Finanzas

Impunidad garantizada para Gil Díaz

El auditor Arturo González de Aragón admite que el fraude transexenal –que le costó a las finanzas públicas cuando menos 10 mil millones de pesos y que se ejecutó a través de los fideicomisos Aduanas I y II y de la empresa ISOSA– quedará en la impunidad: el fallo de la Corte impide fincar responsabilidades contra Francisco Gil Díaz y demás funcionarios involucrados

Nancy Flores

 

En el llamado fraude transexenal aduanero, el autor y ejecutor directo Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y actual ejecutivo del banco británico HSBC y de la trasnacional española Telefónica Movistar, tiene garantizada su impunidad gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoce el auditor superior de la Federación.

Arturo González de Aragón advierte que, tras el fallo de la SCJN –que en 2005 determinó que los recursos depositados en el fideicomiso Aduanas I, provenientes de una contraprestación relacionada con el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), son de origen y destino privados–, no se podrán fincar responsabilidades ni sanciones administrativas o económicas a los servidores públicos involucrados.

En entrevista el pasado 29 de marzo al finalizar la entrega del Informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2005, el auditor cuestiona: “cómo que quedará impune, si ya hay un fallo de la Corte”.

Sin embargo, admite que es precisamente la resolución de la controversia constitucional 84/2004 la que impide actuar administrativa o penalmente contra cualquier funcionario o ex funcionario que haya participado en el manejo irregular de miles de millones de pesos, entre los que destacan Gil Díaz y José María Zubiría Maqueo, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Como lo ha informado Contralínea, en mayo de 1993 y en su calidad de subsecretario de Ingresos, Francisco Gil constituyó los fideicomisos aduaneros, que manejó al margen del presupuesto hasta 1994 y, posteriormente, cuando estuvo al frente de Hacienda, de 2001 a 2006.

Mientras que en los años recientes, la pieza clave ha sido el aún presidente del SAT, quien desde esta posición ha manejado los miles de millones de pesos producto del DTA, además de conducir el proceso de “legalización y transparencia” de los fideicomisos aduaneros, ordenado en diciembre de 2003 por el entonces presidente Vicente Fox.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los primeros cuatro años de la administración foxista, los fideicomisos 954-8 Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior II, conocido como Aduanas II, así como la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), causaron quebrantos a la hacienda pública por 10 mil 183 millones de pesos.

Más irregularidades

De la multimillonaria suma que defraudó, según lo documentado por la ASF, el SAT sólo reintegró mil 457 millones de pesos a las arcas federales. Ello, a pesar de que González de Aragón indica que gracias a que la Auditoría Superior estuvo señalando durante cuatro Cuentas Públicas “la presunta ilegalidad” de los depósitos en los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, y su conexión con ISOSA, se consiguió que Hacienda devolviera 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Y es que mientras el auditor dice que “valió mucho la pena haber señalado todas estas situaciones irregulares que generaron recuperación del 25 por ciento de todo lo que había sido señalado por la Auditoría”, los resultados del informe 2005 lo desmienten.

Del análisis hecho por la ASF a la fiduciaria Nacional Financiera (Nafin) se desprende que el SAT ordenó a la Tesofe la devolución de mil de los 2 mil 457 millones de pesos que había reintegrado a la hacienda pública.

La auditoría 05-2-06HIU-02-596 revela que, mediante el oficio 327-SAT-0565 del 7 de noviembre de 2006, el administrador general de Innovación y Calidad, del Servicio de Administración Tributaria, solicitó a la Tesorería la devolución de mil millones de pesos a Nafin, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso 954-8 Aduanas I, mediante depósito en la cuenta número 2647324927, abierta en el Banco de México.

Esta petición se basó en la regla 1.3.1.0, de la segunda resolución de modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2006, publicada por Zubiría Maqueo el 6 de noviembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación, tan sólo un día antes de la solicitud de la devolución, destaca la ASF.

Ante esta irregularidad, el 28 de noviembre del año pasado la Auditoría solicitó al Órgano Interno de Control en el SAT investigar el soporte y sustento de esta devolución de mil millones de pesos, y en su caso, iniciar el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión.

El informe revela que el SAT justificó esta transferencia como una permuta: en una reunión aclaratoria con los auditores, el órgano desconcentrado de Hacienda indica que a cambio de los mil millones de pesos, el 16 de noviembre de 2006 el Aduanas I aportó dos donativos, por un total de 796 millones 819 mil 412 pesos (Contralínea 74).

Además de que la dependencia a cargo de Zubiría Maqueo no aportó documentación soporte sobre estas supuestas donaciones, la ASF acusa que aún cuando probara los movimientos financieros que alude, faltarían 204 millones 180 mil pesos en detrimento del erario.

Además, el máximo órgano de fiscalización en México señala que el donativo es una situación ajena a la sustracción irregular de los mil millones de pesos, cifra que representa un nuevo quebranto a las finanzas públicas. Por ello advierte que se emitirá un pliego de observaciones en contra del SAT.

Otra anomalía detectada en este caso se refiere a la solicitud de intervención del Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, mismo que resolvió fast track antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox, que “no se encontraron elementos que permitan evidenciar responsabilidad administrativa con respecto del administrador general de Innovación y Calidad del SAT, por haber autorizado a la Tesofe la devolución del importe referido, de conformidad con la solicitud de Nafin”.

SAT niega fiscalización

En el tema aduanero, el auditor González de Aragón dice que “lo que logramos en beneficio de la transparencia fue el inicio de la liquidación de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y la constitución de dos fideicomisos públicos, el Fidemica y el FACLA. Esta fue una decisión por el camino correcto”.

Pero la transparencia del FACLA (Fideicomiso para Administrar la Contraprestación a que se refiere el Artículo 16 de la Ley Aduanera), creado a mediados de 2004 para sustituir al Aduanas I, se pone en entredicho en el propio informe de la ASF.

El amplio análisis descubre la posición del SAT frente al manejo de los millonarios recursos obtenidos por el cobro del DTA: “El FACLA es un fideicomiso que, a pesar de ser público, recibe exclusivamente recursos provenientes de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, mismos que tienen el carácter de privados. 

“Como resultado de ello, los servicios que son financiados con recursos provenientes de dicho fideicomiso, no se financian con recursos públicos.

“En ese sentido, la administración y aplicación de los recursos concentrados en el citado fideicomiso no afectan en ninguna forma la Cuenta Pública. Asimismo, las personas morales que reciben pagos del fideicomiso en cuestión, no reciben ni administran recursos públicos, por lo que los pagos efectuados no afectan en modo alguno la Cuenta Pública.

“Lo anterior quedó confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por sentencia del 14 de agosto de 2006, la controversia constitucional 84/2004, en la cual se determinó que las contraprestaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley Aduanera no tienen el carácter de recursos públicos”.

El SAT no omite acotar las funciones de la Auditoría ni declarar su incompetencia para fiscalizar dichos recursos: “Constitucional y legalmente, la facultad de investigar de la ASF se contrae a descubrir actos u omisiones que afecten el ingreso, egreso, manejo, administración y aplicación sólo de los recursos públicos federales, de tal manera que si tienen dicha calidad (de privados), por más que existan irregularidades no tendrá competencia para analizarlas o conminar a la realización de un acto para que sean subsanadas, dado que corresponderá a otros entes públicos”.

La dependencia encabezada por Zubiría Maqueo advierte que “se manifiesta desde este acto que ese órgano de fiscalización superior carece de facultades para fiscalizar y observar la administración y aplicación de los recursos en cuestión, por lo que la información solamente deberá ser utilizada en el ejercicio de las facultades que esa entidad tiene constitucional y legalmente conferidas.”

Al respecto, el auditor refiere que “en el caso del DTA, la Corte dijo que esos recursos tenían que dividirse entre la parte pública y la parte privada, y que los recursos privados tenían que manejarse independientes de los recursos públicos. En la Cuenta Pública 2005 detectamos que nuevamente están cometiendo el error, ahora a la inversa, de manejar recursos privados, que corresponden a la contraprestación, en los fideicomisos públicos. Aquí hay un gran cuestionamiento: parece que nos estamos acostumbrando a tropezarnos con la misma piedra dos veces”.

González de Aragón reconoce que “la Auditoría Superior únicamente puede intervenir sobre la parte pública, y en la parte pública lo único que puede hacer es la revisión y la determinación del derecho y sobre esa base hacer la revisión de cómo se calculó”.

 

Año V No. 51 Abril 2007

 

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