originaria de la América tropical se buscaba una mayor productividad a partir de la unión de especies distintas en un alimento básico para la humanidad.
Los híbridos dieron lugar a una industria de semillas y ésta a un mercado dominado por las multinacionales del agro, del que obtienen enormes ganancias, en especial en naciones subdesarrolladas.
Estados Unidos y otros países ricos permitieron entonces patentar genes obtenidos por medios artificiales y plantas genéticas modificadas.
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio fue establecido por la OMC en 1999.
Una vez lograda la protección de las invenciones biotecnológicas en productos del sector agropecuario y de los procedimientos técnicos mediante las patentes, las corporaciones dieron un paso decisivo en el dominio del nuevo mercado.
Transgénicos
De esa forma se avanzó desde el control de los híbridos a otro más lucrativo: el de la semilla genética.
Lo extraordinario de todo esto es que inicialmente los estudios en la esfera de la simiente estuvieron a cargo de empresas estatales de varios países.
Pero las trasnacionales, por medio de licencias especiales, tuvieron a su disposición los estudios costeados en principio por los gobiernos.
Con el predominio de firmas poderosas en un mercado estratégico, los campesinos pierden espacio en las economías y se convierten en peones al servicio de las multinacionales.
Los movimientos sociales y campesinos de Latinoamérica y el Caribe luchan contra estas imposiciones, que pasan a ser serios obstáculos para la seguridad alimentaria de los pueblos.
De ese modo, la apropiación de la semilla híbrida y transgénica por una reducida elite de empresas privadas lleva al control de la industria de los alimentos, indican las organizaciones campesinas.
Basadas en sus experiencias, subrayan que la contaminación genética de los cultivos es irreversible y por tanto sin posibilidad de responder a un control, pues las semillas serán transgénicas.
Esa perspectiva significa, agregan, la pérdida para siempre del derecho a consumir alimentos libres de transgénicos.
La Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, celebrada en Cochabamba, Bolivia, en 2006, recalcó que no es posible con tal estado de cosas garantizar la soberanía y la seguridad en la alimentación.
La prohibición al desarrollo de semillas y de propias variedades y también la venta o preservación de la simiente, con la amenaza incluso de la cárcel, ya están vigentes en países de América Latina.
Incluso los contratos emitidos por las multinacionales indican la obligación de usar un herbicida u otro producto agroquímico específico, fabricado precisamente por la empresa propietaria de las semillas.
El costo de producción de las cosechas es cada vez más elevado para los pequeños agricultores, que piden entonces créditos a las grandes firmas, los que después les resulta difícil de pagar.
Tanto la simiente como otros medios subieron en los últimos años entre 20 y 50 por ciento en los países subdesarrollados, que los deben pagar más caros que los granjeros de los industrializados.
Acosados por las deudas, el alto costo del combustible y otros insumos, terminan por vender las tierras a empresas subordinadas a las trasnacionales, las que se encargan de ponerlas en explotación de cosechas transgénicas.
Finalmente, como ya está ocurriendo en algunas regiones de Colombia y otros países de América Latina, el campesinado pasa a sumarse a los numerosos desempleados de las ciudades. (Jaime Porcell, Redacción Económica de Prensa Latina)
