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El exsecretario de Agricultura, Javier Usabiaga, benefició con casi 300 millones de pesos al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Entonces al frente de la Sagarpa, el llamado “Rey del Ajo” contrató irregularmente al organismo dependiente de la OEA
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) transfirió irregularmente casi 300 millones de pesos al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) –órgano internacional dependiente de la Organización de Estados Americanos–, para la compra de inmobiliario, equipo de cómputo y mantenimiento de automóviles, entre otros. Además, pagó por servicios outsourcing en la administración de personal.
Las operaciones –que gastaron más del 50 por ciento del presupuesto entregado a la partida “Subsidios a la producción” del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)– fueron realizadas durante la administración de Javier Usabiaga Arroyo, revela el Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2005, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Auditoría, el Senasica (órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura) tuvo una administración “costosa y excesiva”, luego de que el IICA utilizara parte de los recursos públicos otorgados en el presupuesto de ese año fiscal, sin presentar informes financieros de los ejercicios.
La ASF indica que fueron entregados 266 millones 566 mil 300 pesos al IICA, mismos que significan el 55.8 por ciento del total ejercido en la partida 4101 “Subsidios a la Producción”, cuya actividad prioritaria es “mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias”.
No obstante el objetivo que tenía la aplicación de los fondos públicos, el máximo órgano de fiscalización advierte que el IICA gastó 185 millones 55 mil pesos para la contratación de bienes y servicios, que representan casi el 70 por ciento de lo programado en los capítulos: servicios personales, materiales y suministros y servicios generales; y 81 millones 511 mil pesos del capítulo bienes e inmuebles.
Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), critica el trabajo del IICA porque se ha convertido en una “institución al servicio de gobiernos burocratizados y está alineado al paradigma neoliberal que promueve el libre comercio y privatización de la economía agroalimentaria”.
Agrega que el IICA es uno de los aparatos que utilizan los gobiernos para validar y legitimar sus políticas de dependencia alimentaria y monopolización de los mercados.
“Acuerdo internacional”
La entrega de recursos del erario público al organismo internacional fue realizada durante la administración del exsecretario de Agricultura, Javier Usabiaga y los exsubsecretarios de Agricultura, Francisco López Tostado, y de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, bajo el Acuerdo General Interinstitucional de Cooperación Técnica, signado el 2 de julio de 2002 con Edgardo Moscardi, encargado de la oficina de IICA México.
El convenio, que concluiría el 30 de noviembre de 2006, tenía como supuesto objetivo “promover y apoyar los esfuerzos” de los 34 países miembros de la OEA, entre los que se encuentran México, Estados Unidos y Canadá, así como naciones de centro y sur de América.
Con sede en Costa Rica, el IICA ha pretendido ser promotor de las comunidades rurales de América y estimular el desarrollo agrícola, con la elaboración de planes, programas, proyectos y actividades “de conformidad con los requerimientos de los gobiernos de los Estados miembros”. Sin embargo, la oficina mexicana formó una plantilla laboral paralela a la que ya se encontraba en el Senasica, e incrementó los costos de las adquisiciones hechas en 2005.
La ASF da cuenta de que el acuerdo interinstitucional estipula que el IICA apoyaría la ejecución del convenio con funcionarios del propio organismo, nacional o internacional, sin contemplarse la contratación de personal.
Pero dos semanas después de firmado el proyecto entre la Sagarpa e IICA se elabora un anexo técnico (fechado el 15 de julio de 2002), que indica que la “contratación del personal que se requiera para llevar a cabo las acciones de cooperación previstas se realizará en la forma y términos solicitados por el Senasica”.
Esta acción derivó en el empleo de 937 personas, de los cuales 16 prestan sus servicios en la Dirección en Jefe y en las direcciones generales de Salud Animal y Salud Vegetal del Senasica; 224 están adscritos al Programa Moscas de la Fruta; 486, al Programa Moscamed, y 211, al Programa de la Fiebre Aftosa.
La ASF establece que los más de 900 funcionarios afiliados por el IICA son parte de una plantilla laboral “paralela” a la del Senasica, que ya contaba con 2 mil 61 empleados, y que las contrataciones no fueron registradas ni autorizadas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público ni de la Función Pública.
Otra de las irregularidades detectadas por el máximo órgano de fiscalización es que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura cuenta con un “Fondo de Reserva” para el pago de contingencias laborales que, al 31 de diciembre de 2005, manejaba un saldo de 35 millones 738 mil pesos, depositados en tres cuentas bancarias del ejercicio fiscal 2002 al 2005.
Los más de 35 millones de pesos corresponden a subejercicios de la partida “Subsidios a la producción”, y no fueron reportados a la Tesorería de la Federación para ser reintegrados a la hacienda pública.
Federico Ovalle Vaquera, representante del Comité Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, dice que es “absolutamente reprobable que estos recursos sean transferidos a organismos internacionales sin que tengan resultados, esto no sirve al país. Éste es un claro ejemplo de cómo se desprotege la asistencia al sector agropecuario en aras de potenciar organismos de otra naturaleza. Hay una discrecionalidad total en el uso de estos fondos”.
Servicios “fantasma”
En el desglose de 13 programas desarrollados a través del Acuerdo Interinstitucional, la Auditoría Superior de la Federación no encontró “evidencia de las acciones que realizaría el IICA, en cuanto a aportación de experiencias, resultados y recomendaciones en desarrollo agropecuario, cooperación técnica y capacitación, apoyo a la planeación estratégica, servicios profesionales y desarrollo tecnológico”.
Por el contrario, se “limitó” a la contratación de bienes y servicios para la operación de esquemas como: Proyecto Moscas de la Fruta, que erogó 97 millones 584 mil pesos; Seguridad y Control de Inspección, 37 millones 962 mil pesos, Programa de Reconversión de Viveros, 33 millones 727 mil pesos; Red Privada de Voz y Datos del Senasica, 30 millones de pesos, y el Programa de Escalamiento de Producción y Liberación de Moscas Estériles del Mediterráneo, 14 millones 851 mil pesos.
También en diseños de adaptación tecnológica como el Proyecto Binomio Sensor, Adquisición de Equipo de Cómputo y Renovación de Mobiliario y Equipo con 14 millones 226 mil pesos; Proyecto de Automatización del Control de la Movilización de Productos Agropecuarios, 13 millones 382 mil pesos; Fortalecimiento de la Infraestructura Técnica y Operativa del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud, 8 millones 947 mil pesos.
Otros 6 millones 661 mil pesos fueron asignados en el Convenio Senasica-IICA, sin especificar el concepto; 2 millones 500 mil pesos para el mantenimiento de Instalaciones y modernización del servicio de diagnóstico y constatación en parasitología; 2 millones 636 mil pesos en el fortalecimiento y modernización de la infraestructura de producción, impresión y exhibición de materiales gráficos y audiovisuales; 2 millones 830 mil pesos en la sustitución del parque vehicular, y 1 millón 256 mil pesos el Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Supervisión, Tipo Inspección Federal (TIF) 2005.
La ASF constató que “los informes trimestrales de los proyectos realizados al amparo del anexo técnico del Acuerdo General Interinstitucional, son presentados por las direcciones generales del Senasica al IICA, lo que indica que es el Senasica quien realiza las acciones para el cumplimiento de los mismos”.
Álvaro López, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), dice que la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) están obligados a investigar y fincar responsabilidades a quienes, al margen de transparencia y disposiciones legales, han ejercido los recursos de manera discrecional para apoyar a este instituto que hace trabajos “fantasmas”.
El representante de la UNTA, con más de 50 mil afiliados en 22 estados del país, asegura que el IICA hace un “negocio redondo” con los recursos de la Sagarpa, en conjunto con los exsecretarios Usabiaga, Francisco Mayorga y, ahora, con Alberto Cárdenas.
Administración “excesiva”
Para justificar el ejercicio de los recursos, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura respondió a la ASF que es el Senasica la que realiza todos los trámites de contratación y remite al órgano de la OEA el expediente del personal y el monto a pagar, “por lo que el IICA funge como outsourcing en administración de personal”.
Al respecto, el máximo órgano de fiscalización determinó que “la celebración del Acuerdo General Institucional y su Anexo Técnico ha permitido al Senasica evadir el cumplimiento de las disposiciones que regulan el ejercicio del Gasto Público Federal, y de esta forma se elude solicitar la autorización de las instancias competentes para la adquisición de bienes y servicios.
“Además de que en su adjudicación no se acredita que se garanticen las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
No obstante el uso irregular de más de 266 millones de pesos por parte del IICA, el órgano internacional recibió el pago de 20 millones 999 mil pesos, correspondientes a “Costos Administrativos y Técnicos Indirectos”.
La ASF también recomendó a la oficina dependiente de la Secretaría de Agricultura “limitarse” de firmar acuerdos o convenios que deriven en una administración “costosa y excesiva” con cargo al erario.
La entrega de los recursos por parte del Senasica, agrega el presidente de la ANEC, es una forma de la Secretaría de Agricultura de evadir las restricciones y normas de austeridad en el gasto público que emiten la Cámara de Diputados y la SFP.
Se solicitó entrevista a la Secretaría de Agricultura mediante de la Dirección General de Comunicación Social, a cargo de Avelino Hernández, sin obtener ninguna respuesta al cierre de esta edición.
El IICA México respondió a través de la asesora de la Dirección General, Alma Luisa Farré, quien dijo que por el momento el organismo carece de un representante en el país que pueda dar respuesta a las observaciones hechas por la ASF, pero aseguró que “no hay ninguna irregularidad en todo esto”.
Álvaro López, dirigente de la UNTA, señala que éste es un asunto de “escándalo que debe ser investigado seriamente” porque en la actualidad se mantienen prórrogas y ampliaciones a este tipo de convenios.
