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El SAT confirma los resarcimientos del Aduanas I al erario por casi 3 mil 300 millones de pesos:
1 mil 450 millones por pagos en exceso, 1 mil millones por contraprestación y 792 millones por donativos a terceros. La extinción de este fideicomiso privado –acusado por la ASF de quebrantar las finanzas públicas– alcanza a la administración de Calderón.
Seis días después de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de México, el 7 de diciembre de 2006, se realizó la que podría ser la última operación del fideicomiso privado Aduanas I: la transferencia de 296 millones 819 mil 412 pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Por órdenes del aún jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, de mayo de 2005 a diciembre de 2006 el Aduanas I devolvió al erario poco menos de 3 mil 300 millones de pesos.
Según la Auditoría Superior de la Federación, este fideicomiso, la empresa privada Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), y el SAT son responsables de quebrantar al patrimonio público 10 mil 183 millones de pesos.
El máximo órgano de fiscalización acusa que de 2001 a 2004 el SAT omitió enterar a la Tesofe los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero, depositados irregularmente en el Aduanas I y triangulados a ISOSA. Más aún, el auditor Arturo González de Aragón ha afirmado que los 3 mil 300 millones de pesos son los resarcimientos de dichos daños.
En varias investigaciones, la Auditoría señala que los quebrantos se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración de Vicente Fox: 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.
No obstante, en septiembre pasado Zubiría Maqueo dijo a Fortuna que estas transferencias no son resarcimientos, sino “pagos en exceso”.
—La transferencia de flujos y la distribución de los fondos se hacen en función de unas cuentas anticipadas, porque no se tienen los datos reales de las operaciones que realiza la aduana, sino hasta tiempo posterior; entonces, en esos anticipos hubo un exceso. No hay ninguna irregularidad, lo que hubo es que cuando uno hace un anticipo y después hace un ajuste, pues paga el complemento si debe o recibe la parte del exceso.
De las cuatro operaciones financieras registradas, sólo una se justifica como la devolución de “pagos en exceso”; dos, como donativos de terceros a favor del SAT, y la restante, como contraprestación, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que ésta tiene el carácter de privada.
Las devoluciones
La primera devolución ocurrió el 6 de mayo de 2005. Ese día el Aduanas I reintegró 1 mil 456 millones 768 mil 643 pesos al erario. El monto corresponde a los pagos en exceso que el SAT hizo al fideicomiso, en contra de las finanzas públicas, de 2002 a 2004.
El oficio GCJ/564/05 –firmado por Alejandro Ballesteros Clemente, experto fiduciario de Nacional Financiera (Nafin)– revela que en 2002 se dejaron de enterar a la Tesofe 87 millones 789 mil 758 pesos; en 2003, 821 millones 226 mil 665, y en 2004, 178 millones 787 mil 164, más 370 millones 965 mil 164 pesos.
Los depósitos ordenados por el SAT, en su calidad de fideicomitente del Aduanas I, se hicieron a la cuenta 228-001-0000-010-0, a nombre de la Tesorería de la Federación abierta en el Banco de México, por concepto de Derecho de Trámite Aduanero.
El segundo resarcimiento, hecho el 29 de diciembre de 2005 según consta en el documento DGJ/1383/05, fue por 1 mil millones de pesos. El concepto esgrimido por el Comité Técnico del Aduanas I fue la contraprestación que establece el artículo 16 de la Ley Aduanera, pese a que ésta fue declarada como privada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un año después, el 16 de noviembre de 2006, Zubiría Maqueo ordenó que la figura fiduciaria reintegrara 500 millones de pesos más a las finanzas públicas. El oficio GCJ/689/06, obtenido a través de la Ley de Transparencia, descubre que este depósito se justificó como donativo de terceros a favor del SAT.
Por este mismo concepto, el 7 de diciembre de 2006, el Aduanas I realizó el último resarcimiento. El oficio GCJ/728/06 –girado por el subdirector de Administración de Fideicomisos Públicos de Nafin, Francisco Cabrera Ureña– indica: “Con relación al Fideicomiso 954-8 denominado Aduanas I, administrado por esta institución, en su carácter de fiduciaria (…), me permito comunicarle que por instrucciones del Comité Técnico del fideicomiso, mediante el acuerdo adoptado 1230/1106, con esta fecha estamos haciendo el depósito por 296 millones 819 mil 412 pesos”.
La extinción
De acuerdo con información oficial, el proceso de extinción del Aduanas I concluyó en diciembre de 2006. El Informe tributario y de gestión del cuarto trimestre de ese año revela que el SAT ejerció los últimos 8 mil millones de pesos resguardados en lo que se consideró “la caja chica de la Secretaría de Hacienda”.
Por órdenes del Servicio de Administración Tributaria, se transfirieron 3 mil 674 millones 412 mil pesos a la empresa ISOSA. De esta cantidad, 1 mil 980 millones 92 mil se erogaron en 2005 y 1 mil 694 millones 320 mil en 2006, descubre el capítulo referente al Aduanas I, que sólo incluye una breve explicación del objetivo del fideicomiso y el cuadro no detallado de su situación financiera.
El proceso de extinción no fue simple: inició en diciembre de 2003, cuando el entonces presidente Vicente Fox exigió a su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, devolver al erario los miles de millones de pesos que manejaba en el Aduanas I, la empresa ISOSA y un tercer fideicomiso conocido como Aduanas II, de nombre Consorcios de Comercio Exterior II.
Para “transparentar” los recursos, en junio de 2004 se creó el fideicomiso público FACLA, encargado de recibir y administrar los recursos de la contraprestación aduanera. En diciembre de 2005, por su complejidad, la discusión sobre el destino del fideicomiso 954-8 pasó a manos del procurador fiscal Luis Felipe Mancera Arrigunaga.
Según fuentes del SAT, el análisis versaba sobre la pertinencia de transformar esta figura jurídica en pública o de proceder a su extinción. En ese entonces, el procurador fiscal buscaba la manera de restituir los recursos que durante 12 años se destinaron al fideicomiso privado, en donde el SAT era fideicomitente y fideicomisaria, y Nacional Financiera, fiduciaria.
Una de las dificultades para extinguir este esquema fue la participación de la Secretaría de Hacienda, que por más de una década se asumió como “gestor de negocios privados” de los importadores y exportadores y no como entidad pública, según descubrió el Instituto Federal de Acceso a la Información durante la revisión de los recursos 906/05 y 685/05.
Otra, corresponde a la participación directa del exsecretario de Hacienda: los fideicomisos Aduanas I y II, así como ISOSA, fueron creados en 1993 por Gil Díaz, quien en aquella época era subsecretario de Ingresos. Al margen del presupuesto y de la ley, el exfuncionario manejó los miles de millones de pesos del DTA hasta 1994 y, posteriormente, cuando estuvo al frente de Hacienda, de 2001 a 2006.
Desde 2003, Gil Díaz y Zubiría Maqueo asumieron la reestructuración del esquema fiduciario y el supuesto proceso de legalización y transparencia. Ambos decidieron, junto con el procurador fiscal, que devolverían sólo el 38.3 por ciento de los recursos reconocidos a las arcas públicas.
En los informes de la situación financiera del Fideicomiso Aduanas I, las “transferencias a la Tesorería de la Federación” registradas en los ejercicios fiscales de 2005 y 2006 suman 3 mil 332 millones 962 mil pesos al erario, cifra que difiere de lo reportado en los documentos que Fortuna obtuvo a través de la Ley de Transparencia.
Fuentes del SAT, consultadas a lo largo del proceso de extinción, indicaban que uno de los obstáculos para transparentar este esquema era la explicación que habría de dar el gobierno mexicano al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional sobre la reestitución de miles de millones de pesos. Hasta ahora, no hay información al respecto.
Según el Balance general del Fideicomiso Aduanas I, la tercera erogación corresponde al costo de la liquidación, por mil 684 millones 767 mil pesos. Dicha cantidad, que no se desglosa, se desembolsó entre julio y noviembre de 2006.
Publicado: Enero de 2008, año V, No. 60
