Ante las expectativas de un menor crecimiento en China y la falta de buenas señales para la economía griega, los mercados de las principales economías registraron fuertes caídas el martes.

Las expectativas de un menor crecimiento en China y la crisis griega afectan a los mercados; la Bolsa mexicana cae 1.59% y el peso alcanza su menor nivel desde el 1 de febrero.

En línea con los mercados externos la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cae 1.59% a 37,547 unidades.

El peso mexicano cae a sus peores niveles desde el 1 de febrero, golpeado por el temor de que Grecia sea incapaz de completar a tiempo la reestructuración de su deuda y por preocupaciones sobre el rumbo de la economía global.

La moneda cotizaba en 13 unidades por dólar, con una pérdida del 1.28% o 16.60 centavos, frente a los 12.8340 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes.

Las bolsas europeas cayeron el martes más de 3% por la incertidumbre sobre la quita de la deuda de Grecia y por la debilidad del crecimiento económico de la zona del euro.

Los mercados bursátiles de Fráncfort y Milán perdieron 3.4%, París bajó 3.58% y Madrid cayó 3%, mientras el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona del euro retrocedió 0.3% en el cuarto trimestre de 2011, por la caída del consumo y de las exportaciones.

El PIB de la zona del euro aumentó 1.4% en 2011, una décima menos que en el primer cálculo y se mantiene la incertidumbre sobre los bancos que van a participar voluntariamente en la quita de la deuda de Grecia.

De momento, 12 bancos que forman parte del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) han asegurado que van a participar en la reestructuración de la deuda de Grecia, pero todavía no está claro si serán suficientes bancos.

El gobierno griego ha dicho que aplicará cláusulas de reestructuración de la deuda obligatorias en caso de que no participen suficientes bancos, lo que obligará a los inversores a participar en la quita.

Los analistas consideran que si activan estas cláusulas de reestructuración obligatoria se producirá un impago, por lo que se deberán pagar los seguros de impago de crédito y esto es un factor de incertidumbre para algunos operadores, ya que se desconoce cómo reaccionarán los mercados.

El Dow Jones sufre su peor baja del año

En tanto, los precios de las acciones sufrieron su peor baja en lo que va de año en la Bolsa de Valores de Nueva York, ante profundas caídas en los mercados europeos debido a la crisis de deuda de Grecia.

Justo antes de las 18:00 GMT, el Dow Jones iba en baja de 199 unidades (1.5% para ubicarse en 12 mil 763, mientras el Standard&Poor’s 500 bajaba 20 unidades para quedar en mil 344 y el tecnológico Nasdaq perdía 43 unidades para quedar en 2 mil 908.

Hasta ahora, este año, la peor baja del índice había sido de 159 puntos, el 13 de enero.

Por su parte, los precios del petróleo disminuyeron 1.71 dólares para quedar en 105.01 dólares por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El crudo en Nueva York subió de los 96 dólares que tenía el mes pasado debido a temores de un conflicto con Irán; el precio del oro disminuyó 36 dólares la onza (2.1 para quedar en mil 668 dólares la onza). Tanto la plata, el platino y el cobre bajaron más de 2% debido a los problemas de Europa y la menor demanda en China. (Guadalupe Hernández)

Economíamexicana

Guadalupe Hernández

En caso de que la crisis de deuda soberana se concrete a pocas economías pequeñas, el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecería tan sólo en 2.5% en el 2012, advirtió La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que abundo en que si se registra una nueva recesión global, la economía nacional podría descender 0.6% anual.

En su reporte “Situación Económica Mundial y Perspectivas 2012, la ONU consideró que la economía mundial se encuentra al borde de “otra” crisis importante.

“Un fracaso de los hacedores de política, especialmente en Europa y Estados Unidos en resolver la crisis del empleo y evitar problemas de deuda pública o fragilidad del sector financiero, llevarían a la economía global a otra recesión”.

Estimó que la economía global crecerá apenas 0.5% en 2012 y 2.2% en 2013, y refirió que los países en desarrollo que se habían recuperado fuertemente de la recesión mundial de 2009, se verían afectados por un menor crecimiento a través de sus vínculos. “Brasil y México sufrirán una desaceleración económica más visible”, consideró.

De acuerdo al organismo multilateral, los problemas de deuda pública en Europa han acentuado las debilidades del sector bancario y hay crecientes preocupaciones sobre la capacidad de pago de algunas de las economías más grandes de la zona, como Italia.

Respecto de la economía de Estados Unidos, la ONU dijo que padece también de altas tasas de desempleo, del tambaleo de la confianza de consumidores y empresarios, así como de la continua fragilidad del sector financiero.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer el peor balance sobre la economía estadounidense que se haya conocido para una etapa teóricamente de recuperación, en el que recomienda, entre otros puntos, resolver de inmediato el asunto de la deuda, así como mantener cautela en el retiro del apoyo macroeconómico.
La economía de Estados Unidos, tras haber sufrido la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, sigue recuperándose con la ayuda de políticas macroeconómicas de apoyo. La política monetaria sigue siendo muy laxa, con tasas de política cercanas a cero y una expansión significativa del balance de la Reserva Federal. La política fiscal proporcionó un importante estímulo a la demanda en 2009–2010, pero el impulso fiscal correspondiente al actual ejercicio fiscal probablemente se aproximará a cero.
Agrega que, el sistema financiero continúa fortaleciéndose, pero para algunos segmentos las condiciones crediticias siguen siendo restrictivas. Los hogares han seguido reparando sus balances en medio de la persistente caída de los precios de la vivienda y altas tasas de desempleo, que han frenado el consumo, mientras que la actividad en el sector de la construcción continúa deprimida.
Pese a un crecimiento sin precedentes de las utilidades y a condiciones de financiamiento favorables para las grandes empresas, el gasto y la contratación por parte de las empresas siguen siendo relativamente débiles, señala el FMI.
Considera que el crecimiento del PIB se desaceleró de 2.75% (tasa anual desestacionalizada) en el segundo semestre de 2010 a poco menos de 2% (tasa anual desestacionalizada) en el primer semestre de 2011, debido, entre otras cosas, al impacto del alza de los precios del petróleo y varios otros factores pasajeros.
En cuanto al déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, explica que en general se ha desplazado lateralmente, ya que los mayores precios del petróleo han anulado los efectos de la fuerte demanda externa y la depreciación del dólar. En general, el lento ritmo de la recuperación es acorde a lo ocurrido a escala internacional en casos anteriores tras crisis financieras e inmobiliarias.
Las perspectivas apuntan a un crecimiento continuo pero modesto, advierte el Fondo. La atonía de la demanda privada interna implica que la capacidad ociosa en la economía sigue siendo elevada: en concreto, la tasa de desempleo ha descendido solo de forma moderada con respecto al máximo registrado recientemente. Por lo tanto, las presiones inflacionarias probablemente permanecerán contenidas, pese al reciente repunte de la inflación subyacente. Los riesgos son elevados y se inclinan a la baja, sobre todo los derivados del mercado de la vivienda y las posibles perturbaciones en los mercados financieros mundiales a raíz de la crisis soberana en Europa.
En lo que respecta a los acuerdos políticos, señala el organismo internacional que el ejecutivo y las autoridades legislativas han presentado propuestas de ajuste fiscal a mediano plazo, por lo que confía en que las negociaciones en curso puedan hacer que la política fiscal entre en una etapa de consolidación para corregir su trayectoria insostenible.
En cuanto al sector financiero, se está retirando el apoyo financiero oficial proporcionado durante la crisis y se está poniendo en práctica la ley de reforma de la supervisión y la regulación financiera. Concretamente, el Comité de Supervisión de la Estabilidad Financiera (Financial Stability Oversight Committee, FSOC) ha intensificado sus actividades y se están aprobando numerosas reglas. Sin embargo, reconoce que hay muchas cuestiones que aún están por definir, particularmente en aspectos concernientes a las instituciones financieras de importancia sistémica y la coordinación internacional.
Frente a este panorama, señala el FMI, que teniendo en cuenta la brecha del producto, que aún es amplia y los riesgos a la baja que pesan sobre las perspectivas, especialmente los posibles efectos de contagio provenientes de los mercados financieros europeos, la recomendación es tener cautela a la hora de retirar el apoyo macroeconómico.
Además hace hincapié en la necesidad de elevar sin demora el tope de la deuda federal y de forjar un acuerdo en torno a las características específicas de un plan integral de consolidación a mediano plazo.
Una vez que se cuente con un marco plurianual creíble y bien definido, agrega, el ritmo de reducción del déficit a corto plazo podría adaptarse en mayor medida a la situación cíclica.
De igual manera, insta a las autoridades de Washington a mantenerse alerta ante la evolución de la inflación y a responder con determinación con medidas de política cuando corresponda. Ya que  considera que, cuando las condiciones justifiquen un repliegue monetario, una reducción gradual de las tenencias de activos, comunicada de manera clara, sería una primera medida esencial.
Por otra parte, señala que es necesario desplegar nuevos esfuerzos para resolver los problemas en los mercados inmobiliarios y de trabajo. “La aplicación de medidas para mitigar las ventas en situaciones problemáticas y facilitar la modificación de los préstamos ayudaría a estabilizar los precios de la vivienda, acelerando al mismo tiempo la reforma de las empresas hipotecarias semipúblicas”.
Estados Unidos –agrega–, puede contribuir de manera significativa al crecimiento y la estabilidad mundial, entre otras formas, elevando la tasa de ahorro interno, sobre todo mediante la consolidación fiscal y, además, fortaleciendo la regulación y la supervisión del sector financiero.

La semana pasada se presentó una inusual reacción del precio de los commodites que ha llamado la atención ya que se trató de una desvinculación entre el dólar y los commodities, señala un análisis de BofA Merrill Lynch Global Research. A manera de ejemplo pregunta, ¿por qué bajó el cobre la mañana del miércoles 4 de mayo, no obstante la debilidad del dólar?

El dólar se ha visto debilitado desde la llamada conferencia “printing press” (en alusión a la producción de divisa estadounidense) de Bernanke la semana previa, señala Jeffrey Rosenberg, director de Investigación Global en Estrategias de Crédito de BofA ML.

Algunos commodities, incluyendo a los metales base, están respondiendo a la debilidad económica, puesto que dependen de la demanda industrial –manteniendo la tendencia que comenzó a principios de abril. De ahí la desvinculación, explica Rosenberg.

El especialista indica los hechos más relevantes de la nueva tendencia, para el petróleo y los metales preciosos, incluyendo al oro (-3% esta semana) y, particularmente la plata (-18%), los descensos de precio comenzaron apenas semana pasada. La plata y el oro han sido beneficiarios directos del deterioro del dólar desde el discurso de Bernanke en Jackson Hole a finales de agosto, puesto que son percibidos como coberturas monetarias e inflacionarias, denominados en dólares.

Sin embargo, agrega Rosenberg, desde principios de año, mientras que el oro se ha apreciado alrededor de 10%, la plata despegó más de 50% antes del colapso de la semana pasada: un incremento que algunos inversionistas tienen dificultad para conciliar con los factores fundamentales.

El aumento de los precios del petróleo –aunque vinculado a la caída del dólar– también se puede atribuir al riesgo de oferta por la situación de Medio Oriente, por lo que la semana pasada perdieron relativamente poca de su apreciación de principios de año, dijo Rosenberg.
Operaciones de largo plazo

Sin embargo, las expectativas de largo plazo para BofA Merrill Lynch Global Research tienen variantes, ya que los commodities, han sido los favoritos entre las inversiones alternativas.

En la última década, los commodities han ofrecido al inversionista una opción de diversificación con retornos semejantes a los de la renta variable, alta correlación con activos de deuda vinculados a la inflación, liquidez diaria, y transparencia de precios, indica un reporte del equipo de Investigación Global de Commodities, del banco de inversión.

Como resultado, los commodities han sido una de las clases favoritas de activos alternativos en el portafolio de los inversionistas institucionales. De acuerdo con nuestros cálculos, las inversiones vinculadas a índices de commodities han alcanzado su nivel más alto de todos los tiempos, 352 mil mdd, en el último mes. En nuestra opinión, es probable que esta tendencia continúe, dice el reporte.

Actualmente, la mayoría de los administradores de activos se ven forzados a tomar una decisión explícita sobre cuánto deben colocar en inversiones alternativas como los commodities. Como parte del proceso de colocación de activos, los administradores tienen que especificar los retornos estimados para los commodities para el periodo de inversión planteado para la mayoría de los inversionistas institucionales, que es de entre 10 y 20 años.

Si los modelos de colocación dependieran de cálculos históricos de retornos estimados, las colocaciones de los inversionistas en commodities serían sustancialmente más altas de lo que actualmente son.

Los metales preciosos fueron el sector con el mejor desempeño en abril: el índice de retornos totales de metales preciosos MLCX (Merrill Lynch Commodities Index Extra) cerró el mes en 10.98%. La plata tuvo un mes particularmente bueno (MLCX de retornos totales para la plata = 28.19%), mientras que el oro superó mil 500 dólares la onza. El crudo y los productos refinados también avanzaron: el índice de retornos totales de energéticos MLCX tuvo retornos de 6.51% en abril.

Después de 16 años de esfuerzos para integrar comercialmente a América del Norte, surgen iniciativas locales como la nueva ley contra la migración mexicana en Arizona que, si bien no tienen un objetivo económico, operan precisamente en dirección opuesta. Los costos podrían ser altos.

Aunque México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos (después de Canadá y China) y su segundo destino de exportaciones después de Canadá, la sociedad estadounidense considera a México no como un socio comercial de gran importancia sino como una amenaza a su estilo de vida. ¿Cómo se explica esta paradoja? Pero más importante aún es ¿qué tipo de repercusiones y consecuencias pueden tener sobre el proceso de integración regional este tipo de iniciativas?

En el 2008 el comercio de Estados Unidos fue de 3.4 billones de dólares, México fue su tercer socio comercial siendo el segundo de las exportaciones estadounidenses y tercer proveedor de su mercado.

La reciente firma de la Ley SB 1070 por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, criminaliza la migración estableciendo en su articulado que “un oficial competente en Arizona a nivel Estatal, Condado, Ciudad o Pueblo o cualquier otra subdivisión del Estado que aplique la ley u ordenamiento en cualquiera de las esferas mencionadas puede llevar a cabo una detención o arresto cuando exista una “sospecha razonable” de que una persona es un extranjero que está presente en Estados Unidos de manera ilegal. El oficial hará un esfuerzo razonable, cuando sea práctico, para determinar el estatus migratorio de la persona….” “Cualquier persona que es arrestada deberá contar con la determinación de su estatus migratorio antes de que sea liberada”.

Lo anterior se traduce en que inmigrantes en Arizona, incluso legales, deberán cargar en todo momento con su documentación ya que pueden ser “parados” o “detenidos” para determinar su estatus migratorio en ese país cada que existe una sospecha ¿razonable? Por esto y por su tinte racista y discriminatorio, esta ley ha causado además de indignación entre la comunidad internacional, el reclamo de gobiernos extranjeros, destacadamente el de México. Más grave aún resulta el que este tipo de iniciativas proliferen  en otros estados de la Unión Americana. (Se calcula que de los 12 millones de extranjeros sin papeles que trabajan en Estados Unidos, 10 millones son de origen hispano y de estos la mayoría son de origen mexicano).

Una de las armas de las comunidades hispanas ha sido proponer un boicot económico a Arizona, (el cual consiste en dejar de comprar productos provenientes de ese estado o cancelar la realización de convenciones y viajes a dicha región) como arma de presión para derogar dicha ley. Pero la pregunta es si el hecho de realizar un boicot será ésta una herramienta lo suficientemente poderosa como para hacer repensar a la Gobernadora Brewer sobre su propuesta.

¿Cuáles serán las repercusiones?

En el terreno comercial habría que preguntarse cuáles serían los alcances y posibles impactos de un boicot para la relación comercial con México.

Entre los estados de la Unión Americana, Arizona es el estado 14º por su población que suma 6.5 millones de habitantes, alrededor de 2% del total de ese país. El condado de Maricopa, que incluye la ciudad de Phoenix, es el 5º más importante en el país, con 3.6 millones de personas y con uno de los crecimientos poblacionales más significativos en los últimos años. Arizona es un estado joven; la media de edad es de 34.2 años por debajo de la media nacional (35.3 años).Alrededor del 30 por ciento de la población en Arizona es de origen hispano.

Por el tamaño de su economía, en 2008 Arizona ocupó el lugar 19º  con un PIB de 245.9 mil millones de dólares;  equivalente a 1.7% de la economía nacional (que en 2008 fue de 13.7 billones de dólares-). En el 2008, el ingreso per cápita anual en Arizona fue de 32,833 dólares, siendo el condado de Maricopa el de mayor ingreso con 36,135 dólares.

Una variedad de actividades componen la economía de Arizona, las principales son la industria manufacturera de alta tecnología, el turismo y telemarketing así como otros servicios de apoyo de oficina.

En 2009 Arizona fue el quinto socio comercial de México entre los estados de la Unión Americana, sólo superado (en orden de importancia) por Texas, California, Michigan e Illinois con un intercambio de 9.1 mil millones de dólares.

México fue para Arizona el principal mercado de sus exportaciones con una participación de 32.4% en 2009 (Canadá, en segundo lugar, representó el 12.5% de las exportaciones de ese estado).

Arizona se ha visto beneficiado de su comercio con México. En 2009, México le compró a Arizona computadoras y productos electrónicos (24%), manufacturas de maquinaria (10%), equipo electrónico, electrodomésticos y partes (9%), etc. A su vez, los principales productos que México le vendió a Arizona fueron hortalizas (26.7% del total), maquinaria y equipo eléctrico y electrónico (17.4%), aparatos mecánicos, calderas y partes (14.9%) y frutas (10%).

Nogales, Arizona, es la principal puerta de entrada de los productos agrícolas perecederos, en particular hortalizas provenientes de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, así como de algunos productos provenientes del sur del país. En Arizona se ubica un gran número de empresas especializadas en la comercialización y distribución de alimentos frescos, como resultado de las exportaciones mexicanas en este sector.

El comercio de estos, vía Arizona, representa aproximadamente 80% del total de exportaciones de hortalizas del país. También, vía Arizona, se distribuyen productos frescos, especialmente durante la temporada de invierno.

Estas cifras reflejan que para Arizona, el comercio con México es clave para su economía, de igual forma que para México representa una entrada estratégica para sus ventas de hortalizas y frutos frescos en los Estados Unidos. A pesar de que las venas de Arizona a México representan una tercera parte de sus exportaciones al mundo, las autoridades de ese Estado han echado en saco roto los dividendos de esta relación comercial poniéndola en riesgo al aprobar una ley que, en principio, atenta en contra de al menos una tercera parte de su población (de origen hispano) y de los 65 mil mexicanos ingresan diariamente a Arizona con fines laborales, comerciales y familiares gastando aproximadamente 7.4 millones de dólares.

Efectos económicos en Arizona

El mercado está conformado por consumidores que razonan cada vez más sus compras y que tienen un impacto importante en la economía cuando actúan en grupo, si pensamos en un boicot económico de la envergadura de al menos 12 millones de consumidores (extranjeros sin papeles en Estados Unidos) podría tener un impacto importante para el estado. Arizona, que ya ha empezado a sufrir los efectos de cancelaciones de convenciones, eventos sociales, culturales y deportivos como una reacción a dicha Ley, así como la baja de las ventas en la zona fronteriza.

Un boicot comercial contra Arizona afectará también las exportaciones de México a Estados Unidos considerando que al menos 80% de las exportaciones mexicanas de productos perecederos entran a Estados Unidos por ese Estado.

Sin embargo, todo parece indicar que no será por la vía económica ni comercial que se frene esta medida, sino por la vía judicial ya que tanto el Ejecutivo Federal de ese país como asociaciones y empresas de origen hispano han instado a combatir la medida en los tribunales, argumentando la anticonstitucionalidad de la Ley. No debemos olvidar que ésta es una prueba importante para el Presidente Obama quién recibió votos del 70% de la población hispana y que ahora le están pasando factura presionando para que cumpla sus promesas de campaña sobre una reforma migratoria integral. Pareciera que esta reforma integral sería una muy buena oportunidad para conciliar la política comercial y la migratoria. No obstante, los recursos políticos de la presente Administración estadounidenses parecen escasos para lograrla.

Este tipo de iniciativas son reprobables por su carácter racista pero igualmente preocupante es el hecho de que esta Ley tendrá un efecto contrario sobre la integración de la región y sobre nuestra posición como región norteamericana en la economía global.

Es el momento para que los líderes de la región trabajen para construir una sociedad norteamericana integrada y ordenada. Solos no vamos a poder competir. El Presidente Obama en su Iniciativa Nacional de Exportaciones estableció como meta duplicar exportaciones en cinco años y crear 2 millones de nuevos empleos. Para lograr el objetivo, Estados Unidos se podría apoyar en la integración productiva en América del Norte. A ambos países nos debe interesar cuidar lo que hemos desarrollado y buscar atender la agenda bilateral de migración y legalidad de forma respetuosa y constructiva.

Medio siglo de buenas intenciones no han sido suficientes para dotar a la región de los beneficios que otras zonas han logrado en materia comercial y en el terreno de las inversiones. La unión debe ir más allá del papel y la retórica.

Luz María de la Mora Sánchez

En este 2010 se cumple el 50 aniversario de la integración latinoamericana en la que México ha participado desde sus inicios. Sin embargo, respecto a otros procesos de integración, el latinoamericano obtiene calificaciones bajas y revela una serie de asignaturas pendientes.

De hecho, el nivel de unificación que ha logrado América Latina en su conjunto -medido en términos de comercio intrarregional- es de los más bajos.

En 2008 no llegó a 20 por ciento, en comparación con 73 por ciento de Europa y 50 por ciento para Asia y América del Norte.

América Latina comercia poco entre sí. En 2009 destinó 18 por ciento de sus ventas y realizó 20 por ciento de sus compras en la región. América Latina no ha establecido los mecanismos para promover esos intercambios que tendrían que ser naturales y ventajosos para la región.

México, por ejemplo, exportó alrededor de 230 mil millones de dólares en 2009 y es el primer exportador en América Latina. Sin embargo, en el mismo año menos de 6 por ciento de sus exportaciones se destinaron a la región.

Para México el proceso de integración latinoamericana no sólo es relevante desde un punto de vista político, sino que se vuelve urgente como una opción de crecimiento y fortalecimiento de sus empresas y su economía a través de la tan demandada diversificación de las exportaciones, así como la consolidación de una estrategia para fomentar y promocionar las inversiones mexicanas en la región.

Ante el dramático impacto que la recesión de Estados Unidos ha tenido sobre la economía mexicana, ver al mercado latinoamericano puede ser una fuente de oxígeno para buscar alternativas reales que permitan encontrar caminos para atender la excesiva concentración en un solo mercado exportador y la consecuente vulnerabilidad.

Los ciudadanos latinoamericanos ven con buenos ojos la integración de la región. La encuesta América Latina mira al mundo. La economía y la política de las relaciones internacionales publicada por Latinobarómetro en julio de 2009 reveló que 51 por ciento de los ciudadanos de la región apoyan la integración, mientras que 37 por ciento le dan un apoyo medio, y un 12 por ciento un bajo apoyo.

Integración latinoamericana ausente

Sin embrago, en la Cumbre de la Unidad realizada en febrero pasado en Playa del Carmen, México, el tema de la integración latinoamericana fue el gran ausente. Si bien en la Declaración se estableció la voluntad de “impulsar la integración regional con miras a la promoción de nuestro desarrollo sostenible,” ésta no pasó de ser una mera frase retórica sin contenido alguno.

La pregunta obligada es: ¿por qué después de 50 años de lanzado el primer gran mecanismo de integración regional, América Latina ofrece un récord de integración tan pobre? Más aún, ¿tiene futuro el plantearse una integración latinoamericana?

A pesar de décadas de grandes despliegues diplomáticos, celebración de cuantiosas reuniones y creación de innumerables grupos de trabajo, el proceso de integración latinoamericana no despega.

Dicho proceso inició en 1960 cuando México, junto con seis países -Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay- suscribió el Tratado de Montevideo que estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).

Entre 1961 y 1967 se adhirieron Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Con la ALALC se propuso la creación en un periodo de 12 años (que se extendió 8 años más) de un área de libre comercio entre los países de América Latina, con el fin de acelerar su desarrollo económico.

La vinculación de las economías de la región se daría mediante la eliminación de restricciones, cupos y aranceles al comercio, la reciprocidad y la aplicación del trato de nación más favorecida (NMF), que se refiere a la extensión automática del mejor trato que se conceda a una parte a todas las demás partes en un acuerdo de comercio internacional.

Pero la ALALC enfrentó fuertes obstáculos derivados de diversos factores, entre los que se cuentan la inexperiencia de los países en este tipo de negociaciones, las disparidades entre las diferentes economías, la creación del Grupo Andino -que creó un subgrupo con reglas propias que se alejaban del objetivo de la integración regional-, así como las mismas políticas proteccionistas de los países que, en efecto, llevaron a un impasse.

El proceso de integración que se intentó impulsar con la ALALC fracasó ante la imposibilidad de coordinar las políticas económicas de los países miembros y la rigidez en los plazos y mecanismos de negociación.

Ante la imposibilidad de crear una zona de libre comercio, en 1980 los mismos países se replantearon la integración. La ALALC pasó a ser la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y se propuso crear un mercado común latinoamericano que se alcanzaría de manera gradual y progresiva.

Pero el propio objetivo de la integración regional se vio erosionado por el surgimiento de acuerdos subregionales. En efecto, de manera paralela al proceso nacieron otras iniciativas subregionales como el Mercado Común del Sur, MERCOSUR (1991) o la Unión de Naciones de Suramérica, UNASUR (2008) que sucedió a la Comunidad Sudamericana de Naciones (2004), o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA (2004).

Una promesa escrita

Desafortunadamente para la región, el objetivo de la integración ha quedado en el papel. La evolución de la integración latinoamericana ha respondido, sin duda, a las realidades políticas y económicas de la región. De hecho, los inicios de la ALALC como de la ALADI se dieron en un contexto en donde los países de la región se caracterizaron por recurrentes crisis políticas con golpes de Estado en algunos países, así como fuertes crisis económicas (petróleo en los setenta, deuda externa en los ochenta, crisis financiera en los noventa) que en el mejor de los casos llevaron a tasas de crecimiento muy volátiles y a políticas económicas erráticas.

Así, América Latina no ofrecía un ambiente propicio para la integración ni para el desarrollo de los negocios no sólo en cada país, sino entre sí. América Latina no parecía ser el mejor socio para sí misma, por lo que el comercio se orientó más bien hacia mercados fuera de la región.

De hecho, a diferencia de los mecanismos de integración en Europa o en Asia -que se movieron hacia una mayor profundización y armonización de reglas para promover el comercio intrarregional-, en América Latina sucedió todo lo contrario: la ambición se redujo llevando a una fragmentación de facto de la región.

El futuro es posible

La crisis global desatada en 2008 debería hacernos repensar la integración, pues América Latina está mucho mejor posicionada para superar la crisis y para promover mayores niveles de intercambio.

Si bien esta crisis ha tenido impactos negativos sobre las economías de la región así como sobre el comercio intrarregional, en esta ocasión América Latina ha estado mejor preparada para enfrentar la crisis y sus efectos no han cimbrado los fundamentos económicos de los países.

Esto se ha debido, en gran parte, a los avances que, en su mayoría, han hecho las propias economías de la región que aprendieron de las amargas lecciones del pasado. Aun cuando la recuperación de la región va a ser lenta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca que Latinoamérica fue la que primero logró retomar la senda del crecimiento.

En este sentido, la situación macroeconómica de la región hoy la hace un socio deseable y atractivo al que hay que volver a ver con una mirada fresca. Ante la contracción de los mercados desarrollados y ante sus débiles perspectivas de recuperación, cabe preguntarse si la integración en América Latina debe retomarse seriamente como una alternativa viable y replantear el valor de la región como un socio tan atractivo o más que los tradicionales mercados de países desarrollados.

Es aquí en donde el proceso de integración vuelve a tomar relevancia. Pero para hacer de éste una realidad y obtener los beneficios esperados se requieren esquemas comerciales, financieros y de inversión que permitan que América Latina no siga siendo sólo una serie de mercados fragmentados, sino un gran mercado de más de 500 millones de habitantes con perspectivas positivas de crecimiento y consumo.

Pero para avanzar en la ruta de la integración no sólo se requiere de un buen contexto macroeconómico; se requiere fundamentalmente de liderazgo y convergencia política con visión de futuro. Se requiere de un verdadero apoyo político de los dos grandes de la región –Brasil y México- que hasta ahora le ha faltado al proceso. Aquí México debería buscar ocupar el espacio que le corresponde.

México es ya un inversionista de peso en América Latina con más de 47 mil millones de dólares en inversiones en actividades productivas, de servicios, financieras, mineras, de comercialización, entre otras. Una serie de empresas mexicanas ya hacen negocios en prácticamente todos los países de la región. De hecho, Brasil es el primer destino de  inversiones mexicanas a nivel mundial (cerca de 17,000 millones de dólares). Asimismo, las exportaciones mexicanas a la región si bien registran niveles muy bajos comparados con los totales, se triplicaron en cinco años (7,000 a 22,000 millones de dólares entre 2003 y 2008).

El mercado latinoamericano ofrece a México un enorme potencial para la diversificación de su oferta exportable y abre oportunidades de negocios en un mercado cercano en términos de idioma, cultura, patrones de consumo, tamaño de mercado, requisitos de certificación, por mencionar algunos.

Sería hora de retomar a la opinión pública latinoamericana y considerar seriamente el proyecto de integración más allá de retóricas políticas e ideológicas. La integración es una apuesta por el crecimiento, por el desarrollo y por la innovación. Si bien los 50 años de la integración dejan mucho que desear, es un buen momento para replantear el camino para lograrla.

El gran desafío que se le presenta a la sociedad latinoamericana está referido, prioritariamente, a la necesidad de conocer cuáles son y cómo puede funcionar una América Latina global en los nuevos escenarios internacionales, tomando en cuenta que en el mundo actual los mercados segmentados y las políticas aisladas, sólo llevan a intensificar los riesgos de vulnerabilidad. La integración puede tener futuro. La sociedad latinoamericana ya la apoya.

¿Por qué después de 50 años de lanzado el primer gran mecanismo de integración regional, América Latina ofrece un récord de integración tan pobre? Más aún, ¿tiene futuro el plantearse una integración latinoamericana?

Para México el proceso de integración latinoamericana no sólo es relevante desde un punto de vista político, sino que se vuelve urgente como una opción de crecimiento y fortalecimiento de sus empresas y su economía.

Durante 50 años, México recibió recursos del BID para construir infraestructura, generar empleos, brindar educación de calidad y abatir la pobreza. Los rezagos persisten, mientras ese organismo prevé que 2008 y 2009 serán años “difíciles” para la economía mexicana

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca reposicionarse como el socio estratégico de México y apoyarlo con recursos para reducir la brecha entre ricos y pobres, avanzar en la calidad educativa y garantizar la seguridad alimentaria y energética, dice Ellis J. Juan, representante de esa institución financiera en el país.

Los créditos más significativos que el BID ha otorgado al gobierno federal se concentran en dichos rubros, calificados por el organismo como “retos pendientes” para el desarrollo. Actualmente, la deuda de México se estima entre 4 mil y 4 mil 500 millones de dólares. “Creo que ya no sube, se paga al año y como ya es un país con ingresos medios, tiene ingreso a los mercados financieros sin necesidad nuestra. Es un pagador reconocido”, dice el funcionario.

La relación del BID –creado en 1959, al amparo de la Organización de Estados Americanos– con los gobiernos mexicanos data de hace casi medio siglo. México fue uno de los 19 países latinoamericanos que, con Estados Unidos, fundaron ese organismo que hoy reúne a 47 Estados, 26 de ellos miembros prestatarios. En 50 años, el banco financió obras de infraestructura, planes educativos y de salud o préstamos de emergencia para sus socios; sin embargo, el Informe 2007 del BID admite que América Latina “sigue siendo la más desigual del mundo”.

El estudio destaca que, en la región, 70 por ciento de la población vive con menos de 3 mil dólares anuales y enfrenta déficit “intimidatorio” en servicios básicos, competitividad y calidad de la educación. Basado en estimaciones de la Conferencia Económica para América Latina, el mismo informe cita que en Latinoamérica la pobreza continuó disminuyendo en 2007, “aunque a un ritmo más moderado que en los dos años anteriores”, con lo que la tasa de pobreza se redujo de 36.5 por ciento en 2006 a 35.1 por ciento en 2007.

Así, en la región bajó el número de pobres de 194 millones a 190 millones y, de este total, se redujo el número de personas en situación de extrema pobreza o indigencia de 71 a 69 millones; es decir, la tasa de extrema pobreza descendió de 13.4 a 12.7 por ciento. “Los cálculos correspondientes a Brasil, Chile, Ecuador (zonas urbanas) y México indican que estos países han alcanzado ya la meta”; Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Venezuela avanzan a un ritmo cercano o superior al necesario para conseguirlo; Argentina, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay están a la zaga.

Respecto a la pobreza extrema y el desempleo, Ellis J. Juan, representante del BID en México, señala que persiste la dificultad “para generar empleo formal y de manera sostenible, que sea bien remunerado, con protección y seguridad social y que además sea sostenible. Ésos son los retos para la región”, puntualiza el funcionario de origen venezolano, desde sus oficinas de la colonia Los Morales, Polanco, en la Ciudad de México.

Explica que su trabajo intenta “cerrar la brecha” entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Apunta que el esfuerzo del BID y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se concentra en el Programa de Sucursales en los estados más pobres del país, que aborda el subdesarrollo sostenible y los problemas fronterizos.

Acerca de la estimación sobre pobreza y desempleo que hace el BID, Pablo Trejo, diputado por el Partido de la Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Hacienda, asegura que ambas problemáticas no han disminuido, “porque no se está incentivando la producción”.

Comenta en la reunión del Parlamento Latinoamericano, donde se revisaron los indicadores para medir los índices de desarrollo humano y a la cual asistió, se concluyó que los dos índices que sirven para medir ese indicador –el ingreso per cápita y el producto interno bruto (PIB)– “están totalmente equivocados”.

Para el legislador, “lo que ahora se ve en los resultados de estos organismos financieros es la acumulación de la riqueza en unos cuantos y una distribución de la pobreza en millones de personas”. Subraya que las cifras que maneja el gobierno mexicano, como los organismos financieros, no siempre corresponden a la realidad.

“Se apropian de los conceptos y después los manipulan para que en las estadísticas aparezcan como logros”, como ocurrió tras el registro de 4 millones de familias en el seguro popular. “Ahí nos metimos en un serio problema, porque la meta nada más es inscribir, no prestar servicios de salud. Si se revisa la infraestructura de los hospitales, el mobiliario o medicamentos, vemos que es insuficiente”.

Por esa razón, el diputado del PRD propone modificar esos indicadores para que midan realmente si se transforma el entorno de los mexicanos y si éstos acceden a los servicios elementales, de acuerdo con los derechos que garantiza la Constitución. “Cuando uno va a las zonas marginadas del país, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo o Tlaxcala, esas cifras son pura simulación”, sostiene.

Transparentar las Mipymes

Para formalizar el empleo, el Banco Interamericano de Desarrollo financia a las micro, pequeñas y medianas (Mipymes), describe Ellis J. Juan. Agrega que “el empleo formal y sostenible no necesariamente tienen que estar vinculado con una gran empresa, una gran multinacional o con una empresa pública, sino que puede estarlo perfectamente con una Mipyme, pero formalizada”.

Ello implica que las Mipymes tengan al día sus estados financieros y paguen sus impuestos. Así podrán acceder al crédito. “Nuestro enlace con el sector privado está más orientado hacia el segmento pequeño y mediano de empresarios; salir del nivel del estado federal como lo hace el programa de Empresas-emprendedores, que apoya el BID en México a través de instituciones de educación superior, como el Tecnológico de Monterrey, y programas piloto como las llamadas Incubadoras de Empresas, que creó la Unitec”, dice el funcionario.

Para apoyar a las Mipymes y mejorar el acceso al crédito de los empresarios, el BID trabaja con los banca de desarrollo mexicana. Por ejemplo, explica Ellis J. Juan, con Bancomext se trabaja el tema del factoraje, para tener una línea de crédito que apoye a empresas de exportación.

No obstante, el legislador Pablo Trejo señala que el “99 por ciento de los recursos que destinamos a la promoción, al desarrollo de las micro, medianas y pequeñas empresas se quedan en fundaciones, asociaciones y fideicomisos. Sólo el 1 por ciento llega a las Mipymes. Entonces, de 4 mil millones de pesos que se asignan para ese programa sólo se aporta 1 por ciento para su promoción”.

Por esa razón, cuando se discuta el presupuesto de egresos para 2009 “vamos a cuestionar algunos apoyos, como el del Seguro Popular y el apoyo a las Mipymes”, asegura el diputado.

El destino de los préstamos

Los créditos otorgados por el BID a México, durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, han apoyado los sectores educativo y laboral y el combate a la pobreza extrema. Entre los préstamos, destacan dos, por un total de 600 millones de dólares. Entregados el 19 de diciembre de 2001, estos se destinaron a la primera fase de un programa de descentralización y capacitación laboral, respectivamente.

La inversión para ambas iniciativas, declaró entonces el BID, sería de 3 mil 800 millones de dólares a lo largo de nueve años: 300 millones de dólares, para apoyar un programa de 1 mil 800 millones de dólares, también a nueve años, y que ejecutaría la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ello, para promover la capacitación y aumentar la capacidad de México en planeación estratégica y operativa de sus mercados laborales.

El plazo para ambos financiamientos se fijó en 25 años, con tres años de gracia, y una tasa de interés variable. Para 2001, el BID aprobó un total de 1 mil 100 millones de dólares. Ya en 1996 esa institución había aprobado un préstamo de 250 millones de dólares y, en 1999, otro por 200 millones de dólares para respaldar el esfuerzo del gobierno e incrementar la competitividad y la equidad en sus mercados laborales. La operación de diciembre de 2001 buscó atender la demanda laboral de las mujeres, cuya fuerza en el mercado creció de 10.4 por ciento en 1970 a 37 por ciento en 2000.

En agosto de 2001, el BID aprobó 500 millones de dólares para pequeños productores rurales a través del programa Procampo. En abril de 2005 el Banco Interamericano de Desarrollo concedió a México dos préstamos por un total de 400.4 millones de dólares para programas de capacitación laboral y mejora del bienestar en barrios pobres. Firmaron ese doble acuerdo el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y Enrique Iglesias por el Banco en Okinawa, Japón, durante la reunión anual de gobernadores de ese banco.

De esa suma, 350 millones de dólares irían al Programa Hábitat, iniciativa dirigida a “mejorar la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los servicios públicos en barrios pobres”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.

El otro crédito, de 50.4 millones de dólares, se destinó para “mejorar los programas de formación profesional, técnica y de capacitación” en México. Ese financiamiento respalda la primera fase de un programa de seis años, cuyo costo total es de 204 millones de dólares para aumentar la productividad de trabajadores capacitados y perspectivas de empleo para jóvenes, que administra la Secretaría de Educación Pública.

Ya en el gobierno de Felipe Calderón, los financiamientos del BID incluyeron de manera más abierta un enfoque de combate a la pobreza extrema, aunque el énfasis se mantuvo en la capacitación laboral. Así, en abril de 2007, la institución crediticia anunció una línea de préstamos, por seis años, de hasta 2 mil 500 millones de dólares, para invertir en infraestructura, con la colaboración de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como con del sector privado. Ese financiamiento es parte del Memorando de Entendimiento para Incrementar la Cartera de Proyectos de Infraestructura.

También, en diciembre de 2007, el BID anunció un préstamo de 100 millones de dólares a México para becas de capacitación; ese crédito –otorgado a un plazo de 25 años, con un periodo de gracia de 29 meses y a tasa libor– apoya la segunda fase de un programa de capacitación laboral y de empleo que se concentra en el programa Becas a la Capacitación para el Trabajo. Esos recursos son parte del crédito por 300 millones de dólares que aprobó el BID en 2001 y en cuya fase inicial, de acuerdo con el gobierno federal y la institución, los becarios lograron positivas tasas de colocación en empleos después de su periodo de entrenamiento.

En abril de 2008, la SHCP y el BID firmaron dos préstamos por 250 millones de dólares para impulsar los programas de Atención a la Pobreza Urbana y el de Apoyo a la Capacitación al Empleo. De acuerdo con la secretaría, el primer crédito, por 150 millones de dólares, se destinará al Programa de Atención a la Pobreza Urbana, que opera la secretaría de Desarrollo Social con participación de entidades federativas y los municipios.

El segundo, por 100 millones de dólares, al Programa de Apoyo a la Capacitación y al Empleo, que propone mejorar la articulación entre quienes buscan trabajo y empleos de calidad, en un marco de igualdad entre hombres y mujeres. Corresponde supervisar su aplicación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Pese a estos créditos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informó que la tasa de desempleo subió a 4.02 por ciento en febrero de 2008, en lo que habría sido su segundo mes consecutivo de aumento, contrario a las expectativas del mercado. De acuerdo con cifras oficiales citadas por la agencia Notimex, México creó 117 mil 710 empleos. También para ese mes, la tasa de desocupación en el país fue de 4.02 por ciento, de la población económicamente activa, una cifra superior a la que se registró en el mismo periodo de 2006, cuando fue de 3. 60 por ciento.

Futuro sombrío

Ellis J. Juan comenta que 2008 y 2009 serán años difíciles para América Latina, en general, y para México, en particular. Ello, por “los efectos por la recesión norteamericana y por el impacto que ésta sigue teniendo a nivel global. Además, se suman a este escenario los altos precios del petróleo y la inseguridad energética y de los alimentos, por lo que el empleo podría sufrir un poco en el sentido de que las mejoras que esperábamos, quizás no sean tan altas.

“Yo diría que nuestra área de preocupación, más allá de que el préstamo que dimos (el BID) se gaste para ese propósito que se concedió, es el resultado. Nos interesa saber si, una vez que prestamos recursos para mejorar la eficiencia en el sector agrícola, eso se logró”, señala el representante del BID. Actualmente se maneja que de 100 personas que entran a la escuela sólo nueve llegan a la educación superior, “para mí, un resultado interesante sería si en cinco años podemos decir que sean 12”.