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El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que depende de la Secretaría de Hacienda, habría incurrido en la venta de autos robados. Documentos oficiales del Sae revelan que entre sus trámites comunes, después de subastar, se encuentra la “devolución de recursos por la venta de vehículos con reporte de robo”. Ésta sólo cubriría el monto pagado por el comprador en la subasta, mas no la inversión que llegara a hacer en el automóvil
Osvaldo Covarrubias Vega perdió su patrimonio económico y moral por una camioneta que compró al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) en mayo pasado. La compra, por medio de una subasta pública, consta en la factura emitida por la autoridad federal el 8 de junio de 2009.
El 23 de septiembre de este año, los diarios de Los Mochis, Sinaloa, lo arrancaron del anonimato: su nombre y su fotografía fueron asociados con un delito. Los medios lo describieron como “la persona que intentó vender un auto robado y fue detenida casi en flagrancia por la Policía Federal”. Del Sae, el primer vendedor, no hicieron referencia alguna sino hasta que el propio afectado pudo desmentir la información.
Osvaldo se entregó solo a la justicia. Nada parecía indicar que el vehículo que compró a la administración pública federal fuera ilícito: antes de apalabrarse con su fallido comprador, había circulado la Isuzu Oasis modelo 1996 por las arterias de Los Mochis, donde radica con su familia. En tres meses, ningún oficial le requirió conocer el origen ni la documentación de la camioneta.
—A mí no me pararon en la calle, en circulación. Yo fui a verificar a las oficinas de la Policía Federal la legalidad de la camioneta.
Entre junio y julio, Osvaldo ingresó el vehículo a los talleres mecánicos. Invirtió más de 20 mil pesos: rines, pintura, llantas, motor nuevos. En total, gastó 30 mil pesos, 9 mil de éstos correspondientes al pago de la subasta del Sae.
Ya en septiembre le dibujó signos de pesos a las ventanillas: la crisis financiera no le permitía mantener la Isuzu Oasis en su poder. Una vez concertada la compra-venta, el 22 de ese mes acudió a las instalaciones de la Policía Federal.
Hasta entonces, la consulta a la base de datos sobre autos robados era, para Osvaldo, un simple trámite. No fue así. El formalismo con su cliente, para garantizar la legalidad del vehículo que ahora intentaba comerciar, se convirtió en seis horas de detención y la confiscación de la Isuzu Oasis, “que salió con reporte de robo desde 2004, en Phoenix, Estados Unidos”.
La pesadilla había comenzado apenas. Luego vendrían el Ministerio Público, las declaraciones, los trámites, las quejas ante organismos de derechos humanos, el silencio del Sae, dependencia federal encargada de “administrar y enajenar bienes y empresas y, en su caso, destruir los bienes o liquidar las empresas que le sean encomendadas, en estricto apego a la ley y buscando los términos económicos y financieros más convenientes en el menor tiempo posible”.
—¿Cómo es posible que el gobierno venda autos robados? –se pregunta Osvaldo. Agrega que en el Ministerio Público le informaron que eran varios casos similares al suyo; por ello le sugirieron que aceptara los 9 mil pesos que pretende entregarle el organismo descentralizado del sector Hacienda.
Pero Osvaldo rechaza perder los 21 mil pesos que invirtió en la remodelación de la camioneta. “Eso, ¿quién me lo va a pagar?” Ante la falta de respuestas del Sae, el hombre acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, misma que turnó su caso a la Comisión Nacional, por ser un asunto de carácter federal.
Para Osvaldo, lo sorprendente es que, en su caso, el auto robado que le vendieron las autoridades federales estuviera marcado para reemplacamiento. Y es que, indica, si la camioneta se hubiera subastado como chatarra, se habría destruido y, seguramente, “jamás se habría sabido su ilegalidad”.
De acuerdo con las bases de la subasta electrónica en la que participó Osvaldo, el Sae asegura no tener conocimiento “de que existan reportes de robo sobre los vehículos a subastar o que los mismos se encuentren vinculados a algún siniestro o delito en los Estados Unidos de Norteamérica (sic), para el caso de vehículos de procedencia de comercio exterior”.
Agrega que, “respecto de los bienes de procedencia extranjera, el Sae no realizaría cancelación de la venta y/o devolución alguna en virtud del convenio suscrito” con el gobierno estadunidense.
Trámite postventa común
El caso de Osvaldo Covarrubias Vega no sería el único: la venta de autos robados podría ser una práctica cotidiana en el Sae, según se desprende de su propio Manual de procedimientos. Sus capítulos y anexos revelan que además de subastar automóviles con reporte de robo, también vendería carros con número VIN (vehicle identification number) remarcado.
En el apartado “Proceso: post-destino. Subproceso: atención de requerimientos de información y trámites post-venta”, fechado en junio de 2008, el Sae establece tres trámites para devoluciones de recursos a favor del comprador, que define así en su objetivo:
“Este procedimiento tiene por objeto detallar las actividades a realizar para tramitar las solicitudes de devolución de recursos recibidos por la venta de vehículos con reporte de robo o número de VIN remarcado o por pago en exceso enviados por el área de Atención a Clientes.”
Al igual que Osvaldo, el comprador que tramita ante el Sae la devolución de su dinero por los dos primeros motivos tiene que acreditar lo siguiente: cuando se trata de un auto con reporte de robo, debe presentar “la copia certificada por la autoridad ministerial”; en el caso del número VIN remarcado, “las calcas y fotografías del número VIN, dictamen de OCRA o informe del Registro Público Vehicular, en su caso, o documento en el que conste la alteración del número VIN”.
Una vez que el cliente presenta su recurso de devolución ante el Sae, su trámite cumplirá hasta 19 pasos para que le sea notificada la aceptación o negación del mismo. En caso de ser positiva, la Administración Titular de Comercialización de Muebles Menores de la dependencia autorizará el cheque o transferencia electrónica por el monto de la devolución.
Osvaldo explica que, en su caso, el Sae sólo pretende pagarle 9 mil pesos, que fue lo que él sufragó en la subasta.
—Me piden que firme un documento de conformidad por los 9 mil pesos, y dicen (los representantes del Sae) que después analizarán si procede entregarme los otros 21 mil pesos. No he querido firmar porque no me han garantizado nada. Yo quiero que me paguen los 30 mil pesos que invertí en la camioneta.
El hombre no se resigna a perder su inversión que, explica, es también su patrimonio económico. Indica que en un primer movimiento legal consiguió una suspensión para que las autoridades no repatrien la camioneta a Estados Unidos.
De acuerdo con el Anexo 1 de los Indicadores estratégicos del SAE (resultados del ejercicio 2008), las erogaciones correspondientes al avance del programa de venta de bienes muebles ascendieron en ese ejercicio a 89 millones 820 mil pesos. No obstante, el documento no aclara cuántos recursos se destinaron al pago de devoluciones por concepto de venta de autos robados. En 2008, los ingresos de ese programa sumaron los 177 millones 720 mil pesos, detallan los indicadores.
Para la elaboración de este trabajo, Fortuna solicitó conocer la versión del Sae, por medio de su área de Comunicación Social. Sin embargo, al cierre de edición, no hubo respuesta.
