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Rubén Darío Betancourt, fotos
Funcionarios públicos, distribuidores y consumidores señalan al Grupo Zeta de monopolizar el mercado del gas licuado de petróleo en Costa Rica con prácticas que atentan contra la economía nacional. Gas Nacional Zeta y Tropigas de Costa Rica, de los empresarios mexicanos Miguel Zaragoza Fuentes y su hijo Jesús Zaragoza López, controlan la distribución del 70 por ciento del energético. Para frenar abusos, el gobierno les canceló temporalmente la concesión
San José, Costa Rica. En marzo de 2007, unos 6 mil distribuidores de gas licuado de petróleo (GLP) y miles de consumidores protestaron ante la Presidencia, las autoridades del sector energético, y la Asamblea Legislativa y exigieron que Óscar Arias ponga freno a las empresas Gas Nacional Zeta y Tropigas de Costa Rica, propiedad de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López. Las acusan de monopolizar el mercado del energético, agraviar al consumidor y poner en riesgo el sustento de miles de familias.
Con 14 plantas de almacenamiento distribuidas en todo el país, los gaseros mexicanos controlan el 70 por ciento del gas que importa el Estado, a través de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), y la distribución del 82 por ciento de los 5 millones de galones que mensualmente demanda el mercado.
Carolina Mora Rodríguez, vocera de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), denuncia que los gaseros no sólo inciden en el precio de venta del gas al consumidor, sino que “chantajean” a la Aresep con el desabasto si se les sanciona por la venta de cilindros ordeñados e incumplir con la regulación vigente. Durante años, dice, el regulador Fernando Herrero “ha intentado poner en orden a Tropigas y Gas Nacional Zeta”, pero está maniatado, “por las amenazas de los directivos de ambas gaseras de desproveer de gas al país”.
Para enfrentar al oligopolio del gas, hidrocarburo considerado en Costa Rica como “un bien público de interés nacional”, hace un año 5 mil vendedores de gas al menudeo –todos costarricenses– formaron la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas Propano y Anexas (Andigapa), “para exigir que el gobierno regule el mercado del energético y ponga freno a las ilegalidades de Tropigas y Gas Nacional Zeta”, dice Tatiana Valdi, presidenta de la asociación. Explica que su lucha no es sólo por los distribuidores, sino por los consumidores de GLP del país.
“Zeta y Tropigas quieren desaparecernos del mercado. Dicen que somos un sector informal, pero gracias a este sector las gaseras crecieron; es el sector al que ellos han humillado, vilipendiado, rechazado y perseguido a pesar de que los ayudamos a crecer”. Asegura que “hemos padeció los abusos del consorcio mexicano. No es justo que venga a robarle a nuestros consumidores”.
Ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Recope y la Aresep, el 18 de abril del 2007 la Andigapa denunció a Tropigas de Costa Rica y Gas Nacional Zeta por prácticas monopólicas. Solicitó al gobierno certificar la propiedad de los cilindros a favor de los consumidores y garantizar que el usuario pueda comprar el energético con la gasera de su elección. La denuncia está en proceso de investigación.
En los últimos años, la Comisión para promover la competencia, organismo desconcentrado adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, abrió varias indagatorias en su contra por “supuestas prácticas que atentan contra la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”.
De las 80 empresas que integran el holding del Grupo Zeta, Gas Nacional Zeta y Tropigas de Costa Rica son estratégicas, porque, según su presidente, Jesús Zaragoza López, a nivel internacional este mercado les ofrece el mayor margen de ganancia.
Carolina Mora, vocera de Aresep, señala que más allá de la utilidad que obtiene, el consorcio tiene en este país sus operaciones más lucrativas, por sus prácticas oligopólicas y de control del 70 por ciento del almacenamiento y distribución; la triangulación de impuesto, y la omisión de obligaciones laborales.
A excepción de las paraestatales, que tienen por objeto impulsar y fortalecer el “Estado solidario”, la Constitución Política de Costa Rica prohíbe el monopolio u oligopolio de cualquier tipo de bienes o servicios; la interdicción está tipificada en la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Sin embargo, según la Aresep, el mandato constitucional es violado por los gaseros mexicanos.
El negocio
La incursión de la familia Zaragoza en el mercado centroamericano fue en la década de 1960, cuando Miguel y Eduardo Zaragoza Fuentes se asociaron con Shell, que en 1953 creó Tropigas. Las pugnas entre los hijos de Miguel Zaragoza Vizcarra –fundador de Hidrogas, la primera empresa del denominado Grupo Zeta (Fortuna 52)— obligaron a Shell a venderles sus acciones y salir de Costa Rica.
Miguel Zaragoza Fuentes tomó el control de Tropigas. Años después, su hermano Eduardo lo demandó por despojo ante tribunales de Panamá. El litigio culminó con la adjudicación de Tropigas de Costa Rica a su favor, y de Tropigas de Honduras, El Salvador y Nicaragua para Eduardo. Décadas más tarde, Miguel instaló en Costa Rica Gas Nacional Zeta.
En este país las empresas son administradas por Noel Edmundo Bustillo Delgado, esposo de Martha Elena Zaragoza López, hermana de Jesús Zaragoza López. Ante el Minae –que autoriza las concesiones para el almacenamiento y distribución de gas– Tropigas está representada por José Álvarez Schoener, y Gas Nacional Zeta, por Giovanni Pacheco Mora.
El gerente de Distribución y Comercialización del Minae, Óscar Porras, explica que la legislación nacional contempla sanciones para quien ejerza el monopolio u oligopolio; pero “en un bien de interés público”, como es el GLP, el gobierno se ha visto imposibilitado para sancionarlos, “porque operan con dos personalidades jurídicas distintas: tienen seis plantas a nombre de Gas Nacional Zeta y cinco como Tropigas de Costa Rica, aunque todos sabemos que es el mismo grupo económico”.
Carolina Mora, vocera de la Aresep, destaca que la simulación de los Zaragoza en la propiedad de sus empresas es para que el Estado no les aplique la ley antimonopolio.
Óscar Porras, cercano a Roberto Dobles Mora, ministro de Ambiente y Energía, dice que reincidentemente los gaseros mexicanos se han negado a cumplir con la normatividad. Refiere que en 2003, cuando él llegó al cargo, ninguna de las plantas de la familia Zaragoza cumplía las normas de seguridad, no tenían los permisos para operar ni tampoco la concesión del Minae; es decir, Tropigas operó por décadas sin autorización, lo mismo que Gas Nacional Zeta.
En 2000 entró en vigor la Ley Orgánica del Ambiente, que obliga a las gaseras a cumplir con la normatividad ambiental. El gobierno fijó un plazo de tres años para que se ajustaran a la nueva ley. Para 2003, dice Óscar Porras, ni Tropigas ni Gas Nacional Zeta cumplían con la ley. Aunque legalmente procedía su clausura, para evitar el desabasto el Minae les dio hasta 2005, cuando sólo algunas plantas fueron regularizadas.
Ardid fiscal y laboral
Para operar en Costa Rica, los gaseros mexicanos diseñaron un sistema financiero donde el pago de impuestos por la venta del energético es absorbido por terceros y donde ni Tropigas ni Gas Nacional Zeta se responsabilizan por el manejo del gas considerado de alto riesgo. La venta del energético al menudeo la realizan a través de miles de distribuidores que reclutan como empleados, bajo la figura de “concesionarios”, con lo que no están obligados a otorgar ni sueldo ni prestaciones laborales.
Óscar Porras reconoce que es ilegal que las gaseras otorguen “concesiones” a sus distribuidores. “La concesión el Estado la otorga a una persona física o jurídica, responsable ante el Estado de prestar el servicio de envasado, transporte y venta de gas, pero esa persona no podría ceder esa concesión a un tercero de ninguna forma”.
Las autoridades del Minae explican que es “ilegal” utilizar distribuidores de gas que no tienen permiso, que trabajan con camiones inadecuados para el transporte y que desconocen el manejo de los cilindros. Las empresas del Grupo Zeta tampoco respaldan las condiciones de seguridad de los locales, y en caso de accidentes no se responsabilizan de los daños.
Un centenar de distribuidores, concesionarios y exconcesionarios del grupo presentaron denuncias por fraude, persecución y acoso en contra de los Zaragoza. Explican que una vez que los distribuidores captan un sector considerable de clientes, arbitrariamente los despiden, se quedan con su cartera de clientes y entablan demandas para prohibirles que vendan gas.
El caso de Marvin Quesada Corella ilustra cómo operan los Zaragoza. En 2005 firmó un contrato con Noel Bustillo Delgado, apoderado de Tropigas, y otro que estipulaba que cuando una de las dos partes diera “por concluida la concesión”, se abstendría de vender gas durante cinco años para no hacerle “competencia desleal” al consorcio.
Su obligación era trabajar 12 horas al día, siete días de la semana, todo el año. El local debía estar abierto de siete de la mañana a siete de la noche; checaba su hora de entrada y salida con Fernando Pacheco, gerente de distribución de Tropigas. La empresa le entregó 50 cilindros que le descontaría mensualmente. Marvin dice que pronto descubrió lo que califica como las irregularidades de la gasera.
La familia Zaragoza hace creer a sus distribuidores que tiene la facultad de concesionar la distribución de gas, facultad exclusiva del Minae. Marvin transportaba los cilindros en su camioneta particular. Un día fue detenido por policías de tránsito de San José. Le exigieron su concesión del Minae.
—Soy distribuidor de Tropigas, ¡llamen ustedes para que Fernando Pacheco se los confirme! –suplicó.
Pacheco le recriminó. “Me dijo: ‘usted tiene que jugársela, usted no puede tener permisos, ninguno de nuestros distribuidores tiene, porque sólo lo tenemos nosotros y nuestros camiones, pero si quiere trabajar con nosotros, pues ¡juéguesela!’”, rememora.
Reconoce que, por indicaciones de Fernando Pacheco, sobornaba a policías e inspectores para que no le quitaran las placas de su camioneta. Aguantó reclamos de sus clientes por cilindros ordeñados, válvulas con fugas e injustificados incrementos de precio. Cumplió con las obligaciones impuestas por la empresa: salario de dos empleados, luz, teléfono, agua, gasolina; el 50 por ciento de la impresión de las facturas y declarar impuestos a nombre de Tropigas.
Las supuestas arbitrariedades de la empresa llegaron a tal punto que el Hotel Pachira, ubicado en San José, pidió el suministro de gas a crédito y la gasera impuso a Marvin la responsabilidad sobre esta deuda. Fernando Pacheco le notificó que él debía cobrar el adeudo y si el hotel no pagaba “en el plazo convenido”, se le descontaría de su ganancia.
Aunque Tropigas lo trataba como empleado, nunca recibió salario ni prestaciones. En dos años su comisión se incrementó apenas cinco colones (un centavo de peso), pese a que, frecuentemente, la Aresep cedía ante la exigencia del Grupo Zeta de subir el precio del energético. Cuando Marvin pidió aumento, Pacheco le quitó la concesión.
El 21 de junio de 2007, el directivo del consorcio llegó a su pequeño local, exigió la venta del día anterior y le arrebató los libros contables en los que Marvin llevaba el registro de más de 1 mil 500 clientes.
— ¡Esto es de Tropigas! – le dijo y lo confiscó. Luego le prometió devolverle 520 mil colones (unos 11 mil pesos) que Marvin pagó por los cilindros.
A la fecha, el consorcio –que según Jesús Zaragoza se encuentra entre las cinco principales distribuidoras de gas en el mundo– se niega a devolverle a Marvin su dinero pese a que está desempleado. Sus compañeros le ofrecieron cilindros para que venda gas, pero teme que lo demanden “por competencia desleal”, como ha ocurrido con la mayoría de los exdistribuidores.
Ni Tropigas ni Gas Nacional Zeta tienen control sobre la calidad de sus cilindros; la Aresep documenta que en las zonas rurales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, ambas empresas manejan “clandestinamente” miles de cilindros de aluminio, que por su alto grado de explosividad están prohibidos y debieron cancelarse hace 20 años.
“Tenía que ir hasta dos veces con el mismo cliente porque el cilindro tenía fuga. En estos casos, la orden de Tropigas era: si el tanque tiene más de la mitad de gas se puede cambiar, si tiene menos, no. Eran muchos tanques con fuga; yo les amarraba un mecate y una bolsa, se los regresaba a la empresa, pero me los mandaban igual. Para confirmarlo comencé a marcarlos, se los llevaban a la planta, los volvían a llenar, los sellaban, me los regresaban, ¡y llegaban con fuga!”, explica Marvin Quesada.
Como Marvin, otros costarricenses que han laborado con Tropigas de Costa Rica y Gas Nacional Zeta se dicen víctimas de fraude. Les ofrecen un negocio propio. En realidad, la ganancia es menor al 10 por ciento de la venta de cada cilindro. Una vez que tienen un nicho de mercado, la empresa los despide y se apropia de la clientela.
Eduardo Morales Ramírez, otro exdistribuidor, fue demandado por el consorcio cuando se negó a aceptar las condiciones. En 2001 firmó un contrato como distribuidor de Tropigas y Zeta Internacional; semanas después descubrió las irregularidades con las que operan las gaseras.
“Primero me dijeron que de mi utilidad diaria me pagarían la comisión; a la semana me dijeron que ellos manejarían mi utilidad y me la reintegrarían cada 15 días. No hubo más explicación, dijeron que eran políticas de la empresa; tuve que aceptar. Luego me exigieron contratar personal y pagarle de mi bolsillo, después que les pagara por adelantado el gas. Me di cuenta de que ellos usan a los distribuidores para no pagar empleados, un sistema para evadir su responsabilidad laboral, y decidí no prestarme a eso.”
Eduardo canceló la concesión, compró 85 cilindros y comenzó a vender el energético por su cuenta. El consorcio lo denunció judicialmente. Dice que los abogados de Zeta Internacional buscaron “comprar” en el juzgado el embargo en su contra, pero como el juez se negó, lo acusaron con sus clientes de haberse robado los cilindros.
Desafiando las intimidaciones de los abogados del consorcio, el exdistribuidor David Céspedes denunció a las gaseras por violaciones laborales. En 2003 firmó un contrato como concesionario de Zeta Gas; lo obligaban a facturar a nombre de Zeta Gas Internacional o Tropigas de Costa Rica; tenía que pagar contabilidad e impuestos. Era uno de los distribuidores con más ventas, hasta que Noel Edmundo Bustillos le quitó la concesión y los clientes.
Céspedes dice que mientras en el Ministerio del Trabajo se ventilaba su demanda contra la gasera, 15 abogados de Tropigas llegaron a su casa. “Dijeron que iban a embargarme por lo que le debía a la empresa; les mostré mis facturas, y les dije que sólo presentando una orden de allanamiento sacarían mis cosas”. Agrega que, sin mayores explicaciones, el juez dio carpetazo a su denuncia.
Primeras medidas
Para regular el mercado del gas, en 2004 el Minae emitió la resolución R-383-2004, que obliga a las empresas a intercambiar todos los cilindros con otras empresas cada semana. En los siguientes años, Elf, Petrogas y Supergas cumplieron las normas, a excepción de Gas Nacional Zeta y Tropigas de Costa Rica.
La resistencia de estas empresas a cumplir la ley, que para esas fechas controlaban más de la mitad del mercado, hizo que sus clientes cautivos crecieran porque, ante su negativa de intercambiar los cilindros, la competencia los retenía ilegalmente, y condicionaba el suministro al consumidor a utilizar sólo los de su marca. En unos años, el resto de las gaseras ya no tenía cilindros en el mercado, y el consumidor estaba obligado a comprar a Tropigas y Gas Nacional Zeta.
A dos años de que Petrogas denunció a las gaseras ante la Aresep, en diciembre de 2007, la Autoridad Reguladora, que dirige Fernando Herrero, determinó revocarles la concesión.
La cancelación se aplicó tres meses después porque la suspensión inmediata pondría en riesgo el abasto nacional, considera Herrero. Según él, la medida busca reordenar el mercado del gas, ante las prácticas de las compañías señaladas que, según la Aresep, atentan contra la normatividad. Para permanecer en el mercado costarricense, la familia Zaragoza deberá solicitar nuevas autorizaciones, las cuales, según el regulador, estarán condicionadas a que cumplan con los derechos y obligaciones respecto al intercambio de cilindros.
Carolina Mora, de la Aresep, confirma que uno de los principales problemas del sector es que las citadas empresas argumentan que son dueñas de todos los cilindros que están en poder de los consumidores y que por eso solamente pueden comprarles a ellas el energético.
En los próximos meses la resolución gubernamental podría dar un nuevo giro porque los directivos de las gaseras sancionadas cabildean para que se les den nuevas concesiones, y amenazan con provocar desabasto. Aún quedan pendientes las resoluciones del Recope, el Minae, la Aresep, la Presidencia y el Legislativo sobre las demandas que presentó la Andigapa en abril pasado contra las gaseras de los Zaragoza.
El repudio
Luis Echavarría Vega, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social, condena que el gobierno de Óscar Arias permita que los empresarios extranjeros incumplan sus obligaciones laborales con sus trabajadores y con más de 6 mil distribuidores a los que han despedido sin ningún beneficio.
“Es una forma salvaje e inhumana de explotar los recursos humanos a favor de una empresa. Desgraciadamente parece que al Ministerio del Trabajo y al gobierno en general no le preocupa que los trabajadores pierdan su protección laboral. Lo que hace el Grupo Zeta es un atentado al patrimonio de Costa Rica”.
El diputado Óscar López reprueba que los gaseros mexicanos “trastoquen la legislación laboral”. Adelanta que en el Congreso denunciará los abusos laborales y solicitará al Ministerio de Hacienda un informe sobre el pago tributario de las empresas Zaragoza.
