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Con el decreto de estímulos fiscales conocido como Boletazo, la administración federal condonó 4 mil 275 millones de pesos por impuestos a 15 bancos que operan en México; además, para promocionar el programa, la Secretaría de Hacienda y el SAT adquirieron con recursos públicos los automóviles sorteados y pagaron espacios publicitarios, entre otros, a Televisa y TV Azteca
En sus tres años de vigencia, el programa “Estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos en empresas que no cuenten con estos dispositivos” –que derivó en el proyecto Boletazo– eximió a la banca privada de pagos impositivos por 3 mil 100 millones de pesos, más 1 mil 175 millones por incentivos adicionales a este proyecto.
El millonario monto afectó los impuestos al activo, sobre la renta y al valor agregado (IVA), así como las retenciones respectivas efectuadas a terceros, que los bancos Afirme, American Express, Azteca, Banamex, BBVA Bancomer, Banorte, Bansi, Banregio, del Bajío, Inbursa, HSBC, Mifel, Ixe, Santander y Scotiabank dejaron de enterar a las arcas públicas.
Aunque Vicente Fox creó el programa, en el primer ejercicio de la administración de Felipe Calderón los incentivos ascendieron a 575 millones de pesos; mientras que en 2005 sumaron 2 mil 400 millones y en el año electoral de 2006, 1 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con el decreto presidencial y los informes del Presupuesto de gastos fiscales para esos ejercicios, elaborados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Y es que las 15 entidades financieras que participan en este proyecto obtuvieron un “estímulo fiscal (adicional) por las inversiones efectuadas para instalar y modernizar las terminales punto de venta, para procesar pagos a través de medios electrónicos en otras empresas”.
Para omitir sus contribuciones, los bancos se comprometieron a hacer una inversión de sólo 3 mil 100 millones de pesos, destinada a instalar sin costo alguno terminales punto de venta –para procesar pagos a través de medios electrónicos: tarjetas de débito, crédito y monedero– en pequeñas y medianas empresas (Pymes) que hasta antes del 14 de noviembre de 2004, fecha en que se publicó el decreto presidencial, no contaban con éstas.
Para ello, las instituciones bancarias también debieron signar un contrato fiduciario de carácter privado, para administrar las inversiones y solventar los gastos. En junio de 2005 los 15 bancos constituyeron el Fideicomiso para Extender a la Sociedad los Beneficios del Acceso a la Infraestructura de los Medios de Pago Electrónicos (Fimpe), dice su Informe Anual. Al frente de éste, del que depende el programa Boletazo, los banqueros colocaron a Roberto Isaac Rodríguez.
Los retrasos provocaron que en ese mismo mes, el día 22, el titular del SAT, José María Zubiría Maqueo, publicara en el Diario Oficial nuevas reglas para acceder a los millonarios beneficios fiscales. Así, se extendió la vigencia de los tres años establecidos por Vicente Fox y el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a cinco.
De acuerdo con el artículo tercero del decreto presidencial y sus reglas, el nuevo plazo se aplica a todas las inversiones relacionadas con el fideicomiso, que generan estímulos adicionales “por un monto equivalente al ciento por ciento de la aportación de cada fideicomitente (banco) al referido fideicomiso”.
Entre las inversiones beneficiadas de manera adicional destaca la propia compra de las terminales punto de venta, equipo y programas que requieren, así como las adquisiciones de software y hardware para la actualización y estandarización tecnológica, según dio a conocer el SAT el 25 de marzo de 2005, en el Diario Oficial de la Federación.
En el punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que intensifique la supervisión de la política crediticia de la banca –turnado para su análisis a la Comisión de Hacienda del Senado el 13 de diciembre pasado–, el senador priista Raúl Mejía González confirma que el gobierno federal ha canalizado más de 4 mil 200 millones de pesos al Fimpe.
El legislador señala que en el comité técnico del fideicomiso privado participan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, “dependencias que han buscado incrementar la bancarización a través de la puesta en marcha de 300 mil terminales punto de venta, adicionales a las 20 mil que existían en 2005. Este objetivo ha ido acompañado del programa Boletazo, con el pretexto de generar una nueva cultura en el uso de tarjetas bancarias”.
Negocio redondo
Con la iniciativa presidencial de Vicente Fox, los bancos crearon un redituable mercado: contrario a las exenciones otorgadas por el gobierno federal, las entidades financieras sí cobran comisiones y aplican impuestos a las empresas y comercios, además de imponer como criterio que las únicas Pymes con derecho a la terminal punto de venta sin costo son las que facturan menos de 40 mil pesos al año a través de tarjetas.
Cada una de las 400 mil empresas y comercios que han obtenido una terminal de manera gratuita paga al Fimpe una cuota mensual de 90 pesos –que desde el 1 de febrero próximo aumentará a 124 pesos– más IVA, indica la página en internet de Boletazo. Las ganancias del fideicomiso por este concepto ascienden a 36 millones de pesos al mes, es decir, 432 millones anuales.
Además, para acceder a los favores del programa Fimpe-Boletazo, las Pymes deben tener o abrir una cuenta bancaria, “para que ahí les sea depositado el importe de sus ventas con tarjeta”. Por cada transacción efectuada, los bancos pueden aplicarles un cargo automático, también nombrado comisión, del 1, 2 o hasta 5 por ciento sobre el valor de la venta.
De acuerdo con la información de Fimpe-Boletazo, los pagos con tarjeta American Express son las únicas operaciones en las que se impone una comisión extra del 2.9 por ciento por transacción.
Recursos públicos
El apoyo de la administración federal a los banqueros fue más allá: la Secretaría de Hacienda y el SAT contrataron espacios publicitarios en medios electrónicos y urbanos para promocionar el programa Boletazo. Además, adquirieron los automóviles que fueron sorteados por los bancos, para supuestamente incentivar los pagos con tarjetas de crédito y débito.
El 22 de noviembre de 2005, Reforma dio a conocer que los automóviles sorteados en el programa Boletazo y las inversiones millonarias en publicidad en medios electrónicos y estadios de futbol eran sufragados con recursos públicos, sin especificar este último capítulo. Según el diario, el esquema de promoción creado entre la Secretaría de Hacienda y la banca costó, entre 2003 y 2005, 367 millones de pesos.
De acuerdo con lo documentado por el reportero Armando Talamantes, el SAT gastó 52 millones de pesos para comprar 400 autos Neón, rifados en el programa Vas o no vas con Boletazo. No obstante, información obtenida por Fortuna revela que la adquisición ascendió a 600 unidades por las que se pagaron 89 millones 400 mil pesos.
Según Reforma, en 2004 el SAT erogó más de 84 millones de pesos en publicidad. Tan sólo a Televisa le pagó 37.2 millones de pesos y a TV Azteca, 19.9 millones de pesos.
Otros espacios contratados
Los datos a los que tuvo acceso Fortuna detallan los otros gastos publicitarios generados por el programa Boletazo y pagados con recursos del erario, de 2003 a 2005.
Mediamates, propiedad de Pedro Torres, fue contratada para la producción y postproducción de las capsulas transmitidas en el programa Vas o no vas con Boletazo, cuyo costo ascendió a 4 millones 983 mil 578 pesos. Por este mismo concepto, a MVS Radio, del Grupo Teleradio, se le pagaron 78 mil 766 pesos.
CIE Comercial, filial de la empresa Corporación Interamericana de Entretenimiento dirigida por Alejandro Soberón, fue contratada en dos ocasiones: la primera, para transmitir en el espacio de Cineminutos un promocional de Boletazo, difundido en los complejos Cinemark y Cinepolis; servicio que costó 2 millones 912 mil 908 pesos.
El segundo contrato fue para publicitar el uso de medios de pago electrónicos a través de un par de tapetes exhibidos durante siete partidos de liguilla del torneo apertura 2004, del futbol mexicano de la primera división. El pago ascendió a 1 millón 610 mil pesos.
Además, tres clubes de futbol fueron patrocinados por Boletazo: las camisetas deportivas de los jugadores de Santos Laguna y Jaguares portaron el logotipo de esta campaña, por lo que Borrad Promotion, SA de CV, cobró 10 millones de pesos. Mientras que el Club Universidad Nacional, AC, propietario de los Pumas, facturó 69 millones de pesos.
A Alvaco Enterprises se le pagaron 3 millones de pesos por la presencia de 100 pantallas LCD en las principales farmacias de la cadena del Ahorro, en las que se transmitieron 9 millones 504 mil veces al año los espot que alentaban el uso de las tarjetas de crédito y débito.
Por la renta de espacios publicitarios en el mobiliario urbano (paradas de transporte y columnas informativas), la empresa Imágenes y Muebles Urbanos facturó 2 millones 68 mil 677 pesos. Mientras que De Haro Publicidad cobró 1 millón 531 mil 500 pesos por colocar anuncios de Boletazo en puentes peatonales.
También se recurrió a la compañía Serie 54, para la colocación de 60 carteleras espectaculares por 17 millones de pesos. Así como a la publicidad en tarjetas telefónicas Ladatel. Por este servicio, la empresa Régie T de México cobró 2 millones 937 mil 675 pesos.
Además, en el marco del programa Boletazo se sufragaron productos, insumos y servicios tecnológicos. La compañía contratada fue Hewlett Packard México que, entre otros servicios, instaló y configuró el servidor RP8400, el ambiente de producción y desarrollo para el servidor de Boletazo y el soporte Foundation Proactive. En total, esta empresa cobró 1 millón 40 mil 832 dólares.
Desde su inicio, el SAT y la Secretaría de Hacienda han omitido informar a los contribuyentes mexicanos los resultados del programa Fimpe-Boletazo, que le costó al erario más de 4 mil millones de pesos y que benefició a 15 bancos. Más aún, las dependencias han reservado la información relacionada con el mismo por 12 años.
Para la elaboración de este trabajo se solicitaron entrevistas con los titulares de ambas dependencias. Isaac Macip,
de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda, indicó que ninguna “saldrá a los medios con este tema”. En la oficina de Roberto Isaac Rodríguez –director del Fimpe– no hubo respuesta.
ISOSA, contratos con Boletazo
La empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos, SA) sufragó uno de los contratos publicitarios relacionados con el programa Boletazo: el SL-153/03, signado con Tecmarketing, SA de CV.
La compañía, propiedad de Teléfonos de México, se obligó a prestar el servicio de operación de un centro de atención telefónica, a arrendar un IVR por 60 canales y a dar un curso de capacitación, con el objeto de brindar asesoría e información sobre los sorteos de Boletazo.
El convenio se firmó el 1 de septiembre de 2003 y tuvo un costo de 8 millones 704 mil 107 pesos. ISOSA fue constituida en 1993 por el entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y por el abogado y actual senador panista, Santiago Creel Miranda.
La Auditoría Superior de la Federación acusó a esta empresa, junto con el Fideicomiso Aduanas I, de causar daños a la Hacienda Pública por 10 mil 183 millones de pesos, al omitir enterar el Derecho de Trámite Aduanero durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2004.
Los dueños del dinero
Afirme. El consejero propietario del Consejo de Administración de este banco es Julio César Villarreal Guajardo, empresario regiomontano que dirige el emporio Villacero.
American Express. Institución financiera con sede en Nueva York, Estados Unidos, calificada por la revista Fortune como la 74 compañía más grande del mundo. De capital estadunidense, esta trasnacional tiene entre sus principales directivos a Kenneth Chenault, Edward Gilligan, Alfred Kelly Junior y Dan Henry.
Banco Azteca. El accionista mayor de esta institución es Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca, Grupo Salinas y Iusacell.
Banamex. Su dueño es el estadunidense Citigroup. Entre 1997 y 2000, el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz dirigió Avantel, filial de este banco.
BBVA Bancomer. Propiedad del banco español Bilbao Vizcaya
Argentaria.
Banorte. Entidad financiera de Roberto González Barrera, también presidente de Grupo Maseca.
Bansi. Tiene entre sus consejeros propietarios a Alfredo Anaya Gudiño, Carlos Alfonso Cuan Gil, Diego Pérez Morett, Ernesto Morales Garza, Fernando Pérez Morett, Héctor Villalobos González, Jorge Virgen González.
Banregio. Controlado por la familia Rivero Santos.Banco del Bajío. Propiedad de Grupo Nieto, también involucrado en el negocio del gas licuado de petróleo.
Inbursa. Filial de Grupo Carso, cuyo dueño es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, Carlos Slim.
HSBC. Multinacional financiera de capital inglés, considerada la segunda banca del mundo por valor de mercado, que tiene como integrante de su consejo de administración a Francisco Gil Díaz. El exsecretario de Hacienda promovió el decreto presidencial que da vida a Boletazo.
Mifel. Propiedad de Daniel Becker.Ixe. Entidad financiera comandada por un grupo de inversionistas encabezados por Alejandro Burillo Azcárraga, dueño del equipo de futbol Atlante, y Enrique Castillo, quienes tienen el 91.68 por ciento del capital social. También sobresalen Martín Soberón, de Soriana; Ángel Lozada, de Gigante, e Isaac Saba, de Casa Saba.
Santander. Propiedad del banco español Santander Central Hispano.Scotiabank. Su dueño es el Banco de Nueva Escocia (BNS), de capital canadiense.
IPAB, millonario rescate de la banca
Banamex, Bancomer, Bital (ahora HSBC) y Banorte, promotores de Boletazo y beneficiarios de los estímulos fiscales relacionados con este programa, sobresalen entre los bancos rescatados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
Hasta ahora, el costo fiscal del rescate –operado actualmente por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario– se calcula en 1 billón 307 mil 300 millones pesos, según documenta la Auditoría Superior de la Federación, y es producto de la crisis económica ocurrida en diciembre de 1994.
La administración de Ernesto Zedillo justificó el rescate como la necesidad de fortalecer a las entidades financieras, contener el riesgo de una crisis sistémica y garantizar los recursos de los ahorradores. (NF)
Año V No. 60 Enero de 2008
