Durante varias décadas, la Secretaría de Economía tuvo, de forma exclusiva, la responsabilidad de organizar los apoyos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) del país. El Fondo PYME, donde se concentran los recursos del gobierno federal para apoyar a este sector, recibió severas críticas por algunas fallas en su operación. El fondo perdido y los apoyos a través de multinacionales fueron dos frentes de críticas para este instrumento. ¿En qué medida se apoyó el espíritu emprendedor a través del Fondo PYME? Las mediciones no son exactas.

Ese es el gran reto del nuevo Instituto Nacional del Emprendedor que preside Enrique Jacob Rocha, quien en una entrevista con la revista Fortuna, Negocios y Finanzas confirmó que las nuevas reglas de operación de este organismo y del Fondo PYME buscan dejar a un lado la discrecionalidad para exacerbar la rendición de cuentas.

Parece sencillo; sin embargo, la aplicación de recursos del Instituto Nacional del Emprendedor tendrá que cumplir tres objetivos: a) remontar el apoyo a sectores tradicionales como el de servicios para incrementar la innovación en segmentos de alta tecnología; b) impulsar el desarrollo regional en coordinación con gobiernos estatales y municipales para catapultar polos de desarrollo; y c) alcanzar modelos sustentables de vinculación con el sector académico.

Se tiene programado, por lo tanto, la depuración de la Red Nacional de Incubadoras e incrementar el apoyo para proyectos relacionados con alta tecnología. Modelos como el de Israel o India que, con políticas públicas, convirtieron a sectores estratégicos en punta de lanza de la economía, son referencia para las actividades del Instituto Nacional de Emprendedor. El plan estratégico del nuevo organismo busca utilizar los recursos públicos como una especie de capital semilla para que los emprendedores tengan acceso a instrumentos financieros de intermediarios como afianzadoras, arrendadoras o empresas de factoraje.

Además se busca que las compras de gobierno de paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) también impulsen a los emprendedores. La transferencia de la tecnología deberá convertirse en acciones contundentes para el crecimiento de empresas mexicanas. Son muchas las metas del Instituto y pocos los recursos, dice su presidente, Enrique Jacob Rocha. Entidades como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Nacional Financiera cuentan ya con un historial de casos de éxito que han recibido el apoyo de organismos privados como Endeavor. El reto será la transparencia para evitar que empresas sin vocación innovadora se vean beneficiadas con recursos públicos. Faltan, sin embargo, criterios realistas sobre la situación de los empresarios mexicanos que han aprendido a sobrevivir y a crecer sin capital de trabajo, apoyos fiscales o créditos para buscar procesos de innovación.

Este Instituto, que asumirá las funciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, apoyará a los emprendedores que toman riesgos y buscan que su negocio crezca mediante procesos de innovación sin importar el giro, pero que tienen la vocación de hacer las cosas distintas y obtener un mejor resultado con su producto ganando mercado.

Jacob Rocha destaca las líneas estratégicas del Instituto Nacional del Emprendedor como el impulso al emprendimiento de alto impacto, que tiene capacidad de crecer, brinda una sólida contribución a la economía y tiene un impacto social relevante, así como el apoyo para acelerar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas para hacerlas productivas y competitivas.

El reto no es sencillo y el programa es ambicioso, al pretender convertir a México en una potencia emprendedora, sin embargo no es inalcanzable si se parte de la base que los recursos lleguen a sus destinatarios, para que los innovadores logren verdaderamente insertarse en las cadenas exportadoras y sean referente en los mercados internacionales.

En México existe el potencial humano y los recursos para escalar en el emprendimiento sólo hace falta apuntalar los esfuerzos aislados e impulsar su capacidad innovadora.

Un juez mexicano determinó que la multinacional Yahoo debía pagar a dos empresas mexicanas 2,700 millones de dólares por el incumplimiento de un contrato para el licenciamiento de la marca que se utilizaría en un negocio vinculado con anuncios clasificados e Internet. La resolución que condenó al gigante del negocio del Internet fue en primera instancia y quien conoce el sistema judicial mexicano, dentro y fuera del país, sabe que las impugnaciones serán las que determinen el rumbo de la sentencia. En la segunda instancia y en el juicio de suspensión se definirá el destino de esta controversia.

Por esta razón, Yahoo Inc. alista para su subsidiara en México al mejor equipo de abogados que se dedicará a defender sus intereses en este juicio que no sólo ha tenido un impacto en tribunales sino en el plano mediático y bursátil.

Las empresas mexicanas World Directories e Ideas Interactivas firmaron hace más de una década un contrato con Yahoo México para el licenciamiento de su marca en un negocio de directorios telefónicos en donde el único competidor era la Sección Amarilla, del Grupo Carso, de Carlos Slim.

Impresores y expertos en el mercado de Internet, los accionistas de Ideas Interactivas propusieron a la multinacional estadunidense el pago de los derechos por el uso de su licencia para desarrollar el primer directorio que competiría con Carlos Slim en el mercado de páginas amarillas, no sólo en el mercado impreso sino también en el digital.

La apuesta empresarial de las compañías mexicanas se presentó, además, en un momento clave para la transición del negocio de las páginas interactivas. En Europa y Estados Unidos, las famosas Yellow Pages se transformaban en compañías de servicios de Internet que reducían la importancia de sus ediciones impresas para dar mayor peso al desarrollo de sistemas en Internet para la búsqueda de anuncios.

La Sección Amarilla, mientras tanto, negociaba una tímida alianza con Google frente a la transformación del negocio. Aquella iniciativa no logró consolidarse porque, en aquel momento, la Sección Amarilla acababa de firmar la alianza con Microsoft y su portal MSN que a través de su buscador Bing comenzaban a explorar las posibilidades de aprovechar los recursos de la red para mejorar los puntos de acceso a la información de la Sección Amarilla.

Así, mientras en México la Sección Amarilla perdía tiempo definiendo cómo ingresaría a Internet, el negocio de las páginas amarillas llegaba al mercado de valores y empresas europeas y estadunidense obtenían recursos de los inversionistas del mercado de valores. Era el momento de cambiar.

La pérdida de mercado de la Sección Amarilla comenzó con Yahoo Directorios (la iniciativa de World Directories e Ideas Interactivas), pero también con la irrupción del Internet como un peligroso competidor en el segmento de anuncios clasificados. Las ventas de la Sección Amarilla van a la baja desde entonces.

Yahoo, aseguran los empresarios que demandan el cumplimiento del contrato, incumplió el acuerdo para mantener la licencia que avalaba el negocio de los directorios y con ello se interrumpieron los planes e inversiones de dos compañías que observaron las condiciones y oportunidades del mercado preparándose para llegar al mercado de valores.  La historia de portada de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas (Número 117) narra esta controversia porque más allá de los intereses económicos de los empresarios mexicanos ilustra el poder de una compañía como Yahoo que desconoció un acuerdo.  Los tribunales mexicanos, como sucedió en el caso de Vitro, estarán bajo la lupa y el escrutinio de actores extranjeros que esgrimirán desde corrupción hasta falta de competencia por parte de los jueces y magistrados mexicanos.

En medio de los cambios tecnológicos que experimentó la televisión, de la privatización del paquete de medios del gobierno y de la transición de empresas de cable a compañías de telecomunicaciones, la empresa COMTELSAT se insertó en un mercado poco atendido y con gran potencial de crecimiento.

Fundada por Manuel Arroyo hace dos décadas, esta empresa mexicana hoy emplea a más de 2,700 personas y factura al menos 450 millones de dólares. Si bien inició con la proveeduría de componentes para la instalación de antenas parabólicas, COMTELSAT evolucionó de forma acelerada hasta convertirse en un sofisticado proveedor de soluciones integrales para nuevas compañías con participación en el mercado de la televisión, reservado a unos cuantos jugadores hasta hace unos años.

La historia de COMTELSAT, relatada puntualmente por su fundador y que se presenta en la edición número 116 de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas,  demuestra que la economía mexicana ofrece grandes oportunidades a emprendedores con visión y decisión de competir.

Manuel Arroyo, de sólo 37 años, logró un acierto empresarial al estilo de aquellos conseguidos por empresarios regiomontanos en el siglo pasado con industrias como la del vidrio, el acero o los alimentos.

Hoy, COMTELSAT es la única empresa en México que ofrece soluciones integrales y desarrollo de proyectos “Llave en Mano”. Así, el empresario de sectores como el de las telecomunicaciones que desea entrar al negocio de la televisión tiene en COMTELSAT un proveedor de soluciones integrales cuyos servicios reducen sustancialmente las inversiones durante la curva de arranque de un nuevo negocio.

En Brasil, Argentina, Nicaragua, El Salvador y en media docena de países, la empresa fundada por un inquieto joven mexicano se ha convertido en referencia en el mercado.

En México, los estudios de televisión y la transmisión de señales de propuestas televisivas como Milenio Diario, ESPN y algunas del Canal Once cuentan con el sello de COMTELSAT. La propia expansión de Telmex, a través de Claro TV,  recibieron la asesoría de los expertos de la firma mexicana que ya ha recibido ofertas de adquisición.

Sin embargo y, paradójicamente, no han sido estos logros los que colocan a Manuel Arroyo en los reflectores sino su decisión de rescatar al periódico El Financiero, una empresa periodística que entre 1990 y 2002 escribió una historia de éxitos periodísticos conviertiéndose en la referencia obligada de empresarios nacionales y extranjeros, pero también de funcionarios del gobierno federal y estatales.

El Financiero, una marca con un alto valor en el mercado de la prensa mexicana, enfrentaba una difícil situación que lo llevó a asumir grandes deudas con el gobierno federal, con sus trabajadores y proveedores. Aunque los términos de la transacción no fueron revelados oficialmente por la COMTELSAT, se sabe que la operación habría contemplado al menos 300 millones de pesos en deudas, pasivos laborales contingentes y el pago en efectivo de al menos 5 millones de dólares a los accionistas.

Arroyo dice durante la entrevista que será en un par de años cuando el periódico El Financiero, bajo su administración alcance el punto de equilibrio.

Manuel Arroyo, El Financiero y COMTELSAT se colocan bajo el escrutinio de la opinión pública en un momento en el que la prensa mexicana enfrenta un momento decisivo. Con COMTELSAT, sin embargo, está garantizada su transición tecnológica, mientras Arroyo se prepara a reclutar a los mejores periodistas para reposicionar a El Financiero. Sus retos, reconoce, son en materia comercial para recuperar a los clientes de la firma.

Hace 20 meses, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) era ejemplo de la inoperancia en el sector público. Miles de trámites se acumulaban en sus archivos mientras el mercado farmacéutico padecía de desabasto de materias primas y escasa competencia. La nueva Cofepris tiene una buena historia que contar durante la gestión de Mikel Arriola, pero quedan muchos retos en el tintero.

La versión mexicana de la poderosa Agencia Federal de Alimentos y Drogas (FDA) comienza a cobrar influencia en la economía nacional. No sólo autoriza los enfoques sanitarios y los contenidos publicitarios de productos farmacéuticos; también es la responsable de los registros sanitarios que permiten a empresas mexicanas y extranjeras llevar al mercado fármacos de patente, bioequivalentes y los llamados OTC (Over The Counter) o sobre el mostrador.

Además, regula a los establecimientos sanitarios y se encarga de la estrategia de vigilancia en las aduanas que incluye el aseguramiento de tabaco, alcohol, clembuterol, productos “milagro” y medicamentos irregulares.

Entre 2011 y 2012, la Cofepris realizó decomisos históricos: 147,565,040 cigarrillos; 350,004 litros de alcohol y 299,143 unidades de productos “milagro”.

Además, la Cofepris ha llevado a cabo operativos de aseguramientos en 124 establecimientos donde se localizaron medicamentos irregulares y se han suspendido 34 rastros.  Con ello, la estrategia de vigilancia sanitaria de la Cofepris ha incrementado su eficacia en un promedio de 39,986 por ciento durante 2011 y 2012 en comparación con 2010.

La eficiencia también ha llegado a la autorización de trámites y registros sanitarios que han permitido la reducción de precios en materias primas y fármacos que son determinantes para el tratamiento de enfermedades crónicas que padece la población mexicana.

Entre marzo de 2011 y octubre de 2012, se han otorgado 60 registros de medicamentos innovadores que atienden 19 clases terapéuticas distintas que representan el 54 por ciento de las causas de muerte en la población mexicana.

El costo promedio anual de los tratamientos asociados a estos medicamentos es de 100 mil pesos mientras que el valor de mercado de los registros emitidos se estima en aproximadamente 78.4 millones de pesos.

En el marco de la Estrategia de Liberación de Genéricos para el Ahorro de las Familias Mexicanas,  la Cofepris encabeza los esfuerzos sanitarios que han liberado 25 sustancias activas que corresponden a 181 nuevos registros de medicamentos genéricos y que atienden el 71 por ciento de las causas de mortalidad en la población mexicana.

Además, al analizar las licitaciones públicas del IMSS referentes a las sustancias activas ya liberadas, se encontró que la reducción promedio en los precios de los medicamentos fue de 428 pesos, lo que significó una disminución promedio del 67.8 por ciento.

La Cofepris, explica su titular Mikel Arriola en entrevista con Fortuna, sólo ordenó sus procesos y analizó –a partir de estudios vinculados con la economía de la salud– cuáles eran los medicamentos prioritarios para la población mexicana; en dónde se encontraban las áreas de oportunidad para reducir el gasto público en las licitaciones de fármacos e insumos para el sector salud.

El objetivo de Arriola al frente de la Cofepris durante los últimos 20 meses ha sido contar con un ente regulatorio que garantice la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos.

La Cofepris también se propuso alcanzar un esquema solvente de autorización de registros sanitarios, así como la eliminación de las barreras de entrada al mercado a productos que son seguros, de calidad y eficaces. Finalmente, la Cofepris logró la homologación del regulador con las mejores prácticas internacionales.

Los retos, sin embargo, son muchos y destaca la necesidad de terminar con poderes fácticos que buscan frenar la autorización de registros sanitarios que pongan en riesgo los oligopolios de fármacos que no sólo se venden con precios muy altos al consumidor final sino que también impactan en las finanzas públicas.

En su momento, las televisoras –vinculadas con los productos “milagro”– se convirtieron en detractores de la Cofepris. Aquella época parece haber pasado a la historia gracias a reglas claras. El optimismo, sin embargo, no tiene cabida en una industria tan compleja y relevante para la población mexicana. El resguardo de información en donde se concentran los derechos y la propiedad intelectual es otro de los grandes desafíos de la Cofepris.

Ante las críticas que generó el acuerdo entre PMI y el gobierno de Galicia pa ra impulsar el sector español de los astilleros, la Secretaría de Marina dio a conocer que firmó con Pemex un convenio general de colaboración recíproca entre con la finalidad de establecer las bases de cooperación pa ra la prestación bilateral de servicios relacionados con la construcción de la flota menor de la pa raestatal

El convenio tiene como objetivo establecer las bases de cooperación para el desarrollo de una alianza estratégica entre ambas instituciones para prestación mutua de servicios relacionados con la contratación, diseño, construcción, supervisión, seguimiento, reparación y mantenimiento de embarcaciones, con la finalidad de contribuir de ese modo a la consolidación y expansión del sector marítimo. Un análisis de la Secretaría de Marina revela que el país sufre de una gran dependencia de buques construidos en astilleros extranjeros. Con más de 11,000 kilómetros de litorales, la situación es preocupante porque Pemex sigue arrendando buques a armadores extranjeros. Hace dos años, una iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados impulsó una reforma para “rescatar” a la marina mercante mexicana que, de acuerdo con los legisladores de ese partido, ha sido desmantelada en las últimas dos décadas y sustituida por barcos extranjeros que movilizan petróleo y mercancías nacionales. En ese momento, se planteaba establecer desde la ley la obligatoriedad de que en materia de arrendamientos de buques el gobierno federal privilegie aquellos que hayan sido construidos en México, con el objetivo de detonar el desarrollo de esta área productiva del país. Fue entonces cuando se presentaron las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El objetivo era aprovechar la capacidad instalada de al menos 64 astilleros que operan en puertos mexicanos y que tienen personal y tecnología para la construcción de buques tanques, graneleros y contenedores.

Sin embargo, muchos de ellos decidieron cambiar su vocación de constructores de embarcaciones por la reparación de yates. La reposición de la flota mayor de PEMEX involucra, por lo tanto, grandes retos para el gobierno federal y para los astilleros mexicanos. En el mediano plazo, PEMEX requerirá de al menos cinco buques tanque, remolcadores y lanchas de pasajeros. Además, la industria pesquera nacional tendrá la necesidad de reponer atuneros, tiburoneros, sardineros y camaroneros, de hecho, la Comisión Nacional de Pesca ha manifestado su intención de reponer las flotas camaroneras y sardineras que presentan una gran obsolescencia técnica. Los grandes clientes, sin embargo, siguen estando en el gobierno federal y en concreto en Pemex. Emprender la construcción naval de astilleros nacionales lograría la resucitación de la marina mercante, y esto se logrará en la medida en que, en principio, el gobierno adquiera lo que genere esta rama y no opte por empresas extranjeras.

Las condiciones actuales de la construcción naval a nivel mundial se apega a tiempos muy largos de respuesta, incluso la entrega de buques de cualquier tipo y tamaño se mide en años; así de revivir a esta industria en México, se estaría abriendo una ventana de oportunidad no sólo a nivel nacional sino internacional. Sobre todo si se considera que se pueden ofertar los productos en esta materia a países de Centro y Sudamérica que tienen operaciones petroleras, así como en aquellos con industria pesquera. En la Cámara de Diputados calcula que de no impulsarse una recuperación consistente de los astilleros mexicanos se podrían perder al menos 50,000 empleos. La tragedia sería, además, que esos puestos de trabajo se generarían en otros países. La preocupación de legisladores y empresarios está presente después de que PEMEX anunció recientemente (además de los floteles gallegos) que compraría tres buques cisterna pero a astilleros  extranjeros.

La transformación de una compañía familiar en una empresa institucional y totalmente transparente en sus prácticas de administración representa el mejor camino para generar valor en sectores con alto potencial de crecimiento

La institucionalización de procesos y reglas de administración en una empresa puede representar la diferencia entre una compañía exitosa y una destinada a desaparecer.

En México –  una economía caracterizada por la presencia de compañías familiares – la evolución hacia el gobierno corporativo con las mejores prácticas de administración es un camino necesario para incrementar el valor de estos negocios. Si bien es cierto que la visión de sus fundadores debe permanecer, también lo es que puede enriquecerse para generar nuevos escenarios de crecimiento.

Una empresa institucional debe poder trascender el horizonte de inversión y profesional de sus fundadores y administradores y ser capaz de llevar a cabo sus operaciones y decisiones “con independencia de quién esté detrás de la empresa”, dicen los fundadores del fondo Discovery Americas.

En otras palabras, una empresa institucional es la que documenta sus procesos para operar de manera eficiente y estandarizada, una empresa que analiza permanentemente su información financiera y operativa, que designa responsables de cada uno de sus procesos, así como sus mecánicas de evaluación, que somete su información operativa y financiera de manera transparente y oportuna a sus órganos de gobierno, porque, es en éstos, en donde se toman las decisiones de manera imparcial,  informada y compartida.   Finalmente, las decisiones que se toman en los diferentes órganos de gobierno son respetadas por la administración.

Sin embargo, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como otros fondos de inversión de capital privado, reconocen que las resistencias son muchas. ¿La razón? El temor infundando a perder el control de la empresa que se fundó con mucho esfuerzo. Sin embargo, de haber pensado de esa forma muchos de los grandes corporativos mexicanos que hoy desarrollan, incluso, operaciones globales no podrían contarse en el escenario corporativo mundial.

La institucionalización tiene sus ventajas: con información clara, transparente y homologada con las buenas prácticas es posible llegar al mercado de valores, obtener financiamiento del público inversionista, incluyeron a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). No se pierde, por lo tanto, el control sino que se comparte la toma de decisiones para alcanzar el mejor objetivo. Es uno de los mejores caminos para crecer.

En nuestra portada de la presente edición, usted podrá leer las claves que sigue un fondo de capital privado, Discovery Americas, que está rompiendo paradigmas en el sector corporativo mexicano. No es un camino corto, es cierto, pero la participación de profesionales de la administración y las finanzas puede representar la vía más corto para alcanzar la institucionalización que añade valor a una compañía.

En México, además, sectores con alto potencial de crecimiento como la educación, el sector salud, el de entretenimiento y el del transporte, en donde el potencial es muy grande, pero también en donde la competencia es limitada, ofrecen grandes perpectivas para compañías institucionales.

La vivienda en México puede convertirse, junto con la infraestructura de grandes obras, en el pivote del desarrollo económico. Hace falta, sin embargo, que el gobierno federal elimine regulaciones que la encarecen y que la banca comercial apueste verdaderamente por impulsar créditos para el segmento popular.

El presidente Felipe Calderón acaba de declarar que este será el año de la infraestructura. Curiosa afirmación en medio de las dudas de la iniciativa privada – expresadas directamente al Jefe del Ejecutivo – sobre el subejercicio que registra esta cartera en lo que va de su administración.  Siendo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, aseguró que el gobierno federal ejercería el presupuesto más alto en la historia dedicado a las carreteras. Fue la crisis de octubre de 2008 en México,  la estrepitosa caída de 7% en el Producto Interno Bruto (PIB) y el clima de inseguridad que se acentuó durante el último año lo que ha impedido que el gran plan de Téllez se cumpla. La construcción de vivienda, que prometía hacer frente al déficit estructural que enfrenta la economía no ha sido la excepción. En el mercado nacional se registra un excedente de inventarios derivado de la pérdida de empleos y de la decisión de banca de tomar medidas precautorias ante un incumplimiento de pagos por parte de los acreditados. Paradójicamente persiste el déficit histórico de casas-habitación colocadas y vendidas. El año pasado las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) vieron incrementar su cartera vencida hasta en un 8% mientras que la banca lo hizo en 3%, principalmente en los segmentos medio y residencial.  Mientras tanto, la vivienda popular registró a principios de este año un apoyo extraordinario por parte del gobierno federal al contratar líneas de financiamiento con la banca multilateral para otorgar garantías y créditos blandos a sectores de bajos ingresos. La banca comercial, sin embargo, permaneció inamovible en sus políticas conservadoras para no aventurarse en mayores riesgos. Paradójicamente, al mantener esta filosofía como eje rector de sus estrategias crediticias, dicen los investigadores, está dejando a un lado a un gran mercado potencial por el cual ya comienzan a apostar las propias desarrolladoras de vivienda como GEO. La banca necesita probar modelos de riesgo para un sector de acreditados, si bien con ingresos bajos, portador de una nómina y empleo relativamente seguro. Al menos una decena de  Sofomes han puesto el ejemplo y ven con especial interés el otorgamiento de financiamientos para el consumo con descuento a nómina. Se trata de recursos que mes a mes están pagando miles de trabajadores y que se dirige a compras y no a la inversión patrimonial que representa la adquisición de una vivienda. Al parecer alguien está perdiendo una oportunidad y la economía uno de sus grandes motores que, sin embargo, deberá vigilarse para evitar burbujas como la que en Estados Unidos provocó la crisis de las hipotecas subprime. Es, además, la inversión de bienes inmuebles una de las mejores apuestas para inversionistas que pueden observar a este sector como una opción para obtener rendimientos en un momento en el que los bancos centrales han decidido mantener las tasas a la baja para incentivar el consumo.

Pero en México el problema de la escasa penetración del sector de la vivienda, a pesar del déficit calculado en 9 millones de unidades,  no sólo radica en la obtención de recursos para financiar operaciones de largo plazo sino en el cúmulo de trámites y regulaciones que encarecen el costo de la vivienda. Ahora que el presidente Felipe Calderón inició una cruzada por la llamada regulación base cero, propuesta desde hace varios años por la Auditoria Superior de la Federación para eliminar áreas de opacidad del Estado mexicano, bien valdría la pena mirar hacia la vivienda en donde si bien se registran avances hace falta un esfuerzo adicional para consolidar su crecimiento.  Entre esos avances se encuentra el desarrollo de un mercado de bonos hipotecarios a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y, por supuesto, la inyección de recursos a intermediarios que se vieron afectados por la crisis de liquidez y los problemas con sus carteras vencidas como fue el caso de Metrofinanciera, sofom regiomontana. Vale la pena apostar aún más por la vivienda.

Los banqueros mexicanos, dueños o no, tienen ahora la responsabilidad de convencer a sus comités, consejos y accionistas de que México necesita recursos para crecer y evitar, como dice en esta edición el presidente de Endeavor, Fernando Fabre, que sigan perdiendo dinero por no apoyar a los emprendedores.

Cuando se busca cómo explicar las razones que impulsan y determinan las decisiones de inversionistas y multinacionales en una economía emergente con muchos altibajos como la mexicana, a los economistas les gusta repetir una y otra vez la máxima marxista: “El capital no tiene patria”. Eso podría ser relativamente cierto y la crisis global que vive el mundo desde hace más de dos años confirma la segunda parte de la historia: la aversión al riesgo y el famoso flight to quality. Sin embargo, actores como la banca comercial – cuya presencia resulta determinante en el flujo de recursos que recibe un país – no sólo tienen nacionalidad y patria, sino intereses claramente marcados por la ubicación de sus matrices. Por ello, una de las ideas que constantemente se repite en torno a la banca internacional con presencia en México – que hoy resulta mayoritaria en el sistema de pagos mexicano – es que la banca no está otorgando créditos suficientes por su origen foráneo. Sin embargo, dicha afirmación tendría que actualizarse observando las tendencias que están determinando el negocio bancario y que son resultado del éxito que han tenido algunos modelos de hacer banca.

El mercado español del crédito, por ejemplo, que en la década de los noventa vivió una avalancha de inversiones de bancos franceses, alemanes e italianos, no sólo aprendió cómo hacer frente a la competencia, sino a valorar la experiencia local para lograr una mayor participación en los segmentos de financiamiento al consumo y en la captación tradicional. ¿Quién conocía mejor el mercado que los propios españoles? Así lo hicieron con un gran acento en la competencia y en el servicio. El capital intelectual de la banca se convirtió, por lo tanto, en el principal activo de los gigantes españoles del crédito que hace casi una década ocupan los primeros lugares en la banca mexicana. Han sido, además, los ejecutivos de primer nivel de origen mexicano quienes conservan, hasta ahora, las decisiones clave para ganar puntos de mercado y ampliar participación. El estadounidense Citibank tuvo el mismo acierto y, cuando adquirió la mayoría accionaria en Banamex, decidió no reemplazar a cuadros ejecutivos clave para su operación. Ahora, el Presidente para América Latina de los negocios de Citi es mexicano a quien se le ha encomendado replicar en otras regiones el modelo mexicano. La gestión del conocimiento en la banca está en marcha y debería operar en beneficio del país. Fue entre 1982 y 1988 cuando los bancos mexicanos sufrieron la mayor pérdida de capital humano en su historia a partir de la nacionalización del sector. Tal vez, por lo tanto, ésta fue una de las razones del fracaso de la privatización salinista de la banca. México necesita banqueros sin importar su nacionalidad.