-El Presidente Calderón puso en marcha el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior

Como parte del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior anunciado por el Gobierno Federal, Banco Santander dispone ya del mejor crédito educativo en México que permitirá a los estudiantes acceso a estudios de licenciatura o posgrado con un financiamiento apoyado por Nacional Financiera (NAFIN).

Con una experiencia de más de 15 años desarrollando programas específicos para lo jóvenes a través de Santander Universidades y Universia, la red de colaboración universitaria más grande del mundo, Santander dispone de un esquema de financiamiento para estudios de licenciatura o posgrado en condiciones preferenciales que podría atender a jóvenes de toda la república, lo que es parte de sus tareas de responsabilidad social y compromiso con la educación para apoyar a los padres de familia y estudiantes universitarios a fin de que puedan continuar con su formación académica.

El modelo de crédito educativo que ya tiene Santander disponible está diseñado para licenciatura y posgrado, y financia un mínimo de 50,000 pesos y hasta 280,000 como máximo cubriendo un 80% del costo total. Este crédito tiene una tasa de interés del 9.90% y no aplica ninguna comisión por apertura.

El plazo de financiamiento es de hasta 10.5 años y el de disposición de hasta 5 años. No se requiere bien inmueble como garantía y el estudiante solamente necesita un obligado solidario.

Además, dispondrá como parte del crédito de un seguro de vida, tanto para el estudiante como para el obligado solidario.  Este financiamiento para la educación superior que cuenta con garantías de NAFIN permite que durante el periodo de estudios (entre 1 a 5 años) el estudiante solamente pague intereses y el seguro, al término de sus estudios tendrá un periodo de gracia de 6 meses, y pasados esos 6 meses se inicia un periodo de hasta 5 años para el pago del resto del crédito donde ya se incluyen en las mensualidades además de los intereses y seguro que ya venía pagando los abonos al capital.

Lo anterior permite que el costo de una licenciatura o un posgrado se pueda distribuir en un periodo de 10.5 años, lo que hace más suaves los pagos mensuales, comparados con lo que usualmente se deben afrontar en estos niveles en instituciones privadas.

Así, se abre la oportunidad de tener acceso a educación superior en instituciones reconocidas, se mejoran las posibilidades de un empleo al término de los estudios, se potencia el ingreso futuro del estudiante, y se genera liquidez en los recursos familiares.

Este modelo de financiamiento para la educación superior de Santander, considera la edad para acceder a un crédito para licenciatura entre los 18 y los 26 años; y para posgrados hasta 50 años; el estudiante requiere de un promedio mínimo de 70.

En  un comparativo de pagos, un estudiante podría llegar a pagar hasta 50 mil pesos al semestre si carece de un crédito educativo de Santander, en cambio con el acceso al crédito el pago al semestre podría ser de unos 30 mil pesos durante su periodo de estudios, ya que el costo se distribuirá en un periodo mayor de tiempo y se tendría la ventaja de que, una vez terminados los estudios, se espera que el graduado tenga una fuente de ingresos propia que ayude a completar los pagos del financiamiento educativo.

Este financiamiento, sin duda el mejor disponible en el mercado, se puede tramitar en las más de mil sucursales de Santander y las 73 que ya se tienen dentro de las universidades. Contando con la documentación completa, se tiene una respuesta en cinco días.

Una vez que el crédito está aceptado, los recursos se depositan en la cuenta del alumno y automáticamente se transfieren a la universidad. Santander ha probado durante los últimos dos años este esquema con un convenio establecido con 12 universidades.

En esta prueba piloto se han atendido a más de mil estudiantes con una cartera de 76 millones de pesos y una morosidad del 1%.

Por otra parte y en un esquema complementario, a partir de este año Santander abre su oferta de Crédito Educativo para 122 universidades más, así como también para estudios de posgrado en el extranjero con características especiales ya sea para que los jóvenes puedan concluir sus estudios o complementar su formación superior en otro país.

Larissa Guerrero*

Por hipoteca social se entiende la deuda que se tiene con la sociedad y que se debe a la propiedad privada. Es decir, toda propiedad privada grava una hipoteca social. Así, la propiedad privada se ha definido como el poder jurídico pleno o completo de una persona sobre una cosa, de modo que el dueño tiene la capacidad de hacer o disponer de aquello que posee sin ninguna limitación por parte de otro. Aquello sujeto a propiedad son los bienes útiles y que pueda ser poseído, de ahí que un bien sea usado, disfrutado y a disposición del dueño. La propiedad privada implica necesariamente la exclusión de aquellos que no sustentan la propiedad.

La propiedad privada, por su puesto, que es un derecho natural para el ser humano, el tener para el hombre es tan natural como el caminar o respirar. La propiedad es una consecuencia natural del trabajo y, en particular, de la manera que el ser humano habita el mundo. Es así como se afirma que el ser humano es propietario por naturaleza y, en función de lo que posee, trabaja del mismo modo que trabaja para poseer. Asimismo, el ser humano es cómo construye un mundo humano. Si la propiedad es un asunto tan natural y bueno, es importante cuestionarse ¿por qué entonces grava algo tal, como una deuda social?

Para poder responder hay que hacer una distinción en las maneras de tener un bien. Por un lado está la apropiación y adscripción, y por otro la participación. La propiedad privad es apropiación o adscripción de un bien que, por naturaleza, es repartible y como se anotó al inicio esta apropiación indica la excusión participativa de los demás. Es legítimo el apropiarse de la comida suficiente para mí y mi familia, de un techo, vestido, etcétera. Es decir, de todo aquello que cubre y satisface las necesidades primordiales, y es legítimo también el poseer algunos bienes que satisfacen además de las necesidades algunos aspectos lúdicos y recreativos. La cave está en que en la propiedad y la adscripción privada no se lastime ni destruya la vida social.

El problema

El enorme conflicto que se vive hoy en las sociedades de consumo, producto de los ideales liberales y capitalistas es que la propiedad privada en lugar de ser un camino para la caridad y la solidaridad, se ha establecido como una ruta de ambición y desorden social en donde el que tiene más es “mejor”. La gravedad está en que no se asume que la propiedad implica una responsabilidad en el respeto a las obligaciones morales que se adquieren frente a todos los seres humanos del presente y de las generaciones por venir. ¿Cuáles son estas obligaciones que se adquieren junto con la propiedad? Por ejemplo, la ayuda a los más necesitados, en el compartir (no repartir) lo que se obtiene, en especial si hay abundancia.

A diferencia del Derecho, la propiedad privada natural no es absoluta ni incondicional, pues se dice que nadie puede reservarse para uso exclusivo suyo lo que de la propia necesidad le sobra, en tanto que a los demás les falta lo necesario. Esto último, es precisamente la deuda que se grava en el momento de adquirir la propiedad. La hipoteca social relativiza a la propiedad privada otorgando la verdadera dimensión de ésta. Cuando no se comprende que la hipoteca social es un efecto necesario de la propiedad privada, los seres humanos viven en la ilusión que nos heredó la ilustración con los ideales de fraternidad, igualdad y solidaridad, sin embargo estos ideales son falsos cuando se define a la propiedad como lo absoluto, pues bajo este entendimiento los medios con los cuales se consiga la propiedad pierden dimensión, entonces si lo que importa es tener y ganar, ya no importará el cómo ni a costa de qué o quién.

Como ejemplo de esto tenemos la sociedad actual, la cual vive preocupada por el futuro del planeta. Por ejemplo, si un país que produce, principalmente, bienes de consumo para fortalecer a la población en términos de adquisición, y está organizada en un sistema desde la extracción, producción, distribución consumo y desecho, nos debemos preguntar cómo es que se hace para que en la extracción no se destruyan los bosques o los océanos; o cómo se hace para no contaminar el ambiente. La cuestión está en que esto último son cuentos de hadas, pues para que una nación compita con otra en una economía del consumo, necesariamente se afectarán los bosques, las aguas, el aire, otras especies, pero lo más alarmante es que se afecta a la misma especie humana. Lo que cabe preguntarse es ¿dónde ha quedado la justicia social? Porque definitivamente no es justo que por el hecho de que unos consuman en orden al poder adquisitivo y al poder social mediante la riqueza, existan personas que se han quedado sin agua para beber porque se han contaminado los ríos, se han quedado sin tierras fértiles para arar o, lo que es peor, sin oportunidades. Esto último en el sentido en el cual hoy por hoy la empresa considera que es dueña tanto de los bienes de producción como de sus trabajadores, donde éste no tiene acceso a los mismos bienes que produce. Precisamente la relativización del concepto de propiedad introducida mediante la comprensión de la hipoteca social, indica que la empresa no es absolutamente dueña del capital, en tanto que la empresa es principalmente una comunidad de personas y unidad de trabajo. Una persona, ni su trabajo puede ser propiedad de otra. Lo anterior no es otra cosa más que entender que la economía ha de estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.

Es cierto que esta hipoteca social no es igual de urgente en todos los ámbitos. En efecto, hay ámbitos en los que la propiedad privada llevada de manera natural, en donde se incluye el beneficio social y el bien común no existe una gravedad como en otros ámbitos en los que por el egoísmo y la ambición generan una brecha muy grande entre la riqueza y la pobreza sin que exista ningún interés por compartir los excedentes económicos. Lo anterior nos puede llevar a repensar el capitalismo salvaje que se ha vivido en las últimas décadas y repensar su fundamento que es el liberalismo económico y el neoliberalismo. No es posible ni natural que el capital esté por encima del trabajo, ni que exista una instrumentalización del ser humano para fines del consumo y la riqueza. En efecto, se trata de un tema difícil, que tampoco nos puede llevar al otro extremo como al comunismo o socialismo, porque como se indicó la propiedad privada es natural y buena para el hombre. Más bien repensar este asunto de la hipoteca social va más en el camino de la formación en valores y virtudes más altas que el tener por tener, o que lo que se tiene nos define. Es imperativo formar a los hijos —y hacerlo por las generaciones que vienen— en la solidaridad y el criterio. Desafortunadamente, la publicidad del consumo se ha convertido en la formadora de los jóvenes, pues al vender modelos de vida y crear ilusiones quitan tiempo y capacidad de pensar lo verdaderamente importante.

Maestría en Ética Aplicada por el ITESM y doctorando en Filosofía porla UniversidadPanamericana

lguerrero@betah.mx/ Twitter: @laruskhi

Un tema que preocupa a la mayoría de los mexicanos es la educación. Constantemente se escuchan, a través de los medios de información, los problemas que enfrenta el sistema educativo formal en nuestro país. Por un lado, están las cuestiones relacionadas con los currículos, las reformas educativas, el gasto que implica, la incapacidad de los dirigentes, la poca preparación de los profesores, la carencia de espacios adecuados para la enseñanza-aprendizaje; la lista podría continuar. Por otro lado, está el acceso a la educación, que incluso se trata de un derecho humano tal como lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto ha de llevar a la afirmación de que la educación no es un asunto de oportunidades ni una cuestión sujeta al poder económico. Al inicio de 2010, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas, 34 millones de personas en México estaban en una situación de rezago educativo, donde 7 millones eran analfabetas y 1.4 millones de niños no asistían a la escuela. Es cierto que el país, en su adhesión a las metas del Milenio propuestas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha dado a la tarea de que la educación básica sea una realidad para todos. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes. El informe de 2006 respecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente en relación con el objetivo sobre la educación, presentó el avance de casi 22% respecto de la eficiencia terminal en educación primaria, y casi un 3% en alfabetización en población entre 15 y 24 años; y lo que se pretende para 2015 es que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Lo que implica que en cuatro años, el objetivo del Milenio en relación con la educación tendrá que estar cubierto. Sin embargo, el tema educativo no es sólo una cuestión de indicadores y objetivos, se trata de un entramado complejo de una gran diversidad de sistemas que sólo en algunas ocasiones logran su equilibrio. Por ejemplo, se requiere que esté a disposición del educando una escuela o espacio educativo óptimo, un claustro académico de excelencia, un diseño curricular bien realizado, el apoyo d la familia, los útiles escolares, buena alimentación. Otra vez la lista se hace interminable. Y esto último aplica tanto para la educación pública como la educación privada, puesto que muchas veces se vive en el error de que al pagar una enorme cantidad de colegiatura, se está asegurando la educación de la prole. Entonces sucede que los hombres y las mujeres con hijos en edad de ir a la escuela se ven en la vorágine de doblar esfuerzos y turnos laborales pagar las colegiaturas; lo otro implicaría mandar al hijo o hija a un sistema educativo público, y entonces se presentan dificultades como el cupo, las listas de espera, la baja calidad de la enseñanza-aprendizaje, y hasta se llega a pensar en las malas influencias, lo que tampoco se garantiza en el sistema privado. El punto por reflexionar es no sólo en saber señalar las deficiencias del sistema educativo, ya sea público privado, sino en qué estamos haciendo ustedes y servidora para mejorarlo. En la actualidad, ya se escucha de asociaciones civiles formadas por padres de familia en la que toman este asunto en sus manos y no dejan la solución en el Estado o en la institución. Todas estas acciones me parecen heroicas: algunas defienden el derecho a la educación, otras fomentan la cultura y promueven educación de calidad; algunas se involucran en la realización de los currículos durante las reformas educativas, etcétera. Sin embargo, mi parecer se trata de acciones que hay que realizar, pero que no resuelven el problema en el niño o la niña que se encuentra hoy por hoy estudiando la primaria o la secundaria. Y mi pregunta es ¿qué hacer? Estamos de acuerdo en que nadie se va a conformar pensando en que esta generación y la que sigue salgan como puedan y que las futuras generaciones tendrán mejores oportunidades de acceso a sistemas educativos mucho mejor estructurados. Ante esta situación, me he encontrado con una alternativa para estas generaciones, la cual es la educación hogareña (homeschool). Se trata de una educación que se lleva a cabo en el entorno del hogar, dentro del contexto familiar (lo que puede se ampliativo), fuera de una institución, ya sea pública o privada. La primera inquietud que surge al hablar de este tema es si los niños y niñas que están en educación hogareña pueden tener acceso a un certificado legal. Lo primero que hay que contestar es que educación no es sinónimo de certificado o de “papel” como a veces se dice. Dicho de otro modo, tener un certificado de primaria y/o secundaria no garantiza la calidad de la educación. La segunda pregunta es ¿cómo socializan? Yo respondería con otra pregunta: ¿la escuela o el colegio es el único lugar donde puede socializar un niño o un joven? Y la tercera inquietud que surge es la que para mí es más sorprendente: ¿qué haces con los niños(as) todo el día? La cuestión de la legalidad en el tema de la educación hogareña en México al menos es muy sencilla. La Ley General de Educación, en el capítulo I, artículo 2, indica que todo individuo tiene derecho a recibir educación en cualquier sistema educativo nacional. Por su parte, el artículo 4 indica que todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria y secundaria. Y que es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Un artículo antes, el 3, especifica la obligatoriedad del Estado a prestar servicios educativos. De manera que, en primer lugar, la ley no obliga a que los niños vayan a una escuela, sino a que se eduquen; segundo: puede ser en cualquiera de los sistemas que ofrece el país. Para el que no lo sabe, la educación escolarizada no es la única, existen otros sistemas como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, donde a partir de los 10 años se puede iniciar; el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, y otros más. La educación de un hijo es un tema muy serio y el pensar en educarlos uno mismo es algo que nos puede sobrecoger en un principio. La educación hogareña implica un cambio de vida para toda la familia. Por ejemplo, la dinámica laboral se ve afectada en distintos modos. La primera es que los hijos van a requerir tiempo, lo cual aparentemente es imposible, pero si nos sentamos a reflexionar vamos a caer en cuenta que el que el papá y la mamá estén fuera de casa todo el día trabajando, dejando a sus hijos con una empleada que los cuide, mucho tiene que ver con pagar la colegiatura, además de pagar el segundo automóvil para que ambos padres se puedan desplazar a sus trabajos, con lo cual se paga a la empleada, al jardinero, el mantenimiento, etcétera. Sin embargo, cuando los niños están en casa estudiando, no hay colegiaturas con fechas inamovibles, lo que da espacio para dejar turnos extra, e incluso hasta un cuarto de tiempo. El no tener la necesidad de salir tarde con hambre y sueño a dejar a los niños al colegio da la oportunidad de quizá hasta sólo tener un vehículo por familia o una bicicleta, esto ya dependerá de cómo se organice cada familia. Lo que quiero subrayar es que no es a fuerza. Si uno de los padres está más tiempo con los niños, baja el gasto de pagar una niñera, y así sucesivamente. Pero la vida no sólo cambia en este sentido, sino en la calidad de vida en general, en el acompañamiento activo mientras un hijo aprende, en el reaprendizaje que supone para los padres, en el conocerse mejor como familia y como cónyuges, el disfrutar cómo los hijos van aprendiendo, entre muchas otras cosas. Cuando conocí esta alternativa, me di cuenta que es una opción para dar solución al problema actual y, de alguna manera, proteger a estas generaciones. Esto no significa que en un momento más adelante se puedan reincorporar a los sistemas escolarizados los niños y niñas que en el presente se eduquen en el hogar. Se ha demostrado que son niños y niñas que se adaptan rápidamente a diferentes entornos y con la ventaja de tener una mejor educación en todos sentidos, y sobretodo que son personas sanas y felices. Algo que nos debemos preguntar respecto de los sistemas educativos formales escolarizados. lguerrero@betah.mx www.betah.mx

Rubén Darío Betancourt, fotos

Treinta maestros de la Universidad del Valle de México, campus Texcoco, son despedidos por exigir equidad y respeto a la Ley Federal del Trabajo. Demandan a la institución ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por triangular su relación laboral y no respetar prestaciones sociales.

Subcontratados por Administradora del Valle de Texcoco, SA de CV –empresa outsourcing, propiedad de Laureate y la Universidad del Valle de México (UVM)–, afiliados al sindicato blanco Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana y obligados a firmar un contrato colectivo de protección patronal, 30 maestros de la UVM Texcoco demandan a la institución por discriminación laboral, triangulación indebida de la relación laboral y violaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

Los docentes inconformes aseguran que tras la adquisición de la UVM por el corporativo estadunidense Laureate Education, Inc, la política laboral de la universidad consiste en crear administradoras que contraten al personal para la institución, pero sin otorgarles las prestaciones marcadas por la ley, que sí disponen quienes laboran en los campus del Distrito Federal. Según organizaciones defensoras de derechos laborales, el outsourcing o subcontratación contraviene derechos fundamentales del trabajador.

Los profesores exigen homologación con los del Distrito Federal: “a trabajo igual, salario igual”, demandan. Explican que la institución evita pagar a los docentes las prestaciones a las que tienen derecho, “pese a que nos exigen el mismo trabajo”.

Formalmente, el contrato colectivo de trabajo convenido entre la Universidad del Valle de México, SC, y el Sindicato Justo Sierra otorga prestaciones establecidas en la LFT: contrato por tiempo indeterminado; de 14 a 28 días de vacaciones; prima vacacional del 45 al 60 por ciento de salario; aguinaldo de 46 por ciento del salario; seguro de vida; seguro de gastos médicos mayores; ayuda para gastos funerarios; fondo de ahorro; ayuda para compra de despensa; permiso con goce de salario por antigüedad; becas a familiares; beca para estudio de maestría; uniformes; bono de antigüedad; despensa, y fondo de jubilación.

Por el contrario, la relación contractual entre Administradora del Valle de Texcoco y la organización sindical sólo concede cinco días de vacaciones, 4 por ciento de prima vacacional, 5 por ciento de aguinaldo y ninguna otra prestación. Los 30 maestros enuncian que sufren despidos injustificados y se les obliga a firmar renuncias y contratos cuatrimestrales para omitir el pago de vacaciones; además, deben lidiar con el “trato irrespetuoso y amenazante de algunos directivos”.

La UVM tiene otras subcontratistas en el país: Administradora del Valle del Centro, SA de CV, incluye a los campus de Aguascalientes, Puebla, Guadalajara, Guadalajara Norte, Saltillo, Monterrey, Mexicali, Torreón y Cuernavaca; Formación Completa, SC, el campus Lago de Guadalupe; Estrategia Educativa y Cultural de Tabasco, SC, el campus Villahermosa; Grupo Educativo Potosino, AC, el campus San Luis Potosí; Grupo Educativo del Sureste, el campus Tuxtla, y Administradora del Valle de Toluca, el campus Toluca.

Ni el rector de la UVM Texcoco, Ángel Villa Escárcega, ni José Manuel Sánchez, director de relaciones laborales de la UVM, han respondido a las demandas de los maestros. Por ello, los profesores disidentes solicitaron la colaboración del Frente de Sindicatos de Instituciones Agropecuarias y Tecnológicas. En un oficio firmado por su dirigente, Rosendo Servín García, la organización pidió al presidente municipal, Constanzo de la Vega Membrillo, que convocara a las partes para que los inconformes presentaran sus demandas e instalara un equipo conciliador, pero no fue el caso.

El 22 de mayo anunciaron la creación del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Rama Educativa 20 de Noviembre. La solicitud de su registro, dicen los maestros, está siendo obstaculizada por las autoridades por tratarse de un sindicato independiente. A la fecha no se les ha hecho la toma de nota.

El 13 de junio pasado, a los 30 maestros se les impidió la entrada a las instalaciones de la institución. La única explicación que recibieron fue que hablaran con su sindicato. Por ello, mantienen “un paro” afuera de la UVM Texcoco y señalan que ampliarán su demanda para ser restituidos en sus puestos. Los disidentes declaran que se ha emprendido una campaña en su contra y se les ha amenazado con boletinarlos para que ya no impartan clases en otras instituciones. Además, desde que iniciaron su demanda, la UVM Texcoco reforzó su seguridad y ordenó a los demás profesores de la institución que no establecieran relación alguna con los inconformes.

Los profesores de la UVM Texcoco exponen que su demanda es cuestión de principios: “No es posible ser profesor sin vivir congruentemente, debemos mostrar a nuestros estudiantes que los derechos deben defenderse a toda costa y con la dignidad por delante”.

Lucha laboral

Martín Álvarez Pulido, docente en programación; David de la Torre Fernández, docente en sicología; Mauro Yautensi Gómez, docente en administración, y María Eugenia López, docente en ingeniería electrónica, sostienen que, de un año a la fecha, “aumentó el golpeteo y las agresiones verbales”. Los maestros integrantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Rama Educativa 20 de Noviembre señalan que al entrar la administración actual se les dijo que, si no cumplían con las demandas de la institución, sería despedido el 50 por ciento de la planta docente total.

Maestros desde 2001, comenzaron su lucha hace un año y declaran que, en respuesta, se les ha aislado y se les desconoce. Reclaman que a otros académicos en el país se les ha prohibido comunicarse con ellos y hablar del tema. Así, les han cancelado el correo electrónico de la UVM, medio por el cual mantenían comunicación con otros profesores. Los presidentes de academia de la institución que apoyaron a los maestros fueron reprendidos.

Expresan que las autoridades les espetan que “agradecidos deberían estar por tener el sueldo más alto para maestros en la zona”. Por hora-clase les pagan de 79 a 110 pesos. Pulido expone: “Si exiges tu derecho, no eres  de la UVM; pero si ganas concursos y asistes a congresos, sí lo eres”. Describe que “pese a que la UVM publicita sus servicios como de primer mundo, tiene instalaciones de tercer mundo y hasta carecen de laboratorios y equipo para carreras como ingeniería en sistemas e informática”.

Desde 2005, en representación de la planta docente, presidentes de academias, integrantes del Comité de Investigación Científica y Tecnológica y del Colegio de Abogados de la UVM solicitaron hacer definitivo el contrato de trabajo. En la carta dirigida al rector Ángel Villa Escárcega sugieren que en caso de no proceder su demanda, se elaboren contratos intersemestrales y se mantenga el mismo ingreso económico. Y es que aunque prometieron entregarles un contrato por tiempo indeterminado, en 2001 –con el argumento de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos– se los negaron, quedando sujetos a contratos cuatrimestrales. A los peticionarios les quitaron horas, redujeron salario y hasta los despidieron.

La cláusula vigésima cuarta obliga al personal académico y administrativo a laborar una jornada extra según las necesidades de la empresa, tiempo que no se les remunera. Ya sea por cursos, asesorías o capacitación están obligados a asistir; si se niegan, son despedidos. Estiman que por todas las actividades extra que están obligados a cubrir, les deberían pagar hasta 150 pesos la hora.

Agregan que la UVM los presiona para reprobar a los estudiantes deudores. Enviada por la dirección académica, la circular del 29 de noviembre de 2007 solicita el apoyo de los docentes en licenciatura para abatir la cartera vencida del plantel. En el oficio se advierte que si el alumno no ha pagado la colegiatura, para la fecha de entrega de calificaciones, tendrá que ser reprobado sin que se le informe sobre su puntuación real. La docente María Eugenia López expone que una de sus alumnas debía un peso y ella registró su calificación real, lo que le valió un regaño por parte de la administración.

Una relación de deudores que cursaron la materia de habilidades de interacción indica que por cuotas que van desde los 188 pesos hasta los 5 mil 335 pesos, se quedaron sin derecho a examen siete alumnos en el primer ciclo de 2008. También en el bachillerato se siguen las mismas instrucciones. En este caso, la lista de deudores –asienta la circular 01/2005– se publica en la sala de firmas y antes de presentar su examen, el deudor tendrá que acudir a entrevista con la dirección y recibir autorización.

Entre otras violaciones, María Eugenia López, que fue presidenta de academia en ingeniería en sistemas, agrega que no les entregan copia de su contrato y su comprobación de gastos no coincide con lo percibido al año.

El contrato

La Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal en México –que reúne a 13 organizaciones internacionales, cinco organizaciones no gubernamentales, una académica y siete sindicatos– define a este tipo de relación contractual como “una simulación para proteger al patrón de una auténtica sindicalización, que impide que los trabajadores se organicen de forma libre y democrática, y sean tomados en cuenta para negociar sus condiciones laborales”.

Apunta que en México más del 90 por ciento de las relaciones contractuales son de este tipo e indica que “roban derechos como la seguridad social, el empleo estable, una jornada digna y la libertad de asociación sindical”. Describe que los contratos son firmados y administrados por representantes sindicales, sin que intervengan los trabajadores sujetos al mismo; son detentados por titulares que no son electos democráticamente, y los trabajadores desconocen a qué sindicato pertenecen y a qué condiciones están sujetos.

El Sindicato Justo Sierra es liderado por Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado en 2005 de pederastia y conocido como el “zar de los contratos de protección”. Es dueño de más de 2 mil contratos colectivos y el control de 50 mil empleados (Contralínea, Periodismo de Investigación 101). Según la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la organización sindical posee 204 contratos.

La cláusula quinta del contrato firmado entre el Sindicato Progresista Justo Sierra y Administradora del Valle de Texcoco apunta que para ingresar como trabajador al servicio de la empresa es necesario pertenecer al sindicato. Es decir, que de no firmar su carta de afiliación a esa organización, los docentes no son contratados.

En oficio fechado el 16 de agosto de 2004, Rosa de Guadalupe firmó una carta donde “solicita ser miembro activo de la organización sindical”. El pliego apunta que la académica de asignatura se compromete a “cumplir con los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno sindical y ser leal a esta agrupación de trabajadores, titular de la contratación colectiva y legítima representante del interés profesional denominada Administradora del Valle de Texcoco”.

Además, según la cláusula quincuagésima, los trabajadores miembros del sindicato –con excepción de los de confianza que no deberán pertenecer al Justo Sierra– podrán ser separados de la empresa, previa solicitud del sindicato, en caso de que renuncien o deserten de éste o les aplique la cláusula de exclusión por separación, lo que –argumentan los docentes– viola su libertad de asociación.

Los contratos individuales de trabajo son vigentes por cuatro meses. Acabado ese periodo, los maestros son obligados a firmar su renuncia. Como consta en carta dirigida, el 28 de septiembre de 2007,  a Administradora del Valle de Texcoco, los maestros deben informar que “por convenir a sus intereses dan por terminada la relación laboral que los ligaba a la empresa en el puesto de académico de asignatura, sin responsabilidad posterior, ya que la terminación la realizan voluntariamente”.

Ahí anotan que durante el tiempo que prestaron sus servicios, su único patrón, Administradora del Valle de Texcoco, cubrió completas y a tiempo todas las prestaciones: salarios, séptimos días, días de descanso, horas extra, prima vacacional y aguinaldo. “Por lo tanto –finalizan en el oficio– nada tengo que reclamarles ni me reservó acción ni derecho alguno que ejercitar en su contra”.

David de la Torre apunta que, de no firmar su finiquito, se les retiene su quincena y aunque existe una cláusula contractual que establece entregar un contrato por tiempo indeterminado después de dos semestres, esto no ocurre. Los maestros disidentes –expresa– optaron por no firmar su último contrato temporal, “pues es una estrategia para reducir sus derechos laborales”.

Indica que como eventuales no pueden cotizar para préstamos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. María Eugenia López describe que le negaron un crédito porque al mes sería “dada de baja”. Añade que ni siquiera les pagan completa dicha prestación.

Doctor en sociología e investigador en estudios laborales y relaciones industriales, el académico Enrique de la Garza Toledo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, considera “una vergüenza” que existan ese tipo de sindicatos y que sean solapados por el gobierno. Sostiene que “trasnacionales como Laureate no se caracterizan por su respeto al derecho laboral y sólo hacen negocio”.

Agrega que “administrativos y docentes están en desprotección, aunque tienen un sindicato, y los contratos de protección están para proteger a la empresa, no a los trabajadores, para quienes son desventajosos porque afectan su libertad sindical. Hay represión y colusión entre autoridades, líderes sindicales y autoridades universitarias.”

Fortuna solicitó entrevista con el rector de la UVM Texcoco, Ángel Villa Escárcega; asimismo, se buscó la posición de la Rectoría Institucional de la UVM y de la Secretaría del Trabajo ante este caso, sin que se haya recibido respuesta.

Outsourcing, precarización laboral

Según consta en el acta del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, con fecha del 15 de noviembre de 1999, se constituyó la Administradora del Valle de Texcoco, SA de CV, con un capital mínimo de 60 mil pesos, duración de 99 años y el permiso 9032128 expedido por la Secretaría Relaciones Exteriores.

El documento señala que su objeto social es prestar servicios de asesoría en materia administrativa, contable, financiera y de organización. Advierte que será administrada por un consejo constituido por José de Jesús Ortega Martínez, presidente; Jorge Eduardo Ortega Martínez, secretario; María de los Ángeles Ortega Martínez, tesorera; María Teresa Martínez Núñez viuda de Ortega y Rosalba Ortega Martínez, vocales, y Pilar Muñoz, comisaria.

Siete años después, el 3 de mayo de 2006, mediante la operación CI13 I1009 –anota el acta con folio 255533– se ratificó a Douglas L. Becker, propietario de Laureate Education, Inc, y a José de Jesús Ortega Martínez como consejeros propietarios de Administradora del Valle de Texcoco.

Las facturas de pago por concepto de sueldo son expedidas por la Administradora del Valle de Texcoco, como se observa en dos recibos con fechas del 29 de abril de 2002 y 29 de noviembre de 2005. En el primero, de un salario por 1 mil 985 pesos, se descontaron 57 pesos con 66 centavos por concepto de seguro social y 9 pesos con 65 centavos por cuota sindical. Tres años más tarde, el mismo docente recibía 1 mil 200 pesos y se le deducían 29 pesos con 15 centavos y 5 pesos con 17 centavos por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sindicato Justo Sierra, respectivamente.

En dichas facturas aparece como dirección de Administradora del Valle de Texcoco, Segunda Cerrada de Galeana número 15, colonia San Ángel Inn, domicilio que, aseguran los maestros, pertenece a la familia Ortega Martínez.

En sus artículos 12 y 13, la Ley Federal de Trabajo (LFT) define al intermediario como la persona que interviene en la contratación de otras para la prestación de servicios. Advierte que tanto éste como quien use a terceros para reclutar personal serán responsables de las obligaciones contraídas con los empleados. Además –en su artículo 15– el mandato señala que el trabajador gozará de los mismos derechos que quien fue contratado por la empresa.

Matteo Dean, en su reporte Outsourcing, ¿oportunidad o riesgo? –publicado en abril pasado por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)– define al outsourcing como el que involucra a subcontratistas que promueven el trabajo en renta.

De acuerdo al cuaderno de investigación Tercerización y subcontratación en México –de Matteo Dean y Alejandro Espinoza Yáñez del CILAS– el outsourcing favorece la flexibilidad laboral, es decir, la necesidad de la empresa por tener un costo de trabajo menor y de evadir obligaciones que delega en el subcontratista.

Advierten que esta práctica “conserva la precariedad del empleo informal”. Señalan que el outsourcing fomenta los contratos temporales e imposibilitan la organización sindical: “El patrón puede disponer de la movilidad del trabajador y cambiarlo de forma ‘preventiva’ antes que cualquier otra forma de represión”.

Según el estudio, conforme crecen las empresas, aumenta el outsourcing. “Esto indica –concluye el análisis– que la subcontratación es una estrategia, cuyo propósito es encauzar la acumulación de capital, en particular del gran capital”. Esa táctica, apuntan los investigadores, consiste en disminuir responsabilidades de nómina, modificar la regulación y la relación laboral.

Educación trasnacional

En el segundo cuatrimestre de 2007, Laureate Education, Inc, ganó 375 millones 800 mil dólares, es decir, 24 por ciento más que durante el mismo periodo del año anterior. En su portal, Laureate señala que –en ese lapso– la matrícula de sus instituciones de educación superior (IES) presencial creció 17 por ciento, mientras que en sistemas de educación a distancia aumentó 27 por ciento. Hoy atiende a 330 mil alumnos en 30 IES en América, Europa y Asia.

Entre enero y junio de 2007, registraron ingresos por 659 millones 300 mil dólares, 22 por ciento más que en el primer semestre de 2006. Roberto Rodríguez –académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador asociado de la Red de Investigadores de la Educación Superior– en su artículo “Presente y futuro de la universidad trasnacional en México”, publicado en agosto de 2007, indica que casi la mitad de las ventas de la trasnacional, de su activo fijo y su población escolar se concentra en México y Chile.

Seguidos de Ecuador, Perú y Brasil –que en conjunto le sumaron a la compañía ingresos por 194 millones 67 mil dólares–; mientras que en México, Costa Rica, Honduras y Panamá, Laureate ganó 175 millones 234 mil dólares y registró una matrícula de 95 mil 500 durante los primeros seis meses de 2007. Según el investigador, en 2006 la UVM lideró las ventas netas con 282 millones 445 mil dólares y el activo fijo con 252 millones 500 mil dólares. Además, con 80 mil estudiantes, la universidad representa la tercera parte del total de matrícula en IES del grupo.

Laureate nació en 1999 por iniciativa de Douglas L. Becker, socio del grupo Sylvan –dedicado a servicios de capacitación, entrenamiento y educación formal–, para desarrollar una red internacional de universidades. Rodríguez explica que mediante la creación ex profeso de Sylvan Learning Systems México, S de RL de CV, en 2000 adquirió el 80 por ciento de la empresa Planeación de Sistemas, SA de CV, creada a su vez por Sylvan y la familia Ortega Martínez. La operación sumó 42 millones 400 mil dólares.

Además de sus 20 campus, la UVM compró en 2004 la Universidad Hispano Mexicana; en 2005, la Universidad del Noroeste, y en 2007, la Universidad de Valle de Bravo y la Universidad del Desarrollo Profesional –con 23 sedes en nueve estados–. También, declarada como subsidiaria y afiliada a Laureate está la Universidad Pro Desarrollo de México. En 2007, la compañía adquirió otro 10 por ciento de las acciones de la UVM, con lo que es propietaria del 90 por ciento.

Rodríguez anota que, gracias a que goza de exenciones fiscales y a su expansión, la trasnacional duplicó su volumen de ventas y triplicó sus ganancias en los últimos tres años. Observa que mientras Laureate, empresa con fines de lucro, paga tributaciones en Estados Unidos, en México es accionaria de asociaciones civiles con fines educativos, como la UVM, y así se evita de pagar gravámenes aquí y en otros países.

Outsourcing en expansión

 

De acuerdo con el cuaderno de investigación Terciarización y subcontratación en México, de Matteo Dean y Alejandro Espinosa Yáñez, de 1999 a 2004 la subcontratación creció 41.5 por ciento. Para 2004, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) registró 1 millón 399 mil 264 empleados bajo este concepto, es decir, 8.62 por ciento del total de la fuerza laboral en empresas.

Matteo Dean, en su reporte Outsourcing, ¿oportunidad o riesgo?, publicado en abril pasado, señala que esta práctica está en expansión en todo el mundo y es fomentada, sobre todo, por las grandes empresas. El sector manufacturero ocupa a casi la mitad del personal subcontratado en México. Agrega que anualmente la compañía Manpower –subcontratista de personal– da servicio a 500 mil trabajadores, mientras que el Instituto Mexicano de Teleservicios tiene registradas 118 mil call-center.

El INEGI define al personal subcontratado como “el que trabaja para la unidad económica, pero es ajeno a la razón social y que realiza labores sustantivas, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral”. Según cifras del instituto, en 2004, con 19.7 por ciento de la población en edad de trabajar, Quintana Roo lidera la lista de entidades con mayor terciarización. Sigue el Distrito Federal, con 14.82 por ciento; Durango, con casi el 11 por ciento; Nuevo León, con 10.38 por ciento, y Jalisco, con 9.89 por ciento.

Outsourcing, menoscabo y ganancias

Comparativo de prestaciones entre Universidades

Fuente: Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Rama Educativa 20 de Noviembre

Sedes de la UVM hasta 2007: 20
Matrícula de alumnos de la UVM hasta 2007: 80 mil
Programas validados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior: 29
Países en los que está presente Laureate: 18
IES de Laureate: 30
Alumnos inscritos a las IES de Laureate: 330 mil