México inició el proceso de quiebra de los nueve ingenios que quedan aún en manos del Estado y que producen en conjunto alrededor de una quinta parte del azúcar del país, como parte de un plan para reprivatizarlos, dijo el saliente Secretario de Agricultura, Francisco Mayorga.

Las autoridades anunciaron en julio el arranque del proceso para venderlos y cerrar así un largo capítulo con estas instalaciones. En el 2001 el Estado tomó control de 27 de los más de 50 ingenios del país para salvarlos de la quiebra.

En una entrevista con Reuters, el funcionario precisó que el proceso de quiebra inició recientemente y que el gobierno ha depositado alrededor de mil millones de pesos en un juzgado para pagar a los acreedores de esos ingenios.

“Está todo en marcha para que se declaren en quiebra y se pague a los acreedores con el bono expropiatorio que el gobierno depositó”, dijo Mayorga, quien dejará el cargo el sábado, cuando el nuevo gobierno del presidente electo Enrique Peña asuma el poder para un periodo de seis años.

Cuando los ingenios fueron expropiados en el 2001 la idea era sanearlos y venderlos lo antes posible, pero retrasos dilataron la reprivatización y se fueron vendiendo poco a poco hasta que el Estado se quedó con los nueve que ahora quiere vender.

Mayorga dijo que la autoridad antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia (CFC), no ha objetado la venta de los ingenios en un sólo paquete, como se planea, pues no daña la estructura de un mercado competitivo.

“La Cofeco (CFC) determinó que no había una posición monopólica ni aunque algún grupo mexicano comprara todo el paquete de Caze”, dijo el funcionario, quien añadió que en el mercado de endulzantes mexicano participan no sólo el azúcar sino la fructosa.

Los nueve ingenios eran propiedad de Grupo Azucarero Escorpión (Caze), propiedad del empresario Enrique Molina. Dos de ellos están en Morelos, uno en Puebla, uno en San Luis Potosí, y cinco más en Veracruz, el principal productor de azúcar en México.

Las fábricas en venta incluyen al ingenio San Cristóbal, en Veracruz, el mayor en cuanto a superficie cosechada, y a Atencingo, en Puebla, el tercero bajo el mismo parámetro.

México no tiene restricciones a la inversión extranjera en el sector azucarero, así que los ingenios pueden venderse a inversionistas extranjeros en su totalidad o a consorcios integrados en parte por capital mexicano y extranjero.

En julio, Mayorga dijo a Reuters que empresas de Guatemala y Estados Unidos habían mostrado interés en participar en la licitación de los ingenios una vez que estuvieran listas las bases.

El funcionario dijo que hasta ahora dos inversionistas mexicanos han presentado cartas formales de intención para participar en la venta, uno de ellos asociado con un inversionista extranjero.

Mayorga prefirió no dar más detalles sobre los empresarios interesados.

El saliente gobierno esperaba poder terminar el proceso de venta antes de entregar la administración a Peña, pero tras el anuncio del arranque del proceso de venta surgieron impedimentos que lo obstaculizaron, dijo Mayorga.

Sin embargo, dijo que el próximo gobierno ha mostrado interés en que el proceso se lleve a cabo.

“Ellos estaban interesados en que este gobierno lograra la venta; querían recibir la industria azucarera totalmente privatizada, pero desgraciadamente no se pudo”, dijo Mayorga sobre una reciente reunión en la que participó Luis Videgaray, la mano derecha de Peña y en la que se abordó el tema.

México ha producido en promedio 5 millones de toneladas anuales en la última década, y ha resentido las contingencias climatológicas que han afectado las cosechas en recientes ciclos, por lo que no ha podido replicar el máximo histórico de 5.8 millones de toneladas que tuvo en el ciclo 2004/2005.

El mapa de los paraísos fiscales de Pemex que señala la operación de Repsol. Elaboración: Contralínea/Nancy Flores

Por Guadalupe Hernández

El secretario de Energía, Jordy Herrera Flores  informó que el diálogo con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se intensificará con la intención de lograr la normalización de las relaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Vamos a platicar las decisiones de Pemex, que son con respecto a cómo invertir mejor, y las decisiones de Repsol, de cómo dar mayor rendimiento a sus accionistas”, precisó luego de su intervención en el I Foro Global de Sostenibilidad convocado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y la consultora Ernest & Young.

Precisó que se reunirá con el empresario español para “buscar lo mejor para ambas partes”, aunque reconoció que es necesario esperar porque “será un proceso que lleva mucho tiempo, diálogo y en el que se quiere lo mejor para ambas empresas”.

Dijo que un punto importante es que no se trata de un nuevo diálogo con Repsol, sino que la comunicación es fluida entre ambas partes “y será más intensa porque hay proyectos y se habrán de completar algunos de ellos”.

Herrera Flores aseguró que hay disposición de ambas partes para llegar a esa normalización, ya que son más las cosas que les unen que las que en un momento los separaban. Respecto al tema de una supuesta corrupción en el sindicato de Pemex, aclaró que la paraestatal  esta en un proceso de transformación intenso, en su organización y la legislación que la rige y se le ha invertido mucho en los últimos años.

“Estamos al 100 por ciento en recuperación de las reservas, hemos detenido la caída en la producción; es una nueva era de recuperación de Pemex que debemos seguir intensificando con mayor eficacia, mejores prácticas, transparencia y rendición de cuentas”.

El Premio Global de Liderazgo Creativo (Global Creative Leadership Award) de la Fundación Louise Blouin fue otorgado en esta ciudad al Ing. Carlos Slim en el marco de la Cumbre Global de Liderazgo Creativo (Blouin Creative Leadership Summit), por sus logros extraordinarios en los negocios y en la filantropía.

El premio reconoce la creatividad, el liderazgo y la excelencia en el campo de desempeño del homenajeado, pero sobre todo, el impacto positivo social y político a nivel local y mundial que ha tenido el trabajo realizado. La Cumbre es un foro de debate para abordar los retos y oportunidades que presenta la globalización.

Este 20 de septiembre se realiza, en su segundo día de actividades, la sexta edición de la Cumbre, foro de debate para abordar los retos y oportunidades que representa la globalización que reúne a personalidades destacadas en las áreas de ciencia, tecnología, cultura, negocios y la política, los delegados discuten los problemas y las oportunidades que presenta la globalización en los ámbitos local y global.

Entre los participantes este año se encuentran: Dr. Richard Bulliet, de la Universidad de Columbia; Dr. Jihad Al-Wazir, del gobierno de Palestina; Dr. Nicholas Negroponte, de MIT Media Lab; Dr. William Haseltine, de la Fundación William A. Haseltine; el Presidente de Islandia Ólafur Ragnar Grímsson; profesor Doug Evans, de la Universidad George Washington; el Presidente del Consejo de Ministros de Bosnia  y Herzegovina Nikola Spiric, el Dr. Stephen Kosslyn de la Universidad de Stanford, y el Presidente de Mozambique Armando Emilio Guebuza. Como parte de la cumbre anual se rinde homenaje a líderes políticos, científicos, de negocios y de las artes, que han realizado extraordinarias contribuciones a nivel mundial. Entre los homenajeados de años anteriores se encuentran el Rey Abdullah II del Reino Hachemita de Jordania; Ricardo Axel, Premio Nobel 2004 en Fisiología o Medicina; ex Presidente de Estados Unidos Bill Clinton; Gregory Colbert, artista; Clive Gillinson, director gerente de la Orquesta Sinfónica de Londres y designado Director de la Carnegie Hall, Nueva York; Anish Kapoor, escultor; profesor Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz 1986, fundador y presidente de la Fundación Elie Wiesel para la Humanidad; Robert de Montebello, hasta 208 fue director del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York después de más de 31 años en su puesto; Yue-Sai Kan, estadounidense de origen chino, personalidad de la televisión, empresaria y filántropa; Alex Katz, pintor y grabador estadounidense reconocido internacionalmente, y Nicholas Negroponte, estadounidense de origen griego, más conocido como fundador y director del MIT Media Lab.

La asignación eficiente es indispensable para promover mercados competitivos y garantizar el bienestar de los consumidores

“La evolución de las comunicaciones, y en particular las de transmisión de datos, demanda mayor cantidad de espectro para proporcionar servicios de calidad”, por lo que la asignación eficiente es indispensable para promover mercados competitivos y garantizar el bienestar de los consumidores, consideró el vicepresidente de Nextel, Gustavo Cantú, durante su intervención en  el marco de la Conferencia Latinoamericana de Espectro.

En ese sentido, comentó que “en México la  escasa  asignación de espectro  ha limitado  la penetración de servicios móviles en un mercado altamente concentrado, por lo que para lograr el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, es necesario dar continuidad a los procesos de subastas de espectro apegados a la política de Estado (cobertura, competencia y convergencia) y evitar la judicialización de las mismas”.
 
Un aspecto fundamental  a considerar es el entorno convergente actual, es decir, la influencia de un operador en otras esferas  (mediática y/o política); “actualmente, la opinión pública está siendo concentrada, se han integrado varios grupos verticales y horizontales de comunicaciones, lo cual genera poderes fácticos; es por ello que se requieren voces alternas y críticas ya que fácilmente los beneficiarios del status quo económico podrían comprar competidores y concentrarlos”, dijo Gustavo Cantú.
 
Por lo anterior, hizo un llamado para que la regulación se dirija cada vez más a estimular la  competencia y a establecer restricciones a la Propiedad Cruzada de los Medios (PCM) para fomentar la diversidad como una herramienta de contrapeso eficiente que evite los poderes hegemónicos y acuerdos de cúpula. “Los mecanismos actuales no contemplan la PCM y por tanto deberá ser prioritario que el Legislativo y el Ejecutivo regulen esta situación como complemento a los CAP´s en futuras licitaciones”, destacó. Asimismo, consideró fundamental que se garantice la pluralidad y se permita el tráfico de ideas y opiniones como base para la libertad de expresión.

Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel

No obstante, su vicepresidente, Gustavo Cantú, asegura que Nextel, con uno de los espectros más atractivos en el mercado para negocios de telecomunicaciones y la solidez financiera que le da mantener en caja al menos 3,000 millones de dólares – no se apresurará a cerrar alianzas que no proporcionen valor a sus clientes.

Cantú es contundente: “Sólo buscaremos alianzas que nos permitan enriquecer el cajón de servicios para nuestros clientes”.

Después de dar concluida una alianza con Televisa que permitiría al gigante de medios de comunicación participar en el capital de Nextel, la firma con sede en Estados Unidos y con la tercera posición en el mercado de servicios de telecomunicaciones en América Latina, asegura que en los próximos 18 meses podría quedar totalmente desligada de la lluvia de juicios y procesos judiciales que interpuso Iusacell para frenar la adjudicación del espectro correspondiente ala Licitación21. Ahora, Nextel estima que el 50% de los casos relacionados con el proceso ya se concluyeron,

¿Cómo afectó la guerra en los juzgados que impulsó Iusacell a la alianza que Nextel buscaba con Televisa?

Yo no sé si fue eso. Simplemente fueron un factor dentro de esa discusión. Desde el punto de vista de Nextel, la opción con Televisa o la opción de ir sólo es igual de atractiva. Hoy estamos solos y la empresa sigue marchando muy bien.

Frente a Televisa y TV Azteca que se están catapultando y apoyando con publicidad para Iusacel,  ¿no se presenta una seria desventaja para Nextel?

Nextel sigue anunciándose en diferentes medios, incluyendo promoción directa. La publicidad que tienen los competidores, la vemos igual que siempre, es la usual, no creemos que sea el factor determinante de la competencia. Es interesante saber que Nextel desde este año no ha pautado en TV Azteca y nuestra estrategia comercial ha sido buena y los medios alternativos de promoción nos han venido resultando. Hay que tener más creatividad y al final del día la disputas estilo TV Azteca, de utilizar su medio, al final del día están perjudicando en otro aspecto de su negocio.

¿No se observa una especie de subsidio cruzado?

Yo no lo veo así porque ellas tendrán sus pautas de publicidad y no podrían estar perdiendo. Televisa es una compañía pública. Claro que siempre que tienes una alianza favoreces al medio que tienes en la alianza y, por supuesto, es lo que están haciendo.

¿Por qué le interesaba a Nextel una alianza con Televisa, más allá de la publicidad?

 Había varias cosas. En primer lugar, ellos tenían cableras, los canales de distribución de Televisa para conformar el Cuádruple Play, la integración vertical del mercado. Ibas a poder vender cable, telefonía fija, Internet fijo, inalámbrico. La parte comercial era muy fuerte. También era una manera de financiar desarrollo de la red. Nextel, sin embargo, tiene una posición financiera muy sólida. Tenemos como 3,000 millones de dólares en caja pero era otro medio de financiamiento que lo podíamos suplir. Era uno de los principales intereses.

 ¿Cómo queda ahora Nextel?

 La parte financiera está saldada. Allí no hay problema. Y en la parte comercial nos estamos concentrando en el negocio inalámbrico. Estamos explorando de otra manera si el Cuádruple Play es tan conveniente en cuanto a una posible plataforma de paquetes. Nextel es un servicio de comunicación para personas que tienen un alto consumo. Entonces estamos viendo si hay alguna oportunidad comercial, alguna manera de manejar planes conjuntos pero aún no lo hemos decidido.

 ¿Sería posible una alianza con Televisa?

 No tenemos bajo análisis a alguna empresa en particular. Estamos platicando con varias compañías.

 ¿Le dio a Nextel esta controversia de la Licitación 21 mayor flexibilidad para competir y buscar las mejores opciones?

 Esa flexibilidad comercial nos ha convenido en un momento tan revuelto. Estamos concentrados en lo que es nuestro negocio.

 ¿Podría haberse distraído Nextel de su negocio central si se hubiera concentrado la alianza con Televisa?

 Yo no diría que nos hubiéramos distraído. Son diferentes alternativas que estás evaluando. Al final del día, vamos a tener la parte inalámbrica muy fuerte y vamos a tener la manera de ofrecer a nuestros clientes lo que requieran en Cuádruple Play o no. De igual manera podría ser inalámbrico. Al final del día es un tema de alternativas. La parte con Televisa en algún momento era una alternativa viable. Al final del día, Nextel sigue siendo muy sólida. Tiene la red que va a lanzar de Tercera Generación, tiene voz, video, datos, de alta velocidad, inalámbricos y es una alternativa muy buena.

 ¿En el pastel de los 30,000 millones de dólares – que es lo que se estima vale el Cuádruple Play – cómo se observa a Nextel?

 Seguimos incrementando nuestra participación de mercado, a doble dígito cada año durante la última década. Es muy bueno que el mercado crezca y lo importante es seguir incrementando el mercado en crecimiento. El mercado de telecomunicaciones es uno de los segmentos de mayor dinamismo.

 ¿Cómo ve Nextel el desarrollo de temas de regulación como es el caso de la interconexión?

 La interconexión, el acceso así como la reducción de las tarifas de interconexión es un tema que Nextel ha venido persiguiendo durante los últimos años. La reciente resolución dela ComisiónFederalde Telecomunicaciones  para ajustarlas es muy buena noticia porque era una de nuestras principales líneas de costo. La reducción de este costo nos ayuda mucho para dar mejores tarifas al consumidor final. Es una buena noticia porque al final del día la interconexión es un insumo básico y no debe ser un negocio para los operadores. Por ello la discusión y toda la controversia.

 ¿Cómo agrega valor a Nextel haber ganado la Licitación 21?

 Nos abre, por supuesto, un abanico de posibilidades. En cuanto al desarrollo de la empresa nos abre la puerta a la red de nueva generación, lo que va a dinamizar mucho el mercado porque en México siempre habíamos dicho que había dos grandes barreras de acceso: la primera el espectro y los precios de interconexión así como una actividad regulatoria paralizada. Ahora eso ha cambiado. En los últimos doce meses se resolvió el tema del espectro, el de la interconexión y se ha venido avanzando de forma importante en generar movimiento en el sector. El mercado ahora, sin duda, nos ve con muy buenos ojos.

 ¿Cuál sería el crecimiento de Nextel frente a otros competidores?

 Nextel ha sido un sustituto de la telefonía básica desde hace décadas. La mitad de nuestro tráfico viene de la conexión directa. Nextel es, de hecho, el segundo generador de tráfico de conexión directa después de las filiales del Grupo Carso. Entonces, ciertamente, la nueva red nos permite tener datos de alta velocidad y banda ancha y estamos entrando a ese mercado que está teniendo un gran crecimiento en los próximos años por los esquemas de negocio a negocio, por las redes sociales y porque la gente cada vez más necesita transferir datos. Esto posiciona a Nextel, tanto en la parte de voz alternativo nacional e internacional, como el único servicio de voz no telefónico eficiente en el mercado y en un buen lugar en cuanto a la transferencia de datos, aplicaciones, conectividad, dispositivos. Es una tecnología con una gran oferta de servicios y podemos llenar todas las cajas de conexiones que necesitan los usuarios a través de la red de voz de datos y de alta velocidad.

¿Cuál es el monto de inversiones de Nextel?

 Vamos a invertir más de 19,000 millones de pesos en los próximos cinco años para evolucionar las redes.

¿Cómo se ve el crecimiento de Nextel en América Latina?

Tenemos una holding en Estados Unidos que está gestionando el crecimiento en la región. Nosotros a través de NII Holdings operamos en Brasil, Perú, en Chile y en Argentina. En todos los mercados, excepto Argentina se está evolucionando la red. En Argentina no hay espectro pero se acaba de anunciar una licitación que se llevará a cabo antes de finalizar el año. En América Latina, NII es el tercer operador de la región. En México, en términos de ingresos ha facturado más de 2,000 millones de dólares, monto similar a la facturación de Telefónica.

¿Cuáles son los temas regulatorios que preocupan a Nextel?

Que se deje trabajar ala Cofetel.Queno se judicialicen otra vez los procesos regulatorios. Hay que acabar con el tema de las licitaciones, los temas de interconexión y los problemas de calidad, que el usuario tenga el servicio que se merece.

¿Qué sucede con la tecnología Push to Talk de Nextel?

 No vamos a cambiar la red, vamos a configurarla con los nuevos recursos. El usuario que tenga una tecnología iDen podrá seguirla usando. No vamos a desinstalar la red actual. Hasta 2014 se tiene un contrato de tecnología con Motorola para la tecnología iDen.

 Por Lorena Aragón Durán

Las telecomunicaciones se han transformado en un tema central de la vida de los mexicanos. Conocer sus principios y objetivos resulta básico en medio de las controversias que libran los jugados privados y las autoridades del sector.

En los últimos meses el tema de las telecomunicaciones (y radiodifusión) ha saturado las páginas de los medios impresos y electrónicos con diversos temas de la agenda y sus actores, incluyendo a las autoridades: Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) yla Comisión Federalde Competencia. Los temas más mencionados han sido: las tarifas de interconexión, el decreto de televisión digital terrestre, la modificación al título de concesión del Telmex, el lanzamiento de Grupo Salinas de su servicio de Triple Play (voz, video e Internet): Total Play, la adquisición de la mayoría accionaria de Iusacell a cargo de Televisa, la negociación de MVS para preservar la banda 2.5 Gigahertz (GHz) para prestar un servicio distinto del originalmente concesionado. Los periodistas especializados en negocios han dado cuenta de los acontecimientos, de las entrevistas a esos actores y a especialistas en la materia.

Sin embargo, como lectora me parece que se nos ha dado demasiada información, llena de términos técnicos que, a veces, dificulta la comprensión de los temas expuestos y  por lo tanto, la formación de una opinión. Por ello, con el fin de contribuir un poco a la claridad de eso temas, nuestras primeras entregas estarán dedicadas a dar a conocer los conceptos básicos usados en las telecomunicaciones. En esta ocasión, abordaremos la “interconexión” y su importancia para la comunicación efectiva entre redes de telecomunicaciones.

¿Qué es interconexión?

La interconexión no es más que el término usado en las telecomunicaciones para describir el enlace o conexión de aparatos, sistemas o redes. El Plan Técnico Fundamental de Interconexión¹ la define como: “Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de telecomunicaciones que permite la conducción del tráfico entre dichas redes y/o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas…”

¿Por qué es importante?

Porque la interconexión permite la comunicación y transmisión de información entre distintas redes. Todos podemos comunicarnos entre sí, indistintamente del operador de telecomunicaciones con el cual hayamos contratado el servicio. En virtud de la interconexión, operadores pueden también utilizar las capacidades y funciones particulares de las redes de los otros; todo ello mediante el pago de una contraprestación.

¿Siempre ha existido la interconexión en México?

No. Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX las empresas telefónicas en México: la Compañía Telefónica Mexicana (con participación de la sociedad norteamericana Bell) y la Empresade Teléfonos Ericsson (de origen sueco) no estuvieron interconectadas. Los clientes de la primera no podían llamar a la segunda y viceversa; inclusive los números o claves para llamarse no estaban homologados. Los clientes de la Compañía Mexicanautilizaban claves alfanuméricas y los de Ericsson números de 5 dígitos. Ello obligaba a los usuarios a escoger a la telefónica más popular entre la familia y los amigos para comunicarse. Ericsson tenía una participación mayor en el mercado. No fue sino hasta 1948, después de varios decretos de la autoridad, que esas telefónicas se interconectaron en presencia del Presidente Miguel Alemán.² Posteriormente Ericcson absorbió a la Compañía Mexicana y se años después se convirtió en Teléfonos de México. 
 

¿En dónde está regulada la interconexión?

En diversos ordenamientos que están vigentes:la Ley Federalde Telecomunicaciones, el Reglamento de Telecomunicaciones, el Título de Concesión de Teléfonos de México, Resolución sobre el Plan de Interconexión entre Redes Públicas de Larga Distancia expedido porla SCTen 1994, las Reglas de Larga Distancia, las Reglas del Servicio Local, el Plan Técnico Fundamental de Interconexión de 2009. Además, en ejercicio de sus facultades, desde su creación,la Cofetelha resuelto desacuerdos de interconexión cuando dos o más partes no pueden alcanzar un acuerdo respecto a condiciones de interconexión. Las resoluciones más recientes datan del 27 de mayo y 9 de junio de 2011. También hemos conocido sobre la sentencia dela Suprema Cortede Justicia que resolvió dos tesis en contradicción, señalando que las tarifas establecidas porla Cofetelen materia de interconexión no son objeto de suspensión mientras se dirime el fondo del juicio de amparo iniciado por alguna parte inconforme. 

Como vemos, existen reglas que obligan a las redes a interconectarse, el órgano regulador: Cofetel ejerce esa facultad, y los juzgados y tribunales federales participan activamente en la interpretación de la normas en materia de interconexión. 

En la segunda parte, abordaremos los elementos que integran la interconexión: jurídicos, económicos y técnicos; y de cómo los primeros dos son objeto de desacuerdo y litigio entre los operadores.

*Abogada y especialista en telecomunicaciones; catedrática del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora visitante de la Universidad Panamericana en Guadalajara.

Twitter: @Observadora8

MINEROS

En nueve meses de operaciones, la Secretaría de Economía palomea más de 1,100 títulos de concesión para la explotación y exploración de minas. Los listados de la dependencia colocan a Industrias Peñoles como la de más proyectos aprobados en 2010. En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido elevar en 72% el número de inspectores en la región carbonífera del país debido a la falta de condiciones laborales en las que están los trabajadores de esta industria

La Secretaría de Economía autorizó en 2010 más de 1,100 concesiones para la explotación de minas en México. Los trabajos estarán a cargo de multinacionales que podrán extraer oro, plata, cobre, hierro, zinc y carbón hasta 2060. La lista de concesiones es encabezada por la líder en la producción de plata, Industrias Peñoles, a través de una de sus subsidiarias.

En 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y organizaciones civiles documentaron la falta de garantías laborales, por lo menos en la industria dedicada a la extracción de carbón en el norte del país, por lo que el gobierno federal ascendió en 72% el número de inspectores.

Listados de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, arrojan que de enero a septiembre del año pasado, fueron aprobadas 1,112 concesiones para la exploración y explotación de minerales.

Los Títulos de concesión minera, expedidos durante 2010, muestran que Exploraciones Mineras Parreña, subsidiaria Industrias Peñoles, fue la que más títulos acreditó, al llegar a 47; le sigue Minera de Cordilleras, con 28; así como Invesmin San Miguel, que obtuvo 21. Todas, con vigencia de vencimiento hasta agosto de 2060.

La supervisión

En 2009, la STPS a cargo de Javier Lozano Alarcón documentó, a través de 30 actas de inspección de seguridad e higiene, que por lo menos en la zona carbonera del país “ningún” trabajador está a salvo: peligra su integridad y su vida. En 17 de ellas, la dependencia ordenó la suspensión de labores; no obstante, la extracción del mineral continúa. Los expedientes se encuentran en poder de la Secretaría de Gobernación para su análisis.

Según el informe Fortalecimiento de la inspección federal en seguridad y salud en el trabajo, para la región carbonífera, la STPS advierte que ha detectado “596 violaciones directas en materia de seguridad e higiene” en la zona Norte del país.

Entre las más relevantes, destacan que “no cuenta con constancia que acredite que el patrón promovió la integración de la comisión de reglamento interior de trabajo; se laboran más de nueve horas extras a la semana; no cuentan con comprobantes de fomento a las actividades deportivas y culturales. Las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores no les otorgan becas, tampoco a sus hijos.

Además, la información oficial revela que, de las empresas revisadas, se encontró que hay “contratos de trabajo a prueba por 28 días sin la firma del patrón. Contratos individuales no cuentan con cláusula de capacitación y adiestramiento; no cuentan con lista de constancias de habilidades laborales y no cuentan con comisión mixta y cuadro de antigüedades”.

Suben inspecciones

El Cuarto informe de labores de la STPS, publicado en septiembre de 2010, destaca la necesidad de aumentar el número de inspectores en materia de previsión social, específicamente en el rubro de normatividad de inspección.

El documento indica que, actualmente, se cuenta “por primera vez con una Norma Oficial Mexicana en seguridad para minas subterráneas de carbón, lo que ha permitido realizar 88 inspecciones en esa materia, en 28 centros de trabajo, beneficiándose a más de 2 mil trabajadores”.

Asimismo, dice, “con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, en lo que va de la actual administración se ha incrementado el número de inspectores federales del trabajo de 218 a 376, un aumento de 72%”.

Se solicitó entrevista con el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, a través de Daniel Lee, jefe de Información de la dependencia. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

La industria

El Informe anual 2010, de la Cámara Minera de México, indica que la industria minera es la cuarta en importancia para la economía del país, después de la producción petrolera, las remesas y el sector turístico.

Durante 2009, el valor de la producción minerometalúrgica fue de 9 mil 616 millones de dólares; representó, en ese año, el 1.6% del producto interno bruto, según la organización que encabeza el productor de cobre Manuel Luévanos Sánchez.

Luévanos Sánchez indica, en su informe, que “luego de siete años de vigoroso crecimiento, se registró una contracción anual de 8% respecto de los resultados de 2008, provocada por la recesión económica global, pero también por la falta de las reformas fiscal y laboral, así como la aplicación de precios de mercado en los energéticos”.

Las más beneficiadas

Fuente: Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía

TABLA 2

Dirección de control documental, informática y estadística

Resumen de la producción minera por entidad y municipio 2008

Principales Productos

Fuente: Dirección General de Minas

Fotos: Rubén Darío Betancourt

Los gobiernos de Calderón, Bours y Gándara Camou destruyen uno de los dos pulmones de la capital sonorense para privilegiar inversiones superiores a los 50 millones de dólares: en la zona se construirán una plaza comercial, un centro de convenciones y uno cultural, hoteles, residencias y un planetario. Hasta hace un año, el parque Villa de Seris albergaba más de 650 árboles; hoy, su vocación ambiental es incierta.

Hermosillo, Sonora. Los puntiagudos dedos de metal penetran la tierra, apresan las raíces y tiran de ellas hasta arrancar el árbol. De los más de 650 ejemplares que alojaba el parque Villa de Seris, al menos 390 están siendo desterrados. En su lugar se tendrán: un centro cultural llamado Musas, un corredor comercial, un centro de convenciones, una zona hotelera y de residencias y un planetario.
La inversión privada superará los 50 millones de dólares –que equivalen aproximadamente a 575 millones de pesos– y afectará alrededor de 45 hectáreas del Vado del Río, rodeado por un cinturón de miseria.
El parque –que ahora destruyen las administraciones federal, encabezada por Felipe Calderón Hinojosa; estatal, a cargo de Eduardo Bours Castelo, y municipal, a cargo de Ernesto Gándara Camou– es uno de los dos pulmones que posee esta capital; el otro es el Madero.
Algunos árboles recién arrancados son arrastrados metros más delante, donde se les trasplanta en lo que se supone será un nuevo parque, el Conmemorativo. Las temperaturas alcanzan los 45 grados centígrados y ellos, amarillentos, casi pálidos, parecen morir en su nuevo hábitat. Otros sólo son desechados como basura.
Según información obtenida por la investigadora de la asociación civil Sonora Ciudadana, Ixchel Cisneros, el costo del traslado asciende a 890 mil pesos y es solventado por el municipio. No obstante, el proyecto Musas involucra recursos de los tres niveles de gobierno.
—Este proyecto tiene muchos responsables, no hay una unidad de mando; (se desconoce) quién es el verdadero responsable del proyecto cultural Musas. Se supone que iba a ser el fideicomiso Impulsor, pero todo lo maneja el ayuntamiento de Hermosillo. Además, están los 10 millones de pesos (donados por el gobierno federal) que se encuentran en la Secretaría de Educación y Cultura estatal –dice Rommel Rosas, integrante de Sonora Ciudadana.
Información de la administración de Eduardo Bours revela que la destrucción del parque y posterior construcción del centro cultural tendrá un costo de 320 millones de pesos, de los cuales la federación aportará el 50 por ciento y las finanzas de la entidad el otro 50 por ciento. De este desarrollo dependen las inversiones privadas, reconoce la administración estatal.
Detrás del proyecto está el fideicomiso público Operadora de Proyectos Estratégicos de Sonora, Impulsor, cuyo vicepresidente es el hermano del gobernador, Ricardo Bours Castelo: Musas forma parte del controvertido Plan Sonora Proyecta.
De acuerdo con el gobernador, los terrenos del parque fueron adquiridos por su administración a los ejidatarios de Villa de Seris, quienes ganaron un proceso judicial. “Era importante que se resolviera el conflicto legal que había en el ayuntamiento; sabíamos que iban a ganar los ejidatarios, el ayuntamiento también lo sabía; para nosotros era importante que ganara porque si hubiera pleito no nos podían vender y ya una vez resuelto el pleito se cerró el trato, ya finiquitamos y pasa al proyecto integral. Lo que sigue es comenzar a aterrizar el proyecto Musas, que ya está conceptualizado cómo se integra a la parte del centro de convenciones del hotel, ya está el proyecto terminado”, dijo el 29 de enero de 2007, en conferencia de prensa.
El área fue adquirida por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, en 15 millones de pesos. Aunque la página oficial del proyecto –www.ccmusas.com– indica que el fideicomiso Impulsor compró ese mismo terreno en 2007, ni sus estados financieros ni sus informes de inversiones registran la supuesta adquisición.
El terreno tiene una superficie de 34 mil 223 metros cuadrados y su valor catastral, identificado con la clave 12-641-003, es de 23 millones 750 mil 762 pesos. Información obtenida por la investigadora Cisneros revela que la construcción del centro cultural Musas acaparará 622 metros cuadrados, con valor de 1 millón 218 mil 851 pesos. En total, la tierra cuesta actualmente 24 millones 969 mil 613 pesos.
En enero del año pasado, el mandatario sonorense agregó: “La idea es que en el primer trimestre de 2009 ya podamos tener terminado Musas y todo el proyecto, que tiene que ver desde conectar la casa de la cultura con esa área y luego conectar la casa de la cultura con Villa de Seris”.
La administración estatal no es la única que da recursos públicos a esta obra, también la Federación. A fines de 2007, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que dirige Sergio Vela, le adjudicó un “donativo” por 10 millones de pesos. El destino de este dinero es incierto, señalan Ixchel Cisneros y Rommel Rosas, pues “han negado la información de manera sistemática”.
Intereses mercantiles
—Habiendo tantas reuniones cumbre para buscar soluciones al calentamiento global no nos explicamos por qué en una ciudad desértica como Hermosillo, con temperaturas que rayan hasta en 50 grados, lejos de incentivar el crecimiento de los parques y de áreas verdes, a un presidente municipal y a un gobernador, ambos de extracción priista, se les ocurre destruir cientos de árboles para construir un proyecto que se puede hacer 100 metros más delante: todos los alrededores del Vado del Río (con excepción del área verde) están desolados –dice Adriana González, dos veces encarcelada por oponerse a la destrucción del parque Villa de Seris.
La explicación, añade, son los intereses económicos que el proyecto genera. “Probablemente les costó una bicoca el obtener ese predio: construir ahí les va a dar más plusvalía a todos los terrenos aledaños. Obviamente debe haber muchos intereses económicos alrededor de esto, para empeñarse en la destrucción de un parque”.
En efecto, de la edificación del centro cultural depende la de un centro comercial, un centro de convenciones –que comprometen 16 hectáreas–, un planetario y áreas residencial y hotelera. De acuerdo con datos del gobierno de Sonora, “la zona del Vado del Río forma parte de los proyectos estratégicos que promueve el fideicomiso Impulsor”.
“Musas forma parte de un proyecto en conjunto con inversión privada, como lo es el centro comercial Galerías Río Sonora y el centro de convenciones Expo Sonora, proyectos que desarrolla la firma guanajuatense Grupo de Arquitectos Link y la estadunidense Kimco Realty. Son desarrollos comercial y cultural que se complementan el uno al otro en una inversión mixta, público-privada”, reconoce la página oficial.
En el caso de la plaza comercial, la inversión es de 42 millones de dólares. Al igual que el centro de convenciones, ésta se construirá en el terreno que albergaba el corralón municipal, mientras que el espacio cultural abarcará el del parque Villa de Seris: “Esto tendrá un ‘efecto dominó’ en inversiones privadas para la zona oriente del Vado del Río”, indica el sitio de internet.
De acuerdo con declaraciones de Eduardo Bours Castelo, la posesión del terreno que se destinará a las Galerías Sonora fue legalizada por el fideicomiso Impulsor, tras adquirirlo al banco Santander. A la fecha, se desconoce el monto que sufragó por las 16 hectáreas y cuánto recuperó por la venta de las mismas.
Éstos no son los únicos desarrollos proyectados en la zona: “Las reservas de terrenos al norte del bulevar Paseo del Río, listos para urbanizar y que promociona el fideicomiso Impulsor, se han estado vendiendo para futuros establecimientos, (pero) están condicionados a comenzar a operar siempre y cuando se concrete la inversión del complejo cultural y comercial”, admite la administración estatal.
Añade que “el gobierno construye el centro cultural pero con la motivación de que la inversión privada llegue y se concrete: esto permitiría generar un mayor dinamismo en la ciudad, pues arribarían decenas de nuevas inversiones, lo que a su paso generaría más empleos, contribuiría a detonar la economía local e incluso fomentaría la generación de la tan necesitada competitividad para Hermosillo”.
Los intereses privados alcanzan al parque Conmemorativo, donde son trasplantados los árboles del Villa de Seris. Ahí, el empresario sonorense Adolfo Cabral Porchas construirá un planetario “con tecnología de punta y salas de tercera dimensión”. La inversión, por más de 1 millón de dólares.
Resistencia ciudadana
Todos los negocios del Vado del Río son promovidos por el fideicomiso Impulsor. De acuerdo con los reportes de servicios contratados, costeó la “elaboración de un plan de negocios para la zona Villa de Seris”: del 2 de febrero al 25 de mayo de 2007, la empresa Exágono Consultores en Mercadotecnia realizó dicho proyecto, por 39 mil 310 pesos.
La figura fiduciaria también adjudicó un contrato a Azpe Consultores en Mercadotecnia para la “elaboración de un estudio de mercado para el proyecto Musas”, cuyo costo ascendió a 88 mil 500 pesos.
—Nos manifestamos en contra del proyecto desde el momento en que nos enteramos que esto (el corte y pérdida total de al menos 100 árboles) iba a ser algo inevitable. Al ver la maqueta del proyecto es evidente que no van a poder conservar todos los árboles. Hubiera sido ideal que respetaran los árboles que no se pueden trasplantar y con base en eso hubieran diseñado el proyecto; ésa hubiera sido la salida ideal, pero ellos se aferraron a que en esas tres hectáreas y media, encima del parque, se tenía que hacer –dice la activista Adriana González.
El doctor Mario Alberto Velázquez, investigador del Colegio de Sonora y especialista en movimientos ambientales, explica que el impulso de la defensa del parque se da por dos investigadoras de esta misma institución, Lucía Castro y Cristina Martínez, quienes inician una campaña informativa por medio de internet.
—A veces, los intelectuales juegan un papel de mediadores entre el gobierno y una sociedad civil débil. La sociedad civil débil en Sonora es el movimiento ambiental, que es relativamente pequeño en comparación con el resto del país.
Agrega que varios académicos se sumaron a la resistencia y, tras la publicación de artículos críticos al proyecto –uno de éstos, “de Díaz Ordaz a Eduardo Bours”, de su autoría–, el gobernador reaccionó: “Dijo que en el Colegio no hacíamos investigación real, que había que revisar lo que el Colegio hacía; obvio, esta escuela depende de los recursos públicos”.
Las agresiones en contra de la sociedad civil fueron en aumento. Represión y cárcel aguardaron a los activistas. El 14 de marzo pasado, las autoridades estatales detuvieron a siete personas, una de ellas menor de edad, quienes se manifestaban en forma pacífica contra el proyecto:
Tania Morales García, Óscar Giovanni Angulo, Adriana González Celaya, Vladimir Parra, Isabel Dorado Auz, Francisco Javier Salcido García. El proceso en su contra, expediente 112-08 por obstrucción a la obra pública, continúa en el Juzgado Tercero de lo Penal.
Mario Alberto Velázquez define los actos del gobierno como represión abierta y directa. Detalla que a Adriana la encarcelaron dos veces, “la primera salió ese mismo día y, a partir de entonces, las cosas se desencadenaron: pasan dos o tres días entre las dos detenciones”.
El 14 de marzo cinco detenidos pagaron fianza, el menor de edad fue liberado, pero Adriana González decidió permanecer en prisión e iniciar una huelga de hambre. La activista recibió auto de formal prisión y fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 1 de Hermosillo.
El 27 de marzo, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto de Lucas Hopkins, pagó 12 mil 40 pesos para que la mujer fuera liberada. Con esto, buscaba paliar la crítica nacional e internacional.
—¿Vale la pena haber sido encarcelada?
—Haciendo un balance en frío, sí. Si bien no hemos logrado detener la destrucción del parque, se ha sensibilizado una parte de la sociedad y eso es un camino bueno. También se ha avanzado en la articulación de una sociedad que había estado desvinculada. Lo interesante es qué va a suceder con esta organización social frente a situaciones de abuso de poder, autoritarismo, decisiones del gobierno al margen de la ciudadanía; ésas son las ganancias de este movimiento. A veces desconocemos lo que podemos lograr como ciudadanía. Pensamos que no podemos hacer que las cosas cambien, pero con una decisión tomada de una ciudadanía que se organiza y que está bien vinculada se puede lograr; podemos echar abajo actos que resulten lesivos para la ciudadanía. El poder del ciudadano organizado es enorme –explica Adriana González.

Inventario del parque Villa de Seris

Total: 661
Eucalipto: 90
Olivo Negro: 89
Naranjo: 76
Palmera Washingtona: 62
Mezquite: 61
Guaje: 60
Pingüica: 40
Guamúchil: 39
Amapa: 33
Jacaranda: 27
Palmera datilera: 17
Ceiba: 16
Pino: 9
Yucateco: 9
Palo Verde: 7
Tujas: 7
Acacia: 5
Benjamina: 4
Torote: 3
Guayaba: 2
Mora: 2
Árbol de la botella: 1
Carisa: 1
Limón: 1
Fuente: Cedes, Inventario de plantas registradas en el parque Villa de Seris, citado por El Imparcial, 6 de marzo de 2008.

Transplante de árboles

Ejemplares desterrados: 390
Empresa contratada: Constructores Lista Blanca, SA de CV
RFC: CLB011018PC2
Empresa subcontratada: Trans-plant, Paisajes y Conservaciones, SA de CV

Gastos de Impulsor relacionados con Musas

Fuente: Operadora de Proyectos Estratégicos de Sonora, Impulsor

Losinversionistas

Conclusiones del manifiesto de impacto ambiental:

• La derrama económica es importante.
• Existe factibilidad de aumentar la biodiversidad con el incremento de árboles.
• Los impactos adversos no son significativos.
• Ya existen medidas efectivas para contrarrestar o minimizar la magnitud de los impactos adversos que han sido identificados.
• El impacto potencial es la eliminación de especies vegetales, por lo que se llevará a cabo un programa de reforestación donde se contemplarán especies con bajos requerimientos de agua.
• El impacto adverso moderadamente significativo por aquellos árboles que sean trasplantados y no logren sobrevivir, teniendo una pérdida de vegetación que ayuda a oxigenar el aire de la sociedad, lo que provocará un problema social entre la ciudadanía: muy probablemente ésta no permita el movimiento de los árboles, por los años de vida que tienen éstos.
• Se recomienda no trasplantar árboles que la maquinaria no soporte, debido a que son muy grandes, como eucaliptos, ceibas. Esto porque la inversión será muy fuerte y con muy pocas probabilidades de que sobrevivan.

Fuente: Adriana González Celaya, activista ambiental

Fotos: Rubén Darío Betancourt

El fideicomiso Impulsor –encabezado por Ricardo Bours Castelo, hermano del mandatario sonorense– enajenará 115 hectáreas de playa virgen en Caborca por “donación” que, de acuerdo con planes maestros, serán vendidas a la iniciativa privada. Diseñada por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, esta figura fiduciaria de carácter público –que podría manejar recursos por 224 mil millones de pesos– opera con fines empresariales.

Hermosillo, Sonora. La administración de Eduardo Bours Castelo podría conseguir poco más de 115 hectáreas –1 millón 150 mil metros cuadrados– en zona de playa, sin pagar un solo peso.
Aunque los terrenos se gestionaron para la construcción de la carretera costera y se obtendrán por donación, parte de éstos podrían ser vendidos a la iniciativa privada para desarrollar proyectos turísticos, revelan planes maestros.
Las operaciones relacionadas con la futura enajenación de tierras, hasta ahora propiedad de dos ejidos, fueron organizadas por el hermano del gobernador, Ricardo Bours Castelo, en su calidad de vicepresidente del fideicomiso público Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, Impulsor, y solventadas con recursos del erario.
Este fideicomiso se creó el 28 de febrero de 2005, por decreto del mandatario estatal Eduardo Bours, en el marco de los llamados “proyectos públicos privados” –estrategia empresarial diseñada por el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, responsable de la creación en 1993 del Fideicomiso Aduanas I y la empresa ISOSA, causantes de daños multimillonarios a la hacienda pública de México, según la Auditoría Superior de la Federación–.
Oficialmente, Impulsor tiene por objeto promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos para el desarrollo de la entidad, y ampliar la infraestructura para detonar el crecimiento económico y la atracción de inversiones privadas.
Por la importancia de los proyectos, cuya inversión podría superar los 124 mil millones de pesos, Eduardo Bours colocó al frente del fideicomiso a su hermano menor, quien se conduce bajo la tutela de Aspe Armella: desde su constitución y hasta la fecha, el exsecretario de Hacienda y su empresa Protego –contratada en 2004 por el gobierno de Bours para diseñar los “proyectos públicos privados” y fungir como asesor legal para el refinanciamiento de la deuda estatal– lo asesoran.
Aunque se trata de un fideicomiso público, el decreto de creación permite que a sus arcas ingrese dinero de la iniciativa privada. El documento omite aclarar el carácter del ingreso por esta vía, pero los estados financieros le reservan registro como capítulo 9000, correspondiente a deuda pública.
En la actualidad, Protego orienta los cinco proyectos de este fideicomiso: Carretera Costera, Pasajes, Hermosillo, Guaymas y Software, este último destinado a generar una industria de tecnologías de información en el estado.
Cesión de la tierra
La donación de las 115 hectáreas forma parte del proyecto Carretera Costera, considerado como el principal y más ambicioso de los cinco. Un breve informe proporcionado por la diputada local Petra Santos revela que tan sólo este capítulo manejará recursos por alrededor de 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con los Resultados del análisis programático-presupuestal al cuarto trimestre de 2007 de Impulsor, un par de ejidos del municipio de Caborca –ubicados en el Mar de Cortés– donarán las tierras: General Manuel Ávila Camacho entregará 100 hectáreas; mientras que General Celestino Gasca Villaseñor, 15-21-42.8056 hectáreas.
El primero posee entre sus riquezas el Puerto Lobos, según el acta de la 13 sesión extraordinaria del Cabildo de Caborca, de fecha 27 de diciembre de 2006. El documento también revela que en zona de playa, la hectárea cuesta alrededor de 69 mil 214 dólares, que significa siete dólares por metro cuadrado.
Por su parte, el ejido Gasca Villaseñor cuenta con playas vírgenes y uno de sus atractivos principales es la isla San Jorge. En esta zona, agentes inmobiliarios ofertan en dos dólares el metro cuadrado.
No obstante los precios tasados en dólares, el fideicomiso Impulsor logró que las autoridades ejidales se comprometieran a otorgar más de 115 hectáreas sin obtener algo a cambio.
Las negociaciones para la cesión de los terrenos duraron dos años y fueron emprendidas por Óscar López Ibarra y Roberto Fernández Medina, coordinador y director jurídico del proyecto Carretera Costera, respectivamente.
El 13 de noviembre de 2007, López Ibarra se reunió con los abogados y representantes del ejido Ávila Camacho en Tucson, Arizona. Ahí, los ejidatarios se comprometieron a donar 100 hectáreas, “que deriven de la vista de campo” hecha por Impulsor y el ejido.
Veintiún días después, el 4 de diciembre, Fernández Medina consiguió en Caborca que la asamblea ejidal de Gasca Villaseñor signará un contrato de promesa de donación de una fracción de parcela de más de 15 hectáreas, a favor del fideicomiso.
Ambas operaciones fueron registradas en el capítulo 9 de los Resultados del análisis programático-presupuestal al cuarto trimestre de 2007 de Impulsor, referente a la “liberación de derecho de vía y reserva territorial”.
En la actualidad, los funcionarios de Impulsor sostienen negociaciones con autoridades de un tercer ejido, el Guillermo Prieto, también de Caborca, para obtener terrenos bajo la figura de donación.
Proyectos y recursos
Además de la construcción de la carretera costera, que correrá más de 600 kilómetros desde San Luis Río Colorado hasta Guaymas, Impulsor pretende renovar los puntos de mayor tránsito de turistas, por medio del proyecto Pasajes.
Con el proyecto Hermosillo busca desarrollar el norte, el centro de convenciones y el Vado del Río en la capital sonorense; para este último, los gobiernos estatal y municipal han destruido una de las tres reservas ecológicas de la zona: Parque Villa de Seris.
El proyecto Guaymas planea construir dos nuevas marinas, una en San Carlos y la otra en Bacochibampo; mientras que el de Software tiene por objeto crear un centro de alta tecnología para el estado.
Además de éstos, los planes maestros de Impulsor incluyen la creación de un multicomplejo con centro de convenciones, multideportivo y plaza comercial para Cajeme (Ciudad Obregón).
Petra Santos, legisladora por el Partido de la Revolución Democrática, dice que estos proyectos serán cedidos a la iniciativa privada, pues la administración de Bours Castelo se ha caracterizado por concesionar las obras públicas. Cita como ejemplo el delfinario, creado con recursos públicos y actualmente en manos de empresarios.
De acuerdo con el decreto de creación, los cinco proyectos mezclarán recursos públicos y privados. No obstante, desde su creación y hasta diciembre de 2007, todos sus ingresos provienen del erario: en tres años la administración de Eduardo Bours le ha transferido 50 millones 675 mil pesos. Para 2008, la cifra podría aumentar a 69 millones, al recibir un presupuesto superior a los 18 millones de pesos.
El diputado panista Francisco García Gámez observa que, aunque los objetivos son buenos en tanto se habla de un desarrollo para el estado, falta información. Indica que recién creado, “se decía que iba a ser autosuficiente; no ha sido: se le han estado aportando recursos anualmente para que pueda subsistir”.
—(Impulsor) no fue la mejor opción hasta ahora. Los proyectos no han avanzado, no han aterrizado y de ahí surge la desconfianza de la gente. Todos estamos dispuestos a que se nos fiscalice; si estamos haciendo las cosas bien no hay por qué ocultar la información.
Aunque su objetivo es promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos, ni un solo peso ha sido invertido en estos rubros, revelan sus estados financieros, balances generales e informes anuales.
Hasta ahora, el 55.1 por ciento del dinero transferido por el gobierno estatal se destinó al pago de la nómina, a pesar de que el personal de base apenas asciende a 15 personas. Más aún, los documentos financieros revelan que los activos del fideicomiso apenas suman 4 millones 136 mil 680 pesos, 8.1 por ciento del presupuesto asignado en tres años.
El Informe financiero al 31 de diciembre de 2007 indica que el activo circulante asciende a 676 mil 694; equipo de transporte, 350 mil; mobiliario y equipo de oficina, 2 millones 414 mil 202; equipo de cómputo, 695 mil 783 pesos.
Los gastos
Los informes analíticos de Impulsor para los ejercicios 2005, 2006 y 2007 indican que en el capítulo 1000, “servicios personales”, el fideicomiso gastó 27 millones 964 mil 842 pesos: 7 millones 497 mil 347 pesos en su primer ejercicio; 9 millones 360 mil 228.39 en el segundo; 11 millones 107 mil 266.56 en el tercero.
De la cifra total, destacan las “remuneraciones adicionales y especiales”, que justifica gastos por “riesgos laborales”, “ayuda de despensa” y “ayuda para el consumo de energía eléctrica”, revela el Informe de observaciones de la primera revisión a los avances trimestrales de gestión financiera, ejercicio 2007, hecho por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora.
La erogación por estos conceptos representa el 61 por ciento de los egresos totales referentes al capítulo 1000, al ascender a 17 millones 68 mil 301 pesos. El monto contrasta con los pagos por “remuneraciones al personal de carácter permanente”, 8 millones 701 mil 425 pesos, y las “remuneraciones al personal de carácter transitorio”, 577 mil 493 pesos.
Otra erogación que sobresale en este capítulo es la de “pagos por concepto de seguridad social”, que sumó 1 millón 617 mil 620 pesos, cubierto en los ejercicios de 2006 y 2007.
Los otros gastos se registraron en el capítulo 2000, “materiales y suministros”, por 1 millón 206 mil 85 pesos; y en el 5000, “bienes muebles e inmuebles”, por 3 millones 463 mil 192 pesos.
Mientras los capítulos 6000, “inversiones en infraestructura para el desarrollo”; 7000, “inversiones productivas”; 8000, “participaciones y aportaciones a municipios”, y 9000, “deuda pública”, se registran en ceros, el 4100, “transferencias corrientes”, indica un gasto en el ejercicio 2006 por 1 millón 860 mil 821 pesos, sin aclarar el destino de estos recursos.

ISAF: irregularidades en Impulsor

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) descubre irregularidades en los activos del fideicomiso Impulsor, que apenas suman 4 millones 136 mil 680 pesos: activo circulante, 676 mil 694; equipo de transporte, 350 mil; mobiliario y equipo de oficina, 2 millones 414 mil 202; equipo de cómputo, 695 mil 783 pesos, indica el Informe financiero al 31 de diciembre de 2007.
De estos activos destaca el equipo de transporte: el ISAF observa que, el 10 de abril de 2006, el fideicomiso compró una camioneta Ford Expedition, cuatro puertas, por 350 mil pesos, sin obtener el dictamen previo signado por la Secretaría de Hacienda.
El ISAF determinó que Impulsor incurrió en irregularidades y ordenó a Katia Cota Martínez entregar la evidencia documental del dictamen. Para solventar esta anomalía, la directora del Fideicomiso consiguió que el 18 de octubre de 2007 el subsecretario de Egresos, Lauro Rivera Bringas, emitiera el oficio 05/06/877/07 para aprobar la compra. Es decir, el dictamen se formuló un año seis meses después de la adquisición.
Para el doctor en filosofía por la Universidad de Texas e investigador del Colegio de Sonora, Nicolás Pineda Pablos, en materia de rendición de cuentas la entidad fronteriza está rezagada, respecto del resto del país.
El académico advierte que uno de los problemas de la fiscalización es la ausencia de penalizaciones: cuando se comete una irregularidad o cuando hay observaciones en la cuenta pública, no hay sanciones o se manejan bajo el criterio de que la ropa sucia se lava en casa.
Pineda Pablos explica que, “mientras la opinión pública observa al gobierno bajo la tesis de que hay mucha corrupción e ineficiencia y mal manejo de los recursos públicos, en el gobierno la revisión de la cuenta pública se hace bajo la tesis contraria de que todo está bien y no hay irregularidades que castigar”.
Agrega que hasta antes de 2003 las cuentas públicas no eran públicas, se tenían que conseguir por vías privilegiadas, no eran accesibles a los ciudadanos, y que fue hasta 2005 cuando se reformó la constitución, para crear el ISAF. No obstante, indica, a la fecha Sonora carece de ley de fiscalización, pues Congreso estatal no se ha puesto de acuerdo. (NF)

Fideicomiso Impulsor

Fecha de creación: 28 de febrero de 2005

• Carácter: público
• Presidente: Francisco Díaz Brown, secretario de Economía
• Vicepresidente: Ricardo Bours Castelo, empresario
• Asesor: Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda
• Proyectos: Carretera Costera, Pasajes, Hermosillo, Guaymas y Software
• Posibles recursos: 224 mil millones de pesos (triangulados del PSP)
• Recursos públicos ya transferidos: 50 millones 675 mil pesos
• Activos: 4 millones 136 mil 680 pesos

Fotos: David Cilia

Impulsado por el gobierno perredista de Narciso Agúndez y autoridades municipales, el empresario Luis Cano busca apropiarse de 2 mil 200 hectáreas en Cabo San Lázaro. El objetivo sería la creación de un desarrollo inmobiliario al que ya se le llama “el Cozumel del Pacífico”. A la reyerta por el lugar, que por décadas ha poseído una cooperativa de 60 familias pescadoras, también se ha incorporado el gobierno federal a través de la Semarnat.

Comondú, Baja California Sur. Una chalana oxidada –fragmento de una antigua plataforma de buque– es el transporte en el que todos los días los pescadores de la cooperativa San Carlos llevan agua potable, gasolina y alimento a sus compañeros que cada madrugada salen a pescar langosta y abulón, según la temporada, en los alrededores de Cabo San Lázaro.
Sin importar los vientos y las bajas temperaturas en López Mateos, comunidad de Comondú, la salida hacia la isla es a las siete de la mañana. Para entonces, los víveres tienen que estar acomodados en la camioneta de redilas, que al bajar de la chalana, luego de navegar unos 15 minutos en marea baja, recorre un trayecto de 60 kilómetros, entre dunas y caminos terregosos, para llegar al primer campamento de los pescadores.
Ahí, una docena de chozas de madera y lámina son el refugio nocturno de los lugareños a quienes les corresponde salir al mar. No hay agua potable, luz ni drenaje. Dentro de las modestas viviendas aguardan con el desayuno o comida preparada, según la hora, algunas esposas, que se encargan de alimentar a todos los pescadores que en el momento se encuentren en la isla.
Los integrantes de la cooperativa San Carlos tienen la posesión y explotación de Cabo San Lázaro, propiedad de la federación desde 1960, cuando obtuvieron oficialmente la concesión para pescar langosta, abulón, camarón, almeja catarina, pescado y escama. Actualmente, la asociación cuenta con 28 socios y el mismo número de pescadores libres que trabajan para ellos.
Mientras guisa mariscos, una de estas mujeres, quien sólo especificó ser “la esposa de Diego, un pescador libre”, dice que cuando les va muy bien comen frijol, arroz y carne; cuando el tiempo es malo, su alimentación son langostas y abulón. Ambos productos son de los moluscos más caros en el mercado. Una langosta en la capital del estado, La Paz, cuesta alrededor de 18 dólares.
Las modestas cabañas se alzan tras un cerro que los protege de los fuertes vientos provenientes del Pacífico, y frente a las aguas mansas del manglar, donde permanecen las langostas próximas a ser descoladas y refrigeradas para su venta.
Modesto Camacho, presidente del Comité de Vigilancia, dice que la isla tiene una gran vocación por la pesca comercial, deportiva y recreativa; surfing; camping, y vela. Actividades que no han sido explotadas por los posesionarios; sólo la parte comercial. Hace más de un año los pescadores fueron informados que un particular solicitó ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la desincorporación del terreno federal a su favor, con anuencia de las autoridades estatales y federales.
Camacho asegura que, de quedarse sin la isla, más de 60 familias perderían su trabajo: “Tendrían que ponerse a piratear (pescar sin permisos oficiales) para poder sostenerse, porque, qué más les queda hacer. Nos quedaríamos sin ingresos”.
Luis Camacho, presidente del Comité de Administración de la cooperativa, considera que ese tipo de autoridades son las que hacen al ciudadano común “un malandrín”. Explica: “Yo no tengo vicios; pero tengo una familia y soy capaz de hacer muchas pendejadas por sacarlos adelante; nos está provocando a reaccionar de la forma que ellos hacen, por la espalda”.
Posesión con documentos falsos
En más de 60 años ninguna autoridad había visitado la isla. Fue hasta febrero de 2007 cuando el entonces presidente de Comondú, Marco Covarrubias, llegó al lugar con algunas cobijas y despensas para los pescadores. Dos meses después, apareció el gobernador del estado, Narciso Agúndez, acompañado de elementos de la zona naval, a bordo de lanchas rápidas.
Agúndez regresó a Cabo San Lázaro, ahora en helicóptero. Esta vez iba acompañado con parte de su gabinete y Luis Cano Hernández, empresario inmobiliario. El ejecutivo estatal llevó a los lugareños cobijas, despensas y dos placas solares.
Filiberto Beltrán, representante legal de la cooperativa, dice que para los pescadores la visita de las autoridades significó “un gran evento”. Le ofrecieron al gobernador lo que tenían a la mano; sin embargo, la gente no imaginaba que Agúndez fuera a promocionar la isla, por eso se hizo acompañar por Cano Hernández.
Ésa fue la primera y única ocasión que el empresario fue visto en el lugar; sin embargo, según los directivos de cooperativa San Carlos, Cano Hernández presentó la documentación para solicitar la desincorporación de Cabo San Lázaro como terreno nacional a su favor, ante la Secretaría de la Reforma Agraria.
Uno de los documentos que entregó a la dependencia fue una constancia firmada por el alcalde de Comondú y el delegado municipal de San Carlos, Ernesto Prieto, quienes certificaban que Luis Raymundo Cano Hernández estaba en posesión y explotación del predio conocido como Cabo San Lázaro, desde hace más de 10 años.
En el escrito no se precisa el domicilio de Cano Hernández, sólo indica que es en la población de San Carlos, municipio de Comondú. El empresario, quien es dueño de la inmobiliaria Paraíso del Mar, tiene su domicilio particular en San José del Cabo, en el municipio de los Cabos, a unas siete horas del lugar en cuestión.
Fortuna solicitó entrevista con Luis Cano. En las oficinas de Paraíso del Mar, ubicadas en el centro de la capital del estado, se informó que podría realizarse vía telefónica con el empresario o con el administrador del proyecto, John Fair; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Sanción
Tanto Covarrubias como Prieto pueden ser acusados de falsificación de documentos, como lo prevé el Código Penal Federal en el artículo 246 en su segunda fracción: para “el notario y cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos”.
La sanción para ambos sería la cárcel, de acuerdo con el artículo 243 de la misma norma. “El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”.
Acuerdo de improcedencia
Jisela Paes Martínez, delegada de la Reforma Agraria en Baja California Sur, confirma que Cano Hernández presentó una solicitud el 7 de junio de 2006 ante la dependencia, donde pidió más de 2 mil 230 hectáreas pertenecientes a Cabo San Lázaro.
Paes Martínez dice que la delegación inició el trámite a favor del empresario; sin embargo, unos meses después, los pescadores del lugar se acercaron a ellos para informar que son los que tienen la posesión de la isla.
La funcionaria explica que documentalmente no sabían si se trataba de la misma superficie, por lo que acudieron al predio a realizar una inspección ocular con el fin de determinar quién se encontraba en posesión del predio. Tras dicha acción, las autoridades constataron que se trataba de la misma superficie, y que eran los pescadores quienes estaban en el lugar.
La Reforma Agraria dictó un acuerdo de improcedencia el 9 de julio de 2007, respecto de la solicitud presentada por Luis Cano.
Proceso
Paes Martínez explica que cuando alguien solicita la desincorporación de terrenos nacionales, lo que procede es dictar un acuerdo de radicación y se hace una investigación de antecedentes de registro que pudiera existir del predio, en registro público, catastro y la delegación de registro agrario nacional, para determinar si el terreno no ha salido del dominio de la nación o está registrado a favor de otras personas.
Luego, agrega, se procede a dictar un acuerdo de procedencia y se solicita la autorización del folio. Una vez autorizado, se programa para ir a medir el predio. La solicitud de Cano Hernández llegó hasta la autorización del folio.
La delegada puntualiza que se debe de tener el predio en posesión por lo menos tres años para poder solicitarlo ante la Reforma Agraria.
Otras solicitudes
De acuerdo con Paes Martínez, el gobierno del estado metió una solicitud el 18 de enero de 2008, donde pedía desincorporar Cabo San Lázaro a su favor. La funcionaria explica que cualquier gobierno que pida un predio tiene que argumentar el porqué de su solicitud, ya que –se supone– es en cumplimiento de sus mismos fines.
En este caso, el gobierno encabezado por Agúndez no justificó la solicitud. Sólo pedía para sí las más de 2 mil hectáreas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), también hizo una solicitud respecto a la isla. El día 7 de enero del presente, la dependencia presentó la documentación ante la SRA.
Además, 43 pescadores, entre cooperativistas y libres, hicieron lo propio, para –luego de más de medio siglo de estar en posesión de Cabo San Lázaro– convertirse en dueños legales de la isla.
Paes Martínez explica que la federación tiene derecho de preferencia para solicitar el terreno, ante los gobiernos estatal y local, y los particulares.
Tercera zona productiva
En la zona de playa de Cabo San Lázaro, el viento proveniente del Pacífico forma enormes olas, que llegan a tocar las áridas arenas del desierto; unos kilómetros adentro, una centena de lobos marinos hizo de una parte de la isla su hogar, que los pescadores llaman “la lobera”; la parte interna del cabo es bañada por las aguas azules que desembocan en el manglar; ahí, el mar permite, dependiendo el viento, surfear o practicar la vela.
En una vasta región del cabo se da el avistamiento de la ballena gris, de diciembre a marzo; la tortuga amarilla, que viene de aguas de Japón; la tortuga negra, que anida en la región. Bahía Magdalena es el tercer cuerpo lagunar de importancia en el mundo, tiene zonas que se alimentan de nutrientes de corrientes submarinas, como la llamada Humboldt, proveniente del Pacífico.
Filiberto Beltrán dice que Isla Magdalena, conjunto de cabos adonde pertenece San Lázaro, es considerada la tercera zona productiva de potencial en el mundo. Pero lo que se requiere –agrega– es una administración adecuada, para respetar la vocación natural del lugar, que es la pesca comercial.
Intenciones del PAN
Beltrán comenta que los pescadores se enteraron de la pretensión del gobernador y de Cano Hernández, respecto a la isla, por el presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Jiménez.
El líder pesquero considera que la gestión del militante del blanquiazul “tiene claroscuros”, ya que incumplió con su deber de poner en antecedentes a los pescadores sobre un posible desalojo de la isla; además de que, con el apoyo de la SRA, pretende ser parte de la repartición de las hectáreas en pugna.
“Cuando le decimos a Acción Nacional –en el estado– que llegó el momento de definir qué modalidad de tenencia de la tierra nos conviene más, el presidente del PAN me dice, ‘pues la que más convenga Filiberto; pero para que puedan ser sujetos de crédito es mejor que sea la privada’. Nosotros sabemos que si uno vende se va a empezar a comercializar el resto y se perderá la vocación natural que tiene la zona”, sostiene.
Beltrán dice que para evitar la comercialización de los terrenos de la isla, ellos piden a la Reforma Agraria que Cabo San Lázaro sea considerado un ejido pesquero.
SRA: inmobiliaria
El líder explica que la delegada de la SRA en el estado, Jisela Paes Martínez, le comentó que “estaba muy inquieta por la visita de un representante de las oficinas centrales para recomendarle que detuviera el proceso de Cabo San Lázaro, en virtud de que ya había un arreglo entre los pescadores y un empresario inmobiliario, quien ofreció pagar a cada uno de éstos 30 mil dólares”.
Eliseo de la Toba, representante de los pescadores ante la Reforma Agraria, dice que Jisela Paes fue quien informó a los posesionarios de la isla que había un ofrecimiento para cada uno de ellos de 30 mil dólares, oferta que meses después aumentó a 40 mil.
Paes Martínez niega tales aseveraciones, y afirma no haber sido el emisario de los ofrecimientos; sin embargo, reconoce que a sus oficinas acudieron abogados provenientes del Distrito Federal, para informarle que existía una oferta para comprarles los terrenos a los pescadores.
“En todo momento me negué a ser el intermediario entre los abogados y los pescadores; la función de la SRA no es ser inmobiliaria”, dice la funcionaria federal.
Reserva ecológica
Ante la posibilidad de que la Conanp se quede con la posesión de la isla, Filiberto Beltrán dice que el decreto de convertir Cabo San Lázaro en un parque ecológico no les asusta, y que por el contrario les beneficiaría por la existencia de un plan integral de manejo de los recursos del lugar.
Incluso, considera que el nombramiento de reserva de la biosfera sería un paso positivo para los pescadores, más que cualquier proyecto de urbanización que se pudiera dar.
Por su parte, el presidente municipal de Comondú, Joel Villegas, quien a finales de abril tomó posesión del cargo, informa que está trabajando en una propuesta para convertir la isla en un parque ecológico. Asegura que el proyecto que presentará será consensuado con los pescadores del lugar.
Agúndez, en contra
El pasado 12 de mayo, el gobernador del estado tuvo conocimiento de la solicitud por parte de la Conanp para quedarse con la isla. La reacción de Narciso Agúndez fue la negativa a que Cabo San Lázaro se convierta en una zona natural protegida. Argumentó que se limitarían las actividades productivas de las familias que habitan la región.
Agúndez declaró, en un programa de radio local, que una posible declaratoria de reserva confinaría el desarrollo económico y social de las comunidades. Agregó que exigirá al gobierno federal frenar el trámite iniciado por Semarnat.
“Vamos a estar muy atentos a este proceso y vamos a exigir al gobierno federal que también piense en la gente, que es el principal recurso y activo de Baja California Sur”, dijo el gobernador.
Desde el 2 de mayo, Fortuna solicitó entrevista con el ejecutivo estatal. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Japoneses al acecho
Filiberto Beltrán dice que Luis Cano no es el único particular interesado en quedarse con la isla. Hace un par de años, cuando Agúndez tomó posesión como gobernador, un grupo de japoneses, cercanos a éste, mostraron su interés, primero por el abulón que se pesca en los alrededores, y luego en los terrenos del cabo.
Beltrán recuerda que los orientales se acercaron a él para conocer Cabo San Lázaro, adonde acudieron acompañados del líder pesquero para constatar que era en las aguas del lugar donde se pesca el abulón que comercializa la cooperativa. En aquella ocasión los japoneses tuvieron la oportunidad de recorrer la isla.

Fotos: David Cilia

En confabulación, notarios, funcionarios e invasores despojan de tierras costeras a particulares y posesionarios. El creciente desarrollo turístico en Baja California Sur desata una fiebre por la tenencia de terrenos con playa. En disputa, un mercado turístico que, tan sólo en 2006, dejó una derrama de 59 billones 989 millones 926 mil pesos .

Los Cabos, Baja California Sur. El boom turístico en que se encuentra el estado se cimienta en despojos de tierras públicas y privadas. Mediante el abuso de poder se arrebatan predios costeros, donde los allegados al régimen, apoyados en ocasiones por policías municipales, desalojan sin orden judicial a los aparentemente legítimos propietarios, dice Jorge Ledesma, periodista local.
Agrega que la misma corrupción de funcionarios de los tres niveles de gobierno permite la privatización de las playas locales (propiedad de la nación), en las cuales se prohíbe el acceso al público.
El secretario de Turismo estatal, Alberto Treviño, dijo en su Segundo Informe de Actividades que en 2006 arribaron 3 millones 12 mil pasajeros vía aérea, 8 por ciento más que en 2005. La derrama económica por concepto de ocupación hotelera fue de 59 billones 989 millones 926 mil pesos, 40 por ciento más respecto del año anterior.
De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur), Los Cabos registró una ocupación promedio de 68.4 por ciento en 2006, por “efecto-sustitución de Cancún”, es decir que aquellos turistas que tenían planeado visitar el principal destino de Quintana Roo prefirieron trasladarse a Baja California Sur.
Según la Sectur, Los Cabos y Puerto Vallarta se mantienen como los principales destinos turísticos al mostrar tasas de crecimiento del orden de 22.3 y 24.3 por ciento, respectivamente, en relación con 2005. Su ingreso por cuarto disponible se ubicó en 169.4 dólares para el caso de Los Cabos y de 74.3 dólares para Puerto Vallarta.
Luis Coppola, senador del Partido Acción Nacional, dice que cuando llegó su familia a Baja California Sur, hace más de 45 años, la tierra no valía nada; en el pueblo (Los Cabos) habitaban 2 mil 500 personas. “Pero con el detonante turístico se generó mucha codicia, especulación con el valor de la tierra. La plusvalía de los terrenos fue a la alza, sobre todo con frente de playa”.
El legislador sostiene que aquí no hay certidumbre en la tenencia de la tierra y se encuentra “roto” el estado de derecho. Asegura que muchas de las invasiones y desalojos son orquestados desde el gobierno estatal, por el propio gobernador, Narciso Agúndez, y el procurador de justicia, Fernando González Rubio.
Coppola recuerda que los orígenes políticos de Agúndez fueron, precisamente, la invasión de predios, al igual que del expresidente municipal de Los Cabos, Luis Armando Díaz, en Tijuana, Baja California.
Desde el 2 de mayo, Fortuna solicitó entrevista con el ejecutivo estatal. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Impunidad y depredación
Jorge Ledesma dice que la impunidad permite que sobre esas tierras y franjas costeras despojadas se desarrollen proyectos depredadores, como Puerto Los Cabos (propiedad de Eduardo Sánchez Navarro, principal accionista del Grupo Questro), a quien le autorizaron la construcción de una marina dentro del estero San José, vaso almacenador y principal fuente de agua dulce de la región.
El periodista explica que “la ilegalidad se maneja de manera integral”: inicia con la tenencia irregular de la tierra, pasa por la construcción de desarrollos turísticos que violan la legislación ambiental y concluye, “con broche de oro”, con la aplicación de dinero de dudosa procedencia.
Cabo Pulmo
Ricardo Castro, hijo y albacea de Jesús Castro, supuesto dueño de 200 hectáreas ubicadas en Cabo Pulmo, dice que en junio de 2006 alrededor de 100 guardias de seguridad privada del Grupo Erco, algunos de ellos armados, pretendieron apoderarse del lugar.
Castro comenta que los elementos de seguridad llegaron alrededor de las ocho de la mañana, cuando los lugareños salen a dejar a sus hijos a la escuela. Con marro en mano comenzaron la destrucción de las humildes casas que durante años habían construido.
Algunos vecinos, que se encontraban en el lugar, avisaron a la familia Castro Montaño (únicos del pueblo a quienes se les destruyeron sus casas). Cuando llegaron, nada pudieron hacer: las viviendas fueron demolidas y sólo encontraron los escombros y las ruinas de sus muebles.
Castro asegura que su padre es dueño de esas tierras costeras desde hace más de 60 años. Así lo constataron cuando el 24 de enero de 2001 el Ministerio Público de San José del Cabo les restituyó dichas tierras, luego de que el señor, que no sabía leer ni escribir, fuera timado por un extranjero que prometió ayudarle a repartir las tierras legalmente entre los hijos de Jesús.
Los afectados presentaron el mismo día de la invasión una denuncia ante el Ministerio Público con sede en La Rivera; éste acudió a dar fe de los hechos en compañía de un policía, y aún presenciando la demolición de los últimos cimientos, no intervino. Permaneció ahí unos minutos, tomó unas fotos y se marchó.
Días después, el procurador estatal González Rubio argumentó que “no podían actuar, porque estaba en riesgo la vida de los dos representantes de la ley”.
Dos años después, la familia Castro Montaño (de la cual se desprenden siete hermanos) vive en casas provisionales, sin piso firme y algunas con techos de palma, por el temor de que, luego de construir, les vuelvan a destruir sus viviendas. A la fecha, sigue el litigio abierto entre ellos y los supuestos dueños.
Para llegar a las casas de la familia Castro, que se ubican frente a una franja costera, con uno de los arrecifes de coral más importante de la región, hay que cruzar cerca de 40 kilómetros de camino terregoso; a los lados, terrenos cercados ostentan enormes espectaculares con la advertencia: “Aléjese, prohibido el paso. Keep out”.
En la advertencia, se asumen como los legítimos dueños desde 1964, cuando compraron los predios a Max Gotting, y amenazan, a quien entre al predio con demandarlo.
Ricardo Castro explica que fue precisamente Max Gotting el extranjero que intentó timar a su padre, causa por la cual estuvo preso en el Distrito Federal, hasta que el hermano del entonces presidente José López Portillo, Guillermo López Portillo, intervino por el “gringo”, con la condición de que le escriturara los terrenos a su nombre.
Así sucedió: durante muchos años el predio estuvo a nombre del hermano del exmandatario, hasta que en enero de 2001 el Ministerio Público restituyó los terrenos a Jesús Castro.
“Somos los legítimos dueños”
Eugenio Yerena, representante de Cabo Pulmo Inverment, dice que están peleando ante la autoridad por desordenes históricos-jurídicos para recuperar predios invadidos por gente que no tienen ningún derecho de estar ahí.
Yerena asegura que él representa a un grupo que hace más de 40 años adquirió esas tierras, que de manera ilegal han sido ocupadas por otras personas. Agrega que son, sobretodo, extranjeros “sin calidad y derecho alguno”, que vienen a vivir de manera ilegal en predios que son propiedad de Cabo Pulmo Inverment.
El representante legal dice que fue a partir de 2007 cuando iniciaron las acciones legales correspondientes para tratar de recuperar los predios de su propiedad. Y justifica que tienen que cercar y poner letreros para que las personas que lleguen por ahí no continúen actuando de manera ilegal e irracional, dentro de sus tierras.
Yerena afirma que las cercas no trastocan los accesos federales a las playas del lugar. Fortuna realizó un recorrido por la zona conocida como Cabo Pulmo y La Rivera, alrededor de 30 kilómetros, donde sólo existen dos accesos a las playas del lugar, los cuales no tienen más de dos metros de ancho.
Al preguntarle respecto de la disputa que mantiene por la tierra, el representante de Cabo Pulmo Inverment sostiene no tener nada que ver con la familia de Jesús Castro. Después argumenta, “con muchísimo respeto, pero el 80 por ciento del estado se apellida Castro, es un árbol genealógico enorme, aquí usted menciona un Castro y menciona al 80 por ciento de la población local, cuál Castro, hay muchos, no sé a quién se refiere.
“Nosotros no tenemos problemas con nadie y estamos haciendo acciones reivindicatorias ante las autoridades correspondientes; no son problemas personales con nadie, conocemos a la gente porque estudiamos el escenario”, dice.
Regidor invasor
Otro predio es el conocido por “las praderas”. Jorge Ledesma dice que el 26 de noviembre de 2007, por la noche, el entonces regidor del municipio de Los Cabos, César Uzcanga, lo invadió en forma violenta, con el apoyo de la policía municipal.
Agrega que unos días después, el edil se presentó en un programa de Radio Cabo Mil a lanzar amenazas contra aquellos empresarios que defendían la causa de los propietarios del predio invadido, sosteniendo que tenía listas a 5 mil personas, con armas de fuego y dispuestos a todo, para invadir también sus terrenos.
El 16 de febrero pasado, Uzcanga se vio en líos una vez más, cuando sus socios, para sacarlo del predio, lo acusaron públicamente de robarse más de 15 millones de pesos por la venta de lotes en “las praderas”. El regidor declaró a la prensa: “Me quieren comer el mandado” (Tribuna de Los Cabos, 16 de febrero de 2008).
La Rivera
En febrero pasado, el predio conocido como “boca de la trinidad” en La Rivera –con una posesión de 30 años avalada por documentos oficiales del ayuntamiento de Los Cabos y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), a favor de Simón Montaño Lucero, de 78 años de edad– fue tomado por policías ministeriales, quienes sin autorización judicial de por medio desalojaron al septuagenario.
El terreno tiene una extensión de ocho hectáreas, con 280 metros de playa. Al tener el control del lugar con ayuda de los ministeriales, el procurador González Rubio lo entregó a Javier Troncoso del Valle, quien había solicitado a la SRA la desincorporación del predio a favor de la empresa B and B, con resultados negativos.
La dependencia contestó al empresario que el predio ya había sido solicitado con anterioridad por Montaño, a quien reconocía la posesión del lugar.
“Los frailes”
Jorge Ledesma explica que a media noche del 3 de agosto de 2007, los habitantes del predio conocido como “los frailes”, localizado en el corredor turístico, fueron despertados con detonaciones de balas realizadas por elementos de seguridad privada del grupo Erco, quienes intentaban desalojar a los vecinos del lugar, principalmente a la familia Fiol, posesionaria de 400 hectáreas desde hace más de 25 años.
De acuerdo con una nota publicada en el diario Tribuna de Los Cabos, la empresa Inmobiliaria Piedra Bola alegaba que el predio en cuestión era suyo; sin embargo, no demostró legalmente su pertenencia.
El 4 de agosto en la madrugada, los vecinos del lugar, al ver que los policías municipales y estatales no respondían a sus denuncias, acudieron a la zona militar para pedir ayuda. Una veintena de efectivos militares acudieron al predio a prestar atención a los heridos, ya que los guardias de Erco no permitían la entrada de ambulancias al lugar.
Ledesma dice que al ser cuestionado por los medios de comunicación local respecto a la ausencia de la policía, el procurador González Rubio argumentó que no había denuncia oficial del hecho, lo cual fue desmentido por los afectados, quienes aseguraron que se presentaron dos denuncias penales: LRV/048/2007 y LRV/056/2007.
“El zacatón”
En 2004, se inició el litigio legal por la posesión de 400 hectáreas del predio conocido como “el zacatón”, ubicado en el corredor turístico San José del Cabo, con cuatro kilómetros de playa en el mar de Cortés. Oficialmente, desde hace 20 años, la propietaria del lugar es Laura Fernández McGregor, quien no radica en la ciudad, por lo que siempre se vio el terreno como baldío.
Ledesma dice que lo anterior ocasionó que, en 2001, Hilario Vargas Espinoza (compadre del actual gobernador), “a través de documentos apócrifos y con la complicidad de funcionarios municipales de Los Cabos”, pusiera el predio a su nombre.
Vargas comenzó a vender lotes a orilla de la playa, en precios que oscilaban entre los 50 y 100 mil pesos cada uno.
El periodista asegura que los entonces directores del Registro Público de la Propiedad, Juan Luis Araiza, y de Planeación Municipal, Federico Carreón, escrituraron varios lotes a su nombre. La legítima dueña, al enterarse de lo que sucedía con su predio, demandó a Hilario Vargas, acusándolo de despojo.
Hilario Vargas se puso en contacto con Fernández McGregor para exigirle la cantidad de 3 millones de dólares a cambio de no afectar más su propiedad. En julio de 2005, llegó a Baja California Sur una orden de aprensión del estado de Morelos, donde radica esta última.
Ledesma dice que Vargas y su abogado, Alfonso Padilla, fueron aprehendidos y llevados ante la justicia morelense. En enero de 2006, reconocieron ante el Juzgado II del Primer Distrito de Xochitepec, Morelos, haber falsificado las firmas de la escritura número 12851 ante el notario público 42, Luis Gerardo Mendoza, que supuestamente lo acreditaba como propietario de las 400 hectáreas.
El Juzgado Penal de Atizapán de Zaragoza, con residencia en Tlanepantla, Estado de México, giró en diciembre de 2005 también orden de aprehensión en contra del exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San José del Cabo, Juan Luis Araiza, y del exdirector de Planeación Municipal, Federico Carreón, acusados de ser cómplices de Vargas y Padilla (El Peninsular, 25 de enero de 2006).
“Caleta linda”
Ledesma da cuenta de otro caso de despojo. Explica que a mediados de 2006, 33 hectáreas del predio conocido como “caleta linda”, ubicado en el corredor turístico de Cabo San Lucas-San José del Cabo, fueron invadidas por un grupo de aproximadamente 80 guardias de seguridad privada, transportados en camiones con la leyenda de “Melia Cabo Real” y “Seguridad Privada Erco”.
El periodista asegura que los guardias, quienes iban capitaneados por Jhon Vaughn (director operativo del Grupo Questro), irrumpieron violentamente en el predio, tomando posesión del mismo y desalojando a los trabajadores que por años lo habían cuidado a sus legítimos dueños.
Desde 2006, “caleta linda” se mantiene vigilada por guardias privados, sin que las denuncias de hechos presentadas en su momento por los afectados ante el Ministerio Público hayan procedido.

Algunos predios invadidos:

• Los cangrejos
• Lomas del sol
• Mesa colorada
• San Cristóbal
• Cabo Pulmo
• El zacatón
• Las praderas
• Caleta linda
• Los frailes
• Boca de la trinidad
• El batequito
• Rancho San Simón
• Llano el gallito