La empresa Unilever informó que para la elaboración de sus productos más de la tercera parte de la materia prima agrícola que adquiere es sustentable, lo que representa un avance hacia su meta de lograr un abastecimiento 100 por ciento sustentable para el año 2020.

Al alcanzar un abastecimiento sustentable del 36 por ciento, la empresa rebasó el objetivo del 30 por ciento que se fijó en el año 2010, cuando lanzó el Plan de Vida Sustentable de Unilever.

En 2012, la compañía multinacional especializada en alimentos y productos para el hogar y de cuidado personal reportó ventas anuales por un monto de 51 mil millones de euros.

Entre las marcas de Unilever están: Holanda, Ades, Knorr, Hellmann´s, Privamera, Iberia, Dove, Axe, Pond´s, Vasenol.

“El cambio climático, la escasez de agua, las prácticas agrícolas no sustentables, y el crecimiento de las poblaciones amenazan el abastecimiento agrícola y la seguridad alimentaria”, afirma Marc Engel, director de compras de Unilever en un comunicado de la empresa.

“La mitad de la materia prima que compra Unilever proviene de los sectores agropecuarios y de la silvicultura, de forma tal que la provisión segura de estos materiales es un asunto importante para el negocio. Sin embargo, el abastecimiento sustentable no sólo implica administrar los riesgos del negocio, también presenta una oportunidad de crecimiento, permitiendo que nuestras marcas sobresalgan en el mercado”, asegura.

La empresa explica que en la categoría de alimentos, en septiembre de 2012, lanzó una nueva sopa en Francia que se convirtió en el primer producto Unilever que promocionó el jitomate, como un ingrediente producido de manera sustentable de conformidad con el Código de Agricultura Sustentable de Unilever. Esto fue posible a través del Knorr Sustainability Partnership Fund, el cual destina 1 millón de euros al año para apoyar a los proveedores de vegetales en proyectos agrícolas sustentables y complejos.

El 43 por ciento del cacao fue abastecido de manera sustentable para finales del año 2012. Y el 64 por ciento del cacao para Magnum fue adquirido de proveedores sustentables a través de la certificación por parte de Rainforest Alliance.

“Para lograr la certificación, Unilever ha estado trabajando con el proveedor Barry Callebaut en la dirección de escuelas para 20 mil pequeños agricultores en África Occidental. Las escuelas trabajan con agricultores locales para que adquieran habilidades y conocimientos respecto a prácticas sustentables de cultivo. Luego, los agricultores comparten el conocimiento en su comunidad”.

Además, según Unilever, “Magnum también difunde con sus consumidores el motivo por el que trabaja con Rainforest Alliance para abastecerse de cacao de forma sustentable, de granos de cacao de alta calidad, aumentar el ingreso de los agricultores y para brindar beneficios sociales como son mejoras en la salud y prácticas de seguridad”.

Se ha capacitado a 450 mil pequeños agricultores, que tienen acceso a la capacitación, a semillas y a fertilizantes de mejor calidad y pueden aumentar sus cosechas significativamente, indica Engel.

La empresa dio a conocer otros ejemplos del avance de Unilever en abastecimiento sustentable.

Aceite de palma. Todo el aceite de palma está certificado por GreenPalm. Unilever está trabajando hacia un nuevo compromiso de 100 por ciento aceite de palma sustentable certificado, que se pueda rastrear en las plantaciones donde se cultiva. En 2012, Unilever se unió junto con actores clave de la industria y de gobierno al Foro de la Cadena de Suministro de Aceite de Palma Sustentable en China, el segundo mayor consumidor de aceite de palma en el mundo.

Azúcar. Unilever adquirió sus primeros créditos de azúcar sustentable Bonsucro en Brasil y se convirtió en el primer miembro en obtenerlos a nivel mundial. En colaboración con Usina Sao Joao, Unilever adquirió las primeras 3,262 toneladas de créditos de azúcar sustentable de Bonsucro en Brasil, cuando la plataforma de crédito comenzó sus actividades en diciembre de 2012. Aunque Unilever no es un actor principal en las inversiones globales de caña de azúcar, lo que representa el 0.26 por ciento del mercado; con la compra de créditos, Unilever se compromete a reducir el impacto  ambiental y social de la producción de azúcar de caña. 

Vainilla. La colaboración con Symrise, uno de los mayores proveedores de vainilla en el mundo, ha logrado que Unilever obtenga las primeras semillas de vainilla certificada por Rainforest Alliance. A través de esta alianza, junto con Symrise capacitan a más de 1,100 agricultores y casi 5 mil más se verán beneficiados con el programa. Symrise trabaja directamente con los agricultores para mejorar la calidad de la producción de vainilla a través de la capacitación agrícola. Además están construyendo la trazabilidad en la cadena de suministro de la vainilla para permitirle a Unilever rastrear la vainilla desde el campo hasta el consumidor.

Aceite de girasol. En Sudáfrica, Unilever trabaja con el proveedor Ceoco para mejorar la trazabilidad en la cadena de suministro. En Limpopo fue identificada una comunidad agrícola con buenas prácticas para lanzar el proyecto piloto inicial. Unilever y Ceoco trabajan con los agricultores brindándoles incentivos económicos para desarrollar semillas híbridas que producen mejores cosechas. De tal manera que los aceites pueden ser rastreados a las granjas individuales donde se cosecharon las semillas. El siguiente paso será ampliar el proyecto, llevarlo a diferentes provincias y a más agricultores.

ppc

En las tierras de 13 estados del país ya existe la presencia de maíz transgénico. Se trata de la siembra experimental del grano, que llevan a cabo cuatro empresas trasnacionales enlistadas en Forbes con ventas billonarias anualmente. Yucatán, Chiapas, Tamaulipas ocupan los primeros sitios en la experimentación

Monsanto, Syngenta Agro, PHI y Dow AgroScience son las trasnacionales que desde 2009 experimentan la siembra de maíz transgénico en más de 32 mil 800 hectáreas de suelo mexicano.

Documentos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revelan que hay organismos modificados genéticamente (OMG) en Yucatán, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Estado de México.

El análisis de los Status de solicitudes de maíz (de 2009 –en que inició la siembra experimental– a 2012) arroja un total de 32 mil 855.56 hectáreas con presencia de OMG.

Monsanto, a la cabeza

Los datos del Senasica –órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– muestran que Monsanto tiene el 99 por ciento de la siembra, con un total de 32 mil 762 hectáreas.

De acuerdo con la lista de Forbes, esta empresa de origen estadunidense tiene registradas ventas anuales por 12.42 billones de dólares y sostiene 20 mil 600 empleos. Los documentos del organismo de la Sagarpa muestran que fue en 2010 cuando más hectáreas le fueron permitidas a la compañía, con 30 mil 803.

 Forbes mantiene a Monsanto en el sitio 16 de su relación de Empresas Innovadoras. La revista internacional de negocios y finanzas la describe como “proveedor de productos agrícolas”. Su negocio es a través de las semillas, productos biotecnológicos y herbicidas, para supuestamente “proporcionar a los agricultores soluciones que mejoran la productividad, reducen los costos de cultivo y producen mejores alimentos para los consumidores”.

Experimentar en suelo del maíz

Además de Monsanto, hay otras compañías y centros de estudio que se encuentran interesados que se apruebe la siembra definitiva de OMG en el principal grano del país. Entre éstas: Syngenta Agro, PHI México, Dow AgroScience, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y el Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

PHI México –empresa de Dupont y subsidiaria de Pioneer Hi Bred– tiene registradas 73.39 hectáreas ante Senasica, y es la segunda interesada en experimentar con OMG en suelo mexicano.

Esta compañía química desarrolla investigación en diversas áreas como: productos electrónicos, biología molecular, virología, farmacéuticos y agricultura.

Con 12.27 hectáreas, le sigue Syngenta Agro que distribuye sus semillas en suelos de Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua. La compañía suiza “está involucrada en el descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de una amplia gama de productos diseñados para mejorar el rendimiento de los cultivos y la calidad de los alimentos”, indica Forbes.

La publicación estadunidense de negocios y finanzas resalta que ocupa el lugar 92 en Innovación y que sus ventas anuales alcanzan los 12.43 billones de dólares anuales.

Mientras las trasnacionales intentan, los centros de investigación también lo hacen en una pequeña porción de tierras mexicanas. El Cinvestav tiene permisos en sólo 4 hectáreas, mientras que CIMMYT en apenas 0.6 hectáreas.

El investigador Miguel Altietri, de la Universidad de California, indica en su ponencia Biotecnología agrícola en el mundo en desarrollo que “las compañías de biotecnología con frecuencia proclaman que los organismos genéticamente modificados, en especial las semillas, son un descubrimiento importante y necesario para alimentar al mundo y reducir la pobreza en los países en desarrollo.

Expone que la mayoría de los organismos internacionales de todo el mundo, que tienen a su cargo las políticas e investigaciones tendientes a incrementar la seguridad alimentaria en el mundo en desarrollo, se adhieren a este punto de vista que descansa en dos premisas críticas:

“La primera es que el hambre se debe a que existe una brecha entre la producción de alimentos y la densidad de población o su tasa de crecimiento. La segunda es que la ingeniería genética es el único o mejor camino para incrementar la producción agrícola y por tanto para solventar las necesidades futuras de alimentos. Un punto de partida para esclarecer estos conceptos erróneos es comprender que no existe relación prevaleciente en un determinado país y su población”, asegura.

El poeta oaxaqueño Andrés Henestrosa decía: “El maíz es el primer tótem mesoamericano, anterior al águila, al jaguar, a la serpiente, al pez. Es al mismo tiempo, origen y creación del hombre. Es la hostia con la que comulgamos los mexicanos en un acto de antropofagia. ¿Qué otros discursos se cifran en torno a esta semilla, que parece germinar en el latido de nuestro corazón?”

La península, con OMG

De acuerdo con los documentos oficiales, Yucatán es la entidad con más hectáreas concesionadas para la siembra experimental de maíz transgénico al llegar a las 12 mil.

Le sigue Chiapas, con 8 mil 800 hectáreas y la Región de la Huasteca – conformada por Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz– con  5 mil 700.

Las investigadoras Elena Álvarez Buylla y Alma Piñeyro exponen en el documento Riesgos y peligros de la dispersión de maíz transgénico en México que “las consideraciones sobre lo deseable y seguro para nuestro país han sido guiadas por intereses políticos y económicos privados, más que por estudios científicos concluyentes, dejando de lado además las consideraciones sociales y ambientales.

“Estos intereses han moldeado y apresurado un marco regulatorio encaminado a posibilitar la liberación de las líneas comerciales disponibles de maíz transgénico en el campo mexicano, lo cual desencadenaría un conjunto de riesgos y peligros”.

Con el fin de sustituir importaciones y satisfacer la demanda nacional, los ganaderos mexicanos cabildean en el Congreso de la Unión para continuar con los subsidios del Estado y promover la competitividad en el sector. Sin embargo, en la fiscalización del programa Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola, la Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias en el proyecto que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con más de 3 mil 700 millones de pesos.

Los ganaderos mexicanos se preparan para elevar las ventas en el sector con el fin de sustituir las importaciones de países como Estados Unidos y Japón. Ante esta iniciativa, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado y la Mexican Beef Exporters Association se acercan a la nueva legislatura en busca de mecanismos que promuevan el incremento de consumo interno de carne de cerdo, res y aves.

Entre las solicitudes que hay para los nuevos legisladores es que se trabaje con presupuestos multianuales que permitan dar una estabilidad a la perspectiva del mercado. También, han solicitado la eficacia del Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan), el mismo en el que la Auditoría Superior de la Federación encontró inconsistencias en su operación este año.

La lista de peticiones no acaba ahí, pues los ganaderos piden se mantengan los subsidios en electricidad y combustibles para ser competitivos con mercados internacionales. Además, solicitan fomentar las exportaciones y trabajar más rápidamente en los protocolos sanitarios para el comercio exterior y evitar el más mínimo riesgo.

Satisfacer el mercado

Juan Ley Zevada, secretario de Mexican Beef Exporters Association, expone que para 2050 se estima una población mundial de 9 mil millones de personas, “eso nos pone como reto el incremento de alimentos en un 50 por ciento. Tenemos que crecer muy fuerte con menos recursos y superficie. Para el mercado nacional las estimaciones son de 150 millones de habitantes, por lo que tenemos que incrementar la calidad de los productos”.

Hoy en día, dice, estamos produciendo 1.8 millones de toneladas al año de carne, con un consumo de 19 kilos, per cápita. Sin embargo la situación económica del país no nos permite crecer más en el consumo anual.

Aunque ha sido uno de los sectores más vigorosos del sector agropecuario, la nueva legislatura tiene la tarea de hacer los crecer los nuevos retos para el sector, comenta Ley Zevada.

Ejemplo de esto, expone, es que en 2011, las exportaciones de carne y vísceras de bovino de México al mundo registraron un incremento de 78 por ciento comparadas con las exportaciones de 2010. El monto total exportado en 2011 fue de 112 mil toneladas de productos cárnicos con un valor de 579 millones de dólares.

Los reportes de la Mexican Beef Exporters Association muestran que “el primer semestre de 2012, las exportaciones de carne y vísceras de bovino superan ya las 77 mil toneladas con un valor de 391 millones de dólares. Los principales destinos son Estados Unidos con el 57 por ciento del producto exportado, Rusia con el 25 por ciento y Japón con el 15 por ciento. El resto de la exportación se destina a países como Corea del Sur, Angola, Panamá y República del Congo, entre otros. Este desarrollo de las exportaciones es resultado del trabajo de los productores de México por ampliar la oferta exportable al mercado”.

ASF detecta inconsistencias

La auditoría de desempeño que elaboró el máximo órgano de fiscalización del país indica que para evaluar el cumplimiento programa, relativo a incrementar la producción pecuaria, se solicitaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) las metas y los resultados de los indicadores incluidos en los lineamientos del Progan.

La dependencia que encabeza Francisco Mayorga informó que en el artículo 41 de las Reglas de operación de los programas de la Sagarpa, se establece que el objetivo específico del Progan es “incrementar la productividad pecuaria a través de la inducción de prácticas tecnológicas de producción sustentable, de ordenamiento, asistencia técnica, capacitación y fondo de aseguramiento ganadero. Por lo que se puede observar que el objetivo no es el de incremento en el volumen de producción” y por lo tanto, no se dispone de esa información, dice la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 se determinó que para ese año no fue posible medir el cumplimiento del objetivo específico de “Producción pecuaria obtenida sustentablemente”, ya que la Sagarpa no contó con la información respectiva.

Además, la Auditoría detectó que la superficie atendida en Durango, Baja California, Chiapas, Puebla, Guanajuato y Nayarit fue superior a la superficie ganadera. Sobre estas inconsistencias, la Sagarpa explicó que la diferencia se debe a que la superficie ganadera fue determinada por la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero entre 1972 y 1981 y no ha sido actualizada.

Por lo anterior, la entidad que encabeza el auditor Manuel Portal Martínez recomendó a la Sagarpa, entre otros puntos, que “establezca las medidas necesarias para que sus sistemas de información cuenten con información confiable para determinar si los subsidios entregados a los productores se están entregando conforme a la estratificación definida”.

El sector

En la década de 1970, se inició el impulso al desarrollo de la ganadería debido a la gran demanda de carne en el mercado estadunidense y a los cambios de consumo en México.

El gobierno federal desarrolló programas de subsidios e inversiones específicos para la expansión de la superficie para la producción y reproducción de ganado, la reposición y el aumento del inventario ganadero nacional y el cultivo de granos forrajeros.

Durante ese periodo la producción ganadera mostró un incremento en 42.9 por ciento. Sin embargo, a principios de la década de 1980, la crisis de la economía afectó el crecimiento de la ganadería.

Luego, de 1994 a 2003, la producción de carne registró un crecimiento anual promedio de 3.8 por ciento, al pasar de 3 mil 393 millones 900 mil toneladas registradas en 1994 a 4 mil 736 millones 800 mil toneladas en 2003.

El gobierno federal, por medio de la Sagarpa, creó en 2003 el Progan, que tuvo como objetivo fomentar la productividad de la ganadería bovina extensiva e incrementar su rentabilidad por medio de la adopción de prácticas tecnológicas para el mejoramiento de la cobertura vegetal y la producción forrajera de las unidades de producción.

En ese tiempo, el volumen de producción de carne se incrementó en promedio anual 3.4 por ciento al pasar de 4 mil 736 millones 800 mil de toneladas en 2003 a 5 mil 233 millones 500 mil toneladas en 2006, dice el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010.

En 2006, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas solicitó formalmente a Sagarpa la continuación del programa para el periodo 2008?2012, considerando que no había cumplido con el objetivo originalmente propuesto.

De acuerdo con el programa de la Sagarpa, las metas del Progan 2008-2012 son:

• 450 mil productores beneficiados.
•  53 millones de hectáreas con prácticas de mejoramiento productivo.
•  Plantación de 30 árboles, arbustos o plantas por unidad animal apoyada.
•  270 mil unidades de producción bovina de carne y doble propósito, ovinas y caprinas.
•  25 mil unidades de producción apícola.
•  25 mil unidades de producción familiar de leche.
•  6 Millones de vientres bovinos.

México inició el proceso de quiebra de los nueve ingenios que quedan aún en manos del Estado y que producen en conjunto alrededor de una quinta parte del azúcar del país, como parte de un plan para reprivatizarlos, dijo el saliente Secretario de Agricultura, Francisco Mayorga.

Las autoridades anunciaron en julio el arranque del proceso para venderlos y cerrar así un largo capítulo con estas instalaciones. En el 2001 el Estado tomó control de 27 de los más de 50 ingenios del país para salvarlos de la quiebra.

En una entrevista con Reuters, el funcionario precisó que el proceso de quiebra inició recientemente y que el gobierno ha depositado alrededor de mil millones de pesos en un juzgado para pagar a los acreedores de esos ingenios.

“Está todo en marcha para que se declaren en quiebra y se pague a los acreedores con el bono expropiatorio que el gobierno depositó”, dijo Mayorga, quien dejará el cargo el sábado, cuando el nuevo gobierno del presidente electo Enrique Peña asuma el poder para un periodo de seis años.

Cuando los ingenios fueron expropiados en el 2001 la idea era sanearlos y venderlos lo antes posible, pero retrasos dilataron la reprivatización y se fueron vendiendo poco a poco hasta que el Estado se quedó con los nueve que ahora quiere vender.

Mayorga dijo que la autoridad antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia (CFC), no ha objetado la venta de los ingenios en un sólo paquete, como se planea, pues no daña la estructura de un mercado competitivo.

“La Cofeco (CFC) determinó que no había una posición monopólica ni aunque algún grupo mexicano comprara todo el paquete de Caze”, dijo el funcionario, quien añadió que en el mercado de endulzantes mexicano participan no sólo el azúcar sino la fructosa.

Los nueve ingenios eran propiedad de Grupo Azucarero Escorpión (Caze), propiedad del empresario Enrique Molina. Dos de ellos están en Morelos, uno en Puebla, uno en San Luis Potosí, y cinco más en Veracruz, el principal productor de azúcar en México.

Las fábricas en venta incluyen al ingenio San Cristóbal, en Veracruz, el mayor en cuanto a superficie cosechada, y a Atencingo, en Puebla, el tercero bajo el mismo parámetro.

México no tiene restricciones a la inversión extranjera en el sector azucarero, así que los ingenios pueden venderse a inversionistas extranjeros en su totalidad o a consorcios integrados en parte por capital mexicano y extranjero.

En julio, Mayorga dijo a Reuters que empresas de Guatemala y Estados Unidos habían mostrado interés en participar en la licitación de los ingenios una vez que estuvieran listas las bases.

El funcionario dijo que hasta ahora dos inversionistas mexicanos han presentado cartas formales de intención para participar en la venta, uno de ellos asociado con un inversionista extranjero.

Mayorga prefirió no dar más detalles sobre los empresarios interesados.

El saliente gobierno esperaba poder terminar el proceso de venta antes de entregar la administración a Peña, pero tras el anuncio del arranque del proceso de venta surgieron impedimentos que lo obstaculizaron, dijo Mayorga.

Sin embargo, dijo que el próximo gobierno ha mostrado interés en que el proceso se lleve a cabo.

“Ellos estaban interesados en que este gobierno lograra la venta; querían recibir la industria azucarera totalmente privatizada, pero desgraciadamente no se pudo”, dijo Mayorga sobre una reciente reunión en la que participó Luis Videgaray, la mano derecha de Peña y en la que se abordó el tema.

México ha producido en promedio 5 millones de toneladas anuales en la última década, y ha resentido las contingencias climatológicas que han afectado las cosechas en recientes ciclos, por lo que no ha podido replicar el máximo histórico de 5.8 millones de toneladas que tuvo en el ciclo 2004/2005.

A dos días de dejar el Gobierno, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado una reforma para permitir la privatización de la propiedad ejidal.

El proyecto, que modifica, deroga y adiciona la Ley Agraria, otorga a los ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus parcelas, ya que actualmente sólo tienen derecho de su uso y disfrute, debido a que la propiedad es colectiva.

Con los cambios, se permite a los ejidatarios transmitir propiedad, en lugar de ceder sus derechos, lo que implica la posibilidad de vender la parcela a otro ejidatario, a un avecindado en el núcleo de población ejidal o a personas ajenas a éste.

Por otro lado, la reforma elimina el orden especial de prelación de herederos que establece la ley, para el caso en el que el ejidatario muera sin testamento, y dispone que dicho orden se ajuste a la ley civil común.

En el documento se establece la prescripción adquisitiva sobre la propiedad de las tierras, lo que significa que, siempre que un ejido determine en asamblea parcelar una tierra, cada parcela se convertirá en propiedad privada del ejidatario correspondiente.

La iniciativa señala que si la parcela se asigna a un grupo de ejidatarios, se entenderá que son copropietarios de ésta.

La reforma permite que la asamblea defina sobre el cambio de destino de uso común de las tierras, ya sea a parcelas o a asentamientos humanos, facilita el quórum en las que se discuta el reconocimiento de la propiedad de las tierras y el cambio de destino.

La propuesta de Calderón plantea que cuando se otorgue un crédito, la garantía se dé sobre la propiedad de las tierras y no sobre su usufructo, como ocurre actualmente.

Por otro lado, la transmisión de derechos, así como modificación al régimen ejidal, deberá ser notificada ante el Registro Agrario Nacional.

La iniciativa establece plazo de un año a las asambleas ejidales para reunirse y otorgarlas en propiedad. De lo contrario, los ejidatarios podrán acudir a la Procuraduría Agraria para recibir una constancia de no realización de la asamblea y con ella solicitar al Tribunal Unitario Agrario que ordene al Registro la expedición de sus títulos de propiedad.

En días recientes se han escuchado las opiniones de productores, congresistas y gobernadores que rechazan tajantemente negociaciones comerciales de México con Colombia, Perú y Brasil. La oposición viene, sobre todo, del sector agrícola; en el caso de Brasil, también de una diversidad de sectores industriales.

Sin embargo, la crisis global alimentaria obliga a redimensionar estas negociaciones comerciales. ¿Qué tiene que ver el alza de precios internacionales de alimentos con estas negociaciones? Yo diría que mucho. México es hoy altamente dependiente de un solo mercado el de Estados Unidos para sus importaciones de alimentos. En el sector granos y cárnicos, nuestro vecino del Norte es prácticamente nuestro único o principal proveedor. Según datos de la Secretaría de Economía, en 2010, ese país abasteció prácticamente la totalidad de nuestras importaciones de cereales  como maíz amarillo, trigo, centeno, cebada, avena, sorgo y arroz con cáscara, así como de carne de bovino, de puerco y pollo. Igualmente, Estados Unidos abastece 88% de las importaciones de México de leche en polvo.

A partir del tres de abril Liconsa ajustará al alza su precio de compra de leche y pagará hasta 5 pesos por litro, lo que beneficiará a más de 8 mil 500 pequeños y medianos ganaderos proveedores a los que la paraestatal adquirirá cerca de 800 millones de litros en el presente año.

Al hacer el anuncio, el director general de Liconsa, Jesús Galván Muñoz, señaló que la medida representa un esfuerzo tope, pues la empresa enfrenta severas limitaciones financieras, con un faltante de recursos que antes del nuevo precio se estimaba en 750 millones de pesos para el cierre del año.

Acompañado de unos 30 líderes de organizaciones y productores de Jalisco,

especialmente de la región de Los Altos, donde se localiza la principal Cuenca Lechera del país, así como del estado de Michoacán, Galván Muñoz refirió que a partir de 2002, cuando inició la adquisición de volúmenes importantes de leche nacional, Liconsa ha pagado a precios de mercado, casi siempre por encima del precio internacional.

Galván Muñoz destacó que dicho incremento es un apoyo concreto que repercutirá de inmediato en favor de los productores y sus familias. Pidió a los líderes y representantes ganaderos sumar esfuerzos para enfrentar juntos, productores y empresa, los retos y dificultades que aquejan a la ganadería social de nuestro país.

Destacó que la influencia de la paraestatal en el mercado nacional de la leche es limitada, pues adquiere el 6.5 por ciento de la producción nacional y atiende al 3.5 por ciento de los ganaderos, de acuerdo con el Registro Nacional de Productores Lecheros a cargo de Sagarpa.

El funcionario expuso que la compra de leche nacional tiene un impacto positivo por el apoyo a los más de 8 mil 500 pequeños y medianos ganaderos a los que Liconsa ofrece un canal seguro y confiable para al comercialización de su producto, al tiempo que se ha logrado una significativa reducción en las importaciones de leche en polvo.

Expuso que durante el 2010 Liconsa adquirió un total de 697.4 millones de litros de leche en 16 entidades federativas, con una derrama superior a los 3 mil 150 millones de pesos.

El titular de Liconsa destacó la gran fidelidad que guardan los ganaderos hacia la empresa, que permite un vínculo comercial duradero, permanencia que se les reconoce con un estímulo al precio.

En Jalisco, durante el 2010 Liconsa adquirió más de 285 millones de litros, que

representan el 45 por ciento de las compras de leche en todo el país. Ello generó una derrama aproximada de mil 277 millones de pesos en beneficio de 3,342 productores lecheros de Jalisco.

• Este Proyecto de Agricultura Sustentable reactivará la producción de girasol en México, gracias a una alianza entre PepsiCo y el BID
• Pequeños agricultores se beneficiarán de microcréditos y mejores ingresos, al tiempo que se creará una fuente de aceite alto oleico de girasol, que permitirá a PepsiCo avanzar en la transformación integral de su portafolio hacia productos más saludables

PepsiCo

PepsiCo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron un proyecto de agricultura sustentable que otorgará créditos a campesinos mexicanos para fomentar la producción de girasol, brindando mejores oportunidades a los agricultores y al campo mexicano.

A través de una alianza de siete años con el BID, PepsiCo reactivará la producción de girasol en México, al tiempo que impulsará el desarrollo de un mercado sustentable para este producto que alguna vez gozó de un éxito comercial que se ha reducido en los últimos años. Esto será posible a través del otorgamiento de microcréditos a unos 850 agricultores mexicanos y a la compra garantizada de sus cosechas, generando una mejor fuente de ingresos para ellos y sus familias.

Este proyecto lo ve PepsiCo como una forma de continuar trabajando en la transformación integral de su portafolio de productos, ya que al reintroducir la cosecha de girasol, se generará la materia prima necesaria para elaborar botanas, galletas, nueces y semillas, entre otros, que la compañía produce en México.

Este es el primer proyecto de una alianza regional más amplia entre PepsiCo y el BID para colaborar en la atención a diversos retos que enfrenta América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran agua y saneamiento, reciclaje, desarrollo de la juventud, ayuda y recuperación en desastres naturales, agricultura sustentable, nutrición y seguridad alimentaria, así como el intercambio de conocimientos y mejores prácticas para la sustentabilidad.

Como parte de este acuerdo multisectorial, PepsiCo también participará en el proyecto Aquafund, siendo la primera vez que una organización del sector privado se une a este fondo regional del BID, enfocado en contribuir en el cumplimiento de las Metas del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, en los rubros de agua y saneamiento.

Como parte del programa de producción de girasol, PepsiCo se ha comprometido a adquirir el 100 por ciento de las cosechas, con un valor estimado de 52 millones de dólares a lo largo de siete años. De igual forma, PepsiCo invertirá 2.6 millones de dólares para apoyar la administración de los cultivos de girasol en México y ofrecerá capacitación técnica a los pequeños productores. Su socio financiero, Agrofinanzas, institución especializada en el financiamiento de cadenas productivas, invertirá 40.4 millones de dólares en microcréditos destinados a la adquisición de capital de trabajo para los agricultores.

 A pesar de que el país podría ser una potencia agrícola y de que posee un gran capital humano, el campo no da empleo. Se vive una situación de dependencia alimentaria “lastimosa” y millones de mexicanos están en vulnerabilidad alimenticia.

En México, el 80% de quienes padecen la pobreza extrema viven en el medio rural: ellos son las principales víctimas del aumento en los precios de los productos alimenticios.

México importa más de la tercera parte del maíz que consumen sus ciudadanos, el 60% del trigo; se compra en el exterior el 90% de sorgo y soya para alimentación animal; también se importa cerca de la mitad del arroz y casi el 80% de los requerimientos de leche en polvo.

Así, la creciente importación de cereales, de lácteos y productos cárnicos es un síntoma de la gran dependencia mexicana del exterior. A pesar de que México podría ser una potencia agrícola, desde hace dos décadas abandonó este sector como actividad económica. Hoy, millones de ciudadanos no pueden pagar sus alimentos básicos; niños y jóvenes están desnutridos y aumenta el desempleo en el campo

México destina entre 15 mil millones y 18 mil millones de dólares anuales para comprar alimentos en el exterior ?cifra equivalente a casi la totalidad del monto de las exportaciones petroleras del país o al monto de las remesas que envían los trabajadores migratorios a sus familias?. Este escenario podría agravarse porque los recursos para tales adquisiciones ya no serán tan fluidos, ya que los ingresos que México recibía por la venta de petróleo son insuficientes para financiar el desarrollo; además, tras la recesión estadunidense, las remesas descendieron.

 A pesar de que el país podría ser una potencia agrícola y de que posee un gran capital humano, el campo no da empleo. Por ello, la falta de alimentos en México no es un problema de poca magnitud: se vive una situación de dependencia alimentaria “lastimosa” y millones de mexicanos están en vulnerabilidad alimenticia, advierte Felipe Torres, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 Indica que poco se hará en el sector agrícola durante 2011 con los 6 mil millones de pesos que el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó. Desafortunadamente, a casi 17 años de que México ingresara al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), persisten la inseguridad y la dependencia alimentaria.

 Tal situación es contraria a la tendencia mundial por la soberanía alimentaria que se lanzó formalmente el 20 de septiembre de 2003 con apoyo de Kofi Annan, entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil.

 En el mundo, se han identificado cuatro factores de muerte precoz: la guerra, el terrorismo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) y el hambre. Este último es el que mata más gente, aun más que la suma de las víctimas de los primeros tres causantes, señala el fraile dominicano Carlos Alberto Libanio Christo, Frei Betto, exasesor especial de Lula da Silva para combatir el hambre.

 Al explicar el alcance de ese programa, Betto pregunta: “¿Por qué mientras se legisla contra el terrorismo, el Sida, o la guerra, no se legisla contra la pobreza? La única respuesta que encuentro por ahora es cínica: porque de los cuatro factores de mortandad, el único que hace distinción de clase es la pobreza”.

 Con la intención de reducir esa pobreza y abatir los cuatro factores de muerte precoz, Brasil lanzó el programa Hambre Cero ?financiado con 700 millones de dólares? para impulsar la agricultura de las comunidades pobres. Garantiza la presencia de sus productos en el mercado nacional y fomenta la competitividad de esos productos frente a la tendencia importadora de las cadenas y compañías graneleras mundiales que son las que “lucran con el hambre”, sostiene Torres.

 Lo significativo del programa Hambre Cero es que se asignó a familias sin analfabetas en la que todos los niños y jóvenes asistieran a la escuela y el conjunto se inscribiera en un programa de salud.

 En contraste, la situación mexicana no avizora en el corto plazo el diseño de una política pública que busque la recuperación de la agricultura como una rama de la actividad económica.

 El autor del estudio Rasgos perennes de la crisis alimentaria en México (Centro de Alimentos y Desarrollo de Sonora) no observa la intención, en ninguno de los tres niveles de gobierno, de generar más empleos y de mejor calidad en el medio rural. Tampoco se ve, en el corto plazo, ningún programa para recuperar la calidad de la alimentación de los mexicanos.

 Sostiene que al mejorar las condiciones nutricionales de la población, ésta será más apta para el trabajo, tendrá mejor rendimiento escolar. Sin embargo, describe que el impacto negativo en la mala alimentación de millones de mexicanos en el ámbito rural se refleja en la falta de competitividad agrícola y, por lo tanto, el país no puede acceder a una mejor posición internacional. “Hoy, la escala de competitividad que se exige para estar a tono con los otros países es prácticamente difícil de alcanzar en México y este país no puede impulsar su desarrollo económico”, refiere Torres.

 Escenario dramático

En términos económicos, si no se modifica el camino actual, habrá una mayor dependencia del exterior, ya que parte del crecimiento económico se destina a la compra de alimentos. Esa política compromete el futuro de los recursos naturales del país por la vía de la compra de alimentos, sostiene el especialista.

En lo político, se acelera cada vez más la posibilidad de que estalle un conflicto en el campo por la vía de su inviabilidad; no se arraiga a la población rural en sus comunidades; el desempleo y la emigración aumentan. Como esta situación no se podrá sostener por mucho tiempo, habrá impactos sociales de gran envergadura, como una mayor penetración de la delincuencia organizada en el ámbito rural, advierte el especialista.

Este esquema de retiro del Estado en la agricultura no le favorece al país, pues sólo reproduce los niveles de pobreza. Se estima que más de la mitad de la población mexicana ostenta diferentes grados de pobreza. De ese total, entre 22 millones y 25 millones se sitúan en pobreza extrema. A pesar de que la pobreza urbana también ha crecido en los últimos años, el 80% de quienes padecen la pobreza extrema viven en el medio rural: ellos son las principales víctimas del aumento en los precios de los productos alimenticios.

Varios actores políticos y sociales se han pronunciado contra la vulnerabilidad alimenticia de los mexicanos. En diciembre de 2010, Cruz López Aguilar, entonces presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), hizo notar que en los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, el precio de la canasta básica de alimentos encareció hasta en 115%.

El incremento en los precios de los productos agrícolas no es un problema nuevo, coinciden en señalar académicos y la CNC. Sin embargo, el acento se pone en el alto costo que representa producir cualquier alimento. De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, los salarios mínimos tuvieron su peor caída, pues rebasaron el 60%. Este hecho no se presenciaba en el país desde la década de 1940.

Por esa reducción en sus ingresos, se observó en diciembre de 2010 que las familias de los trabajadores adquirieron hasta 40% menos de alimentos que los que compraban a principios de ese sexenio. Para Gerardo Sánchez García, secretario de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el sector rural es el que más ha sufrido esos efectos.

A fines de 2010, Sánchez García, ahora presidente de la CNC, declaró que 33.8 millones de mexicanos viven en el medio rural y 37% de esa población, que representa a 12.5 millones de personas, no recibe ningún ingreso. Esto obedece a la falta de políticas efectivas de generación de empleos y de apoyo y garantías a los productores agrícolas. Por esa razón, 8 millones 450 mil personas que viven en el campo, que representan un 25% del total, reciben un solo salario mínimo para costear su manutención y educación.

De los 33.8 millones de habitantes rurales del país, otro 26.9% (unos 9 millones de personas) recibe entre uno y dos salarios mínimos; solo 8% (2 millones 704 mil personas) gana de dos a cinco minisalarios. Al incrementarse el precio de la canasta básica en solo cuatro años, 30 millones de personas ya no están en condiciones de adquirirla completamente, aseguran investigadores y legisladores.

Más vulnerabilidad con y sin TLCAN

Además de la ya compleja situación del campo mexicano, la apertura al TLCAN trajo mayor grado de dependencia. Así lo ilustran los datos que aporta el investigador Felipe Torres: México importa más de la tercera parte del maíz que consumen sus ciudadanos, más del 60% del trigo para elaborar el pan; se compra en el exterior el 90% de sorgo y soya para alimentación animal; también se importa cerca de la mitad del arroz y casi el 80% de los requerimientos de leche en polvo. “Somos ya el primer país importador a nivel mundial de ese producto”, refrenda el especialista.

 A pesar de que, en las décadas de 1950 y 1960, México era autosuficiente en la producción de sus alimentos e incluso exportaba, en la década de 1970 comenzó a abandonarse la política de apoyo al agro. Entonces, resultaba más barato comprar e importar productos agrícolas en el mercado internacional, pero esto condujo a imponer un modelo que eliminó los subsidios a la agricultura, mientras que en otros países se fortalecieron.

 El ingreso al TLCAN agudizó las contradicciones internas, pues los productores, ya descapitalizados y sin apoyos técnicos o crediticios, fueron puestos a competir con las agriculturas de Canadá y Estados Unidos, que son las más poderosas del mundo y, además, fuertemente subsidiadas.

 En contraste, los productores mexicanos no tuvieron los incentivos ni el apoyo previo para ser competitivos. Esa falta de atención se tradujo, años después, en el desmantelamiento de la producción agrícola que somete a México a un mayor grado de vulnerabilidad y de dependencia del exterior. Vulnerabilidad, describe Torres, porque ahora se discute el precio de la tortilla cuando la producción nacional es deficitaria y han venido creciendo constantemente los precios internacionales del maíz y de todos los cereales.

 El maíz, esencia de la alimentación de los mexicanos y pueblos mesoamericanos, se cotiza a un precio internacional creciente desde hace dos años. De mantenerse la política gubernamental de importación de ese grano, se estará frente a un problema creciente y permanente. Esto significa que no mejorarán los ingresos, los esquemas de producción ni las condiciones de competitividad del productor nacional para que pueda hacer frente a la situación internacional.

 El caso del maíz se reproduce con todos los productos alimenticios que México importa: leche, frijol, trigo, carne, pollo y huevo. “Estamos en el camino inverso porque no ha habido un diseño de políticas públicas que permitan recuperar la agricultura como elemento de desarrollo”, señala Torres Torres. Aunque la modificación al artículo 27 constitucional se logró con el argumento de que los productores privados podrían invertir en el campo, ninguno de ellos ha financiado el desarrollo de este sector.

 La iniciativa privada sólo se ha dedicado a los nichos exportadores y por eso son competitivos los productores de aguacate, de frutas y hortalizas, pero no en otros productos. Esos nichos son de grandes empresarios agrícolas, mientras que se abandona la producción de básicos. Adicionalmente, desaparecieron instituciones de comercialización de productos, como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares; de financiamiento, como el Banco de Crédito Rural, o de apoyo técnico, como la Productora Nacional de Semillas. Ahora, dice Felipe Torres, sólo se aplican programas, como el Programa de Apoyos Directos al Campo, que no alientan al productor a vivir de su trabajo, sino por la vía de la asistencia social. “Así no se apoya la competitividad”, sentencia.

 Destinar 15 mil millones o 18 mil millones de dólares a la compra externa de alimentos no sólo es lastimoso, sino una amenaza para la seguridad nacional. Por sí sola, la escasez de alimentos no representa un riesgo para la seguridad nacional del país, pues, hasta el momento, existen elementos para contrarrestarlo, asegura Felipe Torres. Aún hay disponibilidad de alimentos y se asegura su abasto por la vía de la adquisición en el mercado internacional, sin embargo los niveles de pobreza extrema en México han aumentado, así como el desempleo.

 Si ese panorama se asocia al problema de la crisis económica permanente y a los problemas del deterioro ambiental, que hacen ya inviable la producción agrícola interna, es probable que se desencadene un conflicto social de alcances importantes “y entonces sí puede ser un riesgo para la seguridad nacional”. El académico ha manifestado esta preocupación en distintos foros; la respuesta por parte de funcionarios de nivel federal y estatal es el silencio.

 Esto significa que se está sacrificando el abasto nutricional de los mexicanos. En este marco, la dificultad de acceder a suficientes alimentos en regiones y entidades enteras del Sur y Sureste de México se traduce en hambrunas, como ocurre en la Sierra Tarahumara, Chihuahua; comunidades de Chiapas, Oaxaca y de gran parte de Yucatán e Hidalgo. Ésa es la vulnerabilidad creciente que existe en todo el país y por eso es necesario incorporar el medio rural al desarrollo económico en una posición digna y en una mejor condición, concluye el experto.

Con spots televisivos, radiofónicos y desplegados publicitarios, la Sagarpa defendió el TLCAN que millones de campesinos rechazan. El gasto ascendió a 7 millones 528 mil 946 pesos, con lo que podría haberse subsidiado a más de 6 mil agricultores durante un mes

El gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa gasta más de 7.5 millones de pesos para promover el “éxito” del campo mexicano y los “beneficios” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pacto comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, del que organizaciones campesinas y legisladores exigen su renegociación.

El monto erogado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para el promocional “Un campo ganador” y un “mensaje especial del TLC”, equivale a la dotación de subsidios para 6 mil 274 campesinos en un mes, a través del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

De acuerdo con documentos oficiales entregados a Fortuna, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el gobierno invirtió 7 millones 528 mil 946 pesos, de los cuales el 85.6 por ciento –6 millones 444 mil 836 pesos– fue asignado a la campaña comercial que protagonizó la golfista Lorena Ochoa.

El desglose del gasto demuestra que se asignaron 4 millones 894 mil 667 pesos en la transmisión de spots radiofónicos; 1 millón 200 mil pesos para la producción de cinco anuncios televisivos y 349 mil 969 pesos a la publicación de desplegados en diversos medios impresos.

Una vez que fueron eliminadas al ciento por ciento las barreras arancelarias en productos básicos para la canasta alimenticia de los mexicanos: maíz, frijol, leche en polvo y azúcar (el 1 de enero de 2008), la Sagarpa pagó 1 millón 84 mil 110 pesos más para la transmisión de un “Mensaje especial del Tratado de Libre Comercio”, en 31 periódicos del país.

Lorena Ochoa, un “campo ganador”

El 17 de junio de este año, la dependencia encabezada por el jalisciense Alberto Cárdenas Jiménez, respondió que la deportista tapatía, Lorena Ochoa, “no recibió remuneración, compensación, reconocimiento o incentivo alguno, ya sea económico o en especie, lo hizo gratuitamente, de forma altruista y en beneficio del sector agroalimentario de México”.

El mensaje oficial, con medio minuto de duración, expuso a la golfista mexicana portando una cachucha blanca con el logotipo de Banamex, denominado “el principal banco de México” –que encabeza el empresario Roberto Hernández Ramírez–; éste fue transmitido a través de diversos canales de televisión abierta.

Contrario a la desertificación que padece el agro mexicano, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tardará más de 500 años en restablecerse, la joven camina por un prado verde con un palo de golf y asegura sentirse “orgullosa” de los logros obtenidos en el campo nacional.

“He competido en los mejores campos del mundo, muchos de ellos me han dado grandes satisfacciones, pero del campo que más me siento orgullosa es del campo mexicano, un campo ganador, como yo”, dice la campeona mundial de golf.

Una voz masculina resalta: “México, orgulloso campeón del mundo en la exportación de diversos productos agroalimentarios. Por un campo ganador, Sagarpa”, y muestra al país como el primer lugar en el envío hacia el exterior de aguacate, mango, papaya y sandía.

No obstante, la ASF documenta en el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 que el país ha incrementado su dependencia alimentaria, respecto al mercado estadunidense.

El máximo órgano de fiscalización del país indica que de 2000 a 2006 el crecimiento de las exportaciones agropecuarias fue “insuficiente” para reducir el déficit de la balanza comercial, que hasta ese año era de 416 millones de dólares.

“Hasta 1999 la balanza de productos agrícolas había sido superavitaria. Para el periodo 2000-2005 se vuelve deficitaria principalmente por las crecientes importaciones de cereales y oleaginosas. Los grupos de productos agrícolas con saldo favorable en la balanza comercial son: frutas, hortalizas y cultivos industriales”, indica la ASF (Contralínea, periodismo de investigación 104, 16 de junio de 2008).

Gastos de campaña

La difusión de spots radiofónicos –dice la Sagarpa– se hizo a través de “tiempos fiscales y medios públicos”, pero significaron un gasto al erario de 4 millones 894 mil 667 pesos. La transmisión del material –responde la secretaría encargada de llevar a cabo políticas agroalimentarias– se realizó mediante un “convenio de colaboración entre entidades con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER)”.

La Sagarpa depositó 2 millones 200 mil pesos a la cuenta 00156266363, abierta en el banco BBVA Bancomer el 30 de noviembre del año pasado, para cubrir el contrato DGPRBS-162/07; al mes siguiente (el 20 de diciembre) hizo otro depósito por 2 millones 694 mil 667 pesos a la misma cuenta de cheques a favor del IMER.

Además, para la realización del promocional “Un campo ganador” y otros cuatro más, Sagarpa solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la producción, postproducción y copiado del material audiovisual, con un costo global de 1 millón 200 mil pesos.

La Dirección General de TV UNAM emitió las facturas 5943103 y 5943105, el 8 y 16 de noviembre de 2007, respectivamente; cada una significó la erogación de 600 mil pesos y estuvieron enmarcadas en el contrato de “prestación de servicios” CODC/UJ2/242/200.

En 2007, otros 349 mil 969 pesos fueron utilizados del erario para pagar desplegados en nueve medios de comunicación. La revista Record Guiness fue la mejor pagada, pues facturó 132 mil 250 pesos por la publicación de una fotografía bajo el título “México, una mirada”, el 27 septiembre de 2007.

Le siguió el suplemento Agro XXI, editado por Milenio Diario, que facturó 80 mil 490 pesos. Monto que la Sagarpa depositó a la cuenta 00694002471, abierta por la casa editorial en el Grupo Financiero Banorte. El monto comprometió el desplegado de “El campo ganador”, para el día 15 de octubre del año pasado.

De acuerdo con el perfil editorial de Milenio Diario, el suplemento Agro XXI “es una plataforma para que los gobiernos Federal y estatales, secretarías de Desarrollo Agropecuario y Rural describan los casos de éxito reales que ponen en práctica, para contribuir a la recuperación del campo. Las empresas, asociaciones e instituciones del sector privado promocionan las herramientas y apoyos financieros que necesita el productor”.

La revista Agrosíntesis fue la que más desplegados publicó a finales del año pasado: ganó 52 mil 500 pesos, que fueron depositados por los funcionarios de Sagarpa a la cuenta 05754933346 de Banamex. El periódico Agrobusiness, en su edición 174 de octubre, publicitó la versión “El campo ganador”, por 34 mil 500. La revista Informativo del Abasto facturó otros 15 mil 870 pesos, el mismo mes.

Mientras la revista Énfasis alimentación, encargada de promover las técnicas del sector agroalimentario y de anunciar los logros económicos de grandes empresas como Bimbo, Cargill, Mc Donald’s y Gruma, entre otras, desplegó un anuncio de “El campo ganador”, por 23 mil pesos, el 13 de noviembre.

Incluso la Universidad Autónoma de Guadalajara facturó 12 mil 109 pesos para su publicación en el suplemento “Tierra Fértil”, del periódico Ocho Columnas.

Rechazo legislativo

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezado por Javier González Garza, ha rechazado las acciones de “desinformación” que lleva a cabo el gobierno federal.

Las organizaciones campesinas que integran la campaña “Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco” consideran que los mensajes transmitidos por la golfista Lorena Ochoa son un agravio para el sector.

En el documento Lo que Sagarpa, Secretaría de Economía y Calderón no dicen sobre el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) –que exige la renegociación del pacto comercial– el PRD señala que, “del inicio del TLCAN a la fecha, México ha importado un total de 127 mil millones de dólares en productos alimenticios y agroindustriales. Las exportaciones en los mismos rubros fueron por 106 mil millones de dólares, lo que nos pone en un claro déficit comercial, es decir, compramos más de lo que vendemos.

“No se han eliminado las asimetrías entre los productores de los tres países; por el contrario, se han profundizado las diferencias. De acuerdo con la OCDE, de 1998 a 2000, el subsidio promedio anual por productor en Estados Unidos fue de más de 20 mil dólares, mientras que en México sólo llegó a los 700 dólares”, dice el documento.

Además, reclama que desde 1994 “nuestro país ha tenido pérdidas fiscales en la importación de maíz por no cobrar aranceles, las que ascienden a 4 mil 500 millones de dólares. Si éstos se hubieran cobrado, se podrían haber invertido en el sector agropecuario de manera extraordinaria con miras a mejorar la competitividad del sector”.

Mensaje de 1 millón de pesos

El 1 de enero de este año, las barreras arancelarias que se venían disminuyendo en la importación de maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar fueron eliminadas en su totalidad. Para esta fecha el gobierno de Felipe Calderón estaba preparando una campaña mediática que ocuparía tiempos oficiales en radio, televisión y planas completas en los principales diarios del país.

Protagonizado por el primer mandatario del país, el mensaje aseguraba que “con el tratado comercial se han logrado importar desde autos hasta aguacates o cítricos. Éste es un proceso, hay que decirlo, que comenzó no ahora, sino hace 14 años; este proceso ha significado un beneficio para millones de consumidores y no necesariamente un daño para México”.

El 7 de enero la Sagarpa pagó 31 anuncios por 1 millón 84 mil 110 pesos. Las contrataciones oscilaron entre 200 mil y 5 mil pesos. El periódico Reforma, que encabeza el empresario Alejandro Gómez Junco, facturó 212 mil 520 pesos. Le sigue El Universal con 132 mil 526 pesos; La Jornada publicó el anunció por 121 mil 522 pesos, mientras el semanario Quehacer Político obtuvo (el 13 de enero) 46 mil pesos.

La Asociación Mexicana de Editores de Periódicos facturó otros 264 mil 85 pesos, que estarían distribuidos en ocho periódicos regionales: Ocho Columnas, de Guadalajara; Cuarto Poder, de Chiapas; Tribuna, de Campeche; El Quintanarroense; Síntesis, de Puebla; El Imparcial, de Oaxaca; El Diario, de Coahuila, y El Expreso, de Sonora.

El suplemento Agro XXI obtuvo 60 mil 950 hasta el 28 de enero; mientras Agrobusiness ganó 34 mil 500 pesos. También lo hicieron: La Voz de la Frontera, 18 mil 304 pesos; El Heraldo de Chihuahua, 19 mil 710 pesos; Noticias del Sol de la Laguna, 12 mil 438 pesos; y El Subcaliforniano, 5 mil 285 pesos.

La Organización Editorial Mexicana, del empresario Mario Vázquez Raña, obtuvo 156 mil 270 pesos, a través de la publicación del “mensaje especial” en: El Sol de México, 56 mil 270 pesos; El Sol de Acapulco, 17 mil 227 pesos; El Sol de Durango, 13 mil 184 pesos; El Sol del Centro, 10 mil 840 pesos; El Sol de Toluca, 9 mil 611 pesos; El Sol de Hidalgo, 8 mil 659 pesos; El Sol de Irapuato, 7 mil 994 pesos; El Sol del Bajío, 7 mil 726 pesos; El Sol de Tijuana, 6 mil 864 pesos; El Sol del Parral, 6 mil 850 pesos; El Sol de Salamanca, 5 mil 783 pesos; El Sol de Tulancingo, 5 mil 262 pesos.

Gastos de Sagarpa para promocional “Un campo ganador”

“Mensaje Especial del Tratado de Libre Comercio”, publicado el 7 de enero de 2008

Mientras 2 mil millones de personas sufren la crisis alimentaria, las multinacionales agrícolas obtienen ganancias superiores a 40 mil millones de dólares anuales. El delegado de las cinco agroindustrias que operan en México afirma que el “auge” apenas comienza.

La dependencia tecnológica en la agricultura obliga a los campesinos de México a adquirir semillas genéticamente modificadas a un precio mayor que el de las tradicionales; esa práctica privatiza el derecho a la vida, estiman especialistas. En contraste, las multinacionales agrícolas asentadas en el país argumentan que éste es el negocio del futuro que, además, contribuye a promover la tecnología.

El servicio PRNewswire informó que, el 31 de marzo pasado, la empresa líder en tecnología genética Monsanto acordó la compra del grupo holandés De Ruiter Seeds Group BV, por 546 millones de euros (alrededor de 840 millones de dólares).

Apenas 29 días después, Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial, anunció que los elevados precios de los alimentos “son cuestión de supervivencia para 2 mil millones de personas”, y pidió recaudar 755 millones de dólares para que el Programa Mundial de Alimentos atienda la crisis alimentaria que “será crucial” en las próximas semanas.

Con esa lógica “condenamos a la población a grandes hambrunas y a la posibilidad de una esclavitud; es lo que Marx denominó subsumisión formal del trabajo al capital”, dice la doctora Rosa María Romero Cuevas, coordinadora de la maestría en educación ambiental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

En los laboratorios de esas agroindustrias globales se crean los organismos genéticamente modificados (OGM) por medio de la citogenética, biología molecular y biotecnología. En estos lugares, por ejemplo, se corta el ADN del escorpión que genera su veneno y se adhiere al maíz; lo mismo ocurre con el tomate, al que se le fija la parte de ADN del salmón para que resista al agua fría y se evite su rápida descomposición, explica el doctor en economía ecológica y gestión ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona, Gian Carlo Delgado.

El también especialista en asuntos de competencia intercapitalista y sus contradicciones, considera que en estos casos “ya hay una violación de barreras entre reinos y no conocemos cuál será el futuro para los seres humanos y su hábitat. También debe observarse que los trabajos genéticos se hacen en laboratorios privados, la mayoría de ellos subsidiados”.

Estas investigaciones se originaron en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que trabajó con laboratorios públicos y privados. Así ocurrió con el Delta and Pine (que más tarde pasó a Monsanto): además de recibir subsidios del Estado, obtuvo estudios hechos por el sector público del germoplasma vinculado a las semillas modificadas.

“Como es un gran negocio, volvieron a darles subsidios y así se involucró al sector industrial privado, que se benefició porque las semillas modificadas rompían la tendencia de mantenerse fértiles cada ciclo, y más tarde esa facultad se limitó a tres ciclos como máximo”; hoy, la semilla modificada ya no es fértil y el consumidor depende de las que compra al sector privado, abunda el investigador.

En México, los grandes monopolios agropecuarios y agroindustriales extranjeros (Monsanto, Bayer, Syngenta, Nestlé, Unilever, Cargill, Novartis, Zeneca, Agroevo y DuPont, entre otras) invierten en el ramo biotecnológico y recuperan su inversión con las ventas.

El informe de Europress del 2 de abril pasado señala que Monsanto duplicó sus ganancias, al obtener un beneficio neto de 1 mil 129 millones de dólares (casi 724 millones de euros) en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal.

Rosa María Romero dice que ya “surgió una nueva forma de dominio de unas cuantas firmas sobre la humanidad, y eso amenaza más a la subsistencia de la mayoría, pues muchísimas personas dependen de la autosuficiencia alimentaria”.

El gran problema de la investigación en modificación genética de las plantas y animales, indica, es que “se legaliza la apropiación privada de la vida; ocurre con los organismos genéticamente modificados y con los no modificados a través de las multinacionales”.

Añade que los corporativos se apropian de la información genética y del conocimiento tradicional que poseen las comunidades sobre la flora silvestre, “las manipulan genéticamente y registran las patentes como propiedad intelectual privada. Estamos ante la apropiación privada de la biodiversidad, y cuando crean un organismo transgénico nos preguntamos: ¿la naturaleza puede pertenecer a alguien? La naturaleza es un patrimonio de la humanidad; no puede convertirse en mercancía”.

Otro riesgo de los organismos genéticamente modificados es que al extenderse como monocultivos acaban con la biodiversidad local. “Ahí radica la bioesclavitud, que sería una forma disfrazada del libre comercio”, explica.

El informe GEO 2007, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte que el riesgo “en la extracción de recursos naturales que se exportan a diferentes sitios para su procesamiento, más tarde vuelven a ser exportadas hacia sus lugares de origen, pero a un costo mayor para los pueblos originarios”.

México, cautivo

Gian Carlo Delgado cuenta que en la década de 1970, cuando el exsecretario de Defensa estadunidense Robert McNamara presidió el Banco Mundial (1968-1981) y promovió la llamada “revolución verde”, México admitió las semillas mejoradas. Entonces se afirmó que éstas aumentarían las cosechas de granos y erradicarían el hambre mundial.

En la “segunda revolución verde” (iniciada en la década de 1990), las trasnacionales –Monsanto, Novartis, AgrEvo, DuPont, Cargill– introdujeron el diseño genético de semillas estériles.

En América Latina el comercio extensivo de los OGM fue exitoso. Su consumo creció al grado de que la agencia aeroespacial estadunidense, alertó la tala en la zona amazónica, destinada a ese tipo de cultivo.

Negocio multimillonario

El estudio Resumen ejecutivo 37: situación global de los cultivos transgénicos/GM comercializados 2007, del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones agro biotecnológicas, indica que para ese año el valor global por la venta de transgénicos superó los 6 mil 900 millones de dólares, que representa 16 por ciento de los 42 mil 200 millones de dólares que ganó el mercado global de semillas en 2006.

El documento, elaborado por Clive James, detalla que, de esa cifra, 3.2 mil millones de dólares –47 por ciento del mercado global de cultivos transgénicos– son por maíz; 2.6 mil millones, 37 por ciento, por soya; 900 mil dólares, 3 por ciento, por algodón, y 200 mil dólares por canola o colza, planta oleaginosa.

Por división geográfica, esos 6.9 mil millones de dólares se distribuyeron así: 5.2 mil (76 por ciento) en países industrializados y 1.6 mil (24 por ciento) en países en desarrollo.

Agrega que 23 países sembraron cultivos transgénicos: 12 en desarrollo y 11 industrializados: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, India, China, Paraguay, Sudáfrica, Uruguay, Filipinas, Australia, España, México, Colombia, Chile, Francia, Honduras, República Checa, Portugal, Alemania, Eslovaquia, Rumania y Polonia.

De acuerdo con el estudio, en 11 años –de 1996, cuando comenzaron a comercializarse los transgénicos, a 2007– el valor global acumulado es de alrededor de 42 mil millones 400 mil dólares. Para 2008, “se proyecta un valor global de 7 mil 500 millones”.

Más aún, la multinacional estadunidense Monsanto elevó sus pronósticos para 2008, luego de triplicar en el primer trimestre fiscal su ganancia respecto del mismo trimestre del año anterior (256 millones de dólares). Su facturación aumentó 36 por ciento: 2 mil 100 millones de dólares.

El doctor Juan Navarro Pineda, de la Universidad Autónoma de Chapingo, explica que parte del superávit de las multinacionales agrícolas se debe a que financian las investigaciones y las hacen aparecer como propias. Para el académico, esas empresas se apropian de los conocimientos tradicionales en herbolaria de las comunidades y al patentarlas como marca, financian su inversión.

La voz de AgroBio

—Ésta es una industria nueva, con apenas 12 años. Pero en el futuro crecerá más –dice Fabrice Salamanca, director de la empresa AgroBio, que representa en México a las multinacionales agrícolas Bayer CropScience, Dow AgroSciences, Pioneer, Syngenta y Monsanto.

Lamenta que, ante la actual escasez de alimentos a nivel mundial y el incremento de precios, surjan problemas como el de Argentina: “Les quieren subir los impuestos a los agroproductores, porque venden como locos, pues se duplicó el consumo de alimentos y la producción no aumenta”.

El doctor en filosofía jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid dice: “¿Cómo se va a resolver esto, de que hay que darle de comer al mundo? Vamos a ver mucha más biotecnología agrícola en el futuro”.

Agrega que eso no quiere decir que va a desaparecer la forma tradicional de cultivo, porque siempre va a existir un mercado orgánico. Respecto a la Ley de Bioseguridad recientemente publicada en México, Salamanca considera que se trata “de una ley de avanzada, comparada con la que existe en Brasil, Argentina y Estados Unidos. Es una ley que se hace cargo del tema de bioseguridad, de monitorear lo que pasa y en el Reglamento se refleja”.

El representante de las firmas de semillas transgénicas y genéticamente modificadas confía en que la autoridad mexicana respetará los plazos que establece la ley. “Lo que no se valdría es que sea tan prohibitiva y que en lugar de seis meses sean 12, es muy precautoria: busca la bioseguridad pero no hay que perder la competitividad”.

Fabrice Salamanca reitera que la agenda de estos cultivos debe proponerla el gobierno mexicano. Aunque en América Latina se consume masivamente el frijol, no existe este cultivo transgénico, señala.

Considera que para cambiar el futuro agrícola de México, las instituciones educativas del país, junto con las autoridades, deben crear sus propias patentes y plantear el desarrollo de frijol transgénico “con Bayer, por ejemplo”.

—¿Ustedes cabildean en el Congreso y en el Ejecutivo?

—Es natural. Esa negociación y cabildeo se abrió para todo el mundo. Y el Congreso está abierto para cualquier tema porque negocia con las puertas y las ventanas abiertas. Las empresas quieren hacer negocio con la biotecnología aquí. ¡Claro que queríamos que saliera una ley!, como a la industria automotriz le importa la miscelánea fiscal.

—¿Los miembros de AgroBio ya tienen repartido su mercado en México?

—Están las empresas que compiten en el maíz, en soya y en algodón. En ciertos casos algunos están asociados, como los que tienen la patente del algodón resistente a una plaga y otros con el algodón resistente a otra plaga y acuerdan los préstamos de sus semillas para hacer una reforzada.

“Sin embargo, como en México no ha habido un uso extensivo comercial de este tipo de semillas (porque no se había publicado el Reglamento de la Ley de Bioseguridad), no había avance. Lo interesante va a ser que en la medida en que salgan productos para su comercialización habrá mayor competencia y eso va a bajar los precios para quienes directamente utilizan esta tecnología y para los que no la usan.

“Las empresas que producen abonos y pesticidas van a perder mercado y bajarán sus precios, y eso va a fomentar la competencia y la competitividad del mercado. Se abre un periodo interesante: ver competir a las semillas transgénicas con las demás”, concluye el director de AgroBio. (NE)

Los cabilderos

Las multinacionales de OGM practican una eficaz política de relaciones públicas a través de firmas como Burson-Marsteller (BM), experta en estrategias de comunicación social. BM contrarrestó los efectos negativos del mal de las vacas locas en Europa, defendió a la Exxon Valdez tras el derrame de petróleo en Alaska y a Union Carbide por el escape de gas letal que mató a 8 mil personas en Bhopal, India.

El sitio electrónico de BM, anuncia que su oficina en México se estableció desde 1985 y constituye la división más grande de la firma en América Latina.

“BM se especializa en administración de la percepción, mercadeo y negocios para negocios, pero también posee significativa experiencia en los campos de tecnología, telecomunicaciones, cuidado de la salud, asuntos públicos y administración de crisis”, dice en su página electrónica.

“Los profesionales de BM en México tienen extensa experiencia en áreas como mercadeo, gobierno y comunicaciones”, agrega. (NE)

Retrato de un gran negocio

La empresa de biotecnología agrícola Monsanto Company emplea a más de 15 mil personas en el mundo y sus utilidades anuales rebasan los 6 mil 400 millones de dólares. Su sede está en el 800 de North Lindbergh Boulevard en Saint Louis, Missouri. Tiene 380 oficinas en el mundo y controla el 90 por ciento del mercado de semillas genéticamente transformadas. Para el ejercicio 2007/2008, que termina el 31 de agosto, el líder global especializado en agricultura, biotecnología y semillas transgénicas percibirá beneficios por acción entre 2.50 y 2.60 dólares, una cifra superior a los 2.40 dólares que estimó inicialmente. (NE)

Privatización de semillas desplaza a campesinos

La Habana, Cuba. La producción de biocombustibles con alimentos amenaza con aumentar el hambre en el planeta, mientras que la apropiación de la semilla por empresas multinacionales constituye una grave amenaza para los pueblos subdesarrollados.

De hecho, el control de las trasnacionales sobre las naciones en vías de desarrollo se expande y consolida por medio de la propiedad de la simiente.

Todo crecimiento en el sector agrícola repercute favorablemente en la economía de un país y el acceso a la semilla es la garantía de la independencia, la alimentación y el sostén de ese desarrollo.

Campesinos y movimientos sociales libran, actualmente, una batalla contra el poder de las firmas trasnacionales, cuyos intereses están dirigidos a obtener el dominio del mercado agrario.

A ese fin sirven los acuerdos internacionales amparados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio (TLC), que denuncian las organizaciones sociales de todos los continentes.

Acuerdos bilaterales, regionales o continentales son los mecanismos utilizados para legalizar el dominio de la propiedad privada por encima del derecho de los Estados nacionales.

Híbridos

La guerra por la semilla comenzó en la década de 1990 en el mundo industrializado con el surgimiento de híbridos para un cultivo tan difundido y necesario para muchos pueblos como es el maíz.

Con la creación de nuevas variedades en esa gramínea originaria de la América tropical se buscaba una mayor productividad a partir de la unión de especies distintas en un alimento básico para la humanidad.

Los híbridos dieron lugar a una industria de semillas y ésta a un mercado dominado por las multinacionales del agro, del que obtienen enormes ganancias, en especial en naciones subdesarrolladas.

Estados Unidos y otros países ricos permitieron entonces patentar genes obtenidos por medios artificiales y plantas genéticas modificadas.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio fue establecido por la OMC en 1999.

Una vez lograda la protección de las invenciones biotecnológicas en productos del sector agropecuario y de los procedimientos técnicos mediante las patentes, las corporaciones dieron un paso decisivo en el dominio del nuevo mercado.

Transgénicos

De esa forma se avanzó desde el control de los híbridos a otro más lucrativo: el de la semilla genética.

Lo extraordinario de todo esto es que inicialmente los estudios en la esfera de la simiente estuvieron a cargo de empresas estatales de varios países.

Pero las trasnacionales, por medio de licencias especiales, tuvieron a su disposición los estudios costeados en principio por los gobiernos.

Con el predominio de firmas poderosas en un mercado estratégico, los campesinos pierden espacio en las economías y se convierten en peones al servicio de las multinacionales.

Los movimientos sociales y campesinos de Latinoamérica y el Caribe luchan contra estas imposiciones, que pasan a ser serios obstáculos para la seguridad alimentaria de los pueblos.

De ese modo, la apropiación de la semilla híbrida y transgénica por una reducida elite de empresas privadas lleva al control de la industria de los alimentos, indican las organizaciones campesinas.

Basadas en sus experiencias, subrayan que la contaminación genética de los cultivos es irreversible y por tanto sin posibilidad de responder a un control, pues las semillas serán transgénicas.

Esa perspectiva significa, agregan, la pérdida para siempre del derecho a consumir alimentos libres de transgénicos.

La Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, celebrada en Cochabamba, Bolivia, en 2006, recalcó que no es posible con tal estado de cosas garantizar la soberanía y la seguridad en la alimentación.

La prohibición al desarrollo de semillas y de propias variedades y también la venta o preservación de la simiente, con la amenaza incluso de la cárcel, ya están vigentes en países de América Latina.

Incluso los contratos emitidos por las multinacionales indican la obligación de usar un herbicida u otro producto agroquímico específico, fabricado precisamente por la empresa propietaria de las semillas.

El costo de producción de las cosechas es cada vez más elevado para los pequeños agricultores, que piden entonces créditos a las grandes firmas, los que después les resulta difícil de pagar.

Tanto la simiente como otros medios subieron en los últimos años entre 20 y 50 por ciento en los países subdesarrollados, que los deben pagar más caros que los granjeros de los industrializados.

Acosados por las deudas, el alto costo del combustible y otros insumos, terminan por vender las tierras a empresas subordinadas a las trasnacionales, las que se encargan de ponerlas en explotación de cosechas transgénicas.

Finalmente, como ya está ocurriendo en algunas regiones de Colombia y otros países de América Latina, el campesinado pasa a sumarse a los numerosos desempleados de las ciudades. (Jaime Porcell, Redacción Económica de Prensa Latina)

Texto y fotos: Araceli López Islas

La crisis de la industria lechera afecta a 150 mil productores del estado de Hidalgo, en donde se localiza la que fuera la más importante cuenca de producción. La quiebra amaga luego de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN. Los productores, que están en el abandono, estiman que podrán mantener sus negocios sólo cuatro años más

Mientras que países como China hacen frente al encarecimiento mundial de alimentos con una política de autosuficiencia alimentaria a largo plazo, el gobierno de México abandona al campo y provoca la quiebra de sectores estratégicos, como el lechero, lo que conduce al país a una peligrosa dependencia alimentaria.

Tal es el caso de la crisis que padecen, desde 2005, los ganaderos de la cuenca lechera de Tizayuca, por lo que los propios ganaderos pronostican apenas cuatro años de vida a ese sector en Hidalgo.

La causa de este problema, argumentan los ganaderos, radica en el impacto de los bajos precios del lácteo en el mercado local, que ocasionaron ya una disminución del 25 por ciento en la producción y una pérdida del hato ganadero de 8 mil cabezas.

Las advertencias del Banco Mundial, en el sentido de que a causa del encarecimiento de los alimentos podría aumentar la pobreza y la malnutrición, perece no decirle nada al gobierno federal, el cual poco o nada ha hecho por revertir la crisis que vive el sector lechero, antes sustantivo para la economía nacional y estatal.

El Complejo Agroindustrial de Tizayuca (Caitza) ocupa alrededor de 120 hectáreas de terreno en los que se localizan 126 establos y un promedio de 25 mil vacas. Ahí trabajan 90 productores que generan alrededor de 2 mil 300 empleos directos y 7 mil 500 indirectos, cuya producción en conjunto alcanza los 500 mil litros de leche.

Esta cuenca fue creada durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), luego de que los productores de leche que operaban en el Distrito Federal fueron desplazados de la capital del país hacia otras zonas cercanas “por generar contaminación”. También llegaron a Tizayuca ganaderos de otras zonas productoras del país, sobre todo de los altos de Jalisco y de Zacatecas.

Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores, advierte que si el gobierno federal y los diputados no aceptan las propuestas de los ganaderos para rescatar a este sector, existe el riesgo de que –luego de la entrada en vigor de la última parte del capítulo VIII del apartado agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)– los ganaderos tengan que vender al gobierno esta cuenca estratégica.

González Muñoz explica que en los últimos dos años, casi 10 establos han cerrado y 20 más podrían ser abandonados en este año de 2008. Esta medida significaría un impacto negativo en la creación de empleos y producción lechera de la región, en virtud de que en cada centro de producción se tiene un hato promedio de 300 vacas.

Liconsa paga mal

El problema que comparten todos los productores lecheros del país, coincidieron en señalar el presidente de Caitza, Javier Jiménez González, y Álvaro Muñoz en entrevistas por separado, radica en los bajos precios del producto.

Actualmente la empresa paraestatal Liconsa paga cuatro pesos por el litro de leche a los ganaderos, mientras que su costo de producción oscila entre los cuatro pesos con 60 centavos y cinco pesos. Esto significa que un ganadero promedio de la cuenca de Tizayuca registra una pérdida diaria de 5 mil pesos.

Por otra parte, a este panorama desolador de la industria se suman: los altos costos de los alimentos para el ganado, la importación del 40 por ciento de la leche que requiere el país y la falta de créditos que desde hace tres años han ocasionado que los ganaderos estén al borde de la quiebra.

“Nosotros llevamos cinco años pidiendo un acuerdo nacional y no hemos sido escuchados. En este país parece que los productores de leche somos indefendibles y de no llegar a un acuerdo con las autoridades estamos por desaparecer antes de cuatro años: verdaderamente ya no aguantamos”, lamenta el presidente de Caitza.

“No es posible que a los consumidores se les haya incrementado en dos ocasiones el precio de la leche y a nosotros no se nos ayude, sólo a los industriales”, agrega Javier Jiménez. Asegura que con los incrementos que ha tenido el lácteo, los industriales obtuvieron una ganancia de tres pesos, en tanto que las tiendas obtuvieron un peso por cada litro.

Este incremento de los costos y la falta de ayuda gubernamental, obligó también a algunos productores a vender su producción a los fabricantes de queso, quienes sólo pagan a tres pesos el litro. “Es un producto que vale seis pesos y algunos compañeros lo dejan en tres pesos por la desesperación”, dice Jiménez González.

El representante de los lecheros señala que por una mala política del gobierno –que avalaron los diputados federales–, Liconsa dejó de pagar a seis pesos el litro de leche, para sólo ofrecer cuatro pesos por litro. Asegura que la repercusión de esta medida fue inmediata: se canceló la importación de ganado procedente de Estados Unidos y Canadá y esto impactó en la calidad del hato ganadero.

Los apoyos que el gobierno de la entidad ha ofrecido a la cuenca, explica, han sido insuficientes. Tal fue el caso de la planta del grupo Real de Tizayuca destinada a “salvar” a los ganaderos porque permitiría la comercialización del producto; sin embargo, no cumplió con las expectativas que generó en el sector porque la leche envasada en cajas tipo tetra pack no fue aceptada en los centros comerciales.

“Sufrimos discriminación en las tiendas, muchas no quieren aceptar el producto y argumentan que se trata de una marca nueva que no tiene impacto en la población, pero nosotros tenemos la leche de mejor calidad, tanto que vendemos a firmas como: Lala, Santa Clara y Alpura, por lo que necesitamos que las cajas de leche se expendan en todo el país”, refiere el líder.

TLCAN, desleal

Tras la entrada en vigor de la primera parte del capítulo VIII del TLCAN, en 2004, los ganaderos y productores de leche mexicanos perdieron el 30 por ciento del mercado nacional. Además, esos lecheros señalan que el precio con el que entra la competencia extranjera es menor al de producción de los lecheros nacionales, lo que ya provocó pérdidas colosales para lecheros primarios del país.

En contraste, los productores de Estados Unidos reciben grandes apoyos para la producción del lácteo. Datos proporcionados por los lecheros locales estiman que por cada dólar que México destina a sus agricultores, Estados Unidos destina 6.6 dólares. Además, en nuestro país se recibe apenas una décima parte o menos de esos apoyos que, además, no son generalizados en virtud de que llegan a muy pocos productores pequeños.

Cabe señalar que los programas Alianza para el Campo y Procampo son muy limitados, no llegan a todo el sector agrícola y mucho menos al agropecuario. “A nosotros nunca nos ha llegado ningún tipo de apoyo y es que a los pequeños productores ni caso les hacen”, declara el productor Alejandro Hernández.

“Hay muy pocos apoyos y cuando llegan a un productor pequeño, éste tiene que buscar el de los productores ricos para reunir el capital necesario, pues el gobierno sólo te apoya con un 50 por ciento y el otro 50 por ciento lo tienes que poner tú, por lo que los apoyos siempre caen en manos de las grandes empresas como Alpura, Lala, Danone”, comenta.

Algunos podrían pensar que los productores de leche del país no están capacitados, pero “¿cómo quiere el gobierno que estemos capacitados si no nos ayudan en nada y la verdad no tenemos recursos económicos para hacerlo y lejos de ayudarnos nos ponen cada vez más trabas que nos limitan el trabajo?”, pregunta el productor Alejandro Hernández.

Entre los productores especializados, los únicos con capacidad de competir son los que están integrados en grupos como Lala, Alpura, Danone y Santa Clara, entre otros, pero se habla de no más de 5 mil o 10 mil. El resto carece de toda posibilidad de competir debido a su falta de capacitación y principalmente porque carecen de los recursos económicos necesarios.

La apertura comercial a partir del TLCAN y la reducción gradual en la importación de polvos y lactosueros trajo consigo la expansión de fórmulas lácteas que se venden como si se tratara de leche genuina en el mercado nacional. Esta información engañosa sobre la naturaleza real del producto constituye una competencia indigna con la leche legítima que es producida en el país, argumentan los lecheros.

La quiebra

Desde hace 14 años, tras la firma del acuerdo trinacional de libre comercio, los pequeños productores de leche que no pudieron competir por falta de rentabilidad, fueron obligados a abandonar la actividad y a emplearse como mano de obra en otras empresas. Esta situación tuvo otra faceta lamentable: la migración hacia las ciudades en busca de un mejor empleo.

Las autoridades deberían brindar apoyos, de lo contrario, los pequeños productores de leche dejarán de realizar su trabajo y no podemos dejar que los ganaderos se vayan a la quiebra. “Si el gobierno no reorienta la política económica del sector lechero vamos más de 150 mil productores directamente al fracaso”, considera el presidente del Frente Nacional de Productores de Leche, Álvaro González Muñoz.

Otra medida que contribuyó a afectar al sector ganadero fue la indiscriminada importación de fórmulas lácteas. El aumento en el consumo de estos sustitutos lácteos dejó atrás la producción y fomento al consumo de la leche vacuna, que de acuerdo con normas internacionales es considerada como uno de los alimentos más completos por su alto porcentaje de nutrientes.

La leche es muy rica en proteínas –que a su vez contienen gran cantidad de aminoácidos esenciales para la vida– por lo que a nivel mundial se considera a este producto como el alimento ideal y necesario para la alimentación de infantes y adultos, además de que se puede consumir ya sea en forma fluida o en una amplia gama de derivados.

Aunque esta emulsión ha sido históricamente un producto vital para la alimentación del ser humano, tras la indiscriminada apertura de las fronteras de México fue sustituida por las fórmulas lácteas que proceden de corporativos extranjeros (suizos y estadunidenses en su mayoría).

“Entran preparaciones alimenticias, sueros, una serie de porquerías que son vendidas a los consumidores como productos que parecen ser naturales y ciento por ciento puros”, dice Álvaro González Muñoz.

Esa importación masiva trajo consigo un efecto devastador para la producción nacional y de las regiones lecheras: que la mayoría de los pequeños productores tengan que abandonar la actividad debido a que ya no les resulta redituable, pues los costos de producción son mayores al precio en que se ven obligados a vender la leche.

Rubén Darío Betancourt: fotos

Sin subsidios suficientes y con altos costos de producción, los campesinos zacatecanos –otrora principales productores de frijol en el mundo– languidecen entre campos abandonados. A 14 años de la entrada en vigor del TLCAN y luego de la aplicación del capítulo agropecuario –a partir de enero de 2008– la mayoría ha dejado sus unidades de producción para migrar a Estados Unidos.

San Marcos, Zacatecas. Jerónimo González es jornalero desde hace varias décadas y alquila su mano de obra para trabajar en los campos frijoleros de Zacatecas. A sus casi 60 años, sus riñones y columna vertebral se han deteriorado: el ajetreo del tractor que maneja le ha afectado.

Hace unos meses enfermó de neumonía. Pasó cuatro días en cama, pero no pudo descansar un día más: sin trabajo no hay salario que cobrar.

Gana 100 pesos diarios. Aunque está afiliado al Seguro Social, cuando enferma no hay incapacidad que cobrar y los gastos de medicamentos que no tiene la institución corren por su cuenta. “El dinero no alcanza para sostener a la familia, no siempre hay para comer carne. Necesitamos una alimentación que ayude más al estudio de los hijos, sopa y frijoles no es suficiente”, dice.

Él ya no ve esperanzas en el sector agropecuario de su estado. No le falta el trabajo pero sabe que poca es la gente que puede desempeñarse en él. “Zacatecas se está quedando solo”, lamenta Jerónimo, pues los hombres se alejan de uno de los sectores que hace varias décadas fueron productivos. Toda su familia ahora trabaja en Estados Unidos. La migración es la única opción que tienen.

Sin presas ni sistemas de riego, los trabajadores del campo zacatecano dependen de la lluvia. Si ésta se da, pueden contar con que habrá cosecha para vender; de lo contrario, esperarán otro año para recoger el fruto de su trabajo.

De acuerdo con el estudio La competitividad del frijol en México, realizado por los investigadores Alma Velia Ayala Garay, Rita E. Schwentesius Rindermann y Gustavo Almaguer Vargas, de la Universidad Autónoma Chapingo, la producción de frijol en México tiene un balance negativo desde 1980. El deterioro se acentuó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El estudio señala que mientras Estados Unidos produce en promedio 1.6 toneladas por hectárea, en México el promedio es de 731 kilogramos por hectárea. “De este modo, los productores de Estados Unidos incursionan en el mercado mexicano con ventajas competitivas, a pesar de la distancia de sus zonas de producción con los principales mercados en México”.

Los daños

Considerado como un cultivo estratégico para México, el frijol ocupa el segundo lugar en la canasta básica de los mexicanos y en su cultivo a nivel nacional, con un promedio de siembra de 1.85 millones de hectáreas, en la que se desempeñan 570 mil productores.

Anualmente, indica el estudio elaborado por los especialistas en problemas económico-agroindustriales, su producción es de 1.31 millones de toneladas, con un valor de 7.5 mil millones de pesos, y genera un total de 76 millones de jornales, que equivalen a 382 mil empleos permanentes.

No obstante la importancia del frijol, México dejó de ser un país autosuficiente en su producción, y desde la década de 1980 comenzó la dependencia de los productores estadunidenses.

El análisis comparativo elaborado por los investigadores agrónomos indica que en 1966 se vendieron al mercado externo 102 mil toneladas de frijol, y todavía en 1978, 130 mil; “sin embargo, a partir de la década de 1980, México se convirtió en importador y actualmente es el sexto país que más compra en el mercado internacional y es Estados Unidos su principal abastecedor”.

A ello se suma que los campesinos en México enfrentan diversos problemas, como los altos costos de producción y un deterioro continuo de los precios reales del producto, pues “entre 1980 y 2005, el índice de precios de insumos para su producción creció a una tasa promedio anual de 30.44 por ciento, mientras que el índice de precios de frijol al productor decreció en 2.1 por ciento, y los rendimientos apenas aumentaron 0.4 por ciento, lo que implica una reducción en la rentabilidad del producto”.

Entre los problemas que destacan los académicos es que “la falta de competitividad del frijol mexicano se ha acentuado por la desaparición de los esquemas estatales de comercialización que se seguían con la Conasupo (la estatal Compañía Nacional de Subsistencias Populares), dejando un vacío en la fijación del precio y en la regularización del mercado.

“La desigualdad en la estructura de los costos es un reflejo de las diferencias tecnológicas, agroecológicas y económicas entre ambos países. La falta de crédito agrícola, seguro, sanidad vegetal, el uso inadecuado de insumos y la no utilización de semilla certificada están logrando una descapitalización de los productores mexicanos, ya que, en promedio, los productores de frijol en México obtienen 169 pesos por tonelada; mientras que los de Estados Unidos 1 mil 62 pesos por la misma producción”.

Desolación zacatecana

Jaime Pineda ha sido migrante en Estados Unidos, y apenas hace un par de años regresó a Zacatecas para conocer a su hija, la más pequeña. No ha pasado ni un año desde su estancia en el país cuando ya piensa regresar a los campos estadunidenses para dedicarse a la pizca de fresa.

Y es que en su estado natal no tiene recursos suficientes para mantener a su esposa y sus dos hijos. “Allá gana uno en un día lo que aquí en cuatro”, dice. El sector agropecuario zacatecano apenas rinde para comprar algunos alimentos, pero no costea otras necesidades básicas, como la atención médica y la educación, explica el joven de 29 años, quien dejó la escuela a los 12 para comenzar a trabajar.

El estudio Globalización y migración, del investigador Víctor Corona Loera, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dice que de 1970 a 2000 dejaron la entidad 704 mil 668 habitantes.

Ante la problemática que enfrenta el agro zacatecano, los productores de frijol del estado se aglutinaron en 1991 en la Integradora de Productores de Frijol de Zacatecas, que agremia organizaciones que estaban constituidas en cooperativas y sociedades de solidaridad rural.

Gregorio Sandoval, representante de la integradora, explica que tuvieron la necesidad de organizarse desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque en el Plan Nacional de Desarrollo la estrategia del estado era retirar el apoyo al campo con la desaparición de Conasupo.

Desde 1994, dice el ingeniero agrónomo, el esquema ha sido desfavorable para los productores de frijol porque se retiraron todos los recursos, no hay financiamiento suficiente y tampoco experiencia en la comercialización.

“Como organización hemos buscado alternativas, y a través de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadores del Campo constituimos un brazo financiero para buscar recursos porque los bancos no nos otorgan créditos por tener terrenos ejidales, no los toma el banco en garantía”, dice.

Nosotros creemos que el sector agropecuario fue sacrificado en el TLCAN y “la evaluación de los impactos en la lucha económica es el recuento de los muertos. Nada más hay que ver la migración, el crecimiento de la pobreza y la desintegración familiar que ha dejado”, concluye.

El frijol en números

Toneladas por hectárea en EU: 1.6

Toneladas por hectárea en México: 0.731

Hectáreas sembradas en México: 1 millón 850 mil

Producción anual en México: 1. millón 310 mil toneladas

Familias que dependen de la producción de frijol en México: 570 mil

Toneladas que México importaba en 1978: 130 mil

Año desde el cual México importa: 1985

Ganancia por tonelada sembrada en México: 169 pesos

Ganancia por tonelada sembrada en EU: 1 mil 62 pesos

Fuente: La competitividad del frijol en México