Mexicana de Aviación

Que agridulce es felicitar cuando el felicitado está vivo, pero no sabemos aún si saldrá de su coma profundo de casi un año. Mexicana de Aviación está grave, demasiado. Llevaba años envenenándose hasta que no pudo más y sucumbió, entró en un letargo que en más de una ocasión por mentiras y especulaciones parecía podría dejar atrás y retomar la mínima fuerza para volver a vivir, aunque su rehabilitación hubiera sido lenta e incierta.

 No encuentro mejor símil que el anterior para comunicar mi opinión al respecto de Mexicana de Aviación. Hace casi un año que empezó el proceso de concurso mercantil. Mexicana enfrentaba una delicada situación financiera; sus pasivos y contratos colectivos con los 3 sindicatos hacían su saneo inviable.

Mexicana dejó de volar, más por cuestiones políticas y comerciales que financieras. La apuesta de un Gastón Azcárraga y sus socios habría salido mal. La táctica empresarial que los llevó a crear 2 aerolíneas sanas y sin los lastres sindicales se vendría abajo tras un revés de IATA. Mexicana de Aviación agonizaba y la única salida para ellos sería la requisa y el rescate gubernamental de Compañía Mexicana de Aviación. Pero esto no sucedería.

Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular en ese momento de la  SCT y Javier Lozano Alarcón, responsable de la STPS, tomarían el asunto en sus manos suponiendo una fácil salida. Gastón y socios escaparon por la puerta trasera, gracias a una venta por un precio simbólico a “Tenedora K”, empresa de Inmobiliaria FUMISA del fondo Advent International Corporation. Se nombraría a un conciliador, Gerardo Badín Cherem, quien llevaría el proceso del concurso mercantil hasta la reestructura y relanzamiento de la empresa o bien hasta la declaración de quiebra. MRO Services, otra subsidiaria serviría para financiar el proceso del concurso mercantil, incluyendo los honorarios de Badín, según lo marca la Ley de Concursos Mercantiles.

Hoy queda menos de un mes. El 9 de agosto deberá haberse signado con todos los acreedores los convenios definitivos y habrá ingresado ya el dinero del mejor (¿existe alguno?) postor. La incómoda participación de la familia Molinar Horcasitas dejó a Juan Francisco al margen del tema. Él sale de la SCT y se deslinda del tema del que casi no quiso hablar.

Javier Lozano tomó el proyecto en sus manos como “representante del gobierno”. En más de una ocasión negó la posibilidad de rescate o requisa, y su dura postura sesgada hacia los sindicatos so consigna (¿pretexto?) de salvaguardar los intereses de los trabajadores estancó las negociaciones en tiempo y en el número de los grupos potencialmente interesados en la aerolínea.

Desfilaron por la Torre de Xola diversos grupos inversores, algunos tuvieron una sola reunión con el conciliador y el entonces administrador, Javier Christelieb. La viabilidad de invertir y tener un retorno era inexistente. Los activos de Mexicana eran intangibles y con el tiempo perdían valor. Los pasivos, a su vez, por más quitas seguirían creciendo. Las principales trabas estaban en los pasivos laborales y en algunas deudas con IXE, Banorte y BANCOMEXT. Las propuestas, algunas se veían viables, otras parecían sacadas de la mano.

Finalmente, cualquier grupo de inversionistas que llegaba y quería seguir con el proceso terminaba en lo mismo: No tenían el dinero líquido para invertirlo. Y cada vez que sucedía esto, la opinión pública se preguntaba ¿cómo era posible que se volvieran a “chamaquear” a Lozano y a Badín? Y la respuesta es tan difusa que prefiero no pensar si era por una inocencia de novato (que quiero inferir ni Lozano y mucho menos Badín son) o por alguna agenda oculta. Finalmente, Badín está por sus honorarios y Lozano busca la presidencia. Colgarse la medallita de la reestructura de Mexicana le daría una fuerte cantidad de votos y visibilidad pública.

De cualquier modo, salieron muchas mentiras a la luz pública. De hecho, un servidor logró desmentir el supuesto interés de American Airlines en invertir en Mexicana junto con TG Group, una de las muchas mentiras y falsedades que han surgido en el proceso.

Hoy, dice en comunicado de prensa conjunto SCT – STPS que hay 2 grupos serios interesados en Mexicana, pero que ninguno ha demostrado solvencia económica. Menciona como un posible desenlace la quiebra. El estatus es casi el mismo que en los últimos meses. La diferencia está en que hoy es crítica la situación por la urgencia de los tiempos. Parece ser que Badín cobrará sus honorarios y Lozano saldrá raspado de este proceso. Trabajadores y acreedores diversos los más afectados, y la competitividad del país y el desarrollo de la industria aeronáutica en un retroceso temporal.

Mexicana está entrampada por demandas, denuncias, amparos, apelaciones y emplazamientos a huelga. La maraña está muy enredada. Un servidor estima que los tiempos no son suficientes y que Mexicana terminará por ser declarada en quiebra.

Pero Mexicana no ha muerto. Aún con la quiebra, la marca podría ser rematada y algún empresario podrá iniciar Mexicana de Aviación desde cero con poca inversión, y La primera dejará de ser la primera… 90 años después.

Ayer, 12 de julio Mexicana cumplió 90 años, y la SCT y la STPS la felicitaron. Una felicitación sin tacto y que pinta a burla. Triste cumpleaños para Mexicana.

Nota del autor: El boletín de la SCT y STPS y las declaraciones de Lozano hablan de una mala voluntad de la prensa en el tema Mexicana. La redacción de Alternativo Networks, Inc. en diversas ocasiones solicitó entrevista a Javier Lozano. Esta nunca nos fue otorgada.

Carlos Alberto Bazán Canabal es fundador de Alternativo Networks, analista de la industria aérea y tecnológica y comunicador en medios sociales.

Después de que en diciembre de 2010 Grupo Aeroméxico logró un acuerdo con su base de pilotos para modificar las condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo, la aerolínea confía en que dichas modificaciones permitirán incrementar la productividad de la planta actual y establecer condiciones más favorables respecto de los pilotos de futuro ingreso en comparación con los pilotos actualmente contratados.

De acuerdo con información de la compañía, entre las principales modificaciones acordadas destacan:

1.- Incremento en horas de vuelo planta actual de 55 a 72 horas promedio al mes;

2.- Modificaciones en recesos, descansos y limitaciones del Contrato Colectivo de Trabajo para el uso y disponibilidad de tripulaciones.

3.-Implementación gradual del sistema PBS (Preferential Bidding System), el cual permite una mejor distribución de vuelos entre los pilotos conforme a sus preferencias.

4.- Modificación de condiciones económicas del Contrato Colectivo de Trabajo de ingresos variable tales como tiempo extra de vuelo y servicio, eliminación de tiempo extra fijo, entre otras, para pilotos de futuro ingreso. Con esto, el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo implicará un costo menor que el Contrato Colectivo de Trabajo actual.

5.-Para los años 2011, 2012 y 2013 se establece con carácter excepcional para cada revisión anual un incremento a los salarios igual a la inflación (con anterioridad a dicha negociación el factor de incremento era inflación más 1%).

6.-Aeroméxico y el sindicato de trabajadores de tierra (Independencia) en 2010 se establecieron acuerdos como una reducción de planta por permisos temporales sin goce de sueldo, revisión contractual en 2010 sin modificación de salarios y el otorgamiento de un bono sujeto a desempeño, lo que generó ahorros del 5%, y que además modifican las condiciones de trabajo y pagos del personal sindicalizado de aeropuertos y oficinas de boletos.

7.-Contratación del personal eventual con menores prestaciones y sueldo. Pilotos de Nuevo Ingreso con un costo menor que el actual en un 40%, en líneacon otros competidores en la industria.

8.-Transferencia del personal de medio tiempo a una nueva categoría con reducción de prestaciones;

9.-Nuevas condiciones de trabajo para futuros ingresos (que representarán un ahorro del 34%).

MINEROS

En nueve meses de operaciones, la Secretaría de Economía palomea más de 1,100 títulos de concesión para la explotación y exploración de minas. Los listados de la dependencia colocan a Industrias Peñoles como la de más proyectos aprobados en 2010. En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido elevar en 72% el número de inspectores en la región carbonífera del país debido a la falta de condiciones laborales en las que están los trabajadores de esta industria

La Secretaría de Economía autorizó en 2010 más de 1,100 concesiones para la explotación de minas en México. Los trabajos estarán a cargo de multinacionales que podrán extraer oro, plata, cobre, hierro, zinc y carbón hasta 2060. La lista de concesiones es encabezada por la líder en la producción de plata, Industrias Peñoles, a través de una de sus subsidiarias.

En 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y organizaciones civiles documentaron la falta de garantías laborales, por lo menos en la industria dedicada a la extracción de carbón en el norte del país, por lo que el gobierno federal ascendió en 72% el número de inspectores.

Listados de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, arrojan que de enero a septiembre del año pasado, fueron aprobadas 1,112 concesiones para la exploración y explotación de minerales.

Los Títulos de concesión minera, expedidos durante 2010, muestran que Exploraciones Mineras Parreña, subsidiaria Industrias Peñoles, fue la que más títulos acreditó, al llegar a 47; le sigue Minera de Cordilleras, con 28; así como Invesmin San Miguel, que obtuvo 21. Todas, con vigencia de vencimiento hasta agosto de 2060.

La supervisión

En 2009, la STPS a cargo de Javier Lozano Alarcón documentó, a través de 30 actas de inspección de seguridad e higiene, que por lo menos en la zona carbonera del país “ningún” trabajador está a salvo: peligra su integridad y su vida. En 17 de ellas, la dependencia ordenó la suspensión de labores; no obstante, la extracción del mineral continúa. Los expedientes se encuentran en poder de la Secretaría de Gobernación para su análisis.

Según el informe Fortalecimiento de la inspección federal en seguridad y salud en el trabajo, para la región carbonífera, la STPS advierte que ha detectado “596 violaciones directas en materia de seguridad e higiene” en la zona Norte del país.

Entre las más relevantes, destacan que “no cuenta con constancia que acredite que el patrón promovió la integración de la comisión de reglamento interior de trabajo; se laboran más de nueve horas extras a la semana; no cuentan con comprobantes de fomento a las actividades deportivas y culturales. Las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores no les otorgan becas, tampoco a sus hijos.

Además, la información oficial revela que, de las empresas revisadas, se encontró que hay “contratos de trabajo a prueba por 28 días sin la firma del patrón. Contratos individuales no cuentan con cláusula de capacitación y adiestramiento; no cuentan con lista de constancias de habilidades laborales y no cuentan con comisión mixta y cuadro de antigüedades”.

Suben inspecciones

El Cuarto informe de labores de la STPS, publicado en septiembre de 2010, destaca la necesidad de aumentar el número de inspectores en materia de previsión social, específicamente en el rubro de normatividad de inspección.

El documento indica que, actualmente, se cuenta “por primera vez con una Norma Oficial Mexicana en seguridad para minas subterráneas de carbón, lo que ha permitido realizar 88 inspecciones en esa materia, en 28 centros de trabajo, beneficiándose a más de 2 mil trabajadores”.

Asimismo, dice, “con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, en lo que va de la actual administración se ha incrementado el número de inspectores federales del trabajo de 218 a 376, un aumento de 72%”.

Se solicitó entrevista con el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, a través de Daniel Lee, jefe de Información de la dependencia. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

La industria

El Informe anual 2010, de la Cámara Minera de México, indica que la industria minera es la cuarta en importancia para la economía del país, después de la producción petrolera, las remesas y el sector turístico.

Durante 2009, el valor de la producción minerometalúrgica fue de 9 mil 616 millones de dólares; representó, en ese año, el 1.6% del producto interno bruto, según la organización que encabeza el productor de cobre Manuel Luévanos Sánchez.

Luévanos Sánchez indica, en su informe, que “luego de siete años de vigoroso crecimiento, se registró una contracción anual de 8% respecto de los resultados de 2008, provocada por la recesión económica global, pero también por la falta de las reformas fiscal y laboral, así como la aplicación de precios de mercado en los energéticos”.

Las más beneficiadas

Fuente: Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía

TABLA 2

Dirección de control documental, informática y estadística

Resumen de la producción minera por entidad y municipio 2008

Principales Productos

Fuente: Dirección General de Minas

Cuartoscuro

Como parte de la decisión de reiniciar la relación laboral que mantiene con la periodista Carmen Aristegui, los accionistas del Grupo Multivisión nombrarán, por primera vez en la radio comercial mexicana, un defensor de los radioescuchas (Ombudsman), quien estará a cargo de velar por los intereses del auditorio pero sobre todo de vigilar que se cumpla el Código de Ética de la radiodifusora.

MVS dijo que con el propósito de facilitar la interlocución con la significativa audiencia de ese espacio informativo, antes de 40 días se designará un Defensor del radioescucha, el cual tendrá a su cargo la evaluación regular de los contenidos con sustento en el Código de Ética.

La figura del defensor de los públicos, explicó el grupo, es fundamental, en el panorama internacional de los medios, para afianzar las relaciones entre periodistas, empresas informativas y sociedad. Esta función tendría que ser desempeñada por una figura independiente del grupo empresarial así como de los informadores de la estación, con el propósito de garantizar su autonomía.

En 2008, Radio Educación nombró a Ernesto Villanueva defensor del público.

Ayer, en un comunicado conjunto, el Grupo MVS y la periodista despedida por esa empresa el pasado viernes 4 de febrero anunciaron el retorno de ésta a la conducción de su noticiero.

Carmen Aristegui, de esta forma, reanudará la conducción de su noticiero el lunes 21 de febrero de 2011.

“Con estas decisiones Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, así como MVS Radio, responden de manera transparente y pública a los requerimientos de una relevante porción de radioescuchas y ciudadanos. Confiamos en seguir contando con su preferencia y, con ello, contribuir al desarrollo de un periodismo que sea capaz de coadyuvar en la información y la reflexión que requiere la sociedad mexicana”, explicó la empresa concesionaria del 102.5 de FM.

MVS también dio a conocer su Código de Ética que ya  está disponible en el portal de Internet de la compañía. De la misma forma,  informó que en dicho código se establece que cualquier diferendo laboral entre ambos se resolverá por medio de un proceso arbitral.

“El contrato que regula esa relación profesional establece un proceso arbitral para dirimir controversias derivadas de los contenidos transmitidos en el mencionado espacio radiofónico. Tanto la empresa como la periodista Carmen Aristegui, reconocieron en días pasados la pertinencia de poner en práctica esa cláusula para resolver el diferendo que llevó a la suspensión de la relación laboral”.

En el comunicado, el grupo explicó: “Los días recientes han sido aleccionadores para quienes nos dedicamos a la radiodifusión. Las expresiones públicas acerca del espacio de noticias matutino en MVS Radio han confirmado – tal y como lo supimos desde enero del 2009 -, el interés que puede despertar en la sociedad un programa abierto a las inquietudes de sus audiencias. Hemos corroborado que la radio, igual que otros medios de comunicación, adquiere pleno sentido cuando funciona con criterios de servicio público y así lo hace al retroalimentarse en las preocupaciones de los radioescuchas”. Aseguró que el grupo ha tomado en cuenta la fructífera experiencia que han significado más de dos años de colaboración profesional.

Conferencia de prensa de Carmen Aristegui / Foto: Julio C. Hernández - Contralínea

Al despedir a la periodista Carmen Aristegui, el Grupo Multivisión se vio sometido a una presión gubernamental  indebida que lo colocó en la disyuntiva de sostener al aire a la conductora Carmen Aristegui o alcanzar, después de cinco años, el refrendo de su concesión para operar la banda de 2.5 Gigahertz.

En una conferencia de prensa, la periodista mexicana, Carmen Aristegui, aseguró que las audiencias y la familia Vargas no merecen esa presión.

Aristegui – quien tuvo que salir hace casi dos años de Televisa luego de que ese grupo, asociado con el conglomerado español PRISA, no refrendó su contrato argumentando causas comerciales –  ofreció,  por lo tanto, una salida “decorosa” a la familia Vargas y, en especial, se dirigió a Joaquín Vargas:

“Joaquín sabe como pocos de lo que estoy hablando. Le digo a MVS que no les demos gusto a los que saboreen este fracaso, lo sucedido entre el viernes y el fin de semana, en nuestras oficinas, no sé si en otras, en  La Destilería y El Meridien es algo que no se merece nadie y que sólo servirá para el desahogo absurdo de berrinche presidencial y para el beneplácito de quienes no permiten que se cuestione en este país”, dijo la periodista.

Y agregó: “La familia Vargas fue colocada en una disyuntiva perversa en donde tienen que calibrar como grupo empresarial qué le cuesta más o la cabeza de Aristegui o la banda de 2.5 Gigahertz”, señaló la comunicadora cuya labor informativa se ha caracterizado por su línea crítica y por incluir en sus cobertura temas de la agenda nacional – sobre todo sociales – que han estado fuera de otros medios.

Ahora, agregó: “Buscamos un camino sin claudicar pero sin exigir que el otro se arrodille. Joaquín Vargas sabe que no infringí un código de ética, sabe que fue una coartada”.

Fue el pasado 4 de febrero cuando legisladores del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados exhibieron una manta en la que sugerían que el supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón podría estar afectando sus decisiones de gobierno. Dicha manta provocó que se suspendiera la sesión y que en la Cámara de Diputados iniciara el debate sobre  la aprobación de un reglamento que norme el comportamiento de los legisladores y sus manifestaciones públicas fuera de la tribuna o sus comisiones.

En su espacio informativo y al dar a conocer el hecho, la periodista Carmen Aristegui realizó la crónica de la nota y realizó un comentario editorial después del evento.

Al explicar el contexto de su despido de MVS, lo que provocó que a partir del 7 de febrero ya no condujera el noticiero de la frecuencia 102.5 de FM, Aristegui abundó:   “Nuestro auditorio quedó informado del acontecimiento (la manta colocada por los legisladores del PT)… la información presentada me sirvió de base para presentar el siguiente comentario editorial: “Tomemos el asunto con seriedad e hice algunas otras consideraciones para terminar con un cuestionamiento formal a las autoridades: ¿Tiene o no problemas de alcoholismo el Presidente Calderón. Yo no tengo manera de corroborarlo, no hay nada ofensivo en la interrogante, especialmente, si se trata de algo –que de existir – afecta la toma de decisiones que impacta en todo momento a millones de personas en el país”.

Y agregó: “El comentario editorial cerraba diciendo que el tema y dada su exposición pública merecía una respuesta formal y oficial de la propia Presidencia de la República. La Presidencia no respondió a la periodista y, de inmediato, exigió a los dueños, que no a la periodista, una disculpa inmediata por la tremenda osadía. Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia, que por sí misma revelan otro tipo de problemática y que también deben ser analizadas”.

Siguió: “Reconozco que el cuestionamiento era duro pero de ningún modo injurioso o difamatorio. Tampoco se trasgredía en ningún punto el Código de Ética que ha sido aludido, era simple y llanamente la pregunta de una periodista cuya intención quedaba perfectamente delimitada: EL estado de salud y grado de equilibrio de un mandatario, por supuesto que es un asunto de claro interés público. La sociedad tiene derecho a saber, sin ofensas, sin caricaturización, sobre las condiciones de salud de quien ha tomado decisiones gravísimas que impactan el destino de una nación. Y vaya que ha impactado a la nación las decisiones que se han tomado en este sexenio”.

La comunicadora también reconoció el debate en el Congreso sobre su despido a MVS pero aseguró que más allá de las discusiones en tribuna, mientras no se cambien las reglas del juego se seguirán viendo hostilizados los intereses de las audiencias.

“Se achata la libre expresión, se merma el debate, eso daña a la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo la conductora, quien también dirige un programa de entrevistas en la cadena estadounidense CNN con la misma línea crítica e independiente.

De no aceptar MVS el reinicio de la relación laboral que sostenía con Aristegui, la periodista podría analizar espacios como el de Radio UNAM en donde ya tuvo algunas pláticas antes de llegar al grupo de la familia Vargas. Sin embargo, en MVS confirmaron que, por el momento, no podían dar una versión ni reacción a lo dicho por Aristegui.

En MVS, desmintieron, sin embargo que el grupo suspenda sus contenidos noticiosos – como sucedió cuando Pedro Ferriz de Con salió de ese grupo – para regresar a las programaciones basadas en programas musicales.

Las autoridades mexicanas actúan como reclutadoras de mano de obra barata para empresas canadienses ante su incapacidad de crear empleos en territorio nacional. Mientras, con el pretexto de la crisis económica y financiera, se multiplican los incumplimientos de contratos y las denuncias por las precarias condiciones laborales que los mexicanos deben soportar en Canadá

Cuando aborda el avión que lo trasladará a Canadá, el grupo de mexicanos inscritos en el Programa de Trabajo Agrícola Temporal (PAT) ocupa un sitio que le fue asignado con antelación en la aeronave. Aislado de los otros viajeros durante todo el trayecto, estará bajo el escrutinio de las autoridades de aquel país; atrás queda todo vínculo con las instancias gubernamentales que tramitaron su contratación así como de toda salvaguarda del gobierno mexicano ante el eventual maltrato o semiesclavitud que sufran en su nuevo empleo. Ellos conforman una cuadrilla de hombres que permanecerán hasta el término del contrato que llevan en sus manos. La mayoría nunca ha viajado en una aeronave y desconoce el idioma en que hablará su empleador, así como la geografía y cultura de la provincia en la que trabajará.

Una vez en el aeropuerto, ese puñado de hombres camina por una línea de paso hacia la aduana, diferente a la del resto de los pasajeros, y de inmediato se le somete a un interrogatorio a manera de filtro –uno más en la decena de controles que lograron salvar para llegar a Canadá–. Una vez que se imprime el sello de aceptación en sus documentos de ingreso, apenas tienen oportunidad de ver su nuevo entorno porque son conducidos con celeridad a los transportes que los trasladan hacia su nuevo destino: las granjas agrícolas –generalmente situadas en poblados muy alejados de las ciudades–, hoteles, rastros, empacadoras, viveros o, si son afortunados, a los campos de explotación petrolera de Ontario.

Esa cuadrilla de mexicanos forma parte de los 90 mil trabajadores extranjeros que ingresan al país anfitrión cada año y que se distribuyen a lo largo de ese enorme territorio una vez que las autoridades canadienses los clasifican como inmigrantes económicos. Esa categoría define que su actividad se centrará en proporcionar mano de obra junto con la de los cingaleses, chinos, colombianos, coreanos, filipinos, indios, iraníes y paquistaníes, para contribuir al desarrollo de aquel país. Y aunque la mayoría de ellos sabe que le espera un trabajo rudo, los agentes canadienses y sus empleadores facilitan su ingreso, pues saben que estos hombres, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 44 años, son muy productivos económicamente.

Los recién llegados son los más pobres en sus países de origen; los mexicanos proceden de poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Estado de México o Michoacán. Para todos ellos, percibir un salario de 14.25 dólares canadienses por hora (aproximadamente 11.95 pesos por 1 dólar, que equivalen a 1 mil 702 pesos por ocho horas de jornada) resulta un enorme incentivo frente a los 69 pesos diarios en promedio que en esos estados gana un albañil, los 64 pesos de un carpintero o una enfermera, los 70 pesos que percibe un manejador de gallineros o los 68 pesos diarios que gana un carnicero.

Adicionalmente, con su viaje al gigante país norteamericano, esos trabajadores tienen garantizado un empleo al menos por ocho meses, en tanto que el desempleo crece en México a un nivel sin precedentes, de acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que en julio anunció que este país y España –miembros de esa agrupación– son en los que “más aumentó la tasa de desempleo” en mayo pasado, con siete décimas más que en abril; en tanto que la media de los 30 Estados integrantes fue un incremento de tres décimas.

Este escenario forma parte de lo que el exdiplomático y abogado Humberto Hernández Haddad denomina “una política económica que no genera resultados en puestos de trabajo ni en oportunidades para la población”. Agrega que la cifra más realista sitúa en alrededor de 500 mil a los mexicanos que anualmente salen del país a Estados Unidos y Canadá en busca de empleo, lo que le confiere a esa emigración una dimensión no sólo económica sino social, pues crea un problema de transculturación, de abandono de familias, de desintegración familiar y de cambio de patrones de conducta social.

Según el Reporte de estudios municipales más reciente, alrededor de 800 municipios –de los 2 mil 345 del país– exhiben señales de despoblamiento en adultos jóvenes, es decir, quienes están en edad de trabajar, emigran. Ese problema de política económica tiene que ver con “la dogmatización de la economía, con el neoliberalismo que privilegió la concentración del ingreso, a las grandes corporaciones, al libre comercio y se olvidó de la cohesión social”, señala Hernández Haddad.

Opina que ese abandono de los municipios es resultado de la falta de preparación de las regiones frente a la competencia que representó el ingreso de socios más desarrollados en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y que no consideró la experiencia europea que aportó fondos de cohesión para sus socios menos avanzados, como Portugal y España, para promover el desarrollo regional.

Considera que México no ha recibido ningún tipo de financiamiento para desarrollar infraestructura que permita integrarse y competir con las regiones más atrasadas con sus socios más adelantados; “tampoco hay una sola autopista, una sola hidroeléctrica, ningún complejo agroindustrial, ningún parque industrial, ningún complejo hospitalario que pudiéramos considerar resultado de los fondos de cohesión para el desarrollo regional o nacional que los socios más adelantados le hayan dado”, pues ese acuerdo dejó pendientes los rezagos que hoy reaparecen pero con más fuerza en la agricultura y la planta industrial.

Los beneficiarios

De acuerdo con Miguel Pickard del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), el programa de trabajadores huésped para mexicanos en Canadá sólo busca proteger los intereses de los dueños de granjas y de empresas agrícolas, en detrimento de los trabajadores. Para ilustrar la situación de los trabajadores migrantes en Canadá, Pickard cita la reflexión de un trabajador mexicano con respecto de su condición en aquel país: “En mi mente no ha desaparecido la esclavitud; en este caso nosotros los trabajadores mexicanos somos los esclavos. Quiero decir a todos los patrones que no somos máquinas y quiero que se den cuenta, aunque sea un poquito, que el dinero que tienen es gracias al trabajo de todos los trabajadores agrícolas mexicanos que vienen a Canadá a trabajar”.

En su estudio Los migrantes mexicanos en Canadá (marzo 2004), el investigador advertía que, como ocurrió en el primer Programa Bracero con Estados Unidos, el intercambio de trabajadores con Canadá dejó en condición de “semiesclavos” a los mexicanos. Cinco años después, el investigador reitera que la situación no ha cambiado ni en el aspecto de la explotación laboral a la que son sometidos los mexicanos en aquel país ni en cuanto a los descuentos sobre su salario que no les son devueltos una vez que su contrato concluye.

Entre 1942 y 1949 casi 400 mil braceros mexicanos que trabajaron en Estados Unidos recibieron descuentos por unos 60 millones de dólares que no les fueron retribuidos (los intereses rebasarían los 1 mil millones de dólares en la actualidad). Situación semejante ocurre con los descuentos a los salarios de los mexicanos que trabajan para empresas canadienses y que nunca recuperan por la naturaleza de su trabajo temporal, explica el economista.

Preocupa a este analista que al igual que los canadienses, pagan impuestos pero que no reciben a cambio ninguna prestación, con lo que “son conculcados sus derechos”. Se trata de pagos que los patrones obligan a hacer previamente a los mexicanos por concepto de seguro médico, fondo de retiro, fondo para el desempleo, además de que en todas sus compras pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) difícilmente ven los beneficios de los impuestos. En la actualidad, la situación permanece “y es aún más grave”, pues nadie informa qué pasa con esos recursos, o por presiones de los patrones o el temor de no ser aceptados en el próximo programa no acuden a los servicios de salud cuando enferman, se accidentan o intoxican por el uso excesivo de fumigantes para no contrariar al patrón, explica a Fortuna.

Así, los impuestos que pagaron por concepto de servicios de salud prácticamente nunca utilizan, como definitivamente nunca les será retribuido el fondo de retiro que se les descuenta de su salario y “ni el gobierno canadiense ni el mexicano proporcionan información para que los trabajadores lo cobren”, señala Pickard. También, los mexicanos tienen derecho a que el IVA (o VAT canadiense) les sea devuelto, pero su demanda para que les sea devuelto no tiene respuesta, pues denuncian que los servicios consulares “protegen a los patrones mexicanos”, como denunció un migrante entrevistado por el analista de CIEPAC: “Si quieres hablar con ellos por teléfono, dicen: no tengo tiempo de verte, pórtate bien; cuando vienen del consulado y nos preguntan cómo están y decimos bien, es porque sabemos que se ponen del lado del patrón; y cuando les explicas la situación real, ellos dicen: es mejor aguantarse”.

Stan Roper, del Sindicato Internacional de Trabajadores Unidos de Alimentos y Comercios (UFCW, por sus siglas en inglés), dice que los mexicanos que trabajan en Canadá están desprotegidos: “Cuando tienen quejas sobre la vivienda, condiciones de trabajo o un patrón abusivo sólo tienen dos opciones: ir con el patrón que ocasiona el problema y, la otra, acudir al consulado mexicano. Lo que hemos encontrado es que el consulado está para proteger el contrato con el granjero; si hay un problema, por lo general estarán en el siguiente avión de regreso. Esta cita, que aparece en la investigación de Pickard, fue tomada del video El contrato, dirigido por Min Sook Lee, patrocinado por el Consejo Nacional de Cine de Canadá. Tras su estreno en aquel país, en octubre de 2003, los granjeros que aparecen en la cinta amenazaron con demandar por difamación. Hasta que se resuelva el litigio no puede distribuirse en Canadá.

También la UFCW documentó el despido de Roger Goethyn, un contratista experto en aplicación de sustancias tóxicas que rehusó rociar el pesticida Thiodan –que puede causar convulsiones– en un invernadero en Chatham, Ontario, mientras había personas laborando. Los propietarios del invernadero Platinum Produce lo despidieron en el acto a pesar de que las leyes de Ontario protegen a quienes se rehúsen realizar labores que pondrían en peligro su vida y salud, así como la de otros; sin embargo, no se aplican a trabajadores agrícolas, por lo que Goethyn pudo ser “legalmente” despedido.

La condición de semiesclavitud de los trabajadores mexicanos en Canadá les ha sido conferida por varios investigadores, toda vez que, ya contratados por una granja o empresa, se les impide por ley buscar otras opciones en el mercado laboral o, de lo contrario, deberán regresar a su lugar de origen. Como el patrón decide a quién contratará de nuevo para el siguiente ciclo agrícola, los trabajadores deciden no arriesgarse y no denuncian ninguna alteración a su contrato de trabajo original, con lo que se inhibe de ejercer sus derechos, refiere Pickard. Explica que el vocablo semiesclavos es su traducción del término unfree (no libre) que emplea Tanya Basok, académica de la Universidad de Windsor, Canadá, en su investigación Tortillas y tomates: cosechadores transmigrantes mexicanos en Canadá.

Los efectos nocivos para los jornaleros mexicanos del Programa Temporal, signado entre Canadá y México, llevó a los trabajadores de Saint Thomas de Joliette, Québec, a solicitar en septiembre de 2003, ante la embajada mexicana en Ottawa, su participación en la reunión anual entre ambos gobiernos para la evaluación del Programa, aunque el entonces cónsul general mexicano Manuel Cosío respondió que no era posible acceder a su solicitud, “debido al carácter administrativo de la reunión”, cita Miguel Pickard.

Desde 1994, cuando entró en vigor el TLCAN, la organización Canadian Auto Workers (CAW, por sus siglas en inglés), fue la primera en rechazar el TLCAN entre Canadá, México y Estados Unidos, ante lo que denomina la “enorme oposición popular” a ese pacto comercial. Sus miembros son estudiantes, ambientalistas y activistas en materia de justicia y combaten lo que llaman “el asalto a la democracia representada por la actual ronda de acuerdos comerciales” que no siempre son justos.

En septiembre de 2007, el dirigente de CAW, Laurell Ritchie, se reunió con trabajadores temporales extranjeros (principalmente cosechadores de jitomate y pepino) para conversar sobre su situación de vida y laboral en aquel país. Observó que cada vez es más amplio el rango de actividades que realizan, y a pesar de que contribuyen al cuidado de la salud (con su trabajo como enfermeros y asistentes médicos), no siempre son beneficiarios de ese servicio.

De acuerdo con María Teresa Rodríguez Haces, doctora especializada en América del Norte del Instituto de Investigaciones Económicas, las quejas de los trabajadores agrícolas comienzan con la vivienda que les asigna su empleador: “El hacinamiento es real. A los patrones no les parece importante pensar en el tipo de alojamiento, pues para ellos sólo son trabajadores de actividades duras y no ven la necesidad de alojarlos en casas o alguna vivienda estable”, y si alguna condición del pacto laboral no se cumpliera y recurrieran al auxilio del cónsul mexicano en alguna provincia canadiense, éste, alegando falta de presupuesto para supervisar la situación, optará por subirlos al avión y regresarlos a México, agrega la especialista.

Por su parte, María Cristina Rosas, internacionalista y experta en conflictos, observa que las quejas por maltrato son reales; los consulados “no se dan abasto para dar cobertura apropiada a todos los incidentes que se reportan”, además de que en el fondo de este caso hay un problema político, pues el gobierno mexicano “necesita de este programa de trabajo temporal para sus ciudadanos”.

A ese señalamiento se suma Hernández Haddad. Puntualiza que “el sistema consular mexicano es una zona de desastre”: tiene buenos elementos, pero los recursos humanos, los recursos administrativos y materiales escasean porque la Secretaría de Relaciones Exteriores privilegia el gasto suntuario (en recepciones, cócteles); está alejada de la realidad de la vida consular, deja sin apoyo a los trabajadores mexicanos que están en el extranjero.

¿Gobierno enganchador?

Jornaleros, carniceros, enfermeras, albañiles, plomeros, pintores de brocha gorda, cocineros, choferes y miembros de otros oficios viajan a Canadá para trabajar por temporadas consecutivas de seis meses, ocho meses y hasta dos años. Los trabajadores mexicanos ingresan al Programa Agrícola Temporal (PAT) luego de cubrir los requisitos que establece la parte contratante (en ocasiones son trámites que les lleva hasta cuatro meses cumplir) y que coordina la Secretaría del Trabajo federal con las 32 entidades; por ejemplo, la del Estado de México, a cargo de Ignacio Rubí, y que sólo en enero de 2007 envió a 76 de 200 carniceros al socio comercial canadiense, así como 150 enfermeras, en lo que se pretende que beneficie al menos a 2 mil mexiquenses de distintos oficios.

Todos ellos son recibidos en granjas, viveros, hoteles, rastros, empacadoras y empresas de la construcción de las provincias de Columbia Británica, Ontario, Alberta y Québec, reclutados con un contrato que les garantiza, como en el caso de los carniceros mexiquenses, un salario de 14.25 dólares canadienses la hora en jornadas de ocho horas. También, las empresas cubren el costo del transporte aéreo desde México hasta Canadá y su retorno al país de origen, como ocurre con la firma Cargill en la provincia de Alberta.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de Fortuna al gobierno mexiquense, la directora de comunicación social de la Secretaría del Trabajo de esa entidad, Verónica Gaytán Vargas, indicó que durante la administración del gobernador Enrique Peña Nieto, este programa “ha colocado en Canadá a 2 mil 959 trabajadores que desempeñan diferentes actividades en el campo: siembra, cosecha y recolección de hortalizas, frutos, flores, tabaco, ginseng, arándano y moras, entre otras”. Las provincias a las que se envían trabajadores del Estado de México son: Columbia Británica, Alberta, Ontario, Québec y Saskatchewan.

En relación con la solicitud de información de si existe algún registro por inconformidad o queja de incumplimiento de contrato por parte de los empleadores canadienses que formuló este medio, la respuesta del gobierno de Peña Nieto, que se recibió vía correo electrónico en agosto de ese 2009, fue: “En este Servicio Nacional de Empleo no se cuenta con ningún registro sobre este tema”.

Otro estado exportador de trabajadores temporales mexicanos es Durango, aunque organismos locales admiten que no han obtenido los resultados ofrecidos en el PAT, como ocurrió con los jornaleros en mayo de 2004. Entonces, Mario Silva Franco, coordinador estatal del Movimiento Pro Exbraseros, señaló que desde octubre del año anterior sus compañeros iniciaron los trámites para ingresar al trabajo en aquel país y, posteriormente, no fueron requeridos por las autoridades estatales. Los compañeros de Silva, casi 100 campesinos, la mayor parte de ellos hijos de exbraseros que carecen de empleo, tomaron las oficinas del Servicio Estatal de Empleo (SEE) para exigir que se abrieran los padrones del trabajo temporal en Canadá, argumentando que las autoridades locales decidieron enviar a quienes apenas regresaron en marzo de ese año. Afirmaron que en Durango “se da preferencia a los recomendados”, por lo que no fueron contratados; “sólo mandan priistas” a Canadá, aseguraban entonces los trabajadores agrícolas.

Guanajuato es otro estado exportador de trabajadores hacia Canadá. En marzo de 2008, el exbrasero Benito Mora y titular de Desarrollo Económico de Jerécuaro comentaba que el gobierno de la provincia de Alberta manifestó su interés para que las autoridades mexicanas atendieran el problema de las agencias reclutadoras que defraudan a los migrantes mexicanos que aspiran a irse a aquel país como trabajadores bajo contrato.

La doctora Rodríguez Haces comenta que es de llamar la atención que los empleadores canadienses hagan énfasis en su solicitud de personal extranjero, en este caso, de mexicanos que tengan muy baja escolaridad y mínima destreza, con lo que se busca a personas “que aguanten el trabajo de la cosecha”, es decir, que permanezcan inclinadaos sobre la tierra todo el día. Acota que no todos los empleadores someten a sus trabajadores a condiciones extenuantes, algunos les proporcionan bicicletas para que realicen sus compras en el pueblo más cercano, pues la naturaleza del trabajo agrícola implica que éste se realice en zonas muy aisladas de otras poblaciones.

A modo de conclusión, la especialista subraya que el mayor problema radica en que el trabajador en territorio canadiense no tiene ningún tipo de rendición de cuentas, pues el gobierno mexicano “en sus múltiples instancias poco hace”.

—¿Hablamos de los cónsules?

—Exactamente, en gran medida porque ellos dicen que no es trabajo de los mexicanos defenderlos de alguna infracción de los empleadores, sino de las autoridades canadienses, y se enfrascan en una discusión de gastos que incluye erogaciones y salarios para entrevistar a la gente en las granjas. Es ahí donde uno pregunta cómo es posible que los cónsules no manden gente para que vigilen lo que pasa; es más fácil que los trabajadores que han tenido el valor de quejarse ante el consulado sean regresados a México. Es una situación de gran indefensión. Si tanto insisten las autoridades en que es un trabajo exitoso, debería haber más rendición de cuentas.

Convenio obsoleto

El desplazamiento continuo de connacionales hacia Canadá es parte de un convenio bilateral diseñado en 1973, centrado en el trabajo agrícola y que con el paso del tiempo se amplió de facto hacia otros sectores ante el creciente flujo de trabajadores temporales. Originalmente se concibió para dar trabajo a personas del Caribe (Jamaica y Haití por ser anglo o francoparlantes) y al que paulatinamente se sumaron los mexicanos, primero fueron 100, luego 150, hasta sumar miles, y prácticamente colman la cuota de trabajadores temporales extranjeros que contrata nuestro socio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En su origen, el convenio estableció que las actividades en las que trabajarían los mexicanos serían de índole agrícola, pero paulatinamente cubren nuevos sectores: el sector turístico –donde cada vez es más frecuente que los mexicanos atiendan desde la cocina, las habitaciones, el restaurante, bares y la administración– hasta el sector extractivo en materia petrolera, en la provincia de Alberta.

Para María Teresa Gutiérrez Haces, la cuestión cultural, en la que el idioma es fundamental, enmarca las relaciones que se establecen entre el empleador y el empleado, pues éstas siempre son verbales. Al principio del programa de trabajo temporal, los trabajadores procedían de las excolonias británicas y su cultura era afín a la canadiense; sin embargo, hay un choque cultural con el mexicano, pues éste no se deshace de su cultura, sino que trata de implantarla en el sitio que lo acoge y durante el tiempo en que permanece.

En conclusión, esta investigadora y la internacionalista María Cristina Rosas consideran importante replantear los términos de la relación bilateral México-Canadá y coinciden en que actualmente falta voluntad política para actualizar en todos sus aspectos el Acuerdo binacional de trabajadores agrícolas temporales hacia otros sectores y en la ampliación de los derechos de los mexicanos. (NE)

Mexicanos expresan su situación

El 14 de septiembre de 2003, al conmemorarse el 193 aniversario de la Independencia de México en Saint-Thomas de Joliette, Québec, trabajadores agrícolas mexicanos dirigieron un manifiesto al entonces primer ministro canadiense –quien finalizaba su gestión– en estos términos:

“Muy honorable señor Jean Chrètien, primer ministro de Canadá, entendemos que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Extranjeros debe garantizar la plantación, cuidado y cosecha de los productos agrícolas de Canadá, Estados Unidos y México. Asimismo, que el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte se preocupa por proteger especialmente a los trabajadores migratorios. Sin embargo, a pesar de que aportamos nuestra fuerza de trabajo para el logro de esos objetivos, en Canadá no se respetan las garantías del contrato de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos.

“Describimos de esas deficiencias:

1. A nuestro arribo no se nos proporcionó trabajo inmediato y tampoco salario.

2. El empleador no cumplió el régimen de trabajo mínimo de 40 horas por semana y en otros casos nos envió “prestados” a otras granjas adonde realizamos labores ajenas a lo acordado en el contrato.

3. No se nos pagó la diferencia salarial por el trabajo que realizamos que fue diferente a las actividades para las que fuimos contratados.

4. No se respetaron las normas de seguridad y salud en el trabajo. No tuvimos ropa ni equipo adecuados y cuando trabajamos se esparcen plaguicidas, lo que daña nuestra salud.

5. Aunque pagamos una póliza de seguro no se nos proporcionó ni servicio médico inmediato ni licencia médica, ni hubo indemnización por accidente o enfermedad, a pesar de que el empleador debe pagar los 10 primeros días.

6. No se nos informó de nuestra ubicación geográfica, sobre normas de trabajo ni deducciones a nuestro salario.

7. El empleador retuvo toda nuestra documentación migratoria, contrato y boleto de avión.

8. El empleador no nos proporcionó tarjeta de seguro social (NAS); ni tarjeta del ministerio de salud (carte soleil); ni el certificado de aceptación de Québec; ni la póliza del seguro de vida; ni formularios para el reembolso de gastos médicos.

9. No se nos proporcionó transporte para comprar alimentos y el empleador los deduce de nuestro salario.

10. No se nos proporcionó vivienda digna.

11. No contamos con agua potable o agua caliente para nuestra higiene.

12. Sufrimos prácticas injustas como: intimidación, coerción, hostigamiento o interferencia, pues el empleador y el capataz nos prohíben hablar en horas de trabajo, comunicarnos con el consulado mexicano en caso de duda o queja. También recibir visitas o hablar con personas del lugar. Sólo disponemos de dos horas para comprar alimentos en la ciudad más próxima, a pesar de ser nuestro tiempo libre.

“Por lo anterior y conscientes que el aislamiento nos coloca en un alto riesgo de vulnerabilidad en cuanto a derechos humanos y derechos labores se refiere, demandamos la intervención urgente de los gobiernos de Canadá y México para que se nos proporcione la misma protección legal que a sus nacionales, en territorio de cualquiera de los países conforme a las leyes y estatutos sobre higiene y seguridad en el trabajo.”

Además, los migrantes mexicanos demandaron:

Que el gobierno de Canadá instruya a los empleadores para que respeten nuestros derechos humanos como lo mandan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, la Carta Quebequense de los Derechos y Libertades de la Persona.

Que el gobierno de Canadá nos conceda el derecho y acceso pleno al seguro del Empleo y régimen de Jubilación y se eliminen (cancelen) las deducciones sobre nuestro salario por cotización al seguro del empleo y régimen de jubilación.

Que el gobierno de Canadá y el de Québec exenten a los trabajadores migratorios del Pago del Permiso de Trabajo (visa federal) y del pago del Certificado de Aceptación de Québec o expida y cobre un permiso de trabajador y certificado de aceptación de Québec, una primera y única vez, válidos para los años subsecuentes.

Que los gobiernos de Canadá y México informen, supervisen y cumplan las leyes sobre derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores agrícolas temporales. (NE)

Fotos: Rubén Darío Betancourt

El conflicto político entre el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y el gobierno federal descubre las condiciones de inseguridad en las que laboran los mineros de Cananea; éstos se mantienen en huelga, a pesar de que el 11 de enero pasado al menos 800 policías federales, estatales y militares los desalojaron de la propiedad de Grupo México. A fines de 2007, cuando los trabajadores aún custodiaban la mina, Fortuna entró a las instalaciones

Cananea, Sonora. Venas serpenteadas y maltrechas conducen al corazón de Cananea: la mina de cobre, el cerro anaranjado y abierto que se alza en el horizonte y refleja como un rubor la luz solar. Al interior, los bodegones resguardan grandes trituradoras de piedra, ahora silenciosas y casi enterradas por ese fino polvo que traga las piernas y al que los mineros llaman carga.
Entre montañas de desecho laboran desde hace años, explican los hombres afiliados a la sección 65 del sindicato minero, que desde el 30 de julio de 2007 se mantienen en huelga para solucionar los “graves problemas de inseguridad” que ponen en riesgo su vida, y que el 11 de enero pasado fueron desalojados por la fuerza. Niegan que se trate de una presión política para cancelar las órdenes de aprehensión contra su líder prófugo desde mayo de 2006, Napoleón Gómez Urrutia, por supuesta malversación de recursos.
Es el área 24 en donde, al mínimo paso por sus estrechos pasillos, el material pulverizado se levanta en nubes, cubre los cuerpos, estropea la visión. También, aunque se use la mascarilla, penetra la nariz. El destino fatal, la silicosis, que ellos describen como el “pulmón endurecido”, se debe a la inhalación constante del residuo.
Rodeadas por barras de desgaste y poleas en desuso, las maquinarias, por las que pasan 80 mil toneladas métricas de mineral de cobre al día, carecen de guardas de protección. Tampoco sirven las bandas encargadas de expulsar ese fino polvo al ambiente.
Luego viene el pantano. El área 30 de molinos, donde la carga se mezcla con el agua, usada para dar vida a esas grandes bocas abiertas que arrojan cobre. De acuerdo con las normas de seguridad, el líquido debe ser recuperado; no obstante, permanece enfangado en la mina. En esta zona se trabaja con una grúa viajera, cuyos frenos no sirven.
El área de flotación tampoco escapa a las inundaciones. Más aún, los charcos se extienden hasta las zonas de radiación y de transformadores, cada uno de 4 mil voltios, en las que aumenta el peligro. “El exceso de confianza provoca accidentes, ¡cuidado!”, se lee en varias advertencias colocadas por la compañía.
En el gran galerón, las parrillas que constituyen seis pisos hacia lo alto se encuentran rotas o mal ensambladas, al igual que los endebles barandales que rodean las escaleras. Los registros de cables de alta tensión están al descubierto, y algunos pasillos y escalinatas, atascados por la basura. Fuera de éste, los colectores de carga que trepan las paredes, quebrados, inservibles.
En el exterior, donde se ubican un par de molinos al aire libre que en 20 años no han funcionado, se almacena basura de toda clase. Ahí mismo, la carga solidificada sepulta al menos tres tomas de hidratantes. En la misma situación se encuentran las mangueras que deben extinguir cualquier conato de incendio.
En esta mina, la productividad se garantiza con mascarillas, guantes, lentes, casco y protectores de oídos, porque las máquinas producen ruidos insoportables. Privados de dos sentidos –el oído y la visión–, más de mil mineros trabajan en estos angostos pasadizos, entre las grandes trituradoras de piedra.
En manos de Grupo México, a sus 267 años de operación, Cananea es uno de los depósitos de mineral de cobre más grandes en el mundo y representa, para la empresa de Germán Larrea, la mina de cobre de tajo abierto más importante en el país.

Objeto de la huelga

Sergio Tolano, dirigente de la sección 65 del Sindicato Minero, asegura que la contaminación y los riesgos dentro de estas instalaciones se deben a que la empresa privilegia la producción y se olvida de la seguridad.
Grupo México es “la primera compañía mundial en estar listada públicamente en los mercados de valores en términos de reservas de mineral de cobre”, indica su información oficial. Agrega que, “a través de Americas Mining Corporation (subsidiaria que agrupa las operaciones mineras en México, Estados Unidos y Perú), se posiciona como el tercer productor de cobre más grande del mundo; segundo, de molibdeno; cuarto, de plata, y octavo, de zinc”.
Por cada día de paro laboral en sus minas de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y San Martín, Zacatecas, la empresa calcula pérdidas por 5 millones de dólares, que de agosto a la fecha suman más de 550 millones.
“La empresa no está perdiendo: ahí está el material. A lo mejor hasta ella misma está provocando estos paros para darle un mayor valor al cobre. Si sube el cobre la empresa ahí lo tiene como reserva”, critica Tolano.
El líder local explica que, aunque el salario no sea el mismo, todos los trabajadores asumen los riesgos. Detalla que el ayudante general gana 130 pesos al día; el electromecánico soldador especial, 165, y el electromecánico soldador de primera, 184 pesos diarios.
Además de mejorar las medidas de seguridad y los sueldos, los mineros de Cananea exigen: pago de la compensación por introducción de nuevas maquinarias; respeto a las ocho horas laborales; reapertura de la clínica obrera para la atención médica de ellos y de sus familiares, cerrada desde 1999; respeto irrestricto a los días de descanso y vacaciones, así como a las becas, pensiones por retiro, casas habitaciones, seguro de vida.
Sergio Tolano destaca el capítulo de la compensación, pues dice que el contrato colectivo estipula que, al momento de adquirir un equipo nuevo, la compañía debe cubrir una bonificación de producción. “Y tiene más de un año que compró equipo y esas ganancias se le vienen descontando al trabajador”.
Otro problema que enfrentan los empleados de Grupo México es el de las subcontrataciones. “El artículo 353 de nuestro contrato laboral dice que al momento que la empresa requiera una compañía tercera tiene que hacer un convenio con el sindicato, para acordar el tiempo y el número de trabajadores. Eso tampoco se ha respetado, la empresa ha metido trabajadores de más y eso ha venido ocasionando un desplazamientos de los sindicalizados”.
El líder local explica que Grupo México les reporta alrededor de 800 trabajadores; no obstante, indica que “dentro de las instalaciones nosotros vemos muchos más, casi una cantidad similar a nosotros, que somos mil 320. Hace falta personal y se suple con empresas terceras”.
Sobre las condiciones de los hombres subcontratados, dice que “la verdad no sabemos qué derechos laborales se les cubre. Pero para nosotros es preferible que todos los trabajadores tengan garantías y derechos”.
“Autoridades parciales”
Sergio Tolano se queja de la actuación del gobierno federal, pues “ha tratado de desvirtuar el movimiento, de dividir a los funcionarios del sindicato”. Añade que “hemos sufrido varios embates, porque la empresa así lo ha querido. Es la empresa la que ha utilizado el asunto de Napoleón Gómez Urrutia”.
A fines del sexenio pasado, Gómez Urrutia fue investigado por la Procuraduría General de la República, que lo acusaba de realizar supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, cargo del que fue exonerado en septiembre del año pasado.
Sin embargo, continúa vigente la acusación por fraude financiero en contra del líder y otros 23 supuestos cómplices: según la PGR, con ayuda de los delegados fiduciarios de Scotiabank Inverlat, los indiciados dispusieron en forma indebida de 35 millones de dólares, de los 55 que se resguardaban en el fideicomiso privado F/9645-2, cuyos legítimos beneficiarios son los mineros y no el sindicato (Contralínea, 57).
De acuerdo con el expediente de la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/200, los recursos –que según las autoridades fueron defraudados– se transfirieron por los circuitos financieros de México –Scotiabank Inverlat, BBVA Bancomer, Banamex, Banorte e Ixe Banco– a cuentas privadas en bancos extranjeros, como el Laredo National Bank, Bank Switzerland, Banco Cafetero de Bogotá y Wells Fargo Bank, entre otras instituciones, con lo que se buscó ocultar el origen y destino.
Para Sergio Tolano estas investigaciones se derivaron de la oposición de Gómez Urrutia a la iniciativa de reforma laboral que se conoció como ley Abascal, impulsada por el exsecretario del Trabajo José María Abascal Carranza. “Nuestro dirigente se opuso. Fue de los primeros que salió en defensa de los trabajadores y a partir de entonces se desató la persecución del gobierno federal”.
Del actual gobierno, encabezado por Felipe Calderón, señala que el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, favorece a la compañía de Germán Larrea. “Él insistía que éste era un movimiento ilegal, que no teníamos fundamento para emplazar la huelga. Sus palabras nos crean la duda respecto de su imparcialidad. Nosotros vemos que está cargado hacia el empresario”.
Añade que “a nivel local la empresa ha pagado a personas para alimentar las denuncias contra Napoleón Gómez Urrutia, para tenerlo fuera del país, mientras ella (la empresa) tiene a un grupo de gente para que se hagan sindicatos blancos”.
El dirigente local reconoce que no han podido llegar siquiera a la mesa de negociación y observa que falta mucha voluntad para resolver el conflicto laboral. “En primer lugar del gobierno federal, porque maneja las instancias: la Secretaría del Trabajo está facultada para convocar a las reuniones conciliadoras. En segundo, de la empresa”.
Denuncia que “hay mucha maquinaria que ha llegado a su estado final y está ocasionando accidentes, contaminación; pérdidas para ellos y para nosotros un desgaste. Lo más grave es que en cualquier descuido se puede perder la vida: las maquinarias viejas pueden soltar alguna pieza y ésta puede caerle en la cabeza a alguien de una altura de 50 o 60 metros”.
Sergio Tolano asegura que “en este tiempo de bonanza para la empresa nosotros no podemos permitir que deje el renglón de seguridad desprotegido. No somos agachados ni nos van a lavar el cerebro. Sentimos el peso histórico que tenemos como sección 65, aquí se han dado conquistas para toda la nación: de aquí salió la jornada de ocho horas. No vamos a permitir que de un día para otro la empresa nos quiera poner jornadas de 12 horas”.
La huelga ocurrida el 1 de junio de 1906 contra Cananea Consolidated Copper Company –propiedad del estadunidense William C. Greene–, es considerada como el preludio de la revolución mexicana. En ese entonces, 2 mil trabajadores mexicanos demandaban jornadas más justas y un salario equitativo al de los mineros de Estados Unidos que laboraban en la misma empresa.
Fortuna solicitó entrevista con el empresario Germán Larrea y con el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. En ambos casos, las “agendas saturadas” impidieron conocer las versiones respecto al conflicto laboral y las condiciones de trabajo de los mineros de Cananea.

Pasta de Conchos

El 19 de febrero de 2006, la mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en Nueva Rosita, Coahuila, explotó. En su interior laboraban 65 hombres. Ninguno sobrevivió. El accidente fue provocado por la alta concentración de gas, según las versiones de los deudos.
A la fecha, Industrial Minera México mantiene vigente su concesión. Los funcionarios de esta empresa, propiedad de Grupo México, no fueron sancionados económica ni penalmente.
De acuerdo con la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, la cancelación de las concesiones es legalmente improcedente, pues entre las ocho causales para retirar el permiso, previstas en el artículo 55 de la Ley Minera, no está el siniestro. (NF)

Mineras de Grupo México

Mexicana de Cobre, constituida en 1968 al amparo de la concesión otorgada por el gobierno federal mexicano para explorar la mina de La Caridad. La explotación de la ésta comenzó en 1979, cuando Mexcobre estaba bajo el control conjunto de Nacional Financiera, la Comisión de Fomento Minero y de Fidenome, sociedad de un grupo de inversionistas mexicanos entre los que destaca la familia Larrea. En noviembre de 1988, Minera México adquirió 91 por ciento de las acciones de Mexcobre, por 680 millones de dólares. El resto, 9 por ciento, quedó en manos de accionistas minoritarios de Fidenome y de Mexcobre.
Mexicana de Cananea es propietaria de la mina de cobre de Cananea, Sonora, en operación desde 1899. Dicha mina fue adquirida en 1917 por Anaconda Company y explotada únicamente en forma subterránea hasta principios de 1940, cuando se desarrolló el primer tajo abierto. En 1982, Anaconda vendió la Compañía Minera de Cananea a Nafin. Siete años después una huelga precipitó la quiebra y para 1990, mediante un procedimiento de subasta pública, Grupo México adquirió el ciento por ciento de los activos, por 475 millones de dólares.
Industrial Minera México y Minerales Metálicos del Norte son las empresas operadoras mineras de mayor antigüedad del Grupo. Sus operaciones se ubican en cinco minas de zinc, cobre, plomo, plata y oro, entre las que destacan la de San Martín y Charcas, Zacatecas; así como Pasta de Conchos, Coahuila.
SCC es una empresa americana que opera las minas de Toquepala y Cuajone en Perú. Las acciones de SCC se encuentran listadas en el New York Stock Exchange y en la Bolsa de Valores de Lima, bajo el símbolo PCU en ambas bolsas. (NF)

Publicado: Enero de 2008, año V, No. 60