Especial/Secretaría de Salud

La diabetes representa una emergencia para el Sistema Nacional de Salud, por lo que se deben implementar acciones para realizar un diagnóstico temprano y evitar complicaciones, afirmó la Secretaria de Salud, Mercedes Juan.

Al participar en la ceremonia de inauguración del Primer Foro de Diabetes de la Ciudad de México, convocado por organizaciones civiles y el gobierno de la Ciudad de México, la titular de Salud puntualizó que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la Obesidad y la Diabetes, se prevé la reorientación del Sistema de Salud con el fin de lograr, en el corto plazo, la portabilidad y convergencia, así como elevar la calidad de los servicios.

El acto se realizó en la Antigua Escuela de Medicina donde se dieron cita el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles; la Representante de la OPS/OMS, Maureen Birmingham; el secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Armando Ahued y Lars Rebien Sorensen, presidente y CEO de Novo Nordisk.

Ante representantes de asociaciones civiles, jefes delegacionales, Secretarios de Salud Estatales y  reconocidos comunicadores, la Secretaria de Salud exhortó a los asistentes a trabajar en el fortalecimiento de una cultura de la prevención de obesidad y diabetes, la cual se puede lograr a través del establecimiento de hábitos saludables como la buena alimentación y activación física.

Aunado a ello, anunció que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición “Salvador Zubirán” elabora un Plan Estratégico del Paciente Diabético, que tiene como fin brindar una atención integral a estos enfermos. La idea, dijo, es que una vez que se concluya este modelo de atención, se replique en todo el país.

Comentó que se estudia conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, la posibilidad de la inclusión de una materia de salud en el Plan de Estudios de  Educación Básica.

En su oportunidad, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, indicó que la diabetes es un padecimiento silencioso que afecta a un amplio sector de nuestro país, causa ceguera, amputaciones de miembros inferiores y enfermedades renales, por ello una de las tareas principales del gobierno de la Ciudad de México es la prevención.

Destacó la creación del Centro Especializado en manejo de Diabetes, que tuvo una inversión de 18 millones de pesos y donde colaboraron  expertos internacionales para su diseño.

Detalló que otra de las estrategias para la prevención es la instalación de 250 gimnasios al aire libre para fomentar la actividad física.

Por su parte, Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud del Distrito Federal, señaló que para contener el problema de la diabetes en nuestro país, el gobierno de la ciudad trabaja en tres estrategias fundamentales que son: llevar los programas de promoción de la salud a todos los rincones de la ciudad, atender de manera oportuna e integral a los pacientes diabéticos y fomentar la sinergia de acciones y aplicaciones de recursos de los sectores público, privado y social. Mencionó que la diabetes afecta a casi 650 mil capitalinos y constituye la principal causa de muerte prematura. Finalmente, informó que el 37 por ciento de las defunciones por diabetes ocurre en edad productiva y afecta por igual a hombres y mujeres.

Al acto asistieron el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Mikel Arreola; el director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición “Salvador Zubirán”, David Kershenobich y la periodista Lolita de la Vega, quien padece esta

El censo de escuelas se realizará entre septiembre y noviembre y los resultados estarán disponibles en diciembre de este año.

El Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Eduardo Sojo Garza Aldape y el Secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, revisaron la metodología, los objetivos, sus alcances y el calendario de actividades, y se determinó que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial permitirá además proponer acciones para la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, que se consolide como un sistema registral que permita producir información actualizada y completa de forma regular y periódica de los niveles prescolar, primaria y secundaria.

Las poblaciones objetivo del Censo son las escuelas, maestros y alumnos incluidos en los tres niveles de la educación básica en el sistema escolarizado y los de educación especial en el sistema extraescolarizado.

La estrategia de operación considera la integración del Catálogo Único de Centros de Trabajo, dos Pruebas Piloto, el Recorrido Previo, el Levantamiento de la Información de Maestros y Alumnos, y la Recuperación de Pendientes y Operativos Especiales.

Universo: Sistema Educativo Nacional

El Sistema Educativo Nacional se subdivide en dos Subsistemas principales: el escolarizado y el extraescolar.

El primero atiende alrededor del 90% de los alumnos, que en el caso de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) ascendió a más de 35 millones de niñas y niños; con más de un millón de maestros que impartieron clases en poco más de 200 mil escuelas, tanto en la educación pública como privada, en el ciclo escolar 2010-2011.

Respecto a la educación especial (sistema abierto o semiescolarizado, para personas con discapacidad, educación extraescolar para indígenas, para los adultos y formación para el trabajo), en ese mismo ciclo escolar se registraron más de 500 mil alumnos, atendidos por casi 36 mil docentes en casi 5 mil 500 escuelas.

Calendario

El levantamiento de la información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial se llevará a cabo de septiembre a noviembre de 2013, y los primeros resultados se tendrán disponibles en diciembre.

Alcances y temas del censo

El Censo tiene como objetivo captar las características específicas de escuelas, maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de educación básica.

Permitirá conocer la infraestructura instalada, servicios, equipamiento y las condiciones de los inmuebles donde se imparte la educación básica y especial e identificar por escuela el uso de los espacios disponibles.

Es decir, identificará datos de ubicación geográfica de los centros escolares, domicilio y tipo del inmueble, situación de propiedad del mismo, las escuelas que operan en él, sus características constructivas (paredes, techos y pisos).

También permitirá conocer el número y tipo de aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, aulas de medios, auditorios, oficinas administrativas y académicas, espacios recreativos y deportivos, sanitarios, entre otros.

Busca registrar en los diferentes Centros de Trabajo a cada uno de las y los docentes e identificar las características de sus plazas, su escolaridad, las funciones que realizan, la capacitación recibida y los programas en que participan, así como, registrar en las escuelas a todas las alumnas y alumnos según grado y nivel educativo, y sus características sociodemográficas.

Esto contribuirá a identificar los programas y proyectos, los recursos humanos, total de docentes, administrativos, directivos, personal de apoyo técnico pedagógico, la oferta educativa, la matrícula escolar y los grupos.

Respecto de los docentes, se busca conocer además de sus datos de identificación, los años de servicio, las plazas que ocupa, característica de cada una de ellas plazas, y los grupos que tiene a cargo (grado, grupo y materia). Asimismo su preparación, formación, programas de capacitación en que participa, reconocimientos, entre otros datos.

En el caso de los alumnos, se contará con información para conocer habla lengua indígena, español o extranjera, datos escolares (grado y grupo), condiciones especiales observables, programas y becas en los que participa.

Encuesta de opinión

En complemento al Censo, se levantará una Encuesta de Opinión, la cual se aplicará a todos los supervisores de zona, directores y a una muestra de maestros seleccionada por métodos probabilísticos; de esta manera el total de cuestionarios será de aproximadamente 467 mil 548.

Con toda esta información se propondrá la elaboración de programas para infraestructura escolar, hábitos de alimentación y nutrición en alumnos y maestros, condiciones de salud de alumnos y maestros, accidentes, agresiones y violencia a los alumnos, planes y programas educativos en las escuelas, entre otros.

Por último, Emilio Chuayffet anunció que en febrero próximo convocará al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), para que en cada estado del país se cree un Comité Estatal de Apoyo al Censo para contar con una base de datos de alumnos, escuelas y maestros que integran el Sistema Educativo de Educación Básica pública y privada.

Luis Peña y Margarita Zavala en la entrega del reconocimiento de "Empresa Incluyente" a HSBC

La Presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), Margarita Zavala, y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Rosalinda Vélez Juárez, entregaron el Distintivo Empresa Incluyente ‘Gilberto Rincón Gallardo’ 2011, a 38 centros de trabajo, incluido HSBC, por la incorporación laboral de grupos vulnerables, tales como personas con discapacidad, madres solteras, adultos mayores, personas de orientación sexual diferente a la heterosexual, y personas con VIH/ SIDA.
 
En su ponencia en el Club de Industriales de la Ciudad de México, el ingeniero Luis Peña Kegel, Director General y Presidente del Consejo de Administración de HSBC México, señaló que la diversidad e inclusión forman parte integral de los valores del grupo financiero:

“HSBC está orgulloso de ser una organización donde se respeta y promueve la diversidad e inclusión. En eso radica nuestra fuerza, porque trabajamos en un país diverso y por ello, debemos ser incluyentes”.

El directivo de HSBC dijo también que “lo que todos tenemos en común, es que todos somos diferentes” e hizo un llamado a los empresarios y a la sociedad en general a integrarse a este gran esfuerzo, comprometiéndose entonces a retener el distintivo de empresa incluyente de forma permanente.

Después de la entrega formal de los reconocimientos, la titular STPS, Rosalinda Vélez, enfatizó que es “de capital importancia el apoyo del sector empresarial, como un aliado permanente en esta lucha por abrir más espacios de trabajo, en condiciones dignas, para las personas con mayores dificultades para obtener un empleo”, añadiendo que “con acciones como esta, también contribuye a fortalecer nuestro tejido social y la construcción de una sociedad más justa para todos”.
 
Por su parte, Margarita Zavala reconoció la labor de HSBC y de los otros galardonados, recordando que el grupo financiero y el DIF Nacional trabajan además en forma conjunta en el Fideicomiso para el ‘Fortalecimiento de la Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y adolescentes Migrantes y Repatriados no Acompañados’.

La Presidente del DIF Nacional dijo entonces que gracias a este esfuerzo ha “podido ver una serie de trabajos y de programas que tienen (en HSBC), precisamente para la inclusión, así que me consta la generosidad, no sólo de él (Luis Peña Kegel), sino que ésta se ha permeado en todo el banco”.

La ceremonia de reconocimiento concluyó con una muestra de pinturas hechas por artistas pertenecientes a la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie (APBP).

 Estudiantes mexicanos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) serán beneficiados por la aportación directa de trabajadores de Gas Natural Fenosa, a través del programa “Día Solidario”, el cual se complementará con un donativo adicional por parte de la empresa para financiar la totalidad de carreras técnica de 175 estudiantes, informó Paola Alcázar Hernández, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos del grupo en México.

Las becas, dirigidas a estudiantes que cursan diversas carreras técnicas que imparte el Conalep, se entregarán en cinco promociones entre 2011 y 2017 y se calcula que el apoyo económico ascenderá a 74.5 mil dólares, aproximadamente unos 900 mil pesos.

Este apoyo de becas y el esfuerzo económico para hacerlo posible forman parte del Día Solidario, un programa conjunto entre Gas Natural Fenosa y sus empleados, en todo el mundo, para beneficiar a las comunidades y potenciar su desarrollo social y educativo en las zonas en donde la empresa opera, explicó Alcazar Hernández.

Este plan de apoyo económico está dirigido especialmente a alumnos de escasos recursos que asisten al Conalep y que cuentan con calificaciones promedio de entre 9 y 10.

La primera promoción del programa de becas del “Día Solidario” de los empleados de Gas Natural Fenosa se hizo efectiva con la entrega de becas a alumnos de los plantes del Conalep, sedes Iztacalco I e Iztapalapa II.

En Iztacalco, ante la presencia de padres y autoridades del Conalep, un total de 11 alumnos con calificaciones de excelencia recibieron los apoyos económicos mientras que en el plantel de Iztapalapa fueron 12 los estudiantes seleccionados. En Tuxpan, Veracruz, donde el grupo opera una Central de Ciclo Combinado, entregó 13 becas.

  De esta forma, el programa de becas de “Día Solidario” de GNF muestra ya un avance del 20.5 por ciento, mientras se trabaja en la selección de los estudiantes beneficiados por este esfuerzo.  Es importante subrayar que todos los estudiantes beneficiados podrán mantener la beca a lo largo de su carrera, en tanto sostengan sus niveles de excelencia.

 “La Visión de nuestra empresa establece que Gas Natural Fenosa contribuye positivamente a la sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global, es por esto que, empleados y empresa, desarrollamos nuestro negocio con un horizonte  estratégico que trasciende los intereses económicos inmediatos, contribuyendo al desarrollo económico, medioambiental y social, tanto a corto como largo plazo”, agregó Paola Alcázar.

 ¿Qué es Día Solidario?

 Día Solidario es un día de sueldo al año que empleados voluntarios de Gas Natural Fenosa, de todo el mundo, donan de manera voluntaria para que sea aprovechado en iniciativas con fines sociales y humanitarias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el desarrollo futuro de las personas. Los proyectos están centrados en la ayuda al desarrollo infantil y juvenil en los países donde está presente el grupo, entre ellos México.

 Al monto de recursos captado por las contribuciones de los empleados, Gas Natural Fenosa aporta un donativo económico similar.  La totalidad de los fondos recaudados se destinan al proyecto, y la empresa asume todos los gastos de gestión.

 La gestión, entrega de fondos, control y seguimiento del proyecto son responsabilidad de la Junta Gestora, formada por empleados voluntarios del grupo, los cuales vigilan el cumplimento del dicho programa

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que depende de la Secretaría de Hacienda, habría incurrido en la venta de autos robados. Documentos oficiales del Sae revelan que entre sus trámites comunes, después de subastar, se encuentra la “devolución de recursos por la venta de vehículos con reporte de robo”. Ésta sólo cubriría el monto pagado por el comprador en la subasta, mas no la inversión que llegara a hacer en el automóvil

Osvaldo Covarrubias Vega perdió su patrimonio económico y moral por una camioneta que compró al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) en mayo pasado. La compra, por medio de una subasta pública, consta en la factura emitida por la autoridad federal el 8 de junio de 2009.

El 23 de septiembre de este año, los diarios de Los Mochis, Sinaloa, lo arrancaron del anonimato: su nombre y su fotografía fueron asociados con un delito. Los medios lo describieron como “la persona que intentó vender un auto robado y fue detenida casi en flagrancia por la Policía Federal”. Del Sae, el primer vendedor, no hicieron referencia alguna sino hasta que el propio afectado pudo desmentir la información.

Osvaldo se entregó solo a la justicia. Nada parecía indicar que el vehículo que compró a la administración pública federal fuera ilícito: antes de apalabrarse con su fallido comprador, había circulado la Isuzu Oasis modelo 1996 por las arterias de Los Mochis, donde radica con su familia. En tres meses, ningún oficial le requirió conocer el origen ni la documentación de la camioneta.

—A mí no me pararon en la calle, en circulación. Yo fui a verificar a las oficinas de la Policía Federal la legalidad de la camioneta.

Entre junio y julio, Osvaldo ingresó el vehículo a los talleres mecánicos. Invirtió más de 20 mil pesos: rines, pintura, llantas, motor nuevos. En total, gastó 30 mil pesos, 9 mil de éstos correspondientes al pago de la subasta del Sae.

Ya en septiembre le dibujó signos de pesos a las ventanillas: la crisis financiera no le permitía mantener la Isuzu Oasis en su poder. Una vez concertada la compra-venta, el 22 de ese mes acudió a las instalaciones de la Policía Federal.

Hasta entonces, la consulta a la base de datos sobre autos robados era, para Osvaldo, un simple trámite. No fue así. El formalismo con su cliente, para garantizar la legalidad del vehículo que ahora intentaba comerciar, se convirtió en seis horas de detención y la confiscación de la Isuzu Oasis, “que salió con reporte de robo desde 2004, en Phoenix, Estados Unidos”.

La pesadilla había comenzado apenas. Luego vendrían el Ministerio Público, las declaraciones, los trámites, las quejas ante organismos de derechos humanos, el silencio del Sae, dependencia federal encargada de “administrar y enajenar bienes y empresas y, en su caso, destruir los bienes o liquidar las empresas que le sean encomendadas, en estricto apego a la ley y buscando los términos económicos y financieros más convenientes en el menor tiempo posible”.

—¿Cómo es posible que el gobierno venda autos robados? –se pregunta Osvaldo. Agrega que en el Ministerio Público le informaron que eran varios casos similares al suyo; por ello le sugirieron que aceptara los 9 mil pesos que pretende entregarle el organismo descentralizado del sector Hacienda­.

Pero Osvaldo rechaza perder los 21 mil pesos que invirtió en la remodelación de la camioneta. “Eso, ¿quién me lo va a pagar?” Ante la falta de respuestas del Sae, el hombre acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, misma que turnó su caso a la Comisión Nacional, por ser un asunto de carácter federal.

Para Osvaldo, lo sorprendente es que, en su caso, el auto robado que le vendieron las autoridades federales estuviera marcado para reemplacamiento. Y es que, indica, si la camioneta se hubiera subastado como chatarra, se habría destruido y, seguramente, “jamás se habría sabido su ilegalidad”.

De acuerdo con las bases de la subasta electrónica en la que participó Osvaldo, el Sae asegura no tener conocimiento “de que existan reportes de robo sobre los vehículos a subastar o que los mismos se encuentren vinculados a algún siniestro o delito en los Estados Unidos de Norteamérica (sic), para el caso de vehículos de procedencia de comercio exterior”.

Agrega que, “respecto de los bienes de procedencia extranjera, el Sae no realizaría cancelación de la venta y/o devolución alguna en virtud del convenio suscrito” con el gobierno estadunidense.

Trámite postventa común

El caso de Osvaldo Covarrubias Vega no sería el único: la venta de autos robados podría ser una práctica cotidiana en el Sae, según se desprende de su propio Manual de procedimientos. Sus capítulos y anexos revelan que además de subastar automóviles con reporte de robo, también vendería carros con número VIN (vehicle identification number) remarcado.

En el apartado “Proceso: post-destino. Subproceso: atención de requerimientos de información y trámites post-venta”, fechado en junio de 2008, el Sae establece tres trámites para devoluciones de recursos a favor del comprador, que define así en su objetivo:

“Este procedimiento tiene por objeto detallar las actividades a realizar para tramitar las solicitudes de devolución de recursos recibidos por la venta de vehículos con reporte de robo o número de VIN remarcado o por pago en exceso enviados por el área de Atención a Clientes.”

Al igual que Osvaldo, el comprador que tramita ante el Sae la devolución de su dinero por los dos primeros motivos tiene que acreditar lo siguiente: cuando se trata de un auto con reporte de robo, debe presentar “la copia certificada por la autoridad ministerial”; en el caso del número VIN remarcado, “las calcas y fotografías del número VIN, dictamen de OCRA o informe del Registro Público Vehicular, en su caso, o documento en el que conste la alteración del número VIN”.

Una vez que el cliente presenta su recurso de devolución ante el Sae, su trámite cumplirá hasta 19 pasos para que le sea notificada la aceptación o negación del mismo. En caso de ser positiva, la Administración Titular de Comercialización de Muebles Menores de la dependencia autorizará el cheque o transferencia electrónica por el monto de la devolución.

Osvaldo explica que, en su caso, el Sae sólo pretende pagarle 9 mil pesos, que fue lo que él sufragó en la subasta.

—Me piden que firme un documento de conformidad por los 9 mil pesos, y dicen (los representantes del Sae) que después analizarán si procede entregarme los otros 21 mil pesos. No he querido firmar porque no me han garantizado nada. Yo quiero que me paguen los 30 mil pesos que invertí en la camioneta.

El hombre no se resigna a perder su inversión que, explica, es también su patrimonio económico. Indica que en un primer movimiento legal consiguió una suspensión para que las autoridades no repatrien la camioneta a Estados Unidos.

De acuerdo con el Anexo 1 de los Indicadores estratégicos del SAE (resultados del ejercicio 2008), las erogaciones correspondientes al avance del programa de venta de bienes muebles ascendieron en ese ejercicio a 89 millones 820 mil pesos. No obstante, el documento no aclara cuántos recursos se destinaron al pago de devoluciones por concepto de venta de autos robados. En 2008, los ingresos de ese programa sumaron los 177 millones 720 mil pesos, detallan los indicadores.

Para la elaboración de este trabajo, Fortuna solicitó conocer la versión del Sae, por medio de su área de Comunicación Social. Sin embargo, al cierre de edición, no hubo respuesta.

El incremento en la pérdida de capital humano es uno de los saldos negativos de la administración de Felipe Calderón. Desde 2007, México se colocó como el principal expulsor de cerebros en el ámbito mundial

En los últimos años, las regiones de América Latina y el Caribe experimentaron la pérdida sin precedente de su población altamente calificada, es decir, con niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Mientras que en la década de 1990 el continente africano ostentaba la mayor tasa de emigración de ese tipo, desde 2007 América Latina y el Caribe asumieron ese lugar: actualmente, el 11.3 por ciento de las personas con niveles educativos altos residen fuera de su país de origen, según cifras del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), organismo intergubernamental con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 26 países del continente.

La emigración del capital humano, llamada comúnmente fuga de cerebros, no es nueva, sin embargo, “como fenómeno masivo sí lo es, pues en los últimos años registró mucho mayor incidencia y dinamismo que la migración no calificada”, dice el organismo.

En México detonó en el primer año del gobierno de Felipe Calderón, cuando se ubicó como el país con mayor fuga de cerebros del mundo: 1 millón 357 mil 120 personas, según el informe La emigración de recursos humanos calificados desde países de América Latina y el Caribe, elaborado por el Sela y difundido en su sede hace unas semanas. Éste determina que la ausencia de oportunidades laborales con salarios dignos para los profesionistas egresados de las universidades públicas y privadas masificó la emigración calificada. Es el saldo del primer periodo de gobierno del autonombrado “presidente del empleo”.

Jorge Fernández Santillán, director del Centro de Investigaciones en Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, señala que la diáspora masiva que coloca a México como el país con el índice más alto en fuga de cerebros “es responsabilidad de los últimos gobiernos que, a toda costa, han impuesto el modelo neoliberal”.

Agrega que “por la falta de trabajo se está expulsando el capital intelectual, y la culpa la tiene el gobierno por seguir implantando el modelo neoliberal: que todo lo dicte el mercado y que el Estado intervenga lo menos posible. Ese modelo, que provocó un grave estropicio, principalmente en los sectores educativo y laboral, hace mucho tiempo que pasó a mejor vida, pero México es el único país del mundo donde se sigue implantando sin interrupciones”.

Ante la ausencia de opciones laborales, “las personas de mayor calificación tienen derecho de escoger dónde realizar sus proyectos de vida, pero principalmente a que sus países de origen les den las oportunidades para hacerlos sentir necesarios al desarrollo y la innovación. Esto es particularmente sensible entre los jóvenes. Si este último derecho no se concreta, entonces la idea de salir es natural”, dice Jorge Martínez Pizarro, especialista de la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal) en temas migratorios, e investigador de ese organismo en su sede, Santiago de Chile.

La Cepal, brazo regional de la Organización de las Naciones Unidas, identifica que, además de las bajas retribuciones, el desempleo abierto y el subempleo, la desalarización y la terciarización –también llamada outsourcing–, consideradas en la denominada “flexibilización laboral” (esquema generalizado en el país a partir del gobierno de Vicente Fox), son factores que propician la fuga de cerebros. Ello, subraya, tiene como consecuencia “la erosión de la masa crítica de conocimiento y la repercusión sobre el crecimiento económico de los países de origen, debido a la pérdida de los recursos invertidos en educación”.

La diáspora del siglo XXI

De 1990 a 2008 la migración “calificada” promedio en América Latina se incrementó 155 por ciento, seguida de África, con 152.4 por ciento, y Asia, con 144.8 por ciento. En México llegó al 270 por ciento, con lo que en la actualidad el 16 por ciento de los cerebros mexicanos reside en el exterior, principalmente en Estados Unidos, país que aglutina a 4 millones 143 mil emigrantes calificados; es decir, el 25 por ciento de los cerebros emigrados a Estados Unidos son mexicanos. Con esa cifra, México es el país con más cerebros emigrados hacia las naciones desarrolladas, siendo al interior de la región latinoamericana y caribeña el país con más migrantes calificados y el sexto a nivel mundial, indica el Sela.

El organismo alerta que la ausencia de oportunidades laborales para los contingentes de profesionales, recién egresados de las universidades públicas y privadas, suscita su emigración. Explica que a nivel mundial, el número de migrantes con nivel de escolaridad alto creció 111 por ciento al pasar de 12.5 millones de individuos en 1990 a 25.9 millones en 2007; mientras que el incremento de los migrantes con nivel de escolaridad bajo fue del 39 por ciento y los de escolaridad media, 76 por ciento. Por lo que “se observa un incremento de los migrantes con nivel de escolaridad alto por encima de los migrantes con nivel de escolaridad medio y bajo”. Es decir, que la tendencia es hacia la expulsión del personal más calificado.

Jorge Fernández Santillán, doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México y en filosofía política por la Universidad de Turín (Italia), y autor de libros de filosofía, ciencia política y administración pública, explica el fenómeno migratorio:

“Tiene que ver con que nos encontramos en una etapa en que la fuerza de trabajo sin calificación o técnica ya no es bien remunerada; nos encontramos en la llamada sociedad del conocimiento y lo que crea riqueza ya no es tanto la producción, sino la educación. Hay que tomar en cuenta que dos terceras partes de toda la economía mundial ya son una economía del conocimiento, así que la fuga de cerebros va a seguir incrementándose”.

Cerebros subutilizados

La diáspora del siglo XXI tiene dos grandes efectos negativos: cuando los cerebros abandonan su país, en sí “es una pérdida sólo por el hecho de haberse formado en el país de origen, que éste haya invertido recursos, particularmente si se trata de sistemas de educación públicos, que no están siendo aprovechados” –determina el Sela–; y el segundo: su subutilización en el país destino ya sea porque se desempeñan en ocupaciones que no corresponden con su nivel de calificación o simplemente por inactividad involuntaria.

De cada 10 nativos en Estados Unidos (principal país destino de los cerebros emigrados), en promedio seis consiguen una ocupación acorde con su formación; la probabilidad para los emigrantes se reduce a tres de cada 10. Pero la situación más grave la enfrentan los mexicanos y centroamericanos, en ese orden, ya que “la mayoría de estos migrantes presentan niveles de desperdicio formativo entre el 70 y 84 por ciento”, dice el informe.

El promedio de grado académico de doctor para los cerebros de origen europeo es del 18.6 por ciento, seguido de los africanos, con el 16.3 por ciento; los asiáticos, con 15.5 por ciento; los nacidos en América Latina, con el 11.4 por ciento. A nivel regional, los de países como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Bahamas y San Vicente presentan mayores porcentajes con grado de doctor que la población nativa de Estados Unidos.

En el caso de las regiones Andina y Suramérica, todos los países sin excepción rebasan el 10 por ciento de migrantes con grado de doctor, destacando los casos de Colombia, con 15 por ciento; Chile, 16.2 por ciento; Uruguay, 24.1 por ciento; Argentina, 24.5 por ciento; y Paraguay, con 44.6 por ciento. Pero ni con esos porcentajes logran los puestos que tienen los estadunidenses de menor nivel académico. Aunque sólo el 9.3 por ciento de estos últimos cuenta con grado de doctor, tienen más oportunidades de empleo mejor remunerado.

El desperdicio de talentos o brain waste –concepto que alude al desaprovechamiento de las habilidades o niveles formativos– es uno de los hallazgos más relevantes que hizo el Sela, según el citado informe. Detalla que la incorporación de cerebros en ocupaciones que se encuentran por debajo de su nivel educativo, o que no corresponden con las habilidades y experiencia profesional, afecta, en primer lugar, a los mexicanos: mientras que el promedio de brain waste es del 60.9 por ciento, en el caso de los mexicanos llega al 75 por ciento.

Si bien “la imposibilidad de acceder a un trabajo es expresión del desperdicio formativo, la inserción deficitaria en el mismo es una manifestación mucho más grave del fenómeno”, manifiesta el Sela. En este contexto, el 75 por ciento de los cerebros mexicanos se emplea en actividades por debajo de su nivel educativo: con honorarios reducidos, niveles de calificación inferiores o con menores niveles de productividad, lo que para la Organización Internacional del Trabajo en realidad es una forma de subempleo.

El Sela descubrió otro drama que viven los mexicanos, que los aleja cada vez más del sueño americano: mientras que el promedio de desempleo en Estados Unidos para los cerebros extranjeros es del 3.1 por ciento, en el caso de los mexicanos llega al 3.5 por ciento.

Detectó también que a nivel subregional, “los inmigrantes en Estados Unidos con formación universitaria en México y en algún país de Centroamérica tienen desempeños más pobres, en comparación no sólo con los nativos, sino también con migrantes originarios de otras subregiones. Por el contrario, quienes proceden de Suramérica se encuentran en condiciones laborales más benéficas”.

Al respecto, Fernández Santillán, exinvestigador de la Universidad de Harvard, explica que “la realidad internacional le está cobrando al dogmatismo neoliberal su empecinamiento en mantener al país hundido en el atraso, porque hoy nos encontramos que los centroamericanos y suramericanos se desarrollan específicamente en la sociedad del conocimiento, mientras que nosotros estamos muy mal parados a nivel mundial porque tenemos un gobierno dogmático y una oligarquía que no permite el desarrollo de la sociedad mexicana, y esto está representado muchas dificultades en nuestro país”.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, los mexicanos más calificados residentes en Estados Unidos son 475 mil posgraduados. De éstos, según cifras de la American Community Survey, el 74.4 por ciento (328 mil 261) tiene empleo; el 3.5 por ciento (15 mil 420) está desempleado; y el 22.1 por ciento (97 mil 373) está inactivo.

La American Community Survey detalla que sólo el 35 por ciento se emplea en actividades calificadas: ingenieros, doctores, administradores, educadores, científicos, entre otros; el 27 por ciento, en actividades con calificación técnica: carpinteros, electricistas, cocineros, terapeutas de masajes, agentes de bienes raíces; y el 38 por ciento, sin calificación: empleados u oficinistas de archivo-burócratas, trabajadores de la construcción, representantes de servicio al cliente, cuidadores de niños, limpiadores de casa, empleadas domésticas. El resultado es que sólo tres de cada 10 cerebros mexicanos en Estados Unidos labora en su área de formación.

En contraste con países más pobres como Belice, cuyos cerebros empleados en trabajos con calificación alta representan el 53 por ciento; Haití, que llega al 45 por ciento; y todos los del Caribe –Santa Lucía, San Vicente, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Bahamas, Guyana, Antigua Barbuda y Granada–, que hasta el 67 por ciento logra puestos acordes al más alto nivel educativo.

Se concluye entonces que la fuga de cerebros es cada vez más costosa debido al desperdicio formativo que acentúa una situación paradójica con respecto de la migración calificada, ya que “mientras los países de origen pierden estos recursos humanos, las economías receptoras no logran aprovecharlas adecuadamente”, determina el Sela.

La Cepal coincide en que “el desperdicio formativo profundiza las pérdidas asociadas a la emigración calificada y menoscaba las posibilidades de efectos benéficos asociados al retorno y a la vinculación con las diásporas”.

Gobierno expulsor

El Sela considera que las políticas gubernamentales deben orientarse a minimizar los costos de la migración y maximizar sus beneficios. Detalla que “al persistir el desperdicio de talentos en las sociedades de destino, muy difícilmente podrán emanar efectos de retroalimentación que redunden en beneficios para las sociedades de origen. El desperdicio formativo entonces profundiza las pérdidas asociadas a la emigración calificada y menoscaba las posibilidades de efectos benéficos asociadas al retorno y/o a la vinculación con las diásporas de dichos recursos humanos calificados”.

Los especialistas en migración calificada auguran que, no obstante que los países destino no ofrecen futuros muy prometedores para los cerebros mexicanos, la tendencia a abandonar el país irá a la alza, ya que, explican, la política neoliberal del gobierno de Felipe Calderón es el principal factor de fuga actualmente.

El problema, identifica Gustavo López Castro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el área de migración, “es que México no tiene una política migratoria de Estado; sólo se responde coyunturalmente en tiempos de elecciones, en las temporadas de crisis económica en Estados Unidos, en circunstancias de urgencia, en las oleadas temporales de transmigrantes (que usan a México sólo como paso). Pero no hay una política que, por ejemplo, aporte una perspectiva transversal a las políticas de salud, educación, derechos humanos y administración de la justicia”.

El Sela recomienda que para frenar la fuga de cerebros y evitar la dependencia científica del extranjero, los gobiernos deben invertir como mínimo el 1 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en actividades de ciencia y tecnología, como motor de desarrollo con inclusión social en los países de origen; además de desarrollar “una auténtica política de Estado en materia de recursos humanos altamente calificados”.

Pero la administración de Calderón –siguiendo la política de Fox de convertir a México en un país maquilador en el que la innovación prácticamente quedó descartada– destina apenas el 0.4 por ciento del PIB (unos 3 mil 958 millones de dólares). La cifra lo ubica como el país más rezagado en inversión en investigación y desarrollo, entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El reciente informe OECD Regions at a Glance 2009 ubicó también a México en el último lugar en cuanto a personal destinado a las áreas científicas y tecnológicas y en registro de patentes. Así que la decisión gubernamental de no invertir en desarrollo científico y tecnológico “aleja al país cada vez más del contexto internacional”, explica Fernández Santillán.

Gustavo López, doctor en sociología por la Universidad de Toulouse-Le Mirail, subraya que “el proceso de globalización, que implica la circulación libre de capitales y mercancías, debería permitir la libre circulación del trabajo también, pero, sobre todo, implica la responsabilidad del Estado de incentivar con políticas públicas el desarrollo educativo y científico y, al mismo tiempo, las posibilidades de empleo para los egresados universitarios. De manera tal que los licenciados, maestros y doctores tengan acceso a satisfactores sociales y económicos que les permitan tener una vida digna en su país. Pero el actuar miope y utilitarista del gobierno federal lo hace desincentivar la investigación científica”.

Fernández Santillán, miembro del SNI, coincide en que “mientras nuestro gobierno siga rechazando el apoyo a la ciencia y tecnología, y a la educación en general, vamos a seguir viendo por un lado la emigración masiva de gente sin educación a la que se le va a pagar cada vez menos, y también la sustracción de los recursos humanos más calificados”.

El reto, además, explica Jorge Martínez Pizarro, de la Cepal, “es cómo el gobierno va a retener o retornar los recursos humanos calificados, sin medidas represivas, con trabajo y reconocimientos, o más realistamente, cómo va a vincularlos al país sin obligarlos a regresar a un medio que suele no ofrecer oportunidades y al que ellos mismo podrían contribuir a abrirlas a futuro”.

López Castro cita un ejemplo: “Platicaba con Juan José, un historiador egresado de una universidad de México –le apena que diga de cuál universidad salió– que vive en Manhattan. Me decía que anhela regresar al país, y lo único que quiere es tener un empleo remunerado, siquiera por la mitad de lo que gana preparando ensaladas en Manhattan, y tener seguro social, y la posibilidad de comprar una casa. Le pregunté cuánto es lo que aspira ganar, me dijo que 15 mil pesos al mes. Es decir, ni eso gana un profesionista en México, y es responsabilidad del gobierno” el crear las condiciones para que los gane.

La dependencia en materia científica y tecnológica no sólo vulnera la soberanía mexicana, sino que resulta un pésimo negocio. En 2006 se pagaron más de 7 mil millones de dólares por uso de patentes y sólo se recibieron, por el mismo concepto, 700 millones. Mientras el presupuesto destinado en 2009 es de los más bajos en las últimas dos décadas, trasnacionales son las principales beneficiarias de los estímulos fiscales, por 4 mil 500 MDP

En México, el gasto federal en ciencia y tecnología no rebasa el 0.34 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), lo que provoca un acentuado rezago en investigación básica y desarrollo tecnológico; enormes asimetrías entre entidades federativas, instituciones y sectores sociales, y un retroceso en la competitividad del país, dice Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

Agrega que la inversión anual en la materia no sólo es “muy baja”, sino que va en descenso. De 2003 a 2007, el gasto pasó de 0.43 por ciento a 0.33 por ciento. Se sigue una política en sentido inverso de lo que el país requiere para su desarrollo: más recursos para el incremento en el número de investigadores, en la producción científica y en el registro de patentes.

Para 2009, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 43 mil 528 millones 700 mil pesos; dicho monto supera sólo en 71 millones de pesos al proyecto enviado por el Ejecutivo, que solicitaba recursos para ciencia y tecnología por 43 mil 457 millones de pesos.

En el marco de la mesa de debate “La ciencia en México; cuatro visiones, un mismo compromiso”, Juan Ramón de la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo: “El problema fundamental es que no tenemos esa política pública. No hemos sido capaces de construirla. Mientras no la construyamos, mucho me temo que seguirán los vaivenes y los altibajos en la ciencia en el país”.

De acuerdo con datos de la AMC, el presupuesto solicitado por el gobierno de Felipe Calderón en 2009 significaba un incremento de 6.1 por ciento en términos reales respecto del presupuesto aprobado en 2008, y solamente 1.3 por ciento mayor en términos del presupuesto ejercido al cierre de 2008.

La propuesta del Ejecutivo resultaba equivalente a 0.33 por ciento del PIB, a 1.53 por ciento del gasto público total y a 2.05 por ciento del gasto programable del sector público federal. La Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura recomienda que se dedique al menos el 1 por ciento del PIB en el rubro de ciencia y tecnología.

El incremento en el presupuesto en la materia se explica por la creación de cuatro programas que otorgarán subsidios directos a organismos y empresas del sector privado: Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas recibirá 1 mil 200 millones de pesos; Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras, 700 millones de pesos; Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, 600 millones de pesos, y Fomento Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación, 500 millones de pesos.

En 2008, sólo el 9.7 por ciento de la industria se consideraba de alta tecnología; el país que registra mayor nivel es Corea, con 53 por ciento.

Juan Pedro Laclette, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), dice que el problema de la inversión en la materia es conocido: no supera el 0.3 o 0.4 por ciento del PIB, que, complementado con el 0.1 por ciento que aporta la iniciativa privada, da como resultado un mediocre 0.45 por ciento anualmente.

Sin embargo, explica, los recursos no son el único problema. Es necesario trabajar en la definición de objetivos para el trabajo científico, más allá de los objetivos de los individuos que tienen su proyecto de investigación. Se deben plantear metas por sector, secretaría, región, estado; cada entidad tiene una problemática por resolver.

Agrega que existe una descoordinación en el trabajo; cuesta mucho sumar esfuerzos y crear redes de trabajo. Además, hace falta “la gobernanza” del sistema, es decir, no están en concordancia los tres niveles de gobierno.

Sin presencia

Rosaura Ruiz Gutiérrez considera que México es uno de los países con mayores índices de dependencia tecnológica, con 29.5 por ciento. “La soberanía nacional no es únicamente un problema de orgullo; la falta de independencia tecnológica contribuye al atraso”.

Agrega que el país tiene un coeficiente de inventiva de 0.05 (solicitudes de patentes por cada 10 mil habitantes); la nación que registra el más alto indicador es Japón, con 28.84. En México no se produce tecnología y eso cuesta mucho dinero. En 2006 se pagaron aproximadamente 7 mil millones de dólares en uso de patentes, en cambio, sólo se recibieron 700 millones de dólares, es decir, se gasta 10 veces más de lo que se recibe.

Según información de la AMC, México tiene una patente por cada millón de habitantes; la recaudación por concepto de regalías y derechos de licencia fue de 70 centavos de dólar por persona en 2005. En contraste, Luxemburgo obtuvo por el mismo concepto 628 dólares; este país cuenta con 4 mil 301 investigadores e invierte el 1.8 por ciento de su PIB en investigación y desarrollo.

En 2006, el Sistema Nacional de Investigadores tenía registrados 13 mil 855 investigadores en las 32 entidades federativas, el 42 por ciento se concentraba en el Distrito Federal; el 6 por ciento, en el Estado de México; 5.4 por ciento, en Michoacán y Morelos, respectivamente; 4.9 por ciento, en Jalisco; 3.8 por ciento, en Puebla; 3.1 por ciento, en Nuevo León; 3 por ciento, en Baja California; 2.9 por ciento, en Guanajuato; y el resto, en los demás estados.

Entre 1998 y 2005, la balanza de pagos registró un incremento en los egresos, superior al 200 por ciento en el rubro de tecnología. En 1998 se pagaron 453 millones 500 mil dólares, en 2005 aumentó a 2 mil 93 millones de dólares; en tanto, los ingresos fueron por 138 millones de dólares y 180 millones de dólares respectivamente, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En 1998, había 141 patentes de nacionales registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 3 mil 78 de extranjeros; en 2006, había 132 y 9 mil 500, respectivamente.

La Secretaría de Educación y el Conacyt cuentan con cinco programas que formalmente buscan elevar la calidad de la educación y fomentar la conformación de grupos de académicos y desarrollo tecnológico. Éstos son: Fortalecimiento del Posgrado Nacional; Fondo Sectorial para el Apoyo a la Ciencia Básica; Fondo Sectorial para las Investigaciones sobre Educación; estímulos fiscales a las empresas que invierten en investigación y desarrollo; Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y Cooperación Científica y Tecnológica Internacional.

En 2007, las empresas más beneficiadas con el programa de estímulos fiscales fueron: Controladora General Motors de México, que recibió 549 millones 99 mil pesos; Chrysler de México, 196 millones 558 mil pesos; LC Terminal Portuaria de Contenedores, 183 millones 322 mil pesos; Volkswagen de México, 128 millones 953 mil pesos.

Además, Mabe de México obtuvo 92 millones 267 mil pesos; Investigación de Tecnología Avanzada, 67 millones 345 mil pesos; Nemak, 63 millones 742 mil pesos; Compañía Mexicana de Aviación, 57 millones 520 mil pesos; Sigma Alimentos Noreste, 53 millones 165 mil pesos, y Productos Roche, 53 millones 165 mil pesos. El monto entregado a estas 10 empresas representa el 32.1 por ciento del total de los recursos del programa, que ascienden a 4 mil 500 millones de pesos.

México, relegado

Para Rosaura Ruiz Gutiérrez, el capital más importante de la ciencia y la tecnología en el país radica en la inteligencia, el talento y la creatividad de sus investigadores. “Aun contando con estos activos, infinitamente más importantes que las armas y el dinero, México padece conflictos en materia de seguridad, economía, salud, medio ambiente y educación; vive, sobre todo, en una profunda e inadmisible desigualdad social”.

Considera que el proceso de construcción de la democracia mexicana “estará en entredicho mientras no se atiendan, con una política de Estado comprometida incluyente y visionaria, estos aspectos determinantes para la fortaleza y prosperidad de una nación. Y no se darán sin una economía moderna basada en el conocimiento, y no una que dependa de la venta de productos sin valor agregado, como el petróleo, y de las remesas de los migrantes expulsados por la miseria”.

A decir de la presidenta de la AMC, se deben establecer entidades en las que el saber científico se aplique a la resolución de problemas concretos y se propicie la producción de conocimiento de punta, en los que se produzca efectivamente tecnología nacional y se empiece a impulsar la innovación en México.

Agrega que, a nivel internacional, la comunidad científica mexicana es reconocida por su capacidad de contribuir al diseño de políticas mundiales en los temas de mayor relevancia. Se le demanda, incluso, en países con un rezago mayor al de México; sin embargo, el país carece de políticas de Estado adecuadas a su realidad para favorecer la transmisión, la generación y la transferencia de conocimiento, y sufre por ello importantes rezagos en la materia.

Ruiz Gutiérrez considera que el desarrollo de México no corresponde a su nivel en la economía mundial –en la que ocupa el sitio 11–, pues se ubica en el lugar 52 del índice global de competitividad, en el que descendió 10 escaños de 2001 a 2007.

Explica que para lograr un crecimiento real en la producción científica, que pueda impactar en el avance a la resolución de los problemas del país y cumplir las leyes en la materia, se deben estar invirtiendo, por lo menos, 15 mil millones de pesos anuales, de 2009 a 2012.

Reducciones

El presupuesto federal plantea reducciones en ramos presupuestales estratégicos para el desarrollo nacional. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación registra una disminución de inversión en ciencia y tecnología de 1 mil 584 millones de pesos; la Secretaría de Energía, 782 millones de pesos, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 213 millones de pesos.

En tanto, en el Programa Especial de Ciencia, Innovación 2008-2012 del Conacyt se estipula que en el sector energético es necesario financiar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, formación de recursos humanos especializados, alianzas estratégicas, así como la formación de nuevos grupos de investigación y desarrollo de tecnologías de punta en áreas como desarrollo sustentable, métodos alternativos de energía renovable y no renovable, extracción de hidrocarburos, tecnologías de punta y temas emergentes.

Además, considera necesario modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, para que se permita disponer de mayores recursos para la inversión y apoyo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el sector.

En el rubro agropecuario, el documento sólo señala que se requiere apoyar proyectos de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de innovación, que contribuyan a generar el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades y oportunidades de la materia.

En cuanto al medio ambiente, se indica que conforme avanza el conocimiento sobre la naturaleza de problemas ambientales, como el cambio climático, se despejan algunas incógnitas, otras emergen. Entender la naturaleza global del problema no es suficiente; esto requiere de muchos estudios más e investigaciones sobre temas como la biodiversidad, su protección y el cuidado de los ecosistemas. Es necesario efectuar análisis de riesgos mediante información y estándares actualizados para así mejorar la utilización de los recursos públicos.

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el gobierno federal considera necesario proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología para el descubrimiento de nuevas ideas, así como garantizar una adecuada propiedad intelectual, dado el valor elevado de las ideas nuevas en un entorno propicio.

Pero la administración calderonista estima que un elemento clave es el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento con recursos privados que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Consejo de ciencia

Juan Pedro Laclette explica que existe un consejo general científico y tecnológico, que encabeza el presidente y participan siete secretarios de Estado, además del Conacyt, pero éste se ha reunido en no más de cinco ocasiones desde su creación, es decir, el mecanismo rector no está operando.

En 2002 se aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología, donde se estipula la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, integrado por el presidente de la república, los titulares de las Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública, y Salud; el director general del Conacyt, el coordinador general del FCCT, el presidente de la AMC, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

La ley señala que el Consejo deberá, entre sus facultades, establecer políticas nacionales para el avance científico y la innovación tecnológica que apoyen el desarrollo nacional; aprobar el programa especial de ciencia y tecnología; definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología; emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda la ciencia y la tecnología en México.

Fortuna solicitó entrevista con el titular de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, a través del director de información de la dependencia, Héctor Sotomayor, sin que a la cierre de edición diera respuesta.

Por hacer

La academia propone que para llegar al 1 por ciento del PIB es fundamental reorientar la política de desarrollo científico y tecnológico con una visión de Estado que trascienda las coyunturas sexenales, atendiendo a las prioridades nacionales. Se plantea una estrategia que impulse una política de ciencia, tecnología e innovación con visión de Estado, sustentada en el federalismo, la participación, la colaboración, la corresponsabilidad, el respeto a la legalidad, y el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, consolidar los esfuerzos, los programas y acciones realizadas por las entidades y dependencias del sector público federal en ciencia y tecnología, incorporando mecanismos que aseguren la mayor racionalidad y eficiencia de las inversiones nacionales (públicas y privadas) en esta materia; incrementar los recursos correspondientes al ramo 38.

En el ramo 38 se propone la creación de tres nuevos programas: incorporación de jóvenes investigadores a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación y al sector productivo; un fondo destinado a la infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo de las actividades científicas y a los avances tecnológicos que se están realizando en instituciones de nivel superior, y un fondo para impulsar el desarrollo de parques científico-tecnológicos en todo el país.

La academia también propone fortalecer la investigación científica, la formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo tecnológico y la innovación en temas de alta prioridad nacional; impulsar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, y la federalización gradual del gasto público en el rubro. Actualmente, el gobierno federal aporta el 97.5 por ciento, en tanto que las autoridades estatales contribuyen con el 2.5 por ciento.

[INFOGRAFÍA]

Estímulos fiscales a trasnacionales y grandes empresas (2007)

Los gobiernos federal y estatales presentan subjercicios por 4 mil millones de pesos en fondos para promover el desarrollo científico y tecnológico. La Auditoría Superior de la Federación advierte que fideicomisos suscritos entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, secretarías, órganos desconcentrados y entidades federativas no ejercieron en su totalidad los recursos destinados a 6 mil 314 proyectos aprobados

En 2007, ni los Fondos Sectoriales para la Investigación Científica con Dependencias y Entidades (Fonsec) ni los Fondos Mixtos para el Desarrollo Científico y Tecnológico Estatal y Municipal (Fomix) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fueron utilizados en su totalidad en la promoción de la ciencia y la tecnología. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó subejercicios por 4 mil 65 millones 985 mil 300 pesos en secretarías y entidades federativas, por lo que no se apoyaron 6 mil 314 proyectos.

Los fondos tienen como objetivo financiar el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación aplicada, así como el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de las capacidades científicas y la difusión en las áreas de conocimiento. La totalidad de los recursos entregados por el aportante (Conacyt) y el fideicomitente (las secretarías y entes de la administración pública federal y los gobiernos de los estados) serán utilizados en actividades científicas y tecnológicas.

Según el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, el Conacyt otorgó 893 millones 784 mil 100 pesos a los Fonsec; sin embargo, advierte el informe, el órgano descentralizado no cuenta con un procedimiento específico para la asignación y transferencia de recursos a los fondos sectoriales.

El saldo de los Fonsec sumó 2 mil 899 millones 745 mil 900 pesos. Del total, no se ejercieron 1 mil 809 millones 813 mil 400 pesos comprometidos para 4 mil 799 proyectos de investigación científica y tecnológica, mientras que 1 mil 89 millones 932 mil 500 pesos no estaban asociados a ningún proyecto.

La ASF expone que “es de hacer notar que en los recursos que se destinan a los fondos sectoriales, tanto el Conacyt como las secretarías de Estado y las entidades de la administración pública federal no garantizan que sean aplicados en su totalidad en proyectos aprobados”.

Es decir que no se destinaron al otorgamiento de apoyos económicos y financiamiento para actividades vinculadas al desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, a becas y formación de recursos humanos, divulgación y consolidación de grupos o centros de investigación.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y las secretarías de Marina (Semar), de Desarrollo Social (Sedesol), de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación (Segob), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no emitieron convocatorias de los Fonsec en 2007. Las ocho dependencias obtuvieron recursos por 815 millones 25 mil 500 pesos.

El órgano de fiscalización observa que los convenios de colaboración, los contratos de fideicomisos y las reglas de operaciones no establecen penas, sanciones o causales de cancelación, en caso de que no se emitan las convocatorias ni se asigne el presupuesto.

El Conacyt transfirió 94 millones 284 mil 100 pesos a los fondos de Inmujeres, Semar, Sagarpa y Semarnat. En tanto que no asignó recursos a los fondos de CFE, Sedesol, SRE ni Segob, porque no se formularon los anexos de ejecución que determinaran las aportaciones de las partes al fideicomiso. En el caso del Fonsec Inmujeres, estos anexos no fueron firmados por las partes, aun cuando el Conacyt le transfirió 301 millones de pesos.

Otras irregularidades fueron observadas por el órgano de fiscalización. El fondo sectorial Segob-Conacyt tuvo un saldo por 9 millones 459 mil 500 pesos al 31 de diciembre de 2007. La ASF solicitó la documentación, la clave, el beneficiario, la vigencia, el importe autorizado, el monto ejercido y comprometido, el saldo pendiente, los informes trimestrales contables, las actas, las aportaciones y las convocatorias de los proyectos apoyados.

No obstante, el secretario administrativo del fondo no proporcionó la información solicitada, en incumplimiento a los lineamientos que deberán cumplir las dependencias y entidades de la administración pública federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales, otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

La ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa solicitando al Órgano Interno de Control en la Segob que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para fincar responsabilidades.

En el caso de los fondos constituidos con la Secretaría de Salud (Ssa), la SRE, Sagarpa, Segob, Semarnat, el Inmujeres y la Comisión Nacional Forestal, no se presentó el manual de procedimientos o la autorización de los comités técnicos y de administración.

Para la Secretaría de Educación Pública, los fondos ascendieron a 940 millones 604 mil 700 pesos. El contrato de fideicomiso concluyó el 27 de diciembre de 2007, sin que se estableciera un nuevo plazo de vigencia. Por otro lado, de los Fonsec de Educación Pública y de la Ssa no se encontró definición alguna por escrito de dichos fondos.

En 2007, los Fomix reportaron un saldo por 1 mil 166 millones 239 mil 400 pesos. De esa cantidad, 452 millones 215 mil 400 pesos para 1 mil 515 proyectos de investigación científica y tecnológica no se habían ejercido hasta la fecha de revisión. Mientras, 714 millones 24 mil pesos no estaban asociados a proyecto alguno.

La ASF detectó que 24 estados emitieron 40 convocatorias. De ellas, en 21 se asignaron 234 millones 100 mil pesos y en los otros 19 no se señaló presupuesto alguno. En esas entidades se recibieron 1 mil 441 propuestas de proyectos, de los que aprobaron 331 y que en conjunto sumaron 251 millones 185 mil pesos, es decir, sólo se utilizó el 59.1 por ciento del total destinado a esos Fomix en 2007. El órgano de fiscalización advierte que el presupuesto de los fondos mixtos tampoco fue utilizado para los fines autorizados.

Aunque suscrito en 2002 entre el Conacyt y Baja California Sur, el Fomix no había apoyado proyecto alguno al 31 de diciembre de 2007. En cinco años no se destinó a fomentar y canalizar apoyos a la investigación científica y desarrollo tecnológicos en esa entidad, pues no se emitió convocatoria alguna.

También, al fondo mixto con Tabasco el órgano descentralizado dio 15 millones de pesos, sin que la entidad aportara los recursos convenidos. La razón, explicó el gobierno estatal, fue que, debido a las catástrofes naturales sufridas en noviembre de ese año, había otras prioridades.

Otros estados reportaron retraso en el depósito de los recursos. Tal fue el caso de los gobiernos de Zacatecas, Nuevo León y Yucatán, con demoras de hasta 56 días. Las políticas de operación de los Fomix establecen que el Conacyt realizará sus contribuciones una vez que las entidades hagan sus depósitos.

Fondos sectoriales 2007

Fuente: Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007

Fondos mixtos 2007

Fuente: Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007

El pasivo de Pemex por los proyectos Pidiregas –financiados con deuda proveniente de mercados de capital– asciende a 2.1 billones de pesos. La ASF advierte colapso financiero en la paraestatal, al tiempo que señala irregularidades en algunos proyectos; entre éstas, pagos en exceso por 9.7 mil millones de pesos a la trasnacional Bergesen, por la renta de un buquetanque.

__________

La deuda pública contratada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en los mercados de capital del país y del extranjero, relacionada con los proyectos de infraestructura con impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), asciende a 2 billones 177 mil 209 millones 836 mil pesos.

El monto incluye los financiamientos privados (1 billón 752 mil 119 millones 310 mil pesos) y el costo financiero estimado al año 2030 (425 mil 90 millones 525 mil pesos), indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006.

No obstante, la cifra comprometida podría ser mayor: para los ejercicios 2007 y 2008, la Cámara de Diputados autorizó a Pemex contratos de deuda Pidiregas por 49 mil 5 millones 487 mil pesos en total: 34 mil 429 millones 683.4 mil pesos en 2007 y 14 mil 575 millones 803.5 mil pesos en 2008.

Esto significa que, sin contar el costo financiero, al concluir este año, Pemex habrá obtenido recursos privados para financiar obras públicas por 1 billón 801 mil 124 millones 797 mil pesos.

Consultada al respecto, la paraestatal petrolera dice a Fortuna, a través de la Dirección Corporativa de Comunicación Social, que “al 30 de junio de 2008 la deuda total consolidada, incluyendo intereses devengados, se ubicó en 503 mil 300 millones de pesos. Este monto incluye la deuda documentada Pidiregas y la deuda tradicional de Petróleos Mexicanos y sus vehículos financieros”.

Ésta no sería la primera vez que Pemex ofrece montos menores. De acuerdo con el informe del máximo órgano de fiscalización, la empresa habría ocultado la cifra real a las autoridades mexicanas: “Se verificó que en los estados financieros para la presentación de la información financiera de la cuenta pública, sólo se reconoce la deuda documentada de Pemex por 55 mil 962 millones 588 mil pesos, la cual representó el 15 por ciento de los pasivos; en tanto, en los estados financieros preparados para la SEC (Securities and Exchange Commission), la deuda a largo plazo ascendió a 505 mil 474 millones 457 mil pesos, la cual equivale a 50.8 por ciento de los pasivos de la entidad fiscalizada”.

La ASF señala que en los estados financieros que Pemex presentó a la comisión de valores de Estados Unidos, la paraestatal “sí reconoce y revela la totalidad de la deuda destinada para financiar los proyectos denominados Pidiregas”.

Vehículos financieros

Para contratar deuda en los mercados de capital, Pemex ha utilizado cuatro vehículos financieros: Pemex Project Funding Master Trust, fideicomiso F/163, Pemex Finance, Ltd, y RepCon Lux. Sólo el primero es enteramente de su propiedad.

Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal federal y actual presidente de la asociación Transparencia Nacional, explica que en el tema de los Pidiregas se parte de un “exceso” y “abuso” de atribuciones.

“La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, se dio la libertad junto con la Secretaría de Programación y Presupuesto de interpretar qué era entidad paraestatal y qué no, cuando había una ley. Los funcionarios y las dependencias administrativas no pueden interpretar la ley, no les corresponde hacerlo; sin embargo, se dieron la libertad de decir que un fideicomiso creado en el extranjero, regido por leyes extranjeras, no era entidad paraestatal.”

En 1998, Petróleos Mexicanos creó el fideicomiso Pemex Project Funding Master Trust en Delaware, Estados Unidos. El 1 de diciembre de ese mismo año, aprobó la constitución de la empresa Pemex Finance, Ltd, en Islas Caimán; su propietario es el fideicomiso Pemex Finance Trust, que a su vez pertenece al banco BNP Private Bank & Trust Cayman Limited.

Aunque contrata deuda en su nombre, el F/163 tampoco es propiedad de Pemex: este fideicomiso fue suscrito el 17 de octubre de 2003 por ING, SA de CV, y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, SA de CV. Mientras que el RepCon Lux fue creado en Luxemburgo el 14 de noviembre de ese año, por Stiching Pemex Lux –una de las empresas offshore de la paraestatal– y por TMF Corporate Services, SA.

Las dos últimas operaciones fueron del conocimiento de Felipe Calderón Hinojosa, quien entonces presidía el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y encabezaba la Secretaría de Energía, cargos que detentó de septiembre de 2003 a mayo de 2004.

Reyes Orona advierte que es falso que estos fideicomisos y empresas no sean paraestatales, porque involucran recursos públicos federales. “Todos los funcionarios que administran el Master Trust y todos los fideicomisos creados en Delaware (y el extranjero) son funcionarios públicos, y los recursos que se captan son recursos públicos. Todas las operaciones del Master Trust deberían de revelarse”.

Y es que el esquema en el extranjero ha permitido a Pemex operar en paraísos fiscales, ocultar deuda y omitir revisar el origen de los recursos. “Se observó que Pemex no reveló como deuda en la cuenta pública 2006 y en sus estados financieros consolidados, con organismos subsidiarios, preparados de conformidad con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, 36 mil 51 millones 254 mil dólares (392 mil 273 millones 694.8 mil pesos) del pasivo a largo plazo del Master Trust”, señala la ASF.

Agrega que tampoco informó de “91 mil 134 millones 957 mil pesos por los derechos de cobro a cargo de Pemex y de los documentos por cobrar a largo plazo, reportados en los estados financieros del F/163, y 1 mil 530 millones 1 mil dólares (16 mil 647 millones 940.9 mil pesos) del pasivo a largo plazo derivado de la emisión de bonos de Pemex Finance, Ltd, en infracción de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 234 y 242 de su Reglamento, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente”.

Mientras que la Gerencia de Financiamientos y Análisis de Mercado, de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex, dice desconocer el origen y el destino específico de los multimillonarios recursos obtenidos en paraísos fiscales, por líneas de crédito, pese a que éstos constituyen deuda pública.

Por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la paraestatal admite que el dinero es invertido en proyectos Pidiregas; sin embargo, justifica que la contratación de deuda la hacen terceros: Pemex Funding Master Trust, Pemex Finance, RepCon Lux y F/163.

Los “terceros”, como los llama la petrolera mexicana, están facultados para emitir instrumentos de deuda en operaciones de mercado de capital, créditos sindicados con la banca comercial, créditos bilaterales de la banca comercial y créditos garantizados por agencias de crédito a la exportación en nombre de la paraestatal, indican sus informes anuales de 2003 a 2006.

“Después de una exhaustiva búsqueda de la información solicitada en los archivos de trámite y de concentración de la unidad administrativa, ésta no fue encontrada, en razón de que Pemex en ningún momento ha obtenido recursos del Pemex Project Funding Master Trust. Los recursos obtenidos por el fideicomiso se canalizan directamente al financiamiento de los proyectos de infraestructura diferida de largo plazo, Pidiregas”, dice en la respuesta a las solicitudes 1857200014008, 14108 y 14208.

El economista Juan Ramón Jiménez de León, académico de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que el principal mercado para la contratación de deuda secundaria es Houston, Estados Unidos, sede de la trasnacional Shell.

Por ello, advierte, Pemex debe transparentar quién o quiénes son los tenedores de la deuda Pidiregas. El investigador no sólo observa riesgos de que algunas grandes corredurías hayan acaparado esta deuda, sino los peligros que conlleva el mercado de futuros, al que ubica como uno de los principales sistemas usados para lavar dinero.

Inversión privada encubierta

El doctor en economía Arturo Huerta, investigador y académico de la Facultad de Economía de la UNAM, explica que los Pidiregas fue un término que “inventó” el gobierno de Ernesto Zedillo para financiar proyectos de Pemex con inversión privada que, sin embargo, se contabiliza como deuda de la paraestatal.

Agrega que, “como la Constitución no permite la inversión del sector privado en áreas estratégicas de dicha industria, una forma de dar la vuelta a tal disposición constitucional fueron los Pidiregas. Así, el gobierno dejó de invertir en Pemex para alcanzar su disciplina fiscal y recurrió a tal forma de financiamiento, violentando a su vez al Congreso, que debe aprobar toda deuda externa del sector público”.

Para Gabriel Reyes Orona, los Pidiregas se crearon “bajo una fantasía contable: hay que ser muy torpe desde el punto de vista legal y más torpe desde el punto de vista contable para decir que puedes casar activos y pasivos en un estado financiero. Si así lo hiciéramos todos, nadie tendría deudas”.

El exprocurador fiscal explica que los activos de Pemex son menores frente a los pasivos por Pidiregas. “Las responsabilidades laborales –vivienda y pensiones– de todo Pemex son mucho mayores a los activos. Cuál es la fantasía que hace el Master Trust: crear un activo seleccionado. Dice que los ingresos de este pozo petrolero serán destinados solamente a pagar la deuda que se genere con motivo de su operación, entonces hace la emisión”.

Aunque se establece que la deuda para Pemex es neutral, porque el activo paga el pasivo y por eso se difiere en el registro del gasto, Reyes Orona asegura que la experiencia demostró lo contrario: “Todos siguieron en su fantasía y los gastos y los ingresos que programaron fueron muy alegres; al cabo de los años, ni los ingresos fueron lo que dijeron y los gastos fueron muy por encima de lo que esperaban. Hoy en día, muchos de los Pidiregas deben ser deuda directa”.

El presidente de Transparencia Nacional califica estos proyectos como “uno de los más grandes fracasos” que Ernesto Zedillo heredó a las siguientes administraciones.

“Es un gran error; pero hay que partir del primer error: el Master Trust y todos los fideicomisos y todas las emisiones son actos de entidades paraestatales y son actos públicos regidos por la Ley General de Deuda Pública y deben ser auditados por el Congreso”.

Agrega que “no se deben utilizar vehículos en el extranjero para darle la vuelta a la contratación de deuda pública, a las licitaciones públicas y a las regulaciones presupuestarias, que es para lo que han servido esos fideicomisos y para engañar a la gente. Esto lo hacen deliberadamente para confundir a la autoridad”.

Propuestas

Arturo Huerta detalla que la tergiversación de la norma se da porque la deuda Pidiregas se contabiliza como interna, a pesar de que la mayor parte del financiamiento proviene del exterior. Añade que el crecimiento tan vertiginoso de estos pasivos se debe a las altas tasas de interés: “Resulta más barata la deuda externa, que los Pidiregas”.

El doctor en economía advierte que el gobierno de Calderón busca frenar el crecimiento de esta deuda por medio de la apertura a la iniciativa privada; es decir, “a cambio de ceder espacios importantes al sector privado, el cual se apropiará de la mayor renta petrolera”.

Huerta dice que el sobreendeudamiento y la privatización de la industria se pueden evitar si el gobierno libera a Pemex de la severa carga impositiva, para lo cual es necesaria una reforma tributaria que grave al gran capital. Otra solución, propone, es que el gobierno trabaje con gasto deficitario a favor de Pemex; así se frenaría la privatización y el mecanismo de financiamiento a través de los Pidiregas.

“Ese gasto deficitario no sería inflacionario, pues Pemex es altamente productivo, ahorrador y generador de divisas. El sector privado se opone al gasto deficitario porque implica mayor participación del Estado en la economía, con la consecuente disminución de la participación privada. Esta propuesta no la contempla ninguna de las reformas presentadas en el Senado, pero es viable económicamente.”

__________

 Nacionalidad de los vehículos

Pemex Project Funding Master Trust, Delaware, Estados Unidos
Fideicomiso F/163, México
Pemex Finance, Ltd, Islas Caimán
RepCon Lux, Luxemburgo

Pagos en exceso a Bergesen

Petróleos Mexicanos paga 9.7 mil millones de pesos en exceso a la trasnacional Bergesen Worldwide, por la renta de El Señor de los Mares. El arrendamiento con opción a compra del primer buquetanque FPSO (floating production storage and offloading) es uno de los proyectos Pidiregas en los que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades.
De acuerdo con los resultados de la auditoría 569 –denominada Evaluación del Impacto Financiero del Arrendamiento con Opción a Compra de la Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga FPSO, en el proyecto de inversión integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas–, Pemex Exploración y Producción pagó 927 millones 617.9 mil dólares más al monto original del contrato: 207 millones 75 mil dólares.
Aunque la última cifra fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la subsidiaria erogará en total 1 mil 134 millones 692.9 mil dólares, integrado por 758 millones de dólares del costo de adquisición y 376 millones 692.9 mil dólares de gastos de operación y mantenimiento.
“El incremento global del precio de este contrato en dólares fue de 448 por ciento”, señala la ASF. (NF)

 Contratos de Pemex Exploración y Producción considerados como Pidiregas (miles de dólares)

__________

Fuente: contratos de Pemex y PEP proporcionados por las entidades fiscalizadas, en diferentes auditarías realizadas en la revisión de la cuenta pública 2006, citado en el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006

Irregularidades en los estímulos económicos y distinciones del Sistema Nacional de Creadores Artísticos, a cargo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, permiten que funcionarios públicos sean a su vez beneficiarios de las becas, revela la Auditoría Superior de la Federación.

______

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela irregularidades en los estímulos económicos y distinciones del Sistema Nacional de Creadores Artísticos (SNCA), a cargo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Dicho Sistema fue  impulsado por el ya fallecido poeta y ensayista Octavio Paz a principios de la década de 1990.

En su Informe de resultados de la evaluación y fiscalización de la cuenta pública 2006, la ASF detalla que el FONCA pudo haber beneficiado con recursos públicos a uno de sus propios funcionarios. Sin mencionar el nombre, el máximo órgano de fiscalización en México descubre que uno de los dos expedientes de beneficiados por los estímulos y distinciones del SNCA, que carecen de la documentación requerida, corresponde a un servidor público.

De acuerdo con el reporte, el funcionario ingresó al SNCA el 14 de noviembre de 2000 y “suscribió convenios, mediante los cuales se le otorgó un estímulo económico en forma mensual”, como becario del FONCA, equivalente a 15 salarios mínimos por un lapso de tres años.

Asimismo, su primer reingreso fue el 28 de noviembre de 2003 con el mismo estímulo económico, por un periodo de un año (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004) y un segundo reingreso por dos años más (del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2006).

A pesar de que el “creador artístico” recibió 204.6 mil pesos durante el ejercicio 2006, el Fonca omitió señalar que el funcionario ocupó cargos públicos desde el 16 de mayo de 1998. Por su labor pública debió renunciar al cargo por contravenir las Reglas de Operación que regulan al SNCA o renunciar al estímulo económico.

Sin embargo, “se tiene conocimiento de que al término de la revisión fiscal –a noviembre de 2007– continúa laborando en la misma institución pública y percibiendo el mismo estímulo económico en su calidad de creador artístico”, subraya el informe de la ASF.

El FONCA

La Dirección General del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes ejerció 524 millones 658.5 mil pesos. El monto representa el 87.8 por ciento del presupuesto que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) ejerció para el mismo año: 597 millones 488.4 mil pesos.

En la Auditoría Financiera y de Cumplimiento del egreso destinado a “Transferencias para aportaciones a fideicomisos y mandatos” 06-0-11H00-02-568, elaborada por la ASF, se emitieron cinco observaciones que generaron seis acciones: cinco son recomendaciones y una  solicitud de “aclaración-recuperación” económica.

La revisión observó que otros dos becarios, pero del Programa Jóvenes Creadores –convocatoria 2006–, fueron beneficiados con 38.7 mil pesos cada uno, aunque no proporcionaron el tercer informe y uno de ellos no presentó su comprobante de estudios artísticos como les fue requerido, según las Políticas de Operación contenidas en el mismo programa.

La ASF emitió una recomendación al CNCA para que instrumente mecanismos de control y supervisión que eviten este tipo de anomalías, así como para garantizar que los expedientes se integren de forma adecuada.

Y es que entre las observaciones del órgano auditor destaca que el Manual General de Organización del CNCA no fue publicado para ese periodo en el Diario Oficial de la Federación, en contravención a los procedimientos administrativos regulares y de la Ley de Administración Pública Federal.

Centro Cultural

Las anomalías no se limitaron al gasto en becas. La ASF documenta que, tras analizar el proyecto del Centro Cultural Polifórum de León Guanajuato: una biblioteca, un museo y un teatro, se detectó que el primer suministro fue por 140 millones 400 mil pesos. No obstante, se asignaron más recursos condicionados a la entrega de informes de avance sobre el desarrollo de las obras, documentación comprobatoria del gasto y la constitución de un consejo directivo encargado de supervisar los recursos.

Además, los recursos para la conclusión de la obra se ampliaron en tres ocasiones. En suma, el monto fue de 542 millones 642.8 mil pesos al 31 de diciembre de 2006. Al ejercicio 2006 correspondieron 227 millones 194 mil pesos.

Según puntualiza la ASF, los recursos que el FONCA erogó al gobierno de Guanajuato para el Centro Cultural Polifórum ascendieron a 216 millones de pesos. El Consejo Directivo –conformado por un integrante del propio fondo, dos representantes de ese estado y un representante de la Dirección General de Bibliotecas– sólo pudo comprobar 199 millones 312.2 mil pesos.

Respecto a estas irregularidades, Fortuna solicitó entrevista a la dirección del FONCA, a cargo de Martha Cantú Alvarado. A la fecha de cierre de esta edición no hubo respuesta.

____

Actas de sesiones de los comités de Obras, Control y Auditoría revelan que en la Secretaría de Obras del Distrito Federal hay retrasos en la entrega de obras y compromisos, ejercicios tardíos del presupuesto y falta de control. Jorge Arganis, titular de la dependencia, se excusa en “la negligencia en la entrega de recursos federales” y en el incumplimiento de las contratistas.

______

El informe de la primera sesión ordinaria 2008 del Comité de Control y Auditoría del Gobierno del Distrito Federal –que evalúa el desempeño de la Secretaría de Obras y Servicios en 2007– enuncia que hay entregas y ejercicios tardíos en el gasto de inversión, en el gasto de recursos federales y en el compromiso presupuestal, lo que ha provocado subejercicios y desfase en el pago a contratistas.

El comité detecta, además, atrasos en el alcance de metas físicas y en el inicio de obras, la falta de atención y supervisión para solventar observaciones de órganos fiscalizadores y el desconocimiento del procedimiento para atender quejas y denuncias en las direcciones de la Secretaría.

La Dirección General de Comunicación Social apunta que el déficit de infraestructura en el Distrito Federal es de 5 mil millones de dólares. Enumera que la ciudad carece de 410 kilómetros de vías primarias, 120 de vías de acceso controlado, sistemas modernos de control de tránsito para la circulación de más de 4 millones de vehículos, y espacio vial.

Advierte que algunos de los 260 puentes vehiculares de la ciudad de México podrían colapsarse por la falta de mantenimiento; hay estructuras con más de 20 años.

Por ello, el 25 por ciento del presupuesto se orientó a inversión pública este año. Expone que para 2008 se iniciarían 155 proyectos, entre ellos: la construcción de tres preparatorias, cuatro nuevos hospitales, dos lagos ecológicos, un reclusorio, el centro de manejo integral de residuos sólidos y la ampliación del metrobús.

Se orientaron 230 millones de pesos para 26 obras viales al poniente de la ciudad. Durante los siguientes tres años, el gobierno prevé erogar 50 mil millones de pesos para construir y mejorar la infraestructura.

Sin embargo, datos entregados por la Secretaría de Obras apuntan que 12 obras tienen retrasos superiores al 15 por ciento. Entre dichos proyectos están: la construcción de la vialidad del Gran Canal, el portal de acceso carretero a la autopista México-Puebla, la construcción de la terminal Xochimilco del tren ligero y la rehabilitación del paradero Pantitlán.

Además, la restitución de la carpeta asfáltica y bacheo en Paseo de la Reforma, el fresado y encarpetado de la calzada México Tacuba, la construcción y ampliación de plantas potabilizadoras en Iztapalapa, la perforación de pozos en el Estado de México, obras para prever encharcamientos, desazolve de la presa San Lucas y la planta de tratamiento San Pedro Actopan.

Al primer semestre de 2008, 122 están en proceso de ejecución, 101 a punto de iniciarse y 119 terminadas. Además, se reprogramaron tres obras viales: la construcción del distribuidor vial Muyuguarda; del distribuidor vial Centenario Periférico Arco Norte y el deprimido del Eje 5 Poniente Constituyentes Sur. Así como la construcción de un hospital general en Tláhuac y una unidad de salud en Tlalpan.

Incumplimiento en construcción de escuelas y hospitales

Daniel Ramírez del Valle, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dice que hasta junio de 2008 el presupuesto en obra pública registraba un subejercicio de 32 por ciento. En 2007, 20 por ciento de la partida no se ejerció.

Las obras pendientes –describe el diputado panista– no sólo son viales, sino educativas y de salud. En un reporte de la séptima sesión ordinaria del Comité Central de Obras, celebrada el 30 de julio de 2008, el contralor ciudadano Manuel Aguado Chávez declaró que hay retrasos en obras hasta por más de un año.

Así ocurre con la entrega de una preparatoria en Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero. El predio no ha podido adjudicarse, mientras los alumnos toman clases en aulas provisionales en la delegación Venustiano Carranza.

Durante la cuarta sesión ordinaria del Subcomité Técnico para la Coordinación de Ejecución de Obras Públicas, del 8 de abril de 2008, Edgar Vito Geloven Pérez, director de Infraestructura Urbana en Gustavo A. Madero, expuso que se le solicitó el terreno a Patrimonio Inmobiliario, pero éste les requirió suficiencia económica.

El servidor agregó que es necesario tener el predio para obtener los recursos. Información entregada por la Secretaría anota que la construcción está incluida en las obras a iniciarse este año.

Tampoco se ha culminado la ampliación de carriles en la avenida La Corona, frente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México campus Chapultepec. El contralor advierte que con el trazo se afectan terrenos ejidales.

El director de Infraestructura Urbana en Gustavo A. Madero informó el 8 de abril, durante sesión ordinaria, que se programó una reunión con la asamblea ejidal y manifestó la intención de expropiar y comprar el terreno.

Por lo demás –expone el contralor– apenas se va a iniciar la ampliación para una Escuela de Artes Circenses en el Centro Cultural Fábrica de Artes y Oficios Tláhuac. Según el proyecto integral, aprobado por el Comité Central de Obras, ésta ya debería estar terminada.

La relatoría de la cuarta sesión anota que Marcos Godínez Hana declaró que ya estaba listo el proyecto ejecutivo de la obra a petición de la Secretaría de Cultura, y desmintió que Obras Públicas haya contratado el proyecto integral.

Para la construcción de la Clínica Hospital Emiliano Zapata, la Secretaría de Salud del Distrito Federal anticipó un costo de 96 millones 500 mil pesos, sin haber realizado un estudio previo. El contralor sostiene que el programa de ejecución estipula que el 30 de julio se realizarían el fallo técnico y la apertura económica, sin que exista un proyecto ejecutivo.

Aguado Chávez observa anomalías en el convenio para construir el Hospital General de Tláhuac. Refiere que se rescindió el contrato y hasta el 30 de julio la Contraloría Ciudadana desconocía las razones para invalidarlo y a quién se le asignó. La obra está entre los proyectos que la Secretaría deberá concluir el primer semestre de 2009.

Sin embargo, Óscar Paster Montiel, jefe de unidad departamental de Desarrollo Urbano en Tláhuac, explicó que en la revisión del proyecto estructural de la clínica se presentaron hundimientos y los edificios pierden verticalidad. Bernardo Espinoza Chagoya, contralor ciudadano, observó que hay una “falta de ética” para realizar estos proyectos.

También los contralores ciudadanos advirtieron que podrían duplicarse los trabajos y los gastos respecto al Plan Maestro de Asfalto en Vías Primarias, pues mientras se planea sustituir el pavimento por concreto hidráulico en Circuito Interior, la Dirección General de Servicios Urbanos se dedica a trabajos de mantenimiento en la carpeta asfáltica; el año pasado se pavimentó dicha vialidad.

En la reunión, Martín Ortega Villanueva, director general de Obras y Desarrollo Urbano en Iztacalco, recordó que todavía no se ha satisfecho la demanda de los vecinos acerca de la construcción de un puente peatonal y la pavimentación con concreto hidráulico en San Rafael Atlixo, obras prometidas cuando entró en función el metrobús.

Ramírez del Valle subraya que toda obra abandonada genera un costo adicional: “A dos años del inicio de esta administración, la Secretaría carece de planeación. Se inician y se proponen nuevos proyectos sin que haya un plan maestro, mientras no se concluyen obras que iniciaron en la administración anterior”. Añade que la ciudadanía no está siendo informada sobre las afectaciones ocasionadas por las obras.

Puentes sin mantenimiento

El 8 de abril de 2008, el director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial, Edgar Tungüí Rodríguez, dijo que hasta ese momento no se había iniciado el mantenimiento de puentes peatonales. Durante la cuarta sesión del Subcomité Técnico para la Coordinación de Ejecución de Obras Públicas del Distrito Federal (STCEOPDF) Ejercicio 2008, aclaró que se proyecta la edificación de 12 en distribuidores y ejes viales.

El acta de la quinta sesión ordinaria del STCEOPDF, del 14 de agosto de 2007, relata que Alejandro Echaniz Partida, director general de Obras Públicas, señaló que para 2007 la Secretaría no obtuvo recursos para el mantenimiento de puentes peatonales. Por el contrario, la partida fue entregada a las delegaciones.

Según declaró Gerardo López Salgado, subdirector de Mantenimiento y Construcción en Coyoacán, se detectaron siete puentes en riesgo. En tanto, Susana Miranda Ruiz, directora general de Obras y Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, mencionó que el presupuesto no era suficiente para terminar los trabajos de preservación de los puentes de Aquiles Serdán.

La modificación al artículo 57 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal establece que la Dirección General de Obra Pública será responsable de la conservación de puentes vehiculares y peatonales. No obstante, el artículo 26 del mismo estatuto enuncia que la tarea recaerá en las delegaciones a través de la Dirección de Servicios Urbanos.

Quejas y amonestaciones

Según el reporte de la primera sesión ordinaria 2008 del Comité de Control y Auditoría del Gobierno del Distrito Federal, de enero a diciembre de 2007 la Contraloría General recibió 30 denuncias contra la Secretaría de Obras y Servicios. Apunta que las quejas versaron sobre la falta de aplicación de la normatividad y la deshonestidad.

Por ello sancionó a 11 servidores públicos, con multas por 3 millones 219 mil pesos, y recibió 13 inconformidades, seis se resolvieron en obras que costaron 145 millones 628 mil pesos. La Contraloría Interna de la Secretaría de Obras hizo 1 mil 624 acciones de seguimiento, de las que 899 están pendientes de solventar.

La glosa de la Contraloría en el Primer informe de gobierno –publicado en octubre de 2007– anota que, durante el primer semestre de 2007, la entidad amonestó a tres sociedades mercantiles, impidiéndoles participar en materia de obras y adquisiciones.

En el periodo de 2001 a 2006 se sancionó de manera definitiva a 19 empresas: Construcción y Edificación Coyoacán; COCEN RO Consorcio Constructor; Constructora Técnica Tala; IPER Grupo; Constructora Cuarzo 2000; Desarrollos Habitacionales, Grupo Interestatal de Edificaciones.

También Construcciones Lerma; Grupo Constructor y Urbanizador Coyoacán; Enlace Mexicano de Constructores; Industrias Rival; IMEC Construcciones; Rome de México; Constructora PERIPET; Contratista, Maquilas, Transporte, Servicio y Equipo; Constructora Bugambilia; Grupo Cori, y Del Valle Consultores y Consultores.

El informe de la tercera sesión extraordinaria del Comité Central de Obras del Distrito Federal, realizada el 11 de abril de 2008, define que los motivos de rescisión fueron retrasos que iban desde el 12 hasta el 98 por ciento en la ejecución de obras, por la insuficiencia en materiales, fuerza de trabajo y equipo. Otra causa para revocar convenios fueron las interrupciones de proyectos por decisión de las constructoras.

Entre 2004 y 2006, 24 firmas fueron castigadas con suspensiones de dos a 10 años para participar en licitaciones, debido al incumplimiento de obligaciones en la entrega de obras.

De 2001 a 2005, 15 empresas realizaron trabajos deficientes para la Secretaría de Obras y Servicios. Entre ellas, Constructora Joro, en la ejecución de trabajos para la ocupación del nuevo Centro de Rehabilitación Social Varonil Santa Martha y en la edificación de la clínica comunitaria Santa Catarina, en Iztapalapa. También, Steel Construcciones, en la elaboración de un estudio de mecánica de suelos para el Centro Femenil Penitenciario de Santa Martha.

A la par, Construcciones y Peritajes en la ampliación, remodelación y adecuación de la clínica comunitaria Mixquic, en Tláhuac; Alfa Proveedores y Contratistas, en la construcción de un estacionamiento e instalación de superpostes para la UACM, y Constructora Reno 2000, en la creación de edificios también de la Universidad.

Tampoco Grupo Constructor Follmont y Manufacturas y Edificaciones concluyeron de manera eficiente trabajos para las escuelas de educación media superior Miguel Hidalgo e Iztacalco. De manera insuficiente Constructora INDHAC y Grupo Constructores Rogura se encargaron de obras hidráulicas y de la construcción de una vialidad de acceso para la preparatoria Magdalena Contreras.

Camher de México y Contratista Maquilas, Transporte, Servicio y Equipo no cumplieron en forma con la cimentación de una bahía de acceso al Zoológico de Chapultepec y de una reja en el Zoológico de San Juan de Aragón. Responsable del diagnóstico, análisis y dictamen de mantenimiento del puente vehicular Rojo Gómez en Iztacalco, Constructora y Edificadora Tercer Milenio tampoco cumplió de manera satisfactoria su contrato.

Respecto al puente vehicular Muyuguarda, el trabajo de Mecano Inmobiliaria y Vema Ingenieros fue insuficiente en obras complementarias y civiles. A su vez, Mexicana de Pavimentos no supervisó de manera eficaz el fresado y la repavimentación de Insurgentes Norte.

El contralor ciudadano Manuel Aguado Chávez comentó, en la séptima sesión ordinaria del Comité Central de Obras, que la empresa Iper Grupo aparece en el folio 123 como empresa con limitación definitiva para celebrar contratos, mientras en el folio 128 sólo se le otorga una restricción por dos años.

Daniel Ramírez del Valle asegura que el PAN está proponiendo modificaciones a la Ley de Obras y Adquisiciones en materia de sanciones, para evitar incumplimientos y obras de mala calidad. Pues “siguen haciendo de las suyas y las penas no son suficientes”. Ejemplifica que en los nuevos distribuidores viales hay filtraciones de agua, baches y grietas. Por lo que tendrá que responsabilizarse a los contratistas.

Problemas ajenos a la Secretaría de Obras: Arganis

Jorge Arganis, secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, asegura que los incumplimientos y atrasos implican sólo el 4 por ciento de los problemas que tiene la Secretaría. La demora –atribuye– se debe al retraso en la entrega de recursos federales del Fondo Metropolitano, razón por la cual se han detenido obras por seis meses.

Dentro del ejercicio presupuestal 2008, la Cámara de Diputados aprobó 3 mil 550 millones de pesos en el Fondo Metropolitano para el Distrito Federal. Las reglas de operación de éste, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo, prevén que los recursos sean destinados al desarrollo de programas, proyectos, acciones y obra pública.

La Dirección General de Comunicación Social anota que los recursos serán asignados a 33 proyectos: 14 obras hidráulicas, 14 de impacto vial, dos de desarrollo social, dos de medio ambiente y uno de protección civil.

Entre las obras destacan la línea 12 del metro, 10 líneas del metrobús, siete corredores de integración y desarrollo, la modernización del Circuito Interior, la conclusión del Anillo Periférico, mejoras al Sistema Cutzamala, la rehabilitación de la Zona Rosa, el reclusorio Vertidal de alta seguridad y plantas de tratamiento de agua en Coyoacán y Santa Fe.

Sin embargo, la nota informativa Fondo metropolitano 2008, del 15 de agosto de este año, entregada por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, expone que, pese a lo presupuestado, el Fondo sólo cuenta con 2 mil 550 millones de pesos.

Admite que la obtención de recursos ha sido compleja, lenta y carente de planeación: “Los requerimientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sido un pretexto con ‘tintes políticos’ para que las entidades retrasen o no entreguen las obras comprometidas”.

Expone que el retraso en ejercicio del presupuesto se debe a que las reglas de operación se emitieron cuatro meses después de haberse aprobado y que éstas no propician la agilización de proyectos.

El reglamento establece que los comités del Fondo Metropolitano tripliquen el número de sus participantes, lo que “politiza la toma de decisiones”. También que es necesario un análisis socioeconómico para que cada proyecto se realice, lo que requiere de meses.

La creación de un Consejo Metropolitano –señala la información– significó otra prórroga de un mes. La nota describe que éste “no tiene sentido, duplica esfuerzos realizados e incluso tiene visos de inconstitucionalidad”. Aclara que si bien se cumplieron los requisitos en mayo, los recursos fueron depositados un mes después sin razón aparente.

Para el secretario Arganis, el atraso en la entrega de obras se debe también a que las contratistas no van al ritmo e incumplen. En otras ocasiones –expone– se deben reprogramar los trabajos porque los vecinos se los impiden o la propia delegación. Resalta que hace más de 30 años que no se realizaban tantas obras públicas para beneficiar a la población.

Entre los proyectos de la Secretaría está la atención y rehabilitación de escuelas primarias, dictámenes de riesgo en asentamientos irregulares y en viviendas dañadas. Además de la segunda etapa del rescate del Centro Histórico, la apertura de nuevas líneas del metrobús y del tranvía.

Declara que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, está comprometido con la terminación de proyectos, por lo que las prioridades para esta administración son: abrir la accesibilidad mediante el Eje Troncal Metropolitano, llevar agua potable a la zona oriente, la reparación del drenaje profundo y la sustitución del Bordo Poniente.

Además de la inversión en tratamiento de aguas, vialidades, transporte público, centros de asistencia y la mejora de 1 mil espacios públicos cada año. Revela que se dará mayor impulso a los Proyectos de Prestación por Servicio, esquemas donde interviene la iniciativa privada con financiamiento en obra pública.

Admite que es necesario trabajar en la señalización de obras, en el mantenimiento de infraestructura, en los controles de calidad y en la formación de nuevos ingenieros.

______

Obras para 2008: 342
Obras terminadas a julio de 2008: 119
Obras en proceso de ejecución a julio de 2008: 122
Obras por iniciar a julio de 2008: 119
Empleos generados por la construcción de obras: 54 mil 691
Empleos directos: 38 mil 108
Empleos indirectos: 16 mil 583

Fuente: Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal

Principales obras concluidas

• Puente vehicular de avenida Santa Ana en el Eje Troncal Metropolitano
• Ampliación de línea del metrobús de Insurgentes
• Primera etapa del campus Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
• Primera etapa del programa de rehabilitación del Centro Histórico
• Repavimentación del nivel “C” en siete vialidades primarias
• Equipamiento de una planta de tratamiento de lixiviados en el Bordo Poniente
• Distribuidor vial La Virgen
• Deprimido Acueducto
• Principales obras a iniciar en 2008
• Segunda etapa del programa de rehabilitación del Centro Histórico
• Preparatoria Gustavo A. Madero
• Clínica Hospital de Santa Catarina
• Centros cooperativos en Azcapotzalco y Gustavo A. Madero
• Principales obras a concluir en 2008
• Centros de Atención Comunitaria del DIF
• Distribuidor vial Muyuguarda
• Corredor 3 del metrobús en el Eje 4 Sur
• Principales obras a concluir durante el primer semestre de 2009
• Cinco puentes y reencarpetamiento del Circuito Interior
• Hospital General Tláhuac
• Unidad médica del Ajusco medio
• Deprimido de Constituyentes avenida Observatorio

Fuente: Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal

Obras con retraso superior al 15 por ciento

• Construcción de la vialidad del Gran Canal en el tramo del Eje Vial 3 al Circuito Interior
• Portal de acceso carretero en la autopista México Puebla
• Reubicación y construcción de la terminal Xochimilco del tren ligero Taxqueña Xochimilco
• Rehabilitación del paradero Pantitlán
• Rehabilitación de la carpeta asfáltica y bacheo con mezcla asfáltica en avenida Paseo de la Reforma en el tramo que va de Circuito Interior a avenida Constituyentes
• Fresado y encarpetado de la calzada México Tacuba, tramo de Circuito Interior a Ingenieros Militares
• Construcción de una planta potabilizadora para los pozos del acueducto Santa Catarina, en Iztapalapa
• Ampliación de la planta potabilizadora La Caldera, en Iztapalapa
• Perforación y Construcción de la obra civil y electromecánica de los pozos Lerma Sur 14 A y Parroquia número 1 en el Estado de México
• Obras para prever encharcamientos en la temporada de lluvias
• Desazolve de la presa San Lucas, en Xochimilco
• Planta de tratamiento San Pedro Actopan, Milpa Alta

Obras reprogramadas

• Construcción del distribuidor vial Muyuguarda
• Construcción del distribuidor vial Centenario Periférico Arco Norte
• Deprimido del Eje 5 Poniente Constituyentes Sur 128
• Construcción de un hospital general con capacidad de 120 camas en Tláhuac
• Construcción de la unidad de salud en Ajusco medio, en la delegación Tlalpan

Fuente: Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal

 Atrasos y complicaciones en obras del metro

El pasado 30 de abril, Marcelo Ebrard expidió el decreto por el que se creó la Dirección General de Proyecto Metro de la Secretaría de Obras y Servicios, que sustituiría a la extinta Dirección General de Obras para el Transporte. Así tendría a su cargo los proyectos para ampliar el sistema de transporte colectivo, como la construcción de la línea 12 que correrá de Tláhuac a Mixcoac.
La Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal indica que la inversión para la nueva línea es de 2 mil 500 millones de pesos y para el mantenimiento general del metro se prevén 2 mil 100 millones de pesos.
Durante la séptima sesión ordinaria del Comité Central de Obras, Manuel Aguado Chávez, contralor ciudadano, señaló que ICA fue contratada por 19 mil 538 millones 500 mil pesos.
Según versiones de la Contraloría Ciudadana, la relación se firmó por 17 mil 583 millones 500 mil pesos. Aguado apuntó que el importe por casi 20 mil millones de pesos fue aprobado por un “subcomité ad hoc”, integrado por 66 funcionarios, dos contralores y 13 asesores externos.
En sesión celebrada el 17 de julio de 2008 por el Comité de Obras Públicas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) metro, Francisco Bojórquez Hernández, director general del metro, calificó la propuesta de ICA para elevar un tramo de la línea 12 como la peor opción.
De acuerdo con una copia del acta de la reunión, el funcionario advierte que de no hacerlo subterráneo, serían afectadas edificaciones como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y tendría que pasar por encima de los distribuidores viales de Taxqueña y Ermita. Sostiene que a la intemperie el metro presenta más averías y el costo de mantenimiento es mayor.
Al cierre de julio de 2008 el presupuesto original del capítulo 6000 “Obra pública del STC metro” fue de 1 mil 734 millones 441 mil 837 pesos, mismo que fue modificado hasta por 227 millones 148 mil 62 pesos. De esa cantidad se contrataron 132 millones 748 mil 209 pesos y sólo ejercieron 54 millones 359 mil 833 pesos.
Según la copia del acta, Miguel Tamayo Lemus, gerente de Obras y Mantenimiento, comentó que la Contraloría Interna del STC observó un atraso de 55 días en la rehabilitación de vías secundarias de la línea 2, es decir, una demora del 42 por ciento.
También reportó un retraso en la entrega de un estudio de demanda de usuarios para la línea 12 Tláhuac Mixcoac a cargo del Instituto Politécnico Nacional. El trabajo debió concluir el 15 de marzo de 2008. Tampoco la reposición de techumbres en estaciones de la línea 5 ha sido completada. Tamayo Lemus aseguró que se definiría la responsabilidad de las contratistas.
El Comité de Obras del STC discutió sobre problemas de ejecución en dos proyectos. Constructora y Servicios Integrales firmó el contrato SDGAF-GOM-2-03/07 para habilitar áreas de almacenaje de durmientes en Ticomán y El Rosario. El 6 de mayo se les rescindió el convenio y el 28 se concluyeron los trabajos.
Grupo YHMF fue contratado para restituir las bardas en talleres de Ticomán, Zaragoza, El Rosario y SEAT Estrella; sin embargo, hasta el 10 de junio se registró un avance del 47 por ciento. El 23 de junio de 2008, la Gerencia Jurídica del metro inició el procedimiento de rescisión.
El contrato 0-0705-2-032 fue adjudicado a González Soto y Asociados, SA de CV, para la adquisición de 11 trabes prefabricadas de concreto hidráulico, que servirían para el puente vehicular Marruecos, que atraviesa la Línea B, pero se decidió construir un deprimido tipo herradura, por lo que fue cancelada la obra.
Las trabes de 6 y 9 metros de ancho por 30 de largo están almacenadas en terrenos de Texcoco, Estado de México. De acuerdo con el contralor ciudadano Manuel Aguado Chávez cada uno costó entre 600 y 950 mil pesos.
No obstante que la Dirección General de Proyecto Metro debe absorber todos los trámites y recursos del STC, Bojórquez indicó que la Secretaría de Obras no quiso atender el asunto. El funcionario negó que las vigas fueran a ser útiles, pues “el metro no construye obras de ese tamaño”. En sesión con el Comité Central de Obras, Aguado Chávez señaló que el secretario de Obras, Jorge Arganis, sugirió que se reutilizaran, pero servidores públicos han rechazado su propuesta.
La Secretaría de Obras tampoco recibió las demandas contra la Dirección General de Construcción de Obras del STC. Durante la sesión, Bojórquez señaló que el metro está asumiendo costos legales por 200 millones de pesos. Respecto a los contratos en litigio, al 30 de junio los montos a favor del STC alcanzaron los 40 millones 680 mil pesos, mientras que en contra sumaron 62 millones 900 mil pesos.

Durante su finiquito –que desde 2001 conduce la SCT y Banobras– funcionarios de Ferrocarriles Nacionales suscribieron convenios que favorecen a empresas privadas. Posible daño al erario por más de 40 millones de dólares.

El funcionario responsable de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML), Enrique Rivas Zivy, aceptó que concesionarias privadas dejaran de cubrir adeudos al organismo. Asimismo, suscribió convenios que favorecen a las empresas. El manejo irregular y posible daño al erario público es de aproximadamente 40 millones de dólares.
Copias de denuncias presentadas ante las comisiones de la Cámara de Diputados, documentación oficial, correos electrónicos y copias de convenios en poder de Fortuna revelan que se dejaron de cobrar 40 millones de dólares a las empresas Transporte Ferroviario de Carga (TFM), Ferrocarril de México (Ferromex), Ferrocarril del Sur (Ferrosur), Remetsa, Cicloaceros y Ferrovalle, que resultaron beneficiadas por servidores públicos encargados de la administración y liquidación de FNML.
Conforme a la documentación, fundamentan contubernio y actos de corrupción entre funcionarios que administran la liquidación de FNML, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) y la Secretaría de la Función Pública.
A partir de la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en julio de 1995, el gobierno federal permitió la apertura a la inversión privada y la concesión a algunas empresas para prestación de servicios. Así pues, la Comisión Intersecretarial de Desincorporación aprobó la reestructuración del organismo público.
El esquema de reestructuración al sistema ferroviario consistió en segmentar en tres vías troncales y por regiones el servicio que el gobierno federal otorgó en concesión a empresas privadas: pacífico-norte, noreste y sureste, así como una terminal de servicios de interconexión y maniobras del área metropolitana de México.
Pero, en agosto de 2001, la federación decretó la extinción del órgano descentralizado. Para tal propósito, la SCT designó a Banobras y a la Sociedad Nacional de Crédito. Enrique Rivas Zivy fue nombrado titular de la Delegación Fiduciaria Especial para “planear, dirigir y ejecutar acciones que conduzcan de manera eficiente, oportuna y transparente a la consolidación del patrimonio”; objetivo que no se cumplió.
El órgano desconcentrado continúo administrando y operando el resto del sistema nacional. Pero, desde hace 13 años, mantiene relaciones contractuales y extracontractuales que permiten a las empresas cobrar “el finiquito más amplio” y los adeudos generados por las cuentas pendientes relacionadas con la prestación de servicios técnicos, operativos, comerciales y de cualquier otro, incluyendo la guarda y custodia de unidades de arrastre: las locomotoras.
IP demanda a FNML
En 2004 la empresa Arrendadora Internacional (AISA) levantó la demanda 3/2004-B contra Ferrocarriles Mexicanos por incumplimiento al arrendamiento financiero. Y es que las cuentas pendientes por los servicios prestados por las concesionarias privadas y que incluían la guarda, custodia, y uso de unidades de arrastre, ascendían entonces a 40 millones de dólares.
Los convenios entre FNML y las concesionarias pretendían responder al juicio para evitar complicaciones legales y evidenciar los malos manejos de recursos públicos.
El 2 de diciembre de 1996, el gobierno federal, por conducto de la SCT otorgó la concesión de la vía general de comunicación ferroviaria del noreste a TFM. Pero, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago firmado –el 24 de agosto de 2005– por Rivas Zivy y Efrén del Pozo Castro, de FNML, Marcoflavio Regada y Francisco Cuevas, representantes de TFM, benefició a la concesionaria con 30 millones de dólares.
En el documento, las partes reconocen que AISA interpuso una demanda mercantil en contra de FNML reclamando, entre otras prestaciones, la devolución y entrega de 113 locomotoras o el pago de rentas generadas por su uso, y que “en ningún caso” excedería la suma de 500 mil dólares.
Ante este supuesto, las partes también convinieron que el importe de las rentas que se generarían a cargo de TFM serían compensadas por la prestación de los servicios y la utilización de 69 locomotoras hasta que se lograra la venta de las mismas y su enajenación.
Asimismo, el 29 de junio de 1998 las vías ferroviarias del sureste fueron concesionadas a Ferrosur. Pero en el acuerdo firmado por Enrique Rivas y Efrén del Pozo con los representantes de la empresa, Guillermo Muñoz Lara y Francisco Jurado Martínez, las condiciones de pago fueron las mismas.
FMNL tenía derecho a compensar el importe de las rentas derivadas por el uso de dos locomotoras que formaban parte del contrato de subarrendamiento entre las partes hasta la fecha en las que Ferrosur las adquiriera o perdiera su posesión. En su caso, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago entre las partes fue de 5 millones 379 mil 299 dólares en favor de la concesionaria.
Del mismo modo, a través de dos acuerdos firmados el 22 de junio de 1997 y el 27 de agosto de 1999, respectivamente, las vías generales de comunicación ferroviaria del pacífico norte, Ojinaga-Topolobampo y Nacozari fueron concesionadas a Ferrocarril Pacífico-Norte, ahora Ferromex.
De igual modo, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago firmado entre Enrique Rivas Zivy y Efrén del Pozo, y Lorenzo Reyes Retana Márquez y Arturo García Santaella, ambos por Ferromex, estableció las mismas condiciones y la empresa resultó beneficiada con 5 millones de dólares.
Además, en el documento se convino que los pagos de FNML podían compensar adeudos de Ferromex con rentas y uso de bienes públicos; entre éstos, unidades de arrastre. De tal manera que la renta y uso de ocho locomotoras, que formaron parte del contrato de subarrendamiento entre las partes, pagaron el adeudo a la concesionaria.
Fraude en la entrega de la línea QA
Ubicada en Chihuahua, la línea ferroviaria QA que consta de 571 kilómetros de vía tendida y sus accesorios estaba bajo el resguardo de la SCT, toda vez que no podía incautarse o emplear en ningún otro fin hasta no definirse. Pero, mediante acta de depósito suscrito por el delegado especial, la vía y sus accesorios fueron entregados por supuestos adeudos a la empresa Remetsa.
Poco más de 16 millones de kilos de diversos materiales se recogieron en 488 tráileres de abril a junio de 2006. En contradicción, mientras estos trabajos eran realizados, el servidor público comisionado del lugar suscribió 18 actas circunstanciadas en las que se denunciaba el robo del mismo tramo ferroviario.
Fechadas entre el 30 y 31 de marzo de 2006, las copias de correos electrónicos y conversaciones entre funcionarios de FNML, a los que Fortuna tuvo acceso, revelan el plan de entregar material ferroviario de la vía de la estación San Isidro a la empresa privada Remetsa por concepto de pago de adeudos.
A principios de 2006 y “a fin de estar en condiciones de realizar estimado” José Acosta, gerente de ventas del organismo, solicitó informe con la consideración de otorgar material en depósito a la empresa privada. La entrega de los segmentos férreos se realizó pese a que se le confirmó la entrega y posesión del gobierno federal y que únicamente estaba en resguardo del organismo descentralizado asignado a la región norte.
En diciembre de 2006, Antonio Hernández, subgerente de Servicios Espaciales de FNML, remitió oficios con los resultados de la investigación respecto al supuesto robo de diversos tramos de la vía QA, y copias de 18 actas circunstanciadas firmadas por funcionarios adscritos a la región norte (de la SSE-AC-055-06 al SSE-AC-073-06) para los efectos a los que procedieran la gerencias penal y de recursos y servicios.
Sin embargo, los oficios ALJ-T-100-R-1-98 y ALJ-T-R-1-100 suscritos en mayo del mismo año desmienten la versión del funcionario. En la documentación, Dolores Muñoz Quiñonez, encargada de almacén de la junta Chihuahua, describió detalladamente todas las actividades realizadas en la línea QA y que derivaron en daños al patrimonio de FNML.
Asimismo, en 2007 servidores públicos de FNML y ajustadores de la empresa aseguradora de las vías obtuvieron evidencia de que, en el momento de suscribir las actas circunstanciadas, los tramos de vía reclamada todavía estaban en su lugar y fueron retiradas hasta marzo de 2007. Lo que implicaba fraude y daño al patrimonio de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.
Finalmente, en septiembre del año pasado, la empresa aseguradora Royal & SunAlliance manifestó la improcedencia de la reclamación de la póliza 827-0, porque las denuncias se hicieron de manera extemporánea, seis meses después, y por no comprobar las circunstancias del siniestro. Ello porque se evidenciaban claras contradicciones en las declaraciones de pobladores y documentación referentes a los hechos.
Cumplir con la entrega de la línea VC
Ubicada principalmente en el estado de Puebla, la línea VC consta de 118 kilómetros de vía y sus accesorios. Su destino final aún está en resguardo de la FNML y con la conformidad de la SCT. Pero en diciembre de 2006 funcionarios de la paraestatal en liquidación suscribieron una acta de depósito para hacer entrega de toda la línea VC a la empresa Cicloaceros.
Según informes del personal de recorrido de la FNML, la SCT delegación Puebla y del auditor de la Órgano Interno de Control de la SCT, personal de la empresa privada se encontraba retirando material de esa línea bajo el amparo del acta 021/2006 suscrita por servidores públicos del órgano descentralizado del gobierno federal.
También a través de comunicación por correo electrónico, funcionarios de FNML consideraban la situación de la línea y la posibilidad de entregarla a la concesionaria: el tramo comprendido entre los primeros 157 kilómetros habían sido entregados al gobierno federal para su concesión. Los kilómetros 114 al 157 se dieron a Ferrosur. Los primeros 114 permanecían optativos para la misma concesionaria.
En los mismos reportes se evaluaban los constantes actos de vandalismo y robo ocasionados por los asentamientos humanos irregulares ubicados en diversos tramos y en las poblaciones de Atlixco, Cholula, Los Frailes e Izúcar de Matamoros.
Personal de la subdirección general jurídica y de la subgerencia de servicios especiales de FNML detectó, después de recorridos realizados a las zonas, no sólo daños, sino tramos de vía “ahogada” bajo construcciones urbanas.
La preocupación entonces era cumplir con las obligaciones derivadas de las licitaciones efectuadas para entregar la totalidad de los bienes a la concesionaria Cicloaceros y no incurrir en consecuencias legales.
Las acusaciones se incrementan
A los expedientes obtenidos por Fortuna se suman un sinnúmero de acusaciones por escrito de representantes populares. Entre éstas, los posibles engaños a órganos involucrados en la supervisión del proceso de liquidación por parte de los funcionarios públicos encargados: Enrique Rivas Zivy, Efrén Pozo Castro, Mauricio Cuevas Pizaña, Roberto Mendoza Mirassou y Armando Pérez Eguiarte.
Asimismo, la entrega de la vía Pantaco mediante actas de depósito con el propósito de otorgar la concesión del tren suburbano a la concesionaria CAF. La SCT había instruido para que ese material fuera entregado a la empresa Ferrovalle por no ser de utilidad. La gerencia de Venta de Bienes Muebles de FNML inspeccionó el material referido y determinó que el riel entregado tenía un peso aproximado a las 1200 toneladas.
Así, en enero de 2007, entregaron a Remetsa el total de los materiales que debían ser entregados a otro concesionario mediante acta de depósito suscrita por servidores públicos del organismo. Retiro que se realizó en casi dos meses.
Al liquidador también se le responsabiliza de la manipulación en la venta de inmuebles; Rivas Zivy seleccionaría a los probables compradores de terrenos y edificios para promover su venta; del embargo a almacenes de los municipios Matías Romero, Oaxaca, y Empalme, Sonora, por supuestas negligencias en el manejo de demandas laborales que condujeron a perder los juicios y decretar el incaute de las plazas y el saqueo de los productos.
Las denuncias por escrito también versan sobre el mal manejo de recursos públicos y para beneficio personal del titular de FNML; pagos indebidos a servidores públicos; personal en nómina de Ferrocarriles que realiza actividades particulares a favor de Rivas Zivy; gastos en medicamentos por más de 200 mil pesos y de alimentación. Las copias de facturas asignadas al Fondo de Reembolso Revolvente que confirmarían dichos gastos también se encuentran en poder de Fortuna.

El Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología, dependiente de la Sagarpa, es “insuficiente” e “inoperante”. En plena crisis alimentaria y con un rezago tecnológico en el sector de casi 50 años, la ASF presume un daño al erario por 77 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta supuestos daños al erario por casi 77 millones de pesos en el Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología, que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), durante el último año de la administración de Vicente Fox Quesada.
De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la ASF, el programa diseñado con el propósito de hacer competitivo el campo mexicano en materia tecnológica, es “insuficiente” e “inoperante”, pues los mecanismos de control, que significan un gasto de 471 millones 47 mil pesos, no son coordinados debidamente por la Sagarpa, ahora a cargo del jalisciense Alberto Cárdenas Jiménez.
Pese a que México padece un atraso tecnológico de casi 50 años, las autoridades del sector han incurrido en diversas irregularidades. Con la fiscalización de 197 millones 267 mil 100 pesos, apenas 41 por ciento del presupuesto ejercido, la dependencia que encabeza Arturo González de Aragón presume un posible daño al erario por 76 millones 953 mil 700 pesos, es decir, poco más de la mitad de los recursos públicos auditados en este rubro.
El máximo órgano de fiscalización también documenta en la auditoría de desempeño aplicada al Programa de Fomento a la Agricultura, estrechamente vinculado con el Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT), que hay pendientes más de 4 millones de hectáreas en la sistematización de riego, mismas que se cubrirán hasta dentro de 48 años.
Además, el país tardará casi tres décadas en llevar al campo los 372 mil tractores necesarios, “sin considerar que la FAO (Food and Agriculture Organization, por sus siglas en inglés) recomienda renovar el 20 por ciento anual del parque de tractores”. Lo anterior contraviene el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el Estado “promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral” (revista Contralínea. Periodismo de Investigación 104).
El último año del sexenio foxista, legisladores de oposición reprocharon al Ejecutivo federal por el abandono y atraso que hay en el campo mexicano. Los reclamos continúan, aún en la nueva administración, por parte de organizaciones campesinas.
Durante la glosa del Sexto informe de gobierno, la legisladora por el Partido de la Revolución Democrática, Adriana Díaz Contreras, dijo que Vicente Fox no había aprovechado la “alternancia” en el poder para rehabilitar a uno de los sectores más importantes del país. La diputada advertía ya sobre las consecuencias de dichos actos: la crisis alimentaria por la que se atraviesa actualmente.
“La política del gobierno actual hacia el campo mexicano ha traído como consecuencia mayor atraso tecnológico; desempleo; agudización de la dependencia agroalimentaria; menor productividad; menos ingresos de las familias campesinas; mayor penetración de las empresas trasnacionales, apropiándose de los recursos naturales estratégicos y aumentando el deterioro ambiental; incremento drástico de los flujos migratorios rurales hacia el extranjero, entre otros factores”, dice la legisladora perredista.
Sin embargo, Francisco Domínguez Servien, coordinador de las Políticas del Campo del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, acusa que la crisis y el atraso que afectan al sector agroalimentario mexicano es culpa de las organizaciones campesinas: “Son las que se han quedado con los recursos, ha habido un agandaye de ellos. Las políticas actuales deben ser para lo que decía la revolución, para quienes trabajan la tierra, es decir, los productores”.
Fundaciones Produce, sin operar recursos
En el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 la ASF documenta la entrega de 64 millones 648 mil pesos a la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, AC (Cofupro), que ha recibido “apoyos” de los gobiernos federal y estatal desde 1996 con la misión de “apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para lograr un desarrollo sustentable”.
Los recursos, que representan más del 80 por ciento de las irregularidades detectadas por el máximo órgano de fiscalización, no fueron aplicados correctamente, ejecutados a tiempo y tampoco han sido devueltos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), pese a que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) lo ordena.
José Narro Céspedes, integrante del Consejo Consultivo de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, dice que el trabajo de las fundaciones Produce es “muy pobre”, porque cuenta con un presupuesto escaso y los apoyos son “secundarios”.
No obstante, ante la evaluación de la ASF, lamenta que los más de 64 millones de pesos no hayan sido devengados y formen parte del subejercicio de la Sagarpa, cuando hay millones de agricultores en situación de extrema pobreza. “Es necesario revisar lo que hace la Cofupro, hacerle cambios profundos para que beneficie a este sector. Difícilmente vamos a lograr mayor productividad si no nos modernizamos tecnológicamente”, precisa el líder campesino.
Salvador Ruiz Sánchez, integrante de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, explica que en México hay la posibilidad de acelerar el proceso de tecnificación, pero duda “que exista la voluntad política para lograrlo. Existe un olvido paulatino de este sector. Los legisladores aprobaron aumentos significativos al campo, pero la parte operativa tiene dificultades. No vemos los apoyos en una mejor calidad de vida, aumento en la productividad y competitividad”.

Las irregularidades
La Auditoría señala que más de 28 millones de pesos transferidos a 17 fundaciones Produce –fundadas dos años después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el apoyo del entonces secretario de Agricultura, Carlos Hank González y los gobiernos de las 32 entidades de la república– no fueron aplicados en el desarrollo de proyectos de investigación, para los que fueron asignados los recursos.
Ante la observación del máximo órgano de fiscalización, el 4 de diciembre de 2007, el director general de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de la Sagarpa, Gonzalo Paez Padilla, giró oficios a sus delegados estatales, para que hicieran las “gestiones necesarias” y las organizaciones devolvieran los 28 millones 310 mil 600 pesos, entregados en la administración de Francisco Mayorga Castañeda al frente de la secretaría.
Toda vez que al término de 2006 el erario no había sido aprovechado por las organizaciones –constituidas supuestamente para “elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y sustentabilidad de los sistemas de producción agropecuarios y forestales del país, y así reducir las amenazas y aprovechar las oportunidades que impone la apertura comercial”– debieron ser devueltos 15 días después del cierre del ejercicio fiscal de ese año a la Tesofe, y a la fecha no se han reintegrado.
Dicha acción, indica la Auditoría, contraviene los artículos 28 y 29 del decreto del PEF para el ejercicio fiscal 2006, que ordenan: “Las erogaciones previstas en este presupuesto que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse”. Además, en el último artículo citado se estipula que de no reintegrar los recursos a la Tesofe en los días establecidos, la dependencia que los administra tendrá la obligación de pagar “cargas financieras por concepto de indemnización al erario federal”.
Las irregularidades detectadas en el SITT también violan el artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que indica: “El reintegro de recursos por parte de las dependencias y entidades, éstas últimas respecto de los subsidios y transferencias que reciban, deberá realizarse en conjunto con los rendimientos que se hubieren obtenido”.
La ASF también observó que las 32 fundaciones Produce, establecidas en los 31 estados del país y el Distrito Federal, le aportaron a la Cofupro –encabezada por Carlos Baranzini Coronado– un total de 11 millones 445 mil 200 pesos de los recursos de 2006; pero no fueron suscritos los convenios “correspondientes” para dicha acción. Tampoco se presentó “evidencia” de los beneficios obtenidos por cada una de las organizaciones.
El máximo órgano de fiscalización solicitó a la Sagarpa que fueran justificados documentalmente otros 15 millones de pesos que la misma fundación aportó al Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Al 23 de noviembre del año pasado no había pruebas de la ejecución de los 37 proyectos que supuestamente serían beneficiados. Otros 9 millones 489 mil 854 pesos no utilizados por las fundaciones Produce tampoco se reintegraron a la Tesofe.
Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional, dice que esto se debe a que “tenemos una Sagarpa inmovilizada, entrampada en sus reglas de operación para que fluyan los recursos que están destinados y que son parte de la nación”.
El legislador priista asegura que los recursos que no son devengados podrían ser aprovechados para invertirlos en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica, “hay 1.5 millones de hectáreas que tenemos abandonadas”.
Mobiliario embodegado
La Auditoría Superior de la Federación realizó una inspección física a las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Irapuato para auditar la aplicación de 11 millones 599 mil pesos en la adquisición de inmobiliario; sin embargo, al momento de la verificación éste se encontraba aún empaquetado.
Los más de 11 millones de pesos fueron etiquetados para llevar a cabo la tercera fase del Proyecto Ejecutivo ZEA 2006: Elucidación Completa del Genoma del Maíz en México y administrar un laboratorio de “genómica”; por ello, se compraron mesas de trabajo, anaqueles, llaves, regaderas, entre otros bienes que “no corresponden con el objeto del citado proyecto, incluso se observó que al 15 de noviembre de 2007 el mobiliario aún se encontraba empacado”.
Lo anterior incumple las reglas de operación del programa Alianza para el Campo, en sus artículos 48 y 49, que indican que el principal objetivo del SITT es “impulsar la competitividad del sector agroalimentario a través de apoyos para la investigación, desarrollo tecnológico y procesos de innovación, atendiendo las demandas de las cadenas productivas, a nivel local, regional y nacional”, precisa la Auditoría Superior de las Federación.
Se solicitó entrevista con la Sagarpa, a través de la Unidad de Comunicación Social, y con Carlos Baranzini Coronado, presidente de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, AC, sin que hasta al cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.

El SITT

El Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología tiene como objetivo atender las demandas de las cadenas agroalimentarias y de pesca, a través de apoyos económicos a fondo perdido para la generación de tecnología, su validación, transferencia y adopción.
Además, pretende ayudar a incrementar la competitividad del sector y promover un desarrollo sustentable de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales.
De acuerdo con la Sagarpa, inició operaciones en 1996 y está dirigido a productores agropecuarios, organizaciones y agentes de cadenas productivas. (ER)

Presupuesto asignado en 2006 al SITT: 471 millones 47 mil pesos
Daño al erario: 76 millones 953 mil 700 pesos
Muestra auditada: 41 por ciento

Por concepto de seguro de gastos médicos para mandos medios y superiores, la administración pública federal pagó más de 1 mil 415 millones de pesos de 2005 a 2007 a la trasnacional MetLife.

El contrato LPNEC 00006004-06/2006 del seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades de la administración pública federal apunta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció partidas máximas por 319 millones 843 mil 750 pesos para 2006 y 959 millones 531 mil 250 pesos para 2007.
El 25 de agosto de 2006 MetLife firmó el contrato con la SHCP, vigente de septiembre de 2006 a diciembre de 2007, por un total de 722 millones 909 mil 614 pesos para mandos superiores y medios de 22 dependencias, 72 órganos desconcentrados y 28 entidades paraestatales.
“El servicio solicitado –estipula el contrato– deberá amparar servicios médicos por accidentes o enfermedades que pueda sufrir el personal de mando, homólogos y de enlace, así como sus dependientes económicos”. Agrega que se otorgará el servicio a través de hospitales y sanatorios privados en el país y en el extranjero.
De acuerdo con la licitación pública nacional, LPNEC 00006004-006/2006 –obtenida por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, en total son 80 las pólizas de MetLife en la administración pública federal. El universo de asegurados hasta 2006 incluía a 235 mil 269 titulares, cónyuges, hijos y ascendientes. Los servidores públicos suman 86 mil 289.
MetLife cotizó que la prima total a pagar por su Plan Institucional Básico sumara los 180 millones 727 mil 404 pesos de septiembre a diciembre de 2006. Para el periodo entre enero y diciembre de 2007, el importe creció en 542 millones 182 mil 211 pesos.
Por secretario de Estado y familiar, la cantidad asegurada es de 525 mil 374 pesos; 465 mil 421 pesos por cada nivel de subsecretario, oficial mayor y jefe de unidad; 1 millón 50 mil 747 pesos en total para director general, adjunto y de área; por subdirector, 175 mil 124 pesos, y por empleado de enlace, 116 mil 749 pesos. En su proposición para participar en la licitación, MetLife establece primas quinquenales de 133 pesos por secretario a 94 pesos por cada miembro del personal de enlace.
Denominada entonces Seguros Génesis, MetLife adquirió la paraestatal Aseguradora Hidalgo (Ahisa) el 23 de abril de 2003. La compra por 9 mil 200 millones de pesos equivalía, según se reportó en la prensa, a menos de la mitad del valor de la empresa. La desincorporación de Ahisa, líder entonces en el mercado, se realizó bajo el argumento de que con la administración de particulares ofrecería mejores productos de seguros a los trabajadores al servicio del Estado. Hasta diciembre de 2002, la SHCP requirió los servicios de Ahisa. A partir de esa fecha y hasta marzo de 2008 los contratos han sido otorgados a MetLife.
El contrato LPNEC 00006004-011/2004 indica que de enero de 2005 a junio 2006, la compañía recibió 546 millones 633 mil 861 por asegurar a 217 mil beneficiarios, de los que 74 mil 544 eran funcionarios. En tanto que el contrato AD 54/2006 apunta que de junio agosto de 2006, el monto fue por 145 millones 619 mil 284 pesos. Por lo que, de enero de 2005 a diciembre de 2007, MetLife ganó 1 mil 415 millones 163 mil 759 pesos en contrataciones con el gobierno federal.
El beneficio del contrato LPNEC 00006004-06/2006 se extendió para 2008. Bajo las mismas condiciones –como consta en el endoso de ampliación– MetLife brindó sus servicios todavía hasta marzo pasado.
Obtenidos a través de las Unidades de Enlace de secretarías, órganos descentralizados y entidades paraestatales, los contratos por concepto con aseguradoras apuntan que entre 2001 y 2008, 34 dependencias erogaron 1 mil 967 millones 536 mil 344 pesos, dentro de la partida 1406 “Cuotas para seguro de gastos médicos”.
Las secretarías
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es la dependencia que gastó más en seguros médicos. Durante 2001, 2002, 2006 y 2007 costeó 218 millones 843 mil 100 pesos. Según la Unidad de Enlace de la SSP, lo respectivo a 2003, 2004 y 2005 fue integrado como erogaciones del gobierno federal.
Le sigue la Secretaría de Gobernación con un pago por 185 millones 772 mil 345 pesos entre 2001 y 2007; la SHCP con 130 millones 565 mil 949 pesos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) con 124 millones 687 mil 430, pagados desde 2001 y hasta marzo de 2008.
El total estimado por la Sagarpa para los primeros tres meses de este año fue de 5 millones 640 mil 14 pesos. En 2007 erogó 24 millones 399 mil 649 pesos, casi 11 millones más que en 2001.
Desde 2002, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinó 109 millones 288 mil 673 pesos al pago de pólizas con Ahisa y MetLife. Hasta 2007 la Secretaría de Educación Pública cubrió un importe por 88 millones 16 mil 465 pesos.
Mientras, entre 2001 y 2007, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) orientó 74 millones 489 mil 200 pesos a ese rubro. Desde 2001 y hasta el pasado 29 de febrero, la Secretaría de la Función Pública (SFP) pagó 58 millones 185 mil 366 pesos. De 2001 a 2007, la Secretaría de Relaciones Exteriores gastó 36 millones 310 mil 360 pesos.
En el periodo de 2001 a 2007 la Secretaría de la Reforma Agraria erogó 18 millones 566 mil 769 pesos. Así también el monto pagado por la Secretaría de Turismo (Sectur) fue de 12 millones 466 mil 48 pesos, mientras que la Secretaría de Marina asignó 6 millones 113 mil 32 pesos entre 2003 y 2007.
Para los tres primeros meses de 2008, la SFP convino pagar por 2 millones 387 mil 983 pesos, mientras que la Sectur, 522 mil 465 pesos. También en ese lapso, la Secretaría de Desarrollo Social gastó 2 millones 305 mil 698 pesos.
Sin entregar información sobre ejercicios fiscales anteriores, la Unidad de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales indica que en 2007 la entidad cubrió primas por 12 millones 225 mil 161 pesos.
Por otro lado, la auditoría 06-1-18T41-02-584 a las cuentas de resultados “Costo de Servicios Médicos” de Petróleos Mexicanos (Pemex), en 2006 revela que en el rubro se previó un monto por 12 mil 139 millones 140 mil pesos, del que se orientaron 122 millones 166 mil pesos a la adquisición de medicinas y material de curación y 8 millones 79 mil a servicios médicos.
Órganos
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) gastó 12 millones 986 mil 24 pesos de 2001 a 2007 en seguro de gastos médicos mayores. En el mismo lapso, la Comisión Nacional del Agua erogó por ese concepto 443 millones 817 mil 342 pesos. En contraste, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores orientó 208 mil 114 pesos de 2003 a 2007.
Desde 2001 Caminos y Puentes Federales costeó 25 millones 264 mil 420 pesos en pólizas con Ahisa, Seguros Inbursa, GNP y MetLife. Mientras el contrato con Aseguradora Hidalgo anticipaba en junio de 2001 una suma asegurada por 76 millones 946 mil 647 pesos, en 2006 con MetLife se pactó un total de 268 millones 152 mil 768 pesos para 1 mil 162 derechohabientes.
Diconsa –cuyo objetivo es contribuir a la superación de la pobreza alimentaria– cubrió una prima en 2007 por 1 millón 882 mil 107 pesos. Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas destinó entre abril de 2005 y diciembre de 2007 un máximo de 9 millones 721 mil 675 pesos, 1 millón 957 mil 959 pesos para la póliza GM0364 de enero a diciembre de 2007.
La Coordinación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ejerció de 2001 a 2007 14 millones 369 mil 627 pesos. En ese mismo periodo el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) entregó un monto por 7 millones 266 mil 88 pesos.
A partir de 2004, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación gastó 2 millones 838 mil 846 pesos en la contratación del seguro. A diferencia de 2004, cuando el importe fue de 109 mil 134 pesos, en 2007 se elevó casi en 88 por ciento, es decir, hasta 901 mil 406 pesos.
Mediante la partida 1406, el Instituto Federal de Acceso a la Información pagó 5 millones 167 mil 791 pesos a MetLife por cuotas del seguro de gastos médicos mayores de 2003 a 2007.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) firmó los convenios SAE/1047/2007 y SAE/0042/2008, y el modificatorio CM SAE/1047/2007 con Seguros del Sanatorio Durango por 3 millones 361 mil 708 pesos de abril de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2008.
Con la partida 1406-001 y 3414-004, el seguro de salud fue contratado a partir de 2007 para 1 mil 765 derechohabientes en las 11 oficinas del SAE en el país: 35 directivos, 569 empleados y 13 jubilados. Además de 125 dependientes de titulares y 1 mil 640 de servidores públicos, es decir, 322 cónyuges, 591 hijos y 235 padres.
Según la licitación pública nacional electrónica 06812002-006-07, el presupuesto máximo del SAE para la adquisición del servicio médico integral y su administración era de 31 millones de pesos.
El contrato SAE/1047/2007, –con vigencia del 13 de abril al 31 de diciembre de 2007– señala que por cada derechohabiente el importe mensual fue de 1 mil 909 pesos. La suma asegurada alcanzó los 30 millones 584 mil 89 pesos. Por evento y por beneficiario el monto máximo a pagar por el prestador de servicio sería el 1 millón de pesos.
Aunque el presupuesto del órgano para 2008 se previó en 45 millones, en el contrato SAE/0042/2008, vigente del 16 de enero al 31 de diciembre, el pago convenido fue de 1 millón 530 mil 937 pesos. Para la primera quincena de enero de 2008 se firmó el convenio CM SAE/1047/2007 por el que se modificaba el total en 1 millón 800 mil 187 pesos.
Por cada mes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) pagó 289 mil 998 pesos a Ahisa del 1 enero a 1 de mayo de 2003 para cubrir la prima de 722 asegurados. Según los recibos de pago –entregados por la Unidad de Enlace del INBAL– la póliza GM0016 fue por 107 millones 523 mil 337 pesos.
Vendida Aseguradora Hidalgo, el contrato se renovó con MetLife en mayo de 2003. La suma ascendió a 145 millones 693 mil 662 pesos, el número de asegurados a 863 y la mensualidad a 335 mil 909 pesos. Para el periodo entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007 se pagaron 5 millones 682 mil 46 pesos para 963 asegurados. Entre 2004 y 2006, la suma asegurada se elevó de 160 millones 39 mil 666 pesos a 182 millones 4 mil 480 pesos y se redujo a 145 millones 330 mil pesos en 2007.
El Consejo Nacional para las Culturas y las Artes desembolsó 20 millones 733 mil 446 pesos de 2001 a 2007. Por trimestre destinó hasta 1 millón 269 mil 664 pesos, como se observa en la relación de pagos hecha en 2006.
Seguros privados en entidades de salud pública
El reporte de primas pagadas por la Secretaría de Salud arroja que la entidad gastó 60 millones 496 mil 882 pesos desde 2001 y hasta 2007. Por otro lado, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas –cuya función es brindar servicios de salud a miembros del Ejército– destinó a la contratación de un seguro privado, 6 millones 324 mil 642 pesos.
El Instituto Nacional de Cancerología erogó 1 millón 609 mil 463 pesos para cubrir de 2001 a 2003 las pólizas con Ahisa y de 2004 a 2007 las pólizas con MetLife. La suma asegurada por cada servidor público durante 2001 se elevó en casi 28 por ciento en 2007. Mientras que con Aseguradora Hidalgo por la prima de un director general se pagaron 294 mil 483 pesos, con MetLife, 408 mil 624 pesos.
Encargado de ofrecer atención médica a la población infantil, el Instituto Nacional de Pediatría pagó casi 2 millones de pesos de 2001 a 2007 en seguros para sus mandos superiores y medios.
Según la relación de pagos otorgada por su Unidad de Enlace, entre 1999 y 2007, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez pagó la póliza GM003 por 29 millones 119 mil 43 pesos. En su portal de internet, la entidad señala que su misión es “proporcionar atención cardiovascular de alta especialidad con calidad, preferentemente a la que carece de seguridad social”.
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas destinó 1 millón 652 mil 798 pesos para asegurar a sus mandos medios y superiores.
A su vez, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado gastó 5 millones 69 mil 705 pesos desde 2002, año en que contrató un seguro colectivo de gastos médicos mayores.
En respuesta a la solicitud de información realizada por Fortuna, respecto al gasto de seguros médicos, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz señala que su pago promedio anual en la materia es de 97 mil 557 pesos.

Legisladores y ministros
En el Informe al Primer Trimestre del Ejercicio de Presupuesto de Egresos de 2008, el Senado de la República reporta que pagó, de enero a marzo de 2008, 48 millones 702 mil 60 pesos por el concepto 1 mil 400 erogaciones por seguridad social y seguros.
Asimismo el Informe Anual de Labores 2007 de la Secretaría Ejecutiva de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apunta que se aseguraron a 74 ministros, magistrados y jueces jubilados, a 89 familiares de servidores públicos y a 8 mil 140 funcionarios superiores, mandos medios y trabajadores de personal operativo.
Anota que se realizaron 2 mil 146 reembolsos de gastos médicos mayores por un total de 11 millones 820 mil 896 pesos. Además se apoyó de manera extraordinaria a 17 beneficiarios, lo que significó un gasto de 623 mil 525 pesos.
Según nota publicada por Andrea Merlo y Ricardo Gómez en El Universal el 3 de noviembre de 2007, en ese año la Cámara de Diputados pagó 51 millones de pesos a MetLife por su seguro de  gastos  médicos mayores, y 10 millones más en consultas fuera de póliza.   Para 2008 –apunta la información– los legisladores pretendían incrementar 40 veces su presupuesto para servicios médicos y dentales, es decir, de 726 mil 805 pesos a 35 millones de pesos.
Banca de Desarrollo
Según el contrato modificatorio del 26 de mayo de 2007, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y Seguros del Sanatorio Durango convinieron que la vigencia se extendería de enero de 2003 a julio de 2007 y se pagarían hasta 16 millones 414 mil pesos para la prestación de servicios médicos. El monto creció a 17 millones 71 mil 454 pesos cuando se volvió a modificar la vigencia hasta septiembre de 2007.
El convenio firmado en octubre de 2007 establece que la contratación sería plurianual. Así, las partes acordaron que el presupuesto anual mínimo de 2007 a 2010 sería de 47 millones 338 mil 200 pesos y el máximo de 50 millones 661 mil 286 pesos.
Con GNP, el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) firmó el contrato DAGALE/056/1999 y los modificatorios DAGALE/073/1999 y DAGALE/063/2000, con los que convino pagar un monto máximo de 124 millones 500 mil 963 pesos entre 1999 y 2001.
En tan sólo 26 días –del 1 al 27 de enero de 2001– se previó como monto mínimo del convenio 1 millón 986 mil 120 y un máximo de 4 millones 965 mil 300 pesos. En tanto, de enero a marzo de 2001 se erogaron 15 millones 523 mil 323 pesos. Hasta marzo de 2001 contemplaba 34 asegurados cubiertos con el plan premier con suma asegurada sin límite.
Gastos de titulares
Según la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República (en respuesta a una solicitud de información por medio de la ley de transparencia), para el seguro médico de Felipe Calderón Hinojosa y su familia se eroga un importe trimestral de 3 mil 448 pesos a MetLife.
Ana Graciela Aguilar, directora de Aserca y sus dependientes gozaron de primas por 32 mil 839 pesos en 2006 y 2007 previstas en las pólizas GM114. El director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, usó de la partida 1507 17 mil 23 pesos por honorarios médicos, laboratorio, equipo y medicinas.
Desde que asumió el cargo en 2006, Tomás Ruiz, director general de Banobras, y sus cuatro dependientes han gastado 38 mil 339 pesos por servicios médicos. De esa cantidad, el funcionario erogó 19 mil 561 pesos. Al frente de Bansefi, Jaime González Aguadé, gastó 4 mil 211 pesos en noviembre de 2007 por una lesión.
Por trimestre, la Coordinación Nacional de Programa de Desarrollo Humano Oportunidades paga por el seguro a favor de su titular, Neftalí Escobedo Zoletto, 2 mil 939 pesos. En respuesta a la solicitud de información, la Unidad de Enlace declaró inexistentes los comprobantes de los gastos del coordinador y su familia, pues “de manera personal acude a las instancias médicas y paga el deducible”.
También la STPS responde que para 2008 la cobertura de su titular Javier Lozano Alarcón es de 525 mil 374 pesos, según el Manual de Percepciones de los Servidores de la Administración Pública Federal. Además de ser beneficiario del ISSSTE, en la partida 1401 con cuota mensual de 638 pesos.
María del Rocío García Gaytán, presidenta del Inmujeres, gastó de febrero a diciembre de 2007 3 mil 650 pesos y de enero a marzo de 2008, 2 mil 94 pesos. El costo de la prima del doctor Fause Attié Cury, director del Instituto Nacional de Cardiología, sumó los 22 mil 670 pesos y la de su esposa, los 26 mil 973 pesos desde 2003. Entre 2006 y 2008 los gastos en materia de salud de María Teresa Fernández Labardini, secretaría ejecutiva del IPAB, ascendieron a 22 mil 985 pesos.

Gastos farmacéuticos en Lotenal

Francisco Javier Yáñez Herrera, director general de la Lotería Nacional (Lotenal), gastó 6 mil 441 pesos en medicamentos de marzo a noviembre de 2007. Los gastos fueron cubiertos con la partidas 1507 Otras prestaciones y 003 prestaciones de seguridad social.
Según el oficio número DCE/007/08 de la Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad, obtenido a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, todas las recetas fueron expedidas por Fármacos Especializados, SA de CV. La empresa obtuvo de 2002 a 2005 384 millones 767 mil 581 pesos en contratos con entidades del gobierno federal, de acuerdo con el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales (Compranet).
Por factura, los pagos fueron de hasta 1 mil 158 pesos por cinco fármacos en agosto de 2007 y en noviembre, 1 mil 3 pesos por cinco más. El 14 y el 27 de marzo por tres productos se pagaron 933 pesos; el 19 y el 23 de julio, por cinco, 763 pesos, y el 14, 16, 22 y 27 de noviembre por 14, 2 mil 268.
El expediente 11757-F detalla que entre los antídotos obtenidos para el titular de Lotenal se cuentan: una caja de Ketek por 515 pesos; dos cajas de Tecta, cada una por 393 pesos; un frasco de Seretide Diskus por 389 pesos; una caja de Plavix por 383 pesos; una caja de Vytorin por 278 pesos, y dos de Augmentin por 234 cada una.
De junio a diciembre de 2007 bajo el contrato C036-07 con Fármacos Especializados se gastaron 1 millón 323 mil 999 pesos en 5 mil 30 medicinas para otros empleados y beneficiarios. Durante ese período se sirvieron 2 mil 190 recetas. Por cada recibo se entregaron notas de crédito que sumaron 88 mil 704 pesos con 86 centavos.
Respecto a las facturas de consolidación que amparan medicamentos, tres se expidieron en junio, una en agosto, tres en septiembre, una en octubre, cuatro en noviembre, y una en diciembre. (PM)

La intención: privatizar la salud pública

La diputada Rosario Ortiz Magallón, secretaria de la Comisión de Seguridad Social, advierte que con la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se prevé sufragar a empresas privadas.
En su artículo 31, establece que los servicios médicos los prestará directamente o por medio de convenios: “El Instituto, previo análisis de la oferta, la demanda, su capacidad resolutiva y una vez garantizada la prestación a sus derechohabientes, podrá ofrecer a las instituciones del sector salud la capacidad excedente de sus unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con el reglamento respectivo”.
La legisladora perredista indica que se regionalizarán los servicios de salud, a partir de criterios demográficos, morbilidad y demanda, como está previsto en el artículo 30. A partir de los resultados obtenidos de estos análisis, el ISSSTE concluirá si tiene la capacidad para atender la demanda y de no tenerla, licitará esos servicios.
Subraya que so pretexto de ser muy onerosa la atención, el gobierno aportará recursos a empresas privadas más que invertirlo en infraestructura, para que la institución cumpla con la obligación por ley.
Apunta que tanto en el ISSSTE como en el IMSS la infraestructura hospitalaria es deficiente y falta personal y alerta que apenas es “la punta del iceberg”, pues además con las Afores se construirán paquetes privados de salud. Así observa que las contrataciones con la trasnacional MetLife denota una tendencia generalizada hacia la privatización.
“Hay una visión de salud selectiva –agrega– pues mientras millones de usuarios están en desprotección o se atienden bajo esquemas de salud pública de baja calidad, mandos medios y superiores gozan de servicios en hospitales y clínicas privadas. Se pierde de vista que la salud es un derecho constitucional”.
Gustavo Leal Fernández, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, opina que los derechos ciudadanos reciben un corte empresarial: “Con Felipe Calderón, el enfoque de derecha es usar las bolsas públicas para financiar esquemas privados. No tiene una propuesta moderna de intervención de la política social”.
Además, expone que en la agenda del Consejo Coordinador Empresarial se busca reanimar las Instituciones de Seguridad Especializadas en Salud (ISES) proponiendo que se les subroguen servicios. Las ISES son sociedades cuyo objetivo es prestar servicios para prevenir o restaurar la salud del asegurado con recursos propios, mediante terceros o en combinación de ambos. “Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia –añade– se crea un mercado que ampara este tipo de subrogaciones”. (PM)

Presupuesto en seguridad social

Fuente: Datos de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados

Universo asegurado por MetLife

Dependencias: 22
Órganos desconcentrados: 72
Entidades paraestatales: 28
Número de pólizas: 80
Asegurados: 235 mil 269
Servidores Públicos: 86 mil 289
Secretarios de estado: 22
Subsecretarios de estado, oficiales mayores, jefes de unidad: 457
Directores generales: 1 mil 254
Directores de área: 5 mil 675
Subdirectores de área: 16 mil 918
Jefes de departamento: 22 mil 278
Personal de enlace: 38 mil 295

En México sólo 10 por ciento de las universidades privadas cuenta con acreditación de calidad; apenas 37 escuelas tienen carreras reconocidas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, y sólo 49 posgrados son válidos para la SEP y el Conacyt. Además, entre 2000 y 2008, a 432 instituciones se les negó el Registro de Validez Oficial y a 99 se les retiró el reconocimiento de sus planes de estudio.

De 2000 a febrero de 2008, la Secretaría de Educación Pública (SEP) negó el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a 432 instituciones de educación superior (IES) particulares, a 99 se lo retiró, mientras que a 376 lo otorgó para estudios en el grado de técnico superior, profesionista asociado, licenciatura, maestría y doctorado.
Según información entregada a Fortuna por la Dirección de Educación Superior Universitaria de la SEP, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 1 mil 397 programas (planes de estudio) fueron rechazados en su intención de adquirir el RVOE, en tanto que a 525 más les fue retirado, en su mayoría a petición del solicitante, por cambio de persona moral o domicilio y por tratarse de centros públicos de investigación.
A 48 IES les fue negada y también retirada la validez oficial en planes de estudio y 218 aparecen sólo en la lista de rechazadas para obtener el RVOE, sin que se les haya aprobado otro programa entre 2000 y 2008.
La lista de IES particulares con más fracasos en su intento de obtener el RVOE es encabezada por la Universidad Etac, con 73. Reconocida por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), cuenta con cinco planteles en el área metropolitana. La Universidad Univer –también denominada Centro de Estudios Universitarios Univer– no recibió el RVOE para 46 licenciaturas. Dice contar con la certificación ISO-9001:2000 y tiene 19 planteles en la zona metropolitana y otros 31 en el resto del país.
A la Universidad Interamericana de Desarrollo le fueron negados 43 planes, 30 en modalidad de profesional asociado y 13 licenciaturas. Avalada por la Universidad Anáhuac, ofrece licenciaturas en tres años y doble titulación: como licenciado, técnico superior universitario y profesional asociado. La Universidad Mexicana no obtuvo la validez oficial para 39 planes de estudio. Asegura haber sido incluida en la edición 2007-2008 de las mejores universidades, publicada por el periódico Reforma.
Le sigue el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México con 13 licenciaturas, 16 maestrías y cinco doctorados. También la Universidad del Valle de México, con 31 negaciones, además de 123 retiros a petición propia. La Universidad CNCI no obtuvo el RVOE para 20 licenciaturas ni la Universidad de Cuautitlán Izcalli para 19 programas; el Centro de Estudios Juan Bautista, para 18 licenciaturas, mientras que la Universidad Cuauhtémoc, para 15 programas, además del retiro del RVOE en 39 licenciaturas.
Corresponde a las autoridades educativas federales y locales otorgar, negar y retirar el RVOE a particulares. Para las IES privadas, obtener el RVOE es necesario por cada uno de los programas que imparten, si es que desean formar parte del sistema educativo nacional y contar con acreditación oficial en todo el país. Sin embargo, nada les impide impartir clases aun cuando no cuentan con acreditación de organismo público alguno.
La Ley General de Educación establece que el registro se otorgará cuando los solicitantes cuenten con “personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas de seguridad y pedagógicas, y con planes de estudio que la autoridad considere procedentes”. Sin embargo, las IES privadas se someten a seguimiento externo –o inspecciones– sólo si desean obtener el RVOE.
En su Análisis Temático de la Educación Terciaria, publicado en 2006, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) observó que en México existe un gran número de instituciones pequeñas y de calidad deficiente. Para la OCDE, los lineamientos del RVOE no satisfacen el objetivo de asegurar la calidad de los nuevos programas. De 40 países estudiados, México ocupa el lugar 38 en calidad, según el organismo.
La OCDE admite que el explosivo crecimiento de las IES privadas abrumó la regulación existente. Y es que el 32 por ciento de la matrícula es absorbida por las IES privadas, es decir, 833 mil 818 estudiantes durante el ciclo 2006-2007, de acuerdo con la SEP. De las 1 mil 422 IES privadas en el país, sólo 24 están afiliadas a la ANUIES y 114 son integrantes de la FIMPES. Ambas establecen como requisito la acreditación de académicos independientes y que las IES cuenten con niveles de desarrollo y consolidación académica.
Según la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), sólo 10 por ciento de las IES privadas cuenta con certificación de calidad. Además, datos de la Subsecretaría de Educación Superior señalan que sólo 37 IES privadas tienen planes de estudio acreditados por órganos del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes). Por el contrario, 121 universidades públicas, politécnicas y tecnológicas están certificadas. El Copaes es la única instancia validada por la SEP para conferir fe a los organismos que evalúan y validan programas de nivel superior.
Las instituciones particulares –reconoce la SEP– ofrecen 58 mil 522 maestrías y 3 mil 171 doctorados. El Padrón Nacional de Posgrado de la propia secretaría y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sólo reconocen 49.
IES extranjeras, sin validación oficial
En el portal de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, la dependencia alerta sobre 11 instituciones extranjeras que ofrecen programas educativos sin RVOE. Advierte que certificados, diplomas, títulos y grados expedidos por Atlantic International University, Pacific Western University, Endicott College, Alliant International University, United States International University, Newport University, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Westbridge University, Bircham International University, Vision International University no serán objeto de revalidación o expedición de cédula profesional.
Según la lista otorgada por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP, por medio de la Ley de Transparencia, a Atlantic Internacional University se le negó el RVOE en dos programas del tipo técnico superior universitario, ambos en administración de empresas modalidad no escolarizada. En su sitio en internet, se define como una organización académica no presencial que imparte educación a distancia y que cuenta con el ISO-9002. Detalla que su profesorado pertenece a instituciones como Harvard, Oxford, Yale y Stanford.
Aclara, sin embargo, que por tratarse de una universidad estadunidense, no requiere de la validez oficial del gobierno ni de otras instituciones académicas. Menciona que “su validez está determinada por la Convención de La Haya, con la que se suprimió el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros”. Además, indica que tampoco está reconocida por la Secretaría de Educación de Estados Unidos.
Ofrece 86 especialidades, tres licenciaturas, maestrías y doctorados. Sus cuotas van desde 4 mil 800 dólares hasta 5 mil 750, con una inscripción de 300 dólares, un pago final de 310 dólares por titulación y otro más por concepto de graduación. La tira adicional de materias se pagará en 20 dólares y, por no cubrir la colegiatura puntualmente, se aplicará una multa.
Instituida en España hace 30 años, la Universidad Europea tampoco obtuvo el RVOE en 2002 y 2003 para tres licenciaturas en turismo. Pese a que entre 2002 y 2007 aprobó el registro de 13 programas, no especifica en su portal el número de acuerdo en sus 10 licenciaturas y cuatro maestrías.
Ni en 2002 ni en 2003 la Universidad YMCA obtuvo el registro de validez para su maestría en administración de tiempo libre. Con sede en el Distrito Federal, la IES fue fundada en 2000 y está afiliada a la Young Men´s Christian Asociation, organización internacional cristiana que tiene más de 35 millones de adherentes en 128 países. La Universidad YMCA ofrece la opción “3+2=5”, con la que se puede obtener licenciatura, especialidad y maestría en sólo cinco años. Señala no tener fines de lucro, ofrecer colegiaturas accesibles y que en 2008 contará con la certificación de la FIMPES.
Al Centro Universitario Incarnate Word también le fue rechazada la solicitud de validez oficial para la licenciatura en informática en 2003. Creado en 2002 por el Instituto Miguel Ángel de la Ciudad de México y la universidad católica Incarnate Word de San Antonio, Texas, sus planes de estudio tienen RVOE, excepto por dos licenciaturas, “cuyo reconocimiento se obtiene en Estados Unidos”.
La iglesia de la cienciología –acusada en diferentes ocasiones de ser una secta peligrosa– también buscó la validación de la SEP para una especialidad en formación de profesores en la técnica Hubbard en 2006. Mediante Applied Scholastics –solicitante del registro– la cienciología busca enseñar el método de estudio de su fundador y escritor de ciencia ficción, L. Ronald Hubbard. La misma petición de RVOE se hizo bajo el nombre de Campaña Mexicana para Mejorar el Estudio. Ambas fueron rechazadas en el dictamen NEG/2006-09-22.
El Instituto Bert Hellinger –que lleva el nombre del terapeuta alemán Bert Hellinger y también director honorario– no obtuvo el registro de validez de la maestría de filosofía transgeneracional en 2007, aunque en su portal anuncia que este año iniciará el posgrado. Sus instalaciones están en un departamento residencial de la colonia Polanco en la Ciudad de México.
Personas físicas y SA solicitan RVOE
El Acuerdo 243 por el que se establecen las Bases Generales de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios define al particular como la persona física o moral que solicite acuerdo de autorización o RVOE.
De 2000 a 2008, 11 ciudadanos lo requirieron. A Adrián Ramón del Pozo Rabanales, Alfonso Rodríguez Velásquez, Imelda Rendón Rodríguez, Martín Wilberth Torres Martínez, Ramiro Jiménez Zavaleta, Pedro Ramírez Gómez y Jorge Arturo Vargas Valdez –éste último con siete solicitudes– les fue negado el RVOE para licenciaturas. Eduardo Bonilla Silva no lo obtuvo para el grado de técnico superior universitario, tampoco José Luis Murillo Amaro ni Gloria Chaviria Martínez para especialidad y Luciano Fernando Berumen Martínez para maestría.
Aunque en su mayoría las IES peticionarias de RVOE están constituidas como asociaciones civiles –que no tienen un fin económico ni especulativo–, cinco funcionan por el régimen de sociedad anónima de capital variable, que buscan utilidades y se forman con capital social. IML, SA de CV, no recibió la certificación de una especialidad en quirofísica en 2006. Su giro –según myManta, portal que reúne perfiles de compañías– es brindar servicios de recreación y entretenimiento.
EDN, SA de CV, pidió el RVOE para una licenciatura en dirección de negocios y una maestría en alta dirección en 2004 y 2005. La también Universidad del Empresario ofrece la titulación mediante el acuerdo SEP-286 para acreditar conocimientos adquiridos de forma autodidacta o con experiencia profesional. Su oferta educativa –mayormente seminarios y diplomados– está dirigida a empresarios y ejecutivos que tienen mínimo dos años de experiencia. Pese a que su maestría no está validada por la SEP, continúa promoviéndola.
Como EDN, otras IES brindan servicios de consultoría. GVA Consultoría y Capacitación, SC, además de impartir diplomados y cursos en materia fiscal, ofrece servicio y contratación de personal, servicio de edecanes y modelos, venta de tóner, software y calculadoras: a cambio de recargar o comprar tinta para impresoras, GVA ofrece cursos a mitad de precio. En 2002 se negó la validez oficial de su maestría en impuestos.
El Instituto de Formación Liverpool, AC –creado por la tienda departamental Liverpool–, solicitó en 2004 el RVOE para una especialidad en compras y abastecimiento en modalidad mixta. Aunque ésta le fue negada, entre 2002 y 2005 recibió la aprobación de un plan para profesionista asociado, tres especialidades, una licenciatura y cuatro maestrías.
Fundado en 2000, el Instituto de Formación Liverpool ofrece enseñanza a través de e-learning, autoestudio, sesiones presenciales y blended learning, que concentra estas tres técnicas educativas. El perfil de sus programas está orientado a la administración, la mercadotecnia y las ventas. No obstante, ofrece el grado de técnico superior universitario en optometría, que también es impartido con clases en línea, pregrabadas y de manera autodidacta. Sus colegiaturas van de los 1 mil 500 a casi los 3 mil pesos.
Sin RVOE, universidades de prestigio
Instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES como la Universidad La Salle (Ulsa), la Universidad Iberoamericana (Uia), la Universidad de las Américas (UDLA) y la Universidad Intercontinental (Uic) figuran en la lista de IES a las que les fue negado el RVOE. En 2004 la Ulsa Noroeste no obtuvo la validez de una licenciatura en sicología educativa y dos años más tarde a la Ulsa Cancún se le negó para una especialidad en sicoterapia dinámica.
Para la Uia Ciudad de México la negativa fue a una maestría en orientación sicológica en 2003 y una en gerontología en 2005, también a un doctorado en investigación sicológica. En dos años se rechazó el RVOE para una maestría en sicoterapéutica en la Uia León. En su plantel en Torreón se desaprobó una licenciatura en sicología y, en Puebla, una especialidad en prevención de adicciones. En 2004, la UDLA en el Distrito Federal no recibió el RVOE para una maestría en sicología clínica y un doctorado en sicología ni la Uic en dos especialidades en periodoncia y otra más en atención sicológica al migrante.
Privatización de la educación superior
Publicado el 10 de julio de 2000, el Acuerdo 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior se elaboró en el marco del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, que señalaba como positiva la presencia de particulares en la educación y buscaba “promover la simplificación de las reglas administrativas y de operación en el ámbito federal”.
También se inscribió dentro del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial –publicado en 1995–, que tuvo como objetivo facilitar los trámites realizados por particulares ante la administración pública. Siete años después el entonces presidente Vicente Fox lo modificaba a fin de que “dependencias y organismos descentralizados eliminaran trámites obsoletos e innecesarios”.
Ya desde 1998 se observó esa intención con la reforma al régimen del RVOE. En su artículo “Relaciones peligrosas. La polémica sobre las universidades patito y las negociaciones SEP-FIMPES en torno al RVOE”, Roberto Rodríguez –consultor del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura– anota que desde 1998 la SEP y la FIMPES firmaron un convenio para prorrogar el plazo en que se emitirían criterios específicos para el nivel superior.
En 1999, la FIMPES –que reúne a 114 universidades privadas– se negó a suscribir el proyecto del RVOE, elaborado por la SEP, pues “resultaba en una sobrerregulación inusitada”. Entonces se integró una comisión bipartita y en 2000 se publicó el Acuerdo 279. La FIMPES consideró que sin su intervención la SEP habría emitido controles excesivos y discrecionales.
Con lo convenido, a las instituciones se les dio la opción de cumplir o no con requisitos de antigüedad y calidad. Entre otras ventajas –observa el también coordinador asociado de la Red de Investigadores de la Educación Superior– la SEP aceptaría planes de estudio sin que se les remitiera programas por materia y autentificaría diplomas, títulos y grados con sólo entregarle un listado general. Incluso, de ser aprobado el RVOE, las solicitantes podrían mencionar en su publicidad que obtuvieron el registro con motivo de su excelencia académica.
El académico enumera que la descentralización educativa, los lineamientos acordados y la insuficiente inversión en universidades públicas favorecieron la participación de la iniciativa privada en el sector. “A riesgo de simplificar –apunta– la negociación del RVOE entre 1994 y 2000 satisfizo las demandas centrales de la FIMPES, pero implicó el efecto no esperado de una mayor apertura para las instalaciones de las universidades conocidas como patito”.
El estudio De la privatización a la mercantilización de la educación superior, coordinado por el académico y miembro de la AMC, Axel Didriksson, revela que de 1994 a 2005, la tasa de crecimiento de las IES privadas fue 3.5 veces mayor en comparación con las públicas, es decir, que por cada nueva universidad pública se crearon 3.5 particulares.
Mientras que en los últimos 20 años se constituyeron casi 1 mil 500 IES privadas, en 40 años el gobierno federal sólo abrió 57 instituciones públicas, en su mayoría de tipo tecnológico y politécnico. Así, las instituciones privadas registran un crecimiento acumulado del 355 por ciento y las públicas, del 110 por ciento. Producto de ese aumento –señala la investigación– pasaron de atender a 246 mil 500 estudiantes en 1994 a 662 mil en 2005, mientras que las IES públicas incrementaron su matrícula de 936 a 1 millón 425 mil 500 alumnos.
Fraudulenta, la oferta educativa
En opinión del rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Jorge Quintana Silveyra, abrir IES al vapor, sin infraestructura ni programas de calidad, que crean falsas expectativas laborales, es un fraude. Sugiere que las IES privadas deben someterse a los mismos criterios de evaluación y acreditación a los que están obligadas las universidades públicas.
Alejandro Canales expresa que las IES privadas “no pueden ser una promesa de formación escolar, sólida, reconocida y competente”. Además –expone– muchas instituciones son empresas educativas y se hacen llamar asociaciones civiles, pues de otra manera estarían obligadas a entrar en un régimen impositivo tributario diferente. Describe que en su mayoría, la oferta de las instituciones privadas de baja calidad es limitada, pues no les implica más gasto de inversión ni infraestructura que profesores y salones.
En las IES privadas el 90 por ciento de la matrícula –indica la investigación De la privatización a la mercantilización de la educación superior, coordinada por Axel Didriksson– está en el área de ciencias sociales, administrativas e ingeniería. Mientras que ciencias de la salud, educación y humanidades se reparten el 9 por ciento, y el 1 por ciento en ciencias agropecuarias o exactas.
En entrevista, Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México indica que debido a la limitada oferta pública universitaria, América Latina pasó a ser la región del mundo con la mayor proporción de matrícula privada. Apunta que el sector privado de educación superior ha sido consentido por el Estado mexicano: así como otros ámbitos empresariales, debería regirse por normas oficiales de calidad, tipo NOM.
“El RVOE es de mínimos indispensables –describe Roberto Rodríguez–: las IES pueden funcionar sin tenerlo y tienen la opción de ampararse ante el cierre de instalaciones; si deben resarcir observaciones, lo pueden hacer de manera formal, mediante documentos, y tampoco hay inspecciones rigurosas, porque la SEP no cuenta con personal ni con sistemas de inspección suficientes”.
El académico apunta que al sector privado deben imponerse reglas empresariales y estímulos para la pequeña y mediana empresa: “Que sean reconocidas como lo que son, como iniciativa privada”.
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior de la SEP, dice que se busca homologar la normatividad del RVOE. Señala que 16 entidades se adhieren a los lineamientos federales: “Compartir un mismo marco de operación nos va a permitir estandarizar los procedimientos y garantizar que se cumple con todos los procesos cuando se entrega el RVOE”.
Advierte que es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y de eventual sanción. Subraya que a nivel legislativo debe ser obligatoria la evaluación para las instituciones particulares y que el RVOE no sea permanente –como ocurre en ciertos casos–, sino hacerlo temporal para todas las IES para que sean evaluadas continuamente.
Cobertura mínima,
concentración excesiva
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2012 advierte que sólo uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años tiene acceso a la educación superior, de los que el 94 por ciento estudia una licenciatura y el 6 por ciento un posgrado. Mientras que en los países de la OCDE el 30 por ciento de la población en edad de trabajar tiene educación básica, en México apenas el 77 por ciento.
En 2006, la educación superior alcanzó una cobertura del 25 por ciento. No así en países como Estados Unidos, donde se alcanzó el 82 por ciento. Según el PND la escasa matrícula obedece a la pobreza, ineficiencias en los niveles previos y a que las propias instituciones trabajan por debajo de su capacidad, debido a que la demanda está muy concentrada.
Sólo siete estados aglutinan la mitad de la matrícula y 40 por ciento de ésta es atendida por 10 instituciones. Apunta que con la infraestructura actual –que es desaprovechada– se podría atender entre 300 mil y 380 mil estudiantes, es decir, incrementar la cobertura entre 3 y 4 por ciento.
Durante la 31 sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, celebrada el 20 de mayo pasado, el subsecretario de educación superior Rodolfo Tuirán dijo que 1 millón 53 mil estudiantes cursaban programas reconocidos por su buena calidad en universidades públicas, 15 por ciento más que en 2007. Sin embargo, advirtió que es necesario avanzar en la equidad para que más estudiantes puedan acceder a la educación pública y se desarrollen con las competencias suficientes.
José Martínez Vilchis, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), también resalta que para avanzar en cobertura hay que mejorar la inversión. Explica que en el caso de la UAEM es más baja que el promedio nacional: no llega al 20 por ciento, cuando el crecimiento de la población en la entidad se calcula anualmente en 400 mil habitantes. El académico sostiene que el reto es mayor, toda vez que para satisfacer la demanda tendrá que ingresar a 100 mil estudiantes para 2012.
El Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y el Distrito Federal concentran la mayor oferta educativa superior privada. Según el estudio De la privatización a la mercantilización de la educación superior, en esos siete estados está el 50 por ciento de las IES privadas.
“En las universidades públicas –subraya el rector de la UAEM– es insuficiente la inversión, cuando éstas brindan calidad y equidad, lo que por definición no hacen las privadas, porque su fin es lucrativo. No hay control en la creación de instituciones, en razón que hay una demanda muy alta y una cobertura limitada”.

Flexibilidad en Acuerdo 279

En opinión de los especialistas, los requisitos para obtener el RVOE en estudios de tipo superior son relajados:
•Sobre la denominación, el acuerdo establece que las instituciones omitirán utilizar el término universidad, a menos que ofrezcan cinco planes de estudios de licenciatura o posgrado en tres distintas áreas del conocimiento.
• Sobre las visitas de inspección, desde el Acuerdo 243 –respecto a las bases del RVOE– se determina que al momento de solicitar la validación, sólo se realizarán visitas de inspección en las IES nuevas o en caso de cambio, apertura o adición de inmuebles.
• Sobre los docentes de asignatura, determina que el profesor deberá poseer título, diploma o grado correspondiente al nivel de estudio en que se desempeñarán, o satisfacer la equivalencia de perfiles. En este caso demostrará que tiene la preparación necesaria, ya sea mediante procesos autónomos de formación, experiencia docente o laboral.
• Sobre los docentes de tiempo completo, “poseerá preferentemente un nivel académico superior a aquél en que ejercerá sus funciones y acreditará experiencia en docencia e investigación”. Para maestría y doctorado, la institución tendrá como mínimo un académico de tiempo completo. Según el estudio De la privatización a la mercantilización de la educación superior, publicado por la Academia Mexicana de Ciencias, cerca del 80 por ciento de los maestros en IES privadas son contratados por horas y sólo 10 por ciento son docentes de tiempo completo.
• Sobre la impartición de clases, cada institución podrá desarrollar sus actividades en aulas bajo la conducción de un maestro o de manera independiente. El acuerdo establece la modalidad no escolarizada, es decir, sin que el alumno asista a la escuela, y la modalidad mixta, donde la formación demanda menores horas a las requeridas. Permite cambios de titular, domicilio y planes de estudio y otorga prevenciones en caso de que al solicitante le falte documentación o ésta esté incompleta. (PM)

Instituciones de educación superior con más retiros y negativas de RVOE de 2000 a febrero de 2008

::::
::::

• Instituciones públicas de educación superior: 998
• Instituciones privadas de educación superior: 1 mil 422
• Población escolar en el ciclo 2006 -2007: 2 millones 528 mil 664
• Población escolar en IES privadas: 833 mil 818
• Porcentaje de matrícula inscrita en instituciones privadas de educación superior: 32
• Instituciones privadas de educación superior afiliadas a la ANUIES: 24
• Instituciones privadas de educación superior miembros de la FIMPES: 114
• Planes acreditados por el Copaes en instituciones privadas: 388
• Padrón Nacional de Posgrado SEP- Conacyt en instituciones privadas: 49

• Instituciones privadas a las que les fue negado el RVOE de 2000 a 2008: 432
• Instituciones privadas a las que les fue retirado el RVOE de 2000 a 2008: 99
• Instituciones privadas a las que recibieron el RVOE de 2000 a 2008: 376
• Planes de estudio a los que les fue negado el RVOE de 2000 a 2008: 1 mil 397
• Planes de estudio a los que les fue retirado el RVOE de 2000 a 2008: 525

IES que no obtuvieron RVOE ni la aprobación de programas de 2000 a 2008

::::

::::

::::

Entre 2005 y 2008 siete programas orientados a educación, vivienda, desarrollo económico y medio ambiente pagaron consultorías por 539 millones 697 mil 149 pesos con préstamos del Banco Mundial. Firmas extranjeras y consultores independientes ganan hasta 2 millones de pesos por asesoría. La mayoría son recontratados año con año.De 2005 a 2008 siete programas erogaron 539 millones 697 mil 149 pesos en consultorías a empresas y asesores independientes. El dinero provino de préstamos del Banco Mundial (BM). Por el mismo concepto, además, está pendiente la contratación por 93 millones 505 mil pesos para este año y hasta que termine la vigencia de la deuda.
Los planes de contrataciones específicos publicados en el portal de internet del BM señalan que el Programa de Innovación para la Competitividad, el Programa de Ahorro y Finanzas Rurales, el Programa Escuelas de Calidad (PEC), el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica, el Programa de Asistencia Técnica para Desarrollo Urbano y Vivienda, el Proyecto de Servicios Ambientales y el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas en Oaxaca, Michoacán y Guerrero recibieron 919 millones de dólares, es decir, 56.62 por ciento del total de los recursos que se les destina.
Además, para adquirir bienes y servicios se hicieron contratos por 108 millones 812 mil 637 pesos y gastos operativos –referentes a relaciones contractuales con titulares, coordinadores y consultores de unidad– por 6 millones 961 mil 610 pesos. Las entidades responsables por cada programa señalan como pendientes pagos en bienes y servicios por 113 millones 13 mil 692 pesos y 4 millones 387 mil 83 pesos en gastos operativos.
El Banco Mundial prevé en sus préstamos el pago de bienes y consultorías para lograr los objetivos de cada proyecto que asiste. El prestatario –en este caso México– es responsable de la publicación, precalificación, valoración, licitación y adjudicación de contratos, mientras que el BM debe verificar que se cumplan con las políticas y lineamientos acordados.
México recibe en promedio anual 1 mil 500 millones de dólares del BM para 28 proyectos. En la Alianza Estratégica con el País (AEP), vigente de 2005 a 2008, se define a México como un país de desarrollo medio avanzado, que requiere servicios más allá de los financieros que incluyan áreas donde la transferencia de conocimiento es crítica. La AEP tiene como ejes: reducir la pobreza, aumentar la competitividad, fortalecer las instituciones y promover la sustentabilidad ambiental. Además, el plazo de amortización de deuda es de 20 a 25 años y la tasa de interés es variable según la tasa del banco, de 7 por ciento anual.
Desarrollo económico
El Programa de Innovación para la Competitividad –del que es responsable el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)– busca fortalecer la capacidad de innovación en el sector privado y acelerar la formación de capital humano. El total del préstamo número 7295-ME es de 250 millones de dólares, con vigencia del 19 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2009.
En el contrato de préstamo firmado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) –una de las cuatro instituciones que integran el BM– el 23 de septiembre de 2005, se enumeran las tareas a apoyar en el proyecto: la innovación en los negocios, las becas que otorga el Conacyt y la provisión de asistencia técnica, entrenamiento y equipo para fortalecer la capacidad de la institución. El programa –indica la relación contractual– será completado el 30 de junio del próximo año.
El contrato, firmado por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, especifica que 1 millón 10 mil dólares serán orientados a la adquisición de bienes; 8 millones 90 mil dólares a servicios de consultoría; 1 millón 160 mil dólares a capacitación; 176 millones 510 mil dólares en donativos de Conacyt; 36 millones 530 mil dólares en transferencias a fideicomisos; 450 mil dólares en costos de operación; 1 millón 250 mil dólares en cuota por contratación, y 25 millones de dólares sin asignación.
El Plan de Contrataciones Específico (PAC) en 18 meses –de marzo de 2008 a septiembre de 2009– señala que el costo total por consultorías a firmas fue de 15 millones 389 mil 823 pesos, mientras que las consultorías individuales, 1 millón 441 mil 16 pesos. En este caso, se pagaron cinco consultorías de apoyo, evaluación y seguimiento de programas sustantivos hasta por 1 millón 1 mil 983 pesos; dos, para la evaluación del Programa Nacional de Posgrado (PNP) hasta por 93 mil 99 pesos, y una para la configuración de la información del Sistema de Formación de Científicos y Tecnólogos por 48 mil pesos. Además, se planea contratar cinco consultorías más para examinar el PNP por 66 mil 667 pesos cada una.
Respecto de las personas morales, Oracle de México fue beneficiado con tres contratos por 950 mil 227 pesos para mantenimiento y soporte técnico en 2005. Grupo de Economistas y Asociados, Grupo Xertis, Asociación Civil Redes y el Instituto Tecnológico Autónomo de México recibieron en conjunto 5 millones 80 mil 409 pesos por evaluaciones, diseños de planes y estudios de avances.
Gastos operativos en 2006 y 2007 en pagos a titulares, coordinadores, consultores y asistentes sumaron 6 millones 961 mil 610 pesos, y para este ejercicio se anticipa un desembolso de 4 millones 387 mil 86 pesos. Por servicios en un año pueden llegarse a pagar hasta 800 mil pesos. En el caso de un titular de unidad se costeó casi 1 millón 800 mil pesos en dos años y, en 2008, se sufragarán sus servicios por 1 millón 24 mil 551 pesos. En 2006 y 2007 por una coordinación financiera y técnica se pagaron 1 millón 331 mil 708 pesos; por una consultoría de adquisiciones, 959 mil 734 pesos, y por una consultoría en contabilidad y finanzas, 731 mil 892 pesos.
Una consultoría en análisis de información en 2007 costó 419 mil 143 pesos y en 2008 se estima en 412 mil 450 pesos. Además, una asistencia administrativa se solventó en 2007 en 202 mil 775 pesos y se prevé un pago por 212 mil 914 pesos. En su mayoría, los contratos son firmados con los mismos particulares año con año.
Por servicios ya adquiridos, el Programa de Innovación para la Competitividad gastó 16 millones 957 mil 343 pesos, en tanto que para servicios a adquirir se estima un costo de 112 millones 13 mil 962 pesos. Entre los bienes por adquirirse se proyecta comprar un conmutador telefónico por 2 millones 160 mil pesos; un sistema de telecomunicaciones y un sistema de respaldo de energía por 2 millones 520 mil pesos cada uno, y un sistema de mensajería o correo electrónico por 720 mil pesos. Dentro de la categoría de capacitación, el Foro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –a realizarse este año– tendrá un costo de 1 millón de pesos.
El PAC por 12 meses, de enero a diciembre de 2008, apunta que de 2006 a 2007 se erogaron 1 mil 97 millones 838 mil 735 pesos, destinados a la inserción de científicos y tecnólogos en la industria y en becas de formación. Conacyt repartió 522 mil 528 millones 969 mil pesos, del préstamo del Banco Mundial, en transferencias a fondos de capital de riesgo, para desarrollo económico y para nuevos negocios.
Servicios, obras y bienes fueron adquiridos por 100 millones 765 mil 631 pesos por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para el Programa de Ahorro y Finanzas Rurales. Para fortalecer a las instituciones de ahorro y crédito popular, el Banco Mundial prestó 76 millones de dólares, el 47 por ciento de los 160 millones del costo total del proyecto.
De esa cantidad, 10 millones 317 mil 402 pesos se orientaron a capacitación, en su mayoría talleres y seminarios impartidos en empresas hoteleras como Promotora Hotelera Misión México, Compañía Hotelera Romjaco, Hotelera de la Parra, Hoteles las Brisas, Hotel del Rey Inn, Hoteles de Centro Occidente, Inmobiliaria Hotelera Coatzacoalcos, Euzcadi Hotelera, Posadas Latinoamericanas y Operadora Turística Jov. Los servicios se pagaron hasta por 974 mil 314 pesos.
En firmas consultoras, Bansefi destinó 248 millones 665 mil 351 pesos, contratadas fundamentalmente en consolidación de instituciones de ahorro y crédito popular en los estados. Para el desarrollo de planes de medios a Univisión Comunications, Promosat de México, MVS Televisión se determinó un gasto por 191 mil 172 pesos. Firmas extranjeras como Development International Desjardins, World Council of Credit Unions Sparkassenstiftung Für Internationale Kooperation, Delta Project Management y Deutscher Genossenshafts-Und Raiffeisenverband, White and Case, Market Analysis and Technology y DMR Consulting recibieron en conjunto 209 millones 840 mil 268 pesos. En consultorías individuales el gasto fue de 113 millones 639 mil 952 pesos.
Educación
Con base en la calidad y el costo, la Oficina Regional México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura fue seleccionada en 2007 para calificar evaluaciones al Programa Escuelas de Calidad (PEC), por 1 millón 718 mil 470 pesos. MGI Bargalló, Cardoso y Asociados recibió 1 millón 321 mil 350 pesos por realinear el marco jurídico de comprobación de recursos en las 32 entidades federativas.
Las consultorías a cumplirse son: la revisión de las contrataciones y transferencias del BM a 25 estados y la elaboración de un informe sobre los instrumentos utilizados, las dificultades en campo, los porcentajes de rechazo y la tasa de rotación de entrevistados en una encuesta. Ambas estimadas en 1 millón 892 mil 583 pesos. También para la actualización y simplificación del manual del PEC se prevén erogar 166 mil 980 pesos.
A fin de ampliar el PEC de la Secretaría de Educación Pública –que busca reducir la brecha de la calidad en las escuelas primarias públicas–, el BIRF acordó otorgar un crédito al gobierno de México por 240 millones de dólares, de los 346 millones de dólares que en su totalidad cuesta el proyecto. El préstamo 7347-ME es vigente por cuatro años, del 13 de diciembre de 2005 al 31 de julio de 2009. Según el contrato de préstamo firmado el 7 de abril de 2006, el BM favorecerá los donativos a escuelas aspirantes, para lo que establece un monto por 234 millones 500 mil dólares, apoyará la actualización y el mantenimiento del sistema de información del PEC, proveerá servicios de consultoría y evaluación por 4 millones 900 mil dólares.
Responsable del Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) recibió del Banco Mundial 300 millones de dólares para la fase III del proyecto. El objetivo del préstamo es mejorar la educación inicial y básica en comunidades rurales a través de la capacitación a padres de familia y la dotación de equipo, suministro de materiales y rehabilitación de escuelas.
De enero a junio de 2005 se tenía previsto un gasto de 64 millones 705 mil 81 pesos y se contrató un monto por 20 millones 640 mil 459 pesos en consultorías de firmas y capacitación. Aprobado el 1 de julio de 2004 y cerrado el 31 de diciembre de 2007, del préstamo 7349-M se estimó una contratación por 2 millones 500 mil pesos para una evaluación de impacto a niños de educación inicial a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública. En enero de 2006 para el mismo se anticipaba un pago por 4 millones 600 mil pesos.
El PAC a 18 meses, de enero a diciembre de 2006, anota que a Gerencia Pública, Servicios de Consultoría se le contrataría por 1 millón 20 mil pesos para un diagnóstico de necesidades de asistencia técnica y capacitación y para un video sobre técnicas de difusión. Mientras que en consultorías individuales –en su mayoría en monitoreos y diseño de materiales y proyectos– se pagarían 14 millones 8 mil 403 pesos; por 14 asistencias técnicas, de 950 mil a 1 millón de pesos; por un estudio actuarial sobre obligaciones laborales, 2 millones de pesos, y por videos sobre estimulación temprana para padres de familia y mujeres embarazadas, 840 mil pesos.
Vivienda
La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) recibieron un crédito por 8 millones de dólares para el Programa de Asistencia Técnica para Desarrollo Urbano y Vivienda. El empréstito 7261-ME está dirigido a diseñar una política unificada de subsidio a la vivienda, el acceso a terrenos urbanos para la población más pobre y la remodelación de vecindarios marginados.
En vigor hasta el 31 de diciembre de este año, se cubrieron 20 millones 411 mil 448 pesos en asesorías de firmas. Entre otras consultorías, se contrató a Grupo de Economistas y Asociados para que evaluara la coherencia de programas y subsidio para la vivienda. También al Instituto Latinoamericano de Capacitación Educativa se le pagaron 915 mil pesos para diseñar material didáctico a usarse en televisión satelital e internet. A International Code Council, 858 mil 820 pesos por asesorías, diseño de programa de difusión, profesionalización y la creación de un organismo que coordine las actividades del Código de Edificación de Vivienda.
También partícipe del préstamo, la Sedesol desglosa en el PAC que, en firmas consultoras, estima erogar 3 millones 927 mil 691 pesos. Con el objetivo de desarrollar metodologías para diseñar mapas de pobreza, Estudios Técnicos Especializados en Ingeniería fue contratado por 1 millón 59 mil 448 pesos. En tanto, a Geoanalitics se le pagaron 956 mil 340 pesos para un estudio sobre la metodología a utilizar en la elaboración de un Atlas de Riesgo. Por el desarrollo de materiales didácticos, Envir Eau de México cobró 1 millón 911 mil 855 pesos.
Medio Ambiente
Vigente hasta el 30 de junio de 2011, el Proyecto de Servicios Ambientales recibe un crédito por 45 millones de dólares del Banco Mundial y un donativo de 15 millones de dólares del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Su propósito es incrementar el desarrollo de los mercados para servicios ambientales, al fortalecer el financiamiento y apoyo a proveedores de estos servicios.
De 2006 a 2007, se estimó contratar firmas consultoras y consultores individuales por 2 millones 327 mil 600 y 4 millones 383 mil 52 pesos, respectivamente. Referente a lo gastado en asesorías, se erogaron 3 millones 117 mil 378 en personas morales. Bajo la donación GEF TF-056321 del Banco Mundial, la Comisión Nacional Forestal determinó en el PAC, de enero de 2008 a junio de 2009, pagar 9 millones 747 mil 474 pesos por especialistas, estudios de valoración y promotores del programa en los estados; además, prevé un monto de 7 millones 639 mil 105 pesos.
En adquisición de bienes, el PAC valora un monto de 107 mil 980 dólares para 15 geoposicionadores, 13 computadoras de escritorio, ocho portátiles, 15 cámaras digitales, un escáner, un proyector, una unidad de memoria y licencias de software.
El 28 de noviembre de 2000, el Banco Mundial aceptó donar 7 millones 500 mil dólares al Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas en Oaxaca, Michoacán y Guerrero (Coinbio), con el propósito de apoyar a los pueblos indios y ejidos para establecer áreas de conservación y apoyar la administración de sus recursos naturales.
El PAC del proyecto PO66674 apunta que se pagaron dos asesorías fiscales, por 174 mil 150 pesos, a RPH Consultores Fiscales y Legales, y 17 mil 566 pesos en capacitación al Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiado, a la Universidad Iberoamericana de Puebla, a la Asociación Latinoamericana de Antropología y a la Secretaría de Turismo. Además, se contrató a Grupo Mesófilo; Iacatas, AC, y Atec, AC, para elaborar el monitoreo y la evaluación del impacto biológico social del Coinbio por 1 millón 944 mil 776 pesos.

Gastos hechos por programas con préstamos del Banco Mundial de 2005 a 2008

Fuente: Planes de contrataciones específicos 2005- 2008, Banco Mundial
::::::::::
Gastos estimados por programas con préstamos del Banco Mundial de 2005 a 2008 (montos en pesos)

Fuente: Planes de contrataciones específicos 2005-2008, Banco Mundial
Monto de préstamos del BM a México: 1 mil 500 millones de dólares
Número de programas que apoya el BM: 28
Tasa de interés del BM: 7 por ciento

Los grupos empresariales que controlan el 80 por ciento de los medios electrónicos lograron aplazar la presentación de una iniciativa de ley en la materia tendiente a acotar sus privilegios.

El 7 de mayo concluyeron los trabajos del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado de la República, instalado en septiembre de 2007. No obstante, el periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo concluyó en abril y todo indica que el proceso electoral federal de 2009 iniciará sin una nueva ley en la materia. Las elecciones seguirán “atadas al poder de los grandes consorcios mediáticos”, advierten especialistas.

La “falta de prisa” por concluir una iniciativa se observó desde febrero, cuando –entrevistado por El Financiero– el presidente del Grupo Plural, el senador priista Ángel Aguirre Rivero, declaraba que el trabajo no estaría concluido para este periodo de sesiones y ni siquiera se atrevió a decir que para el próximo.

Sin embargo, los especialistas observan que, de no concretarse durante estos próximos meses y frente a las elecciones para elegir diputados federales en 2009, el espíritu de pluralismo y democracia que se buscaba incorporar en la iniciativa podría quedar en el olvido. Sostienen que es necesario concluir el proyecto de reforma si se quiere evitar la intervención de los grandes grupos empresariales en los procesos electorales.

Ernesto Villanueva –presidente de Libertad de Información-México y académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– lamenta que los legisladores hayan soslayado el tema, cuando se trata de un “problema central”: el actual acceso concentrado a concesiones y permisos.

Con la cercanía del proceso electoral, las elecciones intermedias reclaman una relación de fluidez entre política y medios electrónicos, porque son éstos quienes definen la campaña. Los medios buscarán que no haya reforma o que sea negociada, dice.

José Agustín Pineda Ventura –del Consejo Jurídico de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que encabeza el Frente Nacional por la Nueva Ley de Medios Electrónicos– señala que desde diciembre se cumplió un primer plazo para presentar el proyecto; en febrero el segundo, y todavía no hay ningún documento. Agrega que, “en la práctica”, no se refleja el supuesto interés que dicen tener los senadores.

Considera que el problema radica en que la nueva ley busca incluir los puntos de vista de la sociedad civil, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los principios del derecho internacional.

El naufragio de la Ley Televisa

Vía fast track, el 1 de diciembre de 2005 se aprobó un proyecto de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ocho días para el dictamen, una aprobación de siete minutos y el voto unánime de 327 diputados bastaron para llevarla al Senado, el cual en marzo de 2006 la aprobó con 81 votos. Un mes después el expresidente Vicente Fox publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva legislación.

Luego de un acto de inconstitucionalidad promovida por senadores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia señalaron que la Ley Televisa –llamada así por los privilegios otorgados a los grandes concesionarios– violó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, respecto a las garantías individuales y el trato igualitario a las personas, pues apoyaba la concentración y la discrecionalidad en el uso del espacio electromagnético.

Entonces el Senado se dio a la tarea de ajustar ese marco jurídico. Y, desde septiembre de 2007, comenzaron los trabajos del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Concesionarios, ciudadanos, organizaciones civiles, medios públicos, académicos y radios comunitarias acudieron a los foros organizados por el Senado y enviaron sus proyectos para avanzar en la materia.

En el libro Avances y aportaciones para la reforma legislativa de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en febrero por el Senado, el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, enumera las principales características de la actual Ley Federal de Radio y Televisión: permite la discrecionalidad del Ejecutivo para asignar concesiones; margina los medios públicos; debilita al Estado para vigilar en materia de contenidos y publicidad, y no asegura garantías individuales ni de las audiencias.

En tanto, la de Telecomunicaciones “no ha impedido la concentración empresarial y los monopolios, no ha fomentado una competencia equitativa ni ha favorecido la existencia de una autoridad reguladora”.

Al respecto, los puntos que según la Amedi no pueden faltar en una reforma son: una sola ley que contemple radio, televisión y telecomunicaciones; derechos de los ciudadanos; el servicio público; el espectro electromagnético como propiedad de la nación; el aprovechamiento de la convergencia digital; creación de un órgano regulador autónomo; acceso universal a concesiones y permisos; derechos de la audiencia, y promoción de medios públicos.

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos e integrante del grupo plural, el senador Alejandro Zapata Perogordo estima que la presentación de la iniciativa “se cumplirá en tiempo y forma”.

Menciona que después de haber escuchado las propuestas de organizaciones, asociaciones y sociedad civil, ahora viene la etapa de la deliberación. “Yo quiero pensar –agrega– que las declaraciones del senador Aguirre Rivero fueron a título personal, sin intereses de trasfondo, pero me queda claro que debemos hacer una reforma”.

Concentración, invalidada por la SCJN

En total, 21 violaciones a 27 artículos de la Constitución fueron observadas por 47 senadores en las reformas a las leyes Federal de Radio y Televisión y Federal de Telecomunicaciones. En respuesta a la inconstitucionalidad que promovieron, la SCJN –en la resolución 2006/26 del 7 de junio de 2007– invalidó algunas modificaciones.

Así, determinó inconstitucional el plazo de 20 años para refrendar licencias, como que el concesionario, por encima de terceros, esté exento del procedimiento de licitación. Además, señaló que los artículos 17, fracciones E, F y G, 20 y 21, fracción A –referentes a los requisitos para obtener permisos–, “otorgan a la autoridad un alto margen de discrecionalidad”.

Asimismo, invalidó, entre otras cosas, la subasta pública para otorgar concesiones porque sólo así podrían acceder al espacio radioeléctrico los grupos económicos más poderosos; además, prevalecía como criterio definitorio el económico sin considerar el objeto social.

Y es que actualmente sólo el 36 por ciento de las frecuencias para televisión se otorgan por permiso; de ésas, el 25 por ciento tienen potencia por debajo de los 200 kilovatios. El 82 por ciento de los permisos en radio y televisión se otorga a los gobiernos estatales. En tanto, las instituciones educativas privadas o públicas tienen menos del 20 por ciento de los permisos.

En contraste, el 64 por ciento de los canales está destinado al uso comercial: 31 por ciento son repetidoras de Televisión Azteca y 48 por ciento de Televisa. Es decir –según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, son propietarias del 80 por ciento. Único caso en el mundo, Televisa tiene cuatro señales de televisión abierta. En radio, el 60 por ciento de las licencias para operar estaciones está en manos de 14 familias, y el 94 por ciento –461 estaciones– le pertenece a dos compañías.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone en su informe de 2004: “Los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura la plena libertad de información de los ciudadanos”.

La misma Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que la información es un bien público argumenta Pineda Ventura, de la Amedi. Apunta que “los medios de comunicación no están usando un espacio que sea suyo: es un bien de la nación y de los mexicanos, y debemos ser coparticipes para vigilar cómo es utilizado”.

Además, televisoras como Canal 11 y Canal 22 tienen presupuestos que representan el 5 por ciento de lo que la Presidencia de la República destinará para publicitarse en anuncios en la pantalla comercial.

—No sólo se atenta contra la libertad de expresión de solicitantes para operar medios electrónicos que el Estado les niega, sino contra sectores que no se ven reflejados en los medios existentes o que no pueden acceder a otro tipo de información que no sea la ofrecida por los medios particulares o públicos –opina Laura Salas, de Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Sin un diseño institucional ni estar previstos en la ley, los medios públicos en México deben ser redefinidos, considera Ernesto Villanueva.

Sostiene que, como contrapeso, la televisión y radio pública podría alentar la participación ciudadana con programación que fomente la crítica y el debate: “En la medida en que haya pluralidad, se va a formar una opinión pública libre. Mientras que si continúa la concentración, sólo se fomenta la uniformidad y la ciudadana”.

Reunidas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Amedi solicitaron en marzo que el organismo emitiera criterios que determinaran hasta dónde debe llegar la libertad de empresa frente al derecho a la información.

Medios responden a sistema caduco

Lorenzo Meyer, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, anota que el caso de despido de la periodista Carmen Aristegui detonó la contradicción que existe entre los supuestos democráticos del México actual y su sistema de medios que pertenece al antiguo sistema autoritario.

Sugiere que la alternativa es modificar el marco legal: “Es posible que no se logre por las fuerzas en contra. Si no se hace en un tiempo breve, se viene abajo”. Señala que aunque falta voluntad política, hay que fortalecer los medios públicos y abrir la competencia a otros concesionarios, para que sean contrapesos frente a la concentración: “El pluralismo político no es compatible con la monopolización en radio y televisión”.

Para Ernesto Villanueva –especialista en regulación de medios y acceso a la información– la ley debe armonizar el libre de derecho de las empresas a decidir sus contenidos y la responsabilidad social. Por ello –expone– se deben establecer mecanismos de autorregulación y defensores de la audiencia que no queden a la discreción de los medios electrónicos.

Nuestra Constitución –advierte el senador panista Alejandro Zapata Perogordo– prohíbe los monopolios, entonces “habrá que ver la manera de que haya una modernización con la mayor pluralidad”.

El Duopolio

Frecuencias de televisión para uso comercial: 64 por ciento

Repetidoras de Televisa: 48 por ciento

Repetidoras de TV Azteca: 31 por ciento

Familias que operan el 60 por ciento de la radio: 14

Estaciones radiofónicas que pertenecen a dos compañías: 461

Frecuencias de televisión otorgadas por permiso: 36 por ciento

Permisos para el gobierno: 82 por ciento

Permisos para instituciones educativas: menos del 20 por ciento

Grupos de ciudadanos con licencia para operar medios: 12

Utilidad neta de Televisa en 2006: 8 mil 586 millones de pesos

Demandas del Frente Nacional por la Nueva Ley de Medios

Derecho de la ciudadanía a una comunicación democrática

Rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico

Una sola ley en radio, televisión y telecomunicaciones

Un órgano regulador autónomo

Acceso universal y conectividad a los beneficios de la convergencia digital, anteponiendo el desarrollo social a los intereses empresariales

Diversidad en contenidos y promoción de la producción nacional independiente

Libertad de expresión, pluralidad informativa y en la operación de medios de comunicación, y responsabilidad

Derecho de réplica

Integridad de contenidos, que eviten la censura

Defensa de intereses nacionales y transparentar la inversión extranjera en medios electrónicos

Promoción de medios públicos, comunitarios y para pueblos indígenas

Trabajo del Grupo Plural

Sesiones plenarias: 3

Sesiones de trabajo: 22

Propuestas y planteamientos recibidos: 18

 

La propuesta de reforma energética de Felipe Calderón lleva a Pemex a la peor crisis de su historia, señalan especialistas. La bancarrota de la paraestatal responde más a tensiones políticas que económicas, aducen. La iniciativa es el corolario de una serie de cambios iniciados en 1986, cuando comenzó la reclasificación de la industria para que más de la mitad de los petroquímicos fueran reasignados como básicos secundarios. El objetivo: abrir paso a la inversión privada.

La corrupción técnica en el sector oficial y en la alta dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como el despilfarro patrimonial, la ausencia de una efectiva rectoría del Estado y la absoluta falta de transparencia y rendición de cuentas, tiene hoy a la principal paraestatal mexicana sumida en una crisis.

Lejos de solucionar la precaria situación en que se encuentra la empresa que representa la principal fuente de ingresos para las finanzas públicas, el gobierno de Felipe Calderón busca aprovechar el naufragio para privatizarla. Los argumentos esgrimidos por el panismo son “falsos”, dice Francisco Garaicochea, coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1971.

El también ingeniero jubilado de la paraestatal asegura que el objetivo gubernamental quedó descubierto cuando el exdirector de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, dijo que el reto era fortalecer a los socios comerciales, a través de la riqueza petrolera mexicana.

“El reto es: cómo esta riqueza –el petróleo– debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética nacional de nuestros principales socios comerciales”: dijo textualmente Muñoz Leos en Minatitlán, Veracruz, el 18 de marzo de 2004.

De acuerdo con la publicación Oil and Gas Journal, al cierre de 2001 México se ubicó en el noveno lugar por el monto de sus reservas probadas de crudo, y vigésimo segundo en las correspondientes a gas natural; séptimo sitio en producción de crudo; décimo en extracción de gas natural, y décimo cuarto en capacidad de destilación primaria.

Energy Intelligence Group y Fortune colocan a Pemex como la tercera empresa productora de crudo en el mundo, séptima en extracción de gas natural y octava por su nivel de ventas.

Sarahí Ángeles Cornejo, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, revela que desde el primer gobierno neoliberal, de Miguel de la Madrid, se inicia un proceso de desindustrialización al interior de la paraestatal: “En 1986 se empezó a reclasificar la industria petroquímica, donde la mitad de los petroquímicos son reclasificados como básicos secundarios, para que la iniciativa privada entre a invertir en ellos”.

David Ibarra, asesor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, considera que Pemex está inmersa en una crisis, debido a las tensiones políticas “que la están ahogando”. Además, la paraestatal ha dejado de cumplir con los objetivos de su creación: fomentar el desarrollo, la industrialización y la creación de empleos. Se ha convertido, agrega, en instrumento equilibrador del presupuesto público y de las finanzas externas, al ser utilizada como fuente de ingresos fiscales.

Ibarra señala que Pemex está en situación legal de quiebra, si se le considera según las normas que rigen a las empresas privadas. La descapitalización de la paraestatal ha sido brutal y se da de manera sistemática desde hace cuatro lustros.

El argumento principal que esgrimen quienes respaldan la reforma energética propuesta por el gobierno panista es la crítica situación económica por la que atraviesa la paraestatal y la falta de inversión para optimizar su labor. Sin embargo, y de acuerdo con datos de Pemex, las ventas totales durante el primer trimestre de 2008 sumaron 321 mil 500 millones de pesos, cifra 32.4 por ciento superior a la del mismo periodo del año anterior.

Además, el precio de la mezcla mexicana de exportación de crudo durante el primer trimestre fue de 83.1 dólares por barril, 73.7 por ciento superior a la del mismo trimestre del año previo. Y, la deuda total consolidada se redujo en 91 mil millones de pesos, 15.3 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2007. En tanto, el patrimonio aumentó de 34.7 a 112 mil 700 millones de pesos.

Pidiregas: un lastre

David Ibarra, quien fuera secretario de Hacienda en el gobierno de José López Portillo, dice que Pemex tiene millonarias utilidades antes de pagar impuestos, y al quitarle casi todas sus rentas, limita sus capacidades de regenerar la producción, exploración, el desarrollo y la modernización.

Según datos proporcionados por Ibarra, el fisco federal se llevó –de 1995 a 2006– más de 3 billones de pesos. Considera que la principal corrupción de Pemex no está sólo al interior, sino también en la extracción de recursos extraordinarios de la empresa por parte del Estado.

Agrega que la inversión presupuestaria por parte de Pemex bajó de 8.3 a 1.8 miles de millones de dólares, casi 80 por ciento menos, de 1982 a 2006. Y es que la inversión realizada se financia fundamentalmente, vía Pidiregas (Proyectos de infraestructura diferida en el registro del gasto), en un 87 por ciento de deuda pública privada.

Ibarra dice que en la actualidad se tiene una deuda en Pidiregas de 60 mil millones de dólares. En 2007, de la inversión física total realizada por Pemex, el 90 por ciento fue realizada por Pidiregas.

Inviable privatización

A decir de Ibarra, en caso de que se llevara a cabo la privatización, el gobierno necesitaría –para compensar lo que dejaría de recibir vía Pemex– entre cuatro o cinco reformas fiscales impositivas como las del IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única).

“No hay ningún inversionista externo que esté dispuesto a pagar esos impuestos y estar sujeto a ese control de precios; sería una situación inviable desde el punto de vista económico y político”, dice.

Compañías extranjeras las más beneficiadas

Benito Rey Romay, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dice que mientras compañías extranjeras o binacionales prosperan a costa de las rentas del petróleo, la parte de Pemex que conserve el Estado será “comida de pájaros”.

A propósito de los proyectos de reformas presentados por Calderón, Rey Romay realizó el artículo titulado México 2008, una alternativa perversa para un pueblo en situación precaria, donde expone que de no producirse un cambio urgente en la política y desempeño económico de los mexicanos, se gestará un estallido social o el enfrentamiento de una rebelión popular desesperada con la represión gubernamental “clasista e intransigente”.

El economista considera que las promesas de crecimiento económico, bienestar social general y erradicación de la pobreza –a cambio de la aprobación de las reformas presentadas por Calderón– son la confesión de una limitada capacidad profesional y de una claudicación en el desempeño de sus obligadas funciones sustantivas: la de recaudador de impuestos y coproductor de la economía de un país que registra una de las tasas más bajas de captación fiscal en el mundo.

En la iniciativa –dice– se argumenta que si no se comparte con empresas privadas el usufructo de los yacimientos habrá que reducir la inversión pública en infraestructura, así como en el gasto social. “Lo que deja a la luz una amenaza clara del secretario de Hacienda; la pregunta es simple: si México no tuviera yacimientos petroleros, cuál sería la política económica”.

Rey Romay explica que con la aplicación “intransigente” de las restricciones neoliberales de los organismos financieros internacionales –impuestas al gasto y a la propiedad industrial directa e indirecta del Estado– se generó una dinámica destructiva y desnacionalizadora de la industria.

“En más de 20 años se fue desmantelando la industria de bienes de capital con la que el país contaba; desapareció la fabricación de maquinaria para construcción, de equipo para transmisión eléctrica de alta tensión y de equipo ferroviario; se ‘reestructuró’ el sistema ferrocarrilero.”

Inversión extranjera y deuda externa

Arturo Huerta, profesor de la división de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, dice que entre 1991 y 1993 entraron al país alrededor de 90 mil millones de dólares, pero la economía sólo creció al 3.7 por ciento en promedio.

A decir de Huerta, en 2004 inició el segundo boom petrolero en México; sin embargo, la economía creció 3.7 por ciento, por debajo de la media de los países exportadores de petróleo. Emiratos Árabes crece 8.75 por ciento; Irán, 5.1 por ciento, y Venezuela, 11.7 por ciento.

“Se vendió Teléfonos de México, una empresa altamente rentable, convirtiendo al actual dueño en uno de los hombres más ricos del mundo, y ahora se quiere concesionar a la gallina de los huevos de oro; eso tampoco nos va a sacar del subdesarrollo; sin petróleo, el país no tiene futuro.”

Sarahí Ángeles Cornejo, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, considera que “los malos manejos de Pemex inician en el gobierno”, que la utiliza como aval al contratar deuda externa, y después ocupa esos recursos en otros sectores. Agrega que si hubiera un manejo adecuado del sector, sería una palanca para impulsar la industrialización del país en un modelo alternativo de desarrollo.

Antes del modelo neoliberal, dice, el sector energético tuvo un avance significativo, al producir plataformas; sin embargo, con la caída de la inversión por parte del Estado, han hecho lo imposible para acabar con la industria, sin contemplar que tienen necesidad de la renta energética para pagar a los acreedores internacionales.

Despilfarro de gas, liberado a la atmósfera

Fuente: Ingenieros Pemex-Constitución del 17

Por disposición de la Auditoría Superior de la Federación, el contralor de Pemex Exploración y Producción, Karim Elías Bobadilla, deberá abrir tres indagatorias relacionadas con supuestas violaciones a las leyes de Obra Pública y de Presupuesto y a convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano. Funcionarios de PEP habrían favorecido indebidamente a Oceanografía, naviera de la que fueron gestores los hermanos Bribiesca Sahagún y cuyos directivos mantienen estrecha relación con Juan Camilo Mouriño Terrazo, exjefe de Elías Bobadilla en el GES

En octubre pasado, Contralínea publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuaba una auditoría especial a diversos contratos de arrendamiento y obra pública adjudicados por la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) a la naviera Oceanografía, cuyos resultados se incluirían dentro de la revisión a la cuenta pública 2006, que corresponde al último año de la administración de Vicente Fox.

En su revisión, el máximo órgano de fiscalización del país señaló que funcionarios de la paraestatal incurrieron en supuestas violaciones a la Ley de Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LASSP), a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), a la Ley de Presupuesto, así como a tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, para favorecer a la empresa naviera cuyos accionistas son Amado Yáñez Correa, sus hijos Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, y Samuel Yáñez Chaparro.

Derivado de las supuestas violaciones a la ley, la ASF determinó que el Órgano Interno de Control (OIC) en PEP, cuyo titular es el contador Karim Elías Bobadilla, exempleado de la familia Mouriño en el Grupo Energético del Sureste (GES), deberá abrir tres indagatorias relacionas con los supuestos beneficios irregulares que habría recibido la naviera por parte de los funcionarios de la subsidiaria que encabeza Carlos Arnoldo Morales Gil.

Las supuestas irregularidades

En su revisión de los nueve contratos que Oceanografía tenía vigentes en 2006, la ASF encontró que los funcionarios de la subsidiaria no programaron ni presupuestaron correctamente las previsiones de gasto, inversión física e inversión financiera requeridos para llevar a cabo los proyectos de infraestructura diferida en el registro del gasto (Pidiregas) relacionados con los contratos de arrendamiento, servicios de barcos y mantenimiento del proyecto de inversión Cantarell.

De acuerdo con el órgano de fiscalización, en 2006 se destinaron a los contratos de la naviera 514 millones de pesos y 33 millones de dólares que estaban destinados a otros fondos, todo ello, en contravención a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y a los artículos 42 y 64 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La ASF recomendó al titular de PEP instruya a quien corresponda “para que se establezcan mecanismos de control que permitan razonablemente realizar las previsiones de gasto y asegurarse de que el registro de afectaciones presupuestales se realice con cargo en los programas señalados en sus presupuestos conforme a los renglones del gasto establecido en el Catálogo de posiciones financieras autorizado”.

En diciembre de 2004, la Subdirección de la Coordinación de Recursos Marinos de PEP, que entonces encabezaba Héctor Leyva Torres –actualmente jubilado– emitió la convocatoria de la licitación pública 18575108-08-04, para la “inspección, mantenimiento y protección anticorrosiva con apoyo de un barco taller a instalaciones de exportación de petróleo en las terminales marítimas de Dos Bocas, Tabasco; Cayo Arcas, Campeche, y en el Golfo de México”.

El requerimiento técnico era de una embarcación que navegara a 14 nudos de velocidad. Según las bases de licitación, la vigencia de trabajos era del 10 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2007.

En febrero de 2005, PEP dio el contrato 418235840, por 208 millones de pesos y 17 millones de dólares, a Oceanografía, que supuestamente cumplía los requerimientos técnicos y económicos.

No obstante, la ASF encontró que en el periodo de la licitación los funcionarios de Pemex modificaron, a petición de la naviera, los requerimientos técnicos del barco de 14 a 12 nudos de velocidad, según el oficio OSA-DC/GAC-012/05 de fecha 31 de enero de 2005. También se atrasó la fecha de inicio de los trabajos al 1 de julio, porque la embarcación prestaba otros servicios en la terminal marítima Cayo Arcas.

El organismo que encabeza Arturo González de Aragón determinó violaciones al artículo 33, fracción VII de la LOPSRM: ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. Por ello, recomendó a Carlos Morales Gil establecer “medidas de supervisión a fin de verificar que las modificaciones a las bases de licitación se autoricen únicamente por causas justificadas y no respondan a negociaciones con los licitantes”.

Además, solicitó al OIC en PEP “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión modificaron las bases de licitación pública referentes a las características técnicas de velocidad de la embarcación y fecha de inicio de los trabajos de la empresa Oceanografía”. Y se reservó el derecho de revisar dicha indagatoria.

Anomalías en Caballo de Trabajo

Por segunda ocasión, la ASF fiscalizó el contrato 418235843, para la “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas con apoyo de una embarcación de posicionamiento dinámico”, por 705 millones de pesos y 26 millones de dólares, que PEP adjudicó en 2005 a Oceanografía. Esta empresa subarrendó el barco Caballo de Trabajo a la estadunidense Otto Candies Inc.

En su revisión a la cuenta pública 2005, el órgano fiscalizador determinó que la adjudicación fue ilegal y los funcionarios de PEP habrían incurrido en violaciones a la LOPSRM: la contratista no presentó estimaciones de costos conforme a la ley.

Ahora la ASF detectó que la Subdirección de la Región Marina Suroeste de PEP realizó pagos por 49 millones 766 mil pesos, correspondiente a 13 estimaciones, amparados con 16 órdenes de trabajo, sin que Oceanografía entregara documentos que avalaran los trabajos realizados, indispensables para que PEP hiciera el pago.

De acuerdo con el contrato, la naviera debía presentar el acta de entrega de los trabajos, el comportamiento de éstos en diagramas Gantt (que demuestran las tareas o actividades a lo largo del contrato); notas de campo; secuencia fotográfica, cintas de video y archivo electrónico del inicio, desarrollo y terminación de los trabajos más relevantes; reportes de pruebas no destructivas; control de modificaciones de ingeniería y planos “As Built”.

Requerimientos que la naviera no presentó. Ante tales incumplimientos, para la ASF los funcionarios de PEP incurrieron en violaciones a los artículos 61 de la LOPSRM y 124 y 127 de su reglamento, por no rescindir el contrato ni fijar penalizaciones.

El organismo solicitó al OIC abrir una investigación y determinar la responsabilidad de los servidores públicos que no exigieron a Oceanografía cumplir con los reportes de trabajo estipulados en el contrato y contra los funcionarios que autorizaron los pagos sin comprobación.

Se emitió también una recomendación a la subsidiaria para que “en lo subsecuente estipule en los contratos penas convencionales para el cumplimiento por parte de los proveedores y contratistas de las obligaciones contractuales a su cargo y, en su caso, proceda rescindir el contrato en los términos de la LOPSRM”.

Las denuncias en la SFP

Las revistas Contralínea y Fortuna han documentado las irregularidades en los contratos que Pemex a adjudicado a Oceanografía, principalmente por alquiler de barcos en la Sonda de Campeche, desde 2004, cuando el entonces director de PEP, Luis Ramírez Corzo reveló el supuesto tráfico de influencias de familiares de Marta Sahagún: Jorge Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún gestionaban contratos para la naviera a cambio de comisiones.

En febrero pasado, trabajadores de Pemex denunciaron ante la SFP supuestos actos de corrupción de los directivos de la naviera con funcionarios de la Subdirección de la Coordinación de Recursos Marinos de PEP para la adjudicación de contratos, modificaciones adicionales al monto inicial y acuerdos para que no se les rescindieran contratos, pese a incumplimientos, integrada en el expediente DE-167/2006 (Contralínea 72).

Contralínea documentó que para controlar la asignación de los contratos para el arrendamiento de barcos, que representa una de las partidas presupuestales más cuantiosas que maneja la subsidiaria, durante su gestión Luis Ramírez Corzo propuso la creación de la Gerencia de Mantenimiento Integral de la Coordinación de Servicios Marinos (GMICSM) y colocó allí a José de la Garza Saldívar (funcionario denunciado ante el OIC por supuesto enriquecimiento ilícito).

Éste, junto con la superintendente de Evaluación de la GMICSM, Martha Alicia Castañeda Arrieta, y la subgerente de Mantenimiento del Sector Cantarell Norte y Sur, Mireya Juanita Miranda Moyar, y otros funcionarios del área se encargaban de elaborar las bases de licitación de los contratos de arrendamiento de barcos, realizar las juntas de aclaraciones, organizar el presupuesto interno, realizar las evaluaciones técnicas y el proceso de licitación que, de acuerdo con el Manual de Organización, le compete al área de Recursos Materiales de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Otra denuncia –remitida en septiembre de 2006 a la SFP e integrada en el expediente DE-167/2006– revela que De la Garza Saldívar supuestamente benefició a ciertas empresas, mediante acuerdos internos: ordenaba declarar desiertas algunas licitaciones para asignar los contratos de manera directa a las compañías bajo su protección, entre esas se cita a Oceanografía.

La denuncia señala que De la Garza Saldívar, Castañeda Arrieta y Miranda Moyar “maquillaban” la supervisión y revisión de los trabajos contratados y que durante su ejecución se autorizaban convenios adicionales que duplicaron o triplicaron los montos iniciales.

La publicación de estas denuncias en Contralínea motivó que la ASF incluyera una revisión especial a los contratos que manejó De la Garza Saldívar (Fortuna 57) y comprobó que en todos los contratos de Oceanografía hubo convenios modificatorios, adicionales y addendums autorizados por el área responsable de la ejecución de los trabajos y el área responsable de la contratación.

En diciembre pasado, a unas semanas de que los auditores encomendados por Arturo González de Aragón para revisar dichos contratos regresaran de Ciudad del Carmen al Distrito Federal, el titular de PEP, Carlos Morales Gil, ordenó el traslado de José de la Garza Saldívar de la Gerencia de Mantenimiento Integral a la Gerencia de Ingeniería y Construcción, donde se desempeña actualmente.

Según dictaminó la ASF, dicho funcionario –junto con el exsubdirector de PEP, Héctor Leyva Torres, y el gerente de Administración y Finanzas, Flaviano Rodríguez Marcial, entre otros– enfrentará las indagatorias que debe abrir el OIC, encabezado por Karim Elías Bobadilla.

Violaciones a tratados internacionales: ASF

La ASF revisó también el contrato 411003807, asignado el 20 de marzo de 2003 a Oceanografía para el alquiler del barco procesador de lodos Millisa Candies, destinado a preparación, acondicionamiento, reacondicionamiento, recuperación y transporte de fluidos durante la perforación, reparación y terminación de los pozos.

Éste formó parte del proyecto con el que supuestamente PEP reduciría los costos de exploración y explotación de petróleo y gas natural asociado y no asociado en Tabasco y Campeche, y, según el contrato, dichos trabajos se llevarían a cabo en los campos petroleros del Golfo de México, en la planta de lodos de Dos Bocas, Tabasco; Ciudad del Carmen, Campeche, y en las plataformas que operaran en esos campos.

La ASF detectó que en las bases de licitación para decidir si se hacía nacional o internacional, se resolvió recurrir a la reserva transitoria de PEP, según el capítulo X del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aplicándola a tratados con Bolivia, Costa Rica, Colombia y Venezuela que no excluyen los servicios objeto del contrato. Erróneamente se consideró que “como el TLCAN excluye el servicio de transporte marítimo también descarta el resto de los servicios objeto del contrato, evitando con esto que participaran países miembros de TLC celebrados con México”.

Para la ASF, lo anterior va en detrimento de PEP porque los funcionarios dieron prioridad a las actividades accesorias y no a las primordiales y más onerosas impidiendo que la paraestatal tuviese la opción de obtener los servicios a un mejor precio con la participación de otras compañías.

Según la Auditoría, por el monto y las actividades, la licitación debió ser internacional. Por ello, señala, los funcionarios que diseñaron las bases y otorgaron el contrato habrían incurrido en supuestas infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a las políticas, bases y lineamientos generales de suministros en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales; además de incumplimientos a las normas establecidas en los propios tratados internacionales.

La ASF solicitó al OIC determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la adjudicación del contrato, en incumplimiento al capítulo X “compras del sector público” del TLC. De acuerdo con revelaciones de Luis Ramírez Corzo, cuando Oceanografía obtuvo este contrato tenía como gestores a los Bribiesca.

Acerca de las indagatorias que deberá abrir contra los funcionarios que habrían favorecido a Oceanografía, se solicitó información al titular del OIC en PEP, sin que hasta el cierre de esta edición haya habido respuesta.

Las influencias en el OIC

En marzo pasado, Contralínea documentó los vínculos entre el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo y los directivos de la naviera. Se publicó documentación interna que el 5 de marzo de 2004 habría enviado Jorge Olavarrieta –director general adjunto de Oceanografía– desde Ciudad del Carmen (sede de la empresa) a su amigo desde la infancia, entonces coordinador de asesores de Felipe Calderón en la Secretaría de Energía y actual secretario de Gobernación.

Los documentos que se enviaron por fax, a los números 015550006087 y 015550006096 de la oficina del secretario, hacían referencia a la licitación pública 18575035-025-03, declarada desierta por PEP. Meses después, PEP adjudicó el contrato 418235843 a Oceanografía.

Además de los 49 millones de pesos que, según la ASF, PEP pagó a la naviera a cuenta del contrato 418235843 sin que existiese evidencia de los trabajos realizados, en una auditoría a los créditos que la banca de desarrollo otorgó a Oceanografía entre 2004 y 2005, el OIC en el Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, que dirigía Roberto Muñoz Leos (hermano de Raúl Muñoz Leos, exdirector de Pemex), descubrió que la naviera cobró cerca de 60 millones de pesos con cuatro facturas supuestamente apócrifas (emitidas por Oceanografía y selladas de recibido con sellos falsos de PEP) presentadas por Amado Yáñez Osuna de un crédito por factoraje que Bancomext le concedió.

De acuerdo con el dictamen de la ASF, el órgano de fiscalización estará al tanto de que Karim Elías Bobadilla abra las indagatorias contra la naviera, pese a que los contratos materia de su investigación se relacionan con su exjefe, Juan Camilo Mouriño Terrazo, quien lo lanzó a la función pública desde noviembre de 2006. Fue entonces cuando el accionista del GES lo convenció de dejar su natal Campeche para trasladarse a la Ciudad de México y encargarse de la entrega-recepción de la Oficina de la Presidencia, y el mismo que a finales de 2007 le consiguió el puesto de contralor de la subsidiaria más importante de Pemex.

México recibió un préstamo del Banco Mundial por más de 500 millones de dólares para acciones contra la pobreza que ya se habían realizado, revela la ASF. El destino de los recursos, “desconocido”

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de anomalías en un préstamo, por 501 millones 260 mil dólares, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) –una de las cinco instituciones que integran el Banco Mundial (BM)– entregó al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en 2006.

El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 enuncia que “una política adecuada de deuda pública es esencial para mantener una postura fiscal sólida y consolidar la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo”. No obstante, según el órgano superior de fiscalización, la contratación del primer préstamo programático para el desarrollo de políticas financieras y crecimiento “no cumplió con las disposiciones normativas”.

La dirección ejecutiva del BM informó el 2 de marzo de 2006 que había aprobado el anticipo equivalente en moneda nacional a 5 mil 374 millones 665 pesos, para respaldar las reformas al sistema financiero y reducir el riesgo de una nueva crisis económica. “Con el empréstito –aseguró la institución– se contribuye al crecimiento sostenido y al alivio de la pobreza”.

Para la ASF, el manejo del crédito no atiende las mejores prácticas de administración de deuda que aseguren que la orientación de éste alcance los propósitos deseados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –observa la Auditoría– se sirvió del préstamo para completar las estimaciones de recursos del gobierno federal. Así, el dinero del BM no se destinó a proyectos de inversión o actividades productivas afines con la política de desarrollo económico y social ni que generaran recursos suficientes para el pago del crédito.

Por ello, el órgano fiscalizador señala que se debe fincar responsabilidad administrativa sancionatoria. Así, instruye al Órgano Interno de Control de la SHCP para que “finque las responsabilidades que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que contrataron y destinaron el crédito”.

Y es que el Informe del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 –realizado por la ASF– anota que la Unidad de Crédito Público de la SHCP (UCP) manifestó que el préstamo “apoyó acciones que ya habían sido realizadas por el gobierno federal antes de suscribirse el mismo”.

Ingresado el 26 de junio de 2006 a la cuenta 06-600-600614-3, que la Tesorería de la Federación (Tesofe) mantiene con Nacional Financiera (Nafin), el préstamo no contó con erogaciones destinadas a rubros específicos, según confirmó la UCP a la ASF.

El 13 de noviembre de 2007, la unidad declaró que una vez que la Tesofe recibe recursos del órgano financiero, éstos adquieren el carácter de fungibles, es decir, “pierden su identidad al mezclarlos con otros de la misma naturaleza, utilizándolos para el fondeo de las operaciones del gobierno federal en su conjunto”.

Préstamo sin control

Pese a que la cláusula 3.01 del contrato de préstamo 7363-ME establece que el acreditado y el acreedor deberán intercambiar opiniones sobre el progreso del programa y que, a solicitud del BM, el gobierno deberá entregar documentación sobre lo alcanzado, la UCP le negó a la ASF que se acordara con el organismo reportar dichos avances: “No ha sido necesario realizar intercambios de información, por lo que el Banco no ha solicitado este tipo de informes”.

Por lo que –observa el órgano fiscalizador– se incumplió con la Ley de Planeación y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que el contrato debió fijar objetivos, metas e indicadores de desempeño.

Agente financiero en la negociación, contratación y manejo de créditos del extranjero, Nafin fue facultado para administrar el préstamo y supervisar la ejecución del programa. De acuerdo con la cláusula segunda del contrato, debía informar mediante reportes mensuales sobre la situación financiera y las cuentas del crédito. Sin embargo, tampoco generó un sistema de control y seguimiento de los compromisos contractuales, minutas de trabajo y memorias.

Nafin argumentó que ya que el objeto del contrato había sido cumplido, no era necesario realizar acciones de supervisión. Y es que el desembolso de recursos –que se preveía se realizara en dos tramos– se hizo en uno solo, por lo que únicamente se elaboraron informes para junio y julio de 2006. “Los reportes proporcionados por la SHCP –concluye la ASF– no evidencian la aplicación de los recursos del préstamo, los problemas de su ejecución y los asuntos pendientes o en proceso”.

Responsable de formalizar la contratación de créditos, la UCP no contó con la documentación presentada al Comité de Crédito Externo –que analiza el ejercicio de los recursos destinados a proyectos financiados con solvencia internacional– para acordar el préstamo del BIRF. Ello contravino el Manual de normas presupuestarias para la administración pública federal.

Aunque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que para los proyectos de inversión las entidades deberán presentar la evaluación del costo y beneficio de los programas, en donde se verifique que generan un beneficio social, la Auditoría determinó que no existían estudios de rentabilidad.

“Se afirma –concluye la ASF– que la virtud del crédito es traer un bien futuro, lo que no es posible determinar, ya que se desconoce el destino de los recursos y los resultados esperados por su aplicación”.

Irregularidades financieras

No pudo comprobarse que Nafin transfiriera 500 millones 6 mil dólares de la cuenta 04009635 en el Deutsche Bank Trust Co. Americas, a la cuenta 06-600-600614-3 que mantiene con la Tesorería de la Federación. De acuerdo con el contrato de préstamo, el retiro de los fondos –que Nafin estaba facultada a hacer– se realizaría en un solo tramo, excepto por la comisión al BIRF por concepto de desembolso.

Incumpliendo la cláusula quinta del contrato, se hicieron dos depósitos por 206 millones 198 mil y 300 millones de dólares, por lo que la ASF no pudo identificar que se haya depositado lo que en moneda nacional equivale a más de 5 mil 720 millones de pesos. Por ello, el órgano fiscalizador emitió una solicitud de aclaración y recuperación para que la SHCP facilite la documentación que justifique esa operación.

En tanto, la ASF detectó que el cálculo de los intereses no se formuló sobre la base comercial que garantiza las mejores y sanas prácticas de administración. Por el contrario, Hacienda y Crédito Público realizó la operación sobre una tasa mixta, es decir, aplicó una tasa mayor en 2.06 por ciento a la tasa LIBOR estipulada en el contrato. “Su efecto –advierte– es que la SHCP hubiese programado en exceso un monto de 1 mil 108 millones 312 mil pesos en el transcurso de la vida del préstamo”.

Las cláusulas

La estrategia de endeudamiento del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo apuntó que con el apoyo de los organismos financieros internacionales (Ofis) serían prioritarias reformas que impulsaran el desarrollo económico y social mediante proyectos en educación, salud, agricultura y vivienda. Así como el desarrollo de productos de los Ofis que favorezcan la estabilidad macroeconómica, la entrada a los mercados de capital y la administración de la deuda.

El Banco Mundial sugiere que las acciones a avalar con el préstamo sean: diversificar el sistema financiero para alentar la expansión de las empresas privadas que –a decir de la institución– son “el motor para el crecimiento económico”; ampliar el acceso a hipotecas y el financiamiento para la vivienda, permitiendo que más personas tengan casa propia y se acumule el bienestar, y transparentar y hacer más eficientes los fondos de pensiones para que sean atractivos como inversión.

En el prefacio del contrato número 7363-ME celebrado entre el Banco Mundial y Hacienda y Crédito Público se suscribe que el préstamo será otorgado con base en “las acciones que el acreditado (gobierno) ya ha emprendido” y con la condición de “que mantenga un marco de políticas macroeconómicas adecuado”.

Por conducto de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, en carta enviada el 26 de enero de 2006 al BM, el gobierno federal expresa estar comprometido con un decidido programa de reformas al sistema financiero, que “espera instrumentar en los próximos meses”.

Lo ya realizado incluye la expedición de la Ley del Mercado de Valores el 30 de diciembre de 2005, para mejorar el gobierno corporativo y los derechos de los accionistas minoritarios; disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para fortalecer la administración de riesgos en el sector bancario y la transparencia y la disposición de información de los mercados.

Además, un decreto que enmienda la Ley de Instituciones de Crédito a fin de permitir a las empresas acudir a los mercados de capital para financiar sus actividades de crédito, aumentar la actividad de inversionistas y reducir la concentración en subastas. También permitir la competencia en el marco de pensiones, como transferir activos a las Administradoras de Fondos para el Retiro y hacer más flexible el régimen de inversiones de los fondos privados de pensiones.

La SHCP apunta que todavía está pendiente tipificar delitos relacionados con el terrorismo; facultar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en la toma de decisiones sobre el cierre, saneamiento o venta de instituciones de crédito, e incluir a éstas en la Ley de Concursos Mercantiles, y modificar la Ley de Instituciones de Crédito para actualizar el marco jurídico de las sanciones.

El préstamo del BM, “simulación”

Irma Manrique, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México considera como “graves” las observaciones en la cuenta pública 2006 al préstamo por 501 millones 260 mil dólares que el Banco de Internacional de Reconstrucción y Fomento prestó al gobierno federal. “Es delicado que no se tenga control y además se invierta en un sistema especulativo”.

Señala que mientras el organismo financiero internacional debería contribuir al crecimiento, se dan préstamos al sector financiero cuando no es la función del BIRF ni del Banco Mundial (BM). Y es que –advierte– los créditos deben ir encaminados a vencer la pobreza en los países en vías de desarrollo o de crecimiento medio como es el caso de México. Enuncia que actualmente el BM tiene 82 proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, en donde se orientan el 8 por ciento de los préstamos totales.

“Si hay irregularidades –opina– deben ser investigadas, pues es notable que no se especifique a qué sector productivo va orientado y cumplir con lo que se propone de origen: coadyuvar al financiamiento interno y no a la simulación”.

Desde su origen, el Banco Mundial apoyó el gasto en infraestructura; pero a partir de la década de 1990 el sector financiero recibió recursos por su rentabilidad. Además, a partir del Consenso de Washington, el BM acordó que los países beneficiados deberían alinearse requisitos como hacer reformas estructurales, mantener su déficit en tasa baja, control financiero, apertura comercial y evitar la estatización de la economía.

No obstante, la especialista adscrita a la Unidad de Estudios Hacendarios y del Sector Público del Iiec considera que las políticas macroeconómicas han sido nocivas, pues cada vez hay más distancia entre pobreza y riqueza: “Sin una política de gasto controlado, no hay posibilidad que una dádiva resuelva la falta de desarrollo; no hay planeación y la economía está estancada”. Asegura que los problemas son de carácter interno, pues el gobierno federal no da cuentas del financiamiento internacional y no lo maneja de manera adecuada. (PM)