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En 2005, Oceanografía utilizó facturas apócrifas para cobrar a Pemex, a través de Bancomext, 23 millones de dólares –de un total de 150 millones– correspondientes al contrato PEP-O-IE-504/05. Luego del ilícito, los funcionarios de la paraestatal no sólo no rescindieron el contrato, sino que pagaron a la naviera 10 millones de dólares más del monto establecido en la licitación
Pese al cúmulo de escándalos en los que se han visto involucrados los accionistas de Oceanografía, Amado Yáñez Correa y su hijo Amado Omar Yáñez Osuna, la paraestatal petrolera sostiene con ellos un oneroso contrato con el que incurrieron en una supuesta defraudación en complicidad con funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En 2005, los propietarios de Oceanografía junto con funcionarios de alto nivel de la paraestatal, entre quienes se encuentran los entonces subdirectores de Pemex Exploración y Producción (PEP), Héctor Leyva Torres y Federico Martínez Salas –en ese tiempo los dos hombres de confianza del director de dicha subsidiaria, Carlos Arnoldo Morales Gil– ingeniaron mecánicas administrativas para obtener fraudulentos recursos públicos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Pemex, según se desprende de documentos internos de ambas dependencias en poder de Fortuna.
La estrategia fue la siguiente: en 2005, PEP adjudicó a Oceanografía el contrato PEP-O-IE-504/05 por 150 millones de dólares; una vez firmada la adjudicación, los Yáñez tramitaron un crédito por factoraje con Bancomext. Semanas después, ante este banco presentaron una factura apócrifa supuestamente emitida por PEP a cuenta del contrato, para obtener 23 millones de dólares. La operación fue descubierta por el Órgano Interno de Control (OIC), lo que derivó en que, a partir de ese año, estuvieran bajo investigación de la contraloría interna de ese banco de desarrollo.
El OIC en Bancomext, que entonces dirigía Roberto Muñoz Leos, hermano del exdirector de Pemex, Raúl Muñoz Leos, descubrió el ilícito de Oceanografía y lo notificó a la paraestatal. Sin embargo, Pemex no le rescindió el contrato a la empresa naviera y, por el contrario, le pagó más de 10 millones de dólares pese a que Oceanografía incurrió en atrasos que, según la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), hacían ineludible su cancelación.
El excontralor de Bancomext, Roberto Muñoz Leos, explica que él presentó las denuncias correspondientes y alertó a Pemex del fraude de Oceanografía, pero extrañamente la empresa paraestatal se ha mantenido cautelosa para emprender acciones legales en contra de Amado Yánez y su empresa, mientras que Bancomext recuperó los 23 millones de dólares del crédito asignado a Oceanografía mediante 5 facturas apócrifas.
Según documentos internos de la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas (SIDOE), el monto original del contrato era por 124 millones de dólares y 105 millones 768 mil 461.53 pesos. Pero 40 facturas expedidas por Oceanografía a PEP, entre el 25 de noviembre de 2005 y el 13 de julio de 2007, cuyas copias obran en poder de Fortuna, indican que a diciembre de 2007 (fecha en que aún no estaba terminada la obra), Pemex pagó a Oceanografía 135 millones 100 mil 111.89 dólares y 102 millones 690 mil 4 millones de pesos; es decir, 10 millones de dólares más.
Aunque el contrato fue adjudicado a nombre de la empresa Cosemarte, la facturación la emitió Oceanografía con domicilio fiscal en Coatzacoalcos, Veracruz, y registro federal de contribuyentes OCE-791214-330.
Fraude millonario
Desde que fue colocado en la dirección de PEP (en diciembre de 2004), en sustitución de Luis Ramírez Corzo, uno de los proyectos más ambiciosos de Carlos Arnoldo Morales Gil fue construir nuevos gasoductos en el complejo marino de producción Pol-A, área neurálgica en el manejo de petróleo y gas en el corazón de Cantarell, en la Sonda de Campeche. A unos días al frente de la subsidiaria, Morales Gil ordenó al titular de la SIDOE, Federico Martínez Salas, que licitara la obra.
El 21 de diciembre de 2004 PEP publicó las bases de la licitación internacional 18575106-046-04, etiquetada en el rubro: “procura y construcción del gasoducto de 36″ Ø X 56 kms de la plataforma de enlace Litoral al Complejo Pol-A”, por 124 millones 486 mil 97.75 dólares y 105 millones 768 mil 461.53 pesos. La importancia del proyecto y los cuantiosos recursos la convirtieron en la licitación más codiciada del momento.
El proceso de licitación se realizó entre enero y marzo de 2005, cuando Oceanografía estaba bajo escrutinio de la primera comisión de diputados que investigaba el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún. En Pemex, además de ser considerada como deficiente, la naviera enfrentaba juicios contra la paraestatal para evitar su inhabilitación por incumplimiento de tres contratos para el arrendamiento de sus embarcaciones Paula Kay, Kristing Grace y Seba’an.
Oceanografía participó de manera conjunta con las empresas Corporación de Servicios Marítimos y Terrestres (Cosemarte) y Allseas Marine Contractors. Las actas de licitación 18575106-046-04 revelan que la compañía supuestamente responsable en el concurso era Cosemarte, representada por Pablo Carvajal León, pero el domicilio que esta empresa registró fue avenida 4 Oriente, lote 3, manzana D, Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul, es decir, la sede de Oceanografía en Ciudad del Carmen, Campeche. Además, la facturación que se emitió posteriormente fue expedida por Oceanografía.
En la torre empresarial de Pemex de Villahermosa, el 12 de abril de 2005 la SIDOE falló a favor de las empresas señaladas. Los funcionarios que adjudicaron la obra fueron: Rafael Santiago Ramírez, gerente de Ingeniería; Mauro Poblano Gutiérrez, gerente de Proyecto; Horacio Yedra Pozo, responsable del Activo Integral Litoral de Tabasco; Claudia Lizbeth Juárez Vidal, gerente de Contratos-SIDOE; y Luis Lozano Rodríguez y Miguel Ángel Santos Regalado, de la Gerencia Integral.
En mayo, la Gerencia de Contratos de la SIDOE firmó con Oceanografía el contrato etiquetado en el sistema SAP con el número 4124258280, y en la subsidiaria, con el número PEP-O-IE-504/05. La adjudicación fue aprobada por el entonces titular de la SIDOE, Federico Martínez Salas, exfuncionario de ICA, quien durante su estancia en Pemex fue denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por conflicto de intereses y tráfico de influencias a favor de diversas empresas, incluida la de su hijo, Federico Alberto Martínez Armenta, accionista mayoritario de Tradeco. Algunas denuncias están todavía bajo investigación.
Aunque la LOPSRM dice que para que una empresa participe en una licitación debe comprobar solvencia económica, documentos internos de PEP revelan que Oceanografía no cumplió este requisito y aún así se le adjudicó la obra. Además, una vez formalizada la contratación, los funcionarios de PEP aceptaron la cesión de derechos de pago a favor de Bancomext, institución que autorizó a los Yáñez un crédito por factoraje, es decir, la garantía para que el banco les diera el dinero eran las facturas que la naviera expidiera a PEP sobre los trabajos realizados y que, a su vez, la paraestatal trasladaría a Bancomext.
El inicio de los trabajos era para el 12 de mayo, pero pasaron tres meses sin que Oceanografía comenzara la obra, por lo cual, en apego a la ley, PEP debía penalizarla económicamente y rescindir el contrato.
El 22 de agosto de 2005, los Yáñez dispusieron de 22 millones 900 mil dólares del crédito de Bancomext, presentando ante el banco una copia simple de la factura 15172, fechada el 16 de agosto, emitida por Oceanografía, por 30 millones 363 mil 416 dólares. El documento amparaba “trabajos realizados a la paraestatal derivados del contrato PEP-O-IE-504/05, de la Procuración y Construcción del Gasoducto de 36, de diámetro x 56 km, de la plataforma de enlace litoral al complejo Pol-A”; y tenía un supuesto sello de recibido el 16 de agosto de 2005, por el área administrativa de PEP Región Sur, para el traslado del pago a favor de Bancomext.
Como el crédito era por factoraje, Bancomext entregó el dinero a la naviera. El engaño se descubrió días después, cuando el ejecutivo del banco presentó la factura en la ventanilla de Pemex, en donde no le reconocieron el sello. Cuando el banco llamó a la Región Sur de PEP, le informaron que la factura nunca pasó por Pemex, es decir, que el sello era apócrifo, lo cual fue ratificado por supervisores de la construcción del gasoducto. Por su parte, el residente de obra confirmó, hasta el 6 de septiembre de 2005, que los trabajos que amparaban la factura no habían comenzado.
En tanto, el OIC en Bancomext inició una investigación encabezada por el gerente de Auditoría B, Raúl Muñuzuri Becerra. Durante la indagatoria, el coordinador de Recursos Financieros de PEP, Pedro Martínez Alonso, confirmó que los trabajos que avalaban la supuesta factura no se habían realizado.
Martínez Alonso notificó que “después de revisar la información financiera correspondiente al contrato PEP-0- IE-504/05, celebrado por PEP-SIDOE con Oceanografía, se encontró que al corte del 6 de septiembre de 2005 no se ha realizado ningún pago con cargo a este contrato, ni existen estimaciones o facturas en proceso de autorización”.
El 14 de octubre de 2005, en el oficio 827/2005, el director de lo Contencioso y Corporativo de Bancomext, José Antonio Monte Arriola, notificó al subdirector de PEP, Héctor Leyva Torres, el uso de documentos apócrifos por parte de Oceanografía. “Hacemos de su conocimiento las irregularidades que el Órgano Interno de Control nos da a conocer con relación a la factura 15172, que Oceanografía presenta en esa institución para disponer de recursos”.
Monte Arriola relata que el área fiscal de Pemex había confirmado que el sello era apócrifo. El documento se remitió con copia para Néstor García Reza, titular de la Oficina del Abogado General (OAG); Pedro Martínez Alonso, coordinador de Recursos Financieros; y Flaviano Rodríguez Marcial, gerente de Administración y Finanzas.
La Oficina del Abogado General presentó dos denuncias penales contra la empresa: en Villahermosa, integrada en el expediente A.P. 06/2005, y ante la Procuraduría General de la República, expediente AP/PGR/DDF/SPE-XXII/788/06-03. Hasta la fecha las indagatorias están detenidas y a los Yáñez no se les han fincado responsabilidades por el fraude.
Pese a que Leyva Torres conocía de las irregularidades cometidas por los Yáñez, pues él mismo les notificó de las rescisiones en contratos anteriores (Contralínea 89), la subsidiaria les sostuvo la millonaria adjudicación. Más aún: tras la notificación que la Dirección Ejecutiva Jurídica de Bancomext hizo a Pemex sobre el caso, ese mismo año PEP benefició a Oceanografía con los contratos 418235843, por 965 millones de pesos por adjudicación directa, y 418815856, por 23 millones 700 mil pesos.
Un abogado de la OAG, excolaborador de Néstor García Reza y quien solicitó no ser identificado, señala que además de constituir un delito penal que Oceanografía haya utilizado la factura apócrifa, Pemex debió haberle rescindido los contratos vigentes e inhabilitarla, con lo cual hubiera impedido también que en el resto del sexenio de Vicente Fox recibiera 15 contratos que se extendieron hasta el primer año de gobierno de Felipe Calderón.
Atrasos en la obra
Aunado al uso de documentos apócrifos, Oceanografía comenzó la construcción del gasoducto con severos atrasos. El contrato original estipulaba que la obra debía terminarse en enero de 2006, pero para entonces el avance real era del 59 por ciento. Para sostenerle la contratación, supuestamente Pemex le impondría una penalización del 10 por ciento del monto total. No fue así.
Según Pemex, las últimas facturas pagadas a cuenta del contrato PEP-O-IE-504/05 son: la 18735, por 9 millones 601 mil 764.65 pesos, y la 18736, por 3 millones 691 mil 668.65 dólares. Ambas están fechadas el 13 de junio de 2007 e indican que hasta esos momentos el avance real de la obra era de 95.25 por ciento, y el avance financiero de 92.31 por ciento. Con esas facturas los Yáñez han cobrado más de 10 millones de dólares extras al monto del contrato.
Por el atraso de la obra, incluso la Secretaría de Marina concedió a los Yáñez prórrogas para autorizar desecho de aguas residuales en el mar, “producto de pruebas hidrostáticas durante la construcción de ductos”.
En diciembre de 2006, Héctor Leyva Torres y Federico Martínez se jubilaron de la paraestatal sin que se fincara ninguna responsabilidad por este caso. Leyva fue sustituido por José de Jesús Alegría Constantino, funcionario que ha avalado los pagos en demasía que Oceanografía ha recibido. Fortuna solicitó una entrevista con dicho funcionario, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Por su parte, el abogado general Néstor García Reza también se negó a hablar al respecto, así como el director de PEP, Carlos Morales Gil.
En diciembre de 2007, Jesús Reyes Heroles aseguró que la administración a su cargo revisaría “cada uno de los contratos otorgados a Oceanografía” y que en caso de existir irregularidades, se procedería legalmente. Sin embargo, a través de la Gerencia de Comunicación Social, el director de Pemex se negó a responder por qué en lo que va de su gestión, los empresarios Yáñez Osuna y Yáñez Correa siguen obteniendo beneficios fuera de normatividad.
Según información difundida el 31 de diciembre por La Jornada, la PGR solicitará a un juez federal la aprehensión de Amado Omar Yáñez Osuna, por un supuesto fraude fiscal por 8 millones de pesos. Ésta no es la primera vez que se vincula a los Yáñez en un delito de esa naturaleza: en 2005 la Secretaría de Hacienda les imputó un fraude por 4 millones de pesos, e inició indagatorias por evasión fiscal, sin que se procediera penalmente contra ellos.
Los conflictos internacionales de Amado Yáñez
En el extranjero se ventilan denuncias en contra de los accionistas de Oceanografía por incumplimientos a las navieras con las que han subarrendado embarcaciones que, a su vez, los Yáñez rentan a Pemex.
Uno de estos casos es el de la empresa Fairmount Heavy Transport, que tiene su sede en Rótterdam, Holanda, y que en el ámbito marino es una de las firmas con mayor prestigio a nivel mundial. Tras hacer negocios con Amado Yáñez Osuna, la holandesa se vio obligada a recurrir a un juicio mercantil en tribunales internacionales.
En 2005, Yáñez contrató los servicios de esta empresa para que la barcaza semisumergible Fairmount Fjord (la segunda más grande en su tipo en el mundo) remolcara la embarcación Jascon V, que Amado Yáñez Osuna arrendó en puerto Mumbai, India, y que sería traída a México para operar en la Sonda de Campeche a un costo de 2.6 millones de dólares, e incluía depositar la embarcación en el puerto de Ciudad del Carmen.
De acuerdo con datos de la Fairmount, Yáñez pagó un depósito inicial del contrato; sin embargo, durante la movilización de la embarcación de Mumbai a Noruega, y antes del paso por el Canal de Suez, “fue evidente que Oceanografía ya no tenía intención alguna de cumplir con los términos del contrato”, explica la holandesa en una minuta a sus accionistas. Agrega que Oceanografía se negó a pagar los gastos acordados y dejó varada la barcaza y otros remolcadores que la holandesa había dispuesto para traer a México la embarcación.
De acuerdo con el reporte, firmado por Frederik Steenbuch, directivo de la empresa, la conducta de Yáñez Osuna provocó que la Fairmount se quedara varada y “para mitigar costos, tuvo que ser resguardada en un puerto protegido en el Mediterráneo”.
El 27 de diciembre de 2006, Fairmount demandó a Oceanografía ante un tribunal de Londres, para exigir el pago de 3 millones 200 mil dólares: 2.6 millones correspondientes al contrato de servicio de la barcaza semisumergible y 700 mil dólares por intereses y gastos por el atraso del pago. Luego el juicio fue trasladado a Nueva York para solicitar un embargo de los bienes de Oceanografía.
En Nueva York, un juez federal decretó incautar una cuenta relacionada con los accionistas de Oceanografía en The Laredo National Bank. La operación se hizo el 29 de diciembre de 2006: el Bank of New York congeló 3.5 millones de dólares que salieron de BBVA y que tenían como destino la cuenta del Laredo National Bank. Días después congelaron otra transferencia por 200 mil dólares. Aquel 29 de diciembre, el BBVA Bancomer, en México, había autorizado a Amado Yáñez Osuna un crédito por 21.1 millones de dólares.
El 16 de enero de 2007, Oceanografía se amparó contra la disposición judicial y demandó a la Fairmount por incumplimiento de contrato, pues argumentó que la embarcación nunca llegó a México y Pemex le cobró 13 millones de dólares por el atraso. El 27 de marzo de 2007 ofreció pagar a la quejosa 950 mil dólares, a cambio de que el juez liberara su cuenta en Estados Unidos. Aunque las pérdidas de la Fairmount eran mayores, pues lo que les ofreció Yáñez Osuna apenas cubría el costo del juicio, estimado en 900 mil dólares, prefirió cerrar el asunto con Oceanografía.
Al respecto, Philip Adkins, representante de la empresa explica:
“El negocio con Oceanografía era exactamente el tipo de negocio que una empresa como la nuestra nunca debe perseguir. Nuestra empresa debe centrarse en un grupo selecto de clientes de alto nivel que buscan también los más altos niveles de profesionalidad para sus necesidades de transporte en altamar”.
Más denuncias
En enero de 2007 la firma noruega DSND Subset demandó a Oceanografía por el alquiler de las embarcaciones Botnica y Fennica, las cuales, entre 2001 y 2003, Oceanografía subarrendó a Pemex para servicios en la Sonda de Campeche. La naviera mexicana pagaría a la noruega 50 mil dólares diarios por el Botnica y 47 mil 250 dólares por el Fennica. Sin embargo, según la DSND, los Yáñez no le pagaron 3 millones 200 mil dólares que, al momento de la demanda, fueron estimados en 5.3 millones de dólares.
Ante un tribunal de Nueva York, la DSND tramitó también un embargo a la cuenta bancaria de Amado Yáñez Osuna, y éste se amparó. En el Fennica, el 10 de diciembre de 2001 perdió la vida el trabajador Juan Carlos Quijas.
Aún con los cuantiosos ingresos que han recibido de Pemex, los Yáñez estilan buscar créditos en distintos países. En 2005 un par de investigadores de instituciones de crédito de bancos de Miami explicaron a Fortuna sus sospechas sobre los créditos que buscaban afanosamente en Estados Unidos, porque, explicaban, aún cuando Amado Yáñez Osuna comprobó ser propietario de lujosas residencias en Acapulco, una veintena de autos, un yate, y otros bienes inmuebles en Estados Unidos, los bancos dudaban que tanto él como su padre, Amado Yáñez Correa, fueran sujetos de crédito. (ALP)
