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La última carta de Gil Díaz

Al margen de cualquier organismo de fiscalización, el ex secretario de Hacienda generó en la banca de desarrollo su propia reforma para el sistema de pensiones, al impulsar la constitución de fideicomisos privados que administraran no sólo los fondos para el retiro de los burócratas, sino las aportaciones individuales de las futuras generaciones. Es decir, la misma fórmula que empleó en el expediente de ISOSA que ahora investiga el Congreso

Erika Ramírez

Sin el escrutinio del Congreso y gracias a los recursos excedentes en la economía que generaron los precios del petróleo, Francisco Gil Díaz ocupó sus últimos meses en la administración pública en generar un nuevo esquema para el retiro de los trabajadores de la banca de desarrollo, en el que después de cubrir las obligaciones con el personal jubilado se individualizaran las cuentas.

Los recursos de esas cuentas -bajo el mismo modelo que las gestionadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores)- los que serían depositados y manejados por fideicomisos privados. Por ahora no se ha constituido alguna entidad privada; sin embargo, trabajadores pensionados en la banca de desarrollo saben que el riesgo existe.

Ésta fue la propuesta que trató de imponer Gil Díaz en el último consejo directivo de Bancomext, en agosto de 2006, en donde participó el entonces secretario de Hacienda y el tema central fue modificar el sistema de pensiones de la institución, para poder disponer con libertad de todos los recursos.

Antes de autorizar las partidas presupuestales que permitirían a la banca de desarrollo solventar el déficit actuarial que ponía en riesgo la entrega de recursos para sus pensionados, el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz buscó condicionar la entrega de dichas partidas presupuestales a la constitución de fideicomisos privados, para administrar “por fuera” los nuevos fondos con cuentas individualizadas para el retiro.

Al menos los fideicomisos que operan recursos para los fondos de pensiones de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), fueron capitalizados al término del gobierno de Vicente Fox, para terminar con la amenaza de una insuficiencia crónica que pusiera en riesgo no sólo la operación de estos bancos de desarrollo, sino la capacidad financiera del gobierno federal para hacer frente al déficit generado por las pensiones del sector público.

Estimaciones de Eduardo Sojo, titular de la Secretaría de Economía, destacan que antes de las reformas a la Ley del ISSSTE y de estos cambios a las pensiones de la banca de desarrollo, el déficit actuarial significaba el 120 por ciento del monto que genera la economía.

Las evaluaciones de la oficina de Eduardo Sojo al final del sexenio foxista indicaban que, prácticamente, el gobierno ya no contaba con recursos para el pago de pensiones. Por ello la urgencia de Gil Díaz de cerrar estas amenazas. Sin embargo, una vez más, para el ex funcionario la normatividad resultó incómoda y obsoleta, pues cuestionó la injerencia de los órganos de control para la rendición de cuentas y fiscalización en la vigilancia de estos recursos y su administración.

De acuerdo con el acta 1611 Bis del Bancomext, con fecha al 31 de agosto de 2006, su consejo de administración se reunió en sesión extraordinaria días antes para analizar los alcances de la capitalización por más de 2 mil 400 millones de pesos, que Hacienda ya había autorizado para la institución, calificada por la dependencia como una entidad con finanzas frágiles a raíz de descalabros en su cartera crediticia generados por préstamos como los otorgados al gobierno cubano.

En dicha reunión participaron como consejeros Alonso García Tamez, subsecretario de Hacienda; Norberto de Jesús Roque Díaz de León, subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura; Felipe Alberto Izaguirre Navarro, director general de Banca de Desarrollo de la SHCP; Fernando Ramón Martí Ordóñez, coordinador de asesores del secretario de Energía; Gerardo Rodríguez Regordosa, titular de la Unidad de Crédito Público, como consejero suplente de Hacienda; Gustavo Meléndez Arreola, director general de Promoción Empresarial de la Secretaría de Economía; Math Francisco Javier Cárdenas Roseco, director de Intermediarios Financieros de Fomento del Banco de México; Alonso de Gortari Raviela, director general de Promoción Económica y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y los consejeros de la serie B, León Halkim Bider, presidente de la Concamín, y José María Vasagoiti Caicoya, como consejero independiente,

La sala de juntas de la Subsecretaría de Egresos fue el escenario en donde Gil Díaz presidió la reunión en a que se revisó el documento Fondo de Pensiones, de 14 páginas más 167 fojas de anexos.

Lorenzo Gómez Gamboa, director de Organización e Ingeniería de Procesos del Bancomext, fue quien presentó el estudio y expuso que el proyecto consistía en cambiar los planes de beneficio definido a esquemas de contribución definida. Individualizar las cuentas y frenar el deterioro de las reservas, para impedir que un problema de pensiones dañara la actividad crediticia del banco.

Para los trabajadores, el llamado nuevo Plan de Pensiones representa reglas claras de aportación y retiro, así como la creación de cuentas individuales y portabilidad de los recursos invertidos, de acuerdo con la exposición de Gómez Gamboa reportada en el acta de consejo a la que tuvo acceso Fortuna. De esta forma, los trabajadores pueden retirar sus recursos si abandonan la institución y no esperar la jubilación.

En el mediano plazo, los beneficios para las pensiones del Bancomext -uno de los pocos grupos de burócratas que no depende del ISSSTE y cuyo sistema de servicios de salud está subrogado al IMSS- se daría en la inversión de recursos que al aumentar, hasta superar los 6 mil millones de pesos, generarían rendimientos suficientes para mantener el valor real de las aportaciones.

En su página de internet, en la sección de la Ley de Transparencia, Bancomext reporta, a diciembre de 2006, una disponibilidad de recursos de 3 mil 696 millones de pesos, lo que representó rendimientos financieros por 190.9 millones de pesos. El destino del fondo está clasificado como pago de pensiones, jubilaciones, vales de despensa, honorarios médicos, deportivos, viudez y orfandad, medicinas, hospitales, reembolsos y primas de antigüedad.

En 2006, según el documento, el rubro de ingresos no reporta aportaciones de recursos públicos a este fideicomiso clasificado en el rubro de fideicomiso federal y en donde la SHCP es el fideicomitente.

Fideicomiso público, sin duda

Administrado por el propio Bancomext, desde 1989 -año de su constitución-, este fideicomiso que se ocupa del fondo de las pensiones de 660 trabajadores en retiro y de al menos 750 en activo. Recibió en diciembre pasado transferencias presupuestales por 2 mil 448 millones de pesos, las cuales se sumaron a los 3 mil 696 millones de pesos que ya exhibía y que, según cálculos de los trabajadores del banco, apenas serían suficientes para cubrir los compromisos del retiro durante la próxima década. Se trata de los cálculos más optimistas.

Con 6 mil 144.1 millones de pesos como patrimonio, el ex secretario de Hacienda buscó supuestamente poner fin al déficit que enfrenta Bancomext de segundo piso dirigido al sector exportador del país. Al fortalecer la posición financiera de la institución, las autoridades esperan que disminuya la presión futura de obligaciones laborales del personal activo y jubilados en los costos operativos de la institución, al generarse ahorros al valor presente por el nuevo sistema de pensiones.

La llamada portabilidad de los recursos sirvió como pretexto al ex titular de la SHCP para preguntar qué naturaleza tendría el fideicomiso que administraría recursos bajo el nuevo esquema, dado que los recursos provendrían de los trabajadores. ¿A quién pertenecían los recursos? y, sobretodo, ¿por qué razón tendrían que someterse a la vigilancia del órgano de control interno?, cuestionó Gil Díaz

Los trabajadores, en cambio, lo tienen claro. En entrevista, el presidente de la Asociación de Jubilados de Bancomext, Luis Felipe Muñoz, asegura que bajo cualquier circunstancia sería el banco de desarrollo el responsable de los recursos; sobre todo en caso de pérdidas y, por supuesto, el que debe rendir cuentas sobre estos recursos.

Por ello, el líder de los burócratas retirados de Bancomext no observa espacio legal alguno para que Hacienda pretendiera llevar estos recursos a un fideicomiso de carácter privado. En cambio, acepta la posibilidad -que de hecho fue expuesta por el banco- de crear fideicomisos privados para custodiar y administrar las nuevas aportaciones. Es decir, el plan Gil Díaz.

Ahora, los recursos del fondo de pensiones, aclara, se invierten en línea con las reglas que marca la Ley de Instituciones de Crédito, las propias disposiciones internas del fideicomiso -a cargo de la división fiduciaria de Bancomext- y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. “No hay margen para malos manejos”. Pero un fideicomiso privado sería otra historia.

Muñoz, un economista con más de 30 años de carrera en el sector bancario, asegura que la población de jubilados del Bancomext ya tiene conocimiento del incremento en el capital del fondo para las pensiones, una promesa hecha el año pasado por Gil Díaz y por el entonces director del banco, Héctor Reyes Retana.

El nuevo esquema está dirigido al personal de nuevo ingreso y es optativo para aquel trabajador que estuviera registrado al actual y quisiera inscribirse. “Éste otorga al jubilado la renta vitalicia que resulte de los ahorros en su cuenta individual, que en conjunto haya realizado Bancomext y el trabajador. Además será adicionada la pensión que en su caso le conceda al trabajador el IMSS”, de acuerdo con el proyecto.

Ahora, Mario Laborín, aún director de Nafin, es responsable ahora de Bancomext y de poner en marcha la estrategia de Felipe Calderón de financiar grandes proyectos de infraestructura a través de la banca de desarrollo.

Nafin fue la primera, por lo tanto, en allanar el camino a la SHCP para iniciar la operación de un nuevo plan para el retiro en la banca de segundo piso.

En julio de 2006, Nacional Financiera dio a conocer que su consejo directivo apoyó el esquema que permitiría garantizar el fondeo de jubilaciones de sus trabajadores, lo que le daría viabilidad financiera al banco en el mediano y largo plazo.

La supuesta solución impulsada por Gil Díaz al problema estructural que representaba el esquema de retiro de los trabajadores de Nafin, se basó en las nuevas Condiciones Generales de Trabajo 2006, que fueron firmadas por el director general de este banco de desarrollo y la secretaria general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la institución (Suntnafin), María Luisa Velásquez.

Los trabajadores de Nafin tendrán la opción de permanecer bajo las condiciones vigentes hasta hoy o bien migrar al nuevo sistema de pensiones, operado a través de cuentas individuales. Los trabajadores ya jubilados por Nacional Financiera, mantendrán las condiciones de su retiro, mientras que el personal de nuevo ingreso, quedará inscrito en el esquema planteado dentro de las nuevas condiciones generales de trabajo. Con estas nuevas condiciones, la institución aseguró que lograría un ahorro de entre 30 y 60 por ciento de lo que representaba el costo del sistema anterior, mismo que llegaba a los 500 millones de pesos anuales y representaba hasta el 28 por ciento del gasto total de operación.

Para contribuir a la solución integral del sistema de pensiones de Nafin, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acordó que se realice una aportación de capital destinada al fondeo de las jubilaciones pactadas con anterioridad a las nuevas condiciones de trabajo.

El déficit actuarial de la institución, a diciembre de 2005 por concepto de compromisos de pago de pensiones, ascendía a poco más de 2 mil 500 millones de pesos.

Crónica de un reparto

Con estos elementas, en agosto pasado se presentó a consideración del Consejo Directivo la aprobación de la propuesta a la Secretaría de Hacienda para la inversión de capital destinado al Fideicomiso Fondo de Pensiones de hasta 2 mil 400 millones de pesos, el nuevo esquema de pensiones para los trabajadores de Bancomext, así como las nuevas condiciones de trabajo.

Ahí comenzaron las dudas de Gil Díaz, cuando en una primera intervención cuestionó: “¿El esquema aplicable es el único al que pueden entrar los trabajadores?”.

Lorenzo Gómez Gamboa, director de Organización e Ingeniería de Procesos de Bancomext, respondió y explicó que al personal de nuevo ingreso “no se le puede hacer retroactivo el esquema que existe actualmente”.

Otro de los integrantes del consejo directivo, Alonso Pascual García Tamez, ex subsecretario de Hacienda y ahora director general de Banobras, preguntó ¿Por qué en buena parte y no en su totalidad se cubre el déficit actuarial?

Gómez Gamboa explicó que existen otras obligaciones al retiro que no se cubren mediante el Fondo de Pensiones y se otorgan vía margen financiero en la actualidad, como es el Préstamo Especial de Ahorro (PEA).

El PEA es un préstamo que reciben altos funcionarios de Banobras, Nafin y Bancomext, que se deriva de una inversión hecha a su nombre y los rendimientos generados son entregados de forma extraordinaria a los servidores públicos.

Manejo de recursos

En el desahogo de la sesión extraordinaria –la única a la que asistió Gil Diaz en dos años, a pesar de los constantes señalamientos públicos del funcionario sobre los problemas del banco– el ex titular de la Unidad de Crédito Público, Gerardo Rodríguez Regordosa, se mostró interesado sobre ¿quién sería el responsable de administrar los recursos?.

Indagó si éstos iban a ser operados en el marco del régimen de inversión que establece la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar) para las Afores y, si ese era el caso, ¿quién tomaría las decisiones de inversión con base en ese régimen? 

Gómez Gamboa respondió que para la administración del fideicomiso se crearía un comité técnico, el cual iba a estar compuesto por un representante de la institución, del sindicato, un consejero independiente y el Órgano Interno de Control (OIC). “En este comité se tomarán las decisiones de inversión, pero siempre con el marco que publica la autoridad competente, que en este caso es la Consar”, dijo el funcionario de Bancomext.

El presidente de la Asociación de Jubilados de Bancomext, Luis Felipe Muñoz, informó que los trabajadores en retiro fueron invitados a participar con voz pero no con voto al comité que gobierna el fideicomiso.

Asistentes en la reunión aseguran que cuando Gil Díaz supo que el manejo de los recursos del fideicomiso estaría vigilado por el OIC, arremetió y cuestionó: “¿Por qué el Órgano Interno de Control, si éste es un fideicomiso privado? No tiene porqué participar”.

Ante la negativa de que el OIC estuviera al pendiente de cómo se administraban los fondos de los pensionados, Gil Díaz continuó con las indagatorias: “¿De quién es propiedad el fideicomiso?”. 

Escudado por los argumentos de la Procuraduría Fiscal, Lorenzo Gómez respondió a Gil Díaz que el fideicomiso sería propiedad de los trabajadores, en términos de las cuentas individualizadas. También explicó que el dinero sería de los trabajadores hasta el momento en que ellos salgan de la institución, se jubilen o se pensionen. 

Comentó que la Procuraduría Fiscal solicitó que no fueran propiamente las personas quienes tuvieran la propiedad sobre los recursos que se inviertan, porque hay unas tablas dentro del esquema que establecen que si la persona se retira de la institución se llevaría ese dinero en ciertos porcentajes. “Entonces si ya estuvieran catalogados a nombre del trabajador, en lo individual, se tendrían que llevar el ciento por ciento de las aportaciones”, dijo Gómez Gamboa.

El riesgo

En el marco de la sesión extraordinaria, Gil Díaz insistió en preguntar ¿de quién es propiedad el fideicomiso? Y Gómez Gamboa respondió que Bancomext sería el fiduciario y el fideicomitente.

El subsecretario de Hacienda, Alonso Pascual García Tamez, dudó acerca de cómo se llevarían a cabo las operaciones de riesgo y preguntó quién sería el perjudicado en caso de haber un impacto negativo. “En caso de que se haga una inversión a este fideicomiso que no sea rentable y se pierde todo el dinero, ¿quien pierde es el trabajador o se tiene que reponer con la institución?”, asentó.

Sin lugar a dudas, el director de Organización e Ingeniería de Procesos de Bancomext, contestó que “las aportaciones las perdería, en términos de lo planteado por la Procuraduría Fiscal, el trabajador”.

León Halkin Bider, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) e integrante del consejo directivo, apoyó a Gil Díaz y comentó: “Queda claro cómo dejan de ser recursos públicos para pasar a otra índole de vigilancia”. 

Y acentuó que, “virtualmente, ese dinero deja de ser un recurso público y pasa a la red de los trabajadores para su custodia, manejo y control. Deja de ser un recurso público con el control de la función interna de la autoridad y tiene que ser una fórmula de Órgano Interno de Control independiente de la autoridad”.

Lo que significa que el representante de la iniciativa privada apoyaba que la Secretaría de la Función Pública y su OIC no pudieran tener en la mira el manejo de los recursos.

 

Año V No. 51 Abril 2007

 

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