La dependencia en materia científica y tecnológica no sólo vulnera la soberanía mexicana, sino que resulta un pésimo negocio. En 2006 se pagaron más de 7 mil millones de dólares por uso de patentes y sólo se recibieron, por el mismo concepto, 700 millones. Mientras el presupuesto destinado en 2009 es de los más bajos en las últimas dos décadas, trasnacionales son las principales beneficiarias de los estímulos fiscales, por 4 mil 500 MDP

En México, el gasto federal en ciencia y tecnología no rebasa el 0.34 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), lo que provoca un acentuado rezago en investigación básica y desarrollo tecnológico; enormes asimetrías entre entidades federativas, instituciones y sectores sociales, y un retroceso en la competitividad del país, dice Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

Agrega que la inversión anual en la materia no sólo es “muy baja”, sino que va en descenso. De 2003 a 2007, el gasto pasó de 0.43 por ciento a 0.33 por ciento. Se sigue una política en sentido inverso de lo que el país requiere para su desarrollo: más recursos para el incremento en el número de investigadores, en la producción científica y en el registro de patentes.

Para 2009, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 43 mil 528 millones 700 mil pesos; dicho monto supera sólo en 71 millones de pesos al proyecto enviado por el Ejecutivo, que solicitaba recursos para ciencia y tecnología por 43 mil 457 millones de pesos.

En el marco de la mesa de debate “La ciencia en México; cuatro visiones, un mismo compromiso”, Juan Ramón de la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo: “El problema fundamental es que no tenemos esa política pública. No hemos sido capaces de construirla. Mientras no la construyamos, mucho me temo que seguirán los vaivenes y los altibajos en la ciencia en el país”.

De acuerdo con datos de la AMC, el presupuesto solicitado por el gobierno de Felipe Calderón en 2009 significaba un incremento de 6.1 por ciento en términos reales respecto del presupuesto aprobado en 2008, y solamente 1.3 por ciento mayor en términos del presupuesto ejercido al cierre de 2008.

La propuesta del Ejecutivo resultaba equivalente a 0.33 por ciento del PIB, a 1.53 por ciento del gasto público total y a 2.05 por ciento del gasto programable del sector público federal. La Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura recomienda que se dedique al menos el 1 por ciento del PIB en el rubro de ciencia y tecnología.

El incremento en el presupuesto en la materia se explica por la creación de cuatro programas que otorgarán subsidios directos a organismos y empresas del sector privado: Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas recibirá 1 mil 200 millones de pesos; Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras, 700 millones de pesos; Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, 600 millones de pesos, y Fomento Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación, 500 millones de pesos.

En 2008, sólo el 9.7 por ciento de la industria se consideraba de alta tecnología; el país que registra mayor nivel es Corea, con 53 por ciento.

Juan Pedro Laclette, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), dice que el problema de la inversión en la materia es conocido: no supera el 0.3 o 0.4 por ciento del PIB, que, complementado con el 0.1 por ciento que aporta la iniciativa privada, da como resultado un mediocre 0.45 por ciento anualmente.

Sin embargo, explica, los recursos no son el único problema. Es necesario trabajar en la definición de objetivos para el trabajo científico, más allá de los objetivos de los individuos que tienen su proyecto de investigación. Se deben plantear metas por sector, secretaría, región, estado; cada entidad tiene una problemática por resolver.

Agrega que existe una descoordinación en el trabajo; cuesta mucho sumar esfuerzos y crear redes de trabajo. Además, hace falta “la gobernanza” del sistema, es decir, no están en concordancia los tres niveles de gobierno.

Sin presencia

Rosaura Ruiz Gutiérrez considera que México es uno de los países con mayores índices de dependencia tecnológica, con 29.5 por ciento. “La soberanía nacional no es únicamente un problema de orgullo; la falta de independencia tecnológica contribuye al atraso”.

Agrega que el país tiene un coeficiente de inventiva de 0.05 (solicitudes de patentes por cada 10 mil habitantes); la nación que registra el más alto indicador es Japón, con 28.84. En México no se produce tecnología y eso cuesta mucho dinero. En 2006 se pagaron aproximadamente 7 mil millones de dólares en uso de patentes, en cambio, sólo se recibieron 700 millones de dólares, es decir, se gasta 10 veces más de lo que se recibe.

Según información de la AMC, México tiene una patente por cada millón de habitantes; la recaudación por concepto de regalías y derechos de licencia fue de 70 centavos de dólar por persona en 2005. En contraste, Luxemburgo obtuvo por el mismo concepto 628 dólares; este país cuenta con 4 mil 301 investigadores e invierte el 1.8 por ciento de su PIB en investigación y desarrollo.

En 2006, el Sistema Nacional de Investigadores tenía registrados 13 mil 855 investigadores en las 32 entidades federativas, el 42 por ciento se concentraba en el Distrito Federal; el 6 por ciento, en el Estado de México; 5.4 por ciento, en Michoacán y Morelos, respectivamente; 4.9 por ciento, en Jalisco; 3.8 por ciento, en Puebla; 3.1 por ciento, en Nuevo León; 3 por ciento, en Baja California; 2.9 por ciento, en Guanajuato; y el resto, en los demás estados.

Entre 1998 y 2005, la balanza de pagos registró un incremento en los egresos, superior al 200 por ciento en el rubro de tecnología. En 1998 se pagaron 453 millones 500 mil dólares, en 2005 aumentó a 2 mil 93 millones de dólares; en tanto, los ingresos fueron por 138 millones de dólares y 180 millones de dólares respectivamente, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En 1998, había 141 patentes de nacionales registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 3 mil 78 de extranjeros; en 2006, había 132 y 9 mil 500, respectivamente.

La Secretaría de Educación y el Conacyt cuentan con cinco programas que formalmente buscan elevar la calidad de la educación y fomentar la conformación de grupos de académicos y desarrollo tecnológico. Éstos son: Fortalecimiento del Posgrado Nacional; Fondo Sectorial para el Apoyo a la Ciencia Básica; Fondo Sectorial para las Investigaciones sobre Educación; estímulos fiscales a las empresas que invierten en investigación y desarrollo; Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y Cooperación Científica y Tecnológica Internacional.

En 2007, las empresas más beneficiadas con el programa de estímulos fiscales fueron: Controladora General Motors de México, que recibió 549 millones 99 mil pesos; Chrysler de México, 196 millones 558 mil pesos; LC Terminal Portuaria de Contenedores, 183 millones 322 mil pesos; Volkswagen de México, 128 millones 953 mil pesos.

Además, Mabe de México obtuvo 92 millones 267 mil pesos; Investigación de Tecnología Avanzada, 67 millones 345 mil pesos; Nemak, 63 millones 742 mil pesos; Compañía Mexicana de Aviación, 57 millones 520 mil pesos; Sigma Alimentos Noreste, 53 millones 165 mil pesos, y Productos Roche, 53 millones 165 mil pesos. El monto entregado a estas 10 empresas representa el 32.1 por ciento del total de los recursos del programa, que ascienden a 4 mil 500 millones de pesos.

México, relegado

Para Rosaura Ruiz Gutiérrez, el capital más importante de la ciencia y la tecnología en el país radica en la inteligencia, el talento y la creatividad de sus investigadores. “Aun contando con estos activos, infinitamente más importantes que las armas y el dinero, México padece conflictos en materia de seguridad, economía, salud, medio ambiente y educación; vive, sobre todo, en una profunda e inadmisible desigualdad social”.

Considera que el proceso de construcción de la democracia mexicana “estará en entredicho mientras no se atiendan, con una política de Estado comprometida incluyente y visionaria, estos aspectos determinantes para la fortaleza y prosperidad de una nación. Y no se darán sin una economía moderna basada en el conocimiento, y no una que dependa de la venta de productos sin valor agregado, como el petróleo, y de las remesas de los migrantes expulsados por la miseria”.

A decir de la presidenta de la AMC, se deben establecer entidades en las que el saber científico se aplique a la resolución de problemas concretos y se propicie la producción de conocimiento de punta, en los que se produzca efectivamente tecnología nacional y se empiece a impulsar la innovación en México.

Agrega que, a nivel internacional, la comunidad científica mexicana es reconocida por su capacidad de contribuir al diseño de políticas mundiales en los temas de mayor relevancia. Se le demanda, incluso, en países con un rezago mayor al de México; sin embargo, el país carece de políticas de Estado adecuadas a su realidad para favorecer la transmisión, la generación y la transferencia de conocimiento, y sufre por ello importantes rezagos en la materia.

Ruiz Gutiérrez considera que el desarrollo de México no corresponde a su nivel en la economía mundial –en la que ocupa el sitio 11–, pues se ubica en el lugar 52 del índice global de competitividad, en el que descendió 10 escaños de 2001 a 2007.

Explica que para lograr un crecimiento real en la producción científica, que pueda impactar en el avance a la resolución de los problemas del país y cumplir las leyes en la materia, se deben estar invirtiendo, por lo menos, 15 mil millones de pesos anuales, de 2009 a 2012.

Reducciones

El presupuesto federal plantea reducciones en ramos presupuestales estratégicos para el desarrollo nacional. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación registra una disminución de inversión en ciencia y tecnología de 1 mil 584 millones de pesos; la Secretaría de Energía, 782 millones de pesos, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 213 millones de pesos.

En tanto, en el Programa Especial de Ciencia, Innovación 2008-2012 del Conacyt se estipula que en el sector energético es necesario financiar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, formación de recursos humanos especializados, alianzas estratégicas, así como la formación de nuevos grupos de investigación y desarrollo de tecnologías de punta en áreas como desarrollo sustentable, métodos alternativos de energía renovable y no renovable, extracción de hidrocarburos, tecnologías de punta y temas emergentes.

Además, considera necesario modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, para que se permita disponer de mayores recursos para la inversión y apoyo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el sector.

En el rubro agropecuario, el documento sólo señala que se requiere apoyar proyectos de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de innovación, que contribuyan a generar el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades y oportunidades de la materia.

En cuanto al medio ambiente, se indica que conforme avanza el conocimiento sobre la naturaleza de problemas ambientales, como el cambio climático, se despejan algunas incógnitas, otras emergen. Entender la naturaleza global del problema no es suficiente; esto requiere de muchos estudios más e investigaciones sobre temas como la biodiversidad, su protección y el cuidado de los ecosistemas. Es necesario efectuar análisis de riesgos mediante información y estándares actualizados para así mejorar la utilización de los recursos públicos.

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el gobierno federal considera necesario proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología para el descubrimiento de nuevas ideas, así como garantizar una adecuada propiedad intelectual, dado el valor elevado de las ideas nuevas en un entorno propicio.

Pero la administración calderonista estima que un elemento clave es el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento con recursos privados que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Consejo de ciencia

Juan Pedro Laclette explica que existe un consejo general científico y tecnológico, que encabeza el presidente y participan siete secretarios de Estado, además del Conacyt, pero éste se ha reunido en no más de cinco ocasiones desde su creación, es decir, el mecanismo rector no está operando.

En 2002 se aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología, donde se estipula la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, integrado por el presidente de la república, los titulares de las Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública, y Salud; el director general del Conacyt, el coordinador general del FCCT, el presidente de la AMC, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

La ley señala que el Consejo deberá, entre sus facultades, establecer políticas nacionales para el avance científico y la innovación tecnológica que apoyen el desarrollo nacional; aprobar el programa especial de ciencia y tecnología; definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología; emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda la ciencia y la tecnología en México.

Fortuna solicitó entrevista con el titular de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, a través del director de información de la dependencia, Héctor Sotomayor, sin que a la cierre de edición diera respuesta.

Por hacer

La academia propone que para llegar al 1 por ciento del PIB es fundamental reorientar la política de desarrollo científico y tecnológico con una visión de Estado que trascienda las coyunturas sexenales, atendiendo a las prioridades nacionales. Se plantea una estrategia que impulse una política de ciencia, tecnología e innovación con visión de Estado, sustentada en el federalismo, la participación, la colaboración, la corresponsabilidad, el respeto a la legalidad, y el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, consolidar los esfuerzos, los programas y acciones realizadas por las entidades y dependencias del sector público federal en ciencia y tecnología, incorporando mecanismos que aseguren la mayor racionalidad y eficiencia de las inversiones nacionales (públicas y privadas) en esta materia; incrementar los recursos correspondientes al ramo 38.

En el ramo 38 se propone la creación de tres nuevos programas: incorporación de jóvenes investigadores a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación y al sector productivo; un fondo destinado a la infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo de las actividades científicas y a los avances tecnológicos que se están realizando en instituciones de nivel superior, y un fondo para impulsar el desarrollo de parques científico-tecnológicos en todo el país.

La academia también propone fortalecer la investigación científica, la formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo tecnológico y la innovación en temas de alta prioridad nacional; impulsar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, y la federalización gradual del gasto público en el rubro. Actualmente, el gobierno federal aporta el 97.5 por ciento, en tanto que las autoridades estatales contribuyen con el 2.5 por ciento.

[INFOGRAFÍA]

Estímulos fiscales a trasnacionales y grandes empresas (2007)

La Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades por más de 7 mil 500 millones de pesos en el manejo de recursos de excedentes fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda. Especialistas aseguran que el dinero se maneja de forma discrecional, sin transparencia y mínima rendición de cuentas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no proporcionó documentación para comprobar el depósito y recepción de 492 millones 759 mil pesos por las secretarías de Energía, Turismo y Desarrollo Social, provenientes de ingresos excedentes para la atención de desastres naturales. Tampoco proporcionó documentación de las solicitudes presentadas por dependencias y entidades federativas afectadas por fenómenos naturales, por 660 millones de pesos, que la SHCP informó como comprometido no pagado del concepto “Vivienda Fonden”, de acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que la aplicación de los excedentes fiscales registra un manejo discrecional por parte de la SHCP. “La dependencia los maneja a su libre albedrío; no queda registro específico del destino y cantidad dada a las dependencias”.

El 26 de mayo de 2008, a través del oficio CVASF/LX/466/2008, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación solicitó a la ASF que fiscalizara el destino de los ingresos excedentes fiscales durante el ejercicio fiscal 2007.

De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, durante 2007 se obtuvieron ingresos excedentes por 247 mil 372 millones de pesos, de los cuales, 60 mil 945 millones de pesos fueron de origen petrolero y 186 mil 427 millones de pesos se derivaron de ingresos no petroleros.

En el documento Destino y aplicación de ingresos excedentes 2006-2008, presentado por el CEFP en abril de 2009, se explica que la obtención de ingresos petroleros excedentes se debe a que el precio de exportación del petróleo crudo fue mayor en 15.5 dólares por barril al programado para ese año, al pago definitivo del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos correspondiente al ejercicio fiscal 2006 (13 mil 772 millones de pesos) y a la cobranza por ventas al exterior de Petróleos Mexicanos (Pemex), impulsada por mayores precios y volúmenes comercializados de crudo, naftas y combustóleo.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipula que, en caso de existir ingresos excedentes sin destino específico, se podrá compensar el faltante de otros rubros de ingresos. En 2007 se obtuvieron ingresos excedentes brutos sin destino específico por 73 mil 546 millones de pesos.

En el marco del Foro de Análisis sobre la Reforma Energética: “Fiscalización y transparencia en los ingresos de Pemex”, Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, consideró que un claro ejemplo sobre discrecionalidad en el presupuesto público se encuentra en el manejo de los recursos fiscales excedentes, entre éstos, los petroleros.

En 2005, explicó, del total de recursos excedentes, la SHCP descontó el costo financiero de la deuda de Pemex, el mayor costo de combustible de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los menores ingresos de Luz y Fuerza del Centro (LFC), sin comprobar documentalmente dichas aplicaciones.

Agregó que en 2006 Hacienda dedujo de los ingresos excedentes 8 mil 614 millones de pesos para financiar ampliaciones presupuestales autorizadas a diferentes dependencias y entidades para cubrir adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2005 y 2006, ajenas al mecanismo de compensación de adeudos.

González de Aragón dijo que por el periodo 2003-2007, el monto de los recursos excedentes petroleros distribuibles a los estados ascendió a 117 mil millones de pesos, de los cuales, 95 mil millones de pesos fueron efectivamente entregados; los 22 mil millones restantes se destinaron a incrementar la reserva del Fondo de Estabilización de Ingresos de los Estados.

Discrecionalidad

La auditoría determinó que la SHCP asignó 2 mil 274 millones 500 mil pesos a la partida 7400 “Provisiones para erogaciones especiales” y no los aplicó en ese ejercicio a programas y proyectos de inversión en infraestructura. Además, asignó 402 millones de pesos más a esa partida, que originalmente se aplicarían a la atención de desastres naturales. Se comprobó que, de esa cantidad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación reintegró 395 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Fortuna solicitó entrevista con las autoridades de la SHCP, a través de Isaac Macip, subdirector de Agenda con Medios. Mediante un correo, el funcionario remitió a la reportera a la página electrónica de la dependencia para consultar el anexo de “Finanzas públicas”, donde, a decir del servidor público, se encuentra toda la información sobre el “fondo de estabilización”.

Mario Di Costanzo, especialista en finanzas públicas, dice que el gobierno federal no sólo maneja de manera discrecional los excedentes fiscales, también los subejercicios. Los excedentes no pueden ser utilizados para incrementar el gasto corriente de las dependencias ni para el pago de servicios personales; sin embargo, no se rinden cuentas de cuál es el destino de esos recursos.

“Lo más probable es que estos excedentes se estén ocupando para incrementar el gasto de las dependencia. De acuerdo con el informe de finanzas públicas, en el primer trimestre de 2009, en el renglón de servicios personales se observó un sobreejercicio de 10 mil millones de pesos. Muchas veces, los recursos se utilizan para pagar prebendas de los funcionarios, como bonos especiales, de actuación; gastos por concepto de seguro de gastos médicos mayores y de separación voluntaria”, considera el especialista.

A decir de Di Costanzo, el problema en el manejo de los recursos excedentes es que no existe transparencia. Existe un rezago entre el informe de finanzas que se emite cada trimestre y la revisión de la cuenta pública; cuando hay un mal uso de los recursos se detecta casi un año después del ejercicio.

Agrega que lo que se debería de hacer es, durante el mismo ejercicio o en la contabilidad de los excedentes, una revisión exhaustiva de manera paralela a la contabilidad normal del gasto público. “Sólo se irían detectando mensualmente los subejercicios o sobreejercicios que se van dando en los excedentes fiscales o de cualquier tipo de excedente”.

Para Di Costanzo, la manera de operar de la SHCP le permite, contrario a la ley, prácticamente dar a los recursos fiscales excedentes el destino que ésta quiere. Año con año, Hacienda aplica discrecionalmente los excedentes. De nada sirve que la dependencia los reporte y se puedan detectar violaciones continuas a la norma, si a los funcionarios que la infringen no son castigados, lo que es materia de la ASF, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

El especialista considera que la SFP se convirtió en solapadora de todas las irregularidades en materia de gasto; la auditoría se escuda en que nada más puede revisar el ejercicio en curso una vez erogado el gasto, convirtiendo el hecho en una laguna legal. Aunque existen violaciones graves a la ley, no hay quien se atreva a castigarlos, porque los diputados ven esto como un asunto político, no como un asunto de ineficiencia.

CFE y LFC

El 28 de noviembre de 2007, la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda autorizó a la CFE adecuaciones presupuestarias internas para disminuir 6 mil 151 millones 300 mil pesos del concepto de “Pagos relativos a Pidiregas (proyectos de infraestructura diferida en el registro del gasto)” y aplicarlos, entre otros conceptos, al Programa de Condonación de Créditos Fiscales, por 4 mil 487 millones 300 mil pesos.

Asimismo, con cargo a las disponibilidades financieras de la entidad, autorizó una adecuación externa por 1 mil 503 millones 200 mil pesos para el mismo programa, con lo que totalizó 5 mil 990 millones 500 mil pesos, de los cuales se ejercieron 5 mil 92 millones 432 mil pesos y los 898 millones 68 mil pesos restantes se presentaron como economías.

La ASF determinó que respecto de LFC, en octubre y diciembre de 2007 la UPCP le autorizó adecuaciones presupuestarias con cargo a las disponibilidades de la entidad por 180 millones 224 mil pesos, para cubrir la parte no condonada de los adeudos fiscales de 1993 y 1994, por concepto de ISR.

La auditoría pidió a Hacienda aclarar y presentar la documentación comprobatoria por 5 mil 275 millones 308 mil pesos que dedujo de los excedentes de ingresos bajo el concepto “Compensaciones de obligaciones fiscales de ejercicios anteriores y sus accesorios”, que informó haber realizado con fundamento en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, para compensar el deterioro en el balance presupuestario con motivo de los pagos de adeudos fiscales realizados por la CFE y LFC, al implicar un mayor gasto al previsto para esas entidades.

Para la ASF, la acción anterior no es compensatoria, toda vez que la obligación de pago sólo corresponde a las mismas, es decir, no se presentó la condición de créditos y adeudos recíprocos y correlacionados. Asimismo, se comprobó que de esa cantidad, 4 mil 487 millones 300 mil pesos, el 85.1 por ciento, ya estaba previsto en el gasto de las entidades y sólo 788 millones 8 mil pesos se erogaron con cargo a las disponibilidades de las mismas.

Fonden

La ASF señala que entre las compensaciones previstas en el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se encuentra la compensación para la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) resulte insuficiente. En el apartado “Origen y aplicación de los ingresos excedentes” de la Cuenta Pública 2007, la SHCP informó la aplicación de 21 mil 424 millones 300 mil pesos para la atención de desastres naturales.

La auditoría solicitó a la secretaría informar cómo y en qué momento determinó la insuficiencia del fondo y la documentación soporte correspondiente. Para acreditar que los recursos se agotaron, la Dirección General Adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la UPCP proporcionó copia de cuentas por liquidar certificadas del Ramo 23, programa Fonden, de octubre y noviembre de 2007, por 136 millones 999 mil pesos, monto mayor en 1 millón 299 mil pesos a los 135 millones 700 mil pesos aprobados originalmente en el presupuesto.

La dependencia informó que al 30 de septiembre de 2007 la disponibilidad no comprometida del Fonden era de 6 mil 558 millones 669 mil pesos, y los recursos aprobados en las sesiones de entrega de resultados del Comité Estatal de Evaluación de Daños, entre octubre y noviembre, ascendieron a 3 mil 798 millones 400 mil pesos, para atender los daños en 13 estados. Los 2 mil 760 millones 269 mil pesos restantes se reservaron para constituir el Fondo para la Reconstrucción de Tabasco, cuyo monto total ascendió a 7 mil millones de pesos.

La UPCP proporcionó las solicitudes de acuerdos de ministración, adecuaciones presupuestarias y las cuentas por liquidar certificadas para la regularización de los acuerdos; asimismo, los estados de cuenta y recibos para comprobar los depósitos y la recepción de 2 mil 108 millones 794 mil pesos, excepto de 232 millones 759 mil pesos correspondientes a la Secretaría de Energía para destinar a la CFE, por los daños ocasionados por el río Grijalva en Chiapas, y de 100 millones de pesos a la Secretaría de Turismo para destinar a Tabasco.

La auditoría observó que los 16 mil 103 millones 844 mil pesos autorizados mediante adecuaciones presupuestarias y cuentas por liquidar certificadas, la SHCP proporcionó oficios de solicitud de recursos, adecuaciones presupuestarias, cuentas por liquidar certificadas, estados de cuenta y recibos de recursos por 15 mil 929 millones 844 mil pesos para Diconsa, el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), así como para Chiapas, Veracruz, Quintana Roo y Tabasco.

De los 160 millones de pesos destinados a Tabasco, faltó el recibo así como el estado de cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social. La UPCP informó a la ASF que no existe disposición que establezca que las entidades federativas están obligadas a entregarle estados de cuenta de los recursos que les son transferidos.

La ASF determinó que, de los 2 mil 878 millones 500 mil pesos comprometidos no pagados a septiembre de 2008, la Dirección General Adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria y la Dirección General Adjunta de Programación e Integración Presupuestaria de la UPCP informaron que los recursos fueron estimados con base en las solicitudes presentadas por las entidades afectadas por desastres naturales.

Sin marco legal

Pablo Trejo, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, dice que los excedentes se manejan bajo un manto de opacidad, porque, de acuerdo con la normatividad existente, estos recursos pasan a formar una bolsa, y lo primero que se cubre es el déficit que tenga el gobierno federal, convirtiéndose en un hoyo negro.

Para el legislador del Partido de la Revolución Democrática, es necesario que en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se norme que los excedentes en ingresos se controlen de manera tal que se pueda tener acceso a la información. Ya que en el transcurso del año el gobierno federal va cubriendo necesidades “superiores”, más allá de los programas establecidos, con recursos excedentes.

Pero, dice, no siempre se conoce cuáles son las necesidades superiores que tiene la administración pública federal y el destino final de los excedentes fiscales, evitando llevar un control estricto que permita una rendición de cuentas oportuna y transparente.

Recursos excedentes fiscales

2006: 310 mil 102 millones de pesos

2007: 247 mil 372 millones de pesos

2008: 311 mil 698 millones de pesos

Fuente: CEFP

Irregularidades cercanas a los 2 mil millones de pesos deja como saldo “la puntada” de Fox de implantar masivamente el programa Enciclomedia en las primarias del país, concluye una subcomisión de la Cámara de Diputados. La decisión se tomó sin un plan estratégico, sin reglas de operación y sin transparencia; además, no hay indicios del impacto del programa en los alumnos, documenta la Flacso. Se trató de “un fiasco educativo y un dispendio de recursos”

Fueron seis años perdidos en materia educativa. El gobierno de Vicente Fox gastó más recursos, pero descuidó la calidad y la oferta en la educación pública. Se redujo la cobertura en primaria; se desviaron millones de pesos, y se obtuvieron resultados reprobatorios en conocimientos básicos, eficiencia terminal y en calidad y absorción de pruebas como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos y el programa Enlace, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sostiene Gerardo Sosa Castelán, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Además, de acuerdo con el Informe de resultados de la Subcomisión para Investigar y Dar Seguimiento a Todo lo Relativo al Programa Enciclomedia, entre 2004 y 2006 éste registró desvío de recursos por 1 mil 672 millones de pesos del presupuesto autorizado para acciones no relacionadas, e incumplimiento en la instalación de 11 mil 177 aulas, sin que se hayan inhabilitado o concluido de manera anticipada los contratos con los proveedores.

Los legisladores también detectaron un quebranto al erario por 11 millones de dólares por la compra de más de 50 mil licencias de software de Enciclomedia a un precio superior al de productos similares en el mercado; pago por 37 millones 254 mil pesos a prestadores de servicios de aulas que no fueron instaladas; inexistencia de reclamación a la aseguradora y falta de recuperación por 3 millones 264 mil 280 pesos, derivada de 54 aulas siniestradas en Tabasco y 28 robadas en Jalisco.

En el arranque del ciclo escolar 2004-2005, Vicente Fox y Marta Sahagún hicieron la presentación oficial del que sería el proyecto más ambicioso en materia educativa del sexenio (Enciclomedia).

Se anunció la inversión de 1 mil millones de pesos para la compra de 21 mil 434 aulas en una primera etapa.

Sosa Castelán considera que Enciclomedia es “un programa noble” que tendía a fortalecer la calidad de la educación en México; pero que fue frustrado por la “ignorancia académica” y la escasa “capacidad intelectual” del expresidente Vicente Fox. “Para él fue una puntada, una ocurrencia”.

En la revisión de la cuenta pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la inversión de 975 mil 591 millones de pesos (hecha en 2004) para la adquisición de las aulas ASA (aulas solamente administradas) no ha dado los beneficios proyectados en la educación, ya que se incumplió con el objetivo de dar educación de mayor calidad a los estudiantes de quinto y sexto grados de primaria.

Además, la ausencia de mecanismos de control y supervisión de las aulas propiedad de la secretaría dio como resultado: falta de mantenimiento; desconocimiento de los equipos siniestrados y robados y de los números telefónicos de proveedores de servicio en los casos de falla; mal funcionamiento, y la no actualización de las versiones de Enciclomedia.

Sosa Castelán, también integrante de la Subcomisión para Investigar y Dar Seguimiento a Todo lo Relativo al Programa Enciclomedia, considera que la identificación de fallas de origen en la planeación y desarrollo del programa Enciclomedia, la no preparación de las aulas, la falta de capacitación de los docentes y la carencia de indicadores comunes para evaluar los resultados convierten al proyecto foxista en el mayor fiasco en la historia educativa, al no obtener ni cercanamente los resultados esperados y sí un dispendio de recursos públicos.

Recursos millonarios

De 2004 a 2008, el programa Enciclomedia recibió un presupuesto superior a los 15 mil 349 millones de pesos. En el ejercicio fiscal de 2004 fueron 1 mil millones de pesos; en 2005, 2 mil 105 millones de pesos; en 2006, 3 mil 754 millones de pesos; en 2007, 3 mil 553 millones de pesos; en 2008, 4 mil 937 millones. Para 2009, la SEP pidió que se autorizara un presupuesto de 5 mil 291 millones para el proyecto.

En 2008, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) presentó el Informe programa Enciclomedia, en el cual concluye: “Si bien el programa cuenta con una gran cantidad de recursos financieros, reportes, indicadores e informes, no se cuenta con elementos para conocer el impacto en las prácticas pedagógicas de los docentes y los aprendizajes de los alumnos”.

El análisis señala que, con la revisión documental, se evidencia que la operación de Enciclomedia, así como casi la totalidad del presupuesto, está concentrada principalmente en el equipamiento y soporte técnico (pagos comprometidos a proveedores), que en buena medida contribuye al deterioro del impulso a las estrategias pedagógicas.

Los investigadores de Flacso consideran que Enciclomedia es un programa que fortalece las capacidades de los edu candos más allá de la simple transferencia de conocimientos; pero se recomienda replantear el “fin y propósito” del proyecto, así como los indicadores e instrumentos que se están utilizando para evaluar sus resultados e impacto.

El informe señala que “la ausencia de documentos que evidencien una planificación con visión estratégica ha ido en desmedro de las posibilidades para poner en funcionamiento planes a mediano y largo plazo”.

También, avanzar en la redefinición de su operación (dada la aún inexistencia de reglas de operación, plan estratégico y fichas técnicas) a fin de: rediseñar el esquema de pagos a proveedores; transparentar el diseño, licitación y contratación de servicios a terceros; avanzar en la federalización del programa; favorecer la flexibilidad en los modos y medios para acceder a este software educativo (en línea o a través de otros dispositivos); explorar la incorporación de software de código abierto y hardware de bajo costo; contemplar la integración y complementariedad con otros programas afines.

La subcomisión conformada para investigar Enciclomedia presume irregularidades en la compra de más de 50 mil tutoriales de software a sobreprecio que favoreció a la marca Fase Software.

El costo promedio de los paquetes es de aproximadamente 200 dólares, lo que resulta superior al precio de productos comparables con otras marcas de prestigio en el mercado, ocasionando un quebranto que asciende a 11 millones de dólares.

En 2005, el Observatorio Ciudadano de la Educación advirtió una marcada dependencia tecnológica de Enciclomedia por la utilización de software básico desarrollado por empresas corporativas, en vez de utilizar programación de código abierto (licencias open source), ya que instituciones de educación superior del país cuentan con capacidades para el desarrollo de medios informáticos de alto nivel.

Auditoría 2007

De acuerdo con los resultados de la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF observó que el Manual de procedimientos de la Dirección General de Materiales Educativos autorizado no es actualizado, ya que no considera mecanismos de control y supervisión para la operación del Programa Enciclomedia.

La Dirección General Adjunta de Materiales Educativos proporcionó a la auditoría copia simple de 15 convenios modificatorios de los contratos multianuales –14 del programa Enci clomedia primaria y uno de la MSCC (Mesa de Servicios y Control de Calidad)–, celebrados hasta diciembre de 2007 (uno), enero (seis) y marzo (ocho) de 2008, en los que cambia términos indicados en los contratos.

Los contratos quedan de la siguiente manera: SEP significa Secretaría de Educación Pública a través de la DGME (Dirección General de Materiales Educativos); personas: el subsecretario de Educación Básica y la directora general de Materiales Educativos de la dependencia; domicilio: de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Dirección General de Materiales Educativos.

Sin embargo, dichos contratos estuvieron sin seguridad ni protección jurídica de seis a nueve meses, ya que la DGME no se encontraba en condiciones de intervenir directamente en la operación de Enciclomedia por carecer de facultades jurídico-contractuales suficientes.

La auditoría constató, con la revisión de las 123 actas circunstanciadas de inicio de operación de aula MMS (modelo multianual de servicio), que 21 (17 por ciento) carecen de las firmas y sello de validación de las autoridades educativas estatales y todas de la ratificación y validación del evento por parte de la SEP.

Se observó que no se realizó la ratificación y validación del proceso de que los equipos pasaron las pruebas de instalación y arranque de aula y de que se llevó a cabo el entrenamiento requerido al personal. Además, en cuatro actas circunstanciadas (3 por ciento de la muestra), su instalación se llevó a cabo en un jardín de niños y en tres hospitales, lugares diferentes a los autorizados.

En 17 actas revisadas de Tamazula, Durango, existen los rasgos de la misma firma y el mismo sello de la oficina municipal de administración, pese a que en cada acta, el nombre de la escuela y el nombre del director es diferente, por lo que no se cuenta con la evidencia de que el director o encargado de la institución haya recibido el aula.

La ASF determinó que existen 10 actas en las que la fecha de instalación no corresponde con la registrada en la base de datos de aulas instaladas de la MSCC, por lo que se determinaron pagos por servicios no devengados por 244 mil pesos.

Pagos improcedentes

Con la revisión de los pagos por disponibilidad de aulas MMS por 4 mil 642 millones 452 mil pesos, que representa 125 mil 538 equipos rentados, la ASF constató que la SEP no cuenta con sistemas y procedimientos que permitan validar los reportes que proporciona la MSCC, lo que origina que los pagos se efectúen de conformidad con los citados reportes, los cuales corresponden a un sistema y procedimiento dinámico, que origina diferencias que en su momento deben ser conciliadas y depuradas.

La ASF determinó que, mediante tres cuentas por liquidar certificadas por 2 millones 920 mil pesos, se realizaron pagos durante 2007 por concepto de aulas almacenadas, por causas imputables a la SEP. La dependencia y los proveedo res no cumplieron con lo estipulado en los contratos: existieron salones de clase sin las condiciones necesarias para instalar las aulas MMS, las cuales no alcanzan la calidad de “aula lista”, así como el cumplimiento de la fecha de inicio del servicio “aula en alta”, lo que originó un pago por concepto de “aulas almacenadas”.

La auditoría determinó que Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos en consorcio con Cobra Instalaciones México y Centro de Productividad Avanzada no reportaron a la MSCC el “evento de aula no lista” que describiría los hechos y circunstancias que le impidieron llevar a cabo la instalación (salones de lámina, madera, adobe, sin protecciones, sin energía eléctrica y escuelas cerradas por falta de alumnos).

La SEP no entregó evidencia de que haya realizado, por conducto de la MSCC, el aviso de una nueva fecha de instalación o bien la modificación de la ubicación del aula respectiva. Lo anterior deriva de una planeación deficiente y de la falta de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

La auditoría presume un probable daño patrimonial por 2 millones 920 mil 121 pesos por considerar pagos a los prestadores de servicios de aulas modelo multianual de servicios almacenadas, ya que los gobiernos estatales incumplieron con las características de aula lista. Estas irregularidades se presentaron en dos entidades federativas auditadas: Michoacán (55 mil 317 pesos) y San Luis Potosí (2 millones 864 mil 803 pesos).

En la revisión de las cuentas por liquidar certificadas por el concepto de penalizaciones (disponibilidad-renta), la ASF observó que se anexó como documentación soporte discos compactos que contienen el informe del pago mensual tarifa MMS (días escolares) que emite la MSCC; sin embargo, al realizar el análisis de la información del disco de respaldo, se comprobó que ésta no coincide con los importes de las penalizaciones cobradas y por las cuales los proveedores emiten la nota de crédito.

La DGME respondió a la auditoría que la razón por la cual existen las diferencias antes señaladas es porque “la información del disco es dinámica”: se modifica conforme a la recepción de la evidencia documental que permite cambiar el estatus del ticket. Ello no permite tener la certeza de que la penalización a los proveedores en una fecha determinada sea la correcta.

Daños y robos

La ASF constató que durante 2007 se contó con 625 tickets de aulas MMS Enciclomedia reportadas en la MSCC con el concepto de daños y robos; de ese total, 427 tickets oscilan entre 30 y 500 días para alcanzar el estatus de cerrado, que son demasiados días para sustituir el equipo, por lo que no se cumple con el objetivo del programa debido a que las aulas MMS no estuvieron disponibles ni operando –la infraestructura y paquetería de software no fue utilizada por el docente del aula– sin interrupciones.

Además, observó que pese a que la Dirección General de Materiales Educativos diseñó un procedimiento para eventos de robo, éste no se difundió a los docentes que cuentan con aulas MMS, por lo que el periodo entre el momento del incidente y la resolución del mismo es extenso.

En Tabasco se instalaron 2 mil 942 aulas MMS, de las cuales 461 se encuentran en el municipio de Centro, donde fue la mayor parte de la inundación del 27 de octubre de 2007. En dicho lugar se registraron reportes de 70 equipos dañados en 37 escuelas; y hubo daños en nueve aulas de cinco escuelas ubicadas en municipios aledaños.

Debido a que ni la empresa Interconecta ni la SEP argumentaron caso fortuito o fuerza mayor, la dependencia pagó de forma ordinaria el concepto de disponibilidad (renta) un monto de 455 mil 537 pesos por las 79 aulas de los meses de noviembre y diciembre de 2007.

Por ello, la auditoría presume un probable daño patrimonial por 455 mil 537 pesos, ya que se consideró el pago total por la renta de las aulas al proveedor Interconecta sin haber efectuado la disminución de las mismas por afectación debido a las inundaciones registradas en la entidad.

En Chiapas hubo 46 reportes de aulas señaladas con daño ante la MSCC, debido a inundaciones por las graves afectaciones a las vías de comunicación. El prestador de servicio TED Tecnología Editorial solicitó a la DGAME que cerraran los tickets, ya que “no tuvo acceso a los lugares donde se encontraban los equipos”.

La ASF determinó que la SEP continuó efectuando el pago por la renta de los meses de noviembre y diciembre de 2007 por un monto de 262 mil pesos por las 46 aulas a dicha empresa, sin que éstas estuvieran disponibles y operando, por lo que la auditoría presume un posible daño patrimonial por tal concepto.

La ASF realizó la verificación física de 243 aulas MMS en Guadalajara, el 27.3 por ciento del total instalado en la ciudad, para constatar la existencia y el funcionamiento de las aulas instaladas. Se observó que el 59 por ciento de los equipos funcionan correctamente y el 41 por ciento presenta problemas en alguno de sus componentes.

La auditoría señala que las aulas no se encuentran en condiciones apropiadas de operación debido a que, únicamente, el 20 por ciento levanta correctamente el reporte ante la MSCC; el 65 por ciento de los docentes hacen los reportes ante la propia escuela; 13 por ciento lo hace en la supervisión escolar, y el 2 por ciento, ante la mesa de servicio del proveedor.

En Monterrey se verificaron físicamente 248 aulas, donde se observó que no se encuentran en condiciones apropiadas de operación debido a que únicamente el 30 por ciento levanta correctamente el reporte ante la MSCC, mientras que el 60 por ciento de los docentes hacen los reportes ante la propia escuela, 8 por ciento lo hace en la supervisión escolar y 2 por ciento ante mesa de servicio del proveedor.

La auditoría determinó que en 15 planteles de Monterrey se instalaron 248 aulas en los seis grados de la escuela.

El 39.6 por ciento (98 equipos) de aulas está instalado en grupos de quinto y sexto de primaria, el 60.4 por ciento (150) restante está instalado en grupos de primero a cuarto, lo cual no está contemplado en los Lineamientos de operación del programa Enciclomedia.

De las aulas revisadas en Monterrey y Guadalajara, sólo 73 por ciento está instalado en los salones con grupos de quinto y sexto grado de primaria, el 6 por ciento se instaló en inmuebles diferentes a donde se proporciona el servicio de educación primaria, como en la normal y en la supervisión escolar, y el 21 por ciento restante está instalado en grados diferentes a los establecidos.

Aulas ASA

La ASF observó que, como resultado de la instalación de las 21 mil 434 aulas ASA en los estados y el Distrito Federal en 2005, a la fecha de la auditoría (octubre de 2008) no se suscribieron los contratos con los gobiernos locales para la recepción de los equipos, con objeto de mantenerlos en los espacios físicos en que se instalen y destinarlos única y exclusivamente para la operación del programa.

Se determinó que, derivado de las visitas de verificación física en Villahermosa y Guadalajara, 54 aulas sufrieron siniestro por inundación en noviembre de 2007 y otras 28 fueron robadas: proyectores, CPU (unidad central de procesamiento) y regulador. Sin embargo, la SEP no notificó esto a la MSCC para que se modificara la base de datos.

De acuerdo con la ASF, la dependencia no aplicó la disminución y se efectuó un pago improcedente por un importe de 2 mil pesos, ya que se consideraron el total de las aulas ASA. Además, la secretaría no demostró haber realizado el trámite de reclamación correspondiente de las equipos si niestrados y robados ante la compañía aseguradora, cuyo valor de recuperación es de 2 millones 892 mil pesos y 369 mil pesos, respectivamente. Por ello, la ASF presume un posible daño patrimonial por 3 millones 264 mil 279 pesos por el pago improcedente de 54 aulas siniestradas y de las 28 robadas.

Si bien la MSCC realizó el servicio de atención, soporte técnico y seguimiento proporcionado, la ASF observó que también hubo una baja importante de llamadas para reportar incidentes de las aulas ASA. Existen planteles que no saben a quién deben reportar el mal funcionamiento de los aparatos.

Con la verificación física de 111 aulas ASA en Jalisco, la ASF determinó que 57 aulas no funcionan correctamente, ya que presentaron fallas en sus diferentes componentes; de los cuales, 26 profesores señalaron desconocer la instancia a la cual acudir para solucionar los incidentes que se presenten con los equipos. Además, se comprobó la no utilización de las garantías de los equipos, tanto para su reparación como su reposición, ni capacitación de los maestros que operan el programa.

La ASF señala que el haber adquirido en propiedad las aulas ASA provocara, con el transcurso del tiempo, la obsolescencia de éstas.

Actualmente, los equipos tienen instalada la versión 1.0 y no la 2.0, las más reciente.

Fortuna solicitó conocer la posición de la SEP a través del director de Información, Ricardo Hernández, adscrito a la Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Jaime Alcudia, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.

¿Improvisación educativa?

En el documento Enciclomedia: ¿un recurso pedagógico innovador o una improvisación educativa? Problema de infraestructura, uso de software y financiamiento, realizado por el Observatorio Ciudadano de la Educación, se dice que la inclusión de Enciclomedia implica la modificación de patrones de comportamiento individual y social, lenguajes, esquemas mentales y costumbres, lo cual requiere de la sensibilización, la capacitación, el acompañamiento y el seguimiento, a fin de consolidar la cultura informática necesaria para su operación.

Agrega que es importante tener en cuenta el desplazamiento del papel del profesor como autoridad pedagógica en el aula. En el extremo, el estudiante percibe que no es el profesor quien concentra la información educativa relevante, sino el programa de cómputo, lo que potencialmente puede resultar negativo en términos de la relación de respeto en que se fundamenta la actuación de tutoralumno.

El documento señala que las escuelas hicieron adecuaciones infraestructurales para ser partícipes del programa.

Pero en zonas que carecen de condiciones mínimas indispensables, Enciclomedia no ha podido ser puesto en marcha.

“Este proyecto podría estar incrementando las desigualdades y segmentación propias del sistema educativo”.

Asimismo, desde la primera etapa del programa ya se alertaba sobre la falta de infraestructura adecuada y se estimaba que más del 40 por ciento de las aulas no estaba siendo utilizado debido a fallas y falta de capacitación; además desde entonces se presentó robo de material y uso indebido del equipo.

En la disputa de un terreno de más de 800 hectáreas de playa –valuado en más de 105 millones de dólares–, servidores públicos del gobierno de Baja California Sur dan la razón a empresarios que exhiben documentos falsos.

“Negligencia”, entre las irregularidades de funcionarios que dicen haber actuado “de buena fe”

Bañado por las aguas del Océano Pacífico, un predio valuado en 105 millones de dólares, ubicado en el Rancho San Cristóbal, en Los Cabos, es motivo de una disputa legal entre un empresario local, quien dice ser el legítimo dueño, y otro de origen sinaloense, a quien hace varios años el primero se negó a venderle una extensión de 100 hectáreas de su propiedad; ocho meses después, con la supuesta colusión de autoridades locales y estatales, se apoderó del terreno.

René Pinal asegura que desde el 1 de mayo de 1983 ejerció el dominio y la posesión de un inmueble de aproximadamente 857.5 hectáreas que corresponden al predio San Cristóbal y Santa Margarita en Los Cabos, Baja California Sur. El terreno se lo adquirió a María Cristina Orduño Durand mediante un contrato de compra venta privado. Con el fin de garantizar los derechos del comprador, y ante la falta de dinero para escriturar en aquel momento, la vendedora otorgó un poder irrevocable e irrenunciable para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de riguroso dominio.

“Me vendió el terreno con la condición de que una parte del lugar –aproximadamente 400 hectáreas– las convirtiera en una reserva ecológica; era un sueño de ambos, pues ahí desova la tortuga marina.” De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, Los Cabos se convirtió en uno de los principales polos turísticos y de desarrollo del país. Los turistas estadunidenses y canadienses prefieren visitar el puerto sudcaliforniano, que registra niveles de crecimiento superiores a 22 por ciento. Su ingreso por cuarto disponible se ubica en 169.4 dólares.

En julio de 2007, Pinal acudió al Registro Público de la Propiedad en San José del Cabo, luego de la llamada de Mike Houston, quien lo felicitó por la venta de 100 hectáreas de su rancho, donde se enteró que el predio tenía varios registros y movimientos. José de Jesús Jiménez Sánchez, supuesto apoderado de Orduño Durand, había promovido la subdivisión del terreno en tres fracciones, una, en 558 hectáreas; la segunda, en 55 hectáreas, y una tercera, en 244 hectáreas.

El empresario se enteró de la existencia de un supuesto poder otorgado por Orduño Durand a favor de Jiménez Sánchez, ante el notario público Faustino Medina Medrano de Culiacán, Sinaloa, según obra en la escritura pública número 6,035, con fecha del 20 de septiembre de 1999.

Con carácter de apoderado, el 16 de diciembre de 2006, Jiménez Sánchez le vendió a Manuel Verdugo Vizcarra una superficie de 55 hectáreas ante el notario público Manuel Lazcano Meza de Sinaloa, de acuerdo con la escritura pública 14,175. El documento fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Los Cabos el 28 de agosto de 2007.

En una segunda transacción, Jiménez Sánchez vendió el predio correspondiente a las 244 hectáreas, una vez más a Verdugo Vizcarra. La operación supuestamente se realizó el 12 de enero de 2007 ante el mismo notario. La compra se formalizó en la escritura pública 14,327, y el 17 de julio de 2007 quedó inscrita en el Registro Público en Los Cabos.

Dos días después, Verdugo Vizcarra vendió las 244 hectáreas a la Constructora Inzunza, representada por Carlos Antonio Sosa Valencia, quien figura como presidente del Consejo de Administración de la empresa. El contrato quedó asentado en la escritura pública 4,485, realizada por el notario público 32 de Sinaloa, Juventino Gastelum Álvarez.

El 1 de agosto de 2007 la escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad en Los Cabos.

Por no vender

A principios de 2007, Pinal decidió vender una extensión de 100 hectáreas del rancho en conjunto con Dagoberto Gil Tlapelpa, quien era su vecino en el predio colindante y al cual conocía desde hace más de 20 años. El empresario explica que Gil se ofreció a buscar clientes para los terrenos ya que ambos pondrían parte de su propiedad en venta.

Confiado, dice, le entregó toda la documentación donde se acreditaban los derechos de la propiedad: el poder irrevocable que otorgó María Cristina, copia del contrato de compra venta y copia de la escritura donde aparece como dueña esta última.

Pinal comenta que el 13 de marzo de 2007, Gil Tlapelpa lo citó en su oficina para presentarle a dos posibles compradores de los predios. “Ahí me presentó al señor Antonio Sosa Valencia, quien dijo ser originario de Sinaloa, empresario y director del grupo Anjor.

“Sosa me solicitó informes sobre mi propiedad, manifestando el interés por adquirir las 100 hectáreas que están ubicadas frente a la parcela de Dagoberto hacia la playa”. El empresario sinaloense, agrega, expresó su interés de crear un desarrollo turístico en sociedad con Federico Carstens. Ade más, ya tenía en sus manos todos los documentos que acreditaban a Pinal como dueño del predio.

Pinal dice que Sosa le pidió que le hiciera una propuesta de venta por escrito y que retirara la propiedad del mercado, a lo que el primero contestó que no era posible, pues días antes había recibido por escrito una propuesta de compra por parte de Robert Gutiérrez, representante de inversionistas extranjeros, interesados también en adquirir los terrenos. “Era él (Sosa) quien debía presentarme una oferta a considerar: era yo quien vendía, no él”.

El empresario sudcaliforniano asegura que Sosa, visiblemente molesto, volteó a ver Gil Tlapelpa y le dijo: “Ni modo Dagoberto, yo a ti sí te compro; ellos (refiriéndose a Pinal y su acompañante) van a tener que entrar por helicóptero a su propiedad”. Ahí terminó la reunión.

De denunciante a indiciado

El 26 de julio de 2007, luego de que Pinal se enterara de las supuestas ventas que hicieron sobre sus terrenos, interpuso una denuncia penal contra quien resultara responsable por el delito de daños e intento de despojo del predio San Cristóbal y Santa Margarita ante el Ministerio Público (MP) del Fuero Común de Delitos Patrimoniales. A la querella se le asignó el número de averiguación previa CSL/01150/PAT/07, misma que fue remitida a la Agencia del Fuero Común de Asuntos Especiales de La Paz, con el número LPZ/ 006/AES/07.

Pinal dice que el MP no le dio valor probatorio a las pruebas presentadas y no citó a declarar con el carácter de indiciados a las personas que se habían denunciado como probables responsables, “elementos que presumen la parcialidad con la que el funcionario se condujo durante el desarrollo de la referida averiguación”.

El 6 de marzo de 2008 la averiguación previa fue consignada en contra de Pinal por el delito de falsedad en declaración e informes. El MP argumentó que el denunciante faltó deliberadamente a la verdad durante la sustanciación de la investigación por el hecho de acreditarse como René Pinal y no como René Julio Aguirre Pinal, tal como éste fue registrado ante el oficial del Registro Civil.

Pinal reconoce que fue registrado con el nombre que le atribuye el MP; sin embargo, aclara que durante el proceso presentó el documento que ampara que, mediante juicio seguido de jurisdicción voluntaria promovido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar de Cabo San Lucas, con el número de expediente 663/07, se hizo una anotación marginal en su acta de nacimiento en la que se dice que su nombre correcto es René Pinal. “Por lo que ambos nombres, a pesar de ser diferentes, corresponden a una sola persona”.

El 26 de agosto de 2008 la autoridad judicial dictó orden de aprehensión en contra de Pinal por el delito de falsedad en declaración e informes. Un mes después, el 20 de septiembre, la misma autoridad dictó auto de libertad por falta de elementos para procesarlo.

Documentos apócrifos

Pinal dice que ante la impotencia de sentir que la autoridad no actuaba y estaba a punto de perder su patrimonio, él y un grupo de abogados se dedicaron a investigar cómo se habían realizado las supuestas ventas.

Primero encontró que el supuesto poder dado por Orduño Durand a Jiménez Sánchez era falso. De acuerdo con un oficio firmado por el director del Archivo General de Notarías de Sinaloa, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Sergio Irizar López, existe un documento con el número 6,035 extendido por el notario Óscar Faustino Medina; pero en éste Guadalupe Zevada Ocha expide el poder a nombre de Quntín Zevada Hernández.

Además, Irizar López señala que “la mencionada escritura no fue protocolizada ni firmada ni sellada por el extinto notario. Por consiguiente el preciso documento no fue elevado a escritura pública”.

En la supuesta venta realizada por Jiménez Sánchez a Verdugo Vizcarra, por 55 hectáreas, registrada con la escritura 14,175 del notario público Lazcano Meza, este último tiene inscrito en sus libros un documento que no es una compra venta, sino un poder especial para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de dominio, limitado e irrevocable que otorgan Marco Noé Astorga Martínez y Xóchitl Rivas Barrón a favor de José Enrique Corrales Valenzuela, según informó el propio notario y consta en el expediente DAGN/Q/08/07 de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa.

El 27 de agosto de 2008 Mario Alberto Medina Carnero, jefe del Departamento de Asuntos Notariales de la Secretaría General de Gobierno, acudió a la oficina del notario público 149, a cargo de Manuel Lazcano Meza, con el objeto de realizar una visita de inspección especial con base en la queja administrativa interpuesta por René Pinal en contra del presunto fedatario, con fecha del 11 de julio del mismo año.

Ahí, el mismo notario puso a la vista del funcionario el apéndice y protocolo correspondiente a la escritura 14,327, en la cual supuestamente consta la segunda compra venta por 244 hectáreas. El funcionario observó que la escritura es un poder especial para pleitos y cobranzas, actos administrativos y de dominio, de manera limitada y exclusiva otorgado por Damaso René Obeso Félix a favor de Ramona Félix Barraza, y así se lo hicieron saber a Pinal en el oficio 5905.

El muerto

En los documentos que Pinal logró recabar para interponer la denuncia ante el MP, en la cual después salió indiciado, éste encontró que el 24 de junio de 2007 (domingo) Jiménez Sánchez presentó una solicitud ante José Luis Cortez González, director de Planeación Urbana de Los Cabos, para que se le autorizara la subdivisión del predio mayor rústico “San Cristóbal y Santa Margarita”, con una superficie de 857 hectáreas.

La dependencia respondió a la solicitud el 28 de junio, sólo cuatro días después de presentada, mediante el oficio SUBD/145/PU/2007. Pinal considera que las firmas de los escritos no corresponden a la de Jiménez Sánchez, quien además murió el 6 de febrero de 2007 en Ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, según consta en el acta de defunción.

El 7 de julio de 2007, el notario público 7 de Baja California Sur, José Alberto Castro Salazar, protocolizó el citado oficio, asentado en el acta 71,416.

El acto protocolario quedó inscrito en el Registro Público el 12 de julio.

El 17 de diciembre de 2007, Pinal expresó por escrito su inconformidad en cuanto a los procedimientos administrativos realizados en la Dirección Municipal de Catastro de Los Cabos en detrimento del patrimonio personal del citado.

Abel David Green Moreno, director de Catastro en el municipio, respondió a través del oficio DMC/ IX/617/2007 que “las actuaciones llevadas a cabo en esta Dirección Municipal de Catastro obedecen a la buena fe, por lo que no es el espíritu de esta institución el desacreditar o desviar la información que se nos proporciona por parte de los particulares”.

Pinal dice que, después de interpuesta la primer denuncia LPZ/ 006/AES/2007, la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró el predio en cuestión, y el 4 de marzo de 2008, el agente del MP del Fuero Común de Asuntos Especiales determinó entregar la posesión a quien, según él, acreditó la propiedad.

Según el oficio 016/AES/2008, el MP informa a Kenia Maritza Fong, contralora interna de la procuraduría estatal, sobre la suspensión del aseguramiento; con el oficio 017/AES/2008, se le solicita a Jorge Joel Cota Ruiz, director general de Seguridad Pública y Tránsito de Los Cabos, el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo el levantamiento y entrega del predio “San Cristóbal y Santa Margarita”.

En un tercer oficio, 018/AES/2008, dirigido a Enrique Alejandro Willars Ramírez, comandante regional zona sur de la Policía Ministerial del Estado, se le pide auxiliar en el levantamiento y entrega del terreno citado.

Ante dicha acción, Pinal interpone un amparo y pide la protección de la justicia federal en contra de los actos y de las autoridades estatales y locales, es decir, la suspensión del levantamiento y entrega del predio. El amparo es negado.

La procuraduría estatal respondió a Alejandro Gracia Gómez, juez segundo de distrito en el estado, “no ser cierto el acto reclamado por el quejoso”.

Pinal dice que las autoridades estatales mintieron al manifestar (oficio PGJE-CJ/0385/2008) que no se suspendía el levantamiento y se le entregaría el terreno a Sosa.

Desde hace más de un año, Sosa Valencia tiene la posesión de las 244 hectáreas que dice Pinal son suyas.

A través de la Coordinación de Comunicación Social de la procuraduría estatal, cuyo titular es Yesenia Cobarruvias, Fortuna solicitó entrevista con Fernando González, procurador del estado, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.

También se pidió la posición del empresario Sosa Valencia, sin obtener respuesta.

Desde que arribaron al gobierno federal en 2000, los panistas, encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, se dedicaron a desmantelar y minimizar la banca de desarrollo en beneficio de la banca comercial. Hoy, el Ejecutivo federal busca crear una sola banca de desarrollo “empresarial” con la fusión del Bancomext y Nafin. El proyecto, aplazado en el último periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura, volverá a la mesa en los próximos meses

En busca de una “banca de desarrollo empresarial”, Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa para que se reforme la Ley Orgánica de Nacional Financiera (Nafin), con el objetivo de que ésta realice las funciones que venía desempeñando el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Desde 2000, los gobiernos panistas han intentado reducir la banca de desarrollo bajo el argumento de que no es rentable, dice Alicia Girón, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El pasado 25 de marzo, Calderón, a través de la Secretaría de Gobernación, presentó al Senado la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de Instituciones de Crédito y Orgánica de Nacional Financiera, entre otras.

El Ejecutivo “estima conveniente llevar a cabo un relanzamiento de Nafin, integrando la experiencia y recursos del Bancomext y del Fideicomiso de Fomento Minero, para constituir una sola institución de fomento dedicada a todos los niveles del sector empresarial y que englobe todos los apoyos crediticios del gobierno federal para impulsar el desarrollo de las empresas, prioritariamente las pequeñas y medianas. Se propone contar con una sola institución de banca de desarrollo empresarial que tenga los instrumentos necesarios para dar una atención plena a este sector”.

En la última sesión del Senado, los congresistas aprobaron la iniciativa con 88 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Sin embrago, el dictamen deja fuera la fusión –por el momento de Bancomext y Nafin–, pero se acordó “estudiar bien el tema en los próximos meses” y plantear de nueva cuenta la fusión de los bancos de desarrollo, “con el fin de impulsar una reforma profunda del sector a partir de septiembre próximo, en que inicia el periodo ordinario de sesiones”.

Alfredo Castro Escudero, secretario general del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores de Bancomext, considera que la iniciativa presidencial era pobre en conceptos y sustento: en la propuesta, “casi por dogma de fe con el hecho de juntar Bancomext y Nafin, la banca de desarrollo va a ser muy eficiente”.

A decir de Castro Escudero, la fusión, como la plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fortalece el modelo instrumentado en Nafin desde 2000. Ahora la institución parece una “enorme” dependencia de la banca comercial, porque la primera tiene que salir a través de las ventanillas de la segunda. No es el modelo de banca de desarrollo que requiere el país, no hay crédito semilla ni de largo plazo.

Nafin, dice, se convirtió en una red bancaria, un intermediario financiero, con objetivos más comerciales. No hay fomentos, programas de planeación ni créditos directos. Es decir, carece de los elementos fundamentales de una banca de desarrollo.

El documento La banca de desarrollo en México, editado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indica que en 2005 el Bancomext operó un otorgamiento de crédito total por 38 mil 227 millones de pesos. La institución tuvo una recuperación de cartera total por 37 mil 702 millones de pesos, es decir, reflejó un financiamiento neto total positivo de 525 millones de pesos.

En tanto, en el mismo año, Nafin otorgó crédito por un total de 126 mil 124 millones de pesos; sin embargo, re gistró una recuperación de cartera de 127 mil 28 millones. Su financiamiento neto total fue negativo en 904 millones de pesos.

De acuerdo con datos del sindicato del Bancomext, en 2008 Nafin apoyó a 1 millón 250 mil empresas, alrededor de 83 veces más que las 15 mil apoyadas en 2000; no obstante, la cartera de crédito vigente de la institución se redujo casi 47 por ciento, al pasar de 170 mil 751 millones de pesos a 90 mil 524 millones de pesos en el mismo periodo. El financiamiento promedio de la citada dependencia a cada compañía atendida fue de apenas 72 mil 420 pesos en 2008, insuficiente para forjar nuevas capacidades productivas nacionales y cumplir la misión básica de fomento económico.

Bancomext

El Bancomext se fundó en 1937. Su creación fue motivada por la necesidad de contar con una institución de crédito que se especializara en conceder apoyos financieros que incidieran en el fomento de las exportaciones a fin de nivelar la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Al cierre de 2005, la entidad era la cuarta institución en importancia, de acuerdo con el monto de sus activos, por el volumen de su cartera total, por el total de su pasivo y por el monto de su capital contable.

En agosto de 2004, Vicente Fox anunció la intención de fusionar Bancomext y Nafin con el argumento de hacer más eficiente la promoción del comercio exterior y, por otro lado, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

El 25 de agosto de 2004, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo donde los legisladores rechazaron la fusión por considerarla “una solución inadecuada que lesionaría aún más la capacidad del Estado mexicano y del sistema financiero para apoyar el desarrollo sostenido y equitativo de México”.

Sin embargo, el 1 de diciembre de 2006, Calderón nombró a Mario Laborín Gómez, exdirector de BBVA Bancomer, titular de Nafin y del Bancomext, sin haber hecho reformas al marco jurídico vigente en cada una de estas instituciones que permitieran fusionarlas.

Castro Escudero explica que a su llegada a Nafin, en 2000, Mario Laborín se dedicó a sanear las finanzas de la institución con una visión empresarial; se limitaron los créditos de largo plazo y se limpió la cartera vencida. Se redujo al factoraje, donde sí se generan utilidades, y se abandonó el fomento y la promoción de una utilidad industrial.

Agrega que, en cambio, a Bancomext se le dejó una carga extraordinaria.

Se encargó de todo el crédito de primer piso y del financiamiento de todo el desarrollo exportador, antes de la creación de Pro México. La carga fue de 70 millones de dólares anuales que tenía que sacar de sus propios recursos, y aun así lo logró.

Nafin

Castro Escudero sostiene que el modelo actual de Nafin relega las funciones institucionales de fomento industrial; socava las potencialidades del crédito público como instrumento de política pública; subordina la lógica de la banca de desarrollo a la banca comercial por la operación casi absoluta en segundo piso y asume los dictados trasnacionales en la materia (a mediados de 2007 el Fondo Monetario Internacional sugirió al gobierno mexicano reemplazar a los bancos de desarrollo por agencias de desarrollo).

Nafin se creó en 1934. Su objetivo: movilizar los recursos congelados en los bancos para financiar el crecimiento económico. El 24 de abril de 1934 se le facultó también para suscribir y contratar empréstitos y para intervenir en el mercado en actividades de compra, venta o custodia de títulos y valores, buscando con ello dar los primeros pasos para la constitución de un mercado de valores en México.

En 1940, como resultado de la interrupción de los flujos de comercio provocada por la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal decidió impulsar el crecimiento industrial. El 30 de diciembre del mismo año se establecieron las bases para que la insti tución asumiera la función de fuente de crédito para promover industrias y para apoyar la formación del mercado de valores.

Para Castro Escudero no es de sorprender la “necedad” de fusionar ambas bancas de desarrollo, tomando en cuenta que quienes las dirigen desde 2000, tanto Laborín Gómez como Rangel Domene, “vienen de un grupo banquero privado (Bancomer) y su visión se enfoca en buscar utilidades para que sea un banco rentable”.

Desde el 1 de enero de 2009, Héctor Rangel Domene es el nuevo director general de ambas instituciones.

Anteriormente se desempeñó como presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), del Consejo de Administración de BBVA Bancomer y del Consejo Coordinador Empresarial.

“Tal vez cuando estaban en Bancomer eran validos esos objetivos; pero no tienen ni idea de la cuestión de fomento, aunque lo digan verbalmente.

Es una pena que teniendo funcionarios especializados en el sector de la banca de desarrollo se les dé preferencia a banqueros privados que incluso fueron críticos de la existencia de la banca de desarrollo, como Rangel Domene”, critica el líder sindical del Bancomext.

Además, considera que detrás de la fusión “hay intereses de grupos”, como el Consejo Coordinador Empresarial, que no comulgan con la banca de desarrollo; sectores de banca privada: “finalmente, las personas que están dirigiendo el futuro de Nafin y Bancomext provienen de Bancomer, es decir, del Grupo Monterrey”.

Castro Escudero considera preocupante que más de 600 trabajadores, con capacitación y manejo técnico en la materia, pierdan su trabajo por la fusión de ambas instituciones: se orillará a que el capital humano, la mayoría con más de 14 años de experiencia, se prejubile o se le liquide.

Agrega que una fusión de la banca de desarrollo en medio de esta crisis financiera paralizará el poco crédito que se está otorgando; es el momento más desafortunado para llevar a cabo la propuesta presidencial.

Pilar del proyecto de industrialización

Alicia Girón dice que la banca de desarrollo fue el pilar del proyecto de industrialización y del crecimiento económico durante todo el periodo de estabilización, desde finales de la década de 1950 y hasta la de 1970.

Agrega que todavía en la década de 1980 la banca tenía una función primordial.

Además, la banca de desarrollo en México fue anfitriona de gran parte de los préstamos que otorgaba el Banco Mundial, y posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar las grandes obras de infraestructura.

Sin embargo, explica, a partir de 1982 privó la idea de que era necesario desregular la banca comercial para hacerla competitiva y fomentar el interés en invertir; la respuesta fue distinta a la esperada.

Sobre las ideas de hacer “rentable” a la banca de desarrollo, la economista ataja: “Nunca ha sido rentable”. Este tipo de banca no trabaja en función de tener rentabilidad como la banca comercial.

Foxismo debilita banca de desarrollo

De acuerdo con una auditoría realizada en 2006 por la Auditoría Superior de la Federación, entre 2002 y 2005 los activos de la banca de desarrollo se depreciaron en 234 mil 500 millones de pesos, en particular los del Bancomext, Nafin y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). La cartera vigente decreció en 197 mil 723 millones de pesos y la cartera vencida se incrementó.

La ASF determinó que entre 2003 y 2005 la cartera vigente de la banca de desarrollo disminuyó en 13 por ciento.

Un tercio de la cartera de la banca se canalizó a clientes que también eran apoyados por la banca comercial, incumpliendo así con su objeto según sus leyes orgánicas. Además, la mayoría de los empréstitos fueron otorgados a corto plazo. El Distrito Federal obtuvo casi el 50 por ciento de los créditos de Banobras y Bancomext, y el 40 por ciento de Nafin.

El 22 de marzo de 2007, Cleominio Zoreda Novelo, senador priista, expuso ante sus pares la necesidad de que el gobierno federal confirmara una posible fusión entre Nafin y Bancomext. El legislador argumentó que el comercio exterior venía experimentando altas tasas de crecimiento, en gran medida por la constante renovación de los programas de apoyo que realizó el banco.

Sin embargo, dijo, en la administración de Vicente Fox se tomó la decisión de desmantelar operativamente al Bancomext y sustituirlo paulatinamente por un conjunto desorganizado de acciones de promoción de exportaciones.

No es casual que entre 1990 y 1995 se tuviese un incremento de 96 por ciento en el comercio exterior; entre 1996 y 2000 fue de 125 por ciento, y de 2001 a 2005 el ritmo disminuyó para registrar un incremento de tan solo 27 por ciento.

El 13 de junio de 2007, Felipe Calderón decretó la constitución de Pro México, un fideicomiso público considerado entidad paraestatal. En el artículo cuarto transitorio se ordenó al Bancomext transmitir al fideicomiso la totalidad de recursos materiales y tecnológicos con que cuente, para realizar sus funciones de promoción al comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directa, además de transferirle los recursos humanos correspondientes.

Sin embargo, el 29 de febrero de 2009, Calderón publicó un nuevo decreto mediante el cual modifica el citado artículo, precisando la transferencia de los bienes muebles y la localización de los bienes inmuebles que Bancomext deberá transferir.

Además, ya no se refiere al personal de banco.

El 27 de junio de 2007, Alejandro Chanona Burguete, senador de Convergencia, propuso un punto de acuerdo para conocer las razones por las cuales el titular del Ejecutivo constituyó esa entidad pública a través de un decreto que modifica, en los hechos, la Ley Orgánica del Bancomext sin intervención del Congreso.

Chanona sostiene que Pro México se asemeja al Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que fracasó y se extinguió hace 24 años, y cuyos recursos fueron absorbidos por el Bancomext para facilitar las labores promocionales y financieras. Además, se eligió la figura de un fideicomiso, cuando una de las más recientes experiencias sobre el Fideicomiso Aduanas I mostró la amplitud con la que tales entidades pueden corromperse en detrimento del país.

Alfredo Castro Escudero considera que Pro México fue un fracaso, el cual se advirtió. “Nació mal enfocado y dirigido por gente que no sabe de comercio exterior. Hay nombramientos fuera de lugar, toreros en oficinas en Sudamérica: Carlos Manuel Edgar Perucho, en Colombia, y Pedro Luis Martín Pinsón Correa, en Brasil.

Pagaron favores políticos. Llevaron a un chamán a la oficina de Puebla para ver si así mejoraban las cosas. Puede ser anecdótico, pero encierra un desconocimiento total de la materia”.

El líder sindical sostiene que Pro México costó un ojo de la cara a los mexicanos.

En menos de un año gastaron más de 1 mil millones de pesos; el costo beneficio no es proporcional, pues no captaron la inversión prometida.

La promesa

El 14 de febrero de 2009, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo pública su plataforma electoral federal 2009-2012: “Nueva vía mexicana para el desarrollo”. En ella, los priistas reconocen que la banca de desarrollo hizo importantes contribuciones al desarrollo nacional; sin embargo, desde hace años está siendo sometida a un proceso de desmantelamiento.

Además, a las principales instituciones financieras del Estado les fueron mermadas funciones como el acceso al financiamiento en primer piso, con objeto de que sólo operen como fuente de fondeo de la banca comercial o que sirvan para dar garantías a esas mismas instituciones.

Los priistas reconocen la intención de extinguir al Bancomext. Ante ello, la plataforma electoral tricolor propone revitalizar las actividades de la banca de desarrollo, particularmente para que pueda operar en primer piso, concediendo créditos en forma directa a los agentes económicos que no pueden acceder al financiamiento de la banca comercial por las restricciones de las matrices y por sus tendencias de privilegiar el crédito al consumo.

Además, cambiar la política de debilitamiento de la banca de desarrollo puesta en práctica, desde hace años, por el gobierno. El objetivo es convertirla en uno de los instrumentos más importantes para paliar la crisis financiera, para lo cual es indispensable que aumente sus programas de crédito a la producción, flexibilice sus formas de operación y se le permita que áreas esenciales operen como banca de primer piso.

Punto de acuerdo

El 26 de marzo de 2009, María de los Ángeles Moreno y Carlos Lozano, senadores del PRI, presentaron un punto de acuerdo donde exponían: “Conviene recordar que nuestro país fue uno de los iniciadores de la banca de desarrollo en el mundo.

Con ello contribuimos a constituir el instrumento más asequible y poderoso en el corto plazo, para inducir el crecimiento económico con equidad a través de la inversión”.

En el documento se señala que en el país se desmantelaron los mecanis mos de financiamiento de inversiones estratégicas y se desvirtuó en sus funciones. Asimismo, que se le canceló su función de banca de primer piso. “El desmantelamiento llegó al extremo de transferir las funciones y recursos para la promoción de comercio exterior del Bancomext al fideicomiso Pro México”.

Moreno y Lozano califican como despropósito que la Secretaría de Economía ejerza funciones de banco de fomento. La banca de desarrollo requiere una transformación legal e institucional de fondo que le permita volver a apuntalar la expansión del aparato productivo nacional e impulsar el crecimiento de la economía mexicana. Además de ampliar los mecanismos de fondeo que le permita actuar en el muy corto plazo como agente financiero anticíclico.

“Lo que debería ser”

Alicia Girón considera que el gobierno federal no tiene visión de lo que es el financiamiento del desarrollo.

En Argentina, la banca está 50 por ciento en manos privadas y el resto en bancos extranjeros; sus principales instituciones son el Banco de la Nación y la Prudencia de Buenos Aires, ambos de desarrollo.

En el caso de Brasil, el 80 por ciento de su banca está en manos del sector público y de los brasileños, y sólo el 20 por ciento de los extranjeros.

Dicha proporción se debe relacionar con las tasas de desarrollo que tiene el país suramericano y con los proyectos de industrialización, éstos no sólo en el sector industrial sino también en el agrario.

En la parte opuesta, dice, los bancos más rentables en América Latina son BBVA Bancomer y Santander, ambos por las ganancias que le generan sus filiales en México.

Fortuna solicitó entrevista con el director general de Bancomext y Nafin, Rangel Domene. Alejandro Rodríguez, director de Comunicación Social, la negó justificando la discusión que había en el Senado sobre la fusión de ambas instituciones.

Bancomext rescata empresas quebradas

El 19 de marzo de 2009, los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Rosalinda López y Salomón Jara, y del Trabajo, Ricardo Monreal, presentaron un punto de acuerdo donde piden al Ejecutivo federal información sobre la aplicación del Programa de Garantías Bursátiles, instrumentado por Nafin y el Bancomext.

Los legisladores exponen que la crisis de liquidez que se inició a principios de octubre de 2008 provocó que el gobierno de Calderón, a través de Nafin y Bancomext, instrumentara un “Fobaproa empresarial”, consistente en rescatar, con recursos públicos, empresas privadas.

Ambas bancas de desarrollo, dicen, avalaron la deuda de las empresas que se hicieron acreedoras de estos apoyos. El total de este programa contempló en 2008 recursos por 50 mil millones de pesos, que benefició a 10 compañías, entre las que destacan: Copel, con 1 mil 491 millones de pesos, y Soriana, con 1 mil 50 millones de pesos –créditos provenientes del Bancomext-–; Cemex, con 1 mil 420 millones de pesos, de Nafin.

“Desde luego que estas operaciones pueden convertirse en un quebranto para el erario, porque Nafin no recibe garantías uno a uno por estas operaciones y las empresas pueden en cualquier momento recurrir al concurso mercantil o a la quiebra”, sostienen los tres senadores.

Para este 2009, aseguran, el gobierno federal renovó el programa de garantías bursátiles en apoyo a las empresas que se financian a través del mercado de valores, destinando para tal efecto 15 mil millones de pesos para el primer semestre del presente año.

Los legisladores de oposición señalan que a finales de 2008 el gobierno federal también puso en marcha un programa para apoyar a las empresas afectadas por la devaluación del tipo de cambio, a través del cual se habrían otorgado 14 mil millones de pesos a ocho empresas.

Los detalles de dichas operaciones se desconocen, pues Nafin argumenta que “se trata de créditos sujetos al secreto bancario”.

En el documento se advierte que Vitro recibió 1 mil millones de pesos del Bancomext y que Comerci obtuvo un crédito de 3 mil millones de pesos de Nafin. (YT).

Bancomext, tabla de salvación

El pasado 5 de mayo, Agustín Carstens, titular de la SHCP, informó que el Bancomext destinará recursos hasta por 2 mil millones de pesos a favor del sector turístico; recalendarizará los pagos sobre su cartera existente y apoyará el capital de trabajo del sector.

Además, otorgará garantías de hasta el 75 por ciento en créditos para capital de trabajo a las empresas del ramo hotelero en las regiones más afectadas por la emergencia sanitaria por el virus de la gripe humana, determinadas conjuntamente con la Secretaría de Turismo.

Carstens anunció que el Bancomext apoyará a las líneas aéreas a través de créditos y garantías, hasta por 3 mil millones de pesos, mediante el uso de contragarantías, sujeto a que se observe un ajuste estructural en el sector que le dé viabilidad de largo plazo. Asimismo, el financiamiento requiere del apoyo de los principales accionistas de las aerolíneas y garantías reales.

El Fonatur dejó de percibir casi 45 millones de pesos por la venta de terrenos a precios inferiores de los establecidos en las políticas de comercialización, concluye la ASF. El órgano fiscalizador también observó omisiones legales para recuperar tres créditos que ascienden a 346 MDP, uno de ellos a favor de quien fuera el presidente del Patronato de la Biblioteca José Vasconcelos, Bernardo Domínguez. El Fonatur alega “mala interpretación” de la ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presume un posible daño patrimonial de 44 millones 921 mil pesos en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por la venta de lotes –todos localizados en zona de playa– a un precio inferior al establecido en las políticas de comercialización vigentes en 2007. Los expedientes de las 212 ventas de terrenos se encuentran en desorden; 25 de éstos carecen de la información soporte: avalúos, ofertas de adquisición, cartas de aceptación, recibos de pago, hojas de aceptación de pago, contratos de compraventa.

La Auditoría Superior determinó que el Fonatur vendió 89 terrenos, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2007, a un precio de lista más bajo, con lo que dejó de percibir un monto conjunto de 32 millones 660 mil pesos.

Rosa Adriana Pérez Quesnel, directora adjunta de Administración y Finanzas del Fonatur, defiende las operaciones del fondo. Explica que la Ley General de Bienes Nacionales establece que los lotes, propiedad del gobierno, deben ser vendidos sobre el valor mínimo de avalúo. En el caso del fondo, éste utiliza los elaborados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. “Todos los terrenos se vendieron por arriba de su precio”.

Agrega que, desde 2002, el Fonatur estableció políticas de comercialización para determinar el precio de lista en la venta de terrenos; pero en 2007, éstas fueron modificadas. “Ahí es donde surge el problema con la ASF. Al precio de avalúo se le suma un porcentaje de gastos de operación y comercialización, y la interpretación de las políticas por parte de la auditoría está siendo diferente a la forma en que las aplicó el Fonatur”.

En la revisión, la ASF identificó tres terrenos –con los folios de venta 24631, 24642 y 24644, vendidos el 8 de agosto, el 5 y el 13 de septiembre de 2007, respectivamente– cuyo precio fue calculado por el Fonatur utilizando el valor del avalúo 2005/0615-R, pese a que éste ya había vencido en las fechas de la ventas. Adicionalmente, por la forma de calcular el precio, en otros 16 casos el valor bruto de referencia fue mayor al precio de comercialización (precio de lista menos descuento), situación por la cual la entidad fiscalizada dejó de percibir 7 millones 433 mil pesos.

Además, se localizaron seis lotes en los cuales el análisis de los avalúos y las cartas de aceptación –proporcionados por la Dirección Adjunta de Comercialización– observó que, en las fechas que se realizaron las operaciones de venta (abril de 2007), Fonatur contaba con dos avalúos vigentes (uno con dos días para vencer y el segundo con 20 días de iniciada su vigencia), pero para calcular el precio de lista utilizó el avalúo más antiguo, es decir, el más bajo, lo cual provocó que dejara de percibir 4 millones 828 mil pesos.

Pérez Quesnel justifica que en el Fonatur “aplicamos las políticas comerciales de cierta forma y la auditoría las interpreta de otra, pero ya estamos trabajando de la mano con ellos para establecer un criterio”.

Dos décadas después

La Auditoría Superior de la Federación precisó que, al 31 de diciembre de 2007, el Fonatur reportó 128 millones 420 mil pesos, correspondientes a saldos por cobrar a Tropical Club de Ixtapa (TCI), registrados en las cuentas 1305 “Cartera vencida”, por 72 millones 260 mil pesos; 1202 “Deudores por intereses”, por 43 millones 722 mil pesos, y 1204 “Deudores diversos”, por 12 millones 438 mil pesos.

De acuerdo con información del diario Reforma, publicada en 2003, Tropical Club de Ixtapa es propiedad de Bernardo Domínguez Cereceres, quien fuera el presidente del patronato de la Biblioteca de México José Vasconcelos.

Al tiempo que ejercía el cargo público, Domínguez Cereceres era investigado por la Procuraduría General de la República por los delitos de fraude procesal y abuso de confianza, dentro de la averiguación previa 1053/RN/03, a partir de una denuncia que presentó Fonatur el 29 de julio de 2003.

La ASF destaca que tanto el capital como los intereses, por 115 millones 982 mil pesos, se encuentran reservados al ciento por ciento en la cuenta 2505 “Provisión preventiva para riesgos crediticios”.

El adeudo se originó desde 1990, cuando Nacional Financiera (Nafin), como fiduciaria del Fonatur, celebró un contrato de fideicomiso con DSC, Turismo, en el que la dependencia aportaría el Hotel Playa Linda de Ixtapa, con el derecho en reserva de su readquisición en caso de falta de pago oportuno del precio.

La citada empresa se comprometía a pagar 10 mil 50 millones de viejos pesos, el 50 por ciento a la firma del contrato (que fue pagado según consta en los recibos 20469, 20821, 21898 y 22600, del 24 de noviembre y 13 de diciembre de 1989, 7 de febrero y 16 de marzo de 1990, respectivamente) y el resto a más tardar el 30 de abril de 1990, definido en 1 millón 824 mil dólares (tipo de cambio de 2 mil 754 viejos pesos).

El fondo se reservaría el dominio del hotel hasta en tanto no fuera cubierto en su totalidad el precio antes señalado, pero también se comprometía a entregar el lugar el 15 de mayo de 1990, siempre y cuando la empresa cumpliera con todas sus obligaciones.

La auditoría señala que el comprador no pagó el 50 por ciento restante en la fecha pactada. Así que, el 5 de junio de 1990, el Comité Técnico del Fonatur autorizó la contratación de una línea de crédito hasta por 8 millones de dólares con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), de los cuales 3 millones de dólares serían para fondear a DSC, Turismo, por medio de un crédito refaccionario a fin de que pudiera cubrir el resto de la deuda e iniciar la remodelación del hotel; además se estipuló que TCI dejaba en garantía Playa Linda, su mobiliario y equipo.

A través de un convenio se acordó que la empresa cubriría su deuda, la cual se había incrementado a 1 millón 941 mil dólares, incluidos los intereses.

Sin embargo, Fonatur informó que no cuenta con ningún documento que compruebe la celebración del contrato de fideicomiso, por lo que nunca tuvo la garantía fiduciaria del patrimonio del mismo. A lo anterior debe agregarse que, dos meses después (9 de octubre de 1990), el Comité Técnico aprobó una ampliación de 800 mil dólares al crédito refaccionario otorgado a DSC, Turismo, y el 12 de marzo de 1991 otra por 2 millones 850 mil dólares.

A través del oficio GGJC-RGA- 120/91, del 3 de abril de 1991, la Gerencia General Jurídica Corporativa le recordó a la Gerencia General de Administración y Control de Crédito del fondo que en el contrato de crédito refaccionario, en la carta de autorización de la línea de crédito directo otorgada por el Bancomext, así como en los términos y condiciones del financiamiento se indicaba que los accionistas de TCI debían cubrir con recursos propios cualquier incremento en el costo del proyecto y que debían obtenerse garantías adicionales a favor de la dependencia, ya que el importe del crédito superaba al valor de los bienes dados en garantía.

La Auditoría Superior precisa que para formalizar la ampliación de los 800 mil dólares (tipo de cambio de 3 mil 27 viejos pesos), el 22 de agosto de 1991, Nafin celebró el convenio modificatorio al contrato de crédito refaccionario con TCI, así como una segunda transacción por los 2 millones 850 mil dólares (al mismo tipo de cambio). La empresa dejó en garantía nuevamente el Hotel Playa Linda, su mobiliario y equipo. A esa fecha, el adeudo total ascendía a 6 millones 650 mil dólares.

El 15 de junio de 1993, ante la negativa de TCI de cubrir los créditos refaccionarios, el Fonatur demandó a la empresa por la vía ejecutiva mercantil.

El 10 de marzo de 1995 se dictó sentencia definitiva, que condenó a la empresa privada a pagar al Fonatur 6 millones 650 mil dólares, así como 1 millón 177 mil dólares de intereses ordinarios y moratorios y gastos.

Sin embargo, ocho años después, con el oficio GCJ/1099/2003 del 27 de junio de 2003, la Gerencia de Coordinación Jurídica informó a la Dirección Jurídica del fondo que la sentencia definitiva obtenida en 1995 fue de difícil ejecución por los cambios de administraciones en la dependencia y por la falta de recursos para hacer frente a las tomas de posesión de la caja de Tropical Club de Ixtapa, en el Hotel Qualton Ixtapa, efectuadas en 1993 y 2003.

La ASF concluyó que el Fonatur no presentó evidencia sobre las acciones implementadas en el periodo comprendido de 2003 a 2007, para ejecutar la sentencia obtenida desde marzo de 1995 y poder cobrar las garantías otorgadas a favor del fondo. Con el análisis de la documentación contenida en el expediente del área de cobranza, se constató que, además de los adeudos anteriores, la dependencia pagó el predial del Hotel Playa Linda desde 1993 y hasta 2007, que asciende a 12 millones 438 mil pesos, y no ha demandado el pago de ese recurso.

El importe total de la cuenta por cobrar de Tropical Club de Ixtapa, al 31 de diciembre de 2007, asciende a 325 millones 490 mil pesos, integrados por 72 millones 260 mil pesos de capital; 43 millones 722 mil pesos de intereses ordinarios; 197 millones 69 mil pesos de intereses moratorios, y 12 millones 438 mil pesos de predial.

Promotora

La auditoría observó que el 31 de diciembre de 2007 el Fonatur reportó 11 millones 458 mil pesos, correspondientes al saldo por cobrar a Promotora Hotelera Misión registrados en las cuentas 1305 “Cartera vencida”, por 7 millones 239 mil pesos, y 1202 “Deudores por intereses”, por 4 millones 219 mil pesos.

Con el análisis de los expedientes en poder de la Dirección de Administración e Inversiones Turísticas y de la Dirección Jurídica, la ASF constató que el 22 de junio de 1994 la Dirección de Crédito del Fonatur comunicó a la Unión de Crédito del Estado de Michoacán la autorización de un financiamiento por 4 millones de pesos, en el marco del Programa de Financiamiento a la Actividad Turística.

Se precisa que el crédito era para la remodelación y equipamiento de 141 módulos hoteleros y áreas de servicios del Hotel Misión San Gabriel, de Barrera Park Plaza, en Guanajuato, Guanajuato.

El 26 de julio de 1994, la Unión de Crédito y la promotora celebraron el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria UC-0054-S-07- 94, donde se estableció que ese monto era pagadero en forma mensual durante nueve años, con un periodo de gracia para el capital de tres años y que como deudores solidarios quedaban una persona física, la empresa turística y Hotelera Palame.

Promotora dejó a favor de la Unión de Crédito la hipoteca del solar en Mérida y el tablaje de tierras ubicado en la carretera Mérida-Campeche. El 26 de julio de 1994, el solar citado tenía un embargo a favor del Banco BCH, registrado el 3 de marzo de 1993, y posterior al contrato se registraron otros nueve (de octubre de 1995 a julio de 2003), situación que no fue observada por el Fonatur.

De junio a diciembre de 1994, la unión realizó los pagos del crédito al fondo en las fechas pactadas, pero al 31 de marzo de 1995 tenía tres meses vencidos, por lo que, con el oficio GGCJ/277/95 del 1 de junio del mismo año, la Gerencia Jurídica requirió a esa empresa el pago de 4 millones de pesos más intereses, y el 14 de septiembre del mismo año, denunció su incumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El 27 de agosto de 1996, mediante convenio de cesión de derechos de crédito y garantías, la unión cedió a favor de Fonatur los derechos del contrato de crédito UC-0054-S-07-94, hasta por los 4 millones de pesos; dejó en garantía los mismos bienes descritos en el contrato anterior, no obstante que a la firma del convenio, el solar propiedad de Palame, ya tenía dos embargos.

En este convenio la promotora aceptó que, a la fecha de su celebración, adeudaba al fondo 9 millones 94 mil pesos.

Asimismo, las partes pactaron elevar dicho convenio a escritura pública e inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que las garantías hipotecarias quedaran a favor la dependencia, de lo cual el Fonatur manifestó no contar con la evidencia.

La auditoría determinó que, como resultado de dos reestructuraciones del crédito, en abril de 2000 la empresa regularizó los pagos vencidos, pero en agosto siguiente presentó atraso de cinco mensualidades, con lo que el Fonatur inició el procedimiento para la recuperación por la vía judicial de la cuenta por cobrar.

El 21 de octubre de 2002 se dictó sentencia definitiva que condena a promotora, a la persona física y a Palame al pago de 7 millones 239 mil pesos, monto que con la sentencia interlocutoria del 13 de abril de 2004 quedó en 5 millones 439 mil pesos.

El Fonatur contrató al despacho de Corporación Jurídica LIM para iniciar las acciones legales para la recuperación del crédito de promotora y sus deudores solidarios, mismo que el 31 de enero de 2005 propuso tomar posesión física y legal de la caja del Hotel Mérida Misión Park Plaza, propiedad de Palame.

Sin embargo, en junio de ese mismo año, los abogados le informaron al Fonatur, mediante oficio sin número, que: “a) no existe evidencia de que el convenio de reconocimiento y reestructuración de adeudos se haya elevado a escritura pública y, por lo tanto, no existe su inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Mérida; b) no es posible ubicar el predio propiedad de la persona física que quedó como deudora solidaria por las grandes extensiones que rodean el tablaje, y c) el Hotel Mérida Misión Park Plaza, propiedad de Palame, se encuentra gravado por diversos acreedores, además de que se considera monumento histórico”.

La ASF señala que el fondo no presentó evidencia sobre las acciones instrumentadas, en el periodo comprendido de enero de 2005 a diciembre de 2007, pa ra ejecutar la sentencia obtenida en abril de 2004 y así poder cobrar las garantías otorgadas a su favor. El importe total de la cuenta por cobrar de Promotora Hotelera Misión, al 31 de diciembre de 2007, asciende a 18 millones 339 mil pesos.

Costera

En la revisión de la cuenta pública 2007, la Auditoría Superior observó que al 31 de diciembre de 2007 el Fonatur reportó 312 mil pesos correspondientes al saldo por cobrar a Estacionamientos Costera, registrados en las cuentas 1305 “Cartera vencida”, por 300 mil pesos, y 1202 “Deudores por intereses”, por 12 mil pesos.

El 10 de marzo de 1994, Nafin, como fiduciaria del Fonatur, celebró un contrato de apertura de crédito simple con Estacionamientos Costera, por 300 mil pesos, pagaderos dentro de los 90 días siguientes a la fecha de su suscripción (10 de junio 1994). Dejó como garantía 48 acciones de esa misma empresa, propiedad de su apoderado legal, con un valor total de 480 mil pesos.

El 17 de enero de 1995, el Fonatur presentó ante el juez octavo de lo civil la demanda en contra de Estacionamientos Costera; sin embargo, el 25 de octubre del mismo año, la Gerencia General de Coordinación Jurídica le informó a la Tesorería General que, por instrucciones de la Dirección General del fondo, se detuvieron las acciones judiciales en virtud de existir compromisos recíprocos pendientes de cumplirse entre la dependencia y Estacionamientos Costera.

Con el oficio GCJ/2063/2004 del 30 de agosto de 2004, la Coordinación Jurídica comunicó a la Gerencia de Tesorería que se obtuvo sentencia a favor del Fonatur, pero que no se ejecutó debido a que la empresa carecía de bienes, por lo que se solicitó al juez competente en Acapulco inscribirla al embargo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa ciudad, donde la empresa demandada tiene su domicilio.

La auditoría precisó que, con el oficio GCJ/438/06 del 13 de marzo de 2006, la Gerencia de Coordinación Jurídica solicitó a la Gerencia de Tesorería dejar de cuantificar los intereses del crédito otorgado a Estacionamientos Costera, ya que se realizaba el dictamen de incobrabilidad de dicho crédito, a fin de proponerse como quebranto. El importe total de la cuenta, al 31 de diciembre de 2007, asciende a 2 millones 513 mil pesos.

Rosa Adriana Pérez Quesnel, directora adjunta de Administración y Finanzas, dice que los tres créditos que observó la auditoría fueron otorgados en la década de 1990, con la metodología vigente en aquel momento. Sin explicar cuáles, la funcionaria asegura que el Fonatur realiza las acciones jurídicas para la recuperación de los empréstitos.

“No somos los únicos deudores en muchos de los casos, aunque Fonatur ya cuenta con un fallo del juez a su favor.

El fondo está formado y espera a que vendan los que tienen los deudores y nos den la parte que nos corresponda”, sostiene Pérez Quesnel.

Sin resultados

La ASF determinó que en 2007 el Fonatur no definió indicadores para: evaluar los objetivos de crear y consolidar centros turísticos; evaluar el impacto de los CIP (centros integralmente planeados) respecto de los indicadores turísticos nacionales; promover la inversión turística en el país; evaluar la eficiencia en la elaboración de estudios para identificar áreas susceptibles de ser explotadas en proyectos, y evaluar la adquisición de reserva territorial, el cumplimiento de los programas de obras, operación y mantenimiento mayor de los diferentes centros.

La auditoría solicitó al Fonatur los planes maestros de desarrollo de cada uno de los CIP en proceso de creación y consolidación, con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias contenidos en estos documentos a 2007. La entidad fiscalizada proporcionó una copia de los planos de los centros de Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco y Nayarit.

Del análisis se determinó que dichos documentos se refieren a los planos de desarrollo urbano de estos sitios que fueron aprobados por los municipios respectivos, pero no corresponden con los planes maestros de desarrollo conforme a las características definidas, en los que se incluyan específicamente los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, recursos, así como los tiempos de ejecución para la consolidación de los CIP.

La auditoría observó que el Fonatur no dispuso de información con las metas, prioridades y tiempos de ejecución para evaluar el cumplimiento del objetivo estratégico. La dependencia informó que desde 2004, año en que se creó el CIP Nayarit, no se ha creado otro.

Además, la dependencia no estableció metas para medir el impacto de los CIP en el desempeño turístico en función de los planes maestros de desarrollo, en términos de los indicadores por cuartos disponibles, índice de ocupación de éstos y llegada de turistas, y el desarrollo económico de la región, en cuanto a la captación de divisas y la generación de empleos.

El Fonatur informó a la ASF que no se otorgaron préstamos como banco de segundo piso ni créditos directos desde 2000, debido a la limitación contenida en el Presupuesto de Egresos para asumir riesgos crediticios directamente, así como por la problemática de fondeo que se registra por los limitados recursos propios y a las restricciones para contratar deuda externa.

La auditoría concluyó que la dependencia dejó de ser una opción atractiva para los inversionistas.

En 2007, explica Pérez Quesnel, el Fonatur tuvo que retrasar los proyectos Costa Maya, Marina Cozumel, la ampliación de Buenaventura y Cancún, ya que en aquel año se aprobó la Ley General de Vida Silvestre, en la cual se estipula que no se pueden afectar manglares, y los planes del fondo lo hacían.

Se tuvo que cambiar el plan maestro de los mismos.

“A la fecha, ya todos están terminados, excepto Costa Maya, que todavía no cuenta con las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Marina Cozumel lleva muy buen avance y la ampliación de Buenaventura también”.

La funcionaria agrega que Rancho Misiones en Baja California Sur sí se detuvo porque se registró un problema con la planta de tratamiento de aguas residuales en San José del Cabo. Al tener restricciones presupuestales, se dejó de lado el proyecto del Rancho para ampliar la planta, la cual ya está concluida.

Reserva territorial

La auditoría verificó que para el programa de inversión Bolsa de Reserva Territorial para Nuevos Proyectos, registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el fondo presupuestó 99 millones de pesos en 2007. Sin embargo, se observó que la entidad fiscalizada no definió metas asociadas con el presupuesto autorizado; además, indicó que en ese año no adquirió reserva territorial, debido a que los recursos previstos se transfirieron al capítulo 6000 “Obra pública”, autorizado por Hacienda.

En 2007, el Fonatur ejecutó 89 obras de desarrollo de infraestructura de las 90 previstas. Se ejercieron 738 millones 878 mil pesos, monto superior en 53.3 por ciento respecto de lo presupuestado. La auditoría observó que se canceló una obra en Huatulco, tres en la Costa Maya y dos más en Loreto; así como una actividad de supervisión prevista en Marina Cozumel.

Además, en Nayarit se canceló el pago de energía eléctrica y de seguros, la adquisición de productos químicos y la operación de la planta de tratamiento.

Pérez Quesnel dice que fue hasta 2008 cuando el Fonatur se volvió a hacer de reserva territorial, después de 25 años de no hacerlo. Se compró el predio Las Cabras, en Sinaloa (2 mil hectáreas), en 1 mil 200 millones de pesos. Fue en 2007 cuando el Fondo se dio a la tarea de buscar reservas, “pero partiendo de donde había viabilidad, y este predio fue el que cumplió con las especificaciones que se necesitaban para hacer un nuevo CIP”, el cual será del doble del tamaño de Cancún.

Además, dice, ya se cuenta con una dirección específica que busca terrenos para seguir invirtiendo.

La ASF presume un posible daño patrimonial en Bancomext por casi 20 millones de pesos e irregularidades por 415.5 millones de pesos en la cuenta pública 2006. Además, determina que el banco evita iniciar gestiones de cobro por la vía legal, carece de normativa para la supervisión de los deudores del sector gubernamental, no cuenta con procedimientos para la venta de cartera e incurre en direccionamiento inoportuno de cuentas por cobrar. El órgano fiscalizador señala a exfuncionarios involucrados en “hechos delictivos”; uno de ellos, preso desde 2007.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela irregularidades por 415 millones 534 mil pesos, además de un posible daño patrimonial por 19 millones 862 mil pesos, en las finanzas del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Las anomalías, que fueron detectadas en la revisión de la cuenta pública 2006, incluyen la omisión en gestiones de cobro, la carencia de garantías para recuperación de créditos, y el no ejercicio de acciones legales para reintegrar adeudos. El Bancomext –creado en 1937 durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas– tiene formalmente la misión de fomentar la participación de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas, en los mercados globales, proporcionando financiamiento, capacitación y asistencia técnica, a fin de impulsar el comercio exterior y promover el crecimiento regional y la creación de empleos en el país. La ASF detectó que los acreditados 2109324 y 2109656, con un adeudo por 19 millones 862 mil pesos, incumplieron el pago con el Bancomext. La Subgerencia de Promoción de Crédito los transfirió a la Dirección de Recuperaciones, quien los mantuvo en cobro extrajudicial desde julio de 2006, realizando el trámite de autorización para su traspaso a jurídico, cinco meses después de que debía haberse iniciado su cobro por la vía legal. En su informe, la Auditoría Superior señala que la dependencia tenía antecedentes de las situaciones que complicarían la recuperación de los adeudos, ya que la aseguradora informó que el pago de la póliza correspondiente era improcedente porque los acreditados tenían contratada otra póliza de seguro por el mismo concepto con el Banco del Bajío. Dicha situación no fue informada por los deudores, con lo que quedó sin efecto la póliza contratada con la aseguradora de Bancomext. El 6 agosto de 2004, Vicente Fox hizo pública su intención de desaparecer el Bancomext. Justificó la acción con una posible fusión del primero con Nacional Financiera (Nafin), ya que desde 30 años atrás el banco se manejaba en número rojos. El 24 de agosto de aquel mismo año, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo donde consideraba inviable la fusión. Con la llegada de Felipe Calderón al gobierno federal se siguió con la fusión de facto de ambas instituciones, dice Alfredo Castro Escudero, secretario general del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bancomext. Mario Laborín, director de Nafin en aquel momento, fue nombrado también director del banco, convirtiéndose en el único funcionario con un doble nombramiento.

Venta bajo sospecha

La Auditoría Superior determinó que, el 31 de mayo de 2005, el Bancomext vendió y cedió los derechos de los fi- nanciamientos otorgados al acreditado 235202 a Argent Group Limited, empresa distinta a la autorizada originalmente por el Consejo Directivo del banco. En la operación, la entidad fiscalizada no constató la recepción del precio pactado y la ficha en la cual se realizó el depósito resultó falsa. Tampoco exhibió la autorización de cambio del comprador, que en un principio era Argent Investment Corp. Agrega que el Bancomext no acreditó haber realizado la investigación de la existencia legal de la empresa interesada por la compra, ni se cercioró de que las citadas sociedades utilizaran prácticas de cobranza razonables y ajustadas a derecho. Asimismo, no contó con el precio de referencia de la cartera, ya que en el análisis financiero que se realizó para evaluar la factibilidad de la venta de los derechos de los financiamientos otorgados a la acreditada, consideraron como base la oferta realizada por 1 millón 56 mil dólares. La ASF observó que, el 14 de julio de 2005, el Bancomext otorgó poderes para ceder a Argent Group Limited la totalidad de los derechos crediticios de que era titular, así como los accesorios, con la hipoteca sobre la unidad industrial ubicada en Brasil que garantizaba el crédito, cuyo valor era de 4 millones 311 mil dólares, sin haber constatado el pago de la operación por 1 millón 56 mil dólares. El 5 de agosto de 2005, la entidad fiscalizada se percató de la falta de aplicación del pago por 1 millón 56 mil dólares. La Auditoría Superior determinó que la falta de mecanismos de supervisión del área de Contabilidad del Bancomext, la “manipulación” de la información realizada por el entonces director de Recuperación de Crédito, Guillermo Vázquez Ochoa, y las afectaciones contables de las operaciones realizadas por la áreas operativas derivaron en la falta de recuperación de 1 millón 56 mil dólares, equivalentes a 11 millones 417 mil pesos. El 20 de octubre de 2005, el Bancomext, por medio del Despacho Jurídico Mateos, Montero, Martos & Cortés, presentó denuncia en contra del representante de la empresa Argent Group Limited y quienes resulten responsables. Ello derivó en la averiguación previa UEIDFF/FINM03/257/2005. La ASF señaló que, con el análisis de las declaraciones realizadas por funcionarios, se precisó que el entonces director de Recuperación de Crédito en Bancomext –quien actualmente se encuentra preso e inhabilitado por este caso desde 2007– se considera como probable responsable de la participación dolosa en la comisión de hechos delictivos junto con el representante de la empresa Argent Group Limited. La Auditoría Superior subrayó que el área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Bancomext sancionó al director de Recuperación de Crédito y a la directora Jurídica de Operaciones Bancarias –Miriam Ramírez Toledo, quien aún enfrenta el proceso penal en su contra–, quienes formalizaron con Argent Group Limited el convenio de cesión de derechos de los financiamientos otorgados al acreditado, sin considerar responsabilidades para quienes otorgaron la cesión de derechos sobre la hipoteca de la unidad industrial del acreditado y por el inoportuno registro contable de la operación. La ASF agrega que, con el análisis efectuado sobre la averiguación previa del caso, se constató que en la búsqueda realizada por el área contable del Bancomext respecto del depósito de 1 millón 56 mil dólares de la empresa Argent Group Limited, la directora de Contabilidad y Desarrollo Fiscal informó sobre la existencia de una operación por 1 millón de dólares en el Sistema Integral de Captura y Validación, (contabilidad) del Bancomext. Agrega que, con lo anterior, se comprobó el registro contable de las pólizas 90153, 90103, 90139 del 29 de junio, 21 y 29 de julio de 2005 respectivamente, en la que se registró como provisión de fondo para el establecimiento de una carta de crédito “stand by” irrevocable a favor del acreditado 235202 (empresa brasileña) y transferencias a la empresa Argent Investment Corporation. La Auditoría Superior determinó que la cantidad estaba integrada por tres depósitos que de inicio se identificaban con la operación del acreditado 514517 y como depositante una persona física; sin embargo, el director de Recuperación de Crédito precisó al gerente de Operación de Cartas de Crédito que el monto coincidía con el importe de la garantía a favor del acreditado 235202, dando por hecho que los depósitos por 1 millón de dólares que se recibieron correspondían al Fondo de Inversión realizado por Argent Investment Corporation. El 5 de julio de 2005, el represente legal de la empresa Argent Investment Corporation, a través de una carta, identificó como propios los tres depósitos antes señalados; sin embargo, el 20 de julio de 2005, éste mismo solicitó a la Gerencia de Operación de Cartera de Crédito y Sector Financiero le fueran devueltos los recursos por 1 millón de dólares dado que ya no le interesaba realizar operación alguna, lo cual realizó la entidad fiscalizada en septiembre de 2005. Fortuna solicitó entrevista con el Bancomext. Alejandro Rodríguez, director de Comunicación Social, la negó por “innecesaria”, pues, dijo, “las observaciones ya fueron solventadas”.

Inversión turística

No obstante, uno de los casos permanece abierto. La Auditoría Superior determinó que en el caso del acreditado 503023, constituido en julio de 1997, en agosto de 1998 se le otorgó un financiamiento por 3 millones de dólares para financiar hasta el 50 por ciento de la primera etapa del proyecto de inversión para la construcción de 41 villas en Puerto Vallarta. En 1999 se le otorgó otro crédito por 479 mil dólares para financiar hasta el 50 por ciento del presupuesto de obras complementarias para concluir la primera etapa del proyecto de inversión. Para ello, dice la Auditoría Superior, se estableció como garantía la hipoteca sobre la unidad completa y la cesión de los derechos de cobro que se deriven de los contratos que celebrara con sus clientes por concepto de la venta de tiempos compartidos; el acreditado cayó en cartera vencida a partir de octubre de 2000. La ASF observó que debido a la problemática del acreditado, el 3 de octubre de 2006, el Comité Interno de Crédito (CIC) del Bancomext autorizó la propuesta de vender los derechos de crédito litigiosos y cualquier otro gasto suscitado en relación con los financiamientos otorgados a la acreditada, por un pago en efectivo de 3 millones 150 mil dólares, el cual representó el 84.8 por ciento del remanente del capital original por 3 millones 712 mil dólares, para lo cual se condonaron intereses ordinarios vencidos y moratorios por 4 millones 867 mil dólares equivalentes a 52 millones 624 mil pesos. Además de la aplicación contra resultados o la cancelación de los gastos legales que se devenguen como resultado del cierre de esta operación por aproximadamente 1 millón 727 mil dólares, equivalentes a 18 millones 682 mil pesos.

No presenta demandas

La Auditoría Superior reporta que la entidad fiscalizada no acreditó haber presentado la demanda correspondiente ante el incumplimiento del acreditado 2100672, con adeudos por 9 millones 646 mil pesos, por la reestructura formalizada del adeudo en marzo de 2006. El área de Recuperaciones, aun cuando no contaba con autorización de la instancia facultada, mantuvo al acreditado en cobro extrajudicial desde la fecha de incumplimiento de la reestructura a diciembre de 2006 a pesar de exceder de los 30 días naturales que como máximo le autoriza su normativa. Además, en el caso de ocho acreditados, cuyas gestiones de cobro fueron realizadas por despachos externos, la Dirección de Jurídico Contencioso y Corporativo presentó denuncia de hechos ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República; sin embargo, al analizar los informes mensuales presentados por el abogado externo, se observó que en reiteradas ocasiones la entidad fiscalizada se demoró en la aportación de pruebas solicitadas o bien en el complemento de las ya presentadas por no ajustarse a los requerimientos que le fueron realizados, por lo que los expedientes fueron enviados a reserva. La entidad fiscalizada no aportó los requerimientos de pago de facturas del acreditado 2109207, con adeudo por 3 millones 697 mil pesos, con vencimiento en enero de 2005. Los documentos requeridos por el agente del Ministerio Público de la Federación no fueron presentados para la integración de la denuncia de hechos, con fecha 22 de septiembre de 2005. Respecto del acreditado 200710, con adeudos por 50 millones 64 mil pesos, la entidad fiscalizada evidenció el inicio de gestiones legales de cobro a través de la contratación del despacho Ojeda & Asali, quien supuestamente presentó el escrito inicial de juicio ejecutivo mercantil ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con fecha 16 de octubre de 2003. Sin embargo, no presentó evidencia documental de la aceptación del citado escrito por el Tribunal, estado procesal e informe bimestral presentado al CIC respecto de los avances del proceso. En el caso del acreditado 205128, con adeudos por 21 millones 568 mil pesos, reportado en cartera vencida al 31 de diciembre de 2006, que desde el 24 de febrero de 2004 incumplió el convenio judicial celebrado el 24 de noviembre de 2003, mediante el cual el CIC le autorizó un esquema de salida, no obstante que ya se tenía sentencia judicial a favor de Bancomext de fecha 20 de marzo de 2002. La ASF determinó que respecto al acreditado 2102082, con adeudos por 13 millones 81 mil pesos, que a diciembre de 2006 fue reportado en reestructura, se comprobó que ingresó a cartera vencida el 1 de diciembre de 2004, y al 31 de diciembre de 2006, dos años después de pasar a ese estado, no se había recuperado el crédito ni iniciado el proceso de cobro por la vía legal. Durante el lapso de referencia, se observaron diversos incumplimientos por el acreditado, que por sí mismos ameritaban su envío a la recuperación por la vía judicial, sin que el área de recuperaciones y la Dirección de Jurídico, Contencioso y Corporativo realizaran las gestiones que les correspondían. Además, del análisis de las afectaciones realizadas a la Estimación Preventiva para Riesgos, se desprende que, mediante la aplicación de condonaciones de capital, intereses ordinarios y moratorios sobre cuatro acreditados por 13 millones 31 mil pesos, una vez que realizó las acciones de negociación correspondientes, la entidad fiscalizada recuperó el 47.5 por ciento (6 millones 187 mil pesos); y condonó y castigó el 52.5 por ciento restante (6 millones 844 mil pesos), debido a que las garantías que sustentaban los créditos no cubrían el importe total del adeudo, no eran de fácil realización o, bien, en opinión del área jurídica, su proceso de adjudicación por la vía legal demoraría mucho tiempo.

Créditos sin relación

La ASF determinó que en el caso de cinco acreditados con adeudos al 31 de diciembre de 2006 por 23 mil 979 millones 59 mil pesos, fueron considerados en la meta denominada “Otorgar apoyos financieros a las empresas exportadoras y a sus proveedores” de acuerdo con el reporte número G13AP320; sin embargo, son recursos que no guardan relación con la procuración de la eficiencia y competitividad del comercio exterior que comprende la preexportación, exportación, importación y sustitución de importación de bienes y servicios. El crédito 2109859, por 15 mil 45 millones 71 mil pesos, se aplicó para el refinanciamiento de las obligaciones de pago del deudor, otorgar liquidez a sus títulos y mejorar los términos y condiciones de sus empréstitos financieros. El acreditado 31809, con línea de crédito vigente por 8 mil 411 millones 541 mil pesos, sirvió para el refinanciamiento de Pidiregas (Proyectos de infraestructura con impacto diferido en el registro del gasto), en el que se contemplan trabajos de obra pública para redes eléctricas. El adeudo 518086, por un adeudo de 84 millones 501 mil pesos, fue para financiar parcialmente la adquisición de las empresas subsidiarias dedicadas a la compra, venta, distribución y operación en cualquier forma con productos y materias primas de la industria manufacturera del papel para la edición de periódicos, libros y revistas. Los adeudos por 437 millones 944 mil pesos, con número 2101617 y 517625, se utilizaron para financiar parcialmente la construcción y el ciento por ciento del equipamiento del Hotel Sheraton Centro Histórico de la ciudad de México, así como el 70 por ciento de la venta de intervalos de tiempo compartido del desarrollo Fiesta Americana Vacation Club, ubicado en Los Cabos, Baja California Sur. Luego de conocer las observaciones, el Bancomext informó al ASF que considera que las empresas apoyadas sí guardan relación con la procuración de la eficiencia y competitividad del comercio exterior.

Préstamos del gobierno

La Auditoría Superior observó que en tres acreditados correspondientes a cartera vigente por 28 mil 809 millones 533 mil pesos, referidos a entidades gubernamentales, se carece de los informes de supervisión de crédito, debido a que no existe normativa para vigilar la situación que guardan los adeudos otorgados a dependencias, lo que impide llevar a cabo su seguimiento permanente y que Bancomext cuente con la evidencia de que los recursos se utilizaron en los fines por los que fueron contratados. Con el análisis de los informes de supervisión de octubre de 2006 y marzo de 2007, la ASF observó que la acreditada 20069, ubicada en cartera vigente, registró un nivel de endeudamiento a junio de 2006 del 72.7 por ciento y a diciembre del mismo año del 66 por ciento. Además, en los informes de supervisión se señala la situación negativa y el riesgo que genera para Bancomext la acreditada, debido a la volatilidad en el precio del algodón, originada por una mayor competencia asiática, ya que a partir del segundo semestre de 2006, dejó de operar el subsidio otorgado a los productores norteamericanos de algodón, factores que afectaron su operación.

Incumplimientos

La Auditoría Superior observó que el acreditado 210182, con saldo de 24 millones 732 mil pesos, celebró convenio de recalendarización de pagos al contrato de crédito en cuenta corriente el 13 de enero de 2006. La entidad fiscalizada no exhibió las pólizas de seguro actualizadas; los pagos y endosos a favor de Bancomext correspondientes al ejercicio de 2006 ni la actualización de avalúos, ya que su fecha de vencimiento fue a diciembre de 2005. Asimismo, los acreditados 2109611 y 2109160 fueron reportados con esquema de salida por 1 millón 618 mil pesos. El Bancomext formalizó reestructuras que operaron en el ejercicio de 2006. En lo que respecta al adeudo 2109611, no se envió el pago de póliza de seguro del último trimestre de 2006 y los avalúos que sustentaron la solicitud de autorización del esquema de salida tenían una antigüedad mayor a dos años. El Bancomext pidió a la ASF la no procedencia de la observación respecto al contrato del acreditado 2109160, ya que de acuerdo con lo señalado en el Manual de Crédito, la obligación solo aplica para los contratos de crédito y en este caso en particular se celebró un convenio judicial para darle más plazo al cliente para pagar su adeudo. La ASF determinó que el Bancomext incumplió en el seguimiento de las obligaciones de un acreditado en la reestructura de un crédito por 204 millones 339 mil pesos respecto de la obtención de pólizas de seguro, pagos y endosos en favor de la entidad fiscalizada. Además, no inició acciones legales con tres acreditados por 102 millones 446 mil pesos que permanecieron en cartera vencida en promedio por un año y seis meses, superando el plazo límite previsto por su normativa de seis meses. La Auditoría revela que en el caso de dos créditos, por 63 millones 374 mil pesos, se reportaron en cobranza extrajudicial, en promedio, por ocho meses, debiendo estar en cobranza judicial. Asimismo incumplió con tres acreditados con adeudos por 26 millones 350 mil pesos en la presentación de pólizas de seguro.

Más auditorías

El diputado Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dice que, a causa de una denuncia ciudadana de Gabriel Reyes Orona, de la agrupación Transparencia Nacional, la Auditoría Superior le informó la inclusión de nuevas revisiones al Bancomext, incluidas en el Pavvi 2007 (Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública). El legislador, emanado del Partido de la Revolución Democrática, explica que se realizará una auditoría al desempeño de las acciones de financiamiento y promoción de las pequeñas y medianas empresas de comercio exterior; cuatro fiscalizaciones financieras y de cumplimiento, una sobre la administración de bienes en dación de pago, otra sobre la aplicación a la estimación de riesgos crediticios, cartera de crédito vencida, y deudores diversos, préstamos al personal y otros. (YT)

En los últimos tres años el precio del diésel aumentó 33.7 por ciento. Los constantes incrementos en el costo del combustible ponen en riesgo la planta productiva del país y la economía de miles de familias mexicanas, dicen legisladores y líderes transportistas. Más de 70 por ciento de los repartidores cayeron en cartera vencida desde 2006.

El aumento mensual en el precio del diésel pone en riesgo toda la planta productiva del país y la economía familiar de miles de mexicanos que ven mermados sus ingresos. Los incrementos que registra el combustible impactan en todas las áreas productivas del país, ya que la mercancía que no se mueve no tiene valor, dice Fernando Caballero, secretario de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.

A partir de agosto de 2008, el gobierno federal informó que se eliminaría el subsidio a las gasolinas y el diésel, por considerar progresivo el consumo y regresiva la distribución del subsidio. La estrategia empleada fue, hasta enero de 2009, a través de incrementos semanales en el precio de los energéticos.

De acuerdo con el Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diésel en México, 2007-2009, realizado por el Servicio de Investigación y Análisis (SIA) de la Cámara de Diputados, en 2008 el aumento en el precio de la gasolina Premium fue de 9.12 por ciento; Magna Sin, 8.39 por ciento, y el diésel, 19.83 por ciento.

Alejandro Sánchez Camacho, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, considera que la decisión del gobierno federal de aumentar el costo del combustible tuvo, y tiene, consecuencias negativas en sectores productivos fundamentales para la economía mexicana, como la agricultura, la ganadería, la pesca y el transporte.

El 7 de enero de 2009, Felipe Calderón presentó en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, donde anunció el congelamiento del precio de la gasolina. Los incrementos en el costo del diésel se mantienen: cada mes subirá cinco centavos, en lugar de los dos pesos que contemplaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este año.

A decir de Fernando Caballero, dadas las condiciones económicas a nivel nacional e internacional, no es conveniente mantener los aumentos en el precio del diésel, “uno de los motores de la economía, competitividad y del propio desarrollo del país”: las mercancías se tienen que mover para que adquieran un valor comercial.

El diputado explica que se tiene que considerar el costo-beneficio de mantener los aumentos mensuales en el combustible. El gobierno pondera las finanzas presupuestales, pero también se tienen que proteger los sectores productivos, como el transporte. “Qué pasaría si en un momento determinado es tan alto el precio del diésel que no se puedan transportar las mercancías, y todo por cuidar los dineros públicos se descuida la economía de las clases más necesitadas”.

De acuerdo con el estudio El impacto en los hogares del país por la aplicación del impuesto local a las ventas finales a la gasolina y el diésel, que elaboró el SIA, los hogares con menor ingreso registraron un gasto promedio de 122 pesos mensuales para transporte público, es decir, el 11 por ciento del total de sus entradas: 1 mil 107 pesos.

Sin embargo, los hogares más ricos del país destinan una mayor proporción de su ingreso para el consumo de gasolina y diésel, respecto de los ciudadanos más pobres, quienes destinaron una mayor proporción de su entrada de dinero para satisfacer sus necesidades de transporte público.

Si se suma el gasto que realizan los hogares del país para el consumo de gasolina, diésel y transporte público, se observa que los mexicanos más pobres destinan más del doble de su ingreso para la compra de estos bienes y servicios, en comparación con la parte del ingreso que emplean los ciudadanos con mayores recursos.

Altos costos

Rubén Aguilar, presidente de la Comisión de Transportes, dice que el aumento en el precio del combustible para vehículos de transporte de carga y ligero puede acabar el mercado, pues a la par aumenta el costo del servicio.

El legislador considera que el gobierno federal puede aprovechar los bajos costos del petróleo a nivel internacional para, incluso, disminuir el precio del diésel, que en tiempos de crisis puede ayudar a mantener bajo el valor de los alimentos y las tarifas del transporte. Medidas necesarias en tiempos difíciles como los que atraviesa México.

Arturo Bonilla, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que el diésel se consume en menor grado que la gasolina, tal vez por ello las autoridades federales decidieron congelar temporalmente el precio de ésta y no del diésel, por el poco peso que tiene este último.

Sin embargo, dice, el aumento del diésel tiene un efecto múltiple. La principal consecuencia en la economía es en aquellos sectores productivos que usan el combustible para la producción, como los agricultores que utilizan tractores; los pescadores, que usan motores; la explotación forestal; la marina de cabotaje, y el transporte en todas sus modalidades.

El especialista considera que las ventas al consumo se pueden ver afectadas en el precio último del producto, ya que todas las mercancías se tienen que mover de un lugar a otro. Aun la marina de cabotaje, que registra un costo menor en cuanto a traslados, tendrá aumentos; no se diga el transporte terrestre que es mucho más caro.

Cartera vencida

José Trinidad Martínez Pasalagua, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Urbanos y Suburbanos de la República, dice que el 70 por ciento de los transportistas en el país cayeron en cartera vencida al no poder pagar los créditos contratados. Desde hace tres años, el constante incremento en los precios del diésel les impide cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad, por cubrir el costo diario del combustible.

Explica que, para sacar créditos, los transportistas dejaron en garantía sus casas y hoy las están perdiendo. “Las agencias no recogen los vehículos, se van sobre los bienes empeñados”.

A decir de Martínez Pasalagua, los transportistas no sólo cubren el incremento en el precio del combustible, además tienen que absorber los subsidios que se dan a estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad.

Agrega que, en caso de que el costo del diésel suba más, todos los productos de la canasta básica aumentarán de precio. Es una cadena productiva en la cual va todo amarrado y hay incrementos en todo aquello que utiliza el ciudadano. El transporte a nivel nacional es la columna vertebral.

Más caro que en Estados Unidos

De acuerdo con el Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diésel en México, 2007-2009, estos combustibles registraron un incremento constante entre diciembre de 2005 y diciembre de 2008. La gasolina Premium pasó de 7.66 a 9.57 pesos por litro (25 por ciento); la gasolina Magna Sin, de 6.49 a 7.62 pesos (17.41 por ciento); el diésel, de 5.33 a 7.13 pesos por litro (33.77 por ciento).

Durante el periodo de diciembre de 2005 al mismo mes en 2007, el precio de la gasolina Premium incrementó 13.97 por ciento; Magna Sin en 8.01 por ciento, y el diésel en 11.2 por ciento.

El estudio realizado por el SIA señala que el aumento en los precios de las gasolinas generó un efecto de sustitución en el consumo; es decir, como la gasolina Magna Sin es un sustituto perfecto de la Premium, la población incrementó la compra del producto más barato.

Entre junio y octubre de 2008, el consumo de la gasolina Magna Sin pasó de 697.4 a 718 mil barriles diarios, mientras que el consumo de la gasolina Premium pasó de 89.7 a 74 mil barriles diarios.

En tanto, mientras en México los precios de la gasolina y el diésel incrementan, en Estados Unidos el costo de los petrolíferos descendió durante el periodo de agosto a diciembre del 2008, coincidiendo con la caída de los precios internacionales del petróleo.

La política de precios instrumentada en México implicaría reducir el precio de la gasolina Premium y Magna hasta igualarlos con los registrados en Estados Unidos.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Departamento de Energía de Estados Unidos, la gasolina Premium registró un precio promedio de 11.49 pesos por litro en julio de 2008 y se redujo a 7.20 pesos en diciembre del mismo año.

En ese mismo periodo, el combustible pasó de 9.04 a 9.57 pesos por litro. En noviembre y diciembre de 2008, la gasolina Premium estuvo 1.46 y 2.37 pesos por litro más cara en México que en Estados Unidos.

En el caso de la gasolina Magna Sin, en Estados Unidos registró un precio promedio de 10.85 pesos por litro en julio de 2008 y se redujo a 6.18 pesos en diciembre; en México, pasó de 7.24 a 7.64 pesos por litro.

Los incrementos en el precio del diésel, motivados por la igualación del precio interno con el externo, aún se justifican, puesto que en diciembre de 2008 se vendió en Estados Unidos en 8.73 pesos por litro y en México en 7.18 pesos. El subsidio que persiste en México es de 1.55 pesos.

En México, las gasolinas y el diésel se producen y ofertan en mercados no competitivos; su provisión corre a cargo de Pemex; como consecuencia, forman parte del conjunto de precios administrados por el gobierno federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determina el precio de los combustibles considerando la inflación esperada. La dependencia autoriza deslizamientos mensuales en el importe de la gasolina y el diésel “para evitar rezagos respecto a los costos de producción, cuotas a la venta final de gasolinas y diésel, y ajustes por los precios internos respecto de los externos”.

De acuerdo con información de la SHCP, el precio de la gasolina Magna Sin y el diésel estuvieron congelados entre el 28 de septiembre y el 31 de diciembre de 2007. A partir del 1 de enero de 2008, el deslizamiento de estos precios se determinó por los ajustes inflacionarios mensuales, por las cuotas a las ventas finales de ambos petrolíferos y la igualación de los precios de México con los de Estados Unidos para corregir el subsidio que favorece a los consumidores locales.

Sector en problemas

Miguel Enrique Pratx Murillo, presidente de la Federación de Volteo de Tabasco, sostiene que el alza en el precio del combustible reduce al mínimo el margen de ganancia de los transportistas.

El líder tabasqueño explica que hace ocho años el diésel estaba en 3.60 pesos por litro; la llanta costaba 900 o 1 mil pesos; hoy el combustible está en 7.58 y el neumático en 4 mil o 5 mil pesos. “Nosotros mantenemos las tarifas de 2001. Lo que el gobierno federal quiere es desaparecernos para que los grandes consorcios persistan en el mercado nacional”.

Alberto Ortiz García, representante de la Asociación Minibuses de Saltillo, Coahuila, asegura que cada camión en la entidad (10 mil unidades) gasta entre 165 y 250 pesos más de diésel diario que hace un año. Bajo este esquema, “ninguno de éstos va a subsistir, los transportistas están atrasando sus pagos y llegará un momento en que les retirarán los vehículos”.

Mario Hernández, líder de la Confederación Nacional de Transporte Urbano, considera que en caso de no congelar los precios del diésel, el costo del transporte tendrá que aumentar para cubrir el desfase. Casi el 80 por ciento de la población en México utiliza el transporte público.

A través de una misiva pública, Hernández exhortó al gobierno federal a congelar los precios del diésel, como apoyo a los transportistas y a los ciudadanos de a pie. En caso de no ser escuchados por autoridades respectivas, el sector realizará acciones radicales hasta llegar al paro nacional indefinido.

Fortuna solicitó entrevista con las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Isaac Macip, subdirector de Agenda con Medios, informó que la dependencia no declararía más respecto al alza del combustible, que la postura estaba ya en el boletín emitido el 27 de enero, donde se respaldaba lo anunciado por Felipe Calderón: subir cinco centavos mensuales el precio del diésel. Respecto de la amenaza de un paro de transportistas, el funcionario dijo no tener conocimiento de la noticia.

El boletín de la SHCP dice que a partir del 1 de febrero de 2009 el desliz del costo del diésel se reducirá de cinco centavos semanales a cinco centavos mensuales. “Esto significa una reducción de 75 por ciento en el ritmo de crecimiento del precio del combustible”.

Agrega: “Como resultado de esta medida, los ingresos públicos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación para 2009 disminuirán en cerca de 10 mil millones de pesos. Para cubrir esta disminución, el gobierno federal ahondará su política de austeridad y eficiencia en el gasto público, particularmente en gasto administrativo y de servicios personales”.

Rubén Aguilar, diputado por el Partido del Trabajo, asegura que Felipe Calderón se niega a congelar el precio del diésel con el argumento de que las finanzas públicas se verían seriamente afectadas; sin embargo, dicha justificación no está del todo comprobada. Lo que debe hacer es reducir medidas de la burocracia, abaratar los costos de la capacidad instalada del gobierno y evitar gastos sosos, indica.

Fernando Caballero considera que el gobierno federal no puede arriesgar la planta productiva del país con ese tipo de políticas. “Debe haber recursos de la federación, subejercicios que se puedan aplicar para contener el precio del diésel, con la supervisión del Ejecutivo y del Legislativo para tratar de apoyar a los sectores que están padeciendo situaciones de crisis”.

Impacto

De acuerdo con el análisis realizado por el SIA, el impacto a las finanzas públicas por el subsidio a las gasolinas y el diésel fue de 48 mil 324 millones de pesos en 2007; en 2008, de 192 mil 645 millones de pesos; para 2009, la estimación es de 105 mil 871 millones de pesos.

Los subsidios son asignaciones que el gobierno federal otorga para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, a través de las dependencias a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener los niveles de precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión, cubrir impactos financieros, promover la innovación tecnológica, así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales y de servicios.

Con base en la información contenida en la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2007-2009, el Congreso de la Unión estimó que la recaudación de impuestos por la venta de las gasolinas y diésel serían de 19 mil 189 millones 800 mil pesos en 2007, y de 12 mil 348 millones 300 mil pesos en 2008.

En las estimaciones realizadas por el Congreso de la Unión al inicio del ejercicio fiscal, en los años 2007 y 2008 no contemplaron una transferencia para el consumo de gasolina y diésel, por el contrario, se esperaba una recaudación de este impuesto.

Fuente: Revista Fortuna | No. 73 | 15 de febrero de 2009 | México

Legisladores entregan la obtención de electricidad a través de energías renovables a particulares; CFE y LFC están obligados a comprar y distribuir el excedente de la corriente generada, de acuerdo con la nueva Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. El nuevo cuerpo normativo es contrario al artículo 27 constitucional, dice Antonio Almanza, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El poner en manos de particulares la facultad exclusiva para utilizar las nuevas fuentes de generación eléctrica violenta el artículo 27 constitucional, considera Antonio Almanza, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC) se le entrega sólo la potestad de distribución del excedente.

Almanza dice que la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética es la continuación de las reformas “salinistas” que permitieron la entrada a empresas privadas en la generación de energía eléctrica, con la Ley del Servicio Público de Electricidad en 1992.

De acuerdo con la nueva Ley, los generadores sólo pueden ser personas físicas de nacionalidad mexicana o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, que generen electricidad a partir de energías renovables.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo sexto, establece: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.

En esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

El 20 de octubre de 2008, junto con otros seis dictámenes sobre la reforma energética, se aprobó el Decreto por el que se Expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Según la exposición de motivos, el cuerpo normativo tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Además, de establecer los mecanismos para que la generación de electricidad se realice de manera compatible con la realidad social y ambiental de México, al determinar las modalidades de participación de los sectores público y privado, así como los instrumentos regulatorios y de financiamiento que permitirán el aprovechamiento de las energías renovables.

Antonio Almanza dice que no está en contra de que particulares utilicen nuevas fuentes de energía renovable para satisfacer sus propias necesidades de electricidad; pero se opone a la mala interpretación de la Ley, para permitir que empresas privadas continúen lucrando con la electricidad, transformándola en un negocio. Agrega que el párrafo sexto del artículo 27 es claro, los privados no pueden tener concesiones para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.

Sin embargo, desde 1983 se realizaron reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que han minado la Constitución. En 1992, se realizó una cirugía mayor a la citada Ley: en su artículo 3, se dispuso que la generación de energía eléctrica no siempre se consideraba de servicio público, además se facultó a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía (Sener) para otorgar permisos a particulares para el autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente para su venta a la CFE, así como para la exportación e importación derivada o destinada a usos propios.

Más ganancias para los privados

El legislador, emanado del Partido de la Revolución Democrática, explica que, entre 1997 y 2001, la CFE firmó 15 contratos con inversionistas privados, denominados productores independientes de energía, con la obligatoriedad gubernamental de pagar a estos productores independientes 4 mil 588 millones de dólares, al tipo de cambio de 11.20 pesos por 1 dólar, la suma de 51 mil 386 millones de pesos.

Agrega que el crecimiento del sector privado en la generación de energía eléctrica supera al de la paraestatal, creada para tal efecto. En septiembre de 2006 ya operaban 18 centrales generadoras, con capacidad de 8 mil 771 megawatts; en 2007 eran 20 plantas.

En el periodo de 2001-2006, la CFE sólo incrementó su capacidad de generar poco más de 1 mil megawatts; los particulares, 9 mil megawatts.

A decir de Almanza, la generación de electricidad por parte de los productores independientes, autoabastecedores y cogeneradores particulares, representa cerca del 30 por ciento de la generación total nacional. Su capacidad instalada es de una cuarta parte en comparación con la capacidad de CFE y LFC.

“No se justifica la participación privada en el sector eléctrico, so pretexto de acceder a electricidad de calidad y a precios accesibles. La electricidad se convirtió poco a poco en un gran negocio en detrimento de los propios consumidores”, explica.

La nueva Ley

De acuerdo con la Ley, se consideran energías renovables cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y son el viento; la radiación solar, en todas sus formas; el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; la energía oceánica en sus distintas formas, maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; el calor de los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos.

La Sener promoverá acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías renovables, facilitará el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes energéticas y promoverá la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines.

El dictamen plantea que los minerales radiactivos para generar energía nuclear, la energía hidráulica con capacidad de generación mayor a 30 megawatts, residuos industriales o de cualquier tipo cuando sean incinerados o reciban algún tipo de tratamiento térmico y los rellenos sanitarios que incumplan con la normatividad ambiental no serán consideradas como fuentes renovables de energía.

Con la promulgación de la Ley, se faculta a la Sener para crear y coordinar el Programa para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Consejo Consultivo para las Energías Renovables. Además, la Comisión Reguladora de Energía expedirá los lineamientos y normas de carácter administrativo relativas a la generación e intercambio de electricidad a partir de energías renovables.

También se detallan los mecanismos para el pago de las contraprestaciones que se otorgarán a los generadores de electricidad a partir de energías renovables. Y propone que los proyectos de generación de electricidad de energías renovables, con una capacidad mayor de 2.5 megawatss, procurarán asegurar la participación de las comunidades locales y regionales.

Dentro del capítulo cuarto de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se prevé que a través de dicho programa se impulsarán políticas, programas, acciones e incentivarán proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias; se promoverá la eficiencia y sustentabilidad energéticas, y se reducirá la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

Además, se crea el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con el fin de asegurar que la transición se realice mediante el apoyo de mecanismos de financiamiento que estarán destinados a proyectos estructurados, presentados, evaluados y aprobados, con base en los lineamientos expedidos por el Comité Técnico.

Fondo para la Transición

El Comité del Fondo estará integrado por representantes de las secretarías de Energía (que lo presidirá), de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Además, con el propósito de potenciar el financiamiento disponible para la transición energética, el Comité Técnico podrá acordar que con cargo al fondo se utilicen recursos no recuperables para el otorgamiento de garantías de crédito u otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que cumplan con el objeto de la estrategia.

El artículo 11 transitorio estipula que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se destinarán 3 mil millones de pesos para dicho fondo. Antes del 30 de junio de 2009, la Secretaría de Hacienda consolidará la información sobre las provisiones de recursos del sector público incluidas en el presupuesto anual.

En los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, el monto propuesto en los presupuestos será nuevamente de 3 mil millones de pesos, respectivamente.

Servicio público

Antonio Almanza considera que el desempeño del sector eléctrico, desde la creación de la CFE y de LFC, responde a los requerimientos del desarrollo y ha logrado construir un sistema eléctrico nacional, cuya cobertura se extiende por todo el territorio: cubre el 96 por ciento de la población. Se han podido establecer tarifas diferenciadas para la agricultura, la industria, el comercio y los servicios, de acuerdo con las modalidades que dicta el interés nacional.

Para el legislador perredista, el desmedido incremento en las tarifas eléctricas y aumento en las protestas por los costos de la luz están relacionados con la privatización de la generación eléctrica. Las empresas privadas buscan recuperar de manera rápida su inversión.

Los inversionistas recurren a la generación a base de plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural como materia prima.

Agrega que durante los últimos cuatro sexenios se privilegió el uso de gas natural como energético primario, esta decisión estratégica llevó a que ahora México dependa de un combustible, importado, que triplicó su precio en este periodo.

“Es completamente inmoral que un país como el nuestro, que cada día está más lejos de la seguridad y la soberanía alimentaria, ponga a competir en la demanda de alimentos a máquinas con seres humanos. Más aún cuando se cuenta con un excedente del 40 por ciento de la capacidad de generación de energía eléctrica”, dice el legislador.

Ante la supuesta carencia de tecnología de punta, equipo adecuado, instalaciones y personal para la atención de sus derechohabientes, el IMSS eroga cada año millones de pesos para cubrir servicios subrogados a particulares. Tan sólo en 2006, la dependencia pagó más de 9.6 mil millones de pesos, documenta la ASF; sin embargo, en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Instituto sólo se acreditan contratos por 149 millones de pesos.

En la revisión de la cuenta pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) erogó 9 mil 629 millones 694 mil pesos por concepto de subrogación de los servicios médicos integrales. De acuerdo con el órgano de fiscalización, se observaron trabajos con evidencia inadecuada y operaciones que por su naturaleza no se pueden considerar servicios.

El ente fiscalizador determinó revisar la partida de los servicios médicos subrogados por constituir un área de riesgo por el volumen del gasto, dispersión de las operaciones y deficiencias determinadas, además del impacto que dicho sistema tiene en la población derechohabiente.

La Auditoría tenía el antecedente de que en la cuenta pública de 2000 detectó subcontrataciones de servicios por parte de los prestadores contratados por el IMSS, sin dar por enterado a este último; así como hospitales que incumplieron con las condiciones técnicas y de calidad estipuladas en los contratos signados entre la dependencia y los prestadores del servicio.

Peregrino García, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, considera que cuando el IMSS contrata servicios en el mercado, éstos se encarecen: resultan onerosos para las de por sí “pobres” arcas del Instituto.

A decir del legislador, la dependencia podría invertir lo que gasta en subrogaciones de servicios en la compra de equipo necesario y la capacitación de su personal, para que ellos sean quienes realicen el servicio y se abaraten los costos.

“Se está comprando a precio de mercado, que hace que los servicios sean más caros, por lo que sugiero mayor inversión para atención de los derechohabientes. El IMSS se tiene que hacer de toda la infraestructura necesaria, más hospitales, equipo, personal, etcétera”, dice el diputado.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del Instituto, en 2006 éste sólo subrogó servicios médicos por 149 millones 963 mil 334 pesos, que corresponden a 923 contratos signados en 27 delegaciones estatales.

Las delegaciones donde se erogaron más recursos en este rubro fueron: Guanajuato, con una inversión de 36 millones 84 mil 563 pesos; Distrito Federal Sur, 17 millones 102 mil 276 pesos; Quintana Roo, 12 millones 875 mil 609 pesos; Chihuahua, 10 millones 301 mil 444 pesos, y Estado de México Oriente, 6 millones 605 mil 105 pesos.

Por los montos, los contratos más significativos fueron firmados con: Sanatorio y Servicios Médicos Obregón, por 14 millones 999 mil pesos, de la delegación Distrito Federal Sur; Gustavo Adolfo Álvarez Rodríguez, por 7 millones 654 mil pesos, de Quintana Roo; Corporativo de Beneficios y Medicina Plena, por 4 millones 499 mil pesos, de Guanajuato; Baxter, por 4 millones 363 mil pesos, de Chihuahua; Laboratorio Química Humana, por 3 millones 780 mil pesos, del Estado de México Oriente, y Vitelmex Internacional, por 3 millones 737 mil pesos, del Distrito Federal Norte.

En su comparecencia ante diputados de la Comisión de Seguridad Social, el 30 de octubre pasado, Juan Francisco Molinar Horcasitas, director general del IMSS, dijo que se subrogan sólo aquellos servicios médicos que el Instituto no tiene la capacidad de atender y se da sólo de manera complementaria.

Agregó que en 2007 se subrogaron cerca de 240 millones de pesos en servicios, principalmente de hospitalización, auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, porque no se cuenta en muchos casos con el equipo o la capacidad para responder de manera rápida a nuestros derechohabientes.

En 2005, Fernando Flores, entonces director general del Instituto, propuso al Congreso de la Unión subrogar los servicios de todo el segundo nivel de atención, y un sistema de “Copago” en el tercer nivel, argumentando que no había recursos para atender estos niveles.

Desde el 21 de octubre pasado, Contralínea solicitó entrevista en el IMSS, a través de la jefa de Sala de Prensa, Consuelo Aguilar, para que se aclararan los montos registrados entre la ASF y el Portal de Obligaciones de Transparencia, y las observaciones hechas por la primera. El 24 de noviembre, Claudia Medina informó que no había respuesta a la petición porque los funcionarios estaban muy ocupados.

Subrogaciones en 2008

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, del 1 de enero al 11 de noviembre de 2008, el IMSS subrogó servicios por un monto de 134 millones 54 mil pesos. La empresa más beneficiada es Fresenius Medical Care de México, quien tiene un contrato por 33 millones 90 mil pesos.

Según la página electrónica de Fresenius, ésta ofrece “un futuro con la mejor calidad de vida a los pacientes con insuficiencia renal crónica, gracias a innovadores tratamientos y tecnología en diálisis”. De 2002 a la fecha, la compañía de capital extranjero recibió contratos con el IMSS por un monto superior a los 1 mil 658 millones 475 mil pesos.

Le siguen: Médica Ideas, que obtuvo un contrato por 21 millones 206 mil pesos en Guanajuato; el Centro Integral de Nefrología Norte, 13 millones 129 mil pesos, y el Centro de Asistencia Renal, por 8 millones 29 mil pesos, en el Estado de México; Instrumentos y Equipo Falcón, por 8 millones 829 mil pesos en Nuevo León.

En 2008, Impromed tiene un contrato por 3 millones 185 mil pesos, en la delegación de Zacatecas. Según el portal de Compranet, dicha empresa obtuvo contratos con el IMSS por 2 mil 3 millones 717 mil pesos, de 2002 a 2008. Tan sólo en este último año se signó una transacción por 1 mil 16 millones 357 mil pesos.

De acuerdo con el portal electrónico de Impromed, ésta comienza actividades en 1992 en Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes, y principalmente ofrece servicios de comercialización, distribución y venta de insumos para la salud, reactivos de laboratorio, material de diagnóstico, accesorios para radiología, así como material de curación.

Muerte en un nosocomio particular

En los resultados de la cuenta pública 2006, la ASF indica que respecto a las 349 cirugías contratadas, de un total de 60 facturas pagadas por la delegación Norte, con importe de 6 millones 122 mil pesos, en 15 de ellas, por 97 mil pesos, no se localizó evidencia que justifique la realización de procedimientos adicionales a la cirugía solicitada por el IMSS ni que dichos procedimientos fueron efectuados al paciente.

Además, no se obtuvo evidencia que justifique un pago por 155 mil pesos correspondiente a la estancia de un paciente en la unidad de terapia intensiva, servicio que no estaba contemplado en el contrato. Cabe mencionar que la solicitud de subrogación de servicios no cuenta con ninguna referencia del diagnóstico del paciente que originara el envío a un hospital privado.

El Comité determinó responsabilidad del hospital subrogado por el mal manejo del paciente, básicamente por haber realizado un procedimiento distinto al solicitado por el IMSS, y que el costo de las complicaciones debió de ser cubierto por el nosocomio particular.

El Instituto no proporcionó evidencia de las acciones realizadas para dar atención a las deficiencias determinadas por el Comité de Calidad, respecto del servicio proporcionado en la unidad de terapia intensiva del hospital subrogado ni de las acciones adoptadas a favor de los familiares del paciente por el hecho ocurrido.

Inconsistencias

La ASF observó que la delegación Norte en el Distrito Federal subrogó el servicio de hemodiálisis en 2005 y recibió la asistencia en la misma fecha; sin embargo, el pago, por 5 millones 510 mil pesos, se efectuó en diciembre de 2006, ya que el gasto se reconoció en la contabilidad del presupuesto de aquel año, lo que origina que las cifras de este último no sean confiables.

De acuerdo con la Auditoría, el desfase presupuestal se originó porque en 2005 la delegación careció de presupuesto para enfrentar el compromiso, derivado de la desconcentración financiera y funcional de que fue objeto la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, que atendía a los pacientes referidos por las unidades médicas de la delegación.

El Hospital de La Raza tuvo que prestar el servicio de hemodiálisis a una población de pacientes en estado de insuficiencia renal crónica en fase terminal, sin contar con el equipo, la infraestructura y los recursos humanos calificados, razones por las cuales se subrogó el servicio.

En el análisis de 10 contratos, por un monto de 47 millones 632 mil pesos de la delegación Morelos, se determinó que en el contrato abierto D65045, celebrado con la Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, correspondiente al servicio de ultrasonido para el cálculo del lente intraocular e incluido el lente, del importe contratado por 703 mil pesos, en el ejercicio fiscal de 2006, sólo se ejerció 6 mil 900 pesos, es decir, 0.9 por ciento del total.

El 25 de octubre de 2006, la Jefatura de Servicios Administrativos de la delegación cerró el contrato al mínimo pactado, por 281 mil 500 pesos, al no ejercerse al cierre de 2006 se difirió para el ejercicio fiscal de 2007; sin embargo, la dependencia no justificó los motivos por los cuales se presupuestaron servicios que no se utilizaron.

En la revisión al Hospital General de Zona número 1, adscrito a la delegación Hidalgo, se determinó que la subrogación del servicio de estudios de mamografía tiene su origen en los problemas de funcionamiento del mastógrafo marca Fischer, instalado en el nosocomio desde abril de 2004 y adquirido mediante adjudicación directa. Por el costo de los aparatos (98 millones 536 mil pesos), la operación debió estar sujeta a licitación pública.

De los 29 meses transcurridos, desde su instalación y hasta la fecha de la revisión, el mastógrafo sólo funcionó ocho meses de forma interrumpida. La delegación de Hidalgo dio a conocer la problemática a la división de Apoyo Logístico y Distribución, mediante escrito 13-01-83-73-1110/265/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, para que fuesen reparadas las anomalías que presentaba el equipo.

La citada división, mediante el oficio 0990011510001482/1329 de fecha 20 de abril de 2005, solicitó al proveedor, Instrumentation Techonologies de México, la sustitución inmediata de los equipos adquiridos, de conformidad con el clausulado del contrato 2003-B80164-0011; sin embargo, la petición no fue atendida.

La compra de dicho mastógrafo involucró la adquisición de 16 aparatos más, con valor unitario de 562 mil dólares (que a un tipo de cambio de 10.95 pesos por dólar, equivale a 6 millones 158 mil pesos por cada uno), que se instalaron en las delegaciones de Yucatán, Puebla, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

La División solicitó a la Coordinación Normativa Contenciosa y a la División de Asuntos Especiales, ambos de oficinas centrales, así como a la Jefatura de Servicios Jurídicos de la delegación Sur, tramitar la aplicación de la fianza por incumplimiento en la garantía del equipo de parte del proveedor, equivalente a 899 mil 817 dólares (9 millones 853 mil 6 pesos a un tipo de cambio de 10.95 pesos por dólar), que representa el 10 por ciento del valor de la compra.

Sin embargo, la ASF considera que dicha reclamación resultaría improcedente en virtud del escrito presentado por el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la delegación Sur del Distrito Federal, en el cual la compañía Afianzadora SOFIMEX señala que, al haberse reparado el mastógrafo, después de que el proveedor acudió a repararlo, queda sin materia la reclamación interpuesta.

En relación con la prestación de servicios de diagnósticos de laboratorio, la Auditoría comprobó que por la falta de contrato el Hospital General de Zona número 71 de Chalco, de la delegación Estado de México Oriente, no generó el pago de facturas por 361 mil pesos ni exhibió evidencia del registro del pasivo en su contabilidad, en el ejercicio en revisión, a pesar de que el servicio ya fue recibido y registrado como gasto del ejercicio fiscal de 2006.

Sin mecanismos de control

En la cuenta pública 2005, la ASF detectó irregularidades en recetas que justificaron salidas de medicamentos con dosis diferentes a las prescritas; expedientes clínicos que no presentan la dosis prescrita o el nombre del médico que mandó la medicina; recetas en donde su salida no está relacionada con un diagnóstico dentro del expediente clínico, lo que repercute en el abasto oportuno y suficiente a la derechohabiencia y su significativo impacto financiero.

En la revisión a la cuenta pública 2006, la Auditoría observó que el Instituto carece de las pruebas de cumplimiento de control interno, entre otras causas, por la falta de llenado en las recetas de datos que forman parte de los requisitos a cumplir, como la cantidad suministrada, clave y fecha; y por el inadecuado manejo y control de recetarios.

La Auditoría detectó que en las bases de datos de los hospitales de Especialidades y de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y la Unidad de Medicina Familiar sólo registran el número de receta, fecha, clave, cantidad suministrada y matrícula del médico que prescribió, sin incluir el número de afiliación del derechohabiente que permita identificar a quién le fueron suministrados los medicamentos y llegar al diagnóstico que justifique el suministro.

De las 2 mil 471 recetas que la ASF analizó, 970 presentan irregularidades: notas sin firma y nombre del médico que prescribió el medicamento; otras sin clave ni cantidad suministrada; algunas firmas del médico que prescribe no coinciden con las reflejadas en la libreta de control de recetarios; sin fechas o con doble fecha; así como emisión de dos recetas consecutivas al mismo derechohabiente de la misma clave de medicamento.

Además, recetas de un mismo médico que presentan diferente firma; notas que no cuentan con el domicilio particular ni número telefónico del derechohabiente al reverso, y sin cédula profesional del médico que la emite.

El Hospital General de Zona 1 A Venados no registró blocs que ampararon 200 recetas, que, conforme al consecutivo, sí existen. En la Unidad Médica Familiar número 15 se desconoce el destino que se le dio a 202 recetarios que aparecen en su libreta; el nombre y la matrícula del médico que recibió el recetario no corresponden con los datos que aparecen en algunas de las recetas que conforman el bloc recibido. El intervalo entre la fecha de recepción y devolución del recetario no corresponde con la fecha de emisión de algunas recetas del médico que recibió el bloc, ya que fueron posteriores a la devolución del bloc.

Además, la ASF observó que un mismo médico recibió, en el mismo día, de dos hasta cuatro blocs. Se entregaron blocs de recetas expedidas por médicos que no se encontraban en el catálogo de médicos autorizados para emitir recetas. Se entregaron varios blocs de recetarios a un mismo médico y las recetas que amparan tales blocs expedidas y firmadas por otro médico. Dentro del control de recetarios no se cuenta con la firma ni fecha de devolución del bloc utilizado.

La Auditoría seleccionó una muestra de 202 expedientes clínicos para verificar que los consumos de medicamentos reportados se justificaran. Al Hospital General de Zona 1 A Venados se solicitaron 45 expedientes, de los cuales no entregó 16.

En 21 casos se detectaron irregularidades. No se localizaron dentro de los expedientes clínicos (electrónicos y manuales) las notas médicas relacionadas con los medicamentos prescritos en las recetas revisadas; el suministro de la clave 5432 (Filgastrim) se dio mediante receta individual mientras que el paciente, de acuerdo con lo que muestra el expediente clínico, se encontraba hospitalizado, por lo que el suministro debió formar parte de las dotaciones autorizadas al servicio.

Además, el médico que diagnosticó el medicamento prescrito en la receta no es el mismo que la firmó; la nota médica de la fecha que corresponde con la receta no especifica nombre y firma del médico que atendió al paciente ni el medicamento prescrito. El medicamento prescrito no corresponde con el de la receta. En seis casos, la cantidad de medicamentos prescritos excede la prescripción razonada.

Compras emergentes

En relación con las compras efectuadas por el Hospital General de Zona 1 A Venados, se determinó que en tres casos no se justificó la compra por 51 mil pesos, al no contarse con la negativa de suministro del almacén delegacional.

Por lo que respecta a las compras emergentes o por paciente especifico que realizó la UMF número 15, por 106 mil pesos, se determinó que en dos de los casos, por un monto de 42 mil pesos, la unidad, antes de realizar la compra, contaba con suficientes existencias para abastecer sus necesidades, las cuales pasaron a formar parte de las existencias finales del ejercicio de 2006.

Además, se detectaron irregularidades en las recetas manuales que justificaban la compra: carecían de fecha, cantidad y nombre del médico, alteraciones en fechas (doble fechas, sobrescritas), fechas posteriores o anteriores a la compra hasta por dos meses, falta de prescripción del medicamento otorgado, surtimiento doble a pacientes y justificación del gasto erogado con atraso de cuatro meses.

Se auditó una muestra de 1 millón 145 mil pesos, por concepto de compras emergentes. La documentación que soporta la justificación y entrega del medicamento al derechohabiente o utilización en el servicio, solicitada a la UMAE Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, al término de la auditoría (diciembre de 2007) no fue proporcionada. Por ello, la ASF presume un probable daño al patrimonio del IMSS por un monto de 1 millón 107 mil 906 pesos.

Como resultado del análisis de los documentos correspondientes al inventario físico de bienes terapéuticos de 2006, proporcionados por el Hospital General Regional número 1 doctor Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, se determinaron diferencias de más, por 5 mil 214 piezas con importe de 796 mil pesos, y diferencias de menos, por 10 mil 860 piezas con un importe de 438 mil pesos, que se hicieron constar en el acta administrativa de fecha 27 de noviembre de 2006.

Cita para 2011

“Fui con el médico familiar –dice Miguel–; me sentía mal, traía la presión arterial ‘muy alta’ (220 por 185). Me mandaron a hacer electrocardiogramas y radiografías; la atención fue muy buena”.

Miguel es desempleado, tiene 61 años y desde hace algunas décadas le diagnosticaron hipertensión. Gracias a su hija menor tiene seguridad social, la cual nunca utilizó.

Explica que una semana después de su primera cita lo mandaron con el cardiólogo, al Hospital Regional 110. Ya en el nosocomio, el médico le comentó que necesitaba realizarse un ecocardiograma Dopler a color, y que ahí las citas tardan más de un año.

La cardióloga le sugirió que se realizara el estudio en un laboratorio privado, que regresara al siguiente día para que le diera la orden que tendría que entregar al médico particular. Sin empleo y con una familia que mantener, con esfuerzo Miguel acudió al laboratorio privado para hacerse el ecocardiograma. Ahí le informaron que el estudio tenía un costo de 1 mil 840 pesos más el Impuesto al Valor Agregado.

Una semana después, regresó con la doctora para decirle que el estudio quedaba fuera de su presupuesto, que le extendiera el pase interno. “La cardióloga me dijo que esperara a la siguiente cita –un mes y medio después– para darme la orden y me hiciera el examen de laboratorio”. Miguel prefiere omitir el nombre de la médico, pues tiene un proceso administrativo abierto en su contra.

El 24 de septiembre pasado, el señor, quien seguía con malestar físico, recibió el pase de laboratorio y empezó a gestionar los trámites para que le hicieran en el IMSS el estudio, validación de derechos e ir a la dirección para la autorización. Ya en la dirección del Hospital General 110 le programaron la cita para 2011.

“En ese momento no me cayó el veinte. Después me di cuenta que no era justo un plazo tan largo, no se trataba de un malestar sencillo, es un problema cardiológico y el médico tratante necesita los exámenes para dar un diagnóstico certero, dar medicamento acorde con el padecimiento, un tratamiento o si era necesaria una cirugía”, dice.

El 3 de octubre, Miguel presentó un queja administrativa e informó su caso ante los medios locales de Jalisco, de donde es originario. Cinco días después, funcionarios de la delegación le hablaron para que se presentara el 9 de octubre a las nueve de la mañana para una cita; el delegado instruyó para que le realizaran los exámenes necesarios; ese mismo día le estaban haciendo el ecocardiograma.

En el lapso que esperó su segunda cita con la cardióloga, Miguel realizó una solicitud de información donde pedía el número de aparatos Dopler a color con los que contaba la delegación de Jalisco. Le respondieron que había dos y ninguno de éstos estaba descompuesto; que en 2006 se realizaron 7 mil 959 estudios; 2007, 9 mil 533; en el primer semestre de 2008, 1 mil 431, es decir, 15 por ciento respecto al año anterior.

“Cualquiera que entiende de estadísticas poblacionales sabe que éstas van a la alza. Como un pronóstico, al finalizar 2008 se estaría hablando de más de 11 mil estudios; sin embargo, la información entregada dice que en el primer semestre de 2008 llevan 1 mil 431. Eso deja ver que los enfermos que requieren ese tipo de estudios están sanando milagrosamente o el IMSS está mandando a hacer los estudios a laboratorios privados, asumiendo el derechohabiente el costo”, dice Miguel. (YT)

Las siete escalas Singlar funcionan en números rojos, pues representan un gasto para la hacienda pública superior a los 866 mil pesos mensuales. El gobierno de Calderón proyecta gastar 600 millones en este año en un proyecto fracasado.

Guaymas, Sonora. Un olor pestilente cubre la atmósfera: mezcla de pescado putrefacto, aceite quemado y agua estancada; bolsas de plástico, envases de refresco. Enormes bolas de grasa amarillenta flotan en las aguas verdes de la Bahía de Guaymas, donde se ubica la escala náutica Singlar, propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Asentada entre sardineras y el muelle de atraque de los barcos camaroneros –donde hasta hace tres años se encontraba el cine Terrazas–, la marina tuvo un costo superior a los 269 millones de pesos. Es una de las cuatro escalas proyectadas para Sonora (Bahía de Kino, Huatabampo, Guaymas y Puerto Peñasco) dentro del proyecto turístico Mar de Cortés.

Desde la explanada de la escala se puede apreciar media decena de embarcaciones ya oxidadas, una de éstas cubierta casi en su totalidad por agua. Sobre la calle principal de Guaymas, rumbo a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, se ve cómo varios barcos camaroneros tiran sus desechos al mar.

La marina cuenta con 21 espacios de atraque, de los cuales sólo cuatro están ocupados. En temporada alta llega a tener un tráfico de embarcaciones que no supera el 50 por ciento de su capacidad, dice Miguel Ángel Camarena Colmenares, supervisor de la escala.

En una primera etapa, Fonatur invirtió 67 millones de pesos para realizar el relleno de 4.5 hectáreas de la bahía, donde se proyectaba construir centros comerciales, hoteles, casinos, atracadero para 110 yates y otras embarcaciones turísticas. Hoy, la marina sólo tiene ocho locales comerciales, una estación de combustible, que todavía no está en funcionamiento;; estacionamiento, bar y restaurante; área de servicio.

Esta última cuenta con sanitarios hediondos, que evidencian las fallas en el drenaje; una enfermería, aún sin concesionar; lavandería; regaderas; vestidores, y lockers. Además, un jacuzzi y carril de nado, que a dos años de su inauguración se encuentran estropeados y fuera de servicio.

El supervisor de la marina asegura que todo está en funcionamiento, excepto la enfermería; sin embargo, el área de esparcimiento, donde se encuentra el jacuzzi y el carril de nado, está cerrada al público. Ambos tienen agua a la mitad de su capacidad. También se encuentra sucia y pestilente.

Los clientes se quejan

La escala se encuentra a un lado de las purineras (fábrica para hacer harina de pescado) que no cuentan con un sistema adecuado para deshacerse de sus desechos.

Camarena Colmenares expone que debido al mal olor que se percibe en la marina, los clientes se quejan, tanto de la fetidez, como de la basura y la grasa que invaden el muelle. “Llegan manchones de grasa de las sardinas que se pegan a los barcos y terminan por ensuciarlos. Aunque se limpia dos veces al día el área de la marina: encontramos bolsas de plástico, botes, aceites, toda la basura que tiene el agua de la bahía se acumula aquí”, dice.

Para el funcionario federal resulta difícil encontrar un equilibrio entre lo turístico y lo industrial, por lo cual se debe dar un reordenamiento en la zona, conocida como la bahía de Guaymas.

Explica que el aceite es “muy notable y escandaloso” en el mar, un litro abarca casi un metro cuadrado de superficie. Agrega que hace un mes, un barco descargó sus sentinas (desechos acumulados), lo que provocó que la marina se llenara de diésel.

A decir del supervisor, hay mucha contaminación dentro de la escala debido a que cortaron el acceso a la bahía; ello, detalla, impide la circulación del agua. “Entra el agua, pero muy poca sale, casi no se mueve”.

Aunque Camarena Colmenares argumenta que hace cuatro años le dieron tratamiento a la bahía, para mejorar el ambiente, el hedor persiste. Agrega que el fango que rodea a la escala es consecuencia de las empresas sardineras.

Todo en renta

La marina cuenta con ocho locales comerciales para renta. “Es el único lugar turístico que tiene Guaymas, para que tanto los visitantes como los lugareños se distraigan”, dice un comerciante del lugar.

Camarena Colmenares asegura que en la marina todos los espacios se rentan, incluso el área de la explanada, para que el comerciante que quiera ponga mesas al frente de su local.

El edificio administrativo cuenta con dos niveles, el segundo se arrendó para que se instalara un spa. En poco tiempo también se rentará la planta baja a una inmobiliaria. “Todos quieren rentar aquí: es muy concurrido el lugar”, dice el funcionario.

Sin embargo, en el lugar no se encuentran las embarcaciones proyectadas. Al respecto, el funcionario explica que el tráfico depende de la temporada. En época de calor, los estadunidenses –su principal mercado– no navegan, salen a la mar sólo en temporada de frío.

En septiembre –temporada alta–, la escala tuvo un tráfico naviero que no superó el 50 por ciento, es decir, en promedio se rentaron 10 slips (posiciones de atraque). Los clientes que tiene la marina se quedan alrededor de tres días, se avituallan y se van, según Camarena Colmenares.

Teresa Celis de Grossman, presidenta de la Asociación de Marinas de México, dice que la gente no quiere dejar su barco en la marina de Fonatur porque está muy sucia el agua y es muy común que las naves se llenen de grasa que resulta difícil de quitar.

Para la construcción de la marina, de 2004 a 2006, Fonatur gastó 131 millones 185 mil 632 pesos, de acuerdo con contratos que forman parte del anexo del proyecto turístico. El costo total de la escala, según datos de la dependencia, asciende a 269 millones 526 mil 332 mil pesos.

Marina vacía: Puerto Peñasco

En Puerto Peñasco, Sonora, se ubica otra de las marinas en funcionamiento de Fonatur. La dependencia destinó 56 millones 821 pesos para su construcción. Ésta cuenta con 11 slips, de los cuales sólo cuatro están ocupados, dos de ellos en forma permanente, pese al perfil que asegura la dependencia tienen las escalas de sólo estadía temporal.

El edificio administrativo cuenta con un área de oficinas, baños, regaderas, lockers, vestidores y tres locales vacíos. En la acera de enfrente, se ubica la estación de combustible y el atracadero, donde las embarcaciones tienen agua potable, televisión por cable y teléfono.

De acuerdo con información proporcionada por Fonatur, el costo de operación promedio mensual asciende a 71 mil 937 pesos, y el tráfico de embarcaciones al mes es de alrededor de 80 por ciento.

Sin embargo, el exsupervisor de la marina, Paul Fernando Álvarez Ibarra –quien durante la entrevista aún estaba en funciones–, comenta que la marina tiene poco movimiento como resultado del escaso tráfico naviero que tiene Puerto Peñasco.

Al lado de la escala náutica Singlar se ubica una marina privada con más de 20 posiciones de atraque, ocupadas en su totalidad, con menos beneficios y servicios a los navieros.

Otras escalas

Fortuna solicitó una entrevista con Singlar, hoy Fonatur Operadora Portuaria. La dependencia decidió no concederla, por lo que respondió con una ficha técnica.

De acuerdo con información de Fonatur, obtenida a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, la dependencia cuenta con cinco escalas náuticas más en funcionamiento: Puerto Escondido, La Paz y Santa Rosalía en Baja California Sur; San Felipe en Baja California, y Mazatlán en Sinaloa.

En Puerto Escondido se invirtieron 166 millones de pesos; además, Singlar tiene que pagar a la Administración Portuaria Integral (API) 157 mil pesos mensuales por concepto de contraprestación, establecida en el contrato de cesión parcial de derechos.

El costo por operación de la marina asciende a 278 mil pesos al mes, en tanto, el tráfico mensual es de 11.5 por ciento. Es decir que de sus 13 posiciones de atraque sólo se ocupan 1.4 en promedio.

El precio de atraque por pie varía entre 5.71 pesos diarios, 28 pesos semanales y 120 pesos mensuales. En el supuesto de que los 13 slips se ocuparan con embarcaciones de 140 pies (los de mayor capacidad), con un pago de 120 pesos al mes, Fonatur sólo obtendría 187 mil 200 pesos, lo que representaría 90 mil 800 pesos menos del gasto.

Sin rentabilidad

La inversión en la marina La Paz ascendió a 157 millones de pesos, mientras que el pago a la API mensualmente es de 53 mil pesos. La escala tiene un tráfico promedio al mes de 28 por ciento: sólo 11 de sus 39 posiciones de atraque se ocupan.

El costo de operación de la escala es de aproximadamente 126 mil 997 pesos. En caso de que los 13 slips se ocuparan con embarcaciones de 140 pies, con tarifas de 120 pesos, Fonatur no alcanzaría a cubrir el pago a la API.

En la marina de San Felipe, Fonatur destinó 57 millones de pesos. Su costo promedio mensual de operación es de 80 mil 440 mil pesos. De los 15 espacios de atraque con los que cuenta, sólo 1.5 slips se utilizan al mes, es decir, el 10.6 por ciento.

Para la construcción de la marina en Santa Rosalía se destinaron 88 millones de pesos; además se pagan 107 mil pesos al mes a la API. A esto se suma el costo de operación promedio mensual de 172 mil 250 pesos.

El tráfico promedio mensual de embarcaciones en dicha marina es de 38.5 por ciento de sus 20 posiciones de atraque, es decir, sólo se ocupan siete lugares.

La nula rentabilidad de las marinas también afecta se refleja en el caso de Mazatlán. Fonatur gastó en la construcción de dicha escala 137 millones de pesos. Ésta tiene 20 posiciones de atraque, de las cuales sólo se ocupa el 26.9 por ciento, sólo cinco slips del total.

La dependencia gasta 137 mil 131 pesos, promedio mensual, en la operación de la escala. De acuerdo con información de la Asociación de Marianas de México, la dársena de la mariana no tiene profundidad para que entren embarcaciones.

Para este año el Comité Técnico de Fonatur autorizó 145 millones de pesos para invertir en San Blas, Nayarit; Santa Rosalillita, Baja California, y Topolobambo, Sinaloa.

Fonatur falsea información

Para promocionar las escalas náuticas, Fonatur presentó varios trípticos informativos donde se dan los pormenores de las marinas: ubicación, servicios y comodidades que se ofrecen.

Los folletos indican que en todas las escalas se proporciona el servicio de venta de combustible; sin embargo, en Guaymas las bombas todavía no están en operaciones.

En el tríptico se dice que todas las marinas están dotadas de tienda de avituallamiento; no obstante, las escalas de Puerto Peñasco, La Paz, Santa Rosalía, Puerto Escondido, San Felipe y Mazatlán no cuenta con éstas.

Fonatur menciona que todas las escalas cuentan con el servicio de enfermería; pero, no todas éstas brindan dicho apoyo. También anuncian restaurantes en marinas que no cuentan con el servicio, como la de Puerto Peñasco y La Paz.

Finalidad

Fonatur justifica la construcción de escalas náuticas, donde ya existen marinas, con el argumento de que prestan servicios de apoyo a las embarcaciones en su travesía hacia sitios de interés, brindan los servicios de atraque temporal, venta de combustible y talleres de reparación, para complementar las prestaciones que proporcionan las marinas tradicionales o residenciales que las albergan durante estadías largas o permanentes.

La dependencia explica que con la construcción de la Escalera Náutica se minimiza el impacto ambiental, ya que sus marinas se han instalado en sitios previamente impactados, como recomendaron organizaciones civiles ambientalistas.

El fracaso de las escalas

Fuentes: Fonatur y Singlar

Gasto programado en el resto de las escalas (2008)

Fuente: Fonatur

Inversión total por estado del proyecto Mar de Cortés a diciembre de 2008 (pesos)

 Fuente: Fonatur

Con base en una supuesta resolución de la Suprema Corte, residentes y propietarios del ejido Rodolfo Campodónico fueron desalojados con violencia en junio pasado. Apoyados por policías estatales y municipales, los “nuevos” dueños –quienes aseguran haber “vendido el conflicto” a Ricardo Mazón y Ricardo Bours Castelo– se posesionaron de 493 hectáreas ubicadas frente a una de las zonas de playa más exclusivas de Sonora y del país, cuyo valor supera los 180 millones de dólares.

Caborca, Sonora. Tierra agreste, alejada del glamour que hoy rodea a Puerto Peñasco; enormes extensiones de desierto olvidados por décadas por sus supuestos propietarios toman relevancia por su elevada plusvalía tasada en dólares y el potencial turístico detonado en la zona durante la administración de Eduardo Bours Castelo, el también empresario inmobiliario.

Kilómetros de litoral, bañados con las azules aguas del Golfo de California y cubiertos con tersa arena blanca, son el punto de conflicto entre los residentes y posesionarios del lugar por décadas y los supuestos propietarios, quienes durante años habrían olvidado sus terrenos en la costa norte de Sonora, donde autoridades estatales y empresarios pretenden crear el “Dubai mexicano”.

El pasado 21 de junio, 200 familias, residentes y posesionarias legales del ejido Rodolfo Campodónico –resolución presidencial 1991–, fueron desalojadas con violencia por agentes policiacos estatales y municipales, para dar posesión a la familia Robles Mendoza, que se ostenta como propietaria legítima al apelar a una supuesta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el lugar, desde hace 40 años, viven pescadores humildes con sus familias, luego de que el gobierno federal los dotara de dichos terrenos nacionales para formar un nuevo centro poblacional. Las 3 mil 828 hectáreas que conforman el ejido cuentan con 13 kilómetros de playa, de los cuales la familia Robles Mendoza dicen ser dueña de cuatro.

La franja costera conocida como Bahía San Jorge, único cuerpo certificado en Sonora por su orografía, se ubica frente a la zona más exclusiva del estado, concebida para atraer a los turistas estadunidenses. Allí se localizan los hoteles más importantes del lugar: Mayan Palace y Luna Blanca, así como el aeropuerto internacional de Puerto Peñasco.

Armados con toletes y macanas, los policías destruyeron todo lo que encontraron a su paso; golpearon a ancianos, niños, mujeres y hombres por igual, para dar cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte, que nunca presentaron físicamente.

Desde 2000, los ejidatarios enfrentan un pleito legal con la familia Robles Mendoza, que se atribuye la propiedad de 493 hectáreas del ejido. Se trata de tierras colindantes con la bahía. Con la plusvalía que alcanzaron los terrenos de playa en el estado, se calcula que cada metro cuadrado tiene un valor de 20 dólares, es decir que esa franja valdría poco más de 180 millones de dólares.

En busca de un acuerdo, los representantes ejidales hablaron con los Robles Mendoza, quienes dijeron que ya no podían negociar con ellos, porque habían “vendido el conflicto” a una familia poderosa, económica y políticamente.

Rubén Astorga, presidente del Comisariado Ejidal, expone que Carlos Robles Mendoza, uno de los supuestos dueños, les dijo que las tierras ya las había vendido al hermano del gobernador, Ricardo Bours Castelo, y a las familias Mazón y Parada.

Al frente del gobierno estatal, Eduardo Bours detonó importantes desarrollos turísticos en toda la zona costera de Sonora, particularmente en Puerto Peñasco. A unos cuatro kilómetros de los terrenos en conflicto, pasará uno de los proyectos gubernamentales más significativos y costosos del sexenio: la carretera costera, que se construye de Empalme a Puerto Peñasco.

Tan sólo para el ejercicio fiscal de 2008, el gobierno estatal presupuestó 100 millones de pesos para dicho propósito.

El líder ejidal afirma que ellos se enteraron –por fuentes cercanas a los Robles Mendoza– que entre los proyectos que se buscan construir en el lugar está la Escalera Náutica, hoy Mar de Cortés, que promueve el Fondo Nacional de Fomento al Turismo desde el sexenio de Vicente Fox. La bahía, por su propia formación, es un refugio natural para las embarcaciones.

El origen

El 18 de julio de 1952, un grupo de 37 campesinos de Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, solicitaron al gobierno federal la creación de un nuevo centro de población agrícola. Al no tener tierras que repartir en el Valle del Yaqui, la respuesta de las autoridades fue la entrega de terrenos agrestes en el desierto de Caborca, colindantes con el Golfo de California.

Por resolución presidencial, el 7 de noviembre de 1969, los campesinos fueron dotados de 2 mil 528 hectáreas de territorio nacional; el documento está firmado por el entonces presidente Luis Echeverría. Así nació oficialmente el ejido Rodolfo Campodónico –cuyo nombre fue retomado del de un músico sonorense, famoso por la composición del Vals club verde– el 5 de febrero de 1971.

Como el Campodónico es un ejido ribereño, el 11 de noviembre de 1973 se constituyó la Cooperativa de Producción Pesquera Bahía de San Jorge. En 1975 surgió la inquietud de construir una estanquería de camarón, pero los lugares óptimos para crearla estaban fuera de los terrenos ejidales que serían los pegados al mar.

El 22 de febrero de 1985, los ejidatarios solicitaron una dotación complementaria de terreno. El gobierno federal de Miguel de la Madrid les otorgó 1 mil 300 hectáreas más, el 5 de agosto de 1987. Su publicación ocurrió el 1 de agosto de 1991 en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el cumplimiento a la resolución presidencial ocurrió el 27 de junio de 1999.

Tras la ampliación de territorio, los campesinos solicitaron una ampliación a la composición del ejido, admitiendo a 33 nuevos integrantes para sumar 70 miembros, todos dedicados a la pesca.

En la resolución presidencial se expone que en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Caborca no se encontró inscrita a persona alguna que se ostentara como propietaria de los terrenos, por lo tanto, éstos se consideran baldíos y nacionales, por lo que resultaban afectables en términos del artículo 204 de la entonces vigente Ley Federal de la Reforma Agraria.

El artículo citado dice: “Los terrenos baldíos, nacionales y, en general, los terrenos rústicos pertenecientes a la Federación se destinarán a constituir y ampliar ejidos o a establecer nuevos centros de población ejidal de conformidad con esta Ley. No podrán ser objeto de colonización, enajenación a título oneroso o gratuito ni adquisición por prescripción o información de dominio (…) Queda prohibida la colonización de propiedades privadas”.

No obstante, el 15 de febrero de 1993, en la ciudad de México la Secretaría de la Reforma Agraria expidió un título de propiedad a nombre de Octavio Pedro Pérez Nogales del predio San Francisquito, con una extensión de 1 mil 653 hectáreas de agostadero, firmado por los entonces secretario, Víctor Cervera Pacheco, y subsecretario, Armando López Nogales.

Hay un segundo título de propiedad con fecha del 25 de septiembre, presumiblemente de 2000 (el documento está tachado), del lote 271 del distrito de colonización Altar y Caborca, con una extensión de 1 mil 653 hectáreas, a nombre de Octavio Robles Mendoza, de 30 años de edad, originario de México, Distrito Federal, soltero, comerciante y con domicilio en la colonia Margaritas, en Hermosillo. El escrito está firmado por la delegada del Registro Agrario Nacional de Sonora, Edelmira Girón Domínguez.

Rubén Astorga explica que el primer título salió a nombre de un señor que tenía una salinera, Pedro Octavio Pérez Nogales, que comprendía unas 100 hectáreas fuera del ejido. Los Robles Mendoza argumentan que dichos terrenos fueron vendidos a su padre por Pérez Nogales. “Pero la supuesta dación en pago es de 897 hectáreas y ellos sacan un título de 1 mil 653”.

Astorga asegura que la supuesta dación en pago –a favor Jesús Robles Toyo, administrador de la salinera– se realizó siete años después de que Pérez Nogales muriera.

Atropello “legal”

El 11 de agosto de 2000, un mes antes de la fecha que ostenta el título de propiedad, Carlos, Octavio y Alberto Robles Mendoza y Laura Mendoza de Robles demandaron ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Sonora, con residencia en Nogales, el amparo y protección de la justicia federal, radicado en el expediente 146-2000.

Los denunciantes citan como acto reclamado la ejecución de la resolución presidencial con fecha de 1 de agosto de 1991, en virtud de que afecta terrenos de los cuales se dicen propietarios, así como la desposesión del terreno. El 10 de septiembre de 2002, el juez sobreseyó el juicio de amparo.

Los Robles Mendoza se inconformaron e interpusieron recurso de revisión del que tuvo conocimiento el Primero Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, quien lo registró con el número 393/2002. La resolución, dictada el 1 de diciembre de 2003, revoca la sentencia anterior y concede el amparo y protección para que se deje insubsistente la Resolución Presidencial, únicamente por lo que se refiere al terreno denominado San Francisquito.

El 21 de enero de 2004, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria emitió el oficio 10444, que dice: “En el acatamiento a la ejecutoria en cita, esa dirección ejecutiva a su cargo deberá proveer lo necesario para que se deje insubsistente la resolución presidencial, únicamente en cuanto que incluyen una parte de los terrenos propiedad de los quejosos, amparados con el título de propiedad número 0050422, de fecha 15 de febrero de 1993”.

El expediente se turnó al Tribunal Superior Agrario, que el 1 de abril de 2004 resolvió dejar parcialmente insubsistente de la resolución presidencial.

Despojo

Con tolete en mano y al grito de “llegaron los hijos de Bours, hijos de su chingada madre”, 200 agentes estatales irrumpieron en el ejido, que apenas dos días antes (el 19 de junio) habían tomado por sorpresa los abogados de la familia Robles Mendoza, a la que darían posesión, apoyados por una decena de elementos municipales.

Ante la resistencia de los ejidatarios de dejar sus terrenos en manos de la familia Robles Mendoza, alrededor de las tres de la tarde del 20 de junio llegaron 28 patrullas de la Policía Estatal Investigadora (PEI), “uno de ellos dijo que traían órdenes del gobernador de realizar el desalojo, pero sin mostrar ningún documento oficial”.

La madrugada del 21 de junio, arribaron más elementos a bordo de 20 patrullas –muchos de ellos vestidos de civil, aunque con tolete y escudo de la policía– y se enfrentaron contra los pescadores y sus familias, quienes se aferraban a no ser despojados de lo que por decreto presidencial les pertenece.

Rubén Astorga dice que ellos le pidieron al comandante de la PEI que mostrara el oficio de la Procuraduría de Justicia del Estado, donde se justificara su presencia en el ejido, así como el abuso de violencia que estaban empleando. Sólo recibieron la respuesta de “es orden del de arriba”.

Los policías se posesionaron de la puerta del ejido que está a seis kilómetros del terreno del conflicto, se quedaron junto a la planta donde se procesa almeja.

Astorga dice que, durante el conflicto con los agentes, algunos ejidatarios fueron a Caborca, a unos 30 minutos, en busca de que alguno de los cuatro notarios públicos que hay en el lugar acudiera a dar fe de la agresión que estaban sufriendo. Los funcionarios públicos se negaron.

Durante el mes que estuvieron presentes en el lugar, los elementos tuvieron tiempo de cercar el perímetro en conflicto. Víctor López dice: “Ellos metieron topos en las mismas patrullas y los mismos oficiales de la PEI hicieron los cercos; pero agarraron 86 hectáreas más de las 493 que dicen los Robles son suyas. Cuarenta de las hectáreas son parte del nuevo centro poblacional que nos pertenece desde 1969”.

Fortuna solicitó entrevista con las autoridades estatales sin que a la fecha del cierre se tuviera respuesta.

Pérdidas económicas

Los ejidatarios estuvieron dos semanas sin poder trabajar: pangas y arreos se quedaron en los terrenos de playa de los que fueron desalojados. Además, en el lugar se ubicaban los módulos de cultivo de almeja y venta de ostión.

Víctor Manuel López, secretario del Comisariado Ejidal, explica que la cooperativa tiene permiso de exportación de almeja. Cada semana salen dos embarques –de 80 mil libras– del molusco; su comprador es la empresa estadunidense Ocean Pacific Seattle.

La pesca es el único sustento de las más de 200 familias del Campodónico, además de los empleos indirectos que se generan por la venta del ostión en la playa y la exportación de la almeja.

Los vecinos del ejido constantemente visitan las playas, por lo que los pescadores iniciaron la venta de ostión en la playa de Bahía San Jorge. La casa, construida por los lugareños y donde se comercializa el molusco, fue destruida por los elementos de seguridad pública.

En el momento del desalojo había 5 mil ostiones en el punto de venta, los policías se comieron una parte y el resto lo regalaron entre los vecinos de otros ejidos cercanos. La pieza del molusco tiene un precio de 2 pesos, es decir, que sólo por esa acción, que los ejidatarios califican de “pillaje”, los pescadores tuvieron pérdidas por 10 mil pesos.

Además, en los días que los agentes tuvieron tomados los terrenos, se inició la temporada de jaiba y los ejidatarios no pudieron trabajar, porque no se les entregaron sus utensilios.

Después de un mes de ocurrido el desalojo, los pescadores tuvieron que hacer un nuevo acceso a la playa para poder trabajar. En ese lapso, la planta procesadora de almeja estuvo parada.

Resolución de la Corte

Astorga explica que los abogados de los Robles Mendoza argumentaron a los ejidatarios que tenían que complementar una resolución de la SCJN y poner en posesión a los supuestos legítimos propietarios, acto que tenía que ocurrir entre el 18 y 19 de junio; sin embargo, no presentaron ningún documento que avalara lo dicho.

De acuerdo con la página electrónica de la Suprema Corte, sólo existe un expediente del Campodónico identificado con el número 00280/2008-00, que el 22 de abril de 2008 se turnó al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

La resolución se expidió el 25 de junio de este mismo año y dice: “Devuélvanse los autos del juicio de amparo al juez de distrito del conocimiento, para los efectos precisados en la resolución, queda sin efectos el dictamen emitido el 3 de marzo de 2008, por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y civil del quinto circuito, dentro del incidente de inejecución de sentencia 2/2007, requiérase al juez de distrito del conocimiento para que informe a esta sala respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo”.

No politizar

Alma Santiago, regidora de Caborca, dice que ella se acercó a los líderes ejidales para conocer del conflicto y ofrecerles su apoyo; sin embargo, éstos le pidieron no intervenir para no politizar el problema.

Santiago afirma que, por gente cercana a los pescadores, sabe que los Robles Mendoza ofrecieron 6 millones de pesos a los 70 ejidatarios, para que éstos no pusieran resistencia en dejar los terrenos y siguieran en pie las inversiones ya pactadas para detonar la zona turística.

La que fuera la principal empresa de traslado de valores en el país, Serpaprosa, se negó desde 1992 a tributar bajo el régimen general de ley, buscando un “tratamiento especial” por parte de las autoridades hacendarias, lo que le generó, a 2007, un adeudo fiscal por 1 mil 500 millones de pesos

Por más de 10 años, Servicio Panamericanos de Protección (Serpaprosa) fue reticente a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) dentro del régimen fiscal que le correspondía, régimen general de ley. Argumentando ser una empresa de autotransportes buscó resquicios legales para que se le contemplara dentro del régimen simplificado, pese a que sólo dos socios controlan el 50 por ciento de las acciones.

Serpaprosa se fundó el 22 de marzo de 1965 para satisfacer los servicios de traslado y procesos de valores que la expansión de los sistemas financieros y comerciales demandaban en aquel momento. De acuerdo con su página electrónica, la idea de su fundación fue de John Rowe, quien se alió con Brink’s Incorporated para sacar adelante el proyecto.

Actualmente es presidida por Andrés Aymes. Sus principales accionistas son Jaime Guardiola, del BBVA; Manuel Medina, de Citigroup; Marcos Martínez, de Santander; Sandy Flockhart, de HSBC, y Anatol Von Hahn, de Scotiabank.

De acuerdo con el oficio del 21 de junio de 2001, firmado por el titular de la Administración General de Auditorías Fiscales Federales, Eduardo Ramírez Schuetz, y del que Fortuna tiene copia, las autoridades hacendarias realizaron diversas visitas domiciliarias a la empresa transportadora de valores, para fiscalizar la documentación que avalara los ejercicios fiscales de 1991 a 1998.

Las visitas se realizaron en respuesta a los escritos de objeción presentados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicio, en los que se observa que la empresa no debe tributar bajo el régimen simplificado.

El 17 de marzo de 1992, Serpaprosa solicitó a la Administración Fiscal Federal del centro en el Distrito Federal (Alaf) tributar bajo el esquema de régimen simplificado; objetó que su principal actividad es la de autotransportes. El 25 de junio de aquel año, la dependencia le confirmó dicho criterio.

El 6 de septiembre de 1992, la empresa, mediante escrito dirigido a la Alaf, complementó la información, mencionando que más del 50 por ciento de sus acciones están concentradas en dos personas morales. Con esta nueva información, el 29 de diciembre, las autoridades hacendarias desautorizaron a Serpaprosa a tributar bajo el régimen simplificado, ya que las empresas controladoras no son sujetas a este sistema.

Mediante escrito fechado el 29 de enero de 1993, Serpaprosa solicitó a la entonces dirección general Técnica de Ingresos, la reconsideración sobre la resolución del 29 de diciembre de 1992, emitida por la Alaf del centro, en la que no se autoriza bajo el régimen simplificado.

En respuesta, el administrador general jurídico de la citada dirección permitió al contribuyente tributar bajo el régimen simplificado, únicamente por los ejercicios terminados de 1991 y 1992. Con esta autorización se generaba un saldo a favor, mismo que es solicitado para su devolución por la empresa.

Derivado de la autorización, el procurador fiscal, el 7 de diciembre de 1995, solicitó al Tribunal Fiscal anular la anterior resolución, donde se faculta a las autoridades hacendarias a compensar a Serpaprosa el ISR  contra retenciones a terceros, en los años de 1991 y 1992.

Es en junio de 1997 cuando la primera sala regional dicta sentencia definitiva, concluyendo que Serpaprosa debe regularizar su situación, a efecto de tributar bajo el Régimen General de Ley, a partir de que la sentencia quede firme.

El 4 de julio de 1998, Serpaprosa interpuso demanda de amparo directo ante el tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, en contra de la sentencia del 16 de junio de 1997. En respuesta, el 8 de octubre del mismo año, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa concede el amparo.

A su vez, el 11 de enero de 1999, la primera sala regional metropolitana da cumplimiento a la ejecución del 8 de octubre de 1998, y se declara la validez de las resoluciones impugnadas.

El 27 de octubre de 1999, el administrador general jurídico de ingresos interpone recurso de revisión en contra de la sentencia del 11 de enero.

El 18 de abril de 2000, Serpaprosa solicita al noveno tribunal colegiado en materia administrativa, la reclamación al recurso de revisión del administración general jurídico.

  Sentencia en contra

De acuerdo con el columnista Darío Celis (Reforma, 3 de agosto de 2006), la Séptima Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 10847/96, emitió sentencia contra Serpaprosa por tributar en el año de 1994 bajo el régimen simplificado de la ley del ISR, cuando le correspondía el régimen general.

Además, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la compañía que preside Andrés Aymes no se dedica exclusivamente al autotransporte de carga terrestre, ya que sus ingresos por otros servicios exceden el 10 por ciento de sus ingresos totales.

El columnista señala que el importe total de la deuda por tributar bajo el régimen simplificado del ISR, así como la cantidad determinada por participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, más recargos, ascendería a aproximadamente 110 millones de pesos en  1994.

A esta cantidad, se le suman los créditos fiscales que perdió Serpaprosa en los juicios de 1991 a 1993 y 2001 a 2002, mismos que podrían llegar con las multas correspondientes a más de mil 500 millones de pesos.

Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículo 79. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen simplificado establecido en el presente Capítulo las siguientes personas morales:
I. Las dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada.
II. Las de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, así como las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades.
III. Las que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras.
IV. Las constituidas como empresas integradoras.

V. Las sociedades cooperativas de autotransportistas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros.

Omisiones y descuidos de las autoridades mexicanas permiten que la familia Bardor Kaess, acusada de defraudación fiscal y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, goce de impunidad por más de cinco años, tiempo que ha estado abierto su caso en la PGR y la SHCP. Tebo, empresa propiedad de la familia nacionalizada mexicana, debe al fisco 35 millones 274 mil pesos por pagos no realizados en sus declaraciones anuales de 1998 y 1999. El gobierno de Calderón otorga el perdón a una involucradaUna integrante de la familia Bardor Kaess, dueña de la empresa Tebo –con una deuda de 35 millones 274 mil pesos por no pagar sus impuestos totales entre 1998 y 1999– recibió el perdón fiscal por parte del gobierno de Felipe Calderón. Teodoro y Samuel Bardor, y Rita Kaess siguen gozando de impunidad al no complementarse las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra.

En el ejercicio fiscal de 1999, las autoridades hacendarias detectaron omisiones en el pago de ISR (Impuesto Sobre la Renta) e IVA (Impuesto al Valor Agregado). En su declaración, Tebo disminuyó supuestamente de manera fraudulenta sus pagos provisionales; pretendió con ello hacer creer que había cubierto en su totalidad los impuestos que legalmente le correspondían. El adeudo ascendió entonces a 18 millones 485 mil 526 pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló una querella en contra de Miguel Marbán, representante legal de Tebo, y los miembros del Consejo de Administración: Teodoro, Samuel e Ivonne, los tres de apellido Bardor, y Rita Kaess, quienes tenían la obligación de vigilar o cumplir con el pago de los impuestos al que está obligada la empresa. Al no hacerlo consintieron la conducta “desplegada” por el representante legal: suscribir las declaraciones fiscales en cuestión.

El 11 de abril de 2002, el juez noveno de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal liberó una orden de aprehensión contra Marbán y la familia Bardor, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal, dentro de la causa penal número 48/2002-E, de la cual Fortuna posee copia.

Previó a la orden de aprehensión, la Administración Central de Fiscalización General de Grandes Contribuyentes Diversos emitió, el 20 de septiembre de 2000, el oficio 330-SAT-VIII-15369, donde se ordena realizar la visita domiciliaria RIM9600105/00 a Tebo, para efecto de verificar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 1998.

Miguel Marbán, entonces representante legal de la empresa, recibió la orden el mismo día de su expedición. Durante la visita, el apoderado legal aseguró a los funcionarios que Tebo presentó declaración anual del ejercicio fiscal 1998 y pagos provisionales en parcialidades.

El 15 de febrero de 2002 se informó a Marbán que contaba con 20 días hábiles -plazo establecido en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación- para proporcionar la documentación e información que desvirtuara las irregularidades detectadas durante el desarrollo de la visita.

El representante legal no entregó documento alguno, por lo que la autoridad revisora levantó un acta final, el 18 de marzo de 2002, en la que quedaron asentadas las irregularidades en que incurrió la empresa durante el ejercicio fiscal 1998.

Tebo omitió pagos de ISR e IVA durante el año de 1998 y acumuló la cantidad de 16 millones 789 mil 354 pesos.

El juez tercero de distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, libró una segunda orden de aprehensión el 21 de febrero de 2004 contra la familia Bardor, y Marbán, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparada.

Tebo

Mecano Plástica se constituyó mediante la escritura pública 13988, el 11 de febrero de 1961. El objeto social: “La fabricación, importación y exportación de partes metálicas y plásticas para anteojos y artículos para escritorio, juguetería y todos los actos y contratos, civiles o mercantiles, que se relacionen con esos fines”.

A través de la escritura pública 14028, de fecha 22 de febrero de 1961, se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria en la cual se acordó cambiar la razón social de Mecano Plástica a Tebo.

El 31 de marzo de 1989 se formalizó, en acta de asamblea general ordinaria de accionistas, la designación de los miembros del Consejo de Administración. Teodoro Bardor quedó como presidente; Samuel Bardor Kaess, primer vicepresidente; Rita Kaess, segundo vicepresidente, e Ivonne Lydia Bardor, vocal.

A través de la escritura pública 16389, el 22 de noviembre de 1995 se designaron nuevos integrantes del Consejo de Administración; quedó Samuel Bardor como presidente-tesorero; Teodoro Bardor, primer vicepresidente; Rita Kaess, segundo vicepresidente, e Ivonne Lidia Bardor, secretaria.

El 28 de junio de 1996, ya como presidente de Tebo, Samuel Bardor Kaess otorgó poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración a Miguel Marbán Aguilera.

Amparo

El 2 de septiembre de 2002, Samuel Ivonne Bardor y Miguel Marbán promovieron un amparo contra la primera orden de aprehensión, por considerar ilegales los actos tendientes a su ejecución. Se dijeron víctimas “del gravísimo terrorismo fiscal ejercido con toda arbitrariedad por las autoridades hacendarias”.

En su exposición de hechos, para la promoción del amparo, los hermanos Bardor señalaron que tenían 41 años dedicados a la producción y comercialización de partes automotrices para la industria metalmecánica. También aceptaron pertenecer al Consejo de Administración, el cual, a decir de ellos, desde 1961 da empleo a trabajadores que sostienen a familias mexicanas.

Los Bardor exponen que debido a la grave crisis económica que se vivió en el país a finales de 1994 y que afectó a la totalidad de los mexicanos, Tebo tuvo problemas financieros “que se han ido solucionando con el tiempo y con gran esfuerzo de empleados, accionistas y proveedores”.

Agregan que en 1998 se llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Tlalnepantla: suscribieron un convenio por escrito donde se estipulan las condiciones para regularizar la situación fiscal de la referida empresa.

El documento presentado por los Bardor, dice que en abril de 2002 se enteraron, por un citatorio, que había una averiguación previa en su contra. Después cambiaron la fecha y aseguraron que, como el oficio fue dejado en la caseta de vigilancia de Tebo, y no personalmente, fue hasta mayo que supieron que eran requeridos por la autoridad. Razón por la cual nunca se presentaron a declarar.

Además –según el documento– a partir de la fecha en que se dejó el citatorio en Tebo, los accionistas empezaron a ser víctimas de innumerables amenazas, vejaciones y maltratos.

Se acredita el cuerpo del delito

En el expediente 337/02-EE1 –elaborado por la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacional de Interpol, y del cual Fortuna posee copia–, el juez de la causa asegura que “se acreditó el cuerpo del delito”, toda vez que el apoderado legal de Tebo engañó a la autoridad hacendaria al momento de la visita domiciliaria. Con la información proporcionada, Marbán pretendió engañar al fisco federal al informar que por concepto de ISR realizó un pago provisional de 58 mil 6 pesos y por IVA un pago de 116 mil 144 pesos, cuando en la declaración anual presentada el 3 de abril de 2000 señaló haber realizado pagos provisionales por cantidades mayores: 10 millones 529 pesos por IVA y 8 millones 131 mil 576 pesos por ISR.

Vigilancia fija

El 18 de febrero de 2003, la Agencia Federal de Investigación (AFI) informó a la ministerio público que se había montado vigilancia fija afuera del domicilio de Teodoro Bardor y Rita Kaess, en Sierra Guadarrama número siete de la colonia Lomas de Barriloco, delegación Miguel Hidalgo, lugar donde en ese momento se encontraba la pareja. Incluso tenían tres números telefónicos a nombre de Rita Kaess.

La AFI notificó que en la casa trabajaban tres empleadas domésticas y los sábados acudía un jardinero, todos ellos dados de alta dentro de la nómina de Tebo.

Marbán e Ivonne: presos

El 15 de enero de 2003, la AFI localizó y detuvo a Miguel Marbán. El 16 de enero de 2003 se le dictó auto de formal prisión.

El exrepresentante legal de Tebo se encuentra internado en el reclusorio preventivo varonil norte, en el Distrito Federal, a disposición del juzgado décimo octavo de distrito de procesos penales federales, por los procesos penales 111/02 y 48/02-11.

Una tarjeta informativa enviada por la Interpol a la Procuraduría General de la República (PGR) el 7 de abril de 2004 -integrada al expediente 337/02 EE1- da cuenta de la detención de Ivonne Lidia Bardor Kaess en Alemania. Se trataría de la única integrante de la familia Bardor que pisaría la cárcel por cinco años. De acuerdo con fuentes de la SHCP, que solicitaron el anonimato, Ivonne habría obtenido su libertad en la primera mitad de 2008, cuando recibió uno de los perdones fiscales del calderonismo.

Prófugos

En 2004, la AFI presumía que Samuel Bardor se encontraba en Alemania y se hospedaba en el hotel Gifhorn, de la localidad del mismo nombre. Según las autoridades se encontraba con Otto Geyns y Miguel Nava.

El 8 de abril de 2004, la Interpol comunicó a la PGR que en la comunidad de Gifhorn no existía ningún hotel con el citado nombre, y que hasta hacía algunos meses había un hotel llamado Gifhorner Hof. No obstante, aquel establecimiento había sido transformando en un restaurante –Kreta–. El número telefónico, facilitado por las autoridades mexicanas para localizar a Bardor, pertenecía al hotel Deutsches Haus.

Según consta en los oficios enviados por la Agregaduría Regional de la PGR, en San Antonio, a las autoridades mexicanas, con fecha 6 de abril de 2005, Ivonne (Freiman) Bardor era localizable en la calle Gambier Lane número 6510, en Bellaire, Texas. Además, incluía el número de licencia de conducir de la inculpada (07092527), así como de Seguro Social (464-37-0524 y 832 6647578).

La PGR informó a la Interpol hasta el 20 de julio de 2005 de la detección de Miguel Marbán e Ivonne Bardor.

De acuerdo con los oficios de la Agregaduría, Teodoro (Benjamín) Bardor y Rita Bardor tenían registrado el mismo domicilio que Ivonne. El número de licencia de Teodoro era 0860776 y el de Rita era el 07115984. Ambos con número de Seguro Social.

En tanto, las autoridades tenían conocimiento que Samuel Bardor estaba en Acacia número 4523, en Bellaire, Texas. Su número de licencia de conducir: 01396898; sus números de Seguro Social: 454-43-6468 y (832) 664-1048.

Sin embargo, un día antes, el 19 de julio de 2005, la PGR pidió la intervención al gobierno de Marruecos para localizar a Samuel Bardor.

Una tercera orden de aprehensión

El 20 de julio de 2005, la Procuraduría informó, a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales y a la Interpol, que Samuel y Teodoro Bardor tenían una nueva orden de aprehensión girada por el juez primero de distrito el 23 de febrero de 2005, dentro de la causa penal 12/2005 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Según consta en la orden de aprehensión, el 16 de enero de 2005 se realizó un cateo en el domicilio fiscal de Tebo. En el lugar se encontraron armas de fuego, que la PGR determinó como reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Éstas fueron localizadas en la oficina del director de Finanzas, Francisco Montes de Oca.

Se trató de un fusil AR-180, calibre 5.56 milímetros (mm); una pistola, calibre 9 mm; dos fusiles AR-15, calibre .223 mm, y una escuadra, 9 mm, fabricada en Argentina.

Además, 120 cartuchos para arma de fuego, calibre 5.56 mm; 20 cartuchos, calibre .223 mm; 50 cartuchos, calibre 9 mm; 11 cartuchos, calibre 9 mm, con balas de punta hueca; 44 cartuchos, calibre .38 mm; 49 cartuchos, calibre .380 mm, entre otros.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su artículo 83, segunda fracción, define el acopio de armas como la posesión de más de cinco armas de uso exclusivo del Ejército.

Como parte de la averiguación previa, Valentín Amaya Aguilera, quien se ostentó como representante legal de la citada empresa, declaró que la familia Bardor no se volvió a presentar en las instalaciones de Tebo desde finales del 2001, ya que pesaba sobre ellos una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal.

Agrega que “los patrones” le aseguraron que las armas contaban con registro en la Secretaría de la Defensa Nacional, sin mostrar los documentos que avalaran dicha acción.

Nueva búsqueda

El 23 de febrero de 2006, la PGR informó a la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica la ubicación de Samuel, Teodoro, Ivonne y Rita.

Sin embargo, el 16 de octubre de 2006 la Procuraduría pidió a los agregados legales de dicha dependencia en Washington; Los Ángeles, California; San Antonio, Texas; Unión Europea, y Guatemala que giraran instrucciones a efecto de investigar la localización de la familia Bardor.

Localizados

El 1 de noviembre de 2006, la Agregaduría regional de la PGR en San Antonio Texas informó a la dependencia en México, a través del oficio PGR/SAT/002843/2006, que desde 2003 se tienen ubicados a los acusados; pero, siguen en la espera de que se “verifiquen” sus rasgos.

El 21 de marzo de 2007, esta misma dependencia confirmó a la Procuraduría que Teodoro murió el 4 de septiembre de 2004, y pidió verificar qué estado guardan los procesos judiciales de los demás indiciados.

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• Teodoro Bardor nació el 30 de mayo de 1920 en Cernauti, Rumania. Se naturalizó mexicano el 3 de noviembre de 1964

• Rita Kaess nació el 16 de junio de 1928 en Viena, Austria. Naturalizada mexicana
• Samuel Bardor nació el 15 de abril de 1952 en Tel Aviv, Israel. Se naturalizó mexicano el 6 de noviembre de 1964
• Miguel Marbán nació el 7 de agosto de 1949 en el Distrito Federal

Viajes de la familia Bardor del 24 de noviembre al 28 de octubre de 2002
Del 26 de enero de 2000 al 28 de octubre de 2002, Ivonne realizó 13 viajes
Del 18 de enero de 2000 al 24 de febrero de 2002, Rita
realizó 12 viajes
Del 15 de febrero 1999 al 24 de febrero
de 2002, Teodoro realizó 10 viajes
Del 24 de noviembre de 1999 al 15 de abril de 2002,
Samuel realizó siete viajes fuera de México

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Artículo 11. Las armas, municiones y
material para el uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea,
son las siguientes:
a) Revólveres, calibre .357 Magnum
y los superiores a .38 Especial.
b) Pistolas, calibre 9 mm; Parabellum,
Luger y similares, las .38 Super y
Comando, y las de calibres superiores.
c) Fusiles, mosquetones, carabinas
y tercerolas, calibres .223, 7 mm,
7. 62 mm, y carabinas, calibre .30,
en todos sus modelos.
d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema
de ráfaga; subametralladoras, metralletas
y ametralladoras en todos sus calibres.
e) Escopetas con cañón de longitud inferior
a 635 mm (25), las de calibre superior al 12 (.729 o 18. 5 mm), y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.

La bursatilización de la cartera de Fonacot, proyecto estrella del actual director de la dependencia, tendrá que suspenderse hasta que obtenga mejores resultados en la recuperación de los montos invertidos en la Bolsa de Valores, concluye la CNVB tras realizar una auditoría que duró seis meses

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suspendió las emisiones bursátiles de Fonacot (Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores), tras realizar una auditoría, hasta que éste obtenga mejores resultados en la recuperación de su cartera, que registra bajos niveles de cobranza y flujos inciertos de capital.

De acuerdo con fuentes internas de la Comisión, al concluir la visita de inspección, realizada de enero a junio de 2008, la CNBV manifestó su preocupación de que el Instituto sea emisor de certificados bursátiles, ya que un problema como éste representaría daños a otros emisores, especialmente en el entorno de volatilidad macroeconómica que presenta el país en este momento.

Luego de los resultados que arrojó la auditoría de la CNBV, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, intervino en la crisis que vive el instituto e instruyó a Alejandro Mariano Werner, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, que revisara personalmente todos los expedientes relacionados con Fonacot en poder de la Comisión.

Preocupados por el colapso financiero que vive Fonacot, Carstens citó al director general del instituto, Arsenio Díaz Escalante, para que explique los errores cometidos hasta ahora en la administración y en su participación en el mercado de valores.

La dependencia comenzó a colocar papel Fonacot en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 2003. A la fecha, tiene bursatilizados 9 mil 928 millones de pesos equivalentes al 73 por ciento de su cartera total administrada, que asciende a 13 mil 600 millones de pesos.

En entrevista, Arsenio Díaz Escalante asegura que la auditoría practicada por la CNBV no ha terminado, y que “nadie” cuenta con resultados preliminares de la misma. Sostiene que será hasta octubre próximo cuando se entreguen las conclusiones de la visita de inspección.

Sin embargo, el funcionario reconoce que se suspendió la bursatilización de la cartera de Fonacot; pero asegura que se trata de “una decisión consensuada” entre el Instituto y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como una medida precautoria ante las caídas que registra la BMV.

De acuerdo con la CNBV, Fonacot vendió a despachos externos parte de su cartera vencida, con un valor de 1 mil 193 millones de pesos, en 9 millones 400 mil pesos, es decir, menos de 1 centavo por peso. Además, a febrero de 2008, la dependencia contaba con una cartera vencida pendiente de asignar, para su cobranza, por 1 mil 277 millones de pesos.

La auditoría de la Comisión señala que los despachos registran poca eficiencia en la recuperación de la cartera extrajudicial vencida, pues sólo han reintegrado el 2 por ciento del monto total asignado.

Según fuentes internas, Fonacot registra una cartera vencida de 2 mil millones de pesos, equivalente al 14.7 por ciento de su cartera total administrada; y sólo un 12.3 por ciento, 1 mil 672 millones de pesos, de su cartera está vigente para el otorgamiento de créditos a los trabajadores afiliados al Instituto.

El Fonacot se creó por decreto presidencial el 2 de mayo de 1974. Entonces, el Ejecutivo Federal ordenó constituir un fideicomiso que le permitiera al gobierno “fomentar el desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio familiar, promoviendo el ahorro mediante el acceso al crédito barato y otros servicios financieros, para la obtención de bienes y servicios de alta calidad a precios competitivos”.

Sin embargo, con el fin de que la dependencia pudiera cotizar en la BMV, el 24 de abril de 2006 dejó de ser fideicomiso. El Fonacot se convirtió en instituto y pasó a ser un organismo descentralizado de interés social, con autosuficiencia presupuestaria y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La dependencia cuenta con un Consejo Directivo presidido por el secretario del Trabajo, Javier Lozano.

Principales preocupaciones

En julio pasado, la CNVB informó a los directivos de Fonacot la preocupación que tiene respecto a la viabilidad financiera del Instituto frente a la desaceleración de la economía mundial y el repunte de la inflación en México.

La Comisión indica que la dependencia fija metas “muy agresivas” que obligan a dar créditos por montos mayores a personas que pudieron ser rechazadas por la banca comercial. Incluso, cabe la posibilidad de que se pudiera estar financiado consumo y no bienes de consumo duradero, es decir, canje de efectivo, y que cadenas comerciales como Wal-Mart sean distribuidores.

Además, el Instituto concentra demasiadas funciones en la Subdirección General de Operaciones, a cargo de José Ignacio Lasa Arana, lo que evidencia faltas importantes de control y de sistemas, así como deficiente calidad de la información revelada y de la base de datos.

Faltas graves en la base de datos

La auditoría de la CNBV detectó en el Credere (Sistema de Administración de Crédito) 13 mil 259 créditos por 6 millones de pesos, que de enero a junio de 2008 no reportan movimientos en su saldo; sin embargo, los mantienen en la base de cero incumplimientos.

Igualmente, dentro de créditos a cargo de trabajadores con centros de trabajo morosos, se identificó un subconjunto de 430 préstamos por 95 mil pesos con cero incumplimientos, no obstante que mantienen el mismo saldo de enero a junio de 2008.

La Comisión revela que la dependencia presenta información alterada a los inversionistas que adquieren papel Fonacot. El Instituto reportó créditos, transferidos al fideicomiso bursatilizador, con cero incumplimientos; sin embargo, en el Credere reportan cuando menos un incumplimiento, así como préstamos no identificados por no existir el número en el sistema.

Credere

La CNBV refiere que Fonacot presenta una baja confiabilidad en su base operativa de crédito y alto riesgo de errores y manipulación. El sistema no se encuentra depurado, lo que ocasiona costos de mantenimiento, almacenamiento y riesgo operativo. Todo, de manera innecesaria.

De acuerdo con la auditoría, a junio de 2008 la base de datos reporta 8 millones 200 mil registros, de los que únicamente 5 millones 600 mil, es decir, el 69 por ciento, corresponden a la cartera de crédito.

En la base de datos, de diciembre de 2007 a junio de 2008, se encontraron en mayor medida registros con las siguientes inconsistencias: sin nombre del trabajador; con saldo cero o negativo; sin número; con número de trabajador y rubro contable igualable, y con número de cuenta 1302, 1314 o 2106 para créditos bursatilizados, a marzo de 2008.

El informe también reporta deficiencias en los sistemas informáticos, por ejemplo, procesos manuales en créditos bursátiles y calificación de cartera, falta de seguridad en los aplicativos del sistema y carencia de un plan de contingencia para los sistemas informáticos.

Fraudes

De acuerdo con los resultados de la CNBV, el ambiente que impera en la dependencia es propicio para abusos y fraudes. Arsenio Díaz Escalante asegura que son los centros de trabajo los que propician fraudes y no los funcionarios adscritos a la dependencia. Sostiene que lo detectado por la CNBV se refiere a prácticas fraudulentas de empresas que les descuentan a los trabajadores, vía nómina, parte del saldo del crédito obtenido; pero éstas no pagan esos montos al Instituto.

Díaz Escalante informa que la dependencia descentralizada que encabeza interpuso 340 denuncias penales contra dichas empresas, aunque no proporciona mayores detalles. “Ésos son los fraudes detectados, en los que incurrieron centros de trabajo”, dice.

La auditoría revela que el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, detectó créditos fraudulentos de 64 trabajadores, con un valor de 23 millones 500 mil pesos en Cuernavaca, Morelos. Además, tres distribuidores canjeaban pagarés del crédito Fonacot por efectivo en Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo. En La Paz, Baja California Sur, se encontraron con la misma situación en el caso de 3 mil 99 créditos por 22 millones de pesos.

Previo a la auditoría de la CNVB, el OIC ya había detectado que en la Dirección Estatal de La Paz había créditos problemáticos y fraudulentos. De 31 trabajadores con préstamos por 4 millones 700 mil pesos, se identificó que 24 de éstos no contaban con registro patronal, y la percepción del acreditado fue alterada.

Se encontraron 247 préstamos apócrifos, sin solicitud de contrato ni documentación de soporte, por 2 millones 500 mil pesos; autorización de créditos a trabajadores que rebasaban su capacidad de pago, no obstante que el centro de trabajo pidió no consentir peticiones sin su certificación; así como alteración de sueldos para el otorgamiento de empréstitos a 44 afiliados.

Fortuna solicitó a la Secretaría de la Función Pública una entrevista con el titular del OIC en Fonacot, Ricardo Vázquez. Moisés Ciriaco, director de Análisis de Prensa y Publicidad, informó que por una decisión institucional no se concertaban audiencias con los contralores, por lo que pidió se le enviara vía correo electrónico un cuestionario con las preguntas a responder, las cuales serían atribuidas a la dependencia. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Cobranza y recuperación

La CNBV identifica deficiencias en el programa especial de cobranza, el cual no es del conocimiento de todas las direcciones estatales; no es exclusivo para trabajadores sin centro de trabajo; los 40 millones 800 mil pesos, que el Instituto había recuperado bajo este esquema, integran cobranza de todo tipo; el proyecto opera desde 2003 y no a partir de abril pasado, como informó la dependencia, además de que resulta imposible demostrar el flujo de efectivo derivado del programa.

En abril pasado, a través de una circular, la dirección general de Fonacot informó sobre el inicio de un programa de reestructuración de créditos vencidos, sin importar el tiempo de mora, y con el cual se condona ciento por ciento de los intereses y sólo se pagará el monto del préstamo autorizado.

La Comisión también observa un débil control en las operaciones de las direcciones estatales, como el uso de la clave del director, para acceder al sistema, por parte del personal operativo y becario en Querétaro. En la misma entidad y en La Paz, se ubicaron pagarés de reestructuras firmados por personas distintas al acreditado, sin RFC (Registro Federal de Contribuyentes) y sin fecha y lugar de suscripción.

En Mérida identifica deficientes medidas de seguridad para el acceso al área de trabajo. Además, en aquella ciudad del sureste, en La Paz y en Querétaro, se detecta una falta de control en la documentación entregada a establecimientos comerciales con terminal AVI (autorización vía internet) y de los propios analistas. Asimismo, existen procesos de crédito sin homologar y deficiente integración y control de expediente.

La auditoría señala que existen estimaciones preventivas de créditos de trabajadores adscritos a centros de trabajo morosos, no reservados, por 150 millones de pesos. Al 30 de junio de 2008, reportan 57 mil 31 préstamos con incumplimiento, que oscila entre uno y 96 meses, los cuales, por contar con centros de trabajo, para efecto de calificación, son reclasificados a cero incumplimientos, aplicándoles el 0.5 por ciento de probabilidad de incumplimientos.

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Fiscalización constante

Miguel Ángel Garza, vicepresidente de Supervisión de Banca Múltiple y de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), explica que la dependencia realiza constantes supervisiones previstas en la ley, donde se contempla vigilar la estabilidad y solvencia de los intermediarios que participan en el sistema financiero mexicano.

Garza dice que, para medir la estabilidad de las instituciones financieras, evalúan si los niveles de solvencia son los adecuados, a través de inspecciones domiciliarias (in situ) y mediante el análisis de toda la información proporcionada por los intermediarios (extra situ), que son los reportes regulatorios que están obligados a presentar periódicamente a la Comisión.

A decir del funcionario, el área de Supervisión cuenta con un equipo que analiza continuamente toda la documentación que llega sobre las distintas instituciones, con el fin de verificar temas propicios de una atención particular o especializada por parte de la CNBV.

Los analistas identifican los temas que puedan ser de preocupación, por lo cual se inicia una valoración financiera de toda la información con la que se cuenta, para retroalimentar a los equipos de inspección in situ.

El también vocero de la CNBV expone que las visitas de inspección se planean anualmente en torno al análisis de gabinete que se realiza cotidianamente en la dependencia. Las instituciones financieras son informadas, a través de un oficio, de que serán objeto de una auditoría.

Garza dice que la duración de la visita de inspección varía de una semana a tres meses, dependiendo del tamaño de la institución fiscalizada, número de personas que realizan la auditoría y la urgencia que se tenga por terminarla. Respecto de las auditorías que la Comisión ha practicado a Fonacot refiere que no está facultado para hacerlas públicas o emitir comentarios.

El funcionario explica que el principio de supervisión de la CNBV se basa en riesgos, ya que hay instituciones que representan mayor peligro para el mercado que otras. En total, se llegan a practicar hasta 400 visitas al año.

Agrega que se revisa la estructura organizacional de la institución, las políticas, procedimientos manuales, sistemas, cuestiones relacionadas con prevención de lavado de dinero, cartera de crédito en todos sus aspectos, para determinar el apego a las prácticas del marco normativo vigente.

Observación o recomendación

Garza expone que al terminar una auditoría se emite un oficio con observaciones o recomendaciones por parte de la Comisión, dependiendo de si existe un fundamento legal claro o deriva de una práctica prudencial, las cuales son totalmente vinculatorias.

El vocero de la CNBV dice que se manda un oficio a las entidades, ellas contestan aceptando las observaciones y recomendaciones o dando puntos de vista diferentes. De ahí deriva una serie de acciones correctivas que tienen que realizar las instituciones para resolver las deficiencias detectadas; pero la mayoría de las instituciones no las ponen en práctica.

El funcionario explica que la Comisión realiza procesos sancionatorios, pero no interpone denuncias penales. Lo que hace la CNBV es emitir opiniones de delito a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Cuando existen acciones constitutivas de un delito, esta última formula un dictamen técnico-contable a la Procuraduría General de la República, encargada de perseguir el delito correspondiente.

Riesgos

Garza dice que existe una serie de riesgos financieros de los intermediarios, ya determinados a nivel internacional: de crédito, legales, operativos, de sistemas, fraudes e inadecuado ambiente de control interno. Las instituciones practican actividades consideradas como riesgosas.

Agrega que hay sectores que tienen un mayor riesgo por el tipo de operaciones que realizan, lo cual no tienen que ver necesariamente con lavado de dinero, sino con el entorno que puede ser más propicio para cierto tipo de actividades.

El funcionario puntualiza que a todas las instituciones que ofrecen crédito al consumo se les da un seguimiento particular. (YT)

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Artículo 4. Corresponde a la Comisión:

I. Realizar la supervisión de las entidades financieras, los organismos de integración, así como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero

XV. Intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquéllas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven, en los términos que establecen las propias leyes

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas

Artículo 5. La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros

Asimismo, por medio de la supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero

La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se encuentran estas últimas

La vigilancia se realizará por medio del análisis de la información económica y financiera, a fin de medir posibles efectos en las entidades financieras y en el sistema financiero en su conjunto

La prevención y corrección se llevarán a cabo mediante el establecimiento de programas, de cumplimiento forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar irregularidades. Asimismo, dichos programas se establecerán cuando las entidades presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, solvencia o estabilidad, pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo con las propias entidades. El incumplimiento de los programas podrá dar lugar al ejercicio de la facultad contenida en la fracción XV del artículo 4 de esta Ley, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el artículo 108 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Resultados de la auditoría de la CNBV a Fonacot

• • Cuenta con una cartera vencida pendiente de asignar, para su cobro, por 1 mil 277 millones de pesos
  • Altera información para los inversionistas que adquieren certificados bursátiles, según la CNBV
  • Registra bajos niveles de cobranza y flujos inciertos de capital
  • Su cartera total administrada asciende a 13 mil 600 millones de pesos
  • El 73 por ciento de su cartera total administrada está bursatilizada (9 mil 928 millones de pesos)
  • La dependencia registra una cartera vencida de 2 mil millones de pesos, equivalente al 14.7 por ciento de su cartera total administrada
  • Sólo un 12.3 por ciento de su cartera, 1 mil 672 millones de pesos, está vigente para el otorgamiento de créditos a los trabajadores afiliados al Instituto
  • Parte de su cartera vencida, con valor de 1 mil 193 millones de pesos, se vendió a despachos externos en 9 millones 400 mil pesos, es decir, menos de un centavo por peso

Fotos: David Cilia

Impulsado por el gobierno perredista de Narciso Agúndez y autoridades municipales, el empresario Luis Cano busca apropiarse de 2 mil 200 hectáreas en Cabo San Lázaro. El objetivo sería la creación de un desarrollo inmobiliario al que ya se le llama “el Cozumel del Pacífico”. A la reyerta por el lugar, que por décadas ha poseído una cooperativa de 60 familias pescadoras, también se ha incorporado el gobierno federal a través de la Semarnat.

Comondú, Baja California Sur. Una chalana oxidada –fragmento de una antigua plataforma de buque– es el transporte en el que todos los días los pescadores de la cooperativa San Carlos llevan agua potable, gasolina y alimento a sus compañeros que cada madrugada salen a pescar langosta y abulón, según la temporada, en los alrededores de Cabo San Lázaro.
Sin importar los vientos y las bajas temperaturas en López Mateos, comunidad de Comondú, la salida hacia la isla es a las siete de la mañana. Para entonces, los víveres tienen que estar acomodados en la camioneta de redilas, que al bajar de la chalana, luego de navegar unos 15 minutos en marea baja, recorre un trayecto de 60 kilómetros, entre dunas y caminos terregosos, para llegar al primer campamento de los pescadores.
Ahí, una docena de chozas de madera y lámina son el refugio nocturno de los lugareños a quienes les corresponde salir al mar. No hay agua potable, luz ni drenaje. Dentro de las modestas viviendas aguardan con el desayuno o comida preparada, según la hora, algunas esposas, que se encargan de alimentar a todos los pescadores que en el momento se encuentren en la isla.
Los integrantes de la cooperativa San Carlos tienen la posesión y explotación de Cabo San Lázaro, propiedad de la federación desde 1960, cuando obtuvieron oficialmente la concesión para pescar langosta, abulón, camarón, almeja catarina, pescado y escama. Actualmente, la asociación cuenta con 28 socios y el mismo número de pescadores libres que trabajan para ellos.
Mientras guisa mariscos, una de estas mujeres, quien sólo especificó ser “la esposa de Diego, un pescador libre”, dice que cuando les va muy bien comen frijol, arroz y carne; cuando el tiempo es malo, su alimentación son langostas y abulón. Ambos productos son de los moluscos más caros en el mercado. Una langosta en la capital del estado, La Paz, cuesta alrededor de 18 dólares.
Las modestas cabañas se alzan tras un cerro que los protege de los fuertes vientos provenientes del Pacífico, y frente a las aguas mansas del manglar, donde permanecen las langostas próximas a ser descoladas y refrigeradas para su venta.
Modesto Camacho, presidente del Comité de Vigilancia, dice que la isla tiene una gran vocación por la pesca comercial, deportiva y recreativa; surfing; camping, y vela. Actividades que no han sido explotadas por los posesionarios; sólo la parte comercial. Hace más de un año los pescadores fueron informados que un particular solicitó ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la desincorporación del terreno federal a su favor, con anuencia de las autoridades estatales y federales.
Camacho asegura que, de quedarse sin la isla, más de 60 familias perderían su trabajo: “Tendrían que ponerse a piratear (pescar sin permisos oficiales) para poder sostenerse, porque, qué más les queda hacer. Nos quedaríamos sin ingresos”.
Luis Camacho, presidente del Comité de Administración de la cooperativa, considera que ese tipo de autoridades son las que hacen al ciudadano común “un malandrín”. Explica: “Yo no tengo vicios; pero tengo una familia y soy capaz de hacer muchas pendejadas por sacarlos adelante; nos está provocando a reaccionar de la forma que ellos hacen, por la espalda”.
Posesión con documentos falsos
En más de 60 años ninguna autoridad había visitado la isla. Fue hasta febrero de 2007 cuando el entonces presidente de Comondú, Marco Covarrubias, llegó al lugar con algunas cobijas y despensas para los pescadores. Dos meses después, apareció el gobernador del estado, Narciso Agúndez, acompañado de elementos de la zona naval, a bordo de lanchas rápidas.
Agúndez regresó a Cabo San Lázaro, ahora en helicóptero. Esta vez iba acompañado con parte de su gabinete y Luis Cano Hernández, empresario inmobiliario. El ejecutivo estatal llevó a los lugareños cobijas, despensas y dos placas solares.
Filiberto Beltrán, representante legal de la cooperativa, dice que para los pescadores la visita de las autoridades significó “un gran evento”. Le ofrecieron al gobernador lo que tenían a la mano; sin embargo, la gente no imaginaba que Agúndez fuera a promocionar la isla, por eso se hizo acompañar por Cano Hernández.
Ésa fue la primera y única ocasión que el empresario fue visto en el lugar; sin embargo, según los directivos de cooperativa San Carlos, Cano Hernández presentó la documentación para solicitar la desincorporación de Cabo San Lázaro como terreno nacional a su favor, ante la Secretaría de la Reforma Agraria.
Uno de los documentos que entregó a la dependencia fue una constancia firmada por el alcalde de Comondú y el delegado municipal de San Carlos, Ernesto Prieto, quienes certificaban que Luis Raymundo Cano Hernández estaba en posesión y explotación del predio conocido como Cabo San Lázaro, desde hace más de 10 años.
En el escrito no se precisa el domicilio de Cano Hernández, sólo indica que es en la población de San Carlos, municipio de Comondú. El empresario, quien es dueño de la inmobiliaria Paraíso del Mar, tiene su domicilio particular en San José del Cabo, en el municipio de los Cabos, a unas siete horas del lugar en cuestión.
Fortuna solicitó entrevista con Luis Cano. En las oficinas de Paraíso del Mar, ubicadas en el centro de la capital del estado, se informó que podría realizarse vía telefónica con el empresario o con el administrador del proyecto, John Fair; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Sanción
Tanto Covarrubias como Prieto pueden ser acusados de falsificación de documentos, como lo prevé el Código Penal Federal en el artículo 246 en su segunda fracción: para “el notario y cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos”.
La sanción para ambos sería la cárcel, de acuerdo con el artículo 243 de la misma norma. “El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”.
Acuerdo de improcedencia
Jisela Paes Martínez, delegada de la Reforma Agraria en Baja California Sur, confirma que Cano Hernández presentó una solicitud el 7 de junio de 2006 ante la dependencia, donde pidió más de 2 mil 230 hectáreas pertenecientes a Cabo San Lázaro.
Paes Martínez dice que la delegación inició el trámite a favor del empresario; sin embargo, unos meses después, los pescadores del lugar se acercaron a ellos para informar que son los que tienen la posesión de la isla.
La funcionaria explica que documentalmente no sabían si se trataba de la misma superficie, por lo que acudieron al predio a realizar una inspección ocular con el fin de determinar quién se encontraba en posesión del predio. Tras dicha acción, las autoridades constataron que se trataba de la misma superficie, y que eran los pescadores quienes estaban en el lugar.
La Reforma Agraria dictó un acuerdo de improcedencia el 9 de julio de 2007, respecto de la solicitud presentada por Luis Cano.
Proceso
Paes Martínez explica que cuando alguien solicita la desincorporación de terrenos nacionales, lo que procede es dictar un acuerdo de radicación y se hace una investigación de antecedentes de registro que pudiera existir del predio, en registro público, catastro y la delegación de registro agrario nacional, para determinar si el terreno no ha salido del dominio de la nación o está registrado a favor de otras personas.
Luego, agrega, se procede a dictar un acuerdo de procedencia y se solicita la autorización del folio. Una vez autorizado, se programa para ir a medir el predio. La solicitud de Cano Hernández llegó hasta la autorización del folio.
La delegada puntualiza que se debe de tener el predio en posesión por lo menos tres años para poder solicitarlo ante la Reforma Agraria.
Otras solicitudes
De acuerdo con Paes Martínez, el gobierno del estado metió una solicitud el 18 de enero de 2008, donde pedía desincorporar Cabo San Lázaro a su favor. La funcionaria explica que cualquier gobierno que pida un predio tiene que argumentar el porqué de su solicitud, ya que –se supone– es en cumplimiento de sus mismos fines.
En este caso, el gobierno encabezado por Agúndez no justificó la solicitud. Sólo pedía para sí las más de 2 mil hectáreas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), también hizo una solicitud respecto a la isla. El día 7 de enero del presente, la dependencia presentó la documentación ante la SRA.
Además, 43 pescadores, entre cooperativistas y libres, hicieron lo propio, para –luego de más de medio siglo de estar en posesión de Cabo San Lázaro– convertirse en dueños legales de la isla.
Paes Martínez explica que la federación tiene derecho de preferencia para solicitar el terreno, ante los gobiernos estatal y local, y los particulares.
Tercera zona productiva
En la zona de playa de Cabo San Lázaro, el viento proveniente del Pacífico forma enormes olas, que llegan a tocar las áridas arenas del desierto; unos kilómetros adentro, una centena de lobos marinos hizo de una parte de la isla su hogar, que los pescadores llaman “la lobera”; la parte interna del cabo es bañada por las aguas azules que desembocan en el manglar; ahí, el mar permite, dependiendo el viento, surfear o practicar la vela.
En una vasta región del cabo se da el avistamiento de la ballena gris, de diciembre a marzo; la tortuga amarilla, que viene de aguas de Japón; la tortuga negra, que anida en la región. Bahía Magdalena es el tercer cuerpo lagunar de importancia en el mundo, tiene zonas que se alimentan de nutrientes de corrientes submarinas, como la llamada Humboldt, proveniente del Pacífico.
Filiberto Beltrán dice que Isla Magdalena, conjunto de cabos adonde pertenece San Lázaro, es considerada la tercera zona productiva de potencial en el mundo. Pero lo que se requiere –agrega– es una administración adecuada, para respetar la vocación natural del lugar, que es la pesca comercial.
Intenciones del PAN
Beltrán comenta que los pescadores se enteraron de la pretensión del gobernador y de Cano Hernández, respecto a la isla, por el presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Jiménez.
El líder pesquero considera que la gestión del militante del blanquiazul “tiene claroscuros”, ya que incumplió con su deber de poner en antecedentes a los pescadores sobre un posible desalojo de la isla; además de que, con el apoyo de la SRA, pretende ser parte de la repartición de las hectáreas en pugna.
“Cuando le decimos a Acción Nacional –en el estado– que llegó el momento de definir qué modalidad de tenencia de la tierra nos conviene más, el presidente del PAN me dice, ‘pues la que más convenga Filiberto; pero para que puedan ser sujetos de crédito es mejor que sea la privada’. Nosotros sabemos que si uno vende se va a empezar a comercializar el resto y se perderá la vocación natural que tiene la zona”, sostiene.
Beltrán dice que para evitar la comercialización de los terrenos de la isla, ellos piden a la Reforma Agraria que Cabo San Lázaro sea considerado un ejido pesquero.
SRA: inmobiliaria
El líder explica que la delegada de la SRA en el estado, Jisela Paes Martínez, le comentó que “estaba muy inquieta por la visita de un representante de las oficinas centrales para recomendarle que detuviera el proceso de Cabo San Lázaro, en virtud de que ya había un arreglo entre los pescadores y un empresario inmobiliario, quien ofreció pagar a cada uno de éstos 30 mil dólares”.
Eliseo de la Toba, representante de los pescadores ante la Reforma Agraria, dice que Jisela Paes fue quien informó a los posesionarios de la isla que había un ofrecimiento para cada uno de ellos de 30 mil dólares, oferta que meses después aumentó a 40 mil.
Paes Martínez niega tales aseveraciones, y afirma no haber sido el emisario de los ofrecimientos; sin embargo, reconoce que a sus oficinas acudieron abogados provenientes del Distrito Federal, para informarle que existía una oferta para comprarles los terrenos a los pescadores.
“En todo momento me negué a ser el intermediario entre los abogados y los pescadores; la función de la SRA no es ser inmobiliaria”, dice la funcionaria federal.
Reserva ecológica
Ante la posibilidad de que la Conanp se quede con la posesión de la isla, Filiberto Beltrán dice que el decreto de convertir Cabo San Lázaro en un parque ecológico no les asusta, y que por el contrario les beneficiaría por la existencia de un plan integral de manejo de los recursos del lugar.
Incluso, considera que el nombramiento de reserva de la biosfera sería un paso positivo para los pescadores, más que cualquier proyecto de urbanización que se pudiera dar.
Por su parte, el presidente municipal de Comondú, Joel Villegas, quien a finales de abril tomó posesión del cargo, informa que está trabajando en una propuesta para convertir la isla en un parque ecológico. Asegura que el proyecto que presentará será consensuado con los pescadores del lugar.
Agúndez, en contra
El pasado 12 de mayo, el gobernador del estado tuvo conocimiento de la solicitud por parte de la Conanp para quedarse con la isla. La reacción de Narciso Agúndez fue la negativa a que Cabo San Lázaro se convierta en una zona natural protegida. Argumentó que se limitarían las actividades productivas de las familias que habitan la región.
Agúndez declaró, en un programa de radio local, que una posible declaratoria de reserva confinaría el desarrollo económico y social de las comunidades. Agregó que exigirá al gobierno federal frenar el trámite iniciado por Semarnat.
“Vamos a estar muy atentos a este proceso y vamos a exigir al gobierno federal que también piense en la gente, que es el principal recurso y activo de Baja California Sur”, dijo el gobernador.
Desde el 2 de mayo, Fortuna solicitó entrevista con el ejecutivo estatal. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Japoneses al acecho
Filiberto Beltrán dice que Luis Cano no es el único particular interesado en quedarse con la isla. Hace un par de años, cuando Agúndez tomó posesión como gobernador, un grupo de japoneses, cercanos a éste, mostraron su interés, primero por el abulón que se pesca en los alrededores, y luego en los terrenos del cabo.
Beltrán recuerda que los orientales se acercaron a él para conocer Cabo San Lázaro, adonde acudieron acompañados del líder pesquero para constatar que era en las aguas del lugar donde se pesca el abulón que comercializa la cooperativa. En aquella ocasión los japoneses tuvieron la oportunidad de recorrer la isla.

Fotos: David Cilia

En confabulación, notarios, funcionarios e invasores despojan de tierras costeras a particulares y posesionarios. El creciente desarrollo turístico en Baja California Sur desata una fiebre por la tenencia de terrenos con playa. En disputa, un mercado turístico que, tan sólo en 2006, dejó una derrama de 59 billones 989 millones 926 mil pesos .

Los Cabos, Baja California Sur. El boom turístico en que se encuentra el estado se cimienta en despojos de tierras públicas y privadas. Mediante el abuso de poder se arrebatan predios costeros, donde los allegados al régimen, apoyados en ocasiones por policías municipales, desalojan sin orden judicial a los aparentemente legítimos propietarios, dice Jorge Ledesma, periodista local.
Agrega que la misma corrupción de funcionarios de los tres niveles de gobierno permite la privatización de las playas locales (propiedad de la nación), en las cuales se prohíbe el acceso al público.
El secretario de Turismo estatal, Alberto Treviño, dijo en su Segundo Informe de Actividades que en 2006 arribaron 3 millones 12 mil pasajeros vía aérea, 8 por ciento más que en 2005. La derrama económica por concepto de ocupación hotelera fue de 59 billones 989 millones 926 mil pesos, 40 por ciento más respecto del año anterior.
De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur), Los Cabos registró una ocupación promedio de 68.4 por ciento en 2006, por “efecto-sustitución de Cancún”, es decir que aquellos turistas que tenían planeado visitar el principal destino de Quintana Roo prefirieron trasladarse a Baja California Sur.
Según la Sectur, Los Cabos y Puerto Vallarta se mantienen como los principales destinos turísticos al mostrar tasas de crecimiento del orden de 22.3 y 24.3 por ciento, respectivamente, en relación con 2005. Su ingreso por cuarto disponible se ubicó en 169.4 dólares para el caso de Los Cabos y de 74.3 dólares para Puerto Vallarta.
Luis Coppola, senador del Partido Acción Nacional, dice que cuando llegó su familia a Baja California Sur, hace más de 45 años, la tierra no valía nada; en el pueblo (Los Cabos) habitaban 2 mil 500 personas. “Pero con el detonante turístico se generó mucha codicia, especulación con el valor de la tierra. La plusvalía de los terrenos fue a la alza, sobre todo con frente de playa”.
El legislador sostiene que aquí no hay certidumbre en la tenencia de la tierra y se encuentra “roto” el estado de derecho. Asegura que muchas de las invasiones y desalojos son orquestados desde el gobierno estatal, por el propio gobernador, Narciso Agúndez, y el procurador de justicia, Fernando González Rubio.
Coppola recuerda que los orígenes políticos de Agúndez fueron, precisamente, la invasión de predios, al igual que del expresidente municipal de Los Cabos, Luis Armando Díaz, en Tijuana, Baja California.
Desde el 2 de mayo, Fortuna solicitó entrevista con el ejecutivo estatal. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Impunidad y depredación
Jorge Ledesma dice que la impunidad permite que sobre esas tierras y franjas costeras despojadas se desarrollen proyectos depredadores, como Puerto Los Cabos (propiedad de Eduardo Sánchez Navarro, principal accionista del Grupo Questro), a quien le autorizaron la construcción de una marina dentro del estero San José, vaso almacenador y principal fuente de agua dulce de la región.
El periodista explica que “la ilegalidad se maneja de manera integral”: inicia con la tenencia irregular de la tierra, pasa por la construcción de desarrollos turísticos que violan la legislación ambiental y concluye, “con broche de oro”, con la aplicación de dinero de dudosa procedencia.
Cabo Pulmo
Ricardo Castro, hijo y albacea de Jesús Castro, supuesto dueño de 200 hectáreas ubicadas en Cabo Pulmo, dice que en junio de 2006 alrededor de 100 guardias de seguridad privada del Grupo Erco, algunos de ellos armados, pretendieron apoderarse del lugar.
Castro comenta que los elementos de seguridad llegaron alrededor de las ocho de la mañana, cuando los lugareños salen a dejar a sus hijos a la escuela. Con marro en mano comenzaron la destrucción de las humildes casas que durante años habían construido.
Algunos vecinos, que se encontraban en el lugar, avisaron a la familia Castro Montaño (únicos del pueblo a quienes se les destruyeron sus casas). Cuando llegaron, nada pudieron hacer: las viviendas fueron demolidas y sólo encontraron los escombros y las ruinas de sus muebles.
Castro asegura que su padre es dueño de esas tierras costeras desde hace más de 60 años. Así lo constataron cuando el 24 de enero de 2001 el Ministerio Público de San José del Cabo les restituyó dichas tierras, luego de que el señor, que no sabía leer ni escribir, fuera timado por un extranjero que prometió ayudarle a repartir las tierras legalmente entre los hijos de Jesús.
Los afectados presentaron el mismo día de la invasión una denuncia ante el Ministerio Público con sede en La Rivera; éste acudió a dar fe de los hechos en compañía de un policía, y aún presenciando la demolición de los últimos cimientos, no intervino. Permaneció ahí unos minutos, tomó unas fotos y se marchó.
Días después, el procurador estatal González Rubio argumentó que “no podían actuar, porque estaba en riesgo la vida de los dos representantes de la ley”.
Dos años después, la familia Castro Montaño (de la cual se desprenden siete hermanos) vive en casas provisionales, sin piso firme y algunas con techos de palma, por el temor de que, luego de construir, les vuelvan a destruir sus viviendas. A la fecha, sigue el litigio abierto entre ellos y los supuestos dueños.
Para llegar a las casas de la familia Castro, que se ubican frente a una franja costera, con uno de los arrecifes de coral más importante de la región, hay que cruzar cerca de 40 kilómetros de camino terregoso; a los lados, terrenos cercados ostentan enormes espectaculares con la advertencia: “Aléjese, prohibido el paso. Keep out”.
En la advertencia, se asumen como los legítimos dueños desde 1964, cuando compraron los predios a Max Gotting, y amenazan, a quien entre al predio con demandarlo.
Ricardo Castro explica que fue precisamente Max Gotting el extranjero que intentó timar a su padre, causa por la cual estuvo preso en el Distrito Federal, hasta que el hermano del entonces presidente José López Portillo, Guillermo López Portillo, intervino por el “gringo”, con la condición de que le escriturara los terrenos a su nombre.
Así sucedió: durante muchos años el predio estuvo a nombre del hermano del exmandatario, hasta que en enero de 2001 el Ministerio Público restituyó los terrenos a Jesús Castro.
“Somos los legítimos dueños”
Eugenio Yerena, representante de Cabo Pulmo Inverment, dice que están peleando ante la autoridad por desordenes históricos-jurídicos para recuperar predios invadidos por gente que no tienen ningún derecho de estar ahí.
Yerena asegura que él representa a un grupo que hace más de 40 años adquirió esas tierras, que de manera ilegal han sido ocupadas por otras personas. Agrega que son, sobretodo, extranjeros “sin calidad y derecho alguno”, que vienen a vivir de manera ilegal en predios que son propiedad de Cabo Pulmo Inverment.
El representante legal dice que fue a partir de 2007 cuando iniciaron las acciones legales correspondientes para tratar de recuperar los predios de su propiedad. Y justifica que tienen que cercar y poner letreros para que las personas que lleguen por ahí no continúen actuando de manera ilegal e irracional, dentro de sus tierras.
Yerena afirma que las cercas no trastocan los accesos federales a las playas del lugar. Fortuna realizó un recorrido por la zona conocida como Cabo Pulmo y La Rivera, alrededor de 30 kilómetros, donde sólo existen dos accesos a las playas del lugar, los cuales no tienen más de dos metros de ancho.
Al preguntarle respecto de la disputa que mantiene por la tierra, el representante de Cabo Pulmo Inverment sostiene no tener nada que ver con la familia de Jesús Castro. Después argumenta, “con muchísimo respeto, pero el 80 por ciento del estado se apellida Castro, es un árbol genealógico enorme, aquí usted menciona un Castro y menciona al 80 por ciento de la población local, cuál Castro, hay muchos, no sé a quién se refiere.
“Nosotros no tenemos problemas con nadie y estamos haciendo acciones reivindicatorias ante las autoridades correspondientes; no son problemas personales con nadie, conocemos a la gente porque estudiamos el escenario”, dice.
Regidor invasor
Otro predio es el conocido por “las praderas”. Jorge Ledesma dice que el 26 de noviembre de 2007, por la noche, el entonces regidor del municipio de Los Cabos, César Uzcanga, lo invadió en forma violenta, con el apoyo de la policía municipal.
Agrega que unos días después, el edil se presentó en un programa de Radio Cabo Mil a lanzar amenazas contra aquellos empresarios que defendían la causa de los propietarios del predio invadido, sosteniendo que tenía listas a 5 mil personas, con armas de fuego y dispuestos a todo, para invadir también sus terrenos.
El 16 de febrero pasado, Uzcanga se vio en líos una vez más, cuando sus socios, para sacarlo del predio, lo acusaron públicamente de robarse más de 15 millones de pesos por la venta de lotes en “las praderas”. El regidor declaró a la prensa: “Me quieren comer el mandado” (Tribuna de Los Cabos, 16 de febrero de 2008).
La Rivera
En febrero pasado, el predio conocido como “boca de la trinidad” en La Rivera –con una posesión de 30 años avalada por documentos oficiales del ayuntamiento de Los Cabos y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), a favor de Simón Montaño Lucero, de 78 años de edad– fue tomado por policías ministeriales, quienes sin autorización judicial de por medio desalojaron al septuagenario.
El terreno tiene una extensión de ocho hectáreas, con 280 metros de playa. Al tener el control del lugar con ayuda de los ministeriales, el procurador González Rubio lo entregó a Javier Troncoso del Valle, quien había solicitado a la SRA la desincorporación del predio a favor de la empresa B and B, con resultados negativos.
La dependencia contestó al empresario que el predio ya había sido solicitado con anterioridad por Montaño, a quien reconocía la posesión del lugar.
“Los frailes”
Jorge Ledesma explica que a media noche del 3 de agosto de 2007, los habitantes del predio conocido como “los frailes”, localizado en el corredor turístico, fueron despertados con detonaciones de balas realizadas por elementos de seguridad privada del grupo Erco, quienes intentaban desalojar a los vecinos del lugar, principalmente a la familia Fiol, posesionaria de 400 hectáreas desde hace más de 25 años.
De acuerdo con una nota publicada en el diario Tribuna de Los Cabos, la empresa Inmobiliaria Piedra Bola alegaba que el predio en cuestión era suyo; sin embargo, no demostró legalmente su pertenencia.
El 4 de agosto en la madrugada, los vecinos del lugar, al ver que los policías municipales y estatales no respondían a sus denuncias, acudieron a la zona militar para pedir ayuda. Una veintena de efectivos militares acudieron al predio a prestar atención a los heridos, ya que los guardias de Erco no permitían la entrada de ambulancias al lugar.
Ledesma dice que al ser cuestionado por los medios de comunicación local respecto a la ausencia de la policía, el procurador González Rubio argumentó que no había denuncia oficial del hecho, lo cual fue desmentido por los afectados, quienes aseguraron que se presentaron dos denuncias penales: LRV/048/2007 y LRV/056/2007.
“El zacatón”
En 2004, se inició el litigio legal por la posesión de 400 hectáreas del predio conocido como “el zacatón”, ubicado en el corredor turístico San José del Cabo, con cuatro kilómetros de playa en el mar de Cortés. Oficialmente, desde hace 20 años, la propietaria del lugar es Laura Fernández McGregor, quien no radica en la ciudad, por lo que siempre se vio el terreno como baldío.
Ledesma dice que lo anterior ocasionó que, en 2001, Hilario Vargas Espinoza (compadre del actual gobernador), “a través de documentos apócrifos y con la complicidad de funcionarios municipales de Los Cabos”, pusiera el predio a su nombre.
Vargas comenzó a vender lotes a orilla de la playa, en precios que oscilaban entre los 50 y 100 mil pesos cada uno.
El periodista asegura que los entonces directores del Registro Público de la Propiedad, Juan Luis Araiza, y de Planeación Municipal, Federico Carreón, escrituraron varios lotes a su nombre. La legítima dueña, al enterarse de lo que sucedía con su predio, demandó a Hilario Vargas, acusándolo de despojo.
Hilario Vargas se puso en contacto con Fernández McGregor para exigirle la cantidad de 3 millones de dólares a cambio de no afectar más su propiedad. En julio de 2005, llegó a Baja California Sur una orden de aprensión del estado de Morelos, donde radica esta última.
Ledesma dice que Vargas y su abogado, Alfonso Padilla, fueron aprehendidos y llevados ante la justicia morelense. En enero de 2006, reconocieron ante el Juzgado II del Primer Distrito de Xochitepec, Morelos, haber falsificado las firmas de la escritura número 12851 ante el notario público 42, Luis Gerardo Mendoza, que supuestamente lo acreditaba como propietario de las 400 hectáreas.
El Juzgado Penal de Atizapán de Zaragoza, con residencia en Tlanepantla, Estado de México, giró en diciembre de 2005 también orden de aprehensión en contra del exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San José del Cabo, Juan Luis Araiza, y del exdirector de Planeación Municipal, Federico Carreón, acusados de ser cómplices de Vargas y Padilla (El Peninsular, 25 de enero de 2006).
“Caleta linda”
Ledesma da cuenta de otro caso de despojo. Explica que a mediados de 2006, 33 hectáreas del predio conocido como “caleta linda”, ubicado en el corredor turístico de Cabo San Lucas-San José del Cabo, fueron invadidas por un grupo de aproximadamente 80 guardias de seguridad privada, transportados en camiones con la leyenda de “Melia Cabo Real” y “Seguridad Privada Erco”.
El periodista asegura que los guardias, quienes iban capitaneados por Jhon Vaughn (director operativo del Grupo Questro), irrumpieron violentamente en el predio, tomando posesión del mismo y desalojando a los trabajadores que por años lo habían cuidado a sus legítimos dueños.
Desde 2006, “caleta linda” se mantiene vigilada por guardias privados, sin que las denuncias de hechos presentadas en su momento por los afectados ante el Ministerio Público hayan procedido.

Algunos predios invadidos:

• Los cangrejos
• Lomas del sol
• Mesa colorada
• San Cristóbal
• Cabo Pulmo
• El zacatón
• Las praderas
• Caleta linda
• Los frailes
• Boca de la trinidad
• El batequito
• Rancho San Simón
• Llano el gallito

La propuesta de reforma energética de Felipe Calderón lleva a Pemex a la peor crisis de su historia, señalan especialistas. La bancarrota de la paraestatal responde más a tensiones políticas que económicas, aducen. La iniciativa es el corolario de una serie de cambios iniciados en 1986, cuando comenzó la reclasificación de la industria para que más de la mitad de los petroquímicos fueran reasignados como básicos secundarios. El objetivo: abrir paso a la inversión privada.

La corrupción técnica en el sector oficial y en la alta dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como el despilfarro patrimonial, la ausencia de una efectiva rectoría del Estado y la absoluta falta de transparencia y rendición de cuentas, tiene hoy a la principal paraestatal mexicana sumida en una crisis.

Lejos de solucionar la precaria situación en que se encuentra la empresa que representa la principal fuente de ingresos para las finanzas públicas, el gobierno de Felipe Calderón busca aprovechar el naufragio para privatizarla. Los argumentos esgrimidos por el panismo son “falsos”, dice Francisco Garaicochea, coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1971.

El también ingeniero jubilado de la paraestatal asegura que el objetivo gubernamental quedó descubierto cuando el exdirector de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, dijo que el reto era fortalecer a los socios comerciales, a través de la riqueza petrolera mexicana.

“El reto es: cómo esta riqueza –el petróleo– debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética nacional de nuestros principales socios comerciales”: dijo textualmente Muñoz Leos en Minatitlán, Veracruz, el 18 de marzo de 2004.

De acuerdo con la publicación Oil and Gas Journal, al cierre de 2001 México se ubicó en el noveno lugar por el monto de sus reservas probadas de crudo, y vigésimo segundo en las correspondientes a gas natural; séptimo sitio en producción de crudo; décimo en extracción de gas natural, y décimo cuarto en capacidad de destilación primaria.

Energy Intelligence Group y Fortune colocan a Pemex como la tercera empresa productora de crudo en el mundo, séptima en extracción de gas natural y octava por su nivel de ventas.

Sarahí Ángeles Cornejo, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, revela que desde el primer gobierno neoliberal, de Miguel de la Madrid, se inicia un proceso de desindustrialización al interior de la paraestatal: “En 1986 se empezó a reclasificar la industria petroquímica, donde la mitad de los petroquímicos son reclasificados como básicos secundarios, para que la iniciativa privada entre a invertir en ellos”.

David Ibarra, asesor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, considera que Pemex está inmersa en una crisis, debido a las tensiones políticas “que la están ahogando”. Además, la paraestatal ha dejado de cumplir con los objetivos de su creación: fomentar el desarrollo, la industrialización y la creación de empleos. Se ha convertido, agrega, en instrumento equilibrador del presupuesto público y de las finanzas externas, al ser utilizada como fuente de ingresos fiscales.

Ibarra señala que Pemex está en situación legal de quiebra, si se le considera según las normas que rigen a las empresas privadas. La descapitalización de la paraestatal ha sido brutal y se da de manera sistemática desde hace cuatro lustros.

El argumento principal que esgrimen quienes respaldan la reforma energética propuesta por el gobierno panista es la crítica situación económica por la que atraviesa la paraestatal y la falta de inversión para optimizar su labor. Sin embargo, y de acuerdo con datos de Pemex, las ventas totales durante el primer trimestre de 2008 sumaron 321 mil 500 millones de pesos, cifra 32.4 por ciento superior a la del mismo periodo del año anterior.

Además, el precio de la mezcla mexicana de exportación de crudo durante el primer trimestre fue de 83.1 dólares por barril, 73.7 por ciento superior a la del mismo trimestre del año previo. Y, la deuda total consolidada se redujo en 91 mil millones de pesos, 15.3 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2007. En tanto, el patrimonio aumentó de 34.7 a 112 mil 700 millones de pesos.

Pidiregas: un lastre

David Ibarra, quien fuera secretario de Hacienda en el gobierno de José López Portillo, dice que Pemex tiene millonarias utilidades antes de pagar impuestos, y al quitarle casi todas sus rentas, limita sus capacidades de regenerar la producción, exploración, el desarrollo y la modernización.

Según datos proporcionados por Ibarra, el fisco federal se llevó –de 1995 a 2006– más de 3 billones de pesos. Considera que la principal corrupción de Pemex no está sólo al interior, sino también en la extracción de recursos extraordinarios de la empresa por parte del Estado.

Agrega que la inversión presupuestaria por parte de Pemex bajó de 8.3 a 1.8 miles de millones de dólares, casi 80 por ciento menos, de 1982 a 2006. Y es que la inversión realizada se financia fundamentalmente, vía Pidiregas (Proyectos de infraestructura diferida en el registro del gasto), en un 87 por ciento de deuda pública privada.

Ibarra dice que en la actualidad se tiene una deuda en Pidiregas de 60 mil millones de dólares. En 2007, de la inversión física total realizada por Pemex, el 90 por ciento fue realizada por Pidiregas.

Inviable privatización

A decir de Ibarra, en caso de que se llevara a cabo la privatización, el gobierno necesitaría –para compensar lo que dejaría de recibir vía Pemex– entre cuatro o cinco reformas fiscales impositivas como las del IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única).

“No hay ningún inversionista externo que esté dispuesto a pagar esos impuestos y estar sujeto a ese control de precios; sería una situación inviable desde el punto de vista económico y político”, dice.

Compañías extranjeras las más beneficiadas

Benito Rey Romay, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dice que mientras compañías extranjeras o binacionales prosperan a costa de las rentas del petróleo, la parte de Pemex que conserve el Estado será “comida de pájaros”.

A propósito de los proyectos de reformas presentados por Calderón, Rey Romay realizó el artículo titulado México 2008, una alternativa perversa para un pueblo en situación precaria, donde expone que de no producirse un cambio urgente en la política y desempeño económico de los mexicanos, se gestará un estallido social o el enfrentamiento de una rebelión popular desesperada con la represión gubernamental “clasista e intransigente”.

El economista considera que las promesas de crecimiento económico, bienestar social general y erradicación de la pobreza –a cambio de la aprobación de las reformas presentadas por Calderón– son la confesión de una limitada capacidad profesional y de una claudicación en el desempeño de sus obligadas funciones sustantivas: la de recaudador de impuestos y coproductor de la economía de un país que registra una de las tasas más bajas de captación fiscal en el mundo.

En la iniciativa –dice– se argumenta que si no se comparte con empresas privadas el usufructo de los yacimientos habrá que reducir la inversión pública en infraestructura, así como en el gasto social. “Lo que deja a la luz una amenaza clara del secretario de Hacienda; la pregunta es simple: si México no tuviera yacimientos petroleros, cuál sería la política económica”.

Rey Romay explica que con la aplicación “intransigente” de las restricciones neoliberales de los organismos financieros internacionales –impuestas al gasto y a la propiedad industrial directa e indirecta del Estado– se generó una dinámica destructiva y desnacionalizadora de la industria.

“En más de 20 años se fue desmantelando la industria de bienes de capital con la que el país contaba; desapareció la fabricación de maquinaria para construcción, de equipo para transmisión eléctrica de alta tensión y de equipo ferroviario; se ‘reestructuró’ el sistema ferrocarrilero.”

Inversión extranjera y deuda externa

Arturo Huerta, profesor de la división de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, dice que entre 1991 y 1993 entraron al país alrededor de 90 mil millones de dólares, pero la economía sólo creció al 3.7 por ciento en promedio.

A decir de Huerta, en 2004 inició el segundo boom petrolero en México; sin embargo, la economía creció 3.7 por ciento, por debajo de la media de los países exportadores de petróleo. Emiratos Árabes crece 8.75 por ciento; Irán, 5.1 por ciento, y Venezuela, 11.7 por ciento.

“Se vendió Teléfonos de México, una empresa altamente rentable, convirtiendo al actual dueño en uno de los hombres más ricos del mundo, y ahora se quiere concesionar a la gallina de los huevos de oro; eso tampoco nos va a sacar del subdesarrollo; sin petróleo, el país no tiene futuro.”

Sarahí Ángeles Cornejo, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, considera que “los malos manejos de Pemex inician en el gobierno”, que la utiliza como aval al contratar deuda externa, y después ocupa esos recursos en otros sectores. Agrega que si hubiera un manejo adecuado del sector, sería una palanca para impulsar la industrialización del país en un modelo alternativo de desarrollo.

Antes del modelo neoliberal, dice, el sector energético tuvo un avance significativo, al producir plataformas; sin embargo, con la caída de la inversión por parte del Estado, han hecho lo imposible para acabar con la industria, sin contemplar que tienen necesidad de la renta energética para pagar a los acreedores internacionales.

Despilfarro de gas, liberado a la atmósfera

Fuente: Ingenieros Pemex-Constitución del 17

Fotos: David Cilia

Con una inversión superior a los 75 millones de pesos, Fonatur –a través de Singlar– construyó la escala náutica en La Paz, ubicada junto al lugar donde hasta hace algún tiempo se descargaban las aguas negras de la ciudad y en una zona donde ya existían siete marinas de pequeños empresarios. En promedio, sólo tres de los 39 slips de Fonatur son ocupados. El gerente de la escala no tiene que preocuparse por los gastos, pues los cubre la federación, denuncia el empresario Daniel Shroyer

La Paz, Baja California Sur. Una explanada de casi una hectárea, perfectamente pavimentada y pulcra, decoración desértica, y un edificio de acero y cristal dan la bienvenida a la escala náutica Singlar en La Paz. Por mar, un agua turbia recibe a las embarcaciones. Por aire, la ostentosa infraestructura federal se ve opacada por el agua negra que rodea la dársena del lugar.

Singlar La Paz es una de las seis escalas en operación que tiene actualmente Fonatur; tres de ellas en Baja California Sur; el resto se ubican en Baja California, Sonora y Sinaloa.

Construida en terrenos comprados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al gobierno del estado, durante la administración de Leonel Cota Montaño, la paraestatal invirtió sólo en la edificación de la escala 7 millones de dólares, que cubrieron los gastos de: construcción de la dársena y el edificio administrativo-recreativo, y pavimentación de más de una hectárea con concreto.

Daniel Shroyer, gerente de marina La Paz (una de las siete marinas privadas que existían previamente a la escala náutica de Singlar) dice que Fonatur, en lugar de desarrollar los paraderos náuticos en el Pacífico de la Península de Baja California, se ha dedicado a construir nuevas marinas en lugares que ya cuentan con infraestructura portuaria, en franca competencia con ellas.

Shroyer considera que esta “megainversión” en nada fortalece la industria náutica mexicana y mucho menos a las marinas turísticas de México; por el contrario, se convierten en una competencia desleal y se mantiene sin solución el grave problema de inseguridad en las 1 mil millas de Ensenada a Cabo San Lucas.

De acuerdo con información publicada por Fonatur, Singlar ha invertido más de 180 millones de pesos en la construcción y remodelación de las tres escalas náuticas ubicadas en Santa Rosalía, Puerto Escondido y La Paz, Baja California Sur.

Shroyer dice que en el caso de La Paz resulta absurdo que la dependencia invierta dinero público para construir una escala donde ya existen cinco marinas operando y otras dos en proyecto. Agrega que en la ciudad ya existe una sobreoferta de dos espacios por cada embarcación.

Según Fonatur, la escala náutica de La Paz tiene como objeto prestar servicios básicos a embarcaciones en tránsito, de corta estancia, por lo cual sólo cuenta con 39 posiciones de atraque, que la hace diferente al resto de las marinas, destinadas principalmente a embarcaciones que permanecen por tiempo prolongado.

Oficialmente las escalas fueron proyectadas para que las embarcaciones atracaran de uno a tres días, tiempo suficiente para avituallarse, así lo expuso la paraestatal en una carta abierta publicada en 2005; sin embargo, en la página de Singlar, al seleccionar escala náutica La Paz, se encuentran las tarifas que van desde un día hasta un mes.

Ahora, dice el empresario Shroyer, para tener lleno el atracamiento, tendría que regalar los espacios u ofrecerlos a precios muy por debajo del resto.

De acuerdo con su sitio de internet, la escala Singlar ofrece sus espacios en 5.71 pesos al día por pie; el resto de las marinas comercializan la misma medida entre los 12 y 18 dólares diarios.

Por ello, Shroyer considera que no es una preocupación de Singlar que sus slips (posiciones donde atracan las embarcaciones) estén ocupadas, “porque es un negocio que no les costó la inversión, es dinero de la ciudadanía, no tienen que presionarse por sacar la nómina o el gasto del lugar”.

Fonatur aseguraba, agrega el empresario, que sólo iba a ser un paradero náutico, donde las embarcaciones estarían alrededor de 72 horas, cosa que no es cierto porque con 39 slips y con esa política recibirían 4 mil barcos al año, cantidad que suena ridícula, pues no existe tal tráfico en La Paz, que cuenta con aproximadamente 1 mil embarcaciones de paso.

Construcción de lujo

La escala se ubica al fondo de la ensenada de La Paz, lugar donde hasta hace poco tiempo se descargaban las aguas negras de la ciudad, con alrededor de 300 mil habitantes.

El sitio cuenta con estacionamiento, marina seca, sanitarios, regaderas, vestidores, lockers, lavandería, restaurante, tienda de avituallamiento, hospedaje, alberca, área de descanso y de primeros auxilios. En los trípticos que describen el proyecto, también incluyen taller de reparación, mismo que en este caso, está concesionado a un particular: Singlar no es quien ofrece el servicio.

El edificio administrativo consta de dos pisos con estructura de acero y cristal; salas de piel blanca, y mapas a escala, que ubican cada una de las escalas náuticas del proyecto Mar de Cortés. En el lugar trabajan cinco personas del área administrativa y una más de mantenimiento.

En el área de descanso hay alberca, jacuzzi y asoleadero, cubierto por madera; ahí se encuentran cuatro camastros del mismo material; todos, dañados por el sol que, inclemente, cae sobre el desértico lugar. A lo lejos, sólo se oyen los martillazos de quienes trabajan en los talleres, a unos 300 metros.

De las 39 posiciones con las que cuenta la escala, sólo están ocupadas tres, con embarcaciones de extensión mediana. Fuentes de la marina, que solicitan que sus nombres no sean revelados, aseguran que ése es el promedio de atracamiento. En realidad, la escala náutica permanece casi vacía, a pesar de la inversión en el lugar.

Terrenos del estado

Shroyer dice que Fonatur compró alrededor de 5 hectáreas en 1 millón de dólares al gobierno del estado, de las cuales ocuparon una para construir la marina seca, y les quedan cuatro libres para comercializar, en caso de que así lo desearan.

El empresario asegura que el exgobernador Leonel Cota Montaña vendió los terrenos a precio de regalo: 20 dólares por metro cuadrado, cuando el valor aproximado sería entre 150 y 200 dólares.

Sin embargo, Luis Coppola, presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, dice que los terrenos fueron donados “hace ya varios años” por la familia Olachea al gobierno. Explica que los primeros se vieron envueltos en problemas económicos y le pagaron al estado con tierras.

A decir de Coppola, el gobierno incrementó su patrimonio en hectáreas de terreno, uno de éstos fue la franja donde se ubicaba el proyecto fallido de Fidepaz (Fideicomiso de La Paz), nombre con el que conocen a la escala los habitantes del lugar.

El senador especula que Leonel Cota Montaño vendió las tierras a cambio de que Fonatur construyera una marina, cuando en La Paz ya había cuatro.

“La escala está al fondo de lo que se conoce como la ensenada de La Paz, está a un lado de donde arrojaban las aguas negras de la ciudad, es un escusado y, para entrar y salir, necesitan dragar cada 60 días. No metería mi barco. Si meto el dedo ahí, me da tétano”, dice el legislador por Baja California Sur.

Se olvidaron de los particulares

Shroyer dice que la escala náutica –con dos años en operación– tiene un tráfico mínimo de embarcaciones, ya que no cuenta con marcación del canal, lo que dificulta llegar al lugar; de la última marina a la de Singlar son aproximadamente 3 kilómetros sin marcar; la gente no puede llegar con seguridad al lugar: “Gastaron 7 millones de dólares en reparar y no pudieron gastar 50 mil dólares en marcar el canal”.

El empresario nacionalizado mexicano considera que en lugar de asociarse con las marinas ya establecidas y ayudar al sector, Fonatur construyó escalas donde ya había, y las partes donde realmente se necesitan los paraderos náuticos –en el océano Pacífico– fueron ignoradas.

“Ése debe ser el sentido del gobierno: donde no entra la iniciativa privada, entrar ellos o aportar los elementos necesarios para que los proyectos prosperen. El gobierno se recupera con los negocios genéricos que se pueden detonar a raíz de echar a andar un plan como éste: se lleva el 28 por ciento de las utilidades, además de que se crean más fuentes de empleo.”

La Auditoría Superior de la Federación deja al descubierto una más de las irregularidades cometidas en Fonatur durante la administración de John McCarthy: un probable daño patrimonial a la hacienda pública por casi 40 millones de pesos, por la venta de terrenos subvaluados

En su informe de 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deja al descubierto un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública en que habría incurrido el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur): el organismo dependiente de la Secretaría de Turismo enajenó seis lotes en Litibú, Nayarit, a un precio inferior al valor mínimo establecido por su política de comercialización. Con ello, dejó de percibir 35 millones 359 mil 819 pesos.

De acuerdo con información obtenida por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, los terrenos fueron cedidos entre el 24 de julio y el 1 de septiembre de 2006, durante la gestión de John McCarthy. Uno de los terrenos fue vendido a Servicios Financieros del Yucatán; el resto, a Inmobiliaria Fadesamex, por un total de 450 millones 263 mil 220 pesos.

En el último año de McCarthy como director de Fonatur, se registraron ingresos por 2 mil 73 millones 773 mil pesos por la enajenación de 212 lotes en los Centros Integralmente Planeados (CIP) en todo el país. Diez de ellos fueron de Litibú y contribuyeron con un 45.4 por ciento del total, el mayor porcentaje de participación en las ventas.

Ambas empresas –Inmobiliaria Fadesamex y Servicios Financieros del Yucatán– cuentan con capital de origen español. Adquirieron la totalidad de los bienes inmuebles comercializados en el CIP de Litibú, con una superficie de 432 mil 998 metros cuadrados por mil 8 millones 939 mil pesos y con uso de suelo para club de playa, hotelero y residencial.

La Auditoría concluye que, en seis de los terrenos vendidos en los CIP de Litibú, el Fonatur no tomó en cuenta que el valor mínimo de enajenación de bienes inmuebles es el del avalúo vigente más el 6 por ciento por comisión. Además, no se cuenta con los contratos que avalen la venta de lotes a Inmobiliaria Fadesamex. La dependencia indicó a la ASF que “la oferta de adquisición y la carta de aceptación hacen las veces de contrato”.

A través del oficio DAC/OCO/604/2007, fechado el 7 de diciembre de 2007, la dirección adjunta de Comercialización de Fonatur informó a la Auditoría que el valor unitario mínimo de venta es el importe que se toma de referencia para realizar las operaciones. Bajo ese esquema, argumentan, vendieron por arriba de lo establecido en la política de comercialización; no obstante, ese importe fue disminuido en un 29.9 por ciento, de acuerdo con los datos del avalúo.

Otros CIP

Ante las inconsistencias detectadas en Litibú, la Auditoría amplió la muestra de selección, donde encontró las mismas irregularidades en 18 lotes: cinco de ellos, en el CIP de Cancún; nueve, en Bahía de Huatulco, y cuatro, en Ixtapa. Por la venta de dichos terrenos por debajo del valor de su avaluó el Fonatur dejó de percibir 4 millones 5 mil pesos.

Por medio del oficio DAC/OCO/605/2007 del 10 de diciembre de 2007, la dirección adjunta de Comercialización indicó a la Auditoría que a los lotes que adquirieron Inmobiliaria Galibe, Eduardo Albor Villanueva y Del Río Inmobiliaria y Asociados se les aplicó el mismo criterio que en Litibú.

Mientras, los bienes inmuebles adquiridos por Alejandro García Hernández, Floriberta Salinas Benitez y Bertina Hernández Salinas pertenecen al programa de comuneros y, en el caso particular de estas tres operaciones, al tener una superficie mayor a 150 metros cuadrados, por acuerdo de Comité Técnico de la dependencia, se les podía dar a título gratuito a cada uno esa superficie y se le cobraría la diferencia.

Fonatur falsea información

En 2006, el Fonatur se propuso construir cinco escalas náuticas. De acuerdo con lo reportado en la cuenta pública 2006, al término del año la meta fue alcanzada en ciento por ciento; no obstante, al revisar la documentación, la ASF constató que el dato reportado es incierto, ya que no existe evidencia documental de que dichas escalas estuvieran en operación por la empresa operadora Singlar.

Ante ello, la dependencia argumentó a la ASF que el indicador de resultados relacionado con las escalas náuticas se refiere a la construcción y no a la operación de dichas escalas; para tal efecto, proporcionó actas circunstanciadas de entrega-recepción de cuatro de las cinco escalas que Fonatur reportó como concluidas.

De la quinta escala, el Fonatur proporcionó un escrito en que explica la situación de los trabajos de ésta, lo que confirmó a la ASF que no se concluyeron las obras y, por lo tanto, el dato que reportó la dependencia de cumplimientos de metas es falso.

La sanción

Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, dice que, ante la pérdida de recursos públicos, al interior de la comisión estudian la posibilidad de iniciar un procedimiento jurídico contra quienes vendieron los terrenos a bajo precio, para que expliquen cuál fue el método de enajenación, y sancionar a quien resulte responsable.

Respecto de la escalera náutica, agrega, la Cámara de Diputados tiene conocimiento de 11 escalas concluidas. Se tendrá que precisar si siete fueron construidas en 2007, toda vez en 2006 sólo se terminaron cuatro, según la ASF (aun cuando el Fonatur reportó cinco escalas terminadas).

“Fonatur no sólo falseó información: también desvió recursos públicos, porque informó a la federación y al Congreso la construcción de cinco escalas náuticas, cuando únicamente en 2006 se realizaron cuatro; habrá que investigar dónde están los recursos de esa escala reportada como concluida”, dice el legislador del Partido de la Revolución Democrática.

Elías Espinoza, miembro de la Comisión de Turismo, considera que la dependencia debe aclarar las anomalías. Agrega que para evitar se comentan más irregularidades con la venta de terrenos, se tienen que tomar decisiones colegiadas, donde participen autoridades estatales y municipales y no sólo la entidad federal.

Espinoza explica que –cuando empezó el boom de los centros turísticos en México–, con el fin de generar las condiciones necesarias de infraestructura y atracción de inversionistas, estados y municipios cedieron terrenos para que Fonatur los comercializara; sin embargo, considera, los tiempos han cambiado, y ya esa parte se le tiene que dejar a los gobiernos locales, que están más en contacto con las necesidades del lugar.

Obra pública

En 2006, Fonatur ejerció un presupuesto de 2 mil 378 millones 280 mil pesos, de los cuales destinó 1 mil 526 millones 417 mil pesos a inversión física en los programas y proyectos que tiene a su cargo. En la Escalera Náutica y el CIP de Litibú se concentró la inversión, la cual ascendió a 1 mil 80 millones 573 mil pesos, 70.8 por ciento del total.

De acuerdo con la Auditoría, la dependencia ejerció 758 millones 455 mil pesos en la Escalera Náutica; en tanto, en Litibú se invirtieron 322 millones 118 mil pesos para la realización de estudios, proyectos y obras en Bahía de Banderas y Compostela.

Para la Escalera Náutica se realizaron obras y equipamiento marítimo, muelles y gasolinera, obras para grúa de pórtico y marina seca, edificación y urbanización en las escalas náuticas de Santa Rosalita, Baja California; La Paz, Puerto Escondido y Santa Rosalía, Baja California Sur; Puerto Peñasco, Sonora; Topolobampo, Sinaloa; San Blas, Nayarit; así como la perforación y equipamiento de pozo profundo para el abasto de agua potable y la urbanización del polígono de Litibú, Nayarit.

A fin de verificar el cumplimento de las metas presupuestarias, la Auditoría revisó los estados financieros dictaminados y el Proyecto de Inversión de Escalera Náutica del Mar de Cortés, donde establece desarrollar infraestructura para su venta.

Sin embargo, la meta alcanzada fue inferior al 12 por ciento de la meta original.

Terrenos vendidos en el CIP de Litibú (Miles de pesos)

Fuente: Auditoría Superior de la Federación

Variación entre precio metro de venta y valor mínimo de enajenación (Miles de pesos)

Fuente: Auditoría Superior de la Federación