Foto: Contralinea

A casi dos décadas de que, siendo sobrecargo, se convirtió en dirigente del movimiento obrero que defendió los derechos de trabajadores de la industria de la aviación en una de las crisis que ha vivido Aeroméxico, Barrales está lista para contender, entre las fuerzas del PRD, por la candidatura que definirá al sucesor de Marcelo Ebrard en la antesala de las elecciones presidenciales del 2012.

Quienes siguen su carrera aseguran, sin embargo, que Barrales está construyendo un camino que la lleve o no a la Jefatura de Gobierno del DF le permitirá afianzar posiciones en las filas del PRD.

Ella, mientras tanto, asegura que desde cualquier trinchera apuesta por un proyecto de largo plazo en beneficio de la sociedad.

En su despacho en el Centro Histórico, Fortuna platicó con Alejandra Barrales. Ella dice que la crisis de los trabajadores de Mexicana de Aviación – que ya cumplen un año sin empleo – le causa tristeza.

 Como política, agrega: “Quisiera trabajar para que se resolviera”. “Poder hacer cosas”, dice sin mayores pretensiones la Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quien desde esa tribuna política ha impulsado leyes para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar, para impulsar la equidad en el sector de ventas al menudeo en donde venían dominando las tiendas de autoservicio y conveniencia.

Es fundamental, agrega, que cuando los políticos lleguen espacios de “poder puedan hacer cosas, que sean congruentes y demuestren, por ejemplo, que efectivamente quieren generar empleo, respetando el derecho de los trabajadores”. Deplora, no obstante, la falta de planeación que afecta las políticas a largo plazo: “El estar inventando y reinventando el país cada sexenio, cada trieno no ayuda y, difícilmente, te va llevar a algún lugar”, dice la asambleista.

Hace 20 años, recuerda, los sobrecargos, los pilotos y los trabajadores de tierra de la industria aérea nacional reclamaban una política aeronáutica. En esa época todavía operaba Mexicana. “Hoy 20 años después no hay política aeronáutica y no hay Mexicana y eso está muy mal; entonces necesitamos que las políticas públicas dejen de ser asuntos de buena suerte de la llegada de un político y si hay buena suerte de que es un buen político, tengas resultados y si te cae la mala suerte, pues te olvidas”.

Una de las mujeres más influyentes en el diseño de leyes para la capital del país dice que con políticas de largo plazo se hubiera logrado, por ejemplo, la supervivencia de Mexicana. Lo más importante, apunta, es la claridad de qué sigue y quién tiene que hacer lo que le corresponde aunque no le guste, aunque no estén de acuerdo, aunque no sepan.

A veces no es mala voluntad, agrega, pero hace el mismo daño ser ignorantes y eso se paga entre la población.

¿Le gustaría a Alejandra Barrales llegar al gobierno capitalino? Yo lo que he dicho abiertamente es que sí estoy trabajando para que volvamos a ganar no solamente la Jefatura de Gobierno sino también la Asamblea. ¿Usted en particular no su partido?

Eso todavía está en trayecto, la decisión de candidatura, cualquier cosa que yo quiera o yo aspire pasa porque el trabajo que se realiza aquí en la Asamblea salga bien y en eso estoy en este momento, trabajando para dar buenos resultados aquí en la Asamblea y ya veremos en unos meses más que es lo que decide la gente, la militancia. Los empresarios de la construcción están cansados de escuchar o de solicitar respuesta a nivel federal respecto al subejercicio del Presupuesto de Egresos y al estancamiento en obras.

 ¿Cómo se presenta esta posición que usted les manifestó de blindar la construcción en la Ciudad de México? Como parte de un trabajo que venimos realizando desde la Asamblea Legislativa, donde queremos remontar un vicio, un problema que tenemos en la forma de hacer política en nuestro país y que tiene que ver con políticas a muy corto plazo.

Esa situación afecta a los empresarios e inversionistas que requieren certeza jurídica, políticas de largo plazo para confirmar que sus apuestas van a ser sólidas y eso es parte de lo que nosotros venimos planteando. Presentamos, de hecho, un trabajo en el que se trata de planear el rumbo de la Ciudad para los próximos 20 años. Para alcanzar ese objetivo, de la industria de la construcción al igual que de muchos otros sectores organizados estratégicos nos interesa mucho su opinión, pero sobre todo nos interesa que también hagan suya esta propuesta de planeación y ese blindaje es al que nos referimos.

¿Usted de lo que estaba hablando es de que permanezcan las obras independientemente del gobierno, de la afiliación o de la propuesta? A ese blindaje es al que nos referimos precisamente. ¿Cómo podemos dar certeza para que esas visiones no sean trastocadas por eventos o coyunturas políticas que se pueden estar presentando como lamentablemente sucede cada seis años o a veces cada tres? ¿Cómo podemos hacer para que, como sucede en otros países del mundo, las políticas trasciendan más allá de las gestiones políticas, más allá de las visiones se siga el rumbo? ¿Se habla de un paquete de reformas que impulsarán en la Asamblea en esta última etapa?

Es un Plan Integral de Ciudad que pasa por temas como reactivación económica, movilidad, transporte, desarrollo sustentable, desarrollo urbano, el tema de educación y el tema de tecnología, banda ancha. Nosotros decimos que es importante que aprovechemos la presencia del hombre más rico del mundo que vive en nuestra ciudad y sabemos que se dedica a la banda ancha, lo que en teoría debería de ser una cuestión afortunada para nuestra ciudad y nuestro país. Nosotros queremos aprovechar esa condición y trazar juntos ese plan.

¿Ese asunto se plantearía en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal?

Nosotros ya hemos presentado una solicitud de estudio a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ellos tienen el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Les entregamos hace cinco o seis meses esta solicitud que busca a través de esos cuatro ejes obtener opiniones y consultar a todos los sectores organizados. También consultando a todos los vecinos, a través de los Consejos Ciudadanos, que son los comités vecinales. En la Ciudad de México, existen 1,815 comités vecinales que también queremos escuchar para que el proyecto tenga verdaderamente una visión integral.

¿Cómo se resuelve la planeación de ciudad cuando se depende de partidas federales?

Hay una parte que si tiene que ver con lo que sí se puede hacer en la ciudad, hay una parte del presupuesto que está con nosotros año con año, que por desgracia es poco porque debiera de ser más por esta condición de capital que tenemos. Por esta razón, destacamos la importancia de obtener la Reforma Política del Distrito Federal que hemos planteado, pero hay una realidad económica que sí hace posible que tomemos decisiones. Finalmente en esta ciudad hay que ofrecer transporte, hay que decidir en materia de educación, hay que decidir en materia de vivienda, de desarrollo urbano, de todos estos temas y lo que queremos es que la gente participe, que los expertos nos compartan sus opiniones para que este sea un plan de todos.

¿La Reforma Política del Distrito Federal, aumentaría las partidas federales a partir de las fórmulas de población que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?

Aumentaría las partidas en muchos sentidos dependiendo del alcance que tenga esa reforma. Por ejemplo, por una parte nosotros planteamos que se reconozca, como se hace en otros lugares del mundo, el costo de capitalidad de nuestra ciudad, el ser capital a nosotros nos cuesta 14,000l millones de pesos, me refiero a la seguridad, al servicio a casi 80 embajadas que están ubicadas aquí, a todos los edificios de dependencias federales, al propio aeropuerto de la ciudad, temas que tienen que ver con transporte, los trayectos, agua, todo lo que implica tener los poderes concentrados aquí en la capital a nosotros nos cuestan 14,000 millones de pesos, que no se dan en excedente y, en consecuencia, se gasta de otros servicios que pueden ser prioridades para nuestra capital. Nosotros queremos seguir siendo la capital de México, pero necesitamos tener ese recurso que nos permita hacerlo mejor.

 ¿Cómo ve usted el consenso de las diferentes fracciones de la Asamblea del Distrito Federal?

Tenemos unanimidad, tenemos un avance compartido con el gobierno de la ciudad, en realidad el balón está en la cancha del Senado y de la Cámara de Diputados, ellos tienen la posibilidad de darnos ese respaldo a los capitalinos.

¿Cómo evalúa usted después de la aprobación la reacción de sectores como el de autoservicios que van a la Presidencia de la República y anuncian abrir una tienda por día, además de generar nuevos empleos y asumir la venta de productos frescos, que es ahí donde ellos ven mayores márgenes?

El Distrito Federal ha demostrado ser hoy por hoy el corazón no solo político sino económico de todo el país y, por supuesto, que si hay algo adicional que reconocerle a la ciudad es el tamaño de mercado que tenemos y nos parece que el darle rumbo, decidir la vocación de nuestra ciudad es algo a lo que legalmente tiene derecho como sucede con todas las ciudades del mundo. Eso fue lo que hicimos, me estoy refiriendo a esta determinación de decidir qué se pueda construir, dónde es suelo comercial, dónde ecológico, es un asunto que hemos hecho históricamente en esta ciudad, además lo permite la Ley de Desarrollo Urbano. A través de esa ley decimos nosotros que bienvenidas sean todas la tiendas de autoservicio, todos los grandes centros comerciales que quieran llegar aquí a la ciudad, aquí hay mercado, aquí nos interesa que estén y lo único que decimos es dónde. En la Ciudad queremos y convienen que estén.

En esta ciudad hay vecinos, hay mercados, existen más de 300 mercados populares y 80,000 familias que viven de esto, entonces los que hacemos las leyes para esta ciudad tenemos el reto de armonizar los intereses de unos y de otros.

¿Qué tan lejos está de que se impugne esta decisión, la de normar la instalación de autoservicios, que es histórica, pero que se le dé la vuelta, que veamos un amparo y al final se construyan en donde interese a los corporativos que participan en este sector?

Nosotros tenemos el antecedente de ser una ciudad, además de una Asamblea, en la que nuestras leyes son de vanguardia, polémicas, son importantes no solo para los capitalinos sino también para todo el país. Nuestras leyes siguen una suerte muy parecida, primero son polémicas, primero se descalifican, se llevan a controversia, 99% de esas veces ganamos esa controversia, confirmamos la certeza jurídica que tienen y después las replican en otros estados de la república. Así pasó con la extinción de dominio, así pasó con muchos otros temas que hemos resuelto aquí y, en este caso, en el de las tiendas de autoservicio, nosotros estamos actuando de manera muy responsable, estamos dándole la base jurídica a esa decisión, estamos apoyándonos en la Ley de Desarrollo Urbano, que hasta el momento no tenemos antecedentes en donde se amparen por esta definición que hace una ciudad como cualquier otra, todas las ciudades tienen la facultad, además tienen la obligación de decidir qué vocación le dan al suelo de la ciudad.

¿Está blindada jurídicamente esta iniciativa?

No es ninguna iniciativa que se prohibitiva, que sea limitativa, que esté coartando derechos o facultades, es simplemente el apoyarnos en una Ley que ya está vigente, que es la de Desarrollo Urbano y sería tanto como combatir cada una de las decisiones que en esa ley se toman, incluso es una de la más dinámicas de nuestras leyes, precisamente por eso, aquí prácticamente hablar del uso de suelo es un tema cotidiano.

¿Se atenta contra el libre mercado?

De ninguna manera, el tema tiene que ver con seguir promoviendo inversión, nos interesa que eso se dé, pero sí se trata también de conducir el rumbo de la Ciudad, eso tampoco conviene a nadie de que al amparo jurídico se deje de generar empleo y no se traiga inversión, la gente no puede ubicarse donde quiera y construya donde al interés de algunos convenga. Aquí el tema es lo que conviene al interés de los capitalinos y todos los que estamos en la ciudad y eso es lo que estamos haciendo. ¿Se tomó la experiencia de los países en donde también se han dirigido de alguna manera de la presencia de planeación urbana? Como origen está la propia Ley de Desarrollo Urbano, tiene ese antecedente, además se trabaja y analiza la experiencia de ciudades como París, Nueva York. En otros estados de la República, deciden y planean la vocación de zonas de la Ciudad en dónde quieren que se dé el abasto popular, en dónde quieren que se construyan edificios, en dónde van a concentrar las áreas rurales, unas series de definiciones que no solo son derechos, también son obligaciones del gobiernos. ¿Se le calificó como una ley populista como si eso fuera malo? Hay calificativos a muchas de las leyes que nosotros hemos planteado. Nosotros por supuesto respetamos opiniones, no las compartimos, pero lo más importante, es que todas estas reformas han demostrado a través del tiempo suficiencia. Lo mismo decían del tema de adultos mayores, en donde decían que no solo era populista, hubo apuestas por parte de partidos políticos que en 3 años el gobierno iba a la quiebra. No fuimos a la quiebra, hemos duplicado el programa de adultos mayores, hemos tenido muchos otros programas, el de jóvenes de Prepa, Sí, Madres solteras, tenemos la red más grande de programas sociales del todo el país y no hay ni con mucho la idea de afectar económicamente al gobierno, no solamente no fue populista, en la actualidad ya la copiaron los que decían que era populista, el gobierno federal, el gobierno del PRI, todo mundo ya quiere los programas del Distrito Federal, entonces la verdad lo respetamos pero no lo compartimos. ¿Son leyes que pueden llegar a corregir una política económica desdibujada, una política social, que está extraviada? Más bien, más que un señalamiento, yo formo parte de ese gobierno de izquierda con esa visión, son leyes que no solo han demostrado el ser de vanguardia, además han demostrado su efectividad, si hoy se reconoce que el Distrito Federal es la entidad más segura de todo el país, no lo digo yo, lo dice la gente, los indicadores, lo dice un dato muy cercano, apenas ahora en esta Semana Santa tuvimos 8 millones de turistas nacionales que nos visitaron y cuando les preguntas por qué nos visitan, lamentablemente te dicen por el miedo de ir a otros lugares de la república, entonces hoy somos el territorio más seguro de todo el país y esto es precisamente por estos programas sociales. Hay una parte importante por todas estas políticas y todas estas leyes que nos permiten blindar a la ciudad en otra condición.

¿Por cuánto tiempo va a seguir siendo la más segura si a nivel federal no se corrigen estos problemas?

Nosotros estamos haciendo lo que tenemos a nuestro alcance, como representantes aquí en la capital abiertamente hemos dicho que nuestra aspiración es que la izquierda gobierne este país porque creemos que esta es la política que le ayuda al país, que le hace bien a la gente, ahí están los datos de cómo se hace gobierno de una forma diferente y reconociendo que nos faltan muchas, nadie dice que la tarea esté cumplida en su totalidad, pero sí creemos que se puede hacer de una forma diferente, por lo pronto ojala que en este próximo 2012, que hay un proceso electoral, se vuelva a refrendar la confianza, apoyos y votos por gobiernos, partidos y políticos. Ojalá sigamos trabajando para que la gente nos vuelva a dar su confianza aquí en la ciudad y vuelva a votar por la izquierda. Cuando Alejandra Barrales aparece en espectaculares, y tiene una activa comunicación social para decir mira hemos hecho esto y aquello,

¿No se trata solo de proselitismo?

En mí caso se trata de una obligación que la ley me marca, yo tengo la obligación, no solo la facultad de informar a mis representados, así lo marca el estatuto de la ley que nos rige, tengo incluso la obligación de rendir un informe formalmente. ¿Es obligación? Es obligación según nos lo marca la propia ley y eso es lo que hacemos, es parte de la tarea, hay incluso momentos, hay recurso y hay forma en las que yo tengo la obligación de informar a mi electorado y eso es lo que hacemos.

¿Es por la transparencia?

Sí, además acostumbramos esa parte, aunque no es obligación, me refiero no lo marca la ley, el hacer esos señalamientos conviene y ayuda, en mí caso lo que hago es comúnmente subirlo a la página que tengo, ahí subo los datos. Sobre el proyecto de crear zonas como Santa Fe en algunas regiones ¿esto forma parte del proyecto con el que comenzamos? Sí, de hecho es parte de lo que está en manos de la UNAM, de lo que entregamos para su análisis y discusión y efectivamente creemos que la mejor forma de combatir la delincuencia es ganando el espacio público, ganando a la delincuencia las calles así pasó en Santa Fe, así pasó en la delegación Miguel Hidalgo, en especial en la colonia Irrigación y todo esto con este complejo de nuevos edificios, museos, tiendas, revirtiendo la imagen, además del potencial económico de esa zona, generando una equidad. Ese es el tema, nosotros no podemos resignarnos a que en esta ciudad haya zonas que se conviertan en territorios-dormitorio donde no haya cines, donde no haya diversión, donde no existan los servicios básico, por eso tenemos que buscar de la mano con los habitantes de esas zonas, que haya desarrollo, que haya empleo, que haya diversión y eso es parte del planteamiento.

¿Cuáles son los proyectos que usted ve hacia delante en el próximo año que es muy importante? ¿Cuáles son los grandes temas en la agenda de la Asamblea o en la agenda de su partido?

De hecho a pesar de ser mayoría aquí en la Asamblea Legislativa, nosotros somos mayoría absoluta, siendo el bloque de izquierda y el 70% de nuestras reformas han sido reformas de consenso, nuestra apuesta ha sido buscar el acuerdo primordialmente y después de este ejercicio de planeación nosotros de septiembre a diciembre, estamos pensando en construir la base jurídica, para poder sustentar todo este plan, si de ahí derivan nuevas formas para la ciudad tendrán que estar apoyadas en leyes, en reformas para que esto se pueda materializar, yo di un ejemplo que tiene que ver con este tema de la construcción vertical, que es importante que se explore en esas posibilidades, sobre todo en una ciudad donde ya no podemos construir de forma horizontal, ya no hay espacio. Es importante que se revise y se discuta esa posibilidad.

¿Se diría que es de los principales puntos de la agenda que tratan?

Entre otras cosas, es parte de esto, es el rumbo, es el poder consolidar estos temas, tenemos otros que son primordiales como el del agua, el abasto garantizado del agua, los temas de reclusorios, es una de las asignaturas de los temas que están pendiente, además de seguir trabajando en los temas de la ciudad, hay una siguiente etapa que viene después de este tema, que es el de la colocación de las cámaras que tiene que ver con iluminar zonas de la ciudad que hoy están oscuras y que forman parte de programas de recuperación de espacios públicos.

El tema de la deuda del Distrito Federal sé que está documentada a largo plazo ¿Les preocupa a ustedes el tema de la deuda?

Bueno, la deuda primero es reconocer que en todas las ciudades del mundo, tienen que recurrir al tema del endeudamiento y que mientras esto sea algo planea, justificado y además controlado y equilibrado, nos parece que es una medida recurrente, es una medida que hoy en todo el mundo se está tomando y solamente el reto ahí es hacerlo de forma equilibrada y que tenga un razonamiento, endeudarse

¿Para qué?

Si es para llevar agua a millón y medio de personas que les falta agua en esta ciudad, yo no creo que se ponga en duda, si la deuda es para algo menor, no tiene ningún sentido.

¿Trabajan más en las fuentes de ingreso directas, el impuesto predial por ejemplo?

Sí, el tema es la recaudación, la capacidad de recaudación de hacerlo con equilibrio, si estás muy claro en el esquema que te va dar la posibilidad de recaudar y equilibrar, me parece que así le hacen todos los países del mundo y bueno el Distrito Federal no tendría por qué no transitar de la misma manera.

Claudia Villegas

La avenida Eje Central de la Ciudad de México, una de las principales vías para llegar,  al centro de la capital del país, se transformó en un río de gente que, con todo tipo de pancartas pidieron este domingo 8 de mayo el fin de la escalada de violencia que ha caracterizado al gobierno de Felipe Calderón.

Al frente de la Marcha por la Paz, el poeta Javier Sicilia, quien perdió a su único hijo en una ejecución de jóvenes a manos de narcotraficantes en el estado de Morelos, pidió la renuncia de funcionarios como Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública así como el fin de la intervención del Ejército en las calles, lo que ha vulnerado a la población civil.

Las pancartas de los manifestantes durante la Marcha por la Paz reprocharon la ineptitud del gobierno calderonista para hacer frente a la violencia que vive el país pero sobre todo para garantizar el respecto a las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sicilia pidió silencio a los manifestantes porque, dijo, es en el silencio en donde se encuentra la reflexión que, como se confirma, ha estado ausente de las estrategias del gobierno calderonista contra el narcotráfico que dirige el crimen organizado.

La Marcha por la Paz se inició en el estado de Morelos y los contingentes que acompañaron a Sicilia atravesaron en silencio y en paz varios de los territorios controlados por narcotraficantes. México, según diversos cálculos, ha perdido a más de 38,000 ciudadanos en la “guerra” contra el crimen organizado, como el presidente Felipe Calderón insistía en llamar hasta hace poco los esfuerzos de su gobierno para contener el avance del crimen organizado. 

La cadena CNN estimó la participación de 90,000 mexicanos que pidieron con un “Ya basta” el fin de la violencia, la inseguridad y la incertidumbre jurídica en el país. El gobierno capitalino estimó la participación de 150,000 manifestantes aunque no todos permanecieron unidos al contingente hasta su llegada a la plancha del Zócalo en el corazón de la capital del país.

 Académicos, indígenas como los triquis del estado de Oaxaca, universitarios, zapatistas, amas de casa, obreros y hasta personas en sillas de ruedas participaron en la Marcha por la Paz que se ha convertido, hasta ahora, en la mayor manifestación de la población civil después de que Felipe Calderón decidió desplegar en las calles a las fuerzas del Ejército aunque analistas y defensores de los derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de la militarización.

Será en el segundo trimestre del año cuando Aeroméxico prevé el  inicio de operaciones de una nueva subsidiaria de servicios en tierra (Aeroméxico Servicios) que sustituirá las actividades que hoy realiza SEAT.

 La nueva operación en tierra se desarrollará bajo un nuevo contrato colectivo de trabajo con menores costos de operación a los que se tenían en SICOPSA, la prestadora de servicios de personal de SEAT, lo que permitirá que  la Sociedad cuente con un costo de operación competitivo y con una estructura flexible y más productiva para ofrecer servicios a terceros y enfrentar el crecimiento futuro de operaciones del Grupo.

A la volatilidad en el precio del petróleo, Pemex  sumará una variable más a su operación: el costo de encontrar y producir hidrocarburo. La apuesta con un nuevo tipo de contratos con la iniciativa privada es que sea menor al que ofrecen las licitaciones de servicios. El esquema, sin embargo, presenta muchos riesgos que la paraestatal deberá superar en el corto plazo porque el tiempo para recuperar las reservas probadas simplemente se agota.

 Un documento de 200 páginas contiene las expectativas de éxito pero también los temores de los funcionarios de Pemex-Exploración y Producción (PEP) respecto a los riesgos en la operación de los contratos incentivados, la nueva fórmula de negocios con la cual la paraestatal mexicana busca remontar la crisis de reservas que se agudizó durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Estos nuevos contratos representan una serie de cambios muy significativos y, por primera vez, toman características específicas de las tendencias que sigue la industria petrolera a nivel mundial”, dice en entrevista con Fortuna que se publica en su edición de marzo-abril, Luis Sergio Guaso Montoya, subdirector en PEP y uno de los principales responsables en los nuevos modelos de ejecución de la paraestatal.

 El contenido de los contratos basados en incentivos para tres grandes regiones de campos maduros en la región sureste del país que Pemex comenzará a licitar a partir de mayo próximo, contienen cláusulas de salida en caso de incumplimiento, procesos de arbitraje de presentarse un diferendo de opiniones sobre la productividad en los pozos, blindajes para respetar los preceptos constitucionales que salvaguardan la propiedad del Estado sobre los recursos petroleros. La aclaración no sobra porque hace algunos años una petrolera extranjera que mantenía contratos de obra pública con Pemex se atrevió a reportar como propias ante la Comisión de Valores de Estados Unidos las reservas que exploraba y producía para la paraestatal mexicana.

 Además, está la obligación de respetar el contenido nacional en la ejecución de contratos incluyendo la contratación de ingenieros mexicanos así como la transferencia de tecnología forma parte de lo que PEP define como un “acuerdo de voluntades para la realización de operaciones conjuntas”. Nada más, sin asociaciones en participación, aclara la paraestatal. Sin embargo, en caso de una controversia se recurrirá a un arbitraje internacional y se considerará cancelará el contrato si las empresas extranjeras invocan leyes vigentes en su país.

“La participación de PEMEX se definirá desde las reglas de licitación y será minoritaria, para lo cual no se requiere que se establezcan más derechos para su protección que los que están establecidos en el propio convenio de operación conjunta”, dice un documento de la paraestatal enviado por el Abogado General al consejero profesional, Rogelio Gasca Neri.

Durante un lapso de 25 años, con la posibilidad de un refrendo durante un periodo idéntico, Pemex se comprometerá a sostener el contrato con empresas que obtendrán petróleo de sus pozos maduros, muchos de ellos con reservas probadas pero abandonados por problemas de inversión. Ellas financiarán la operación, correrán con el riesgo de encontrar petróleo o no. A cambio, Pemex compartirá con ellas la plusvalía de la venta en los mercados internacionales del hidrocarburo.

El reportaje completo así como la entrevista con el Subdirector de PEP, Sergio Guaso se publican en nuestra edición que ya circula en locales cerrados como Sanborn´s. No se la pierda.

MINEROS

En nueve meses de operaciones, la Secretaría de Economía palomea más de 1,100 títulos de concesión para la explotación y exploración de minas. Los listados de la dependencia colocan a Industrias Peñoles como la de más proyectos aprobados en 2010. En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido elevar en 72% el número de inspectores en la región carbonífera del país debido a la falta de condiciones laborales en las que están los trabajadores de esta industria

La Secretaría de Economía autorizó en 2010 más de 1,100 concesiones para la explotación de minas en México. Los trabajos estarán a cargo de multinacionales que podrán extraer oro, plata, cobre, hierro, zinc y carbón hasta 2060. La lista de concesiones es encabezada por la líder en la producción de plata, Industrias Peñoles, a través de una de sus subsidiarias.

En 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y organizaciones civiles documentaron la falta de garantías laborales, por lo menos en la industria dedicada a la extracción de carbón en el norte del país, por lo que el gobierno federal ascendió en 72% el número de inspectores.

Listados de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, arrojan que de enero a septiembre del año pasado, fueron aprobadas 1,112 concesiones para la exploración y explotación de minerales.

Los Títulos de concesión minera, expedidos durante 2010, muestran que Exploraciones Mineras Parreña, subsidiaria Industrias Peñoles, fue la que más títulos acreditó, al llegar a 47; le sigue Minera de Cordilleras, con 28; así como Invesmin San Miguel, que obtuvo 21. Todas, con vigencia de vencimiento hasta agosto de 2060.

La supervisión

En 2009, la STPS a cargo de Javier Lozano Alarcón documentó, a través de 30 actas de inspección de seguridad e higiene, que por lo menos en la zona carbonera del país “ningún” trabajador está a salvo: peligra su integridad y su vida. En 17 de ellas, la dependencia ordenó la suspensión de labores; no obstante, la extracción del mineral continúa. Los expedientes se encuentran en poder de la Secretaría de Gobernación para su análisis.

Según el informe Fortalecimiento de la inspección federal en seguridad y salud en el trabajo, para la región carbonífera, la STPS advierte que ha detectado “596 violaciones directas en materia de seguridad e higiene” en la zona Norte del país.

Entre las más relevantes, destacan que “no cuenta con constancia que acredite que el patrón promovió la integración de la comisión de reglamento interior de trabajo; se laboran más de nueve horas extras a la semana; no cuentan con comprobantes de fomento a las actividades deportivas y culturales. Las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores no les otorgan becas, tampoco a sus hijos.

Además, la información oficial revela que, de las empresas revisadas, se encontró que hay “contratos de trabajo a prueba por 28 días sin la firma del patrón. Contratos individuales no cuentan con cláusula de capacitación y adiestramiento; no cuentan con lista de constancias de habilidades laborales y no cuentan con comisión mixta y cuadro de antigüedades”.

Suben inspecciones

El Cuarto informe de labores de la STPS, publicado en septiembre de 2010, destaca la necesidad de aumentar el número de inspectores en materia de previsión social, específicamente en el rubro de normatividad de inspección.

El documento indica que, actualmente, se cuenta “por primera vez con una Norma Oficial Mexicana en seguridad para minas subterráneas de carbón, lo que ha permitido realizar 88 inspecciones en esa materia, en 28 centros de trabajo, beneficiándose a más de 2 mil trabajadores”.

Asimismo, dice, “con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, en lo que va de la actual administración se ha incrementado el número de inspectores federales del trabajo de 218 a 376, un aumento de 72%”.

Se solicitó entrevista con el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, a través de Daniel Lee, jefe de Información de la dependencia. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

La industria

El Informe anual 2010, de la Cámara Minera de México, indica que la industria minera es la cuarta en importancia para la economía del país, después de la producción petrolera, las remesas y el sector turístico.

Durante 2009, el valor de la producción minerometalúrgica fue de 9 mil 616 millones de dólares; representó, en ese año, el 1.6% del producto interno bruto, según la organización que encabeza el productor de cobre Manuel Luévanos Sánchez.

Luévanos Sánchez indica, en su informe, que “luego de siete años de vigoroso crecimiento, se registró una contracción anual de 8% respecto de los resultados de 2008, provocada por la recesión económica global, pero también por la falta de las reformas fiscal y laboral, así como la aplicación de precios de mercado en los energéticos”.

Las más beneficiadas

Fuente: Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía

TABLA 2

Dirección de control documental, informática y estadística

Resumen de la producción minera por entidad y municipio 2008

Principales Productos

Fuente: Dirección General de Minas

Rubén Darío Betancourt, fotos

Inspectores de la Secretaría del Trabajo encontraron 265 anomalías en las normas de seguridad de la mina operada por Mexicana de Cananea, revelan actas de inspección extraordinaria. Tras “recuperar” las instalaciones en enero pasado, por medio de la fuerza pública, la filial del Grupo México registra dos accidentes laborales: un trabajador sufre quemaduras de tercer grado y a otro le amputan una pierna.

Cananea, Sonora. La inspección extraordinaria de las condiciones generales de seguridad e higiene, realizada los días 7 y 8 de marzo de 2008 por personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), revela 265 irregularidades en la mina a cielo abierto de Mexicana de Cananea, SA de CV, que ponen en riesgo la vida de los mineros.

Los resultados del expediente 210/000016/2008 dan la razón a los 1 mil 200 trabajadores afiliados a la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que desde el 30 de julio de 2007 se mantienen en huelga, para exigir seguridad y mantenimiento en las áreas de trabajo, así como mejoras en salarios y prestaciones.

Además, del 11 de enero pasado –cuando alrededor de 700 militares y policías federales y estatales desalojaron por la fuerza a los huelguistas y permitieron que Grupo México, dueño de la empresa, “recuperara” las instalaciones– a la fecha, se han registrado al menos dos accidentes laborales.

El 5 de febrero pasado Fernando Merino Chacón, de 39 años de edad y enfermo de diabetes, se tropezó y lastimó el pie derecho. Una semana más tarde le fueron amputados tres dedos; a la semana siguiente perdió la pierna, a la altura de la rodilla.

El hombre –contratado por Cheno Construcciones, SA, el mismo día en que se lesionó– formaba parte de las cuadrillas de empleados de compañías terceras que actualmente operan en la mina, al margen del contrato colectivo y de los acuerdos establecidos entre la empresa de Germán Larrea y la STPS, para destrabar el conflicto.

Los medios de información locales dieron cuenta de un segundo accidente, aunque sin identificar a la víctima. En su edición del 9 de abril de 2008, el diario Prensa Hispana reportó que “un trabajador sufrió quemaduras de tercer grado en la mayor parte de su cuerpo”.

Jesús Verdugo Quijada, presidente del Comité de Huelga de la sección 65 del sindicato minero, dice que el afectado recibió una descarga de más de 600 voltios, que le destrozó las cuatro extremidades, lo dejó en estado vegetativo y “casi lo mata”.

Agrega que las condiciones de inseguridad en la mina prevalecen, a pesar de que la empresa “maquilla” las irregularidades. El mismo análisis se desprende de las actas de inspección, de las que Contralínea posee copia: entre las anomalías destaca, por ejemplo, la inexistencia de procedimientos de trabajo con contratistas.

De acuerdo con los inspectores de la Secretaría del Trabajo, Mexicana de Cananea carece de un documento que acredite dichos procedimientos, pese a que desde la represión de enero pasado la mina es operada por una treintena de compañías terceras, con alrededor de 500 trabajadores.

Al ser considerado uno de los depósitos de mineral de cobre más grandes en el mundo, Cananea representa, para la empresa de Germán Larrea, la mina de cobre a tajo abierto más importante que posee.

Contratistas, la otra irregularidad

Con las subcontrataciones, Grupo México incurre en una segunda violación a la normatividad. De acuerdo con el boletín de prensa 47, emitido el 3 de abril por la Secretaría del Trabajo, los contratos con terceros para realizar trabajos en la mina contravienen el artículo 353 del contrato colectivo de trabajo.

La dependencia dice que la subsidiaria Mexicana de Cananea está obligada a solicitar por escrito, como requisito previo, la celebración de un convenio con el sindicato, para que los contratistas puedan realizar los trabajos que no corresponden al personal sindicalizado.

Sin sancionar las violaciones, en esa misma fecha y a nombre de la STPS, el titular Javier Lozano Alarcón solicitó al Grupo México abstenerse de contratar terceros, hasta que se resuelva la legalidad de la huelga.

Entre las contratistas que actualmente laboran en la mina de Cananea destacan Samsa y Orica Limited, descubre el expediente 210/000016/2008. Según la información que el consorcio empresarial proporcionó a las autoridades laborales, éstas se encargan de almacenar, manejar, transportar y usar explosivos.

Orica, empresa de origen australiano, es un proveedor de explosivos comerciales y de servicios a industrias de minería, explotación de canteras y construcción, que emplea a más de 10 mil personas en 40 países, señala su información corporativa.

El 10 de septiembre de 2007, esta empresa estuvo involucrada en la explosión de un tráiler que transportaba 25 toneladas de dinamita. El accidente, ocurrido en la carretera Monclova-Cuatro Ciénegas, Coahuila, ocasionó la muerte de 30 personas, hirió a otras 100 y causó daños a casi 50 vehículos, informó Notimex.

Aunque la propietaria del tráiler era Fletes y Traspaleos, SA de CV, el material era de Explosivos Mexicanos, SA de CV, filial de Orica. Pese al antecedente, las actas de inspección revelan que Grupo México carece de procedimientos de seguridad e higiene para los trabajadores de esa empresa y de Samsa.

Las anomalías

Mexicana de Cananea incurre en más omisiones: carece de constancias de habilidades laborales de los procedimientos de seguridad específicos para los trabajadores en minas mecanizadas, relativos a las excavaciones que se realizan en las frentes de trabajo; de los trabajadores involucrados en las condiciones de seguridad contenidas en los planos permanentes de las operaciones mineras y explotaciones a cielo abierto, para las minas subterráneas y de carbón; de los trabajadores involucrados en las condiciones de seguridad contenidas en los estudios de mecánica de suelos y de mecánica de rocas, para localizar las fallas geológicas y establecer los procedimientos de excavación y fortificación; de los trabajadores involucrados en las condiciones de seguridad contenidas en los estudios hidrogeológicos.

El primer punto crítico en las medidas de seguridad e higiene de la mina, de los 265 que enlistan las actas de inspección, refiere que la empresa tampoco acredita que el equipo de protección personal que utilizan los trabajadores cumple con la norma oficial mexicana o con la garantía escrita del fabricante o proveedor; también carece de instrucciones por escrito para la utilización y control de las herramientas.

Más aún, Mexicana de Cananea incumple con lo básico. De acuerdo con el expediente, los hidratantes (extintores) del área ESDE I se encuentran en mal estado; los registros eléctricos están faltos de tapas, y no existen señalamientos de la ruta de evacuación.

Algunas de las recomendaciones hechas por los inspectores de la Secretaría del Trabajo revelan la magnitud de las anomalías: en el área ESDE II, correspondiente a la nave de electrodepositación, se debe “restringir el acceso al área de tanques contenedores de ácido sulfúrico”; “mantener en buen funcionamiento regaderas y lavaojos instalados en el área de tanques contenedores de ácido sulfúrico”; “instalar rejillas metálicas alrededor de los pilares del edificio”; “reubicar la red de hidratantes, de tal manera que no obstruya el tránsito de los pasillos”.

Los resultados de la inspección comprueban los reclamos de los mineros que se mantienen en huelga, considera Jesús Verdugo Quijada. El líder sindical agrega que si las autoridades laborales no actúan a favor de los trabajadores, queda claro el conflicto de intereses entre Lozano Alarcón y Germán Larrea.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con los representantes de Grupo México. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Primer accidentado

Nombre: Fernando Merino Chacón

Edad: 39 años

Condición: enfermo de diabetes

Empresa: Cheno Construcciones, SA

Fecha del accidente: 5 de febrero de 2008

Tipo de accidente: contusión en pie derecho

Tratamiento: amputación de tres dedos y posterior amputación de pierna

Esquiroles y huelguistas

Trabajadores sindicalizados: 1 mil 287

En labores: 450

En paro: 837*

Empleados de confianza: 300

En labores: 300

En paro: 0

Producción y pérdidas

Concentrado de cobre: 400 toneladas diarias

Cátodos o láminas del mineral metálico: 160 toneladas diarias

Valor por día: 3.5 millones de dólares

Pérdida por paro laboral: 500 millones de dólares

Cronología de las huelgas del SNTMMSRM, en el sexenio de Calderón

Fuente: La mano dura de Calderón. Tres reformas, arrebatar el poder a los trabajadores, Centro de Reflexión y Acción Laboral, y notas periodísticas de La Jornada, El Universal y El Financiero.

Subsecretario justifica irregularidades

La descarga de energía que provocó quemaduras de tercer grado en el 60 por ciento del cuerpo de un trabajador, actualmente en estado vegetativo, y el tropiezo de Fernando Merino Chacón, que le costó la amputación de su pierna derecha, son asuntos menores para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Respecto de ambos incidentes, Álvaro Castro, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la STPS, explica que la actividad en las minas es de alto riesgo y que “lamentablemente hay accidentes de trabajo”.

Agrega que la dependencia intenta reducir al máximo los riesgos. “No cerramos los ojos a que haya ese tipo de problemas, queremos preverlos y combatirlos, y obligar a las empresas a cumplir (las normas)”.

El funcionario reconoce que la inspección extraordinaria en la mina de Mexicana de Cananea detectó “un número importante de violaciones”, pero justifica que muchas de ésas son resultado de la inactividad productiva de la planta.

También se apresura a decir que ninguna de las irregularidades en que incurre Grupo México es “especialmente grave”. Asegura que “inmediatamente y dentro de los plazos que fija el reglamento en la materia, la empresa acreditó el cumplimiento de la gran mayoría de estas violaciones; otras no las pueden cumplir hasta que no haya una actividad productiva total”.

—No quiero justificar necesariamente que no haya habido incumplimiento, pero no son esas violaciones detectadas la verdadera causa del problema. Cuando el sindicato minero hizo el emplazamiento, con las violaciones a las condiciones de seguridad e higiene, la empresa se allanó a la totalidad de las violaciones que ellos detectaron, se comprometió a cumplirlas de inmediato con supervisión de la Secretaría del Trabajo. Lamentablemente había mucha ambigüedad y no hubo manera de identificar cuáles eran las violaciones exactamente para poderles dar cumplimiento –dice Álvaro Castro.

En la defensa del consorcio minero más importante del país, el subsecretario va más allá. “No quiero que se queden con la idea que la identificación de ese número de violaciones es la justificación real del estallido de la huelga. La empresa ha estado atenta a eso (condiciones de seguridad e higiene). No quiero que se piense que la Secretaría del Trabajo le da la razón a la empresa: queremos que haya condiciones en todas las plantas mineras de todo el país”. (Yenise Tinoco)

Tras perder el amparo que lo protegía de las órdenes de aprehensión, Gómez Urrutia podría permanecer exiliado en Canadá. Las autoridades mexicanas –que lo acusan de defraudación– han demostrado que sustrajo de manera irregular más de 618 millones de pesos destinados al gremio minero. De ellos, al menos 27 millones fueron transferidos a cuentas bancarias de personas físicas y morales ajenas al sindicato

La probable falsificación de una firma reactiva las tres órdenes de aprehensión que pesan sobre el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien se encuentra exiliado en Vancouver, Canadá. El pasado 24 de marzo, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó reponer el proceso de la sentencia de amparo, que evitaba el cumplimiento de dichos requerimientos, por encontrar que ésta se obtuvo con una rúbrica falsa.

El amparo le fue concedido el 15 de octubre de 2007 por el juez federal José Miguel Trujillo, mientras que las órdenes de detención datan de 2006, cuando las jurisdicciones de Sonora, San Luis Potosí y Distrito Federal lo encontraron probable responsable de fraude financiero.

De acuerdo con las autoridades judiciales, Gómez Urrutia habría incurrido en administración fraudulenta agravada de 618 millones 832 mil 500 pesos; es decir, los 55 millones de dólares entregados en 2005 por Grupo Minero México a favor de los trabajadores sindicalizados.

Dichos recursos fueron transferidos de manera irregular de un fideicomiso privado, constituido en Scotiabank Inverlat, a un par de cuentas bancarias abiertas en BBVA Bancomer a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).

Los supuestos fraude y falsificación de firma no son las únicas imputaciones que ha enfrentado el ahora prófugo de la justicia. Al inicio de las investigaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) también lo señalaba por la probable comisión del delito de lavado de dinero.

Según la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006, Gómez Urrutia encabezaba una red delictiva en la que participaban supuestamente 26 personas y 13 empresas (Contralínea 57). No obstante, el 8 de septiembre de 2006 el diario La Jornada dio a conocer que la titular del Quinto Tribunal Unitario, Herlinda Velasco, no encontró pruebas suficientes contra Gómez Urrutia respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El manejo de los recursos

Al ordenar la reposición del juicio de amparo, el Octavo Tribunal Colegiado posibilita la confrontación de las firmas: el dirigente debería presentarse ante las autoridades judiciales mexicanas para demostrar la legitimidad de su rúbrica, lo que pone en riesgo su libertad.

Ello porque la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han demostrado la participación del dirigente sindical en la “sustracción” del dinero. De acuerdo con el dictamen técnico contable, integrado en la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006 con carácter de confidencial –de la que Fortuna posee copia–, Napoleón Gómez Urrutia y Héctor Félix Estrella sustrajeron los 618 millones 832 mil 500 pesos –55 millones de dólares–, del fideicomiso F/9645-2.

Los trabajos de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Procuraduría General de la República demuestran que de esa cantidad, al menos 27 millones de pesos fueron transferidos a cuentas privadas de personas físicas y morales.

La indagatoria también refiere que el 24 de enero de 2005 Scotiabank Inverlat, institución de origen canadiense, transfirió irregularmente los 55 millones de dólares a dos cuentas del sindicato, en vez de entregarlo a los fideicomisarios, trabajadores mineros, como lo establece el propio contrato de creación.

Agrega que dichas operaciones son probables “conductas concertadas” entre Gómez Urrutia y los delegados fiduciarios Jorge Gómez Moreno y Felipe Alberto López López, y que “constituyeron maquinaciones contrarias a derecho para permitir que se obtuviera un lucro indebido por parte del líder Napoleón y quienes resultan coparticipes de esas conductas en quebranto de los trabajadores”. Pese a esto, el banco no recibió sanción.

El destino del dinero

Hasta ahora, la UIF –en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– ha demostrado que 27 millones de pesos, de los más de 618 millones extraídos del fideicomiso minero, fueron destinados a cuentas bancarias de 16 personas físicas y morales, entre las que destacan Alejandro y Ernesto Gómez Casso, hijos de Napoleón Gómez Urrutia.

Otro de los beneficiarios es Héctor Félix Estrella, exintegrante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTMMSRM. El dictamen técnico contable refiere que “los recursos depositados el 24 de enero de 2005 por 55 millones de dólares –equivalentes en moneda nacional a 618 millones 832 mil 500 pesos– en el fideicomiso cuenta número 10964526, contrato Inverdol 8000039, aperturada en Scotiabank Inverlat, SA, mismos que estaban destinados a distribuirlos entre determinados miembros del sindicato, fueron sustraídos por Napoleón Gómez Urrutia y Héctor Félix Estrella”.

Explica que ambos firmaron cheques de forma mancomunada de dos cuentas bancarias y ordenaron transferencias electrónicas por 27 millones 21 mil 601 pesos, “recursos que fueron entregados a personas físicas y morales ajenas y diferentes a determinados miembros del sindicato”.

Según el documento, Gómez Urrutia fue el principal operador de estas transacciones, en supuesta complicidad con Héctor Félix Estrella y la empresa Consultoría Internacional Casa de Cambio, SA de CV, que fungió como intermediaria.

Además de intentar desvirtuar estos señalamientos, en breve la defensa jurídica del líder minero deberá enfrentar el proceso de reposición del juicio de amparo, aun cuando su cliente se encuentra prófugo en Canadá.

Los 16 puntos del dictamen

El dictamen técnico contable, integrado en la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006, detalla –en 16 puntos– quiénes operaron y a quiénes beneficiaron con la sustracción de al menos 27 millones de pesos, hecho que habría constituido el supuesto fraude financiero en contra de los trabajadores mineros..

Entre los beneficiarios destaca María del Carmen Paez Martínez de la Garza Evia, “empresaria regiomontana que sirvió de prestanombres”, indica Raymundo Rivapalacio en su columna “Estrictamente Personal”, publicada del 18 de abril de 2007 en El Universal. Recibió cuatro depósitos por un monto total de 20 millones 578 mil 556 pesos en la cuenta 82616270, del Laredo National Bank.

También sobresalen los hijos de Napoleón Gómez Urrutia, Alejandro y Ernesto Gómez Caso:

1.Napoleón Gómez Urrutia: autorizado para firmar, signó cheques de forma mancomunada con Héctor Félix Estrella, en las cuentas números 0453375811 y 0146591035, aperturadas en BBVA Bancomer a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

2.Héctor Félix Estrella: autorizado para firmar, signó cheques de forma mancomunada con Napoleón Gómez Urrutia, en las cuentas números 0453375811 y 0146591035, aperturadas en BBVA Bancomer a nombre del SNTMMSRM.

3.Félix Estrella y Jakeline Ketz: según instrucciones que aparecen en los deales (operaciones bancarias), Héctor Félix Estrella, junto con Jakeline Ketz, recibió recursos en efectivo a través de Consultoría Internacional Casa de Cambio, SA de CV, por un importe de 695 mil 114 pesos, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados de la cuenta 0453375811.

4.Ernesto Gómez Casso: se realizó un depósito el 19 de abril de 2005, a la cuenta 7706272494 del Wells Fargo Bank, San Francisco, California, a nombre de Ernesto Gómez Casso de Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 40 mil dólares –equivalentes a 446 mil 400 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

5.Galeriejudin Ag: el 22 de abril de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 2600700130000476315, del Zurcher Kantonalbank Switzerland, a nombre de Galeriejudin Ag, a través de Consultoría Internacional Casa de Cambio, por 25 mil dólares –equivalentes a 278 mil pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados de la cuenta 0453375811.

6.Albero Cocinas, SA de CV: El 11 de mayo de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 7001468511 del Banco Bital (ahora HSBC), a nombre de Albero Cocinas a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 3 mil 747 dólares –equivalentes a 41 mil 593 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

7.Ballistic Protection, SA de CV: el 17 de mayo de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 0100725609 de Bancomer, a nombre de Ballistic Protection, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 8 mil 855 dólares –equivalentes a 98 mil 290 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

8.Alejandro Gómez Casso: Recibió depósitos en diferentes cuentas de American Express a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 137 mil 236 dólares –equivalentes a 1 millón 534 mil 490 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

9.Enrique Resules: el 28 de julio de 2005 se realizaron dos depósitos a la cuenta 0142003115 del First National Bank, Edinburg, Texas, a nombre de Enrique Resules, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 3 mil dólares –equivalentes a 32 mil 406 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

10. Gerardo Kalifa Matta y Maga Perla Cierva de Kalifa: el 24 de agosto de 2005 se realizaron dos depósitos a las cuentas 858002107265 del JP Morgan Chase Bank, Houston, Texas, a nombre de Gerardo Kalifa Matta, por un importe de 100 mil dólares; y a la cuenta 5016509116, del MacAllen Texas International Bank of Comerse, San Antonio, Texas, a nombre de Maga Perla Cierva de Kalifa, por un importe de 85 mil dólares –que en total equivalen a 2 millones 25 mil 750 pesos–. Ambos coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

11.Bernardo Ortiz Garza: el 4 y 26 de octubre de 2005 se realizaron dos depósitos, respectivamente, a la cuenta 2211004 del Laredo National Bank, a nombre de Bernardo Ortiz Garza, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 66 mil dólares –equivalentes a 712 mil 620 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

12. Guillermo Sepúlveda: el 12 de mayo de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 1365888 del Laredo National Bank, a nombre de Guillermo Sepúlveda, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 18 mil dólares –equivalentes a 199 mil 406 pesos–, que coincide en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

13. María del Carmen Paez Martínez de la Garza Evia: en la cuenta 82616270 del Laredo National Bank, recibió cuatro depósitos –en mayo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente– que suman 1 millón 900 mil dólares –equivalentes a 20 millones 578 mil 556 pesos–, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio. De esa cifra, 600 mil dólares coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811 y 1 millón 300 mil, con los realizados a la cuenta 0146591035.

14. Allan Knight Ant Asociates, Inc: el 31 de mayo de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 84609247784 del JP Morgan Chase Bank a nombre de Allan Knight Ant Asociates, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 3 mil 120 dólares –equivalentes a 34 mil 445 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

15. Kevin Wells: el 1 de junio de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 9361684476 del Wells Fargo Bank a nombre de Kevin Wells, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 3 mil 500 dólares –equivalentes a 38 mil 473 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.

16. Selahattin Turcan: el 17 de junio de 2005 se realizó un depósito a la cuenta 10273010000268031 del Isbktris Turquiye is Bancase, Estambul, Turquía, a través de la Consultoría Internacional Casa de Cambio, por un importe de 28 mil dólares –equivalentes a 305 mil 480 pesos–, que coinciden en monto y fecha con retiros realizados a la cuenta 0453375811.