La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) exigió poner alto a la impunidad fiscal mediante el combate a la informalidad, la piratería y a la falta de facturación, entre otros ilícitos, que provocan la evasión y el fraude fiscal.

Diana Bernal, titular de la Prodecon, se pronunció porque la próxima reforma hacendaria adopte medidas concretas contra la evasión y el fraude fiscal en el que incurren personas y empresas, lo que genera insuficientes recursos fiscales para el gasto público social y redunda en una mayor carga tributaria a los contribuyentes.

Entre estas medidas, Bernal propuso la incorporación por autoridad a la base fiscal a las personas y empresas que se encuentran en la informalidad, combatir la piratería, el contrabando y el lavado de dinero como actividades ilícitas pero también como actos de defraudación fiscal.

De no combatir estos ilícitos y no incorporar al padrón de contribuyentes a todos aquellos que realizan actividades económicas y perciben ingresos, las cargas tributarias seguirán recayendo exclusivamente sobre los contribuyentes cautivos y conduciría al incremento de impuestos, indicó.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el último trimestre de 2012 casi 30 millones de personas pertenecían a la informalidad, es decir, no están contribuyendo al gasto público. De esos 30 millones, se estima que más de 14 millones realizan actividades clandestinas de piratería.

La evasión y el fraude fiscal son acciones que comúnmente están vinculadas a otras formas de actividad criminal, como el lavado de dinero, la piratería y el narcotráfico, señala la Prodecon.

Por ello considera fundamental que en la reforma fiscal estructural se establezca la colaboración y competencia de otras autoridades, además del SAT, tales como unidades de inteligencia financiera, la Procuraduría General de la República (PGR) y el propio Poder Judicial Federal.

En conferencia de prensa, la titular de la Prodecon se pronunció por la simplificación del pago de impuestos, el fomento a la cultura contributiva, mejorar la estrategia de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y evitar los excesivos requisitos formales para el cumplimiento de los contribuyentes. Además, de la rendición de cuentas y la transparencia del gasto público.

También recomendó una mejor y más fortalecida Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en la que se reconozcan ampliamente las prerrogativas de quienes sí pagan sus impuestos.

Se estima que el monto de lavado de dinero en México asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, cifra que supera los ingresos por actividades lícitas.

De acuerdo con un monitoreo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde 2007 se han generado excedentes de dólares en efectivo anuales que oscilan entre los 10,000 millones y los 14,000 millones de dólares, “de los cuales la mitad supera los volúmenes contabilizados de las actividades tradicionalmente generadoras de esa divisa en efectivo en el país, como son las remesas provenientes de Estados Unidos, el turismo y el comercio en la frontera norte”.

Denuncias

El valor total de las denuncias presentadas entre 2007 y septiembre de 2012 ascendió a más de 100 mil millones de pesos, de los cuales 68 por ciento corresponde a denuncias presentadas entre 2011 y 2012. El monto asociado a denuncias generadas de 2011 a 2012 ascendió a 74,165 millones de pesos, mientras que de 2007 a 2010 sumó 35,582 millones de pesos.

En el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 53,402 reportes de operaciones inusuales y 152 reportes de operaciones internas preocupantes de 1,255 instituciones del sector financiero, correspondiente al periodo de octubre 2011 a septiembre 2012.

Del total, las instituciones de banca múltiple enviaron 54 por ciento de los reportes de operaciones inusuales, los transmisores de dinero 19 por ciento y las entidades de ahorro y crédito popular 6 por ciento. En lo que se refiere a operaciones internas preocupantes, 72 por ciento de los reportes recibidos fueron de instituciones bancarias, 20 por ciento de casas de bolsa y 8 por ciento fue de casas de cambio, entidades de ahorro y crédito popular, instituciones de seguros y sociedades financieras de objeto múltiple.

Además la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió 6.5 millones de reportes de operaciones relevantes, de los cuales 97 por ciento provinieron de instituciones bancarias.

La UIF integró y presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) 107 reportes de análisis de operaciones que involucran a 279 sujetos para identificar si están involucrados con actividades ilícitas. Asimismo presentó 36 denuncias en las que están involucrados 155 sujetos.

Por su parte la Unidad recibió 1,221 peticiones de información de la Procuraduría General de la República sobre un promedio trimestral de 1,500 sujetos en investigación por actos posiblemente vinculados a los delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

En el número 118 de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas aparece un suplemento especial sobre lavado de dinero.

Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es acusada formalmente de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), luego de que desviara fondos del gremio magisterial por más de 2 mil millones de pesos.

Alejandro Caballero Vertiz, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Reclusorio Preventivo Oriente, leyó las acusaciones contra la profesora y mencionó las pruebas que integran la averiguación previa abierta contra Gordillo Morales, quien no alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza.

La dirigente sindical, detenida este 26 de febrero, se reservó su derecho a declarar y solicitó la ampliación del plazo para leer el expediente y aportar pruebas a su favor, que vence el próximo 4 de marzo.

La  Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la detención de Gordillo Morales luego de que se identificó que entre 2008 y 2012, la lideresa magisterial desvió sistemáticamente recursos de las cuentas del sindicato a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras.

El procurador Jesús Murillo Karam explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación “inusual” por 2 millones 600 mil pesos, realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, y al analizarse esta operación se evidenciaron múltiples operaciones más dentro del sistema financiero, por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de dos cuentas bancarias del Banco Santander pertenecientes al SNTE.

Reporte de Operaciones Inusuales
La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de recibir información financiera de operaciones bajo sospecha de estar relacionadas con lavado de dinero, destaca en sus Reportes de Operaciones Inusuales que de 2004 a 2012 se registraron un total de 432 mil 169 operaciones de este tipo.

El quinto año de gobierno de Vicente Fox Quesada fue el que más tráfico tuvo, al registrar 63 mil 674. Ya en la administración calderonista, 2012 fue el de mayor número de operaciones con 57 mil 263.

Petróleos Mexicanos informó que abrirá a la libre competencia el mercado de aceites y grasas lubricantes en todas las estaciones de servicio del país.

De este modo, Pemex y Mexicana de Lubricantes (MdeL) terminan de mutuo acuerdo con la exclusividad de venta de estos productos”, informó la paraestatal en un comunicado.
Explicó que cualquier franquiciatario podrá comercializar libremente los productos y establecer un esquema comercial con cualquier proveedor o fabricante de aceites que cuente con el registro ante Pemex Refinación.
A partir del próximo 20 de noviembre, se iniciará la recepción de solicitudes de registro, disponible en la página www.franquiciapemex.com, para las empresas interesadas en comercializar sus productos en las estaciones de servicio en el territorio nacional.
El manual de operación de la Franquicia Pemex contempla las especificaciones técnicas de calidad que deberán cumplir los aceites y grasas lubricantes que se comercialicen, a fin de asegurar el prestigio de la franquicia y evitar la venta de productos de baja calidad dentro de las estaciones de servicio, agregó la empresa.
La paraestatal acotó que Pemex Refinación continuará cumpliendo con los contratos de todos sus clientes que adquieren sus aceites básicos para la elaboración de grasas y lubricantes.
Desde que se firmó el primer contrato de asociación entre Pemex e Impulsora Jaliciense (IJ), en 1997, se concertó que en las gasolinerías del país se comercializarían sólo productos de MdeL (Akron) y desde entonces la venta de otras marcas estuvo restringida.

Sin una cifra exacta sobre el número de sociedades de ahorro y crédito popular que operan de forma irregular en el país,la Comisión Nacionalparala Proteccióny Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) estima que hay, cuando menos, 200 entidades en el país que captan recursos de forma indebida.

En contraste, tan sólo 99 sociedades de este tipo en el país –59 cooperativas y 40 sociedades financieras populares– cuentan con autorización dela Comisión NacionalBancaria y de Valores (CNBV) para operar.

Pensadas para atender a las comunidades de menores recursos económicos (poco atractivas para la banca privada), las entidades de ahorro y crédito popular han sido “un sector incipiente en transparencia y educación financiera”, reconoció la Condusefen febrero pasado al dar a conocer información sobre su situación actual.

Además de la estimación sobre las entidades que operan al margen de la ley,la Condusefreportó que hay 231 sociedades en proceso de obtener la autorización dela CNBV, así como otras 152 exentas de dicho permiso, debido a que sus activos son menores a los 2.5 millones de Unidades de Inversión (Udis).

El titular de Comunicación Social de la entidad, Marco Carrera Santacruz, advierte un problema entre las sociedades que están en proceso de ser autorizadas pero que se ostentan como si ya lo estuvieran, pues ello implica un engaño a las personas y podría significar un fraude.

Carrera Santacruz refiere que esto se debe al complejo marco legal que las regula. Y es quela Leyde Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, vigente desde2001, haconsentido diversas prórrogas al tiempo originalmente estipulado para que las entidades dedicadas al sector popular se adecúen a los dos únicos esquemas permitidos: las sociedades financieras populares y las cooperativas de ahorro y préstamo.

Ello se ha traducido en un “amplio abanico de opciones”, pues lo mismo existen instancias autorizadas porla CNBVque otras en proceso de regularización, pero que también pueden captar recursos del público, lo que se presta a confusiones, reconoce el vocero dela Condusef.

Además, dentro de las cooperativas de ahorro y préstamo, la ley establece cuatro niveles conforme a la capacidad de captación de cada entidad, que en todos los casos es superior a los 2.5 millones de Udis, que se suman a las que tienen un nivel de operación básico (con activos menores a los 2.5 millones de Udis) y las de prórroga condicionada.

Marco legal complejo

Patricia Rodríguez López, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) dela Universidad NacionalAutónoma de México, critica que esta complejidad en el marco legal de las entidades de financiamiento popular ha sido resultado de la incapacidad de las autoridades financieras para establecer una normatividad acorde con la realidad del país.

La especialista en economía fiscal y financiera refiere que la proporción de personas que recurren al sector financiero informal es alta dada su imposibilidad de acceder a la banca privada comercial.

Pese a ello, la CNBV, el Banco de México yla Secretaríade Hacienda y Crédito Público no han ofrecido una respuesta efectiva para regularizar entidades como cajas de ahorro o pequeñas cooperativas, a través de las cuales se canalizan ahorros y la gente de menores recursos tiene posibilidades de acceder a financiamientos, critica la investigadora.

De acuerdo con datos dela CNBV, en el país hay en promedio 1.8 sucursales bancarias por cada 10 mil habitantes. Nuevo León, Colima y el Distrito Federal son las entidades donde más se concentran. Por el contrario, la proporción disminuye en los estados más pobres: Chiapas, Oaxaca, Guerreo y Veracruz, principalmente en sus zonas rurales.

Rodríguez López reflexiona que si los bancos comerciales no tienen opciones accesibles para niveles de ahorro bajos, debería regularse a todas aquellas instancias que sí lo pueden hacer. Además de su legalización, la investigadora propone que se le dé seguimiento a su operación.

Pero al no existir un mecanismo realmente eficaz para formalizar este tipo de entidades, se fomenta que éstas continúen operando en la informalidad. Ello implica que los usuarios están expuestos a un riesgo permanente de ser víctimas de un fraude, ante lo cual están indefensos, pues como se trata de entidades que trabajan de forma clandestina,la Condusefno puede rastrearlas.

El vocero de la entidad refiere que aunque el marco legal sí establece sanciones,la Condusef“no tiene la coercibilidad necesaria” para ejecutarlas. De nueva cuenta, Carrera Santacruz alude a la complejidad del marco legal y apunta que si bien éste tendría que ser eficaz, se requiere que sea “práctico, ágil, eficiente”.

Sector desdeñado

El Reporte de inclusión financiera 2010, dela CNBV, muestra que en Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz la oferta de servicios bancarios es incipiente. Se trata de los estados en los quela Condusef reportó mayor incidencia de fraudes vía las sociedades de ahorro y crédito popular.

Los datos dela CNBVregistran que en la zona rural de Puebla existen 0.09 sucursales bancarias por cada 10 mil habitantes, mientras que hay sólo 0.27 cajeros para la misma proporción de habitantes, que suman 110 mil 231 en esa región.

Aunque en el área rural de Veracruz viven 42 mil 916 personas, no existe ningún banco que opere en la zona y, conforme a la población que tiene, existirían apenas dos cajeros. En Guerrero ni siquiera hay registros sobre oferta de servicios financieros en la región rural.

En la zona “semi-metrópoli” de dicha entidad, el panorama no es mejor: menos de dos sucursales bancarias y 5.46 cajeros por cada 10 mil habitantes.

La investigadora Rodríguez López critica que los servicios financieros estén altamente centralizados en las grandes ciudades, mientras que en la mayoría de los municipios la presencia de bancos es escasa, no operan adecuadamente y las tasas de interés que pagan son muy bajas, además de que sus requisitos para otorgar un crédito son inaccesibles para la mayoría de la población.

Recalca que el Estado tiene la obligación de hacer penetrar el tema financiero regulado en todo el país, responsabilidad que había ejercido a través de la banca de desarrollo. Sin embargo, ésta ha sido paulatinamente relegada, dejando los servicios de primer piso en manos de la banca privada.

Sumado a la poca atención que ha puesto el Estado en ofrecer servicios en las zonas más pobres del país, existe un desinterés por acercar a esas comunidades la información necesaria para evitar que sean víctimas de fraude.

Carrera Santacruz lo atribuye a la falta de educación financiera que prevalece en el país y que se agudiza en las zonas más pobres y de difícil acceso. En las comunidades indígenas se suma el problema de la lengua, lo que dificultaría la transmisión de información, diagnostica el representante dela Condusef.

De acuerdo con el propio Carrera Santacruz, hasta la fecha la instancia encargada de proteger a los usuarios de los servicios financieros no ha puesto en marcha ningún programa informativo que atienda a este tipo de población.

La investigadora del Iiec disiente de la postura de que en las comunidades más marginadas no hay una cultura financiera. En su opinión, se trata de una visión distinta sobre lo que son las finanzas, pues ante la ausencia de medios formales, las personas recurren a mecanismos como cajas de ahorro, tandas, cooperativas o préstamos con agiotistas para poder financiarse.

Fraude y lavado de dinero, los riesgos

Aunque el mayor riesgo de que entidades de financiamiento popular operen de forma irregular es que incurran en prácticas fraudulentas, la maestra Rodríguez López no descarta que también puedan servir para blanquear recursos de procedencia ilícita.

Puntualiza que si bien podría darse el caso, el lavado de dinero requiere un esquema financiero mucho más amplio, por lo que las pequeñas estructuras de las sociedades de ahorro y crédito popular resultarían insuficientes para ese propósito.

Las estimaciones más recientes dela Condusefseñalan que hay, “cuando menos”, 200 entidades financieras populares que operan de forma irregular. Sin embargo, Carrera Santacruz aduce que no se puede conocer una cifra exacta dado que no hay forma de saber de su existencia a menos que sean denunciadas por los usuarios, lo que suele ocurrir cuando el fraude ya se ha consumado.

El vocero dela Condusefpropone una alternativa: conocer las entidades que están autorizadas y, por consiguiente, saber que el resto no lo está.

Pero tal solución podría ser válida únicamente para quienes tengan acceso a internet (29 por ciento de la población en el país), pues la Condusefpublica dicha información sólo a través de su página web. Por consiguiente, para las regiones más depauperadas del país no existirían vías para conocer dicha información.

Recuadro

Composición actual del sector financiero popular

De acuerdo con información dela Condusef, actualmente el sector de las entidades de crédito y ahorro popular está conformado por un grupo de 12 federaciones y una confederación autorizadas al primer cuatrimestre de 2007 que están en proceso de prórroga para tramitar su autorización.

Otro grupo, el de las entidades ya autorizadas, está integrado por 20 sociedades financieras populares y 28 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Un tercer grupo lo conforman las entidades con prórroga condicionada para adecuarse a la normatividad vigente. Aunque se había estipulado como fecha límite para el trámite de regularización el 31 de diciembre de 2012, el plazo se extendió cuatro años más.

Sin embargo, la Comisión NacionalBancaria y de Valores registra 57 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 36 sociedades financieras populares, 13 federaciones de entidades de ahorro y crédito popular, y una confederación de entidades de ahorro y crédito popular.

Horan

 Al no existir un marco jurídico que permita vigilar la contabilidad empresarial a nivel nacional e internacional, se permiten márgenes de operación a quienes usan la ingeniería contable para alterar su información financiera y cometer fraudes financieros que dañan y dejan en la bancarrota a usuarios e inversionistas.

De acuerdo con Stephen Horan, columnista de Financial Times y jefe de relaciones con universidades y capital privado de CFA Institute, uno de los más importantes fraudes financieros de los últimos años es el de Allen Stanford. El hombre de 59 años, presidente de Stanford Financial Group, con sede en Houston, Texas, defraudaba desde2004 a sus inversionistas.

Stanford fue detenido porla Oficina Federalde Investigación en 2009 para enfrentar 21 cargos en su contra. La acusación afirma que Stanford defraudó por 7,000 millones de dólares mediante un esquema de venta de títulos a plazo fijo, conocidos como certificados de depósitos. Los plazos eran gestionados por Stanford International Bank.

El empresario presentaba información falsa sobre las condiciones financieras de la compañía y las estrategias de inversión. Transfirió más de 1,600 millones de dólares en préstamos personales a su propia cuenta. El hecho, dice Horan, también analista financiero y economista forense en la práctica privada, afectó inversores en Venezuela, México y América Latina.

En entrevista para Fortuna, Horan, quien además es editor asociado de la publicación de finanzas Financial Services Review, y participa en la junta editorial del diario Journal of Wealth Management, refiere que fue a partir del escándalo financiero de Enron, en Estados Unidos, que se creó la ley Sabarnes-Oxley, también conocida como el Acta de Reforma dela Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista.

Enron Creditors Recovery Corporation, una compañía energética estadunidense con base en Houston, Texas, fue nombrada por la revista Fortune como la compañía más innovadora de América desde 1996 hasta 2001 y séptima empresa más grande de Estados Unidos, de acuerdo con su contabilidad. La empresa empleaba a 21 mil personas y tenía ingresos hasta por 111,000 millones de dólares.

En 2001 se dio a conocer que la contabilidad de Enron estaba alterada, se sustentada en técnicas de ingeniería financiera fraudulentas. Los activos y beneficios de Enron eran inflados, e incluso inexistentes, creaba beneficios ilusorios de millones de dólares, cuando en realidad la empresa quebraba.

Horan explica que el fraude se efectuó en los principios y reglas contables; “usaron financiación fuera de los balances” y esto les daba ganancias ficticias y generaba también un financiamiento ficticio.

La ley Sabarnes-Oxley se creó con el fin de establecer estándares en la elaboración de los estados financieros y facilitar así la detección de fraudes; endurece las penas y responsabilidades civiles para quienes cometen fraude; protege a los empleados; establece responsables de los posibles fraudes; obliga a las empresas a documentar el flujo de transacciones, y crea una comisión encargada de supervisar las auditorías de las compañías que cotizan enla Bolsade Valores.

“No fue suficiente”, refiere Horan, puesto que la legislación lanzada en 2002 estaba basada en principios contables y estructuraba lo que tenía que ver con compañías públicas que auditaban los balances, generaba un gran costo para las compañías pequeñas y no fue tan efectiva como se pensó.

Para el antiguo profesor de finanzas enla Universidad SaintBonaventure, dicha ley fue menos efectiva de lo que se esperaba en lo que refiere a la detección de fraudes en los estados contables. “Sólo fue positiva desde el punto de vista de la legislación que alcanzaba a lo relacionado con la presentación de los estados contables”.

Ante la falta de reguladores, el experto sugiere que la mejor forma de prevenir fraudes a nivel global es que los inversores hagan las preguntas correctas a la hora de hacer sus inversiones.

“Los gobiernos pueden contribuir a evitar fraudes financieros primero con la creación de órganos reguladores que verifiquen a los gestores de inversión y detectar de esta forma el fraude, y, en segundo lugar, que los propios inversionistas sean educados para no caer en estafas y ser víctimas de fraude de inversión”, concluye.

Mexicana de Aviación

Que agridulce es felicitar cuando el felicitado está vivo, pero no sabemos aún si saldrá de su coma profundo de casi un año. Mexicana de Aviación está grave, demasiado. Llevaba años envenenándose hasta que no pudo más y sucumbió, entró en un letargo que en más de una ocasión por mentiras y especulaciones parecía podría dejar atrás y retomar la mínima fuerza para volver a vivir, aunque su rehabilitación hubiera sido lenta e incierta.

 No encuentro mejor símil que el anterior para comunicar mi opinión al respecto de Mexicana de Aviación. Hace casi un año que empezó el proceso de concurso mercantil. Mexicana enfrentaba una delicada situación financiera; sus pasivos y contratos colectivos con los 3 sindicatos hacían su saneo inviable.

Mexicana dejó de volar, más por cuestiones políticas y comerciales que financieras. La apuesta de un Gastón Azcárraga y sus socios habría salido mal. La táctica empresarial que los llevó a crear 2 aerolíneas sanas y sin los lastres sindicales se vendría abajo tras un revés de IATA. Mexicana de Aviación agonizaba y la única salida para ellos sería la requisa y el rescate gubernamental de Compañía Mexicana de Aviación. Pero esto no sucedería.

Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular en ese momento de la  SCT y Javier Lozano Alarcón, responsable de la STPS, tomarían el asunto en sus manos suponiendo una fácil salida. Gastón y socios escaparon por la puerta trasera, gracias a una venta por un precio simbólico a “Tenedora K”, empresa de Inmobiliaria FUMISA del fondo Advent International Corporation. Se nombraría a un conciliador, Gerardo Badín Cherem, quien llevaría el proceso del concurso mercantil hasta la reestructura y relanzamiento de la empresa o bien hasta la declaración de quiebra. MRO Services, otra subsidiaria serviría para financiar el proceso del concurso mercantil, incluyendo los honorarios de Badín, según lo marca la Ley de Concursos Mercantiles.

Hoy queda menos de un mes. El 9 de agosto deberá haberse signado con todos los acreedores los convenios definitivos y habrá ingresado ya el dinero del mejor (¿existe alguno?) postor. La incómoda participación de la familia Molinar Horcasitas dejó a Juan Francisco al margen del tema. Él sale de la SCT y se deslinda del tema del que casi no quiso hablar.

Javier Lozano tomó el proyecto en sus manos como “representante del gobierno”. En más de una ocasión negó la posibilidad de rescate o requisa, y su dura postura sesgada hacia los sindicatos so consigna (¿pretexto?) de salvaguardar los intereses de los trabajadores estancó las negociaciones en tiempo y en el número de los grupos potencialmente interesados en la aerolínea.

Desfilaron por la Torre de Xola diversos grupos inversores, algunos tuvieron una sola reunión con el conciliador y el entonces administrador, Javier Christelieb. La viabilidad de invertir y tener un retorno era inexistente. Los activos de Mexicana eran intangibles y con el tiempo perdían valor. Los pasivos, a su vez, por más quitas seguirían creciendo. Las principales trabas estaban en los pasivos laborales y en algunas deudas con IXE, Banorte y BANCOMEXT. Las propuestas, algunas se veían viables, otras parecían sacadas de la mano.

Finalmente, cualquier grupo de inversionistas que llegaba y quería seguir con el proceso terminaba en lo mismo: No tenían el dinero líquido para invertirlo. Y cada vez que sucedía esto, la opinión pública se preguntaba ¿cómo era posible que se volvieran a “chamaquear” a Lozano y a Badín? Y la respuesta es tan difusa que prefiero no pensar si era por una inocencia de novato (que quiero inferir ni Lozano y mucho menos Badín son) o por alguna agenda oculta. Finalmente, Badín está por sus honorarios y Lozano busca la presidencia. Colgarse la medallita de la reestructura de Mexicana le daría una fuerte cantidad de votos y visibilidad pública.

De cualquier modo, salieron muchas mentiras a la luz pública. De hecho, un servidor logró desmentir el supuesto interés de American Airlines en invertir en Mexicana junto con TG Group, una de las muchas mentiras y falsedades que han surgido en el proceso.

Hoy, dice en comunicado de prensa conjunto SCT – STPS que hay 2 grupos serios interesados en Mexicana, pero que ninguno ha demostrado solvencia económica. Menciona como un posible desenlace la quiebra. El estatus es casi el mismo que en los últimos meses. La diferencia está en que hoy es crítica la situación por la urgencia de los tiempos. Parece ser que Badín cobrará sus honorarios y Lozano saldrá raspado de este proceso. Trabajadores y acreedores diversos los más afectados, y la competitividad del país y el desarrollo de la industria aeronáutica en un retroceso temporal.

Mexicana está entrampada por demandas, denuncias, amparos, apelaciones y emplazamientos a huelga. La maraña está muy enredada. Un servidor estima que los tiempos no son suficientes y que Mexicana terminará por ser declarada en quiebra.

Pero Mexicana no ha muerto. Aún con la quiebra, la marca podría ser rematada y algún empresario podrá iniciar Mexicana de Aviación desde cero con poca inversión, y La primera dejará de ser la primera… 90 años después.

Ayer, 12 de julio Mexicana cumplió 90 años, y la SCT y la STPS la felicitaron. Una felicitación sin tacto y que pinta a burla. Triste cumpleaños para Mexicana.

Nota del autor: El boletín de la SCT y STPS y las declaraciones de Lozano hablan de una mala voluntad de la prensa en el tema Mexicana. La redacción de Alternativo Networks, Inc. en diversas ocasiones solicitó entrevista a Javier Lozano. Esta nunca nos fue otorgada.

Carlos Alberto Bazán Canabal es fundador de Alternativo Networks, analista de la industria aérea y tecnológica y comunicador en medios sociales.

Para preveer posibles desencuentros y conflictos de interés, el nombramiento del albacea en un testamento es una de las decisiones más importante porque será el encargado de hacer valer la voluntad de quien dictó un testamento esperando los mejores resultados.

En México, como en ningún otro país, la figura del albacea es muy importante porque aquí la ley no decide qué porcentaje del patrimonio se va a heredar sino que se respeta la voluntad de quien hereda sus bienes.

Si bien es cierto que es posible impugnar un testamento, en México, generalmente, los juzgados suelen no dar entrada a esa impugnación y seguir al pie de la letra lo dispuesto en un testamento cuya vigencia depende del último documento registrado ante un notario.

Así, en México sólo una de cada seis empresas familiares prolonga su operación más allá de la tercera generación de directivos, por lo que resulta indispensable planear quién asumirá su liderazgo con anticipación, considera un análisis del Área Académica de Factor Humano del IPADE.

Generalmente, los fundadores de este tipo de compañías no establecen un proyecto adecuado para heredar su puesto y tampoco se disponen a ceder el poder: 31% considera hacerlo entre los 60 y 65 años; 27% después de los 65 años; 15% no lo ha considerado, y 9% nunca dejaría de encabezar su organización.

Por ello, los directivos deben liderar el proceso de transición, para evitar sacrificar el negocio o la familia, pues se trata de conciliar ambas partes y proyectar el negocio hacia el futuro que bien podría quedar escrito y no a la deriva.

En México, a diferencia de otras legislaciones que dan derechos automáticos a los herederos, se otorga la posibilidad de decidir por completo la distribución de una herencia. La recomendación, por lo tanto, para evitar impugnaciones que dañen el rumbo de una compañía es dejar más soluciones que problemas.

“En la práctica, no obstante, muchas veces el patriarca de una empresa en su afán de seguir mandando aún en el otro mundo deja unos esquemas muy complicados como es el caso de las copropiedades que dejan más problemas que soluciones”, reconoce Aparicio.

De esta forma, cuando un testamento incluye esquemas de este tipo para la distribución de los bienes incluidos en una herencia, los familiares y beneficiarios tendrán que ponerse de acuerdo en negociaciones en donde, muchas veces, se pierde la racionalidad e imperan las emociones.

El testamento, por lo tanto, no es un área que se mantenga cerrada y definida durante la vida del empresario y la compañía. Cada año hay que revisar cómo está el proceso de herencia de bienes y, por supuesto, salvaguardar que ese documento no sea manipulado.

De lo contrario, reconoce Aparicio, se pueden generar verdaderas confrontaciones, historias de terror de intestados que se enfrentan a una realidad: ya no es la voluntad del fundador o del empresario desaparecido sino que ahora son las leyes y las autoridades las que determinarán el destino de los bienes.

En México, relata el consultor, hay muchas historias de empresarios que han establecido en su testamento que, a su muerte, el total de los bienes sean heredados a la  esposa, lo que genera grandes problemas. Se trata también de un temor infundado a no ser justos y dejar a otros la decisión.

Por eso, el catedrático del IPADE e ideólogo del sector empresarial, Carlos Llano, solía decir: “No decidas el cambio de estafeta en la sala de terapia intensiva”.

Las irregularidades en el juicio de impugnación del testamento de Isaac Saba, Moisés Saba Ades las atribuye a la corrupción de los tribunales mexicanos y acusa directamente al Juez 18 de lo Familiar Gustavo Garduño, al Magistrado Lázaro Tenorio de la Primera Sala quien giró una orden para imponer un tutor a sus hijos menores.

Fue también el Juez 18 de los Familiar quien, asegura Moisés Saba, colocó en en suspensión los desistimientos que él mismo primogénito de Isaac Saba interpuso para dar por concluida la demanda de impugnación del testamento. Garduño, apunta, habría hecho lo mismo con los desistimientos de Manuel y Alberto Saba Ades, por lo que hoy el juicio para impugnar la herencia de Isaac Saba sigue activo.

“No podíamos pelear contre el Juez, contra la corrupción, quise desistirme pero no nos dejaron, pero sí decidí, en cambio, preservar el derecho de mis hijos menores a reclamar su herencia en un futuro y ese, aparentemente, es el problema que aún me tiene en los tribunales”, dice Saba Ades. “Parecería que alguien quiere ya cerrar este caso”, señala.

Sin embargo, un abogado de los hermanos Alberto y Manuel Saba Ades que aceptó hablar sobre el caso aseguró, sin exhibir documentos, que la decisión de Isaac Saba Ades de desheredar a su primogénito se remontaba ya a varias décadas atrás. El abogado Ángel Alejo Torres, a cargo de la defensa de Alberto y Manuel Saba, no pudo confirmar si esa decisión estuvo relacionada con la versión de que siendo parte de una familia judía sumamente conservadora, Moisés Saba Ades contrajo matrimonio con una mujer de religión católica, lo que habría generado el distanciamiento con Saba Raffoul.

Pero Moisés Saba Ades sí lo niega categóricamente: “Mi padre llegó a querer profundamente a mi esposa y eso es una mentira y eso fue un pretexto para poder dar una cierta veracidad al despojo”.

En los tribunales mexicanos se mantienen activos los juicios respecto a la fortuna de Isaac Saba, un hombre que hubiera querido ver a su familia trabajando en el imperio que construyó y que lo llevó en algún momento a pensar en la posibilidad de competir contra Televisa al buscar una tercera concesión de televisión abierta.

“Mi padre nunca hubiera querido ver a la familia entre tribunales y la herencia se fuera en abogados”, dice Moisés Saba desde algún lugar en Estados Unidos.

Ricardo Aparicio, catedrático del Instituto Panamericano de Alta Dirección (IPADE), asegura que la transición y relevo generacional forma parte de los momentos determinantes a los que deben enfrentarse las compañías familiares y que, por supuesto, no se trata de una condición exclusiva de las empresas mexicanas.

 Los corporativos familiares, dice Aparicio, dominan en todo el mundo y, en países como México, su peso dentro del sector empresarial está por encima del 95% mientras que en Alemania es del 80% y en Estados Unidos del 90%.

Por ello, en el IPADE una de las áreas de estudio respecto a las empresas familiares en la continuidad del Área de Factor Humano. Los empresarios, dice Aparicio, no sólo deben ocuparse del rumbo del negocio sino preguntarse, sobre todo en el caso de los líderes que conducen una compañía, cómo se retirará, en qué momento y reflexionando que esa etapa no tienen que darse, necesariamente, de una manera fatal o absoluta y en medio de una crisis.  

Aquel que funda y hace crecer un negocio, agrega Aparicio, tiene que plantear de forma muy clara la respuesta a las grandes preguntas que se presentarán en el momento de su retiro: ¿Quiero o no quiero que la empresa que he fundado trascienda a través de mi familia? ¿Quiero o no quiero que mi familia continúe la obra que he iniciado? Estas preguntas, de hecho,  pocas veces se plantean en la vida de muchos hombres de negocio. Sin embargo, de postergarse su respuesta se pueden generar grandes problemas.

De esta forma, expertos en continuidad del factor humanos aseguran que el proceso de sucesión comienza con el nacimiento del primer hijo. Algunos empresarios – los menos – piensan, en cambio, que el negocio debe terminar cuando ellos se retiran y allí la transición no es un problema sino la cesión de bienes que ya no formarán parte de una compañía en curso.

 Sin embargo, el IPADE ha confirmado que gran parte de los empresarios que comienzan y hacen exitoso un negocio en México quieren continuarlo, trascender a su generación. La clave, en estos casos, es contar con una actitud de mucha generosidad para dejar de tomar decisiones en la compañía en el momento en que la siguiente generación esté lista para hacerse cargo.

Antes, sin embargo, resulta indispensable preparar al relevo con mucha anticipación.

“Yo no puedo preparar a un empresario de un momento a otro. Yo no aprendo a dirigir por mi apellido”, dice Aparicio, autor de varias investigaciones sobre sucesiones empresariales.

El proceso podría complicarse, además, si se trata de una compañía pública que involucra el interés de inversionistas del mercado de valores y de las autoridades regulatorias.

De no planear la sucesión, la continuidad de la compañía puede estar en riesgo. Generar pleitos testamentarios de grandes dimensiones y, sobre todo, detener el crecimiento o afectar la certidumbre de sus operaciones frente a inversionistas de los mercados de valores, son sólo algunos de los riesgos.

 Hace 17 años, el nombramiento de Dionisio Garza Medina al frente del Grupo Alfa, tras la decisión de Bernardo Garza Sada de retirarse de la dirección del grupo en 1994, se presentó en el marco de un cuidadoso proceso de selección a cargo de expertos externos en procesos de relevos generacionales. Garza Medina fue entrevistado por los asesores contratados por el Consejo de Administración del grupo regiomontano, proceso que también incluyó a otros miembros de la familia como Mauricio Garza.

Pero 15 años después, en medio de la debacle financiera del invierno de 2008 y tras las pérdidas registradas por Alfa por sus posiciones en instrumentos derivados, su Consejo de Administración solicitó la renuncia de Dionisio Garza Medina. El corporativo regiomontano exploró, sin embargo, el camino institucional y una de las mejores prácticas del gobierno corporativo para designar al sucesor de Bernardo Garza Sada en una decisión avalada por las legendarias familias regiomontanas que participan en la controladora de empresas con participación en áreas como petroquímicos, plásticos, fibras, alimentos refrigerados y autopartes de aluminio.

Sin embargo, cuando el control de una compañía se concentra en pocas manos o hasta en un solo hombre, las decisiones resultan menos institucionales y sumamente complejas. El escenario se complica si es él quien se encarga de ejecutar las acciones de la empresa. Entonces, a la muerte del patriarca se presenta y, entonces, la disyuntiva de encontrar un sucesor que mantenga el control del negocio pero sobre todo el crecimiento, se convierte en un verdadero vía crucis.  

 Grupo Industrial Saltillo (GISSA) es ejemplo de una sucesión fallida en donde a la muerte del fundado del corporativo, sus herederos Isidro y Javier López del Bosque tomaron la decisión de retirarse del negocio y nombrar administradores profesionales ante los problemas de gestión que enfrentó la compañía.

Para Moisés Saba, una de las claves del despojo que sufrió se encuentra en el grave estado de salud de su padre y en las acciones realizadas por sus hermanos durante sus últimos días. “Aunque sabíamos que estaba enfermo, su estado se agravó y entre hospitales y la angustia de salvarlo dudo que mi padre hubiera realizado todos los movimientos jurídicos con los que se acredita la constitución de un nuevo fideicomiso en el que se concentran las propiedades de la familia y no se me incluye”.

Constituido en el Banco IXE – en donde Isaac Saba era accionista – el fideicomiso F/709 contempla los legados económicos que protegen a los miembros de la familia Saba Ades que aparentemente recibirán una renta económica pero no los bienes de las empresas.

En este fideicomiso, sólo con legados económicos pero sin herencia, aparece la viuda de Isaac Saba Raffoul, Beki Ades Tawil así como a Moisés Saba Ades y sus hijos. El fideicomiso F/709 se creó el 6 de mayo de 2008 en IXE Banco. La firma del fideicomiso fue muy cercana al 3 de mayo de 2008 cuando el fundador de Grupo Xtra, y de una cadena de hoteles, ingresó al Hospital Inglés. El 5 de mayo, ya hospitalizado en Houston, a Isaac Saba se le diagnostica un tumor primario en el pulmón. El desenlace fue fatal y el 27 de julio el empresario muere. En medio de todo este trance hospitalario, el también dueño de Casa Saba, antes Autrey – una de las mayores distribuidoras de fármacos en el país – constituyó un fideicomiso que excluyó de la herencia a su hijo Moisés Saba Ades, quien hasta diciembre de 2009 había sido vicepresidente de Casa Saba y artífice –asegura él mismo –  de la estratégica penetración de la distribuidora en pequeñas farmacias.

“Salió del Hospital Inglés desorientado y llegó a Houston muy mal, todo está documentado en los expedientes médicos”, asegura Moisés Saba.

Saba Ades impugnó el fideicomiso F/709 y solicitó la nulidad del testamento. El caso para él no ha sido exitoso y ante el Consejo de la Judicatura se han presentado al menos cinco quejas contra los funcionarios del Poder Judicial quienes se han ocupado del caso.

Lo que es un hecho es la existencia de otro fideicomiso, también constituido en IXE, firmado por Isaac Saba, Beki Ades Tawill y por sus tres herederos. Dicho fideicomiso, registrado como F/388, se constituyó en 1999 antes de comprar Casa Autrey y allí se comprometen todos los bienes de la sucesión Saba en beneficio de los tres hermanos y de su esposa. En los juicios, los representantes de IXE aseguraron que con una llamada Isaac Saba lo había revocado pero nunca exhibieron pruebas.

El notario de estos dos fideicomisos es el abogado y ex procurador de la República, Ignacio Morales Lechuga. A Morales Lechuga se le pregunta sobre la controversia en torno a los dos fideicomisos y sólo responde que es un asunto del banco IXE, responsable de la custodia y guarda de ese instrumento jurídico.

Moisés Saba Ades exhibe documentos del Fideicomiso 388 en el que asegura: “Allí estaban comprometidos todos los bienes de mi Señor Padre, ¿entonces – se pregunta – cómo es que se crea el supuesto Fideicomiso 709 estando afectado todo en el F388?”.

En México, las multinacionales de origen español acaparan los sectores energético, hotelero, agropecuario, de comunicaciones y transportes. Al amparo del poder político, aumentan los multimillonarios negocios, señala Oriol Malló. En entrevista con Fortuna, el autor del libro El cártel español asegura que ningún presidenciable ha dado visos de cancelar los contratos ni las concesiones, pues las campañas electorales se financiarán con capital hispano 

Oriol Malló  no deja pasar ninguna oportunidad para encender un cigarrillo. El periodista dice que los catalanes como él son dicharacheros; pero de dicharachero, su recién editado libro El cártel español no tiene nada: la investigación periodística demuestra las redes político financieras que se han tejido en torno a los capitales españoles. 

Es así  como se hacen en América Latina los grandes negocios del “cártel”, como Malló llama a las empresas –Grupo Santander, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Telefónica, OHL, entre otras–. Primero financian candidatos y campañas electorales, luego obtienen contratos, permisos y concesiones lo mismo en México, que en Argentina, Colombia y Chile, afirma en entrevista con Fortuna. 

Sus palabras fluyen tan rápido que casi parecen atropellarse. Residente de este país desde 2006, Malló considera que los más visibles aspirantes a la Presidencia de México no han dado visos de cancelar el apoyo a los negocios españoles. Por el contrario, coquetean con esos capitales. 

Con excepción de Andrés Manuel López Obrador –quien, según Malló, dejó pasar la oportunidad de acercarse a ese sector empresarial cuando era jefe de gobierno en el Distrito Federal–, entre los aspirantes de izquierda y derecha no hay quien se contraponga a la asignación de contratos de obra pública, permisos y concesiones. 

“El esquema del subcontratismo está funcionando bien. Todos están de acuerdo, todos aceptan. [Marcelo] Ebrard es ahora el nuevo candidato de la ‘centro-izquierda correcta’ y está dispuesto a hacer todo el negocio.” 

El autor de El cártel español asegura que los nexos del político perredista alcanzan “al triángulo Huixquilucan-Santa Fe-Polanco, que son quienes pagan las campañas; así como a la trasnacional OHL”. 

Pero no es el único, aclara. El priista Enrique Peña Nieto también ha cedido las vías de comunicación y el transporte en el Estado de México a empresas españolas, como OHL y CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). 

*Nancy Flores es editora de la revista Contralínea y periodista especializada en temas vinculados con el lavado de dinero, petróleo y corrupción.

Lea la entrevista íntegra a Oriol Malló en la más reciente edición de la revista Fortuna, de venta en locales cerrados y puestos de periódicos.

Rubén Darío Betancourt, fotos

Importantes vestigios arqueológicos salieron a la superficie cuando maquinaria pesada, propiedad del consorcio ARA, entró a terrenos ejidales en el cerro del Marqués, en Valle de Chalco, para llevar a cabo la construcción del fraccionamiento Real de San Martín. El INAH y la Secretaría de Desarrollo Urbano del estado de México otorgaron los permisos expeditamente a la empresa

Valle de Chalco, estado de México. Ollas, losas, pisos, muros, habitaciones e incluso entierros prehispánicos quedaron al descubierto en el cerro del Marqués, cuando la maquinaria de Casas ARA entró al lugar para construir la unidad habitacional Real de San Martín. Los terrenos fueron liberados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a favor del consorcio inmobiliario, pese a los vestigios encontrados.
Consorcio ARA compró más de 67 hectáreas en el cerro del Marqués y frente al panteón municipal de Valle de Chalco, para construir 3 mil 529 viviendas. Los terrenos, hasta hace dos años de uso agrícola, fueron adquiridos a los ejidatarios en 100 pesos por metro cuadrado.
De acuerdo con la página de internet de Casas ARA, el precio de las viviendas del fraccionamiento oscila entre los 200 y 400 mil pesos. El área de terreno que se vende por casa es de 60 metros cuadrados y la parte construida equivale a 38.54 metros cuadrados.
Piezas de vasijas, piedras pulidas, pedazos de lanzas y huesos humanos se confunden entre la tierra y basura que hay en el lugar. Pedacería de ollas prehispánicas se pueden encontrar en la superficie de la zona, donde el INAH ya liberó supuestamente porque no encontró hallazgos importantes a preservar.
En 2004, previó a la entrada de la maquinaria de ARA al lugar, los vecinos advirtieron sobre la existencia en el subsuelo de importantes vestigios arqueológicos que tenían que ser rescatados, y pedían a las autoridades que la zona fuera protegida.
Genaro Amaro Altamirano, secretario de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural del Valle de Chalco, dice que ante la insistencia de los vecinos, en noviembre de 2004, Casas ARA suspendió trabajos y pagó alrededor de 2 millones de pesos al INAH para realizar el salvamento arqueológico correspondiente en el lugar.
Amaro Altamirano explica que el salvamento tenía como finalidad recuperar la información arqueológica en los terrenos adquiridos por el consorcio; detectar la existencia de arquitectura monumental para su preservación y ubicar los sitios que por su importancia debieran ser protegidos. Sólo las zonas que no se consideraran de importancia para el INAH serían liberadas para construir sobre ellas.
Sin embargo, a dos años de concluidos los trabajos de salvamento en el cerro del Marqués, el INAH liberó todo el terreno para que la inmobiliaria edificara el fraccionamiento Real de San Martín, que ya está concluido en una de su primeras etapas, es decir, 2 mil 97 viviendas ya están listas para ser habitadas.

Fallas en el subsuelo

ARA no sólo edificó sobre una zona arqueológica, sino también en un terreno que presenta fallas en el subsuelo. Hasta 2006, la dirección de Protección Civil estatal tenía considerado a este lugar, los cerros de Xico y del Marqués, con problemas de inconsistencia en el subsuelo, lo que podría poner en riesgo cualquier construcción en la zona.
En 2006, Alejandro Tapia, entonces regidor de Valle de Chalco, denunció la construcción de viviendas en terreno poco propicio para asentamiento humano.
Genaro Amaro Altamirano dice que, en aquel momento, personal del Instituto Mexiquense de la Vivienda señaló que debido a las características del subsuelo en la zona se suspendía el programa “Mi casa avanza con tierra segura”, que pretendía realizar el gobierno del estado con el consorcio ARA.
El proyecto fue puesto en marcha por el exgobernador mexiquense, Arturo Montiel Rojas, el 30 de enero de 2004, donde se pretendía construir 6 mil 200 casas en 65 hectáreas de San Martín Xico, La Laguna.
Amaro Altamirano dice que Protección Civil solicitó a Casas ARA la realización de estudios de mecánica, para autorizar la construcción de la unidad habitacional. Los que llevó a cabo el consorcio determinaron que sí se podía construir en la zona; análisis más profundos dejaron al descubierto que el suelo no soportaría el peso de los inmuebles.
No obstante, las casas ya están listas para ser ocupadas, pues Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Urbano del estado e INAH liberaron los terrenos para que se llevara a cabo la construcción.
En la parte alta del cerro se observa una grieta que, a decir de Amaro Altamirano, se hizo por las lluvias pasadas y fue llenada con material de construcción para evitar que ésta se siguiera ensanchando. En el camino que dejó el agua se puso cemento y piedras con el fin de que el líquido que siguiera bajando disminuyera su fuerza y no fuera a provocar otro hundimiento.
Además, Amaro Altamirano explica que la zona está considerada por la Secretaría de Medio Ambiente como área de recarga, es decir, cuando llueve por ahí se filtra el agua para abastecer los mantos acuíferos del subsuelo, por lo que es común que se detecten grietas internas subterráneas.
En la parte baja del cerro, donde también construirá Casas ARA, no se filtra el agua al subsuelo, pero sí se forma, de manera natural, una laguna en tiempo de lluvia. En la actualidad existe líquido estancado, mismo que está siendo bombeado para dejar libre el terreno y comenzar a edificar viviendas ahí.
Fortuna solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano entrevista respecto a la autorización de construcción a Casas ARA; sin embargo, la encargada del área de comunicación social de la dependencia, Teresa González, sugirió acudir al INAH, “por las características de la zona, ellos fueron quienes tuvieron la última palabra en cuanto a la liberación de los terrenos”.
Al INAH se hizo la petición por escrito para obtener una entrevista al respecto; pero al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.

Los hallazgos

De acuerdo con información del encargado del Museo Comunitario de Xico, Genaro Amaro Altamirano, en la parte superior del cerro del Marqués se localizó un basamento piramidal sobre un montículo, el cual presentaba las escaleras de acceso al templo, un patio interior, así como los cimientos de dos probables habitaciones. Se ubicó una tumba de bóveda con su acceso y su cripta, su probable etapa de construcción fue el posclásico azteca (1200 d. C.).
En la parte alta del mismo cerro en el borde oriental superior se localizó una unidad habitacional donde había pisos, cimientos de cuartos, un patio, pasillos. En tanto, en la parte inferior había otro patio que al norte presentaba un basamento piramidal, al oriente ubicaron el alcantarillado prehispánico y al oeste una plataforma piramidal.
Amaro Altamirano dice que en la zona del panteón de Xico fue localizado un basamento en el que se delimitaron muros y pisos de un templo, donde había pintura mural en sus dos caras. También había una unidad habitacional con un patio central; bajo el piso se encontraron más de 80 entierros con sus respectivas ofrendas.
En la ladera oriente del cerro, lugar conocido como “la Moctezuma”, se realizaron varias calas y liberación de pisos, muros y patios. Los materiales hallados correspondían a unidades habitacionales y monumentos de la época del posclásico azteca, del Coyotlatelco, y del clásico teotihuacano, es decir, 900 a. C al 1520 d. C.
Amaro Altamirano explica que ahí no se contempla la edificación de viviendas; pero sí la creación de un camino de acceso a la unidad habitacional en la parte superior.

Punto de Acuerdo

El 12 de julio de 2006, en la Cámara de Diputados se votó un punto de acuerdo, donde se solicitaba al INAH información sobre la liberación de los terrenos del Valle del Marqués y Xico, cuando se presumía la existencia de vestigios prehispánicos en el lugar.
“(…) la Comisión Permanente, solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia informe a esta soberanía si existe algún dictamen, o medida de protección de la zona y vestigios arqueológicos descubiertos recientemente en el Valle de Xico, en el estado de México (…) sobre la liberación de terrenos en los que existen hallazgos arqueológicos del Proyecto Salvamento Arqueológico Xico 2004-2005, y en los que la constructora ARA ha comenzado trabajos de edificación de casas”.

Peor Vivienda

En octubre de 2006, como parte de las actividades del Día Mundial del Hábitat, el Movimiento Urbano Popular y la Asamblea Nacional en Defensa del Agua organizaron un evento en el zócalo de la ciudad de México, en donde las viviendas construidas en el fraccionamiento Real de San Martín fueron “premiadas” como las peores casas edificadas en el año.
Jaime del Río, vocero del consorcio ARA, asegura: “Hacemos desarrollos sólo en zonas donde hay condiciones. Nunca construimos en zonas arqueológicas ni en reservas ecológicas. Hay una autoridad que regula eso y requiere una serie de requisitos”.
Acerca de las construcciones de Real de San Martín, indica que no tiene información puntual, porque Casas Ara desarrolla, actualmente, más de 50 proyectos de vivienda.

Publicado: Enero de 2008, año V, No. 60

A casi un año de entregada la Cuenta Pública 2005, las irregularidades descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación en Aserca no han sido solventadas. Entre las operaciones más dudosas destaca una realizada entre la Secretaría de Agricultura y el Grupo Financiero Banorte

Grupo Financiero Banorte, propiedad del empresario Roberto González Barrera, obtuvo sin licitación un contrato por casi 1 millón 500 mil pesos para la transferencia de fondos a beneficiarios del Procampo, a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).
El contrato abierto 289/2005-S, celebrado el 25 de mayo de 2005 en la ciudad de México, fue firmado de manera extemporánea –respecto a las otras instituciones que sí concursaron–, para brindar servicios bancarios a la oficina dependiente de la Secretaría de Agricultura.
De acuerdo con las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Informe de la Cuenta Pública 2005, este procedimiento se llevó a cabo de manera “incorrecta”, pues no se apegó al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector.
La empresa de González Barrera –quien además controla el 70 por ciento del mercado nacional de harina de maíz a través de Grupo Maseca–, también tuvo un trato preferencial por el manejo de intereses que genera la cuenta de cheques 0186929483, en la que son depositados los recursos para los campesinos.
De acuerdo con el documento 289/2005-S, del cual Fortuna posee copia, el banco sólo está obligado a abonar a Aserca el 50 por ciento de los rendimientos de la cuenta. Mientras, las otras entidades bancarias tienen que entregar las utilidades al ciento por ciento.
Por este motivo, el máximo órgano de fiscalización del país solicita al Órgano Interno de Control (OIC) de Aserca que “finque las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que intervinieron en el asunto durante su gestión”, ya que fue la única cuenta en donde los rendimientos no se estipularon al ciento por ciento.
Para solventar la observación, el OIC de Aserca “deberá proporcionar a la ASF copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento”. Sin embargo, exfuncionarios públicos de la dependencia aseguran que no se ha respondido satisfactoriamente a la petición del órgano fiscalizador.

Los contratos de Aserca

En 2005, Aserca contrató a Banamex, BBVA Bancomer y Grupo Financiero Banorte para transferir recursos públicos a través del pago de cheques, órdenes de pago y abonos en cuentas de los propios bancos.
De acuerdo con la ASF, Banamex obtuvo el contrato abierto 020/2005-S, que costó al erario 12 millones 532 mil pesos, mediante el proceso IS-01-05 –invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional–, que se llevó a cabo a través de la Ley de Adquisiciones.
Con el mismo procedimiento, BBVA Bancomer obtuvo el contrato abierto 021/2005-S, que significó el pago de 19 millones 24 mil pesos. Ambas instituciones firmarían los convenios durante el primer trimestre de 2005.
Sin embargo, a casi medio año de trascurrido el ejercicio fiscal, Grupo Financiero Banorte obtuvo por adjudicación directa el contrato 289/2005, que significó el pago de 1 millón 424 mil pesos.
La entrega del contrato, indica la ASF, fue sometida a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Aserca (SAAS), en la segunda y octava sesiones ordinarias, celebradas el 27 de enero y 28 de abril de 2005, respectivamente.
Ambas reuniones estuvieron encabezadas por Alfonso Ordiales Bassols, director general de Medios de Pago; José Antonio Fernández Azpeitia, director de Administración; y Ramón Ramírez Rocha, coordinador de Auditorías al Procampo.
En el documento surgido de la octava sesión, del cual también se tiene copia, Fernández Azpeitia solicitó la autorización para que las tres entidades bancarias pudieran obtener convenios por adjudicación directa; no obstante, la única que quedaba pendiente de ser contratada era la del empresario González Barrera.
Exfuncionarios públicos de la dependencia aseguran que Ordiales Bassols fue quien promovió las reuniones para autorizar las operaciones con Banorte, por lo que ahora la Secretaría de la Función Pública mantiene una investigación abierta contra el exdirector general de Medios de Pago, con el expediente DE-29/06, como lo sugirió la ASF.
Para aprobar la contratación de Banorte, Ordiales Bassols argumentó, en la reunión con los miembros del SAAS, que los costos que ocasionaría la contratación de los bancos sería menor a la convenida por el pago de cheques, cuando ya se habían firmado convenios con Banamex y BBVA Bancomer.
Según el informe de la ASF, la reunión celebrada por el SAAS fue equivocada, ya que este órgano institucional sólo está facultado para determinar si procede o no la celebración de licitaciones públicas, y no su autorización.
En el caso Banorte, señala la Auditoría, “se comprobó que la actuación del SAAS fue incorrecta, en virtud de que su dictamen debió emitirse rechazando o aceptando los argumentos que ofrecía el área solicitante, sin que su decisión quedara supeditada a la demostración de hechos posteriores”.
Para justificar la excepción de licitación, Ordiales Bassols exhibió una interpretación suscrita el 11 de marzo de 2002, por el director general adjunto de Normatividad de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Función Pública, en la que señala que los servicios bancarios no se sujetan a la legislación aplicable en materia de adquisiciones, justo siete días después de haberse signado el contrato.
La ASF determinó improcedente la justificación, “toda vez que el procedimiento de adjudicación ya se había adherido al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones”, en la que concursaron otras entidades bancarias.
Otro de los argumentos que promovió Ordiales Bassols en la reunión del 28 de abril de 2005 para la adjudicación directa a Banorte, fue que con la contratación de los servicios financieros se busca que los bancos paguen el ciento por ciento de los intereses que les genera tener los recursos de los beneficiados por Aserca.
Sin embargo, la ASF señala que, además de las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación directa, se constató que “no se dio cumplimiento a la justificación que se presentó al Comité para autorizar la contratación de los servicios bancarios”, donde se propone considerar dentro de los contratos de 2005 la misma tasa de rendimiento que se ha venido aplicando desde los contratos iniciales que equivale a Cetes ciento por ciento.
“Esta tasa de rendimiento es la misma que la Tesofe (Tesorería de la Federación) propuso cuando inició operaciones el medio de pago a través de cheque con oficio 401-DGAOB-52266 del 2 de diciembre de 1999”, puntualiza la ASF.

Pagos duplicados

Otra de las irregularidades detectadas por la ASF en el manejo de los recursos de Aserca, es el pago duplicado de los servicios bancarios en 2003 depositados a Banorte, por 131 mil 900 mil (Fortuna 53).
De acuerdo con la ASF, Alfonso Ordiales Bassols proporcionó el F00.5.100/1904/2006, a través del cual hace el requerimiento a Banorte para que le sea devuelto el pago en exceso. Sin embargo, la petición del director general de Medios de Pago sólo solicita 80 mil 500 pesos, sin que se aclare la diferencia por 51 mil 400 pesos.
Además, el órgano fiscalizador advierte que en 2005 se realizó un pago duplicado de apoyos del Procampo por 640 mil pesos, de los cuales Aserca señaló que se llevan recuperados 626 mil 300 pesos, “sin que haya presentado la documentación que evidencie su recuperación ni el entero a la Tesorería de la Federación”, por lo que se determinó un supuesto daño al erario por 772 mil 344 pesos.
A través de la Ley de Acceso a la Información, Fortuna solicitó a Aserca los informes relacionados con la entrega duplicada de apoyos, a lo que la dependencia respondió que el “error se debió a un problema informático en la institución financiera que conforman las aplicaciones de dispersión de recursos; se destaca que la recuperación de los recursos fue al 100 por ciento de los mismos” (sic).
Además fueron solicitados los documentos que contengan las acciones realizadas por el director general de Medios de Pago para exigir a Banorte “el pago por los productos financieros que no se obtuvieron, al haber permanecido los recursos fuera de las cuentas del gobierno con motivo del problema informático en la institución financiera”.
Evasiva y opaca en el manejo y rendición de cuentas, Aserca niega la información solicitada y responde que “el documento que respalda dichas acciones, realizadas por esta Dirección General, contiene datos clasificados como confidenciales de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
Para hablar del tema se solicitó entrevista con los funcionarios de Aserca, a través de la unidad de comunicación de la Secretaría de Agricultura; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Alejandro Landín Boyer, representante de Grupo Financiero Banorte en la firma del convenio 289/2005-S, explica que las observaciones hechas por la ASF sólo las tiene que resolver Aserca, ya que “es información que desconozco totalmente. Nosotros no somos los que generamos los archivos; siempre hemos estado apegados a la normatividad y a las reglas que marca el propio organismo. Realmente quien tiene que hablar es la dependencia”.
Respecto a la respuesta que dio Aserca a través del IFAI, de que fue un error informático de la institución financiera la entrega duplicada de apoyos, Landín Boyer niega que haya sido un error de Banorte y “es algo de lo que no puedo entrar a detalle”.

Servicios duplicados

Además de las irregularidades encontradas en la firma de un contrato por Adjudicación directa con Banorte y pagos duplicados, Aserca contrató en forma directa a la empresa Servicios Panamericanos de Protección “por el servicio de traslado y distribuciones de valores en un rango de 320 kilómetros, el cual consistió en la entrega foránea de rayas o nóminas y cuota de valores trasladados en el Mezquital, Durango”.
La operación significó un gasto de 114 mil 900 pesos y “no se justifica”, ya que mediante los convenios celebrados con Banamex, BBVA Bancomer, y Banorte se contrataron los medios de pago de los apoyos a los beneficiarios de los diversos programas.
Aserca argumentó a la ASF, según el Informe de la Cuenta Pública 2005, que “el servicio fue contratado para que los beneficiarios de los cheques los canjearan en las camionetas de la empresa, y así monetizar los apoyos correspondientes al Procampo; sin embargo, este mecanismo no se encuentra establecido en las Reglas de Operación del Procampo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de marzo de 2005”.
La ASF presume un probable daño al erario por más de 114 mil, “por haber contratado dos medios de pago para los apoyos de 4 mil 353 cheques en el Mezquital, Durango”.

Publicado: Enero de 2008, año V, No. 60

Durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, la Presidencia de la República figura entre los principales clientes del despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados; sus principales accionistas –con un 90 por ciento– son los hijos del auditor superior de la Federación, quienes manifiestan que Arturo González de Aragón no incurre en conflicto de intereses, delito que le imputa la Cámara de Diputados
En los próximos días, un Tribunal Colegiado determinará si procede el amparo que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, interpuso contra la Cámara de Diputados, la cual lo acusa como probable responsable de incurrir en el delito de conflicto de intereses.
En la administración de Vicente Fox, el despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, fundado por el auditor superior y ahora operado por sus hijos, auditó a la Presidencia de la República, contrato que se ha renovado con el actual gobierno encabezado por Felipe Calderón, sin importar que hay una investigación en su contra.
Y es que según consta en el expediente UEC/DECGA/01/2006, en poder de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es “administrativamente responsable” de la acusación en su contra, promovida en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.
El encargado de vigilar el buen uso del patrimonio público “omitió” informar a la Cámara de Diputados que entre las dependencias inspeccionadas en 2001, 2002 y 2003 había algunas previamente revisadas por el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, del que el auditor superior fue socio fundador y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores.
En la cartera de clientes que exhibe la firma familiar destaca la Presidencia de la República, que durante todo el sexenio foxista solicitó los servicios de los González de Aragón, así como los gobiernos de los estados de Chiapas, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, secretarías de Estado y gobierno, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos.
Entre las entidades auditadas por el despacho González de Aragón están Petróleos Mexicanos, Suprema Corte, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Federal de Electricidad y Servicio Postal Mexicano, de acuerdo con la cartera de clientes entre los años 1985-2003.
En el periodo que ahora se le investiga (2001-2003), el auditor superior de la Federación no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República. Sin embargo, el órgano legislativo hizo recomendaciones para que se realizara una fiscalización a fondo en esos años, por presumir malos manejos administrativos.
Jesús González Schmal –presidente de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en negocios de los hijos de Marta Sahagún, durante la LIX Legislatura–, dice que un ejemplo de que González de Aragón no actuó con transparencia en el gobierno de Vicente Fox es la omisión de las irregularidades en las cuentas de la Lotería Nacional, de donde se transfirieron recursos a la Fundación Vamos México, que preside la esposa de Vicente Fox.
Elías Cárdenas Márquez, presidente de la comisión en la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún e integrante de la Comisión de Vigilancia, coincide con González Schmal, y agrega que Arturo González de Aragón enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades.

Protección a los Bribiesca Sahagún

Antes de finalizar 2007, dice el diputado Cárdenas Márquez, la UEC determinará si González de Aragón incurrió en responsabilidad al declarar “no observable” el cheque firmado por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún para la compra de un predio conocido como Los Pirules, en Celaya, Guanajuato.
Aunque se trató de una subasta pública, los legisladores descubrieron que el “depósito en garantía” –hecho con el cheque por 1 millón 303 mil 686 pesos, de Alberto Bribiesca– se hizo antes del proceso oficial a favor de Construcciones Prácticas, en contravención de las normas.
Según Cárdenas Márquez, diputado del Partido Convergencia, el auditor no analizó las causas de fondo en la compra del terreno.
Gerardo González de Aragón Rodríguez, socio administrador del la firma González de Aragón y Asociados e hijo del auditor superior de la Federación, dice en entrevista con Fortuna que desconoce el proceso en que se encuentra el juicio de amparo interpuesto por su padre.
“Es evidente que no es benéfico para el país que a la persona que escogieron los 500 diputados, ahora le impongan trabas para cumplir con su labor”, señala el contador Gerardo González de Aragón, y añade que “a nosotros obviamente nos pega. El caso es propaganda mala, y yo tengo que enseñar a cada rato las escrituras de donación (que le hizo su padre Arturo González de Aragón) y el cruce de las declaraciones patrimoniales para deslindar a mi padre de aquí”.

Los hechos

El 22 de junio de 2006, la UEC, encabezada por Roberto Michel Padilla, determinó que el titular de la ASF no cumplió con la “máxima diligencia” de informar por escrito a la Cámara de Diputados que, entre las dependencias objeto de revisión y fiscalización en los “Programas de auditorías vistas e inspecciones 2001, 2002 y 2003, habían sido seleccionadas aquéllas que de manera constante y común eran clientes de la firma González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C.”.
La negligencia, indica el documento UEC/DECGA/01/2006, causó “deficiencia” en el servicio encargado por la Cámara de Diputados y no cumplió con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en el artículo 8 ordena al funcionario informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos en los que tenga interés personal o pueda resultar algún beneficio a sus familiares o a terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o a socios o sociedades de las que el servidor público forme o haya formado parte.
En un primer intento, González de Aragón demandó un juicio de amparo ante el juez décimo de distrito para evitar cualquier tipo de sanción, y argumentó que había inconstitucionalidad en el proceso que promovió el Legislativo.
Sin embargo, el 23 de julio pasado, el juez de distrito José Antonio Montoya García resolvió que la petición era improcedente y negó la protección de la justicia federal al máximo fiscalizador del país, según el expediente 1073/2006.
El abogado González Schmal concuerda con la resolución emitida por el juez, pues “es evidente que hay un conflicto de intereses, aunque González de Aragón pueda argumentar que ya no pertenece a ese despacho, éste lleva su nombre, y en todo caso es un aprovechamiento, un abuso de su cargo para conseguir contratos y de esto no hay duda”.
Urge a la Comisión de Vigilancia a que llame a cuentas y finque responsabilidades de orden penal y administrativo y, “sin lugar a dudas”, solicitarle la renuncia inmediata. Dice que “en ese puesto debe de estar quien tenga capacidad e independencia de ejercerlo por el beneficio de México y no por sus intereses familiares”.

González de Aragón se defiende

El encargado de controlar el erario argumentó ante el juez Montoya García que las denuncias en su contra no proceden, toda vez que él nunca tramitó o resolvió un asunto relacionado con el despacho privado González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos y, por lo tanto, “no tenía la obligación de informar a su superior jerárquico, que incluso no consta en autos en una sola prueba que demuestre lo contrario”.
En su defensa, Arturo González de Aragón añade que es ilegal la consideración de la Unidad de Evaluación y Control, la cual señala que la intervención en la aprobación de los programas de revisión de la Cuenta Pública implicó conflicto de intereses, pues se tenía conocimiento de las entidades que habían sido revisadas por la firma familiar, y el órgano de control de la Comisión de Vigilancia aceptó su aprobación “con total imparcialidad”.
El auditor se deslinda de la firma familiar y asegura que fue socio hasta el 21 de octubre de 2002, para renunciar a su cargo de comité directivo dos meses después y donar las acciones del despacho a sus tres hijos el 30 de diciembre de ese año.
Las explicaciones de González de Aragón, en su primera solicitud de amparo, resultaron “inoperantes”, pues, según el juez de distrito, no expone argumentos que demuestren la ilegalidad en que se basó para solicitar un juicio de amparo.
Jorge Romero León, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., considera que el auditor no incurrió en los actos que le imputa la Cámara de Diputados, pues sólo aplicaría si se pudiera probar que González de Aragón gestionó algún contrato cuando tenía participación en el despacho, aprovechando su nombramiento como auditor Superior de la Federación.
El candidato a doctor en filosofía política por la New School for Social Research, en Nueva York, asegura que “el hecho de que él haya abandonado la firma antes de convertirse en auditor y haya finiquitado su participación, previene la perspectiva de conflicto de intereses”.
Romero León defiende el papel desempeñado por el máximo fiscalizador, pues esto “no es más que una inquietud por presionar a la Auditoría Superior de la Federación, que ha pisado algunos callos con las revisiones de las Cuentas Públicas. No quiero decir que tengamos la seguridad de que haya ocurrido, habrá que investigarlo, pero nada tiene que ver la existencia de un despacho que audita distintas dependencias del gobierno”.

El despacho González de Aragón

Gerardo González de Aragón Rodríguez, socio del despacho contable que durante 16 años presidió el auditor Superior de la Federación, niega que su padre haya incurrido en conflicto de intereses, pues, argumenta, dejó la dirección de la empresa una vez que asumió la titularidad de la ASF.
En sus oficinas de la colonia Guadalupe Inn –donde las paredes se encuentran tapizadas de reconocimientos, diplomas y fotos de Arturo González de Aragón, acompañado por el expresidente Miguel de la Madrid y otros personajes–, el hijo menor del máximo fiscalizador del país asegura que, contrario a lo que se ha denunciado, la firma ha perdido clientes del sector gubernamental.
González de Aragón Rodríguez relata que una vez que su padre gana la titularidad de la ASF, tiene que deslindarse de cualquier actividad que tenga que ver con cualquier fuente de ingresos.
—Él hace la escritura de donación de sus partes sociales y se va –asegura el también consultor externo del secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores–. Nos quedamos a cargo el contador Juan Rodríguez, como socio director, que tiene el 10 por ciento de las acciones y mis hermanos y yo, que operamos con el 90 por ciento restante”.
Arguye que “muchos de los ataques que nos hacen van en función de que conseguimos trabajo gracias a él, pero en la Secretaría de la Función Pública se trabaja mediante un padrón de despachos que tienen que cumplir una serie de requisitos, todo se hace a través de licitación. Obviamente, eso nos pega, porque nos ponen a competir contra otros despachos que traen propuestas más bajas”.

Gobierno de Calderón, nuevo cliente

Con una cartera de clientes en la que sobresale una vez más la Presidencia de la República, González de Aragón Rodríguez asegura que “el hecho de que mi padre haya ocupado ese cargo no nos benefició; al contrario, a los funcionarios les dio temor a que fueran atacados en ese aspecto”.
Luego del deslinde de Arturo González de Aragón de la firma familiar y las nuevas normas de contratación impuestas por el excontralor Francisco Barrio Terrazas, el hijo menor del auditor superior encuentra nichos de mercado en los gobiernos estatales de Guerrero, San Luis Potosí, Colima, estado de México, Veracruz y Puebla, lo que también haría eco en el reclamo legislativo, al cuestionar la incurrencia en entidades auditadas por el despacho González de Aragón y fiscalizadas al mismo tiempo por el auditor González de Aragón, es decir padre e hijos son juez y parte.
Cuestionado sobre el control de las cuentas de la Presidencia de la República durante el sexenio de Vicente Fox, responde que éstas fueron de “código financiero”, es decir, que sólo tiene que ver con el pago de obligaciones locales, como el del impuesto predial, agua y otros. “Es un contrato que no llega ni a los 100 mil pesos; si fuéramos el auditor financiero de la Presidencia, a lo mejor hubiera cotizado más.
“Nosotros buscamos el renombre: poder decir que somos el despacho que audita a la Presidencia, para efectos de código financiero. Y, obviamente, en eso no hay ningún conflicto de intereses”.
Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, se niega a hablar del caso hasta que el Tribunal Colegido resuelva si procede el fallo a favor de la solicitud de amparo, interpuesta por el auditor superior de la Federación.
Sin embargo, un análisis elaborado por su Unidad señala que la ASF carece de “equilibrio” entre el número de auditorías de desempeño, financieras y de cumplimiento que se le hacen a las entidades públicas.
El encargado de supervisar la función de los servidores públicos al interior de la ASF dice que “no se trata nada más de verificar que el presupuesto aprobado se gaste conforme a la ley, sino de dar un paso adicional y verificar que se cumplió con los objetivos de los programas. La Comisión insiste en que la fiscalización superior tiene como último fin que los recursos públicos se ejerzan con la mayor eficiencia y transparencia”.
Otra de las recomendaciones a la ASF, dice Michel Padilla, es que seleccione temas de la mayor relevancia, que vayan a revisar aquellos entes que cumplen funciones estratégicas de gobierno; por ejemplo, en la supervisión bancaria, que no haya prácticas monopólicas.
Mientras, el legislador Elías Cárdenas advierte que en la Comisión de Vigilancia se genera una iniciativa que “prohíbe estrictamente que personas ligadas por parentesco, amistad, algún vínculo de naturaleza afectiva puedan intervenir en las auditorías, en una modificación al artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos”.
Para confrontar los señalamientos que hacen los legisladores en contra del auditor superior de la Federación, Fortuna le solicitó una entrevista a Arturo González de Aragón, pero en su oficina nunca dieron respuesta.

Interrogantes a la ASF

Cuestionado sobre la profesionalización de los encargados de firmar los dictámenes de las revisiones de la ASF, y luego de que extrabajadores denunciaran que el 95 por ciento de los auditores no son profesionales en el ramo, el titular de la UEC, Roberto Michel Padilla, asegura que los funcionarios no tienen que ser contadores públicos, pues las evaluaciones al desempeño más integrales exigen que haya “un núcleo de auditores interdisciplinarios”.
Explica que se requieren “ingenieros, médicos, contadores, economistas, sociólogos, porque la fiscalización moderna que tratamos de impulsar exige conocimientos más profundos sobre los temas. Sin embargo, la Comisión de Vigilancia ha tenido un especial interés en impulsar el ejercicio fiscalizador de carrera para que la ASF tenga a los mejores en cada tema, y esa es una tarea que lleva muchos años”.
Otra de las quejas presentadas por los colaboradores del órgano fiscalizador es que los remanentes del presupuesto son utilizados en “bonos especiales”, adicionales al salario de mandos medios y superiores, así como en la compra de automóviles que no fueron presupuestados en el ejercicio fiscal.
“Los bonos especiales son algo que está reconocido en el presupuesto, no es nada que esté fuera de la ley. Si así fuera, nosotros hubiéramos sido los primeros en señalarlo y planteárselo a la Comisión para fincar responsabilidades, pero no es así. Hace falta una normatividad general en la administración pública sobre las remuneraciones.”
Con más de un año en la remodelación de sus oficinas, ubicadas en la colonia del Valle, la Auditoría se retrasó en la conclusión de la obra, que ha generado inconformidades al interior de la institución. Rodríguez Padilla justifica el retardo, pues “en ese trabajo es algo muy normal, a veces se depende de la entrega de los permisos o fallas técnicas que no se pueden evitar”.
No obstante, el encargado de vigilar el trabajo de la Auditoría, advierte que “la UEC iniciaría una revisión del uso del presupuesto y si encontramos algo que nos parezca irregular, seguiremos el procedimiento establecido. En estas situaciones siempre hay que ir con un principio básico: todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. (ER)

Publicado: Enero de 2008, año V, No. 60