Debido a que cada vez se incrementa más la esperanza de vida en México, se tiene que trabajar en la prevención de enfermedades de los adultos mayores para que tengan un envejecimiento más sano, sin discapacidades o dependencia, afirmó la secretaria de Salud, Mercedes Juan.

Ante el cambio demográfico que vive el país, resultado del aumento de la esperanza de vida, es indispensable delinear las acciones a seguir para atender las necesidades de salud que demanda este sector de la población, dijo la funcionaria al inaugurar los trabajos del “Foro Envejecimiento y Salud: Investigación para un Plan de Acción”

Por ello, el objetivo del foro es integrar las propuestas al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa de Salud 2013-2018 para mejorar la atención, el acceso y la calidad de los servicios de salud para los mayores de 60 años.

Garantizar servicios de salud de calidad y con oportunidad para la población mayor de 60 años implica la coordinación del Sistema Nacional de Salud, así como la colaboración y corresponsabilidad de todos los sectores, señaló.

La secretaria de Salud destacó el impacto económico en las familias que representa un adulto mayor, ya que consume 50 por ciento más de los recursos en salud, debido a la presencia de patologías crónicas que presentan las personas de este grupo de edad.

Insistió en la necesidad de promover la prevención de las enfermedades a través del fomento de estilos de vida saludable, hábitos de alimentación sana, actividad física y el fortalecimiento de la atención primaria.

También mencionó la necesidad de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles que se presentan en los adultos mayores como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, cáncer de próstata, cáncer cérvico-uterino, hepatitis.

Crece la población de adultos mayores

El director general del Instituto Nacional de Geriatría, Luis Miguel Gutiérrez Robledo, señaló que en México hay 11 millones 200 mil adultos mayores, y se prevé un crecimiento de 3.8 por ciento anual, lo que significará un incremento de más de 18 millones de personas de esta edad para el 2050.

Dijo que es el momento oportuno para tomar acciones en este rubro, ya que en la actualidad 27 por ciento de los mayores de 60 años presentan una discapacidad y de ellos sólo 5 por ciento son totalmente dependientes.

Mientras que 20 por ciento se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad o fragilidad, que se debe atender, ya que de no hacerlo podrían llegar a ser dependientes, afirmó el especialista.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el establecimiento de políticas de salud de envejecimiento sano y activo se logra una reducción de hasta 30 por ciento en el gasto en salud.

Especial/Secretaría de Salud

La diabetes representa una emergencia para el Sistema Nacional de Salud, por lo que se deben implementar acciones para realizar un diagnóstico temprano y evitar complicaciones, afirmó la Secretaria de Salud, Mercedes Juan.

Al participar en la ceremonia de inauguración del Primer Foro de Diabetes de la Ciudad de México, convocado por organizaciones civiles y el gobierno de la Ciudad de México, la titular de Salud puntualizó que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y la Diabetes, se prevé la reorientación del Sistema de Salud con el fin de lograr, en el corto plazo, la portabilidad y convergencia, así como elevar la calidad de los servicios.

El acto se realizó en la Antigua Escuela de Medicina donde se dieron cita el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles; la Representante de la OPS/OMS, Maureen Birmingham; el secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Armando Ahued y Lars Rebien Sorensen, presidente y CEO de Novo Nordisk.

Ante representantes de asociaciones civiles, jefes delegacionales, Secretarios de Salud Estatales y  reconocidos comunicadores, la Secretaria de Salud exhortó a los asistentes a trabajar en el fortalecimiento de una cultura de la prevención de obesidad y diabetes, la cual se puede lograr a través del establecimiento de hábitos saludables como la buena alimentación y activación física.

Aunado a ello, anunció que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición “Salvador Zubirán” elabora un Plan Estratégico del Paciente Diabético, que tiene como fin brindar una atención integral a estos enfermos. La idea, dijo, es que una vez que se concluya este modelo de atención, se replique en todo el país.

Comentó que se estudia conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, la posibilidad de la inclusión de una materia de salud en el Plan de Estudios de  Educación Básica.

En su oportunidad, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, indicó que la diabetes es un padecimiento silencioso que afecta a un amplio sector de nuestro país, causa ceguera, amputaciones de miembros inferiores y enfermedades renales, por ello una de las tareas principales del gobierno de la Ciudad de México es la prevención.

Destacó la creación del Centro Especializado en manejo de Diabetes, que tuvo una inversión de 18 millones de pesos y donde colaboraron  expertos internacionales para su diseño.

Detalló que otra de las estrategias para la prevención es la instalación de 250 gimnasios al aire libre para fomentar la actividad física.

Por su parte, Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud del Distrito Federal, señaló que para contener el problema de la diabetes en nuestro país, el gobierno de la ciudad trabaja en tres estrategias fundamentales que son: llevar los programas de promoción de la salud a todos los rincones de la ciudad, atender de manera oportuna e integral a los pacientes diabéticos y fomentar la sinergia de acciones y aplicaciones de recursos de los sectores público, privado y social. Mencionó que la diabetes afecta a casi 650 mil capitalinos y constituye la principal causa de muerte prematura. Finalmente, informó que el 37 por ciento de las defunciones por diabetes ocurre en edad productiva y afecta por igual a hombres y mujeres.

Al acto asistieron el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Mikel Arreola; el director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición “Salvador Zubirán”, David Kershenobich y la periodista Lolita de la Vega, quien padece esta

La cadena Domino’s Pizza se sumó al movimiento social “Va por mi cuenta”, el cual atiende a niños que padecen pobreza alimentaria en México a través de comedores.

La Fundación Alsea A. C. respalda este movimiento al que convocó a Domino’s Pizza para contribuir a que niños vulnerables tengan acceso a una buena nutrición.

A través de este movimiento se han abierto dos comedores, que han servido más de 28,000 comidas, gestionadas por su socio operativo Comedor Santa María, A. C. Estos comedores se ubican en Metepec y Valle de Chalco, Estado de México.

Se espera que en los próximos cinco años, el movimiento alcance una recaudación mínima de aproximadamente 100 millones de pesos para la construcción y operación de 10 comedores infantiles.

Para lograr la meta de este movimiento, el operador de restaurantes Alsea, a través de Fundación Alsea, A. C., cubrirá el monto de la construcción de los comedores y las marcas que se sumen, incluyendo a Domino’s Pizza, recaudarán los fondos necesarios para su operación.

Existen diversas formas para ser parte de “Va por mi cuenta” a través de Domino’s Pizza. Al realizar un pedido, ya sea en el restaurante, por teléfono o vía internet, cada cliente podrá colaborar al sumar cinco pesos o más al total de su cuenta a partir del 6 de marzo de 2013.

Otra forma es ordenar el “producto con causa”, -Canelazo bites-, con el cual Domino’s Pizza aportará un porcentaje de la venta a este movimiento.

El actor Alfonso Herrera es el vocero de esta campaña que busca contribuir a erradicar la desnutrición en México.

La minera canadiense Fortune Silver obtiene ganancias millonarias con la extracción de oro y plata de uno de los municipios más pobres del país. Al erario deja sólo el 5 por ciento de lo que podría obtener con las ventas de oro en el mercado. Con ella, una lista de 302 trasnacionales que exploran y explotan los recursos minerales del país

San José del Progreso, Oaxaca. La minera Fortune Silver extrae del territorio mexicano 495 mil 177 onzas entre oro y plata anuales, aproximadamente. Esta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional.

La empresa, que inició operaciones de extracción en uno de los municipios más pobres del país, paga anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, dice en entrevista con Fortuna Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de administración y finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortune Silver.

El Reporte Anual 2011 de la empresa canadiense indica que la producción total del metal para ese mismo periodo, iniciada en septiembre de 2011, fue de 490 mil 555 onzas de plata y 4 mil 622 onzas de oro.

De acuerdo con el Banco Base, institución privada mexicana con sede en Canadá, la cotización por cada onza de oro es de 674.01 dólares, en tanto que la plata tiene un precio de 30.36 dólares, al finalizar 2012.

Con estas valoraciones, Fortune Silver podría obtener 3 millones 115 mil 274.22 dólares por la venta de oro, que significan unos 39 millones 688 mil 593 pesos (con 12.74 pesos al tipo de cambio registrado por el Banco de México al 3 de enero de 2013); y 14 millones 893 mil 249.8 dólares de plata, es decir, unos 189 millones 740 mil 2 pesos. Los 2 millones de pesos que entran al erario por pago de derechos representan sólo el 5 por ciento del total extraído con respecto, únicamente, del metal amarillo.

Las desigualdades

En marzo de 2012, la revista Contralínea (edición 274) documentó que “trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país “derechos” por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de México más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”.

Además de que durante las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa fueron concesionadas 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria, lo que significa más de una cuarta parte de la superficie de la nación (Contralínea, 268).

El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, de la recién saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora.

“Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías”.

Presencia en México y Oaxaca

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortune Silver es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país.

El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de esta dependencia, muestra que otras firmas con capital de origen canadiense son: Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, entre otras.

Del Sistema Integral Sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 34 los proyectos en todo el estado, reconocido también como el cuarto lugar en extrema pobreza del país.

De dicho listado –elaborado por la dependencia encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se infiere que en ese estado el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses y el resto, con origen en Estados Unidos. Fortune Silver opera en San José, en fase de producción, y Tlacolula, en exploración, ambos municipios con oro y plata.

En el ámbito social, la canadiense ha provocado inconformidad en las poblaciones donde opera, lo mismo en Arequipa, Perú, que en San José del Progreso, Oaxaca.

Pobladores de este municipio vinculan la presencia de la minera con la muerte de cuatro personas. Dos de ellas, opositores a la presencia de la mina por la contaminación que genera y por no consultar a la comunidad indígena zapoteca que ahí habita. Sus nombres: Bernardo Méndez Sánchez y Bernardo Vázquez Sánchez, este último asesinado mientras conducía su vehículo, a pocos metros de entrar en su municipio.

La defensa empresarial

Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortune Silver, asegura en entrevista con Fortuna que es una empresa comprometida socialmente, que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.

Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (outsourcing).Esta situaciónlos desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.

Agrega que en 2012 dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores.

El representante de Cuzcatlán destaca que ellos trabajan con “buenas políticas ambientales, de seguridad laboral y de relaciones con las comunidades”; así como los valores por los que se rigen:

Salud y seguridad: “No toleraremos actos y/o condiciones de inseguridad”.

Medio ambiente: “Seguimos los más altos estándares ambientales”.

Vecinos: “Respetamos la diversidad cultural y trabajaremos como socios estratégicos con nuestras comunidades vecinas”.

Excelencia: “Buscamos los más altos estándares y mejores prácticas”.

Integridad: “Actuamos de acuerdo a nuestra filosofía”.

Violatoria de derechos humanos, la pobreza en México es un flagelo insuperable. Las cifras muestran que hay 28 millones de personas sin acceso a la alimentación, la mayoría en el sector rural y de origen indígena. En tanto, 81 millones de mexicanos padecen por lo menos una carencia social: salud, educación, vivienda o seguridad social.

Las cifras que revelan la miseria del país varían de acuerdo con los índices de medición a los que se haga referencia. Si se habla de Atención a Zonas Prioritarias, los números llegan a más de 800 municipios; pobres extremos, 11.7 millones de personas; pobres moderados, 52 millones de mexicanos; sin acceso a la alimentación 28 millones, y 81 millones de personas con al menos una carencia social.

Mientras los índices de desarrollo humano al principio de la administración de Felipe Calderón indicaban que había 11 demarcaciones en el país en condiciones de vida similares a los del África Subsahariana, a finales de su mandato se reportan 125 como los municipios más marginados.

Esto, pese al depósito millonario de recursos en el programa Oportunidades (principal en el combate a la pobreza) con 162 mil 893 millones 320 mil pesos en este sexenio y una deuda con el Banco Mundial enfocada en proyectos de combate a la pobreza por 45 mil 486 millones.

En su último Informe de Gobierno, Felipe Calderón Hinojosa presume que “el gobierno federal, a través de su política social encaminada a combatir la pobreza, promueve acciones dirigidas a superar las barreras que limitan las oportunidades de las personas y les impiden dejar su condición de rezago. Así, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades –cuyos recursos se incrementaron durante cada año del sexenio– ha coadyuvado a que las familias en condición de pobreza y marginación mejoren su bienestar a través de apoyos para la formación de capital humano”.

En la Iniciativa de Apoyo Integral para la Superación de la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el gobierno federal acepta que no obstante los “esfuerzos” realizados a través de programas gubernamentales, de la sociedad civil, empresas y fundaciones, no se ha logrado superar la pobreza en el país.

El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México –publicado a principios de este sexenio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– indica que en “México viven un gran número de pueblos y comunidades indígenas que han logrado preservar su identidad y su lengua. Sin embargo, se han caracterizado por ser el grupo poblacional con mayor rezago y marginación. Su situación no sólo se debe al acceso diferenciado que han tenido a los bienes públicos, sino también a la discriminación y exclusión de las que han sido objeto”.

Las carencias de los mexicanos

Informes oficiales evidencian que en México hay 28 millones de personas que no tienen acceso a la alimentación, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Casi una cuarta parte del país no tiene ni para comer.

La Medición de pobreza 2010 a nivel nacional del Conevalindica que durante 2008 había 23.8 millones de personas sin acceso a la alimentación. Es decir, el 21.7 por ciento de la población. Para la última medición en el sexenio de Felipe Calderón, 4.2 millones de mexicanos se sumaron a este rubro. Con ello, el 24.9 por ciento de la población tiene dificultades para conseguir qué comer.

Además, 35.8 millones de mexicanos carecen de servicios de salud y representan el 31.8 por ciento de la población. Según el organismo público, este porcentaje se redujo en nueve puntos al pasar de 44.8 millones (40.8 por ciento) a los más de 35 millones.

El rezago educativo en México lo padecen más de 23 millones de personas. El informe muestra que bajo esta situación había 24.1 millones de personas (21.9 por ciento) en 2008. La cifra disminuyó en 0.9 por ciento al llegar a 23.2 millones en 2010.

En el rubro de “carencia en el acceso a la seguridad social” se encuentran 68.3 millones de mexicanos. Las cifras reportadas para 2008 muestran que para este periodo se registraban 71.3 millones.

El acceso a los servicios básicos de la vivienda está limitado para 18.5 millones de mexicanos. Según el Coneval, los registros oficiales en 2008 eran de 21.1 millones de personas. En tanto, la “carencia en el acceso a la calidad y espacios de la vivienda” la toleran 17.1 millones de mexicanos.

El organismo público que depende de la administración federal enfatiza que la pobreza extrema se incrementó en tan sólo dos años en casi dos puntos porcentuales. “Entre 2008 y 2010 la población en pobreza pasó de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, lo que representa un incremento de 48.8 a 52 millones de personas. En el mismo periodo, la población en pobreza extrema pasó de 10.6 por ciento a 10.4 por ciento; en términos del número de personas en situación de pobreza extrema, éste se mantuvo en 11.7 millones”.

Fracaso de Oportunidades

Julio Boltvinik Kalinka, profesor e investigador en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex), asegura que al gobierno de Felipe Calderón no le interesó atender el tema de la pobreza.

El doctor en ciencias sociales critica al principal programa de combate a este flagelo: Oportunidades, operado por la Sedesol, ya que fue pensado para que los niños y jóvenes alcanzaran niveles educativos más altos con las becas que da el programa, pero sin acceso al mercado laboral una vez terminados los estudios.

“Las familias pueden recibir más de 2 mil pesos al mes.           Una cifra sustancial, con un apoyo alimentario muy bajo. Les dan un poco de acceso a la salud en el medio rural porque incluye un paquete de medicamentos. Con esta idea se planeó el programa que propone que estudiando más los jóvenes ya no serían pobres, pero a los 10 años de evaluación los resultados son terribles”, explica.

Para Julio Boltvinik Kalinka no basta con aumentar los índices en educación, salud y alimentación; es muy importante que la economía crezca y ofrezca empleos bien remunerados. “Debe haber auge en la actividad agropecuaria. Si no hay apoyo para sembrar, riego y todo lo que antes hacía el mexicano en el medio rural, cómo va a prosperar la agricultura, sector en donde se encuentran los más pobres del país. Hay una crisis acompañada por el desinterés del presidente de la República en el tema de pobreza”.

Aumento de la pobreza

Un estudio realizado por el doctor en ciencias sociales, en conjunto con un equipo de investigadores, evidencia que el 81 por ciento de la población se encuentra en algún nivel de pobreza.

El documento Evolución de la pobreza y la estratificación social en México y el Distrito Federal 1992-2010 expone que con datos proporcionados por el Coneval y resultado de la intersección de la pobreza multidimensional de 46.2 por ciento, el 74.9 por ciento por Necesidades Básicas Insatisfechas (que ahora se llaman “con una o más carencias sociales”) y 52 por ciento “con ingreso inferior a la línea de bienestar, la pobreza definida según el criterio de unión, daría 81.7 por ciento de pobreza. De ahí resulta que sólo 18.3 por ciento de la población no es pobre multidimensional y tampoco es vulnerable.

Además, hace una comparación porcentual del incremento de pobreza en los últimos dos sexenios, de lo que resulta que “la pobreza de patrimonio de la metodología aplicada durante el gobierno de Vicente Fox que era de 53.1 por ciento de la población en 1992, y similar en 1994 (52.4 por ciento), aumenta bruscamente con la crisis de 94-95 [sic] hasta 69 por ciento en 1996 (casi 17 puntos porcentuales); baja después casi continuamente hasta 2006 en que llega a 42.6 por ciento, casi 26 puntos porcentuales menos, pero repunta en 2008 a 47.4 y a 51.3 por ciento en 2010 (un repunte en cuatro años de casi nueve puntos porcentuales), por lo cual en 2010 su nivel es sólo 1.8 puntos porcentuales menor que en 1992 (3.4 por ciento menos)”.

El investigador enfatiza que en el periodo 2000 a 2006, la pobreza patrimonial en el medio rural bajó 14.5 puntos porcentuales (de 69.2 por ciento a 54.7). Fue una baja “espectacular” para el periodo, dice.

Sin embargo le siguió un aumento durante 2004-2010, al pasar de 41.1 por ciento en 2004 a 45.5 en el medio urbano, y de 54.7 a 60.8 en las zonas rurales. El alza, expone la investigación, se encuentra asociada al alto incremento en losprecios de los alimentos.

Pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial

El Coneval también demuestra el incremento de la pobreza en este sexenio, a través de su medición: alimentaria, de capacidades y patrimonial. El aumento fue de hasta 6.5 millones de personas en el primer rubro.

De las personas que no tienen ingresos para adquirir sus alimentos, el organismo de la administración federal registró en 2006 a 14.7 millones de mexicanos, cifra que saltó a 21.2 millones en 2010.

La “pobreza de capacidades” –insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación– pasó de 22.1 millones de mexicanos en 2006 a 30 millones en 2010.

En tanto, la “pobreza patrimonial” –sin recursos para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación– registró en 2006 a 45.5 millones de personas a 57.7 millones en 2010.

Hans Georg Petersen, académico de la Universidad de Potsdam, Alemania, asegura que “la pobreza es una violación de los derechos humanos y eso significa, en el contexto global, que todos tenemos la obligación de combatirla, en especial si los ciudadanos están viviendo en países ricos”.

Programas oficiales paliativos de la pobreza

Según el capítulo “Igualdad de Oportunidades” del Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “la política social de esta administración ha tenido como principal objetivo erradicar la pobreza extrema en nuestro país y cerrar las brechas de la desigualdad”.

El último informe presidencial panista asegura que esta administración ha ampliado y reforzado programas sociales que han tenido un impacto positivo a través de la asignación de mayores recursos. Dentro de estos programas destacan: Oportunidades, Seguro Popular de Salud, Programa de Apoyo Alimentario, Becas para Educación Superior, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Programa de Abasto Social de Leche, Programa de Abasto Rural, entre otros.

Araceli Damián González, investigadora por El Colegio de México, dice que en realidad la política que siguió el PAN (Partido Acción Nacional) es la continuación de lo que habían realizado los gobiernos priístas: “un esquema en el que el Estado se coloca como un proveedor de mano de obra barata”.

Lo anterior ocurre al establecer en su prioridad: dar educación básica, un nivel mínimo de salud, alimentación, tratar de incorporar a los pobres extremos al mercado laboral con salarios muy bajos, una pérdida del poder adquisitivo muy fuerte. La especialista advierte que esta situación se va a agravar por el aumento de los precios de los alimentos. Y continúa:

“Los programas no los podemos ver como efectivos en la superación generacional de la pobreza porque los becarios de Oportunidades tienden a salir de sus comunidades en busca de mejores condiciones de vida, ya que no se crean los empleos en los lugares de origen.

“Los programas se han convertido en un paliativo para no dejar morir de hambre a los más pobres o por enfermedades curables. Es un juego de la incapacidad del Estado para crear mejores condiciones de vida, al mismo tiempo que los coloca en un nivel políticamente aceptable de educación y salud.”

Más de 800 zonas prioritarias

En diciembre de 2011, el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión emitieron una lista de más de 800 comunidades que requieren “atención prioritaria” debido a los índices de marginación que ahí se registran.

El gobierno federal declaró Zonas de Atención Prioritaria Rurales a 849 municipios que se encuentran en 22 entidades federativas, de las cuales 441 son zonas de muy alta marginación y 408 son de alta marginación y registran una población de 11 millones de habitantes.

El decreto, emitido el 12 de diciembre de 2011, indica que las Zonas de Atención Prioritaria Urbana se distribuyen en 335 mil 418 manzanas en 2 mil 105 localidades urbanas de 1 mil 259 municipios.

Los 10 municipios que encabezan esta declaratoria son: Cochoapa el Grande, Guerrero; Batopilas, Chihuahua; San Juan Petlapa, Oaxaca; Del Nayar, Nayarit; Mezquital, Durango; Sitalá, Chiapas; Metlatónoc, Guerrero; San José Tenango, Oaxaca; José Joaquín de Herrera, Guerrero; Mixtla de Altamirano, Veracruz.

Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que “los problemas que tiene nuestro país son de índole estructural. Es necesario generar nuevas políticas públicas que sigan favoreciendo a los más vulnerables”.

Los más pobres

Chiapas es el estado con más personas en situación de extrema pobreza, con 1millón 581 mil personas en esta condición, así lo revela el informe Grado de rezago social y lugar que ocupan las entidades federativas según su índice de rezago,del Coneval.

 El informe oficial indica que las 10 entidades con más gente en situación de extrema pobreza son: Veracruz, 1millón 386 mil; Estado de México, 1 millón 240 mil; Oaxaca, 1 millón 14 mil; Guerrero, 977 mil; Puebla, 864 mil; Michoacán            551 mil; Guanajuato, 445 mil; San Luis Potosí, 380 mil y Jalisco 362 mil.

 En tanto, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, indica que en 2010 se registraron 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el país. Es decir, 1 millón 553 mil 433 personas. De éstos, 77.7 por ciento de la población habla alguna lengua indígena.

 El informe Condiciones sociales de la población indígena e inversión federal en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano indica que “la población indígena es doblemente vulnerable: por un lado, dada la condición de pobreza en la que viven y, por otro, por su condición de indígenas”.

 En septiembre de 2012, la revista Contralínea publicóque “durante 2009 y 2010 el gobierno mexicano redujo hasta en un 50.7 por ciento las inversiones para beneficiar el desarrollo humano de las comunidades indígenas, comparado con la inversión de 5 mil 497 millones de pesos que realizó en este mismo sector durante 2008” (edición 302).

 Lo anterior significa que la reducción presupuestal afectó necesidades de salud, educación y previsión social en comunidades indígenas de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

La pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de la clase trabajadora mexicana agudiza la pobreza en el país. Así, durante los primeros nueve meses de 2012, 467 mil personas entraron en situación de pobreza. Aumentar el monto de los salarios, la única manera estructural para combatir este fenómeno, aseguran especialistas de la Universidad Iberoamericana.

De acuerdo con el Observatorio del Salario Justo de la Universidad Iberoamericana (Uia), campus Puebla, durante los primeros nueve meses de 2012, 467 mil personas entraron en situación de pobreza como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de la clase trabajadora en México.

Y es que mientras de enero a septiembre de 2012 la inflación de la canasta alimentaria básica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) fue de 5.13 por ciento para la zona urbana y de 5.98 por ciento para la zona rural, el incremento salarial para 2012 fue de tan sólo 4.5 por ciento.

Contrario a lo que plantean los economistas neoliberales, en el sentido de que la solución a la pobreza son las “transferencias focalizadas y los programas sociales dirigidos a condicionar el acceso al dinero”, Miguel Santiago Reyes Hernández, integrante del Observatorio del Salario Justo, asegura que la única manera estructural de combatirla es con aumentos salariales.

Refiere, por ejemplo, que entre 1994 y 1995 la pobreza se incrementó a raíz de la caída del salario de la clase trabajadora. En tanto, entre 1996 y 2000 hubo una recuperación económica vinculada con el aumento de los salarios.

“Si no hay un incremento importante al salario, tampoco se puede desarrollar el mercado interno –clave del desarrollo independiente y soberano de cualquier nación– y, por tanto, no hay crecimiento ya que se inhibe el consumo y la producción”, acota el economista.

Reyes Hernández rebate el argumento de los teóricos neoliberales de que el alza en los salarios generaría una escalada inflacionaria. “Ellos siempre te hablan de que es un problema marcoeconómico; que está inercialmente ligada la inflación a los salarios; que los salarios son un componente de la inflación. Esto es una falacia, es más bien una ideología que se ha venido desde los años de Salinas en México”.

Para sustentar su afirmación, el investigador alude el caso de Brasil. Explica que el aumento del salario mínimo en aquel país, que de 2003 a 2012 fue del 54 por ciento, lejos de provocar un incremento desmedido en los precios, contribuyó a reducir los niveles de pobreza.

Pérdida del poder adquisitivo

Considerando el precio actual de la canasta alimentaria básica del Coneval (1 mil 125 pesos para la zona urbana y 800 pesos para la rural), durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en el país es de cerca del 32 por ciento, asevera Miguel Santiago Reyes Hernández.

A decir del integrante del Observatorio del Salario Justo, además de ser indigno, esto atenta contra el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover a la educación obligatoria de los hijos”.

Rodrigo Olvera Briseño, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), agrega que la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo violenta también diversos tratados internacionales signados por México, relativos a los derechos a la salud y alimentación. Subraya, asimismo, que el salario mínimo no es un capricho de los trabajadores, sino un derecho humano, “lo cual implica que es tan importante como que no haya tortura”.

Según un estudio del Observatorio del Salario Justo de la Uia, para satisfacer el mandato constitucional, el salario mínimo debería ser de 9 mil 143 pesos al mes. Así, el 32 por ciento de la población, es decir, unos 35 millones de personas, podrían salir de la situación de pobreza en que se encuentran.

Hoy, el salario mínimo nominal es de 1 mil 772.40 pesos y el salario mínimo real de 1 mil 754.33 pesos.

Salario mínimo en México

Fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a través de los llamados pactos de estabilidad, que inició la política de contención salarial más agresiva. A 17 años de concluida su administración, las consecuencias son evidentes. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2011, México ocupa el penúltimo lugar en materia de salarios respecto de 41 países de América, Europa y Asia.

Los 170 dólares mensuales de salario mínimo en México están por debajo, incluso, del salario mínimo en China que es igual a 173 dólares. “Cuestionábamos a China por sus salarios de hambre. Hoy estamos por debajo de los salarios en ese país”, apuntan los investigadores del Observatorio del Salario Justo.

Los especialistas advierten que con la reforma laboral que actualmente discute el Poder Legislativo, esta situación se agudizará. “Habría menos posibilidades de recuperar el salario. Las posibilidades de negociación serían casi nulas porque se legalizarían los contratos de protección patronal, el outsourcing y la contratación sería por hora”.

“Estamos regresando a una situación del siglo XIX en donde, producto de esa situación, hubo muchas revueltas sociales, muchas guerras, revoluciones, incluso como la Revolución Mexicana y eso es a lo que le están apostando, a que la gente empeore su nivel de vida, a que sus derechos como trabajadores sean cada vez más vulnerados y además a que caigan en una situación de pobreza”, dice Miguel Reyes.

La solución

A decir de Reyes Hernández, sólo una estrategia integral, basada en un nuevo pacto social, puede contribuir a recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora mexicana.

Dicha estrategia implicaría, entre otras, generar empleos dignos, invertir en producción, tecnología y productividad (pero desde una perspectiva económica diferente), redistribuir la riqueza, desaparecer los contratos de protección patronal, lograr que los sindicatos sean verdaderamente libres e independientes, acabar con el corporativismo.

Asimismo, “tiene que haber un cambio y una redirección de la política económica en este país, es decir, no tenemos que enfocarnos en favorecer a los grandes grupos empresariales de exportación. Se tiene, más bien, que favorecer a las pequeñas y medianas empresas con ciertos mecanismos y créditos fiscales que ahora no existen. Tiene que desaparecer el Impuesto Empresarial a Tasa Única porque implica una doble tributación para la pequeña y mediana empresa”.

De manera emergente, el Observatorio de Salario Justo y el Cereal encabezan una campaña por la recuperación salarial, cuyo objetivo es incidir de manera positiva en la próxima negociación salarial a cargo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Para ello, los especialistas contemplan acciones como interponer amparos que obliguen a la Conasami a incrementar el monto del aumento salarial, y acudir a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al sistema de relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en concreto, a los relatores en materia de pobreza y alimentación. Y es que “la estrategia salarial del gobierno mexicano lo que está provocando es que cada vez haya más personas en situación de pobreza”.

El investigador de la Uia, campus Puebla, precisa que los salarios además de estar vinculados con el crecimiento económico y el desarrollo del mercado interno, lo están con el bienestar humano. El beneficio en este último aspecto es doble: “Se tiene para comer y vivir dignamente pero también hay una realización personal del ser humano en términos de que tú estás contribuyendo a la transformación consciente de esa naturaleza para producir satisfactores”.

Notimex

Después de dar a conocer sus números al cuarto trimestre con débiles resultados operativos, las acciones de América Móvil – la joya dela corona del imperio Slim – registraron una caída de 10.49 por ciento, lo que impactó el comportamiento global de la Bolsa Mexicana de Valores.

Los títulos de América Móvil (AMX) pasaron de 15.83 a 14.21 pesos. El volumen operado fue de 314,734,451 acciones.

Los analistas de diferentes casas de bolsa ya habían previsto un reporte trimestral débil para la principal emisora del sector de las telecomunicaciones en México.

Hoy, Bill Gates y Carlos Slim asistieron a Texcoco, Estado de México, a la inauguración del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, en donde ambas organizaciones destinario 25 millones de dólares.

Mientras tanto, en el mercado de capitales la venta caracterizó las operaciones con títulos de América Móvil.

De acuerdo con analistas de Banamex, el EBITDA consolidado (Utilidad antes de Impuestos) decepcionó, presionado por los mayores subsidios a los teléfonos inteligentes, las iniciativas para ganar participación de mercado en el segmento de suscriptores de postpago, la expansión de los servicios de televisión de paga (en ciertos mercados), que generalmente tienen menores márgenes que los productos de voz, y las inversiones de red contabilizadas como gastos operativos.

América Móvil informó a los analistas del mercado de valores que su EBITDA del trimestre totalizó 61.7 miles de millones de pesos, equivalente al 31.1% de los ingresos. La utilidad de operación alcanzó 35.4 miles de millones de pesos tras restar los costos de depreciación y amortización que permanecieron prácticamente constantes en comparación con los ingresos. En el cuarto trimestre, la utilidad neta fue de 15.0 miles de millones de pesos, 8.2% menor que el año pasado. La utilidad por acción fue de 20 centavos de peso y 30 centavos de dólar por ADR.

La fundación de Melinda y Bill Gates es accionista en América Móvil. También participa en el capital de Monsanto, el gigante de las semillas, el mismo segmento en donde invirtieron para desarrollar el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo.

Asociaciones estudiantiles que fomentan el desarrollo empresarial apuestan porque a través de la generación de negocios se persiga el retorno social para combatir la pobreza en México que padecen 52 millones de personas.

“Los futuros empresarios y tomadores de decisiones deben poner en marcha acciones concretas no únicamente para generar negocios con retorno económico, sino sobre todo para perseguir un retorno social que permita combatir la desigualdad que existe en el país”, afirmó Guillermo Chávez, miembro fundador de la Asociación de Financieros del ITAM.

Al participar en el panel “¿Y tú, qué haces para combatir la pobreza en México?”, Chávez dijo que con foros como éste se busca “hacer conciencia entre la población estudiantil y lograr que los alumnos se interesen por participar, ayudar y apoyar a instituciones y fundaciones que trabajan para contrarrestar la pobreza”.

La Asociación de Financieros del Instituto Tecnológico Autónomo de México (AFITAM) y Emprendedor ITAM fomentan el desarrollo empresarial a través de cursos, talleres y pláticas con emprendedores y empresarios mexicanos como este panel realizado en el ITAM.

El objetivo del foro en el que participaron miembros de la comunidad académica y empresarial y del sector social fue reflexionar sobre iniciativas que permitan combatir la desigualdad en el país.

Edgar Herrera, director de Filantrofilia, primera calificadora social de América Latina, dijo que la filantropía debe profesionalizarse, es decir, identificar evidencia cualitativa y sobre todo cuantitativa que permita determinar el impacto social de las organizaciones dedicadas a ayudar a los demás.

“El sector social en México es muy activo, por ello es fundamental aportar elementos medibles que contribuyan a incrementar la confianza de los donadores hacia las instituciones no lucrativas con causa social, como por ejemplo el cálculo del Retorno Social sobre Inversión, que es la cuantificación económica de los beneficios no reemplazables proporcionados por la organización”, explicó Herrera.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México hay 35.8 millones de personas sin acceso a servicios de salud, 68.3 millones sin seguridad social, 18.5 millones de mexicanos sin servicios básicos en sus viviendas y 17.1 millones que no cuentan con la calidad de vivienda digna; 28.0 millones sin acceso a alimentación y 23.2 millones con rezagos educativos.

Estas cifras muestran que entre 2008 y 2010, la población que vive en pobreza aumentó de 44.5% a 46.2%, que en términos absolutos significa que creció de 48.8 a 52 millones de mexicanos. En tanto, los habitantes en pobreza extrema continúan siendo 11.7 millones, misma cifra que en 2008.

Los participantes en el panel coincidieron en señalar que el combate a la pobreza debe ser una asignatura primordial entre los alumnos.

Indicaron que la situación de pobreza de México es un gran desafío para el Estado y, ante este problema, el compromiso con el sector social y la profesionalización del mismo deben formar parte del quehacer cotidiano de las empresas, las fundaciones, el gobierno y las organizaciones sociales, pero sobre todo deben formar parte de la agenda obligada de los estudiantes.

El club de emprendedores se formó a principios del 2010 con la ayuda de profesores y estudiantes que se pusieron como objetivo desarrollar la cultura emprendedora dentro del ITAM.

Ofrece a los estudiantes las herramientas para empezar un nuevo negocio, además de crear una red con alumnos y ex alumnos que estreche lazos y facilite la cooperación mutua.

Por: Dr. Alberto Montoya.

Los  jóvenes mexicanos exigen justicia y libertad: nada los va a detener.[1]

El espíritu de un pueblo son sus actos. Hegel

De manera inesperada, la interpelación de los estudiantes de la Ibero al Lic. Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la Presidencia de la República, cambió el rumbo de las campañas presidenciales y ha tenido mayor trascendencia que el primer debate televisado organizado por el IFE.

Desde ese momento, se desvaneció y está descartada como inexorable, la crónica anunciada, televisivamente construida y manipulada con un 25% de indecisos, del triunfo absoluto del PRI.

El fracaso de una economía política implantada durante tres décadas, en función de los intereses globales, que ha conducido al estancamiento, la dependencia y la falta de oportunidades para millones de jóvenes, plantea dos perfiles distintos para la Presidencia de la República: un mandatario que sea libremente elegido y responda a los intereses de los mexicanos, con base en el respeto irrestricto a la Constitución y los Derechos Humanos; o bien un gerente y gendarme de los intereses corporativos globales, que siga imponiendo su lógica e intereses al Pueblo de México, incluso mediante la represión y la violencia institucional.

Los jóvenes intuyen, sienten, viven, sufren, y muchos también conocen esta realidad, con sus estudios universitarios. Ante esta disyuntiva, un número creciente y diverso de grupos y organizaciones sociales, están manifestando de manera más pública y abierta, su rechazo intransigente a la impunidad; a la continuidad del actual orden social, y a los que consideran responsables de la situación del país.

Lo hacen manifestando pacífica y claramente su opinión, y ejerciendo sus derechos humanos y constitucionales, más allá, y tal vez en contra de los partidos políticos.

Los jóvenes universitarios de la Ibero exigieron justicia por los dos jóvenes asesinados en Atenco por las fuerzas de seguridad; mismas que también hirieron de gravedad a decenas de vecinos; detuvieron sin ningún fundamento legal a cientos de ciudadanos, muchos de los cuales fueron torturados; y cometieron infamias contra 47 mujeres que fueron golpeadas, humilladas y encarceladas, 26 de las cuales denunciaron haber sido violadas por estos policías.

Su grito “Todos Somos Atenco”, manifestó con fuerza su solidaridad con los agredidos. Al PRI le pareció incomprensible que los jóvenes, en especial de una universidad privada, se manifestaran por estos hechos. Se pidió incluso investigación y castigo.

La televisión, en un juego de espejos, buscó desacreditar a los jóvenes, en lugar  de iluminar la realidad del país. Ambos fueron por lana y salieron trasquilados: su credibilidad se desplomó; lejos de aceptar pasivamente el poder mediático, los estudiantes de otras universidades se sumaron a la exigencia de objetividad y equidad en la información.

Los 131 estudiantes de la Ibero que desmintieron al presidente del PRI y a un senador del PVEM, así como a las televisoras; se adelantaron de manera simbólica a miles en todo el país, que  ahora se manifiestan como el número 132. La conciencia y actitud de los jóvenes universitarios está despertando a muchos y animando a otros; pero no son los primeros.

Otros incluso, han dado hasta la vida como sucedió en Ayotzinapa, donde los estudiantes fueron reprimidos y dos de ellos asesinados de manera impune, por el “grave” delito de exigir de manera desesperada, más recursos y apoyos para su escuela, ante la indiferencia y el desprecio del gobierno.

El valor de los estudiantes al interpelar la impunidad del poder, ha motivado un amplio apoyo social y pareció ser la señal inconscientemente esperada, para que muchos jóvenes y adultos en todo el país, manifestaran sin temor sus opiniones.

Los jóvenes universitarios formados en la búsqueda de la verdad y la justicia, y millones que sufren un modelo económico estructuralmente irracional e injusto, están asumiendo su responsabilidad ante la lacerante desigualdad del país, la irracionalidad del orden social y los actos de injusticia de los gobernantes.

Los eventos inéditos que estamos presenciando, introducen a la sociedad y a los ciudadanos como protagonistas políticos, y muestran una indudable emergencia de la juventud mexicana ante su propio futuro. Los jóvenes repudian la manipulación mediática y política. Las manifestaciones que se han venido sucediendo en todo el país, en un ambiente de crítica mordaz, humor y reclamos profundos de justicia, han deslegitimado ya una elección presidencial manipulada por las televisoras. [2]

Los jóvenes desnudaron la manipulación de la información y del spot. Los jóvenes repudian la violencia simbólica televisiva, que los aturde sistemáticamente con distracciones y espectáculos (deportes, escotes, bailes, música o ruido mediático); al tiempo que practican la confusión y desinformación sobre la realidad nacional, creado con una espiral de silencio sobre los hechos fundamentales que deberían ocupar las mentes de la sociedad.

Las televisoras no promueven, sino que impiden los debates fundados en el conocimiento, el juicio moral y las propuestas ético-racionales; lo que vulnera la libertad de los mexicanos, pues ésta requiere el pensamiento y el discernimiento ético para que ésta sea una autodeterminación consciente y no condicionada o manipulada.

Las causas históricas de la involución nacional, están en el liberalismo corporativo, ahora cuestionado en el mundo entero, que fue excluyente para la mayoría de los jóvenes y les redujo sus expectativas de libertad, justicia y proyecto de vida. La imposición de intereses corporativos de los países más ricos, les quitó su futuro.

México abdicó durante los últimos treinta años de su proyecto histórico y constitucional de desarrollo. El actual paradigma hace imposible que la economía crezca 6% al año y que se puedan crear más de un millón de empleos, que son necesarios tan sólo para quienes entran a la población económicamente activa.

Los jóvenes, en especial la mayoría de los que viven en condiciones precarias o de pobreza, sufren las consecuencias de la violencia multidimensional de un sistema económico incapaz de ofrecerles oportunidades de educación, empleo, ingreso, cultura, ciencia, tecnología y seguridad social.

Lo que viene.

La buena noticia es que a pesar de todos estos obstáculos, ya se parió el verdadero debate democrático en nuestro país. Los jóvenes están hablando, se están manifestando, y no se detendrán hasta lograr un cambio del país. Sus voces se suman a muchas otras que se habían venido expresando desde hace años, sin que fueran escuchadas por los medios masivos y las autoridades gubernamentales.

Los jóvenes no son provocadores, ingenuos o violentos; les alienta la convicción de que el cambio de fondo del país, a pesar de la gravedad de los problemas y de las graves desigualdades e injusticias, debe ser pacífico, con argumentos, fundamentos éticos y racionalidad.

Los jóvenes no tienen miedo, sino mayor consciencia, convicción y aliento de vida. Su participación será sin duda una fuerza poderosa y positiva para el cambio democrático del país, hacia una mayor racionalidad y justicia, que los reconozca a ellos como sujetos y fines de estos cambios. Bienvenida su contribución, porque nos hacen más libres y dignos a todos los mexicanos.

Luis Peña y Margarita Zavala en la entrega del reconocimiento de "Empresa Incluyente" a HSBC

La Presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), Margarita Zavala, y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Rosalinda Vélez Juárez, entregaron el Distintivo Empresa Incluyente ‘Gilberto Rincón Gallardo’ 2011, a 38 centros de trabajo, incluido HSBC, por la incorporación laboral de grupos vulnerables, tales como personas con discapacidad, madres solteras, adultos mayores, personas de orientación sexual diferente a la heterosexual, y personas con VIH/ SIDA.
 
En su ponencia en el Club de Industriales de la Ciudad de México, el ingeniero Luis Peña Kegel, Director General y Presidente del Consejo de Administración de HSBC México, señaló que la diversidad e inclusión forman parte integral de los valores del grupo financiero:

“HSBC está orgulloso de ser una organización donde se respeta y promueve la diversidad e inclusión. En eso radica nuestra fuerza, porque trabajamos en un país diverso y por ello, debemos ser incluyentes”.

El directivo de HSBC dijo también que “lo que todos tenemos en común, es que todos somos diferentes” e hizo un llamado a los empresarios y a la sociedad en general a integrarse a este gran esfuerzo, comprometiéndose entonces a retener el distintivo de empresa incluyente de forma permanente.

Después de la entrega formal de los reconocimientos, la titular STPS, Rosalinda Vélez, enfatizó que es “de capital importancia el apoyo del sector empresarial, como un aliado permanente en esta lucha por abrir más espacios de trabajo, en condiciones dignas, para las personas con mayores dificultades para obtener un empleo”, añadiendo que “con acciones como esta, también contribuye a fortalecer nuestro tejido social y la construcción de una sociedad más justa para todos”.
 
Por su parte, Margarita Zavala reconoció la labor de HSBC y de los otros galardonados, recordando que el grupo financiero y el DIF Nacional trabajan además en forma conjunta en el Fideicomiso para el ‘Fortalecimiento de la Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y adolescentes Migrantes y Repatriados no Acompañados’.

La Presidente del DIF Nacional dijo entonces que gracias a este esfuerzo ha “podido ver una serie de trabajos y de programas que tienen (en HSBC), precisamente para la inclusión, así que me consta la generosidad, no sólo de él (Luis Peña Kegel), sino que ésta se ha permeado en todo el banco”.

La ceremonia de reconocimiento concluyó con una muestra de pinturas hechas por artistas pertenecientes a la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie (APBP).

Foto: Contralinea

A casi dos décadas de que, siendo sobrecargo, se convirtió en dirigente del movimiento obrero que defendió los derechos de trabajadores de la industria de la aviación en una de las crisis que ha vivido Aeroméxico, Barrales está lista para contender, entre las fuerzas del PRD, por la candidatura que definirá al sucesor de Marcelo Ebrard en la antesala de las elecciones presidenciales del 2012.

Quienes siguen su carrera aseguran, sin embargo, que Barrales está construyendo un camino que la lleve o no a la Jefatura de Gobierno del DF le permitirá afianzar posiciones en las filas del PRD.

Ella, mientras tanto, asegura que desde cualquier trinchera apuesta por un proyecto de largo plazo en beneficio de la sociedad.

En su despacho en el Centro Histórico, Fortuna platicó con Alejandra Barrales. Ella dice que la crisis de los trabajadores de Mexicana de Aviación – que ya cumplen un año sin empleo – le causa tristeza.

 Como política, agrega: “Quisiera trabajar para que se resolviera”. “Poder hacer cosas”, dice sin mayores pretensiones la Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quien desde esa tribuna política ha impulsado leyes para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar, para impulsar la equidad en el sector de ventas al menudeo en donde venían dominando las tiendas de autoservicio y conveniencia.

Es fundamental, agrega, que cuando los políticos lleguen espacios de “poder puedan hacer cosas, que sean congruentes y demuestren, por ejemplo, que efectivamente quieren generar empleo, respetando el derecho de los trabajadores”. Deplora, no obstante, la falta de planeación que afecta las políticas a largo plazo: “El estar inventando y reinventando el país cada sexenio, cada trieno no ayuda y, difícilmente, te va llevar a algún lugar”, dice la asambleista.

Hace 20 años, recuerda, los sobrecargos, los pilotos y los trabajadores de tierra de la industria aérea nacional reclamaban una política aeronáutica. En esa época todavía operaba Mexicana. “Hoy 20 años después no hay política aeronáutica y no hay Mexicana y eso está muy mal; entonces necesitamos que las políticas públicas dejen de ser asuntos de buena suerte de la llegada de un político y si hay buena suerte de que es un buen político, tengas resultados y si te cae la mala suerte, pues te olvidas”.

Una de las mujeres más influyentes en el diseño de leyes para la capital del país dice que con políticas de largo plazo se hubiera logrado, por ejemplo, la supervivencia de Mexicana. Lo más importante, apunta, es la claridad de qué sigue y quién tiene que hacer lo que le corresponde aunque no le guste, aunque no estén de acuerdo, aunque no sepan.

A veces no es mala voluntad, agrega, pero hace el mismo daño ser ignorantes y eso se paga entre la población.

¿Le gustaría a Alejandra Barrales llegar al gobierno capitalino? Yo lo que he dicho abiertamente es que sí estoy trabajando para que volvamos a ganar no solamente la Jefatura de Gobierno sino también la Asamblea. ¿Usted en particular no su partido?

Eso todavía está en trayecto, la decisión de candidatura, cualquier cosa que yo quiera o yo aspire pasa porque el trabajo que se realiza aquí en la Asamblea salga bien y en eso estoy en este momento, trabajando para dar buenos resultados aquí en la Asamblea y ya veremos en unos meses más que es lo que decide la gente, la militancia. Los empresarios de la construcción están cansados de escuchar o de solicitar respuesta a nivel federal respecto al subejercicio del Presupuesto de Egresos y al estancamiento en obras.

 ¿Cómo se presenta esta posición que usted les manifestó de blindar la construcción en la Ciudad de México? Como parte de un trabajo que venimos realizando desde la Asamblea Legislativa, donde queremos remontar un vicio, un problema que tenemos en la forma de hacer política en nuestro país y que tiene que ver con políticas a muy corto plazo.

Esa situación afecta a los empresarios e inversionistas que requieren certeza jurídica, políticas de largo plazo para confirmar que sus apuestas van a ser sólidas y eso es parte de lo que nosotros venimos planteando. Presentamos, de hecho, un trabajo en el que se trata de planear el rumbo de la Ciudad para los próximos 20 años. Para alcanzar ese objetivo, de la industria de la construcción al igual que de muchos otros sectores organizados estratégicos nos interesa mucho su opinión, pero sobre todo nos interesa que también hagan suya esta propuesta de planeación y ese blindaje es al que nos referimos.

¿Usted de lo que estaba hablando es de que permanezcan las obras independientemente del gobierno, de la afiliación o de la propuesta? A ese blindaje es al que nos referimos precisamente. ¿Cómo podemos dar certeza para que esas visiones no sean trastocadas por eventos o coyunturas políticas que se pueden estar presentando como lamentablemente sucede cada seis años o a veces cada tres? ¿Cómo podemos hacer para que, como sucede en otros países del mundo, las políticas trasciendan más allá de las gestiones políticas, más allá de las visiones se siga el rumbo? ¿Se habla de un paquete de reformas que impulsarán en la Asamblea en esta última etapa?

Es un Plan Integral de Ciudad que pasa por temas como reactivación económica, movilidad, transporte, desarrollo sustentable, desarrollo urbano, el tema de educación y el tema de tecnología, banda ancha. Nosotros decimos que es importante que aprovechemos la presencia del hombre más rico del mundo que vive en nuestra ciudad y sabemos que se dedica a la banda ancha, lo que en teoría debería de ser una cuestión afortunada para nuestra ciudad y nuestro país. Nosotros queremos aprovechar esa condición y trazar juntos ese plan.

¿Ese asunto se plantearía en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal?

Nosotros ya hemos presentado una solicitud de estudio a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ellos tienen el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Les entregamos hace cinco o seis meses esta solicitud que busca a través de esos cuatro ejes obtener opiniones y consultar a todos los sectores organizados. También consultando a todos los vecinos, a través de los Consejos Ciudadanos, que son los comités vecinales. En la Ciudad de México, existen 1,815 comités vecinales que también queremos escuchar para que el proyecto tenga verdaderamente una visión integral.

¿Cómo se resuelve la planeación de ciudad cuando se depende de partidas federales?

Hay una parte que si tiene que ver con lo que sí se puede hacer en la ciudad, hay una parte del presupuesto que está con nosotros año con año, que por desgracia es poco porque debiera de ser más por esta condición de capital que tenemos. Por esta razón, destacamos la importancia de obtener la Reforma Política del Distrito Federal que hemos planteado, pero hay una realidad económica que sí hace posible que tomemos decisiones. Finalmente en esta ciudad hay que ofrecer transporte, hay que decidir en materia de educación, hay que decidir en materia de vivienda, de desarrollo urbano, de todos estos temas y lo que queremos es que la gente participe, que los expertos nos compartan sus opiniones para que este sea un plan de todos.

¿La Reforma Política del Distrito Federal, aumentaría las partidas federales a partir de las fórmulas de población que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?

Aumentaría las partidas en muchos sentidos dependiendo del alcance que tenga esa reforma. Por ejemplo, por una parte nosotros planteamos que se reconozca, como se hace en otros lugares del mundo, el costo de capitalidad de nuestra ciudad, el ser capital a nosotros nos cuesta 14,000l millones de pesos, me refiero a la seguridad, al servicio a casi 80 embajadas que están ubicadas aquí, a todos los edificios de dependencias federales, al propio aeropuerto de la ciudad, temas que tienen que ver con transporte, los trayectos, agua, todo lo que implica tener los poderes concentrados aquí en la capital a nosotros nos cuestan 14,000 millones de pesos, que no se dan en excedente y, en consecuencia, se gasta de otros servicios que pueden ser prioridades para nuestra capital. Nosotros queremos seguir siendo la capital de México, pero necesitamos tener ese recurso que nos permita hacerlo mejor.

 ¿Cómo ve usted el consenso de las diferentes fracciones de la Asamblea del Distrito Federal?

Tenemos unanimidad, tenemos un avance compartido con el gobierno de la ciudad, en realidad el balón está en la cancha del Senado y de la Cámara de Diputados, ellos tienen la posibilidad de darnos ese respaldo a los capitalinos.

¿Cómo evalúa usted después de la aprobación la reacción de sectores como el de autoservicios que van a la Presidencia de la República y anuncian abrir una tienda por día, además de generar nuevos empleos y asumir la venta de productos frescos, que es ahí donde ellos ven mayores márgenes?

El Distrito Federal ha demostrado ser hoy por hoy el corazón no solo político sino económico de todo el país y, por supuesto, que si hay algo adicional que reconocerle a la ciudad es el tamaño de mercado que tenemos y nos parece que el darle rumbo, decidir la vocación de nuestra ciudad es algo a lo que legalmente tiene derecho como sucede con todas las ciudades del mundo. Eso fue lo que hicimos, me estoy refiriendo a esta determinación de decidir qué se pueda construir, dónde es suelo comercial, dónde ecológico, es un asunto que hemos hecho históricamente en esta ciudad, además lo permite la Ley de Desarrollo Urbano. A través de esa ley decimos nosotros que bienvenidas sean todas la tiendas de autoservicio, todos los grandes centros comerciales que quieran llegar aquí a la ciudad, aquí hay mercado, aquí nos interesa que estén y lo único que decimos es dónde. En la Ciudad queremos y convienen que estén.

En esta ciudad hay vecinos, hay mercados, existen más de 300 mercados populares y 80,000 familias que viven de esto, entonces los que hacemos las leyes para esta ciudad tenemos el reto de armonizar los intereses de unos y de otros.

¿Qué tan lejos está de que se impugne esta decisión, la de normar la instalación de autoservicios, que es histórica, pero que se le dé la vuelta, que veamos un amparo y al final se construyan en donde interese a los corporativos que participan en este sector?

Nosotros tenemos el antecedente de ser una ciudad, además de una Asamblea, en la que nuestras leyes son de vanguardia, polémicas, son importantes no solo para los capitalinos sino también para todo el país. Nuestras leyes siguen una suerte muy parecida, primero son polémicas, primero se descalifican, se llevan a controversia, 99% de esas veces ganamos esa controversia, confirmamos la certeza jurídica que tienen y después las replican en otros estados de la república. Así pasó con la extinción de dominio, así pasó con muchos otros temas que hemos resuelto aquí y, en este caso, en el de las tiendas de autoservicio, nosotros estamos actuando de manera muy responsable, estamos dándole la base jurídica a esa decisión, estamos apoyándonos en la Ley de Desarrollo Urbano, que hasta el momento no tenemos antecedentes en donde se amparen por esta definición que hace una ciudad como cualquier otra, todas las ciudades tienen la facultad, además tienen la obligación de decidir qué vocación le dan al suelo de la ciudad.

¿Está blindada jurídicamente esta iniciativa?

No es ninguna iniciativa que se prohibitiva, que sea limitativa, que esté coartando derechos o facultades, es simplemente el apoyarnos en una Ley que ya está vigente, que es la de Desarrollo Urbano y sería tanto como combatir cada una de las decisiones que en esa ley se toman, incluso es una de la más dinámicas de nuestras leyes, precisamente por eso, aquí prácticamente hablar del uso de suelo es un tema cotidiano.

¿Se atenta contra el libre mercado?

De ninguna manera, el tema tiene que ver con seguir promoviendo inversión, nos interesa que eso se dé, pero sí se trata también de conducir el rumbo de la Ciudad, eso tampoco conviene a nadie de que al amparo jurídico se deje de generar empleo y no se traiga inversión, la gente no puede ubicarse donde quiera y construya donde al interés de algunos convenga. Aquí el tema es lo que conviene al interés de los capitalinos y todos los que estamos en la ciudad y eso es lo que estamos haciendo. ¿Se tomó la experiencia de los países en donde también se han dirigido de alguna manera de la presencia de planeación urbana? Como origen está la propia Ley de Desarrollo Urbano, tiene ese antecedente, además se trabaja y analiza la experiencia de ciudades como París, Nueva York. En otros estados de la República, deciden y planean la vocación de zonas de la Ciudad en dónde quieren que se dé el abasto popular, en dónde quieren que se construyan edificios, en dónde van a concentrar las áreas rurales, unas series de definiciones que no solo son derechos, también son obligaciones del gobiernos. ¿Se le calificó como una ley populista como si eso fuera malo? Hay calificativos a muchas de las leyes que nosotros hemos planteado. Nosotros por supuesto respetamos opiniones, no las compartimos, pero lo más importante, es que todas estas reformas han demostrado a través del tiempo suficiencia. Lo mismo decían del tema de adultos mayores, en donde decían que no solo era populista, hubo apuestas por parte de partidos políticos que en 3 años el gobierno iba a la quiebra. No fuimos a la quiebra, hemos duplicado el programa de adultos mayores, hemos tenido muchos otros programas, el de jóvenes de Prepa, Sí, Madres solteras, tenemos la red más grande de programas sociales del todo el país y no hay ni con mucho la idea de afectar económicamente al gobierno, no solamente no fue populista, en la actualidad ya la copiaron los que decían que era populista, el gobierno federal, el gobierno del PRI, todo mundo ya quiere los programas del Distrito Federal, entonces la verdad lo respetamos pero no lo compartimos. ¿Son leyes que pueden llegar a corregir una política económica desdibujada, una política social, que está extraviada? Más bien, más que un señalamiento, yo formo parte de ese gobierno de izquierda con esa visión, son leyes que no solo han demostrado el ser de vanguardia, además han demostrado su efectividad, si hoy se reconoce que el Distrito Federal es la entidad más segura de todo el país, no lo digo yo, lo dice la gente, los indicadores, lo dice un dato muy cercano, apenas ahora en esta Semana Santa tuvimos 8 millones de turistas nacionales que nos visitaron y cuando les preguntas por qué nos visitan, lamentablemente te dicen por el miedo de ir a otros lugares de la república, entonces hoy somos el territorio más seguro de todo el país y esto es precisamente por estos programas sociales. Hay una parte importante por todas estas políticas y todas estas leyes que nos permiten blindar a la ciudad en otra condición.

¿Por cuánto tiempo va a seguir siendo la más segura si a nivel federal no se corrigen estos problemas?

Nosotros estamos haciendo lo que tenemos a nuestro alcance, como representantes aquí en la capital abiertamente hemos dicho que nuestra aspiración es que la izquierda gobierne este país porque creemos que esta es la política que le ayuda al país, que le hace bien a la gente, ahí están los datos de cómo se hace gobierno de una forma diferente y reconociendo que nos faltan muchas, nadie dice que la tarea esté cumplida en su totalidad, pero sí creemos que se puede hacer de una forma diferente, por lo pronto ojala que en este próximo 2012, que hay un proceso electoral, se vuelva a refrendar la confianza, apoyos y votos por gobiernos, partidos y políticos. Ojalá sigamos trabajando para que la gente nos vuelva a dar su confianza aquí en la ciudad y vuelva a votar por la izquierda. Cuando Alejandra Barrales aparece en espectaculares, y tiene una activa comunicación social para decir mira hemos hecho esto y aquello,

¿No se trata solo de proselitismo?

En mí caso se trata de una obligación que la ley me marca, yo tengo la obligación, no solo la facultad de informar a mis representados, así lo marca el estatuto de la ley que nos rige, tengo incluso la obligación de rendir un informe formalmente. ¿Es obligación? Es obligación según nos lo marca la propia ley y eso es lo que hacemos, es parte de la tarea, hay incluso momentos, hay recurso y hay forma en las que yo tengo la obligación de informar a mi electorado y eso es lo que hacemos.

¿Es por la transparencia?

Sí, además acostumbramos esa parte, aunque no es obligación, me refiero no lo marca la ley, el hacer esos señalamientos conviene y ayuda, en mí caso lo que hago es comúnmente subirlo a la página que tengo, ahí subo los datos. Sobre el proyecto de crear zonas como Santa Fe en algunas regiones ¿esto forma parte del proyecto con el que comenzamos? Sí, de hecho es parte de lo que está en manos de la UNAM, de lo que entregamos para su análisis y discusión y efectivamente creemos que la mejor forma de combatir la delincuencia es ganando el espacio público, ganando a la delincuencia las calles así pasó en Santa Fe, así pasó en la delegación Miguel Hidalgo, en especial en la colonia Irrigación y todo esto con este complejo de nuevos edificios, museos, tiendas, revirtiendo la imagen, además del potencial económico de esa zona, generando una equidad. Ese es el tema, nosotros no podemos resignarnos a que en esta ciudad haya zonas que se conviertan en territorios-dormitorio donde no haya cines, donde no haya diversión, donde no existan los servicios básico, por eso tenemos que buscar de la mano con los habitantes de esas zonas, que haya desarrollo, que haya empleo, que haya diversión y eso es parte del planteamiento.

¿Cuáles son los proyectos que usted ve hacia delante en el próximo año que es muy importante? ¿Cuáles son los grandes temas en la agenda de la Asamblea o en la agenda de su partido?

De hecho a pesar de ser mayoría aquí en la Asamblea Legislativa, nosotros somos mayoría absoluta, siendo el bloque de izquierda y el 70% de nuestras reformas han sido reformas de consenso, nuestra apuesta ha sido buscar el acuerdo primordialmente y después de este ejercicio de planeación nosotros de septiembre a diciembre, estamos pensando en construir la base jurídica, para poder sustentar todo este plan, si de ahí derivan nuevas formas para la ciudad tendrán que estar apoyadas en leyes, en reformas para que esto se pueda materializar, yo di un ejemplo que tiene que ver con este tema de la construcción vertical, que es importante que se explore en esas posibilidades, sobre todo en una ciudad donde ya no podemos construir de forma horizontal, ya no hay espacio. Es importante que se revise y se discuta esa posibilidad.

¿Se diría que es de los principales puntos de la agenda que tratan?

Entre otras cosas, es parte de esto, es el rumbo, es el poder consolidar estos temas, tenemos otros que son primordiales como el del agua, el abasto garantizado del agua, los temas de reclusorios, es una de las asignaturas de los temas que están pendiente, además de seguir trabajando en los temas de la ciudad, hay una siguiente etapa que viene después de este tema, que es el de la colocación de las cámaras que tiene que ver con iluminar zonas de la ciudad que hoy están oscuras y que forman parte de programas de recuperación de espacios públicos.

El tema de la deuda del Distrito Federal sé que está documentada a largo plazo ¿Les preocupa a ustedes el tema de la deuda?

Bueno, la deuda primero es reconocer que en todas las ciudades del mundo, tienen que recurrir al tema del endeudamiento y que mientras esto sea algo planea, justificado y además controlado y equilibrado, nos parece que es una medida recurrente, es una medida que hoy en todo el mundo se está tomando y solamente el reto ahí es hacerlo de forma equilibrada y que tenga un razonamiento, endeudarse

¿Para qué?

Si es para llevar agua a millón y medio de personas que les falta agua en esta ciudad, yo no creo que se ponga en duda, si la deuda es para algo menor, no tiene ningún sentido.

¿Trabajan más en las fuentes de ingreso directas, el impuesto predial por ejemplo?

Sí, el tema es la recaudación, la capacidad de recaudación de hacerlo con equilibrio, si estás muy claro en el esquema que te va dar la posibilidad de recaudar y equilibrar, me parece que así le hacen todos los países del mundo y bueno el Distrito Federal no tendría por qué no transitar de la misma manera.

Larissa Guerrero*

Por hipoteca social se entiende la deuda que se tiene con la sociedad y que se debe a la propiedad privada. Es decir, toda propiedad privada grava una hipoteca social. Así, la propiedad privada se ha definido como el poder jurídico pleno o completo de una persona sobre una cosa, de modo que el dueño tiene la capacidad de hacer o disponer de aquello que posee sin ninguna limitación por parte de otro. Aquello sujeto a propiedad son los bienes útiles y que pueda ser poseído, de ahí que un bien sea usado, disfrutado y a disposición del dueño. La propiedad privada implica necesariamente la exclusión de aquellos que no sustentan la propiedad.

La propiedad privada, por su puesto, que es un derecho natural para el ser humano, el tener para el hombre es tan natural como el caminar o respirar. La propiedad es una consecuencia natural del trabajo y, en particular, de la manera que el ser humano habita el mundo. Es así como se afirma que el ser humano es propietario por naturaleza y, en función de lo que posee, trabaja del mismo modo que trabaja para poseer. Asimismo, el ser humano es cómo construye un mundo humano. Si la propiedad es un asunto tan natural y bueno, es importante cuestionarse ¿por qué entonces grava algo tal, como una deuda social?

Para poder responder hay que hacer una distinción en las maneras de tener un bien. Por un lado está la apropiación y adscripción, y por otro la participación. La propiedad privad es apropiación o adscripción de un bien que, por naturaleza, es repartible y como se anotó al inicio esta apropiación indica la excusión participativa de los demás. Es legítimo el apropiarse de la comida suficiente para mí y mi familia, de un techo, vestido, etcétera. Es decir, de todo aquello que cubre y satisface las necesidades primordiales, y es legítimo también el poseer algunos bienes que satisfacen además de las necesidades algunos aspectos lúdicos y recreativos. La cave está en que en la propiedad y la adscripción privada no se lastime ni destruya la vida social.

El problema

El enorme conflicto que se vive hoy en las sociedades de consumo, producto de los ideales liberales y capitalistas es que la propiedad privada en lugar de ser un camino para la caridad y la solidaridad, se ha establecido como una ruta de ambición y desorden social en donde el que tiene más es “mejor”. La gravedad está en que no se asume que la propiedad implica una responsabilidad en el respeto a las obligaciones morales que se adquieren frente a todos los seres humanos del presente y de las generaciones por venir. ¿Cuáles son estas obligaciones que se adquieren junto con la propiedad? Por ejemplo, la ayuda a los más necesitados, en el compartir (no repartir) lo que se obtiene, en especial si hay abundancia.

A diferencia del Derecho, la propiedad privada natural no es absoluta ni incondicional, pues se dice que nadie puede reservarse para uso exclusivo suyo lo que de la propia necesidad le sobra, en tanto que a los demás les falta lo necesario. Esto último, es precisamente la deuda que se grava en el momento de adquirir la propiedad. La hipoteca social relativiza a la propiedad privada otorgando la verdadera dimensión de ésta. Cuando no se comprende que la hipoteca social es un efecto necesario de la propiedad privada, los seres humanos viven en la ilusión que nos heredó la ilustración con los ideales de fraternidad, igualdad y solidaridad, sin embargo estos ideales son falsos cuando se define a la propiedad como lo absoluto, pues bajo este entendimiento los medios con los cuales se consiga la propiedad pierden dimensión, entonces si lo que importa es tener y ganar, ya no importará el cómo ni a costa de qué o quién.

Como ejemplo de esto tenemos la sociedad actual, la cual vive preocupada por el futuro del planeta. Por ejemplo, si un país que produce, principalmente, bienes de consumo para fortalecer a la población en términos de adquisición, y está organizada en un sistema desde la extracción, producción, distribución consumo y desecho, nos debemos preguntar cómo es que se hace para que en la extracción no se destruyan los bosques o los océanos; o cómo se hace para no contaminar el ambiente. La cuestión está en que esto último son cuentos de hadas, pues para que una nación compita con otra en una economía del consumo, necesariamente se afectarán los bosques, las aguas, el aire, otras especies, pero lo más alarmante es que se afecta a la misma especie humana. Lo que cabe preguntarse es ¿dónde ha quedado la justicia social? Porque definitivamente no es justo que por el hecho de que unos consuman en orden al poder adquisitivo y al poder social mediante la riqueza, existan personas que se han quedado sin agua para beber porque se han contaminado los ríos, se han quedado sin tierras fértiles para arar o, lo que es peor, sin oportunidades. Esto último en el sentido en el cual hoy por hoy la empresa considera que es dueña tanto de los bienes de producción como de sus trabajadores, donde éste no tiene acceso a los mismos bienes que produce. Precisamente la relativización del concepto de propiedad introducida mediante la comprensión de la hipoteca social, indica que la empresa no es absolutamente dueña del capital, en tanto que la empresa es principalmente una comunidad de personas y unidad de trabajo. Una persona, ni su trabajo puede ser propiedad de otra. Lo anterior no es otra cosa más que entender que la economía ha de estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.

Es cierto que esta hipoteca social no es igual de urgente en todos los ámbitos. En efecto, hay ámbitos en los que la propiedad privada llevada de manera natural, en donde se incluye el beneficio social y el bien común no existe una gravedad como en otros ámbitos en los que por el egoísmo y la ambición generan una brecha muy grande entre la riqueza y la pobreza sin que exista ningún interés por compartir los excedentes económicos. Lo anterior nos puede llevar a repensar el capitalismo salvaje que se ha vivido en las últimas décadas y repensar su fundamento que es el liberalismo económico y el neoliberalismo. No es posible ni natural que el capital esté por encima del trabajo, ni que exista una instrumentalización del ser humano para fines del consumo y la riqueza. En efecto, se trata de un tema difícil, que tampoco nos puede llevar al otro extremo como al comunismo o socialismo, porque como se indicó la propiedad privada es natural y buena para el hombre. Más bien repensar este asunto de la hipoteca social va más en el camino de la formación en valores y virtudes más altas que el tener por tener, o que lo que se tiene nos define. Es imperativo formar a los hijos —y hacerlo por las generaciones que vienen— en la solidaridad y el criterio. Desafortunadamente, la publicidad del consumo se ha convertido en la formadora de los jóvenes, pues al vender modelos de vida y crear ilusiones quitan tiempo y capacidad de pensar lo verdaderamente importante.

Maestría en Ética Aplicada por el ITESM y doctorando en Filosofía porla UniversidadPanamericana

lguerrero@betah.mx/ Twitter: @laruskhi

El Banco de México redujo el pronóstico de crecimiento del país para 2011, al estimar un intervalo de expansión  del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 3.8% y 4.8%, debido al deterioro de la economía mundial y al débil crecimiento de la economía de Estados Unidos.

Al dar a conocer el  Informe de Trimestral dela Inflación(abril-junio 2011), el  gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, descartó una recesión en Estados Unidos, pero señaló que diversos indicadores sugieren un menor ritmo de crecimiento económico en ese país.

Entre estos factores destacó la débil situación económica en los hogares estadounidenses, el alto desempleo, la fragilidad del mercado de la vivienda y la cautela de las empresas para realizar contrataciones y expandir su gasto de inversión.

Dijo que a esta situación se sumó  la disminución de la calificación crediticia de la deuda de Estados Unidos por una de las agencias calificadoras, aunque otras dos mantuvieron su confianza en la economía estadounidense.

Además de que la inflación a nivel mundial aumentó durante el último año y en las economías avanzadas el incremento en el segundo trimestre se debió a la elevación en los precios de las materias primas en los meses previos, señaló.

Al realizar el balance de riesgos de las condiciones externas,  apuntó Carstens que el Banco de México estimó un intervalo de crecimiento del PIB para 2011 de entre 3.8% y 4.8%, un ajuste a la baja respecto al intervalo de entre 4.0% y 5.0% previsto.

Dijo que debido  al deterioro de las perspectivas de crecimiento de la economía estadounidense  (1.8%) para 2012, el intervalo de crecimiento del PIB de México para el próximo año se ubicó entre 3.8% y 4.8%, por debajo del previsto 3.5% y 4.5%. 

El Banco de México estimó que en 2011 y 2012 la inflación anual se ubique en los intervalos que pronosticó  en el periodo previo, siendo congruente con la meta permanente de inflación de 3%, al considerar un intervalo de variabilidad de más- menos un punto porcentual.

Prevé  que la inflación subyacente anual durante la segunda parte de 2011 registre un nivel de entre 3.0% y 3.5%, mientras que a principios de 2012, disminuya para ubicarse el resto del año por debajo de 3%.

El banco central pronosticó que este año se habrán creado entre 575 y 675 mil nuevos empleos formales, mientras que para 2012 se prevé la creación de entre 570 y 670 mil nuevas plazas laborales.

Informó que al finalizar 2011 se pronostica un déficit de la balanza comercial de 4.6 miles de millones de dólares (0.4% del PIB) y un déficit de la cuenta corriente de 12.9 miles de millones de dólares (1.1% del PIB).

Para 2012 se estiman déficit de 11.0 miles de millones de dólares para la balanza comercial (0.9% del PIB) y de 20.7 miles de millones de dólares para la cuenta corriente (1.6% del PIB).

El Banco de México destacó los riesgos que el crecimiento de la economía mexicana podría enfrentar, entre ellos: la incertidumbre sobre la recuperación económica de Estados Unidos y el eventual retiro de los estímulos fiscales y monetarios en los países más avanzados, lo que llevaría a la disminución de la demanda externa de México.

Además de que la precaria situación fiscal y financiera en algunos países de Europa podría generar un contagio a los sistemas bancarios de esas economías y que la vulnerabilidad en los mercados financieros internacionales provoque mayor incertidumbre en los inversionistas,  que revertiría los flujos de capital a las economías emergentes, como México.

A nivel nacional, la inseguridad pública y la ausencia de cambios estructurales en el país podrían afectar adversamente el crecimiento de la economía en México. (Patricia Pazarán/Revista Fortuna

 A pesar de que el país podría ser una potencia agrícola y de que posee un gran capital humano, el campo no da empleo. Se vive una situación de dependencia alimentaria “lastimosa” y millones de mexicanos están en vulnerabilidad alimenticia.

En México, el 80% de quienes padecen la pobreza extrema viven en el medio rural: ellos son las principales víctimas del aumento en los precios de los productos alimenticios.

México importa más de la tercera parte del maíz que consumen sus ciudadanos, el 60% del trigo; se compra en el exterior el 90% de sorgo y soya para alimentación animal; también se importa cerca de la mitad del arroz y casi el 80% de los requerimientos de leche en polvo.

Así, la creciente importación de cereales, de lácteos y productos cárnicos es un síntoma de la gran dependencia mexicana del exterior. A pesar de que México podría ser una potencia agrícola, desde hace dos décadas abandonó este sector como actividad económica. Hoy, millones de ciudadanos no pueden pagar sus alimentos básicos; niños y jóvenes están desnutridos y aumenta el desempleo en el campo

México destina entre 15 mil millones y 18 mil millones de dólares anuales para comprar alimentos en el exterior ?cifra equivalente a casi la totalidad del monto de las exportaciones petroleras del país o al monto de las remesas que envían los trabajadores migratorios a sus familias?. Este escenario podría agravarse porque los recursos para tales adquisiciones ya no serán tan fluidos, ya que los ingresos que México recibía por la venta de petróleo son insuficientes para financiar el desarrollo; además, tras la recesión estadunidense, las remesas descendieron.

 A pesar de que el país podría ser una potencia agrícola y de que posee un gran capital humano, el campo no da empleo. Por ello, la falta de alimentos en México no es un problema de poca magnitud: se vive una situación de dependencia alimentaria “lastimosa” y millones de mexicanos están en vulnerabilidad alimenticia, advierte Felipe Torres, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 Indica que poco se hará en el sector agrícola durante 2011 con los 6 mil millones de pesos que el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó. Desafortunadamente, a casi 17 años de que México ingresara al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), persisten la inseguridad y la dependencia alimentaria.

 Tal situación es contraria a la tendencia mundial por la soberanía alimentaria que se lanzó formalmente el 20 de septiembre de 2003 con apoyo de Kofi Annan, entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil.

 En el mundo, se han identificado cuatro factores de muerte precoz: la guerra, el terrorismo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) y el hambre. Este último es el que mata más gente, aun más que la suma de las víctimas de los primeros tres causantes, señala el fraile dominicano Carlos Alberto Libanio Christo, Frei Betto, exasesor especial de Lula da Silva para combatir el hambre.

 Al explicar el alcance de ese programa, Betto pregunta: “¿Por qué mientras se legisla contra el terrorismo, el Sida, o la guerra, no se legisla contra la pobreza? La única respuesta que encuentro por ahora es cínica: porque de los cuatro factores de mortandad, el único que hace distinción de clase es la pobreza”.

 Con la intención de reducir esa pobreza y abatir los cuatro factores de muerte precoz, Brasil lanzó el programa Hambre Cero ?financiado con 700 millones de dólares? para impulsar la agricultura de las comunidades pobres. Garantiza la presencia de sus productos en el mercado nacional y fomenta la competitividad de esos productos frente a la tendencia importadora de las cadenas y compañías graneleras mundiales que son las que “lucran con el hambre”, sostiene Torres.

 Lo significativo del programa Hambre Cero es que se asignó a familias sin analfabetas en la que todos los niños y jóvenes asistieran a la escuela y el conjunto se inscribiera en un programa de salud.

 En contraste, la situación mexicana no avizora en el corto plazo el diseño de una política pública que busque la recuperación de la agricultura como una rama de la actividad económica.

 El autor del estudio Rasgos perennes de la crisis alimentaria en México (Centro de Alimentos y Desarrollo de Sonora) no observa la intención, en ninguno de los tres niveles de gobierno, de generar más empleos y de mejor calidad en el medio rural. Tampoco se ve, en el corto plazo, ningún programa para recuperar la calidad de la alimentación de los mexicanos.

 Sostiene que al mejorar las condiciones nutricionales de la población, ésta será más apta para el trabajo, tendrá mejor rendimiento escolar. Sin embargo, describe que el impacto negativo en la mala alimentación de millones de mexicanos en el ámbito rural se refleja en la falta de competitividad agrícola y, por lo tanto, el país no puede acceder a una mejor posición internacional. “Hoy, la escala de competitividad que se exige para estar a tono con los otros países es prácticamente difícil de alcanzar en México y este país no puede impulsar su desarrollo económico”, refiere Torres.

 Escenario dramático

En términos económicos, si no se modifica el camino actual, habrá una mayor dependencia del exterior, ya que parte del crecimiento económico se destina a la compra de alimentos. Esa política compromete el futuro de los recursos naturales del país por la vía de la compra de alimentos, sostiene el especialista.

En lo político, se acelera cada vez más la posibilidad de que estalle un conflicto en el campo por la vía de su inviabilidad; no se arraiga a la población rural en sus comunidades; el desempleo y la emigración aumentan. Como esta situación no se podrá sostener por mucho tiempo, habrá impactos sociales de gran envergadura, como una mayor penetración de la delincuencia organizada en el ámbito rural, advierte el especialista.

Este esquema de retiro del Estado en la agricultura no le favorece al país, pues sólo reproduce los niveles de pobreza. Se estima que más de la mitad de la población mexicana ostenta diferentes grados de pobreza. De ese total, entre 22 millones y 25 millones se sitúan en pobreza extrema. A pesar de que la pobreza urbana también ha crecido en los últimos años, el 80% de quienes padecen la pobreza extrema viven en el medio rural: ellos son las principales víctimas del aumento en los precios de los productos alimenticios.

Varios actores políticos y sociales se han pronunciado contra la vulnerabilidad alimenticia de los mexicanos. En diciembre de 2010, Cruz López Aguilar, entonces presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), hizo notar que en los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, el precio de la canasta básica de alimentos encareció hasta en 115%.

El incremento en los precios de los productos agrícolas no es un problema nuevo, coinciden en señalar académicos y la CNC. Sin embargo, el acento se pone en el alto costo que representa producir cualquier alimento. De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, los salarios mínimos tuvieron su peor caída, pues rebasaron el 60%. Este hecho no se presenciaba en el país desde la década de 1940.

Por esa reducción en sus ingresos, se observó en diciembre de 2010 que las familias de los trabajadores adquirieron hasta 40% menos de alimentos que los que compraban a principios de ese sexenio. Para Gerardo Sánchez García, secretario de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el sector rural es el que más ha sufrido esos efectos.

A fines de 2010, Sánchez García, ahora presidente de la CNC, declaró que 33.8 millones de mexicanos viven en el medio rural y 37% de esa población, que representa a 12.5 millones de personas, no recibe ningún ingreso. Esto obedece a la falta de políticas efectivas de generación de empleos y de apoyo y garantías a los productores agrícolas. Por esa razón, 8 millones 450 mil personas que viven en el campo, que representan un 25% del total, reciben un solo salario mínimo para costear su manutención y educación.

De los 33.8 millones de habitantes rurales del país, otro 26.9% (unos 9 millones de personas) recibe entre uno y dos salarios mínimos; solo 8% (2 millones 704 mil personas) gana de dos a cinco minisalarios. Al incrementarse el precio de la canasta básica en solo cuatro años, 30 millones de personas ya no están en condiciones de adquirirla completamente, aseguran investigadores y legisladores.

Más vulnerabilidad con y sin TLCAN

Además de la ya compleja situación del campo mexicano, la apertura al TLCAN trajo mayor grado de dependencia. Así lo ilustran los datos que aporta el investigador Felipe Torres: México importa más de la tercera parte del maíz que consumen sus ciudadanos, más del 60% del trigo para elaborar el pan; se compra en el exterior el 90% de sorgo y soya para alimentación animal; también se importa cerca de la mitad del arroz y casi el 80% de los requerimientos de leche en polvo. “Somos ya el primer país importador a nivel mundial de ese producto”, refrenda el especialista.

 A pesar de que, en las décadas de 1950 y 1960, México era autosuficiente en la producción de sus alimentos e incluso exportaba, en la década de 1970 comenzó a abandonarse la política de apoyo al agro. Entonces, resultaba más barato comprar e importar productos agrícolas en el mercado internacional, pero esto condujo a imponer un modelo que eliminó los subsidios a la agricultura, mientras que en otros países se fortalecieron.

 El ingreso al TLCAN agudizó las contradicciones internas, pues los productores, ya descapitalizados y sin apoyos técnicos o crediticios, fueron puestos a competir con las agriculturas de Canadá y Estados Unidos, que son las más poderosas del mundo y, además, fuertemente subsidiadas.

 En contraste, los productores mexicanos no tuvieron los incentivos ni el apoyo previo para ser competitivos. Esa falta de atención se tradujo, años después, en el desmantelamiento de la producción agrícola que somete a México a un mayor grado de vulnerabilidad y de dependencia del exterior. Vulnerabilidad, describe Torres, porque ahora se discute el precio de la tortilla cuando la producción nacional es deficitaria y han venido creciendo constantemente los precios internacionales del maíz y de todos los cereales.

 El maíz, esencia de la alimentación de los mexicanos y pueblos mesoamericanos, se cotiza a un precio internacional creciente desde hace dos años. De mantenerse la política gubernamental de importación de ese grano, se estará frente a un problema creciente y permanente. Esto significa que no mejorarán los ingresos, los esquemas de producción ni las condiciones de competitividad del productor nacional para que pueda hacer frente a la situación internacional.

 El caso del maíz se reproduce con todos los productos alimenticios que México importa: leche, frijol, trigo, carne, pollo y huevo. “Estamos en el camino inverso porque no ha habido un diseño de políticas públicas que permitan recuperar la agricultura como elemento de desarrollo”, señala Torres Torres. Aunque la modificación al artículo 27 constitucional se logró con el argumento de que los productores privados podrían invertir en el campo, ninguno de ellos ha financiado el desarrollo de este sector.

 La iniciativa privada sólo se ha dedicado a los nichos exportadores y por eso son competitivos los productores de aguacate, de frutas y hortalizas, pero no en otros productos. Esos nichos son de grandes empresarios agrícolas, mientras que se abandona la producción de básicos. Adicionalmente, desaparecieron instituciones de comercialización de productos, como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares; de financiamiento, como el Banco de Crédito Rural, o de apoyo técnico, como la Productora Nacional de Semillas. Ahora, dice Felipe Torres, sólo se aplican programas, como el Programa de Apoyos Directos al Campo, que no alientan al productor a vivir de su trabajo, sino por la vía de la asistencia social. “Así no se apoya la competitividad”, sentencia.

 Destinar 15 mil millones o 18 mil millones de dólares a la compra externa de alimentos no sólo es lastimoso, sino una amenaza para la seguridad nacional. Por sí sola, la escasez de alimentos no representa un riesgo para la seguridad nacional del país, pues, hasta el momento, existen elementos para contrarrestarlo, asegura Felipe Torres. Aún hay disponibilidad de alimentos y se asegura su abasto por la vía de la adquisición en el mercado internacional, sin embargo los niveles de pobreza extrema en México han aumentado, así como el desempleo.

 Si ese panorama se asocia al problema de la crisis económica permanente y a los problemas del deterioro ambiental, que hacen ya inviable la producción agrícola interna, es probable que se desencadene un conflicto social de alcances importantes “y entonces sí puede ser un riesgo para la seguridad nacional”. El académico ha manifestado esta preocupación en distintos foros; la respuesta por parte de funcionarios de nivel federal y estatal es el silencio.

 Esto significa que se está sacrificando el abasto nutricional de los mexicanos. En este marco, la dificultad de acceder a suficientes alimentos en regiones y entidades enteras del Sur y Sureste de México se traduce en hambrunas, como ocurre en la Sierra Tarahumara, Chihuahua; comunidades de Chiapas, Oaxaca y de gran parte de Yucatán e Hidalgo. Ésa es la vulnerabilidad creciente que existe en todo el país y por eso es necesario incorporar el medio rural al desarrollo económico en una posición digna y en una mejor condición, concluye el experto.

La falta de protección a los migrantes en México y el mundo obedece a la carencia de políticas públicas, un ambiente xenófobo y a la persecución de la policía que los condena a una escasa movilidad en ciudades con culturas y etnias ajenas, y los coloca en intensa competencia con otros migrantes

Tapachula y Tijuana, en México; Mosul, en Irak; Abidjan, en Costa de Marfil, y Estambul, en Turquía, son urbes que carecen de políticas públicas de auxilio a los migrantes en su éxodo hacia Estados Unidos o Europa.

En las llamadas “ciudades frontera” o “ciudades de tránsito”, los migrantes peregrinarán largo tiempo antes de encontrar una pensión segura y de baja renta: ignoran las vías de transporte internas y las claves lingüísticas de esos centros urbanos. Ninguna institución gubernamental les brinda asistencia u orientación.

A una hondureña de tránsito en Ciudad Juárez o a un pakistaní en Venecia les resulta muy difícil acceder a un médico para atenderse la desnutrición o la fatiga de su larga marcha. Además, no todos los migrantes saben cómo conectar al contratista que los integrará al sector informal, en el que trabajarán por una bajísima remuneración.

Esa falta de asistencia es idéntica para los migrantes que diariamente arriban a las ciudades de tránsito de África, América, Asia y Europa. Para ellos, esas metrópolis, más que refugio, son trampas insalvables, advierte el Observatorio Experimental sobre las Migraciones Internacionales en las Áreas Urbanas de América Latina (Observatorio Miurbal).

El observatorio –integrado por el Instituto Polis (Sao Paulo, Brasil), la Universidad de Chile (Santiago, Chile), la University of British Columbia (Vancouver, Canadá) y el Colegio de la Frontera Norte (Colef, México)– urge a impulsar un debate plural sobre políticas migratorias congruentes en América Latina y el mundo.

Anónimos rechazados

Los primeros datos del estudio del Colef y el Miurbal (que comenzó en 2006 y concluirá a fines de 2008) indican que la mayoría de los migrantes internacionales se suman a la población de baja renta y tienden a vivir dentro de su propia comunidad en las ciudades que los acogen en su tránsito.

Paradójicamente, esa integración aumenta su segregación territorial. Mientras, las autoridades locales son incapaces de enfrentar el fenómeno migratorio por ausencia de información.

Pese a toda su aparente tolerancia y su diversidad social real, las ciudades siempre han sido hostiles a las etnias, agrega el análisis. La falta de dinero y de familiaridad con el idioma obliga a los nuevos huéspedes a integrarse a los guetos ya existentes o a formar nuevos, en los que recrean su cultura original al tiempo en que también se proveen de empleo, señala por su parte el análisis Diálogo sobre globalización y cultura en un mundo cada vez más urbano de la organización Hábitat de Naciones Unidas.

Entre los beneficios de unirse a grupos de migrantes connacionales en las ciudades de tránsito, destaca la influencia de su cultura en la planificación y gestión de las ciudades y que mantengan su identidad cultural. Sin embargo, en esas “ciudades frontera” el auge cultural de un grupo nacional o de varios de ellos también puede causar temor, tensión racial y polarización entre la sociedad anfitriona, advierte Hábitat.

Giovanna Marconi, especialista en planeación urbana y en migraciones internacionales de la Universidad de Venecia explica: “Debe protegerse a los transmigrantes en las ciudades; pero hay una total falta de políticas. El ambiente xenófobo y la persecución de la policía los condenan a una escasa movilidad en una ciudad con culturas y etnias ajenas y que además los pone en intensa competencia con los demás migrantes por los recursos”.

Esa situación los obliga a permanecer días, semanas, meses y hasta años en las ciudades de tránsito. Esas urbes (ya sean oasis en el desierto por donde pasan las rutas de migración, aldeas ribereñas al Suchiate o lindantes con los países europeos a través del Mediterráneo) carecen de políticas de atención para los migrantes.

“Esos flujos de personas crean nuevas redes y aportan recursos a las ciudades que revitalizan el mercado local; surgen servicios para el pasaje de personas que traen el auge de empresas de transferencias de remesas. Estos beneficios se olvidan cuando la presión política de los países receptores obliga a las ‘ciudades frontera’ a imponer políticas de control y de colaboración destinadas a detener estos flujos migratorios en las ciudades”, explica la también arquitecta italiana.

Falta un análisis de la actividad que realizan los migrantes extranjeros en Tijuana, Baja California, describe la especialista. “No se sabe prácticamente nada sobre ellos: qué hacen los que se quedan ahí; se estima que provienen de 37 países, pero ninguno aparece en los registros del gobierno estatal o federal.

“El cónsul chino me comentó que los chinos son una gran comunidad en esta ciudad; sin embargo, en el censo de 2000 no aparece registrado nadie nacido en China viviendo en Tijuana”, refiere la autora del ensayo Ciudades de tránsito en las puertas de Europa, catálisis para los migrantes no deseados y profesora visitante del Colegio de la Frontera Norte.

Considera efectiva la ayuda del Grupo Beta a los migrantes, aunque “ellos sólo actúan en la frontera y cuando los migrantes ya viven en las ciudades no hay ninguna política de apoyo para ellos y siguen siendo vulnerables”.

La clandestinidad de los “sin papeles” borra su rastro de las estadísticas oficiales. Cuando se documenta su paso por las ciudades o fronteras, las instituciones de atención a la migración sólo cuantifican ese flujo por permisos de internación o deportaciones. Así, el informe de capturas y rechazos del Instituto Nacional de Migración (INM) de enero a octubre de 2006 reveló que el primer lugar de rechazados correspondió a 501 personas provenientes de China.

El informe estadístico del INM Eventos de rechazo de México según nacionalidad indica que después de los chinos, los indocumentados “capturados y rechazados” de mayor número procedían de Ecuador (325 personas), seguidos por los de Brasil, Perú y Cuba. Asimismo, se da cuenta de la negativa de ingreso a 147 estadunidenses, 73 salvadoreños y 62 bolivianos en ese periodo.

Los migrantes fueron capturados en rutas de migración próximas a ciudades como Tapachula, Chiapas, estado que tuvo el primer lugar de rechazos y aseguramientos del INM en 2006, con 82 mil 520 casos; seguido por el Distrito Federal, 4 mil 977; Torreón, Coahuila, 2 mil 994, y Oaxaca, 4 mil 838.

Urbes de espera

Las políticas restrictivas impuestas por Europa lograron la proliferación de controles migratorios y, con ello, el aumento de los barrios de espera que concentran a jóvenes de origen subsahariano.

Lo mismo ocurre en Tijuana, señala Jorge Santibáñez, investigador del Colef: esa ciudad aloja a cientos de migrantes latinoamericanos que aguardan por semanas o meses para cruzar hacia Estados Unidos. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el plazo de espera aumentó.

Santibáñez afirma que el aumento del control migratorio fortaleció las deportaciones. Por eso, la Casa del Migrante de esa ciudad fronteriza recibe en promedio 120 personas deportadas, entre ellos centroamericanos.

La doctora Giovanna Marconi refiere que en México la migración está fuera de las prioridades estatales; en Tijuana, “sigue siendo un tema marginal para la opinión pública”.

“No existen políticas de prevención ni de atención en las ciudades de tránsito y si las hay, son policiacas que no surgen de la municipalidad sino de los controles que exigen los países vecinos para poner un filtro a las migración. Cuando su mercado interno las necesita, entonces abren de nuevo las fronteras”, concluye la especialista italiana.

Santuario o espejismo

Las llamadas “ciudades santuario” o “refugio” son aquellas en donde los agentes de la fuerza pública y los funcionarios no están obligados a interrogar a nadie por su calidad migratoria.

San Francisco y Nueva York son santuarios para migrantes y, de acuerdo con datos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la delincuencia descendió en 2007 respecto a 2000.

La razón detrás de esas cifras radicaría en los fondos federales que atienden a los migrantes temporales de esas ciudades. En 1988, Nueva York se declaró “santuario” y según la FBI la delincuencia llegó a su mínimo histórico en mayo de 2007.

En contraste, Boston, capital de Massachussets, que no es “ciudad santuario”, duplicó su tasa de violencia en cinco años: pasó de 6.6 por ciento de homicidios en 2000 a 12.9 por ciento en 2005. (NE)

Los municipios de la zona alta mixe son grandes expulsores de migrantes por la baja productividad local. Sus habitantes olvidan su idioma por temor a la discriminación

Oaxaca. San Pedro Ayutla, Santo Domingo Tepuxtepec y Tamazulapan son tres municipios situados en la zona alta mixe de Oaxaca en donde la migración de los jóvenes, la pérdida de su idioma y del tequio –la práctica del trabajo voluntario– constituyen una amenaza contra la identidad de este grupo indígena, denuncian los alcaldes de esa región.

Los 19 municipios mixes de Oaxaca ocupan una superficie total de 4 millones 668 mil 55 kilómetros cuadrados, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Están divididos en la zona alta con Tlahuitoltepec, Ayutla, Cacalotepec, Tepantlali, Totontepec, Tamazulapam y Mixistlán; la parte media con Ocotepec, Atitlán, Alotepec, Juquila Mixes Camotlán, Zacatepec, Cotzocón, Ouetzaltepec e lxcuintepec, así como la zona baja con Mazatlán y Guichicovi.

Una gran mayoría de mixes abandonan sus municipios en busca de empleo. Los reciben polos de atracción de mano de obra barata como: la ciudad de Oaxaca, Puebla y Distrito Federal. En Estados Unidos, la comunidad oaxaqueña los acoge en California y Wisconsin.

Arnulfo Jiménez Ojeda, munícipe de Tepuxtepec, exhibe con orgullo el avance del proyecto comunitario destinado a retener a los pobladores a través del cultivo de jitomate en invernadero. “Es para el autoconsumo porque los comerciantes lo venden muy caro”, indica.

A su lado, la agrónoma Micaela Nolasco –una joven de baja estatura y voz enérgica– explica que desde 2004 se fundó la empresa Agroproductores de Tepuxtepec para atraer los recursos agrarios federales y estatales en beneficio de los campesinos de la zona.

Micaela y Mari Luisa López explican que en ese municipio, la migración de los jóvenes mixes va en aumento. “Migran hacia las grandes ciudades por falta de empleos en sus municipios y trabajan como empleadas domésticas o albañiles; entonces, reniegan de su lengua porque son discriminados. Cuando regresan, no quieren enseñar a sus hijos este idioma”.

Tepuxtepec es un municipio rico en agua, como señaló el ingeniero de la Comisión Nacional del Agua que trabaja en la última fase de la ampliación de los tanques receptores del líquido en esa zona. Para realizar esas obras de infraestructura, esa dependencia contrata al 50 por ciento de empleados de los municipios con objeto de brindar más ingresos a la población local.

Éxodo y olvido

San Pedro y San Pablo de Ayutla Mixe no figura como uno de los municipios más pobres de Oaxaca. Tiene casi 8 mil habitantes. Su paisaje –cuya vegetación está conformada por pino-encino, ocote, madroño y capulín– está dominado por tiendas de materiales de construcción, de abarrotes y prendas de vestir.

Por las calles pavimentadas y algunas vías de terracería circulan a alta velocidad las camionetas pick up de modelo reciente así como camiones de redilas que rebosan con mercancías traídas desde la capital del estado. No hay, sin embargo, ninguna radio local o señal para teléfono inalámbrico.

Anacleto Julián Sánchez, actual munícipe, lamenta la pérdida de la práctica del tequio –trabajo colectivo por tres días–, el uso de su idioma y la vestimenta. Sin embargo, subraya, aún persiste en la comunidad la costumbre de decidir los asuntos públicos a través de las asambleas, como la designación de un alcalde o su reelección (pues su periodo de gobierno es de apenas un año).

Sin embargo, este gobernante se lamenta: “Desde que empezó a llegar el dinero del gobierno estas costumbres se han perdido: los jóvenes ya se acostumbraron a ganar dinero, la juventud quiere que hoy trabaje y mañana le paguen, no quieren sufrir en su propia comunidad. ¿Qué trabajo podemos crear?”.

En Ayutla y en los otros municipios mixes hace falta más organización frente a la baja producción del campo, considera Anacleto. Opina que el fracaso de los proyectos gubernamentales radica en que: “Cuando los proyectos se echan a andar sí hay asesoría, pero desgraciadamente sólo es por unos días y luego se retiran los asesores; por eso muchos programas fracasan y van a la quiebra”.

Esa fallida política en los programas productivos en las zonas pobres de Oaxaca, tiene su expresión más evidente en el poblado de San Baltasar Segache El Bajo. Situado entre Ixtlán de Juárez y Natividad, a unas cuatro horas de la ciudad de Oaxaca, es un poblado “muy bonito, muy limpio pero vacío, no hay nadie. Apenas 25 o 30 personas; es una zona de muy alta expulsión de migrantes”, narran los munícipes mixes.

También en la zona alta, a 40 minutos de Tepuxtepec y siguiendo un amplio camino de terracería, está Tamazulapan con casi 6 mil habitantes con casi el 85 por ciento de población mixe. Como su vecina Ayutla, también es un intenso eje comercial con programas para cultivar jitomate y elaborar artesanías.

El mixe en peligro

“La palabra mixe no tiene una traducción en nuestro idioma; los estudiosos la atribuyen a la relación comercial entre los zapotecos y los nativos de esta región, pues en zapoteco el vocablo mich equivale a muchachos, y así llamaron a nuestros antecesores”, apunta el profesor salesiano Carmelo Reyes.

Son varias las posibles causas del abandono de este idioma: en principio, que el mixe posee tantas variantes que es difícil que las comunidades se comprendan entre sí. Además, las familias migrantes lo dejan de usar por temor a ser discriminadas. Ante esa amenaza, el profesor Reyes señala que “hay esfuerzos tibios y poco consistentes por preservar el idioma mixe”, como los del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas para preservar sus variantes dialectales como una riqueza cultural.

Diálogo extramuros

La caravana de cuatro decenas de profesores y estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, llega a Santo Domingo Tepuxtepec. Ahí, tiene lugar un diálogo bilingüe entre dos culturas –a veces antagónicas y otras paralelas– en pos de la salud dental de los mixes.

Esa mañana, el altavoz público de Tepuxtepec, llama a los pobladores a acudir a la consulta. Lentamente ocupan su lugar tímidas mujeres con sus hijos. Otras, ya mayores y cuyas cabezas coronan rebozos multicolores, esperan su turno junto a un par de adultos.

“¿Qué edad tiene?”, “¿qué come?”, “¿qué enfermedades padecieron sus padres?”, preguntaban los doctores en español. Las respuestas en mixe llegaban de sus pacientes auxiliados por el maestro Carmelo Reyes.

Laura Mecalco, coordinadora del grupo, atiende a un anciano al que una gran carnosidad cubre su ojo izquierdo. “Es efecto de la tierra y la resequedad del clima; unas gotas lubricantes le ayudarían a aliviar la molestia”, explica. Más tarde, examinará a un niño de apenas tres años con sarna: “Aquí una crema sería lo indicado y mejores condiciones de higiene”.

Al anochecer de la primera jornada, aún rodeada de pacientes, la doctora hace un primer diagnóstico: “La realidad superó nuestras expectativas; aunque veníamos preparados con equipo y medicamentos, la falta de una cultura preventiva ocasiona problemas para los que no es posible, en tan poco tiempo, atenderlos como requieren”.

Este viaje fue posible por los excedentes de la atención pública de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Parte de los analgésicos y medicamentos contra enfermedades infecciosas fueron donados por Laboratorios Senosiain. De su experiencia, dice una joven doctora: “El problema es la barrera de comunicación; además ¿cómo van a gastar dinero en comprar una pasta, hilo dental o cambiar cada tres meses un cepillo dental si no tienen recursos?”.