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La crisis del sistema político, la falta de talento e innovación y la disminución del dinamismo económico hicieron de México uno de los países menos capaces del mundo en atraer inversiones. Los costos económicos y sociales de la incompetitividad mexicana son incuantificables, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad
“En el siglo XXI, la competitividad de una economía radica en su capacidad para atraer y retener inversiones y talento”, define Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La competitividad genera riqueza a un país, así que la falta de ésta tiene un alto costo y éste no sólo es económico, sino político y social, pues “la falta de competitividad se traduce en la pérdida de inversiones, riqueza, generación de empleo, y del bienestar de la población. Perder competitividad es perder bienestar”, explica el economista Rodrigo Gallegos, director de Proyectos Especiales del IMCO.
Eso es lo que ha ocurrido en México en los últimos cinco años, cuando “por causas como la poca credibilidad en el sistema político, la falta de talento e innovación y el menor dinamismo económico, el país comenzó a perder competitividad, hasta convertirse en una de las economías más mediocres del mundo, incapaz de enfrentar la crisis mundial”, explica en entrevista Gallegos, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. El costo es tan alto, estima, que “la falta de competitividad encamina al país al precipicio”.
El diagnóstico de Gallegos, coordinador del estudio Competitividad internacional 2009, deriva de los resultados del Índice General de Competitividad, en el cual México aparece como uno de los países menos competitivos del mundo, pues su posición cayó a su nivel más bajo de las últimas décadas, en prácticamente todos los rubros que miden el desempeño de cada país, incluso frente a economías más pobres como las centroamericanas.
Estado, malas notas
El estado de derecho es fundamental para que un país sea competitivo, porque implica la existencia y observancia generalizada de reglas claras y libertades suficientes para un desempeño económico vigoroso y ordenado, de allí que sea el primer indicador del Índice General de Competitividad. Éste es precisamente el rubro que registra mayor deterioro en el país, ya que “México sufrió un retroceso en la certidumbre jurídica, y en la interacción libre y equitativa entre individuos, empresas, instituciones, y demás participantes en la economía y la sociedad, lo que derivó en la menor inversión y sana competencia”, revela el IMCO. En consecuencia, el deterioro del estado de derecho ha hecho más alto el costo de hacer negocios en México.
Además de medir el costo que el crimen impone a los negocios, este indicador analiza la confianza que los ciudadanos tienen en el sistema de justicia y en los cuerpos policiacos. Mientras que “el mundo ha mejorado su estado de derecho”, México “se ha ubicado de manera constante entre los 15 países peor calificados”. Destaca el conflicto en San Salvador Atenco (en 2006) como una evidencia del latente deterioro de las libertades civiles y el respeto a los derechos humanos. A ello se suma el descalabro en el índice de corrupción y buen gobierno.
El IMCO detecta cuatro debilidades que restan competitividad al estado de derecho: la corrupción en primer lugar, ya que “la regulación mexicana es compleja y tardada, por lo que la corrupción está presente en muchos niveles de gobierno y, además, ésta es a costa de los ciudadanos y las empresas”. Luego, los mercados informales, pues “México es uno de los países con mayor nivel de informalidad y con un número creciente de trabajadores que se suman año con año”. Ubica en tercer lugar la calidad del estado de derecho, ya que “México se encuentra con una posición muy baja con respecto del resto del mundo y continúa declinando”.
La cuarta debilidad, dice el IMCO, es la falta de imparcialidad del Poder Judicial, el cual considera débil con respecto del resto del mundo: “La labor de los jueces no es por completo imparcial ni aislada de ciertos intereses e influencias. Del mismo modo, la ejecución y el cumplimiento de las leyes es deficiente”.
El costo ambiental
El estado general del medio ambiente como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo sostenibles a largo plazo es otro de los factores que hacen que un país sea competitivo. De los 48 países de todas las regiones incluidos en el Índice General de Competitividad, México ocupa el lugar 45 en el manejo de la conservación ambiental y su interacción con las actividades productivas y de consumo. La posición lo coloca sólo por arriba de El Salvador, India y Honduras, y por debajo de países más pobres como Belice y Guatemala.
Factores como el atraso en la generación de energías limpias, el reducido número de empresas certificadas como “limpias”, el incremento de las emisiones de dióxido de carbono y los desastres ecológicos en la industria del gas y del petróleo, entre los que destaca el de la plataforma Usumacinta, que la compañía Perforadora Central rentaba a Pemex en la Sonda de Campeche, dieron un revés a México en materia ambiental. Ello, dice el IMCO, “convierte nuestro mal manejo del medio ambiente en uno de nuestros mayores lastres de competitividad”.
Bienestar, otro atraso
Tener una “sociedad incluyente, preparada y sana” es otro de los factores que hacen competitivo un país. En este rubro, que mide el bienestar (sistema de salud y educación) y las capacidades de la fuerza laboral como una aproximación de la calidad y del capital humano, México se ubica en la posición 30 del Índice General de Competitividad. Uno de los factores que provocó la pérdida es el alto índice de la mortandad infantil, ya que “el nivel de niños menores de cinco años que mueren en México es mucho mayor que en otros países. En particular en zonas rurales, con poca facilidad de acceso a hospitales públicos”.
Otro factor es que se agudizó la desigualdad en la distribución de los ingresos, reflejándose en las “disparidades educativas y regionales que impiden un óptimo desempeño en la economía”. Se redujo también la Población Económicamente Activa (PEA) con nivel de licenciatura y el nivel de escolaridad efectiva, además de la participación de mujeres en el Poder Legislativo.
Empeoró también la situación de género: la participación de mujeres en la PEA es menor que en otros países y el ingreso que perciben con respecto al de los hombres es más bajo que el promedio mundial. En esta última disparidad, México sólo es rebasado por India, Turquía y los países centroamericanos.
Con un sistema de distribución “desigual y poco eficiente”, empeoró también el promedio de agua potable por habitante.
Macroeconomía inestable
La mayor volatilidad de la inflación y el crecimiento económico inestable han provocado el deterioro –desde 2001– de la macroeconomía mexicana, de tal suerte que en el rubro de “Macroeconomía estable y dinámica”, entre 2004 y 2007 México cayó dos posiciones en el Índice, colocándose en la número 30. La mayor debilidad, dice el IMCO, es que la macroeconomía de México registra “un muy bajo crecimiento económico con respecto de otros países: cerca de 4 por ciento en 10 años, y su mayor volatilidad en la última década, “lo que ofrece un panorama incierto a inversionistas, empresas e individuos para planear y tomar decisiones a corto y largo plazo”.
Las debilidades del sistema político
De 2004 a 2007, México sufrió un deterioro en la calidad de su sistema político: empeoraron la libertad y estabilidad política, el control de la corrupción y la libertad de prensa; incrementó la generación de refugiados, y se redujo sustancialmente el número de votos con los que el Ejecutivo llega al poder. Todas esas variables ubican el sistema político mexicano por debajo del promedio mundial. Ello provocó que en el rubro “Sistema político estable y funcional”, del Índice de Competitividad, México cayera de la posición 35 a la 38.
Producto “de la crisis política de 2006, que afectó la percepción del país en el mundo, pues ahora es considerado un país inestable políticamente y con más factibilidad de crisis en transferencia de poderes”, las principales debilidades del sistema político mexicano que abonan a la incompetitividad son la estabilidad y transferencia de poderes, pues “tras la elección de 2006, el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas se vio socavado presentando nuevo reto para recuperarse”.
La segunda debilidad es el desempeño de gobierno: “tanto en temas de control de corrupción como de transparencia y rendición de cuentas, la calificación del gobierno mexicano es baja. El sistema se percibe como opaco y deshonesto”. La tercera, la participación electoral, ya que “existe poca disposición e interés de los ciudadanos para involucrarse en un sistema donde no existe la posibilidad directa e inmediata de rendir cuentas”.
Los ataques a la libertad de prensa son considerados como otra de las debilidades que le restan competitividad al país: “El periodismo en México se ha visto ensombrecido por amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas. Muchos de ellos están relacionados con el crimen organizado, pero también destacan algunos casos vinculados con autoridades locales. México aparece en los países más peligrosos para ejercer este oficio”.
Y por último, “la debilidad del Ejecutivo” que, en un sistema presidencialista como el mexicano, afecta “de manera relevante el desempeño del Estado”.
La primera medida para hacer que México tenga un sistema político competitivo, destaca el IMCO, es reducir la corrupción en la asignación de contratos públicos al sector privado, ya que “ha demostrado ser un obstáculo que puede ocasionar importantes perjuicios”. Propone también que la obligatoriedad en la rendición de cuentas alcance a otros poderes como los partidos políticos y los sindicatos.
El costo de los costos de producción
Otro de los factores de competitividad son los costos de producción de la economía. En el rubro “Mercado de factores eficientes”, el Índice de Competitividad califica la eficiencia con la cual los mercados de insumos para la producción surten a las actividades productivas (industria y servicios) de mano de obra, energéticos, recursos financieros y bienes de capital. En dicho rubro, México cayó de la posición 39 a la 42, por debajo de Turquía, Perú, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Honduras.
México tuvo su peor posición desde 2001, “resultado de mercados de factores desgatados por una de la regulaciones más rígidas del mundo, la falta de competencia y un abuso del poder monopólico del que gozan nuestros sindicatos”. Destaca el deterioro de la productividad del capital fijo, seguido por los aumentos del costo del diésel y la energía eléctrica; se encareció también el costo de la vida en el país y la mano de obra en el sector manufacturero; se incrementaron los intereses bancarios y crediticios, entre otros. En resumen, se ha deteriorado la competitividad del país y disminuido la productividad futura.
Sin clase mundial
Los sectores de transporte, telecomunicaciones y financiero son condiciones necesarias para el desarrollo de la economía de un país. En este sentido, el indicador “Sectores precursores de clase mundial”, del Índice de Competitividad, mide su calidad, eficiencia y costos. México cayó del lugar 32 al 34, es decir, perdió también competitividad en estos rubros, que, dentro del intercambio comercial internacional, día a día cobran mayor importancia.
“Lo anterior es producto de un avance lento en la infraestructura, inclusive retrocesos en el costo de la telefonía y en el índice de competencia de la banca pese a la entrada de nuevos bancos y un periodo de mayor liquidez en la bolsa de valores”.
Los rubros que registran mayor rezago con respecto del resto del mundo son: la penetración y el costo de la telefonía fija y celular; la penetración y el costo de internet; la productividad de las telecomunicaciones; la oferta de vuelos, la infraestructura portuaria, la longitud carretera; y en el sector financiero: la calidad de la banca y finanzas, la competencia de la banca y la liquidez de la bolsa de valores.
Las grandes debilidades de México en este rubro, enumera el IMCO, son las telecomunicaciones, sector que “es mas caro y menos eficiente que en el resto del mundo”; la infraestructura física –carretera, portuaria y aeroportuaria– que es una de las más limitadas del mundo con respecto de su población; y los mercados de capitales, pues considera que la Bolsa Mexicana de Valores no ha sido un elemento que permita la capitalización de empresas medianas, por esa razón, “muchas empresas con potencial deciden no entrar en ella, mientras algunas otras se han dado de baja”.
Para hacer competitivo al país en este rubro, recomienda invertir en proyectos de infraestructura de largo plazo, impulsar mayor competencia en los sectores financiero y de telecomunicaciones para aumentar su penetración.
Propone también establecer una política promotora de la competencia y más agresiva en el sector de telecomunicaciones, ferrocarriles y financiero; otorgar un mandato a favor del consumidor a los reguladores como Comisión Federal de Telecomunicaciones y separar su función política de la operativa; lograr acuerdos eficientes para la interconexión e interoperatividad de redes de comunicaciones; eliminar restricciones de inversión extranjera en los negocios de red como la telefonía fija; y hacer más eficiente el gasto público de inversión mediante la creación de una comisión federal de eficiencia presupuestal y una contabilidad nacional homogénea.
Incompetencia gubernamental
El octavo factor que mide el Índice de Competitividad es el impacto del gobierno para promover la competitividad o, por el contrario, para limitarla por medio de ciertas barreras impuestas a los mercados. En general, entre 2004 y 2007, los gobiernos de todo el mundo se volvieron más eficientes en su impulso a la competitividad mediante políticas eficaces, baja corrupción y autonomía frente a grupos de interés. No así el mexicano, cuya deficiencia provocó la caída de México de la posición 29 a la 32.
Lo anterior es el resultado de que se incrementaran los pagos extras para trámites y los costos de importación, también del deterioro de la efectividad y autonomía del gobierno y de su deficiente promoción de la competencia. De la presión fiscal y del deterioro del superávit del gobierno, pero también, de que bajaron las transferencias y subsidios. “Estas variables afectan la capacidad recaudatoria de los gobiernos y las barreras impuestas al comercio, elementos perjudiciales no sólo para la competitividad sino para la capacidad para enfrentar una crisis”.
Las debilidades del desempeño gubernamental que abonan a la incompetitividad del país, destaca el IMCO, son el tiempo y dinero que el sector privado pierde a causa de la burocracia: “Las complejidades legales y trabas burocráticas representan un enorme costo, no sólo en términos de tiempo, también de forma pecuniaria”.
En segundo lugar, la presión fiscal, ya que, explica, “la baja recaudación y la alta dependencia de la renta petrolera perjudican fuertemente al país y son un indicador de un gobierno débil y con pocas capacidades fácticas”.
Luego está la ineficiencia del gasto público en educación, ya que, a pesar de ser un país con un gasto en educación similar al de los países más avanzados, “los pésimos resultados en las pruebas de evaluación demuestran que este gasto ha sido ineficiente. La mayor parte de este gasto ha servido para aumentar la nómina de los maestros, antes que para mejorar infraestructura escolar o diseñar mejores planes de estudio”.
Incluye también la falta de autonomía del gobierno frente a grupos de presión, como parte de las debilidades que impiden la competitividad en este rubro.
Tradicionalmente, México ocupó buenas posiciones en el rubro de “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”, otro factor de competitividad, sin embargo, en los últimos años cayó al nivel 41, ubicándose entre los últimos del mundo. Los efectos más drásticos se reflejan en la caída de la inversión extranjera directa y el menor acceso a los mercados de capitales.
De acuerdo con el IMCO, éste es uno de los factores que más impactan la competitividad de México, por su dependencia económica –importaciones y exportaciones– de Estados Unidos, lo que previamente ha sido advertido por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe e incluso el Banco Mundial, organismos que recurrentemente han sugerido al gabinete económico de Felipe Calderón que diversifique su mercado de comercio exterior para tener posibilidad de enfrentar la crisis.
Éste es uno de los rubros que más ilustra los efectos de la pérdida de competitividad del país, ya que devela que México vive un deterioro sin precedentes en su capacidad de apertura económica, inversión extranjera directa y acceso a los mercados de capital, todas ellas, variables consideradas fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del comercio futuro.
Al respecto, el IMCO subraya que mientras que la mayoría de los países han diversificado sus mercados, México se concentra en Estados Unidos, “lo que no sólo impide al país aprovechar las ventajas del comercio internacional, sino que es altamente riesgoso y está sujeto al desempeño económico de ese país”. Por si fuera poco, se agudizó la baja recepción de inversión extranjera directa y la inversión de México en el ámbito internacional de forma totalmente desproporcional al tamaño de la economía.
El último rubro que mide la competitividad es la capacidad de los sectores económicos de un país para competir con éxito en la economía global. Sobre éste, en indicador “Sectores económicos en vigorosa competencia”, México cayó del lugar 27 al 32, derivado de una menor contribución del sector servicios al Producto Interno Bruto y a una caída en las exportaciones de alta tecnología, así como un lento crecimiento y varios retrocesos en la innovación, el menor gasto en investigación y desarrollo.
La precaria situación de la competitividad, aunada a la crisis económica global, advierte Rodrigo Gallegos, “genera un escenario angustiante con implicaciones a corto y largo plazo para el país”. Para que México se coloque en la media internacional en materia de competitividad, explica, “se requiere detonar cinco veces la productividad, y esto implica una reestructuración política, económica y social en la que la participación ciudadana es fundamental: los ciudadanos deben exigir la rendición de cuentas y que se castiguen las malas decisiones”.
