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Privatización ilegal de la zona marítimo terrestre, despojo de tierras, discriminación y agudización de la pobreza son algunas de las consecuencias del megaproyecto presidencial Mar de Cortés, antes Escalera Náutica. En 2006 y 2007, Fortuna documentó las condiciones de vida de los pobladores de cuatro escalas náuticas –Puerto Peñasco, Sonora; Los Cabos, Baja California Sur; San Blas, Nayarit; Isla Tiburón, Sonora–; a continuación se presentan extractos de esos trabajos periodísticos
Puerto Peñasco, Sonora. Cinturones de miseria bordean Puerto Peñasco, donde la privatización ilegal de playas, el cierre de calles, el desalojo de pescadores y vendedores ambulantes son los primeros saldos del desarrollo turístico promovido por el megaproyecto presidencial Escalera Náutica, ahora Mar de Cortés.
Árida y polvorienta, la ciudad nace a escasos metros de la laguna de oxidación. Unas 250 familias habitan cajones de cuatro por cuatro metros, construidos con retazos de madera que se obtienen en la basura: nuevas, las “paredes-techos” cuestan de 750 a 1 mil pesos, montos incosteables, pues equivalen a una semana sin comer.
A las afueras de esas gavetas-viviendas, tinacos y cubetas se apilan, sedientos, en espera de la pipa que cada 15 días manda el ayuntamiento. Algunas pocas también tienen baterías de automóvil con las que, ya entrada la noche, se iluminan. Aquí no hay agua potable, luz, drenaje: lo que sobra es hambre, se quejan pobladores.
Montones de deshechos visten las accidentadas brechas de este arenal, conocido como la “invasión del callejón Nicolás Bravo”. El asentamiento irregular, aún sin nombre, se ubica a apenas media hora del fraccionamiento Las Conchas, cuyas mansiones son propiedad, en su mayoría, de estadunidenses.
En este lugar viven los albañiles que edifican los grandes hoteles; los meseros que atienden lujosos restaurantes; las mucamas que arreglan habitaciones alquiladas en dólares, la moneda que más circula en este puerto, donde también se habla inglés. Algunos más son jornaleros, vendedores ambulantes. Los salarios van de los 900 a los 1 mil 200 pesos semanales.
Cada cajón de madera, donde se hacinan cinco o más personas, guarece historias de dolor. Sentada en una vieja silla, Alma Soto enhebra los dedos entre sus escasos cabellos negros hasta mostrar la calva que a diario oculta. La mujer de 31 años, madre de cuatro hijos, tiene cáncer en un seno.
“El Seguro Popular no respeta nada. Cada consulta me cuesta 100 pesos, a pesar de que decían que era gratis. Aparte hay que comprar la medicina, que está muy cara”. Alma recarga la vista en su hija más chica, de cuatro años de edad; acusa que en Puerto Peñasco no hay buena atención médica. Ella lo sabe bien: su pequeña niña padece epilepsia.
“Para nosotros es así: comemos o vamos al doctor. La medicina de la niña cuesta 280 pesos y dura ocho días; la mía, 500, para 15 días; más los 600 pesos que hay que pagar para ir a Hermosillo.”
Alma ingiere con puntualidad el Diazepam que le recetaron. Ignora que este medicamento es para controlar estados de ansiedad, tensión, espasmos musculares, no para combatir el cáncer de mama. “El tratamiento es por dos meses, luego decidirán si me operan o no”, dice confiada.
Éste es el Puerto Peñasco de los meros pobres. “Estamos aquí por necesidad”, indica Alma; añade que ya solicitaron la regularización de los terrenos. “Pero para que nos den los servicios públicos básicos, tenemos que comprar los 160 metros cuadrados de cada casa, a 24 mil pesos. Eso es mucho dinero”.
La mujer asegura que los terrenos fueron donados al municipio por su dueño, un indio tohono o’odham. “No pedimos que nos regalen nada, sólo que nos den un precio justo. Cuándo vamos a poder pagar los 24 mil, si apenas ganamos 900 pesos a la semana y hay que comer, mandar a los hijos a la escuela, pagar las medicinas”.
El activista social Conrado Rivera dice que hay dos Peñascos, el boyante y el olvidado. En este último, indica, está la colonia Nueve de Mayo: “Una invasión regularizada, cuyos terrenos son reclamados por la antigua dueña, quien recompró al Instituto de Protección al Ahorro Bancario”.
Otro problema es la privatización. Do not enter, private property, señalan letreros lo mismo de la empresa DCH Marbella que de lujosas residencias, con las que se han borrado las calles que daban acceso a la playa. Para Conrado Rivera, además de la disparidad económica, los peñasquenses padecen el desalojo de su propia tierra.
De acuerdo con el activista, más del 80 por ciento de los accesos a la zona federal marítimo terrestre han sido cerrados, mientras que los vendedores ambulantes, alrededor de 300, son echados. “El argumento que usan, absolutamente ilegal, es que se trata de áreas privadas”, denuncia.
Las manos ágiles de Reyes Valdez cortan la carne y la acomodan en una tortilla de harina. Desde el interior de su camioneta, el viejo pregunta en inglés a sus clientes –un par de turistas estadunidenses– si le pone picante o no a los burritos, platillo típico del norte de México. Hace ya 10 años que el hombre, de 62 años, vende comida en la playa.
“Antes era pescador, pero terminó mi tiempo y me metí al negocio de las tortas y los burritos”. Al igual que el resto de los vendedores informales, sobre Reyes pende la amenaza de desalojo. “Queremos que nos den la facilidad de seguir trabajando en la playa: vivimos de esto. De aquí obtengo el dinero para mantener a mi esposa, que está enferma de los ojos. No puedo hacer otra cosa, porque me jodí la espina dorsal”.
De jueves a domingo, los ambulantes hacen de la playa de Puerto Peñasco su fuente de ingresos. Además de comida, hay venta de artesanías, trajes de baño, sombreros y sombrillas.
Una de las actividades más afectadas por el turismo es la pesca. El expescador Rigoberto, quien ahora se dedica a rentar cuatrimotos, acusa que aquí los intereses económicos han devastado ese oficio. Incluso, advierte, ahora quieren desalojar a los pescadores, pues en el muelle se proyecta la construcción de una marina.
En la década más reciente, la flota de barcos pesqueros descendió de 300 a poco menos de 100. “Qué clase de gobiernos ha tenido este pueblo, que han vendido hasta sus calles”, pregunta el hombre de 60 años.
A bordo de su embarcación dedicada a la pesca de camarón, en la cual permanecerá al menos un par de semanas, José Antonio Romero, líder local de la Unión Nacional de Trabajadores, señala que el cierre del muelle dejaría sin fuente de empleo a 1 mil 200 pescadores.
“Pedimos al presidente Felipe Calderón que no nos deje sin trabajo, que no nos saque de las playas para poner sus hoteles. Ojalá desde la Presidencia se frene la voracidad de los presidentes municipales, quienes sólo llegan al poder para hacer negocios, como la venta de las calles.”
Y es que en Puerto Peñasco la desaparición de arterias que desembocan en la playa es común. “Yo no sabía qué era la Escalera Náutica y es sacarnos poco a poco”, dice Romero.
Para Cuauhtémoc Labastida, arrendador de cuatrimotos, “la falta de un programa de desarrollo urbano ha permitido la venta irracional de terrenos, con lo que se violan las leyes que ordenan mantener accesos a la playa cada cinco metros”.
Labastida señala que, además de la depredación de la zona, “a los vendedores nos vienen restringiendo las áreas de servicio. Ya nos sacaron de la playa, por eso, quienes rentamos motos –que somos 15 personas– hemos pedido que nos vendan un terreno para hacer una pista, pero las autoridades no quieren”.
El comerciante indica que esta resistencia responde a que “aquí hay dos Peñascos, el de los grandes empresarios que reciben todos los beneficios, aún en contravención de las leyes, y el de los pobres, a quienes no sólo no nos ayudan sino que además nos cierran las fuentes de empleo”. (Nancy Flores / Fortuna 58, noviembre de 2007)
Discriminación en Los Cabos, Baja California Sur
“Ésta va a ser una zona de puros americanos y a nosotros, que somos nativos, nos van a dar puro ‘tubo’”, dice Jaime Arista, habitante de la comunidad La Playa. Nadie como el humilde pescador, quien pierde su mirada en el océano tratando de entender qué es el “progreso”, sabe las consecuencias que le depara el megaproyecto presidencial turístico Mar de Cortés, antes conocido como Escalera Náutica.
Despojo, discriminación y privatización ilegal de la zona federal marítimo terrestre, son conceptos que resumen lo que el hombre parado a la orilla del mar contiene en sus ojos, ahí, junto a su panga afiliada a una de las cinco cooperativas de pescadores residentes de ese pueblo.
Pero para autoridades e inversionistas, el oficio y, en sí, la vida de Jaime Arista, poco importa. Por eso, sin pudor alguno, las inmobiliarias y los servidores públicos pactan en secreto la garantía de exclusividad de las playas ofertando el desalojo de las lanchas y con ellas, aunque lo callen, el de los pescadores, sus familias, su comunidad y de los mexicanos.
“Palmilla San José Inmobiliaria se encuentra gestionando ante las autoridades competentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre para que los botes de pesca que actualmente se encuentran alojados en la zona, de la cual es concesionario, sean removidos y reubicados”, dice un contrato de promesa de venta signado por esa empresa en 2004, año en que obtiene una escandalosa desincorporación territorial en zona de playa patrocinada por el panista Alberto Cárdenas, entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Actualmente, playa Palmilla –vendida por dicha secretaría en 3 millones de dólares– es una zona privada, vigilada las 24 horas del día por guardias de seguridad que, armados, impiden el paso de cualquier mexicano que intente pasear por la zona federal. Evidentemente, y como lo prometía en ese entonces la inmobiliaria, los pescadores ya han sido desterrados.
Donde quiera que se ubiquen, en Palmilla o en La Playa, los pescadores de Los Cabos corren la misma suerte: las pangas son expulsadas lenta pero decididamente por los inversionistas, quienes aprovechan la complicidad de las autoridades y los beneficios del “megaproyecto turístico del siglo XXI”.
Guillermo Acosta, representante de Singlar –la empresa creada por el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para promover dicho proyecto presidencial– deslinda al gobierno federal de estos “abusos” y afirma que nadie se puede cobijar en este proyecto para cometer irregularidades.
Asegura que el caso de Los Cabos es “atípico” por ser un gran desarrollo. Cuando se le plantea la privatización de las playas, el funcionario encargado de promover el megaproyecto presidencial dice: “lo mismo sucede en Acapulco y no tiene nada que ver con el proyecto. Es una actitud equivocada de los desarrolladores, y una violación flagrante el hecho de que un mexicano no pueda disfrutar de sus playas, es zona federal intocable y me parece muy mal que alguien limite el acceso a la playa”.
Añade que “si bien es una realidad, no tiene nada que ver con el proyecto. En nuestros desarrollos que estamos haciendo hay total libertad de acceso, lo que es el proyecto Mar de Cortés, son instalaciones muy pequeñas, de cinco a seis hectáreas, que es nada. El que se cobijen en este proyecto para negar el acceso a la playa me parece un abuso y una gran mentira, es una violación de la Ley”.
Pero aquí las palabras no borran los hechos. “Nos quieren sacar. Creen que no entendemos. Dicen (los inversionistas) que como pescadores que somos nos van a reubicar en la marina, pero que les tenemos que pagar 100 pesos mensuales. Aún no hay nada escrito y el contrato que nos proponen es sólo por 10 años, luego nos van a desalojar, estoy seguro”, explica Arista.
Al margen del contrato prometido, los planos de la marina que Eduardo Sánchez Navarro construye en La Playa –a los que se tiene acceso en la página de Internet del Grupo Questro– no incluyen embarcaciones pequeñas como las destinadas a la pesca ribereña.
Desesperado, el habitante de esa comunidad donde se edifica el exclusivo desarrollo Puerto Los Cabos pregunta: “¿Qué va a pasar con nuestros hijos y nietos, si es que también son pescadores como nosotros?”
Para Arista la embestida es muy clara: “Ya nos están tapando los accesos como el de la carretera a Santa Cruz, que también se conoce como Punta Gorda. Ahora hay que rodear muy lejos para llegar al mar. Piensan mover el atracadero de pangas y sacarnos de aquí. Luego van a poner vigilancia para que la gente del pueblo no pase. Eso es lo que está pasando en todo el estado”.
En Los Cabos también se privatizó la zona federal marítimo terrestre. Para impedir el paso de los mexicanos a lo que consideran “sus playas”, los desarrolladores no escatiman gastos: colocan casetas de vigilancia en los accesos y su personal de seguridad impide el paso de los residentes y turistas que no se hospedan en los hoteles de cinco estrellas, bajo el argumento de que son propiedad privada.
“El asunto de las playas es sumamente delicado. Quieren playas privadas, no públicas. Sucede que cada día se cierran más playas porque ese es el modelo que escogieron y se explica por las grandes inversiones que están haciendo, si ellos tuvieran las playas abiertas no harían estas inversiones, pero debemos de tener claro que todas las negociaciones (con el gobierno) que han permitido esta situación se hacen en el centro, no aquí”, advierte el arquitecto Fernando Rivera Álvarez, extitular de Fonatur en el estado y actual coordinador del Grupo Los Madrugadores.
“Cabo Real, Desarrollo Fonatur, Palmilla, Puerto Ballena, Pueblo Bonito, Puerto Los Cabos, son kilómetros y kilómetros de playa que están integralmente planeados a la altura de los mejores desarrollos del mundo. Quién tiene la culpa de que las playas queden prácticamente privadas, pues los que aprueban los proyectos, ellos deberían exigir el respeto a los accesos a las playas aunque se enojen los inversionistas, pues se trata de zonas federales no susceptibles de privatización”, añade.
De las 42 playas de Los Cabos, sólo ocho tienen acceso libre, reconoce la Profepa, mientras que en los 11 mil 800 kilómetros de litoral mexicano de los 125 mil ocupantes identificados, únicamente 9 mil cuentan con concesión vigente expedida por Semarnat. (NF / Fortuna 43, agosto de 2006)
Despojo a pescadores de San Blas
Pobladores del Pacífico mexicano son obligados a desalojar los muelles, manglares y playas puestos al servicio de la Escalera Náutica; las comunidades pesqueras son echadas de sus antiguos lugares de trabajo con la promesa de que regresarán como servidumbre de los nuevos dueños.
—Que viene el progreso a San Blas. ¡Ya llegó la partida de madre! –dice con rabia el pescador Jorge Ortiz.
Mientras relata que junto con sus demás compañeros será echado del lugar en el que ha trabajado durante casi toda su vida, grita, crispa los puños, gesticula, a veces se le resbalan algunas lágrimas por las mejillas. No haya cómo dejar salir “el dolor, la frustración de saber que estás condenado, mi hermano. Maldita la hora en que nos descubrieron. Aquí estábamos tan tranquilos”.
Habla desde el viejo muelle conocido como “La U”, donde por décadas las lanchas de los pescadores de este pueblo costero han desembarcado sierra, mojarra, camarón y constantino, de entre una variedad innumerable de especies del litoral.
Los más de 1 mil 200 pescadores son obligados a dejar el lugar que será ocupado por yates de ciudadanos estadunidenses. Sobre el puerto que perteneció a sus abuelos se construye la “escala náutica” de San Blas. Las constructoras les arrebatan metro a metro el antiguo manglar de siete hectáreas. Arrinconados en el atracadero, apenas tienen espacio para desembarcar y limpiar su pesca. Las máquinas y el material de construcción están sobre ellos, junto a sus pangas y al pie de sus mesas donde deslonjan y filetean el pescado.
Decenas de pelícanos y gaviotas ruidosas que revolotean sobre las embarcaciones no logran hacer menos lúgubre el panorama del que fuera uno de los puertos pesqueros más importantes del país. En plena cuaresma, el lugar luce solitario. A decir de los pescadores, sus ventas han descendido hasta en 80 por ciento: los compradores se desalientan al no encontrar libre paso al muelle. Cuando iniciaron las obras, la empresa Singlar cercó con malla ciclónica todo el estero y sólo hay cuatro accesos, dos de ellos abiertos por los propios pescadores que cortaron el alambrado.
Con ironía mordaz se ríen de las autoridades federales y estatales del proyecto de la Escalera Náutica y de sus autoridades locales; pero también de ellos mismos, de su destino. Y sus largas carcajadas son lamentaciones que les producen un dolor casi físico.
—Ya nos mandaron a la chingada, pero dicen que no todo está perdido para nosotros; que nomás es cosa de que nos capacitemos para que entremos al desarrollo –platican atropelladamente entre risas.
—Pues yo ya me estoy capacitando. Ya me compré un banquito de bolero para que les deje las patas relucientes a los gringos que vengan; ¡yo quería ser barrendero, pero la escoba se me hizo muy difícil! –alcanza a decir un hombre gordo de 65 años antes de explotar en carcajadas que le arrebatan algunas lágrimas a sus ojos constreñidos.
El presidente municipal de San Blas, Miguel Ángel Bernal Carrillo, reconoce que “de momento el desarrollo trae molestias para los habitantes; pero en el futuro representa más solvencia económica”. El político de extracción panista agrega que en las reuniones que sostiene con los profesores de las escuelas les solicita “preparar bien a la gente para que, cuando ya esté el desarrollo, ocupe los espacios que se requieran y no se vea desplazada por los que lleguen de fuera”.
Por su parte, el líder de la Asociación de pescadores de San Blas y director de Pesca del municipio, David Lara, confiesa que la mayoría de los pescadores, él entre ellos, en un principio aceptó la reubicación y se comprometió a no entorpecer los trabajos que la empresa Singlar realiza en el muelle.
—Es que nos convocaron a una reunión en el auditorio de la presidencia municipal y nos pasaron una panorámica con foto y de lo que supuestamente va a venir y de la marina de yates en la que habría mucho trabajo para nosotros. Nos convencieron de que no podíamos detener el desarrollo de todo el pueblo.
Pero los pescadores no son los únicos desalojados. Con ellos se van las familias enteras que desvisceran el pescado, lo transportan a las bodegas o lo venden directamente. Y también son echados los pequeños talleres de construcción y reparación de lanchas.
Sin “condiciones” para reubicar
De su taller de fabricación de pequeñas embarcaciones de fibra de vidrio, sólo le resta una choza de lámina. Se ha visto obligado a pernoctar en ella y a no abandonarla ni por un instante, a menos que su esposa o sus hermanos lo remplacen en la guardia que monta desde hace meses. Está rodeado de arena, grava y máquinas excavadoras. Donde apenas hace algunos meses, junto con su hijo y su mujer, diseñaba y construía lanchas, se levantan estructuras de concreto.
Todos los días es conminado a abandonar el lugar en el que trabajó por más de 20 años. Pero Eduardo Cortés dice que no se irá por voluntad propia si no lo reubican en donde pueda continuar con su oficio. Ya se cansó de mostrar, a quienes le reclaman el terreno, el “Convenio” que celebró con el gobierno del estado en el que se estipulan las condiciones de su reubicación. Prefiere decirles que no se irá hasta que no le paguen el costo de su taller desmantelado y le asignen un terreno para trabajar.
Lo cierto es que el “Convenio” firmado entre el artesano y el estado, como los que se celebraron con los demás dueños de talleres de La U, es un documento leonino que compromete al ciudadano a salirse del lugar a cambio de promesas de terreno, materia prima y construcción del taller que el gobierno cumplirá sólo “de haber condiciones”.
En efecto, las autoridades han argumentado que no hay “condiciones” y Eduardo Cortés no tiene otro lugar a donde ir. “Ya me dijeron que sí hay un terreno al que me pueden mandar, pero me cobran 23 mil pesos por él. Y cómo les pago si ya ni trabajo tengo. Ya la cuaresma me la pasé en blanco y perdí mi taller que costaba 60 mil pesos”.
La escala de San Blas consistirá en la creación de una “marina” o centro de servicios para los turistas que lleguen en yate, remozamiento del centro de pueblo y calles principales, construcción de nuevos hoteles, restaurantes y campos de golf y de un “centro cultural y artístico” en el cerro de San Basilio. La marina se instalará en ‘La U’, el viejo muelle de los pescadores del lugar. De acuerdo con Miguel Ángel Bernal Carrillo, presidente municipal, la inversión que se realiza en San Blas es de 102 millones de pesos, de los cuales 80 provienen del Fondo Nacional de Turismo, 16 del gobierno estatal y seis del municipal.
A los pescadores sólo se les avisó que debían dejar el espacio que ocupaban, pues los terrenos eran de propiedad federal y el gobierno ya los iba a utilizar. Se les prometió que serían reubicados en un “lugar mejor” y podrían continuar con la pesca. Sin embargo, las obras en el lugar que les prometieron están detenidas, mientras que en “La U” la empresa constructora ya ocupó prácticamente todo el muelle.
Además, al visitar el lugar en el que supuestamente serán reubicados, los trabajadores del mar se percataron de que ahí habría lugar para apenas 300 lanchas cuando ellos superan las 1 mil 200. También sostienen que lo que se construye en el lugar prometido no es un muelle para ellos, sino más obras para el turismo.
“Ilegales”
De los más de 1 mil 200 pescadores de San Blas sólo 85 cuentan con permiso. Prácticamente todos están en la ilegalidad y son extorsionados por los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Tienen que cuidarse de ellos y de no ser consignados a las autoridades por “atentar contra el medio ambiente”. Consideran que lo que quieren los gobiernos es que ya no pesquen para que les dejen el camino libre a los desarrolladores de proyectos turísticos.
—Si quieres sacar chigüiles, que es el pescado de quinta calidad, necesitas permiso de Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), Sagarpa (Secretaría de Agricultura), Profepa y no sé cuántas madres más. Y también si quieres sacar camarón, sierra o lo que sea. ¡Pero lo peor es que no dan permisos a nadie, hermano! ¡Tiene 20 mil años que no hay permisos!
Jorge se carcajea y, cuando se repone, agrega: “así nos tienen amarrados. Nomás dicen que hacen valer la Ley y nos chingan a la hora que quieran”.
El pescador se muestra sorprendido de que necesiten autorización del gobierno federal para trabajar. “Para nosotros, los de lanchas, no hay permisos. Pero si les pusiéramos una millonada en las narices nos dejarían pescar todo lo que quisiéramos. Ahí tienes a los barcos que arrasan con todo, hasta con nuestras redes que tendemos para pescar sierra. Ellos sí traen permiso. Nosotros somos los ilegales, los que andamos mal. Pues cómo está eso, si mi vida siempre ha sido al lado de pescadores: mis padres, mis abuelos, todo mundo pescador”.
Anochece. El implacable jején se apeñusca en los brazos y cuellos. El muelle no está tranquilo. Dos dragas escarban en las inmediaciones del puerto: los yates necesitarán un atracadero con mayor profundidad. Las máquinas trabajan en ahondar más el estero aunque arruinen las redes tiradas por los pescadores y alteren el ecosistema de la marisma. Jorge calcula dónde tender sus mallas sin que sean alcanzadas por las dragas.
—De tanto desmadre que están haciendo y la manera en que nos quieren ver la cara de pendejos ya no sabes si llorar o reír que, pa’ nosotros, a veces es lo mismo. Para mí esto es una tragedia peor que la del huracán Kena. Así como pinta la cosa, esto va a valer madre, mi hermano. Yo no sé hacer otra cosa más que pescar y no quiero dejar de ser pescador. Por eso aquí me ves muy encabronado nomás tragándome el coraje. (Zósimo Camacho / Contralínea 54, abril de 2006)
Isla Tiburón, Sonora, el botín
Considerada como el corazón de esta tribu, la Isla Tiburón resiste ante la amenaza de expropiación. Como las comunidades sonorenses de los yoeme, los tohono o’odham y los akimel o’odham, los comca’ac sobreviven en la miseria y la marginación. Aunque el gobierno federal niega su interés, los indios denuncian la amenaza de la Escalera Náutica.
—Cuando el gobierno dice que la isla, que estas tierras le pertenecen, nosotros decimos que la sangre derramada por nuestros antepasados en este suelo está aquí y nos pertenece –asegura enérgico un joven comca’ac.
Sus palabras resumen la rabia de este pueblo guerrero por tradición. Y es que su corazón –la Isla Tiburón, ubicada en el golfo de California– es amenazado por los intereses del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y por el proyecto de la Escalera Náutica.
Durante la visita del subcomandante insurgente Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, realizada a fines de octubre de 2006, los comca’ac dicen que el priista y empresario no sólo intimida con quitar la tierra, sino que se pasea en helicóptero por la zona.
Señalan que además del interés del gobernador, están los de inversionistas del sector turístico, apoyados desde las más altas esferas del poder ejecutivo por medio del megaproyecto presidencial Mar de Cortés, antes Escalera Náutica.
Ernesto, un anciano seri, explica la importancia del terruño para su comunidad: “Es el lugar sagrado de nuestros antepasados. Ellos se establecieron en esta área y buscaron cacería, colección de frutas y pesquería, pues es un criadero natural. Por eso, como indígenas vemos por el aprovechamiento de la naturaleza. El gobierno de los federales y del estado no quieren respetar nuestro territorio”. (NF / Contralínea Sonora 6, enero de 2007).
